El Salvador
Cuidado con ese militar que lleva dentro...
El 7 de mayo, Día del Soldado, el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de El Salvador, Elías Antonio Saca, sorprendió a la nación con un discurso en el que expresó su visión sobre el desempeño pasado y presente de la institución castrense. Sorpresa y preocupación: el Presidente lleva dentro un militar.
Instituto de Derechos Humanos UCA San Salvador
En su discurso, el Presidente Saca alertó a representantes de las tres ramas del Ejército sobre el peligro de lo que llamó
“las nuevas olas populistas peligrosas”, a la vez que destacó el rol que sus miembros jugaron durante la guerra contra “la agresión comunista”. Ambos conceptos -populismo y comunismo- son sinónimos para Saca, según lo aclaró dos días después del acto, en una conferencia de prensa en la que fue cuestionado por sus palabras.
Lo ocurrido incrementa la preocupación generada dentro y fuera de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) por la intención presidencial, la de su partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y la de altos oficiales retirados -que forman parte de ARENA o están muy cerca- en el sentido de reinstalar a la milicia como gendarme de la sociedad, tal como de hecho sucedió durante más de sesenta años en el pasado siglo. Semejante visión la asumió Saca desde antes de su elección y ya ha quedado plasmada en las tres arengas que ha dirigido a los mandos castrenses, a la tropa y a la sociedad en cada 7 de mayo.
El denominador común de esos mensajes gira alrededor de tres aspectos que cuestionan el compromiso de la clase dirigente salvadoreña con lo establecido en los Acuerdos de Paz, que incluyen una nueva concepción institucional del papel que deben jugar los militares en la postguerra. Los aspectos que Saca asume son: la falta de distanciamiento entre las pasadas y presentes generaciones de oficiales, la asignación al Ejército de un papel potencialmente activo dentro del esquema de combate ideológico de ARENA y el reforzamiento de la iconografía guerrerista que subsiste en la Fuerza Armada. Esto se demuestra revisando el marco jurídico vigente y el texto de las diatribas presidenciales abordando el tema militar.
2005: ¿UNA NOVATADA?El 7 de mayo de 2005 -apenas once meses después de su investidura- Saca pretendió presentar una percepción unificadora de la sociedad salvadoreña refiriéndose a la integración “de sus distintos sectores e ideologías”. Pero la planteó en función de crear una cultura de defensa y de seguridad nacional. No se refirió a la unificación delineada en el Acuerdo de Ginebra (1990) como resultado del respeto irrestricto de los derechos humanos, que pasa por la verdad y por la justicia para las víctimas, y por la democratización del país. No dejaron de aparecer en su perorata de aquel día los tres aspectos de su peligrosa perspectiva.
Así, felicitó a los militares retirados “que lucharon y dieron su vida por preservar esta democracia de la que hoy gozamos”. Además, al referirse a las tropas salvadoreñas en el exterior, aprovechó para aclarar lo que él supone es la misión fundamental de la FAES: “La conservación del sistema republicano”. Sin embargo, esta atribución había sido ya eliminada de la misión de la milicia hacía más de quince años, el 30 de enero de 1992, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Antes de ser reformado, el artículo 211 de la Constitución de 1983 establecía en su segundo inciso que la Fuerza Armada debía velar “especialmente porque se mantenga la forma Republicana de Gobierno y el régimen democrático representativo, no se viole la norma de la alternabilidad en la Presidencia de la República, y se garantice la libertad del sufragio y el respeto a los derechos humanos”.
Este mandato constitucional nunca fue cumplido, pues el estamento militar estuvo dedicado durante su vigencia a propiciar o ejecutar golpes de Estado, a copar cargos clave de la administración pública y a violar sistemáticamente los derechos humanos de la población civil opositora al régimen o sospechosa de serlo. La “conservación del sistema republicano” depende del ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Y son las autoridades electorales las que, en ejercicio de sus funciones, deben velar por la transparencia de los comicios, con o sin la cooperación de la FAES, a la que no se le asigna en la Constitución vigente ninguna atribución al respecto. Es claro que el novato Presidente Saca patinó sobre el verde olivo en su primer discurso del Día del Soldado.
