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  Número 304 | Julio 2007
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Nicaragua

“Nos sigue preocupando la situación de los derechos humanos”

Gonzalo Carrión Maradiaga, Director del Área Jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), reflexionó sobre el trabajo de promoción y defensa de los Derechos Humanos en el nuevo escenario del gobierno del FSLN, en una charla con Envío que transcribimos.

Gonzalo Carrión Maradiaga

Cuando fue elegido Presidente Daniel Ortega sus simpatizantes nos decían: ¡El CENIDH ya no va a tener razón de ser, se acabó el trabajo por los derechos humanos en Nicaragua! Imposible. Quienes tienen el poder siempre abusan de él. Todo el que ejerce el poder puede abusar de su poder.

Desafortunadamente, siempre hay violaciones de derechos humanos, también en este gobierno. Durante 17 años nuestra lucha ha sido porque la gente sufra menos y goce más de sus derechos. Hoy, hay gente que tiene la expectativa de que con este gobierno se sufrirá menos. Pero, una cosa son los discursos públicos y oficiales y otra cosa es la realidad. Son tan grandes los problemas económicos y sociales que tiene la mayoría de la población en Nicaragua que, por mucha cooperación internacional de los amigos del Sur que nos llegue, esos problemas no se van a solucionar.

En estos diecisiete años de trabajo, hemos recibido en el CENIDH multitud de denuncias de violaciones a los derechos económicos y sociales, que nos ha presentado gente excluida, marginada, discriminada. El 80-90%, gente pobre, con dificultades económicas serias, sin oportunidades. Las principales violaciones a los derechos humanos que se han denunciado en el CENIDH en estos años están relacionadas con problemas de propiedad, con problemas laborales -especialmente en las maquilas-, con abusos policiales de maltrato a detenidos y con violencia intrafamiliar contra las mujeres. Prácticamente, en todos estos casos, y por razón de que los denunciantes o las denunciantes son gente pobre, las víctimas de las violaciones a sus derechos han tenido graves dificultades de acceso a la justicia. La impunidad por desprotección del Estado y una práctica de abusos ha sido la característica general.

Anualmente, en promedio, el CENIDH recibe 5 mil 500 denuncias y casos de violaciones a los derechos humanos en Managua, en las tres filiales que tenemos -Matagalpa, Estelí y Chontales- y a través de nuestra Red de promotoras y promotores en todo el país. En estos primeros cinco meses del nuevo gobierno seguimos recibiendo denuncias, y muchas denuncias, tanto contra el Estado como contra sectores privados. En un solo día, el 25 de junio, trece grupos diversos y personas individuales nos presentaron casos nuevos de violación a sus derechos humanos. Trece denuncias en un solo día: todo un récord.

Lamentablemente, este gobierno, como los anteriores, está actuando con la “filosofía” de que el que gana “se lo lleva todo”, con la mentalidad de “ahora me toca a mí”, con esa idea de “todo lo que me hiciste estando abajo te lo hago yo ahora que estoy arriba”. Ha habido despidos, también este gobierno ha usado la “escoba” y ha hecho barridas. No tantos despidos como los que hicieron los tres gobierno anteriores, porque éste se encontró con el límite de una atadura jurídica: la nueva Ley de Carrera de Servicio Civil y Administrativo, que garantiza mayor estabilidad a los empleados públicos.

El tema de las “mafias toma-tierras”, del que ahora tanto se habla, después de la denuncia de extorsión contra funcionarios del FSLN, aparecida en el programa de TV “Esta Semana”, no es nuevo. Ha sido recurrente en las denuncias que recibe el CENIDH desde 1990. La Ley 88, emitida por el FSLN al salir del gobierno el año 90, le dio título de propiedad de tierras rurales a muchísima gente. Pero, ¿cuántos de los beneficiados siguen siendo propietarios de esas tierras? Debería haber un estudio de cuántos quedan. El cambio ha sido drástico. Cuántas denuncias no recibimos de casos de cooperativas o de colectivos que fueron propietarios de una finca, por ejemplo, de 70 manzanas, y el líder de la cooperativa “les dio vuelta” a todos los miembros, los engañó, les hizo firmar unos papeles y se quedó con toda la propiedad. Es una historia que hemos escuchado continuamente. Cosas así les han pasado a los retirados del Ejército y del Ministerio de Gobernación, a los desmovilizados de la Resistencia. Cuántas historias no hemos escuchado de un colectivo de treinta personas, a los que les dieron una propiedad de mil manzanas y como esas personas no están acostumbradas a trabajar ese tipo de fincas o no tienen capacidad económica para hacerla producir, terminan vendiéndosela a un terrateniente que está acumulando tierras.

