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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 305 | Agosto 2007
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Guatemala

Ante un proceso electoral incierto y violento

El proceso electoral que culmina el 9 de septiembre ha sido el más violento de la historia del país. Es tan aguda la crisis económica y social y tantas las señales de que se ha perdido la capacidad de gobernar, tanta la penetración del crimen organizado en la política, que está en juego la viabilidad de Guatemala.

Fundación Myrna Mack

Los guatemaltecos asistimos a un nuevo proceso electoral en las condiciones menos propicias desde la apertura democrática, porque la etapa está marcada por características propias de la pérdida de gobernabilidad y porque la contienda electoral, lejos de presentar mejores perspectivas ante el advenimiento de un nuevo gobierno, no ofrece posibilidades reales de superar la situación nacional predominante.

ATAQUES VERBALES SIN DEBATES

Resaltan, en esta coyuntura la profunda debilidad del aparato institucional; un ambiente de intensa violencia y criminalidad, agravado en la medida que se acerca el día de las votaciones; una extendida impunidad que revela cuán inoperantes son los órganos de justicia y seguridad; y un escenario electoral que tiene como eje central el ataque virulento, especialmente entre los candidatos que cuentan con mayor intención de voto: el ingeniero Álvaro Colom Caballeros (+-21%), el general retirado Otto Pérez Molina (+-14%) y el abogado Alejandro Giammattei Falla (+-8%). El doctor Suger y Rigoberta Menchú, en ese orden, no pasan del 2.5%.

El aspecto más preocupante de esta ponzoña no radica solamente en que el proceso electoral esté infectado por esos ataques, sino en que se ha anulado la posibilidad de articular debates sobre la cuestión programática y se está relegando el análisis de las negociaciones sobre eventuales alianzas o entendimientos entre partidos políticos, pese a que esto impactará, en el corto y mediano plazo, la conducción del Estado.

¿ASESINATOS
CON “SABOR” ELECTORAL?

Resulta también indignante que problemas incontrolables como el asesinato de pilotos del transporte urbano, y por consiguiente sus consecuencias sociales, políticas y emocionales, estén siendo utilizados como armas electorales. Entre las consecuencias figuran la paralización del servicio del transporte urbano, protestas sociales y un extendido ambiente de miedo que acaba con la tranquilidad ciudadana. Mientras los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) -de Colom- y Patriota (PP) -de Pérez Molina- se atribuyen unos a otros la autoría intelectual y material del asesinato de pilotos y las autoridades invierten tiempo aclarando a unos y exculpando a otros, o justificando su falta de eficiencia, el problema sigue creciendo y la gente continúa muriendo.

Entre mayo y junio se incrementó de forma inusitada la violencia contra los pilotos, lo que dio lugar a pensar que podría haber una incitación política en el fenómeno, por la vía de subir intencionalmente el número de hechos violentos -provocando de forma deliberada los asesinatos- o por la vía de incrementar la percepción azuzando las discusiones. El Vicepresidente de la República y otros funcionarios intervinieron en ellas, aunque descartaban un tinte político. Partidos como la UNE y el PP se sintieron aludidos y pidieron explicaciones. Las cosas no habrían pasado a más si algunos diputados de la UNE no hubieran acusado directamente al Partido Patriota de crear esta violencia con el fin de atraer votantes a su campaña de “mano dura”. El PP negó las acusaciones y amenazó con demandar penalmente a los miembros de la UNE, lo que no concretaron. El aspecto grave de este pleito partidario es que se habló abiertamente de que podría haber estructuras dedicadas a asesinar personas, tan sólo con el afán de “darle sabor” a la campaña electoral.

ESTÁ EN JUEGO
LA VIABILIDAD DEL PAÍS

En estas condiciones de violencia, crisis y agotamiento institucional, el país experimenta un sexto evento electoral, desde que en 1985 fue promulgada la Constitución Política vigente y se inició formalmente el proceso de construcción democrática, tras varias décadas de régimen militar.