2006: ¿UN OLVIDO?Un año después, en la misma fecha, Saca calificó al cuerpo armado como una “institución profesional que veló por la democracia en la guerra y ahora vela por la democracia y la paz”. Olvidó que la Comisión de la Verdad señaló a esta institución como responsable de casi el 60% de los casos de violaciones a los derechos humanos que recibió. Si a eso se agrega la autoría de otras violaciones atribuida a los antiguos cuerpos policiales y a los cuerpos paramilitares que dependían del entonces Ministerio de Defensa y Seguridad pública, se supera el 80%. Eso, sin contar la “labor” de los “escuadrones de la muerte” vinculados a la FAES.
También se declaró Saca en 2006 a favor de “la creación de una sociedad humana y productiva, una sociedad tolerante y cohesiva, abierta al sano debate y siempre lista a combatir las doctrinas extrañas”. Hablando así, hizo referencia de nuevo a la visión retrógrada contenida en el artículo 158 de la Constitución de 1962, que prohibía -dentro de los límites considerados entonces como aceptables- la difusión o existencia de cualquier clase de propaganda sobre “doctrinas anárquicas o contrarias a la democracia”, entre las que incluían el comunismo y cualquier opinión crítica contra los gobiernos militares o cívico-militares. Tal disposición sirvió de excusa a los mandos castrenses para ordenar y justificar todo tipo de violaciones de derechos humanos. En 1983, con un Saca de apenas 18 años, esa restricción del derecho a la libertad de expresión fue cambiada por “la limitación relativa a la subversión del orden público”. Y así está establecido en la actualidad, cuando, además, se prohíbe la censura previa y la injerencia de cualquier autoridad militar.
2007: UN INSULTO El colmo ocurrió el 7 de mayo de este año 2007, cuando Saca improvisó su discurso ante el “enorme”, “alto” y “doble honor” de recibir -de manos del Ministro de la Defensa Nacional, General Otto Romero- un busto del fallecido genocida coronel Domingo Monterrosa, señalado por la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el principal responsable -al frente del Batallón Atlacatl- de la matanza en El Mozote, Morazán, de unas mil personas, mujeres, ancianos, ancianas, hombres, niños y niñas en diciembre de 1981.
Saca se deshizo en elogios de Monterrosa y lo describió como “un militar no solamente carismático”, sino también como “un militar que amó a la patria, que defendió a la patria en los momentos tristes de la agresión comunista que sufrió este país”. Y se declaró admirador de él y de los demás militares -algunos ya fallecidos y otros retirados- que evitaron “que ideologías extrañas invadieran a este país democrático”. Fuera del texto que le habían preparado, se le salió a Saca el militar que lleva dentro. El elogio al criminal Monterrosa fue revelador de las entrañas del “Presidente de los victimarios” y no del gobernante de toda la población salvadoreña.
Esto se confirma con la significativa presencia, entre su audiencia de ese día, de los Generales René Emilio Ponce y Orlando Zepeda, ambos responsables intelectuales directos e impunes de la ejecución el 16 de noviembre de 1989 de Elba Ramos, de su hija Celina y de seis jesuitas en la UCA. Peor aún: Ponce tuvo un papel destacado dentro de ese insulto oficial a la dignidad del pueblo salvadoreño al entregarle al Ministro de la Defensa Nacional un reconocimiento. Cabe recordar que el Ministro Otto Romero también es señalado por violación de derechos humanos. Está claro que la tendencia presidencial hacia los militares es la de asignarles cada vez más protagonismo, lo que debe ser motivo de preocupación, especialmente porque los mandos superiores del Ejército están identificados con el partido en el poder y atados al pasado por pertenecer a las últimas generaciones de oficiales que participaron activamente en el conflicto armado. Esto los hace permeables al discurso ideológico imperante en la actual campaña partidaria de ARENA.
NO PODEMOS OLVIDAREl militarismo, dice Norberto Bobbio, es “un vasto conjunto de costumbres, intereses, acciones y pensamientos asociados con la utilización de las armas y con la guerra y que, sin embargo, trasciende los objetivos puramente militares”. Quienes lo asumen intentan expandirlo a todos los ámbitos de la vida nacional, para que sus valores y antivalores sean asumidos como la forma natural de proceder. En El Salvador -mediante una continua sucesión de golpes de Estado, amenazas de revueltas, comicios amañados y burdos fraudes electorales- la conducción de la administración pública fue ocupada durante más de 57 años por altos oficiales y civiles del agrado de la institución armada. Unos y otros se dedicaron a cuidar los intereses del poder político y económico como guardianes leales.