Hoy en Nicaragua tenemos de nuevo a terratenientes y a casatenientes. En Chinandega hay un terrateniente que ha comprado ya hasta 25 mil manzanas de esta forma. Y hemos recibido la denuncia de una cooperativa que está en medio de ese gigantesco latifundio. Por sus tierras pasa el río principal que riega esas tierras y este terrateniente los está acosando de todas las formas posibles para que le vendan ese pedazo de tierra. Y para esa cooperativa la institucionalidad judicial no funciona ni cuentan con patrulla policial que los defienda. El caso de Vicente Padilla, dueño de cinco manzanas, un caso que fue documentado en septiembre de 2006 por la revista “Envío”, es emblemático en este sentido. Sin embargo, en un reciente juicio, la autora fue acusada por injurias y calumnias y, en primera instancia, el juez falló a favor del poderoso terrateniente que acosa a este campesino desde hace años.

Es también de actualidad el tema de las demandas de mujeres contra padres irresponsables exigiéndoles que cumplan con la pensión alimenticia, porque el empresario Manuel Ignacio Lacayo fue sentenciado a dos años de prisión, tras haber sido demandado por su ex-exposa, que le reclamaba tres mil dólares mensuales para la hija que tuvieron y no solamente los mil dólares que Lacayo le entrega. Lacayo ha denunciado que como su ex-esposa es hermana de la esposa del ex-jefe de la Seguridad del Estado en los años 80 y actual secretario de organización del FSLN, Lenín Cerna, su caso ha sido instrumentalizado judicialmente por Cerna. Por esta razón, Manuel Ignacio Lacayo le pidió al CENIDH que vigilara las garantías del debido proceso. Y eso hicimos, comprobando la arbitrariedad con la que se ha actuado en su caso.

El CENIDH no se pronuncia sobre si Lacayo cumplió o no con una determinada cantidad de dinero en la pensión de esa niña. Algunos dicen: ¿Y qué tiene que ver el CENIDH en el caso de un hombre con tanto dinero, que se puede defender, que puede pagar un abogado? La respuesta es que debemos defender los derechos humanos de todos, sin ninguna distinción. Y en este caso, aunque Lacayo tiene dinero y poder, está enfrentando a alguien que tiene más poder que él.

A Lacayo lo citaron a trámite en la Fiscalía el jueves y el viernes santo, y a los pocos días lo acusaron, algo insólito. Y desde ahí inicia lo excepcional de este caso. Porque con las mujeres pobres que reclaman ese mismo derecho a una pensión alimenticia para sus hijos, la Fiscalía actúa casi siempre con notable negligencia. Y en esos casos la justicia no actúa. En el año 2006, los juzgados penales de Managua recibieron 137 denuncias de mujeres que reclamaban a los padres irresponsables de sus hijos su derecho a una pensión alimenticia. En lo que va de 2007 se han recibido ya 31 acusaciones por la violación de ese mismo derecho. Sin embargo, no hay ni cinco hombres detenidos por este delito. Conocemos casos en los que mujeres pobres pasan rogándole a la Fiscalía hasta seis meses para que acuse al padre irresponsable. Y cuando el caso llega al juzgado, lo que observamos son fiscales displicentes, que no llegan a las audiencias, que no se preparan bien...

En los mismos días en que se acusaba a Lacayo presenciamos una audiencia de Apelación donde llegó una fiscal que no sabía del caso y dijo cualquier cosa y el acusado fue declarado inocente. En contraste, la diligencia con la que se actuó en el caso de Lacayo es, por lo menos, sospechosa. Y la forma con la que fue tratado Lacayo en la cárcel constituye una violación a sus derechos humanos.

El CENIDH se interesó en este caso porque es un caso de derechos humanos. Los medios de comunicación lo relevaron por tratarse de un empresario como Lacayo. Al hacer “bulla” en los medios en casos así apostamos a provocar, a motivar, una reflexión masiva para que las mujeres que enfrentan a padres irresponsables reclamen ese derecho y exijan tener acceso a la justicia. La realidad es que si Lacayo no fuera un hombre tan conocido y adinerado, ningún medio le daría tanta cobertura. Hay muchísimos casos importantes a los que los medios no le ponen atención. Porque hay intereses de intereses. Tenemos, por ejemplo en el CENIDH, el caso de una mujer que demanda como padre irresponsable que no pasa pensión alimenticia a su hija a un profesor universitario que da clases en seis universidades, pero los medios no se interesaron en darle relieve, apenas una sola radioemisora lo cubrió.

Cuando el CENIDH hace “bulla” en los medios es para que la población que tiene derechos humanos similares, que le han sido violentados, entienda, comprenda, y se anime a reclamar, a exigir. Cada vez que ponemos un caso ejemplar en los medios, al día siguiente nos están llegando casos parecidos. Queremos que la “bulla” en los medios tenga un efecto multiplicador.