En el ámbito institucional, el rasgo más preocupante es la fragilidad técnica y política del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aunque esto concierne directamente a las elecciones generales del 9 de septiembre de 2007 y -si es necesario- a la segunda vuelta en noviembre, añade un elemento más al patrón de debilidad de las instituciones públicas, introduce distorsiones en la percepción respecto de la autoridad del TSE y podría crear un clima propicio para desconfianzas, temores y campañas sucias. Todo ello podría derivar en impugnaciones y dudas sobre la transparencia y la certeza de las votaciones.

Está también el profundo deterioro del régimen de partidos políticos, que se manifiesta en el comportamiento meramente electoral de las agrupaciones, la falta de contenido programático y su inclinación por usar la violencia y las campañas sucias para enfrentar a rivales y adversarios. Sobresale la exposición de los partidos al influjo de la delincuencia organizada, especialmente del narcotráfico, que ha logrado penetrarlos mediante la fuerza económica y política y por la vía de la violencia. Se ha llegado a tal extremo que ya se discute abiertamente el avance de este poder emergente criminal en los partidos, y es innegable que muchos de sus operadores son candidatos a cargos públicos o son dirigentes de diverso rango, asesores y financistas.

Seguimos avanzando por una ruta de creciente pérdida de capacidad para gobernar, determinada por la exacerbación de problemas políticos, económicos y sociales, lo que ha introducido al país en una espiral incontrolable de violencia, criminalidad, confrontación, conflictividad, impunidad y precariedad económica. Situación difícil de revertir, dada la imposibilidad y la falta de voluntad de los actores nacionales de entablar verdaderos procesos de diálogo y negociación, que permitan establecer una ruta crítica a través de la cual podamos emerger y retomar el camino de la paz, de la construcción democrática y del fortalecimiento del Estado de Derecho.

Estos elementos hacen de este evento electoral un proceso sui generis, en el que no sólo están en juego el cambio de la conducción política y administrativa del país y las cuotas de poder, como regularmente ocurre. Ahora está en juego especialmente la propia viabilidad jurídica, política y social de Guatemala por la dimensión de la crisis que se afronta.

TRIBUNAL ELECTORAL: FRÁGIL TÉCNICA Y POLÍTICAMENTE

A diferencia de los procesos electorales anteriores, en la actual contienda el TSE ha dado muestras de fragilidad técnica, política y jurídica, que han sentado serias dudas respecto de la capacidad y la fortaleza de la institución para sacar adelante las elecciones sin contratiempos.Estos rasgos se han acentuado en los últimos años a causa de las intensas presiones políticas y las maniobras jurídicas de que ha sido objeto el TSE, lo que han debilitado sobremanera su funcionamiento.

En el orden político, la integración del actual tribunal -producto de un proceso de selección y nombramiento con toda clase de presiones de grupos de poder que buscaban cooptar la institución- provocó desde su inicio tensiones entre los magistrados.

Así, en el seno del TSE se conformó una dinámica interna sumamente compleja, que en mucho ha obstruido los procesos internos de reforma y modernización, ha impedido el consenso y ha fortalecido la percepción ciudadana respecto de la lentitud y la inoperancia del TSE. De hecho, muchas de las críticas provenientes de diversos sectores nacionales tienen que ver con la falta de claridad respecto del trabajo que el tribunal desarrolla en los años posteriores a los procesos electorales, ya que éste sólo empieza a cobrar notoriedad cuando se acercan de nuevo las elecciones.

REFORMAS LEGALES
INOPERANTES

En el orden jurídico, no cabe duda que las reformas introducidas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en 2004 y 2006, no contribuyeron, en absoluto, a fortalecer al TSE como ente rector de las elecciones y como institución encargada de marcar la pauta en los asuntos electorales. Desafortunadamente, los debates en torno a las reformas no propiciaron los cambios en materia legal, penal y procesal penal que se requerían para tener un mejor control y supervisión sobre el desarrollo del evento electoral y la actividad de los partidos políticos, específicamente en lo referente a las campañas proselitistas y a su financiamiento. Tal como quedó la normativa, no existen delitos tipificados que sancionen el incumplimiento de la LEPP y obliguen a los partidos a respetar el marco legal. Esta situación deja un amplio margen de arbitrariedad que puede ser aprovechado por los partidos políticos y los grupos de poder que intervienen en el proceso.