Antes del conflicto armado, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) fue el último trampolín institucional utilizado por los militares para colocar en la Presidencia de la República al coronel Julio Adalberto Rivera (1962) y mantenerla hasta que cayó derrocado el general Carlos Humberto Romero (1979). Pero el estamento castrense controlaba el país desde diciembre de 1931, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez depuso al gobierno constitucionalmente constituido. Esta situación fue alentada por la Casa Blanca. Y en tierras estadounidenses el ejército salvadoreño fue entrenado para eliminar cualquier asomo de oposición política. Todo esto, más otros factores económicos, políticos y sociales hicieron estallar el conflicto armado. Ya en guerra, con juntas de gobierno “cívico-militares” y con gobiernos de fachada, el predominio militar se acentuó, sobre la base de la profundización de la intervención de los Estados Unidos, que equipó una y otra vez a la FAES, convirtiéndola en una herramienta más dentro de su lucha contra el “comunismo internacional”.
En este más de medio siglo no era extraño ver al presidente de la República portar simultáneamente el uniforme castrense y la banda presidencial. Se trataba de gobernantes que carecían de la legitimidad que otorga el voto popular, pero que gozaban las mieles del poder simplemente por formar parte del estamento militar. Era sintomático que la mayoría de presidentes “pecenistas” se quitaban el uniforme durante el período de campaña electoral, para aparecer como civiles en busca de votos. Actualmente ocurre un proceso inverso. El 23 de mayo, el Presidente Antonio Saca visitó las tropas salvadoreñas en Irak. Llegó en un avión militar estadounidense, vistiendo uniforme de combate. Al ver esta imagen, quienes sufrieron por las dictaduras militares en los “tiempos de conciliación” deben haber reeditado nefastos recuerdos. La de Saca es una acción sin precedentes en la historia de los gobernantes civiles del país.
Es necesario conocer esos antecedentes para entender la difícil relación histórica entre civiles y militares en El Salvador. Precisamente por esto, en el Acuerdo de Chapultepec se dedicó el primer capítulo a desarrollar un nuevo marco doctrinario, educativo e institucional para la FAES, dentro del cual se establece que la institución militar será una institución instrumental, apolítica y sometida a los órganos fundamentales de gobierno. En cuanto a su sistema educativo, se apostó por una formación profesional con énfasis en la supremacía de la dignidad humana, los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos y la subordinación al poder civil. Un logro histórico, ganado con el sacrificio de todas las víctimas del conflicto armado y tras largas jornadas de negociación.
SEÑALES DE PROTAGONISMODiversas expresiones del militarismo que se creía sepultado continúan vigentes. Según el politólogo estadounidense Samuel Huntington, existen causas externas a la institución castrense que originan su intervención en la política. En períodos de anarquía social, por ejemplo, el cuerpo armado se presenta como el único capaz de salvar la democracia. Y en medio de un conflicto entre dos grupos antagónicos, uno de éstos -el que detenta el poder real- visualiza a los militares como la opción para defender el orden vigente ante quienes intentan subvertirlo.
En el primer escenario, y en El Salvador, los militares son protagonistas desde hace rato. La creciente influencia del Ministerio de la Defensa Nacional en el “combate a la delincuencia” es una señal. Ante la sensación de caos, se ha recurrido a la FAES para “poner orden”. Esa tarea y su intervención en Irak han urgido la exigencia de mayor presupuesto para la FAES y la convicción -entre algunos sectores civiles- de que es imprescindible su participación en estas tareas, pese a que constitucionalmente se les excluyó de la tarea de “poner orden” en 1992. En el segundo escenario que delinea Huntington, es el propio Presidente Saca quien invoca la participación de los militares. En su discurso del Día del Soldado llamó a la tropa a enfrentar “los problemas y desafíos que surgen de las nuevas olas populistas”.
UN MURO DE IMPUNIDADHay otros asuntos que cuestionan el compromiso de la FAES con el proceso de paz y con la aceptación de la doctrina institucional vigente, al menos en teoría. Así, son evidentes su nula voluntad para colaborar en el esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos y el permanente culto al interior de la institución hacia las unidades élites desmanteladas tras el conflicto armado. La institución armada ha sido así el mayor obstáculo para alcanzar una de las metas del proceso de paz planteada en el Acuerdo de Ginebra: reunificar a la sociedad salvadoreña.