Pero en el CENIDH no sólo hacemos “bulla” en los medios. A la mayoría de las mujeres que denuncian porque el hombre no les pasa la pensión alimenticia, o a las que sufren de tantas formas de violencia, las acompañamos a las audiencias, en los juicios de familia. ¿Cómo se va a parar sola una mujer pobre ante un juzgado a acusar o a demandar? ¿Y con qué abogado irá, un abogado que le va a cobrar? A esas mujeres las acompañamos, les damos asesoría. Y después, en esos casos mandamos informes a las instituciones, presionamos a la Fiscalía para que no repita sus negligencias, presentamos quejas, nos entrevistamos con los jueces que han fallado... También actuamos así ante los jejes policiales, porque también la Policía violenta los derechos humanos.

¿Qué logramos, qué eficacia tenemos? En materia de derechos humanos los cambios no son inmediatos. Cambiar de raíz el cómo se imparte la justicia en Nicaragua es una meta de muy largo plazo. Aspiramos a ella, luchamos por esa meta estratégica, convencidos que la eficacia no sólo depende de nosotros, como organismo de derechos humanos. Depende, en gran medida, de que las víctimas tengan voluntad de lucha y de que quien abusa del poder tenga voluntad de cambio.

La vigencia de los derechos humanos no está determinada por la existencia o no de un organismo de derechos humanos, sino por la decisión de las víctimas de luchar por sus derechos. No hay derecho sin lucha. La humanidad no ha conquistado un solo derecho sin que esa conquista haya sido precedida por una lucha. Los derechos no se suplican y los gobernantes no regalan derechos. Por eso nuestro lema dice: “Derecho que no se defiende es derecho que se pierde”.

En estos primeros meses del nuevo gobierno, nos preocupa también el futuro de los Consejos del Poder Ciudadano, que se instalarán en todo el territorio nacional el 19 de Julio. ¿Servirán estos Consejos para consolidar derechos ciudadanos o servirán para limitarlos? Estos Consejos son organizados desde el Ejecutivo como órganos de participación ciudadana. Sentimos que pueden entrar en contradicción con las leyes del país, si adquieren un poder que rebase el poder que la ley otorga a las instituciones. El partido FSLN ha realizado un intenso trabajo territorial para conformar los Consejos, que son estatales. Esto es ya una contradicción. Mayor será la contradicción si son los órganos partidarios del FSLN los que dirigen y controlan los Consejos, porque se convertirían en una expresión de Estado-Partido, algo que resulta ilegal. El hecho mismo de que los Consejos se instalen el 19 de Julio, en la celebración que el FSLN ha hecho anualmente de la derrota de la dictadura somocista, es una muestra de esa ilegal vinculación Estado-Partido.

Los Consejos están en proceso de gestación y desarrollo, pero ya sabemos del control que sobre muchos Consejos tienen dirigentes políticos del FSLN, algunos muy poco ejemplares, algunos los menos queridos en sus territorios. Sabemos que hay Consejos liderados por los comités de base del FSLN, y los hay que han transformado simplemente al comité de base del FSLN en un territorio en un Consejo.

Nos preocupa también la función que tendrán estos Consejos. ¿Qué van a hacer, para qué han sido creados? ¿Serán mecanismos de control social o de participación ciudadana? Se dice que tendrán una función eminentemente consultiva, pero en la propaganda oficial se afirma que “decidirán” y que los ministros acatarán sus decisiones. Se dice también que los Consejos decidirán leyes. Pero, ¿lo harán sin pasar por la Asamblea Nacional, que es la responsable de discutir y aprobar las leyes?

Con tanto poder, ¿no tendrían que estar establecidos los Consejos del Poder Ciudadano y sus funciones en la Constitución? Y eso, ¿no obligaría a una reforma constitucional?

En algunos barrios hemos visto que organizaciones comunitarias o asociaciones de pobladores que ya existen y funcionan se han “integrado” al nuevo Consejo del Poder Ciudadano. ¿Mantendrán su independencia estas organizaciones o los Consejos se querrán hacer con el monopolio de toda la organización, de tal forma que todo lo que se haga en la comunidad se haga a través solamente de los Consejos? Si ésta fuera la aspiración de los Consejos, contradecirían el orden jurídico.

El Presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo están diciendo en la plaza pública que ellos están cambiando el sistema de gobierno. Pero el sistema de gobierno no se puede cambiar por decreto. Sólo se puede cambiar cambiando la Constitución. ¿Pensarán cambiarlo a través del poder que van a darle a los Consejos? Cuando afirman que van a cambiar el sistema de gobierno y cuando hablan del poder que tendrán los Consejos, se puede suponer que quieren cambiar el modelo de raíz. Pero, ¿sin hacer reformas constitucionales?

A lo largo de 17 años hemos recibido en el CENIDH denuncias contra autoridades de todos los colores políticos, que abusan de su poder. Hoy continuaremos en este mismo camino y recibiremos cualquier denuncia que nos presenten contra la actual pareja presidencial o contra cualquier funcionario público o persona privada que violente los derechos humanos. Nuestra independencia está garantizada en la acción concreta y diaria, siempre a favor de la vida y de la calidad de vida de la mayoría.

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