UN TRIBUNAL QUE NO SANCIONA

Las reglas del juego electoral pueden ser fácilmente sobrepasadas, sin que el TSE tenga la capacidad de emitir sanciones, más allá de verter declaraciones políticas sin efecto en otros ámbitos. Por esto, las reformas dejan a la institución en calidad de administradora del proceso y de observadora calificada, pero sin la fuerza legal para garantizar el adecuado desarrollo de los comicios y el respeto pleno de la LEPP.

Un claro ejemplo fue la debilidad mostrada por el TSE al no poder impedir el inicio anticipado de la campaña electoral. La mayoría de partidos políticos desató un despliegue publicitario intenso, contraviniendo claramente los plazos establecidos en la LEPP. En esa coyuntura, los magistrados del TSE expresaron su preocupación por la situación e instaron a los partidos a respetar la normativa, pero no hubo sanciones de ningún tipo para las agrupaciones que incurrieron en la ilegalidad.

Además, en los últimos meses se observó con suma preocupación que algunas disposiciones administrativas y legales adoptadas por el TSE, incluidas específicamente en algunos reglamentos emitidos con posterioridad a la aprobación de las reformas de la LEPP, fueron debatidas y refutadas por distintas instancias, al extremo de que el TSE se ha visto en la necesidad de rectificar sus decisiones.

SERÁN NECESARIAS
120 MIL PERSONAS

La fragilidad técnica que se percibe y la incertidumbre que rodea la capacidad del TSE para llevar adelante con éxito el proceso electoral tienen que ver, en buena medida, con las modalidades introducidas a la LEPP en las reformas de 2004 y 2006, que obligan al tribunal a incrementar considerablemente sus recursos técnicos, humanos y financieros para dar cobertura al evento y garantizar la seguridad y la fidelidad de los datos en los resultados finales del proceso.

La descentralización de los centros de votación -en atención al criterio de ubicar mesas en los lugares donde haya 500 empadronados o más- plantea unos comicios que en algunos aspectos duplican o triplican las cifras del anterior. Tal incremento supone un verdadero desafío para la institución en términos de organización, ejecución, administración y control del proceso electoral.

Según los datos provistos, el TSE deberá contar con un equipo que asciende a 120 mil personas para tener capacidad de atender casi el doble de las mesas que operaron en el 2003. Esto supone un esfuerzo de capacitación monumental que, con creces, supera la capacidad instalada en el tribunal para desplegar un trabajo de esta envergadura. Si bien el TSE ha llegado a acuerdos con algunas instituciones que puedan contribuir en la formación del personal involucrado en las elecciones -particularmente con la Universidad de San Carlos de Guatemala- existen serias dudas respecto de la calidad del servicio que se prestará en los centros de votación, debido a que los tiempos de capacitación son extremadamente reducidos. Esto es determinante, porque la actuación de los directivos de las mesas electorales estará sujeta invariablemente a la fiscalización de los partidos políticos y a las disposiciones legales, lo cual derivaría, en caso de que existan anomalías, en un proceso cargado de recursos judiciales que pondría en riesgo el evento electoral.

TAMBIÉN UN RETO
PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Aunque el mayor reto en términos de integración o contratación del personal, despliegue territorial, capacitación y provisión de recursos técnicos y materiales corresponde al TSE, la descentralización también impactará de manera directa a los partidos políticos, que deberán disponer de un buen número de colaboradores para estar en capacidad de llevar adelante las tareas de fiscalización en 14 mil y 16 mil mesas de votación. Evidentemente, sólo los partidos políticos con mayor número de afiliados podrán seguir de cerca el proceso electoral, en tanto que agrupaciones que han alcanzado por el mínimo los requisitos de afiliación establecidos en la LEPP para ser formales contendientes, no tendrán esa capacidad de despliegue, ni siquiera en las zonas urbanas, mucho menos en localidades rurales muy alejadas.

UN RETO PARA LA SEGURIDAD

Un reto más derivado de la descentralización tiene que ver con el aspecto de la seguridad. Dada la magnitud del evento electoral, las fuerzas de seguridad están llamadas a garantizar y preservar el orden público, la protección de los votantes y de las personas que estén involucradas directamente con las tareas del TSE y de los partidos políticos. A todas luces, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) no estarán en condiciones ni en capacidad de asumir este compromiso por sí solos, por su notable insuficiencia de recursos humanos, técnicos y logísticos para dar cobertura a todos los centros de votación, cubrir las vías de comunicación en todo el territorio nacional y mantener presencia en las localidades definidas como circunscripciones electorales. Todo esto, sin abandonar las tareas de seguridad rutinarias. Por tanto, será necesario recurrir una vez más al Ejército, como ha sido habitual en anteriores eventos electorales, para preservar, en la medida de lo posible, un ambiente de relativa calma para que la población asista a votar.

El TSE tendrá la obligación de coordinarse directamente con los ministerios de Gobernación y Defensa, y deberá articular con otras instituciones acciones conjuntas que garanticen el desarrollo del proceso: el acceso adecuado a las comunidades alejadas que por primera vez tendrán centros de votación; la introducción de mejoras sensibles a la red vial y al servicio de energía eléctrica, para que la población llegue con facilidad a emitir su voto y no ocurran incidentes que pongan en duda los comicios; y la definición de planes específicos ante eventuales trastornos climáticos, a fin de minimizar los riesgos y preservar la seguridad del evento electoral.

A todo esto se suma el asunto, ya tradicionalmente delicado, de contar con un padrón que ofrezca certeza, para lo cual se requieren grandes esfuerzos orientados a asegurar que no votarán las personas ya fallecidas ni ciudadanos de otras nacionalidades; y que todos los guatemaltecos aptos para votar podrán hacerlo sin complicaciones derivadas de equívocos o ausencias en el listado oficial de votantes.

PODER TRADICIONAL
VS. PODER EMERGENTE

Una característica de los últimos procesos electorales ha sido la intensa batalla desatada entre el poder tradicional y el poder emergente, que buscan consolidar sus ámbitos y posiciones de influencia para dominar el aparato estatal y operar a favor de sus intereses.

Uno de los canales más efectivos para lograrlo han sido los partidos políticos. En la última década, el poder tradicional, emanado del gran capital proveniente del sector económico del país, ha sido atacado en sus posiciones de influencia por un poder emergente con capacidad económica y habilidad política, que ha venido desplazando a los grupos que históricamente han gozado de posiciones privilegiadas dentro del aparato estatal y les ha hecho perder cuotas significativas de influencia y dominio.

Cada vez que ocurre un proceso electoral, la batalla entre ambos poderes se libra dentro de las estructuras de los partidos políticos. Esta pugna se expresa con claridad en los procesos de integración de los comités y en la designación de los candidatos a cargos de elección popular. Es ahí en donde los poderes emergentes logran granjearse cuotas importantes de participación que serán determinantes en su lucha por acceder al dominio del aparato estatal. El poder emergente también ha buscado extender sus influencias en los procesos de selección de candidatos a otros cargos relevantes, especialmente autoridades del sector justicia. Durante el gobierno de Alfonso Portillo el poder emergente logró una amplia influencia, y por primera vez el poder económico tradicional estuvo en situación desventajosa.

EL CRIMEN ORGANIZADO
EN ESTRUCTURAS PARTIDARIAS

Si bien ésta ha sido la constante en los procesos electorales pasados, el actual proceso es singular. En él se introduce una variante con más fuerza e intensidad: la cooptación agresiva del poder local por parte de grupos vinculados a la delincuencia organizada, al narcotráfico y a las redes de corrupción, especialmente el contrabando, el tráfico de armas y el secuestro de niños para adopciones ilegales o tráfico de órganos.

Esa estrategia les ha dado frutos en la última década, al punto de que en la actualidad tenemos instituciones débiles, profundamente penetradas por estructuras criminales, inoperantes y desacreditadas, particularmente en los ámbitos de la seguridad y la justicia. Un entramado institucional cooptado en sus niveles medio y bajo por personas que reproducen prácticas que pervierten el quehacer institucional y crean impunidad y corrupción sistémicas. Todo ello favorece el desarrollo, expansión y consolidación de estos males, en tanto tienen asegurado un funcionamiento libre de persecución penal.

EL NARCOTRÁFICO
EN LAS COMUNIDADES

En esta ocasión, estas estructuras criminales han dado un giro mucho más notorio hacia lo comunitario, porque es ahí donde sus prácticas pueden encontrar un tipo de legitimidad social necesaria para su continuidad.

Así, fenómenos como la delincuencia organizada y el narcotráfico han hallado terreno fértil en muchas comunidades,
ya sea por la vía de la participación directa de personas que buscan mayores ingresos económicos; o por medios violentos, en casos en que la comunidad opone cierta resistencia; o retribuyendo a las familias y a las comunidades con protección contra las maras y la delincuencia común o dándoles oportunidades de esparcimiento u ornato a cambio del silencio y encubrimiento. Es conocido que los capos de la delincuencia organizada y el narcotráfico suelen financiar actividades deportivas y culturales, onomásticos y todo tipo de festividades en las comunidades donde operan, lo que les asegura simpatía social.

Además, son efectivos al “limpiar” el área de delincuentes comunes que suelen sembrar temor y quiebran la calma del lugar. El mismo servicio prestan en las comunidades donde han surgido pandillas juveniles. En el ámbito local, los líderes de estas estructuras criminales han cobrado notoriedad, además de poder e influencia, características que definen en gran medida el perfil de muchos candidatos que pretenden ocupar cargos públicos. Por tal razón, el poder local -las corporaciones municipales- es cada vez más apetecible para estos personajes oscuros.

EL PROCESO ELECTORAL
MÁS VIOLENTO

Para garantizar su participación electoral, los líderes y agentes de estos grupos criminales utilizan los medios tradicionales: financiamiento de campañas políticas, compra de voluntades dentro de las bases partidarias, movilización social a favor del partido o comité cívico, por medio de obsequios y ofrecimientos de futuros beneficios; así como provisión a las agrupaciones políticas de recursos humanos, materiales y logísticos. También ponen a disposición su capacidad para generar violencia y eliminan de la contienda a candidatos, dirigentes y militantes que les son incómodos para la consecución de sus propósitos. Hacen uso de cuerpos armados que se encargan de planificar y ejecutar operativos de violencia. Cuentan con los recursos necesarios para llevarlos a cabo y tienen capacidad para propiciar la impunidad de sus actos.

La actual contienda electoral lo muestra claramente. Al momento de la convocatoria oficial a elecciones, 2 de mayo de 2007, las autoridades daban cuenta de un incremento del 50% de asesinatos en relación con los cometidos durante todo el proceso electoral de 2003. Según la Misión de Observación de la OEA, en la contienda electoral pasada se registraron 29 asesinatos de activistas o simpatizantes de grupos políticos. Al 2 de mayo de 2007 se habían contabilizado 43.

A esto se suma otro tipo de agresiones que no se denuncia ni registra: intimidaciones a miembros y simpatizantes de los partidos políticos, violencia verbal y física, daños a instalaciones y a propaganda colocada en la vía pública. Este proceso electoral se ha perfilado ya como el más violento de la historia política del país.

LA PÉRDIDA
DE LA CAPACIDAD DE GOBERNAR

Independientemente de qué partido conquiste la conducción de la administración pública y de cómo quede la correlación de fuerzas políticas en el Congreso de la República y los gobiernos municipales, Guatemala continuará transitando por una ruta de creciente pérdida de la capacidad de gobernarse. Esta tendencia -que ha venido acentuándose en los últimos años debido a los niveles de confrontación política y conflictividad social, precariedad económica, violencia y criminalidad- condicionará en gran medida la actuación de las nuevas autoridades y, sin duda, marcará su éxito o fracaso.

Al menos, así quedó demostrado durante la actual administración, que ha tenido que afrontar, desde el inicio y de manera recurrente, los síntomas del agotamiento de la capacidad del país para gobernarse con competencia y respeto a los derechos humanos y a los valores de la construcción de la democracia. Esta situación imprimió una dinámica compleja, en la que el enfoque estratégico fue relegado por un comportamiento reactivo, muchas veces errático, que colocó a las autoridades en calidad de “apaga fuegos” frente a los innumerables eventos conflictivos que se presentaron.

En la medida en que no se avanzó en la atención de los problemas más ingentes de la población, no se desactivaron los conflictos sociales y no se generó un ambiente propicio para el diálogo y el consenso entre las distintas élites nacionales, fue fácil llegar a un escenario de pérdida de la capacidad de gobernar.

Ésta podría alcanzar una magnitud de riesgo extremo para la estabilidad del país si las élites y el bloque de poder real mantienen una actitud pasiva, indiferente e indolente, si permiten que haya profundización del problema y si siguen rechazando las decisiones capitales que se requieren para tomar un rumbo distinto al actual. Igualmente, si las organizaciones heterogéneas de la sociedad civil mantienen tanto su incapacidad de alianzas desde las bases de la población en los ámbitos urbanos y rurales como su falta de tino popular en las luchas por las que se decantan y con las que se comprometen.

En este difícil contexto, los partidos políticos que dominarán la escena política en los próximos cuatro años tendrán la obligación y el deber de contribuir a revertir esta tendencia adversa para la capacidad de gobernar, y en consecuencia para la democracia electoral y para la construcción de la democracia participativa dentro del Estado de Derecho tratando democráticamente de darle cauces más amplios y caudalosos. De lo contrario, las condiciones de deterioro continuarán empujando al país a peores estadios de crisis.

QUÉ HACER
PARA NO ESCALAR LA CRISIS

Será necesario encauzar esfuerzos: - En propiciar desde el Ejecutivo un comportamiento institucional dirigido a atender los problemas más apremiantes de la población, a disminuir los niveles de conflictividad y a crear espacios de interlocución efectivos con diversos sectores nacionales, a fin de impulsar procesos de diálogo y consenso que permitan identificar soluciones viables.

- En desarrollar una actividad parlamentaria que, además de convertirse en el centro del debate político sobre los asuntos nacionales, contribuya a superar la crisis a través de la emisión de normativas que hagan más eficiente la gestión pública, especialmente en los temas relativos a la seguridad y a la justicia. Esfuerzos también para ejercer los controles políticos que le corresponden al Poder Legislativo, como forma de garantizar un comportamiento estatal adecuado y para emitir cualquier otra disposición que promueva el fortalecimiento institucional, la consolidación democrática y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Será imposible hacerlo sin una escucha honrada de las voces de la realidad en las mayorías populares y sin una humilde aceptación de que el poder no reside sólo en los organismos políticos del Estado sino también en una organización eficaz y eficiente, aunque heterogénea -como es la del Estado mismo- de la sociedad civil.

- En el ámbito municipal, será determinante que las fuerzas políticas fortalezcan todo el entramado institucional, particularmente los Consejos de Desarrollo Comunitarios y Municipales, para impulsar desde ahí iniciativas tendientes a generar mejores condiciones de vida para la población, fortalecer las prácticas democráticas y construir desde esa base una convivencia social armónica.

- Los partidos políticos deberán encaminar mayores esfuerzos por democratizarse, modernizarse y actuar con transparencia. Al mismo tiempo, deben repeler la penetración de grupos criminales en sus órganos permanentes -con la honestidad incorruptible necesaria- y tratar de articular una agenda de trabajo en atención a los intereses nacionales, no sólo frente a los procesos electorales, sino como un comportamiento continuo. Sólo de esa manera se podrá fortalecer el sistema de representación política y se generarán verdaderas tendencias partidarias que sean sostenibles en el tiempo y se conviertan en reales opciones
en el abanico político.

¿IMPORTA QUIÉN GANE
LAS ELECCIONES?

Hemos mencionado a los candidatos presidenciales con mayor intención de voto sólo al comienzo de este análisis. ¿Qué significa eso? Dicho con gran realismo, significa que probablemente importa poco por quién votemos en Guatemala el 9 de septiembre o en noviembre.

Los obstáculos estructurales para un buen gobierno son tan enormes al nivel de las organizaciones políticas que aspiran al poder del Estado y también al nivel de las organizaciones de la sociedad civil, que mientras no se reformen profundamente y expulsen de sus filas a todas las personas contaminadas por el crimen organizado -sea éste narcotráfico u otro tráfico para obtener capital delincuencial-, poco podremos esperar del Estado guatemalteco. La reforma ha de incluir una reforma constitucional que haga a los diversos organismos del Poder Judicial verdaderamente autónomos del Poder Ejecutivo y Legislativo. Ha de incluir asimismo la continuación del proceso de desmilitarización del país. Igualmente, el reconocimiento constitucional de un Estado multicultural, plurilingüe y multiétnico. Y en una etapa posterior, tal vez multinacional o auténticamente federal.

SIN TODO ESTO...

Para que se construya la democracia es necesario que el presupuesto de educación, salud y seguridad ciudadana sea realmente elevado, el más elevado de todos, para que el país comience a pagar su deuda social. Finalmente, es imposible que haya capacidad de gobernar honesta, competente, eficaz y eficientemente si el Estado no recibe de la sociedad los recursos necesarios para poder pagar a las instituciones de educación, salud y seguridad y para que los salarios de maestros, profesores y catedráticos, y los salarios de paramédicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, los salarios de fiscales, de empleados de aduana, de migración, de policías, de guardias penitenciarios, etc., sean dignos y justos como para evitar que las personas que ocupan esos empleos sean cooptadas o sobornadas por los detentadores del capital delincuencial.

Sin un Estado financieramente fuerte no hay capacidad de gobernar honesta y competentemente. Pero sin una recaudación fiscal elevada en proporción al producto interno bruto, no existirá un Estado financieramente fuerte. Sin todo esto, no tendremos un Estado independiente de los grandes poderes económicos, del tradicional o del emergente, del legal o del ilegal, que son, hoy por hoy, el verdadero poder detrás del Estado, un Estado dentro del Estado, que son quienes realmente se sientan en el Guacamolón, como llamábamos antes al hoy disfrazado como Palacio Nacional de la Cultura.

Sin todo esto, dará poco más o menos lo mismo quién se siente en la silla presidencial sea Colom o Giammattei o Pérez Molina, si bien este último tiene la desventaja de su raigambre militar. Además, existe el agravante de que el votante guatemalteco está obligado a votar por listas completas partidarias y no puede elegir a personas concretas para los curules del Congreso.

DOS BUENAS NOTICIAS
EN VÍSPERAS ELECTORALES

El día 1 de agosto nos trajo la gran noticia de que el Congreso guatemalteco, abochornado por su rechazo en Comisión, había votado de urgencia nacional la ley sobre la Comisión de Investigación contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), directamente concebida contra el Crimen Organizado y los Poderes Ocultos.

La Fundación Myrna Mack ha sido la gran defensora de esta ley. Aprobada la Ley, con los votos en contra del FRG -de Ríos Montt- y del Unionismo -de Alvaro Arzú-, queda aún por redactar un reglamento para que pueda tener vigencia práctica. Y queda que la Corte de Constitucionalidad resuelva rápidamente los recursos de quienes votaron en contra de ella o se ausentaron del hemiciclo. Y que los resuelva en coherencia con su sentencia anterior, que indicaba que la CICIG no es anticonstitucional, puesto que es el Estado guatemalteco quien pide ayuda a la ONU para enfrentar estos poderes, sin perder por eso su propia soberanía.

Es también alentador que el Ministerio Público esté empezando a desmadejar los hilos que llevan a la autoría intelectual del crimen contra los diputados salvadoreños y contra los policías que los ejecutaron extrajudicialmente en el mes de febrero. Emerge una fuerte sospecha contra un diputado guatemalteco -Manuel Castillo-, cuyos aparentes lazos con el narcotráfico llevaron al partido UNE, de Colom, a expulsarlo de su seno el año pasado, y a la embajada de Estados Unidos a retirarle la visa. También emerge la sospecha contra los mismos diputados salvadoreños y contra personas que desde El Salvador se comunicaron con el diputado guatemalteco y con los policías asesinos y asesinados bajo los seudónimo de “Montaña 3” y “Montaña 1”, que ocultarían probablemente a capos del narcotráfico.


CON LA COLABORACIÓN DE JUAN HERNÁNDEZ PICO, SJ, CORRESPONSAL DE ENVÍO EN GUATEMALA.

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