La FAES ha tolerado y protegido a los oficiales responsables de crímenes contra la humanidad: torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas…Ejemplos sobran y están documentados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró con pruebas, por ejemplo, la masacre del Cantón Las Hojas, en Sonsonate, en su Informe número 26/92. En este caso, soldados y oficiales asesinaron a 74 personas el 22 de febrero de 1983. Todos los hechos similares a este crimen permanecen en la impunidad.
Hay que ver cómo “justifica” eso el actual Ministro de la Defensa Nacional. Tras ser abordado por un periodista que investigaba el asesinato de Monseñor Romero, quien le planteó la posibilidad de conocer los archivos de los antiguos cuerpos de seguridad, el General Otto Romero expresó que la reserva que se mantiene permite “tener estabilidad social”. Agregó que “las técnicas que ocupó la Comisión de la Verdad se apoyaron más en rumores que en datos científicos”. Y sentenció que “el 85% del informe es puro rumor”. Los testimonios abundan y desmienten esta posición oficial.
“LOS QUE MÁS MATAMOS”En cuanto a los desaparecidos batallones de reacción inmediata, el Centro de Comunicaciones y Protocolo de la FAES incluye en su sitio web imágenes de éstos. Se presume que por el cumplimiento exitoso de su misión “en la campaña militar desarrollada contra la agresión del comunismo”. También se pueden ver videos de sus operaciones y al coronel Domingo Monterrosa arengando a la tropa del Batallón Atlacatl o a la población civil. Mantener la simbología violenta que caracterizó a la Fuerza Armada con imágenes de los antiguos uniformes e insignias de los cuerpos de seguridad y de los batallones Atonal, Atlacatl, Arce y Bracamonte en un sitio virtual costeado con los impuestos de la sociedad salvadoreña constituye otra burla para las víctimas.
En una entrevista después de un año de la masacre de la UCA, el ahora Rector de la Universidad, el sacerdote jesuita José María Tojeira, se refirió a la iconografía que se muestra en este espacio virtual. Citó a un militar, quien al preguntarle él por los distintivos del Batallón Atlacatl respondió así: “La calavera porque nosotros somos los que más matamos y el rayo porque matamos muy aprisa”.
¿Tan orgullosa está la institución armada de esas imágenes, hasta el punto de presentarlas al mundo entero en Internet? Se trata de un peligroso mensaje para las nuevas generaciones de oficiales, que encuentran en esa simbología el eco de un pasado “glorioso” mantenido por los actuales mandos militares, actores directos en la guerra, que continúan negando la responsabilidad institucional denunciada dentro y fuera de El Salvador por las más variadas organizaciones de derechos humanos.
UNA DEUDA PENDIENTELa sociedad salvadoreña debe tomar conciencia de la tendencia oficial a incrementar el protagonismo de la FAES, ensalzando un ayer por el cual -al igual que en otros países de la región centroamericana- rendirá cuentas tarde o temprano. Debe la sociedad reclamar por el uso indebido de sus impuestos para fines partidistas electorales. Más que apologías a genocidas, mensajes anclados en el pasado y visitas a Irak de funcionarios civiles disfrazados de militares, la mayoría de la población salvadoreña espera que la administración Saca trabaje de forma responsable en función de superar la realidad de violencia, inseguridad y falta de oportunidades que padece la mayoría y que impide su pleno desarrollo humano.
Lo logrará cuando tenga ante sí un poder ciudadano fuerte, que lo haga cambiar el rumbo para dirigir el país hacia “la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común”, como manda el primer artículo de la Constitución. Ésa es la gran deuda pendiente con las víctimas de todo tipo de atropellos en el pasado y el presente, ignoradas en los dicursos oficiales. Con las víctimas que seguirán surgiendo de continuar vigente el actual modelo, fundado en la exclusión, la inequidad y la impunidad.
INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE LA UCA DE SAN SALVADOR. TEXTO APARECIDO EN EL SEMANARIO “PROCESO”. NOS. 1242-43, MAYO 2007
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Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica