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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 194 | Mayo 1998
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Nicaragua

Estamos tocando fondo: ¿habrá salida?

¿Asistimos a las primeras, y contundentes evidencias de que Nicaragua está manos arriba frente al narcotráfico? ¿Reaccionará a tiempo la sociedad? ¿Sabrán las instituciones aún no contaminadas, las dirigencias políticas y sociales honestas y responsables convertir este escándalo en oportunidad?

Equipo Nitlápan-Envío

Nicaragua atraviesa crisis en los más variados frentes. Una crisis cae sobre la otra y cada nueva convulsión opaca a la anterior. La más reciente de las crisis, en torno a un lujoso avión para vuelos ejecutivos, ha revelado qué alto y cuán dentro ha podido tocar el narcotráfico internacional a nuestro país. La crisis ecológica es de vieja data y la más estructural de todas, al apuntar al largo plazo. En abril se multiplicaron señales alarmantes de esta crisis, a la que tan poca atención prestan quienes tienen más poder para actuar, pero no lo usan, febrilmente absortos en sus proyectos cortoplacistas. Se acumulan señales desalentadoras. El país se está "africanizando" aceleradamente: desertificándose su territorio, disolviéndose sus instituciones, tribalizándose sus clases dirigentes, hambreándose su población. ¿Habrá salida?

Aparece el jet "presidencial"

El lunes 27 de abril, el noticiero 100% Noticias, del Canal 8, dio la noticia de la extraña presencia en un hangar nuevo y celosamente resguardado y de los sospechosos vuelos de un lujoso avión Lear 35 A, a quien los pobladores cercanos al abandonado aeropuerto Los Brasiles, próximo a Managua, llamaban habitualmente "El Presidencial". Desde ese día, se sucedieron, una tras otra, sensacionales revelaciones que, cual piezas de un rompecabezas han ido calzando para configurar el más colosal de los escándalos enfrentados por el gobierno liberal.

El avión, un sofisticado jet de líneas aerodinámicas modelo exclusivo que cuesta unos 4 millones de dólares con ocho plazas, fue robado en Florida a inicios de 1997 y fue introducido en Nicaragua, en diciembre de ese año, por José Francisco Guasch, un cubano estadounidense, con antecedentes en el narcotráfico. A Guasch y a su avión se le abrieron de par en par las puertas de las más altas instancias del país. Sin pagar ni un centavo de impuestos, "legalizó" en unos días el avión después de hacerle algunos cambios.

De inmediato creó, con esa única aeronave, una nueva empresa para vuelos ejecutivos y de ambulancia, de la que hizo socio mayoritario a su propio chofer. La llamó Ceylon Air y de inmediato puso a volar el lujoso jet, que salía de un aeropuerto abandonado, en el que no hay ni controles migratorios ni aduanas, hacia dentro y hacia fuera del país. Se habló de entre 20 y 50 vuelos, varios de ellos a El Salvador, Honduras, Costa Rica y Colombia. Previamente, Aeronáutica Civil había sacado al Ejército de Nicaragua del aeropuerto en donde operaba este avión.

Millones de partículas de cocaína

Guasch, que entraba y salía del país y de las oficinas del gobierno, agradeció las facilidades que se le dieron en Nicaragua poniendo a la orden gratuitamente el único avión de su empresa a los más altos funcionarios del gobierno. Lo usaron, en viajes de trabajo y de placer, ministros, viceministros, el Vicepresidente y hasta el propio Presidente de la República. Cuando, después de la revelación periodística, la Policía Nacional acudió a inspeccionar el jet, descubrió en su cabina, en piezas del fuselaje, en los asientos, por todos lados, millones de partículas de cocaína.

Alterado como nunca se le había visto antes y después de haber negado hasta la misma existencia del avión, el Presidente Alemán tuvo que reconocer que había viajado en él en febrero a una reunión de Presidentes centroamericanos celebrada en San Salvador. Un comunicado oficial publicado el 4 de mayo, afirmaba que el Presidente "fue sorprendido en su buena fe", mientras su vocero hablaba de que el "exceso de generosidad" de Alemán y su apertura a los inversores extranjeros explicaban lo sucedido. De inmediato, el Presidente destituyó a varios funcionarios y jefes policiales y creó tres comisiones sometidas a él mismo para que investigaran los hechos, procedimientos guiados por un torpe aceleramiento, que complicó aún más las cosas.

"La culpa es del sistema"

Cuando este escándalo al que será indispensable volver en próximos análisis apenas comenzó a mostrar facetas e implicaciones, la sociedad, los medios, la opinión pública, perpleja, ya había levantado una montaña de acertadas preguntas. Mario Rivas, director de Aeronáutica Civil, el funcionario de más alto nivel destituido por el Presidente por su inocultable rela ción directa con el caso, gozaba de una total confianza de Alemán. Está casado con una sobrina de éste, vivió en Estados Unidos donde conoció a Guasch y se nacionalizó estadounidense y regresó a Nicaragua al tomar el poder los liberales. Hasta que fue esposado y conducido a los juzgados defendió la legalidad de todo lo ocurrido. Ya en el juzgado, buscó diluir sus obvias responsabilidades, afirmando que la culpa no la tenía él, sino "el sistema".

Dio en la diana. Esto es precisamente lo que ha revelado este penoso y preocupante caso, de impredecibles consecuencias. El "sistema" de gobierno de Arnoldo Alemán tiene como prioridad económica la acelerada acumulación de capital para el grupo de sus leales, en rivalidad a muerte con los nuevos capitales sandinistas y algunos de los tradicionales capitales oligárquicos. Después de 18 meses de gestión, este "sistema" no ha terminado aún de pagar favores al círculo de amigos cubano nicas miamenses del Presidente. Este "sistema" porque Alemán no tiene todo el poder ni controla todos los poderes ni todas las instituciones ni logra todo el acceso que quisiera a todos los fondos estatales requiere de "apoyos", como el que representa el grupo que se movía en torno a Guasch, hoy prófugo de la justicia y buscado por la Interpol. Este sistema esta despretigiando la política y a los políticos hasta extremos lamentables y paralizantes y está llevando a Nicaragua a un despeñadero. ¿Habrá salida?

Un país en llamas

Como consecuencia de la sequía que El Niño causó en esta zona del mundo, de la miseria que hace avanzar a los campesinos sobre la frontera agrícola y de la voracidad insaciable de los negociantes madereros, el país ardió en el mes de abril por todos sus costados en incendios sin control en los que se perdieron miles de hectáreas de bosques, mientras Managua amanecía y atardecía a diario transformada en una olla de vapores infernales, cubierto el cielo de cenizas que apenas dejaban ver un amenazante sol enrojecido, lo que obligó al cierre del aeropuerto en varias ocasiones.

No está desvinculada la crisis ecológica del desgobierno, de la maraña de debilidades jurídicas y de las varias y encarnizadas guerras económicas que se están librando en el país ayer era la guerra del arroz, ¿será hoy una guerra entre carteles de la droga? . También hay guerras entre los madereros. Y es todo el país, la sociedad entera, quien "pone los muertos". Muertos en abril valiosos bosques en el estratégico entorno de Bosawás reserva de la biosfera y al sur, en el entorno de la reserva Indio Maíz. Muertas hectáreas de la rica vegetación del volcán Mombacho, de Mozonte, de Bluefields, de Río San Juan, de Dipilto, de Paiwas. Hasta al escaso pulmón de Managua llegó el fuego en este abril ardiente.

El 70% de los devastadores incendios de este pre invierno, prolongados, incontrolables (¿provocados por los madereros?) se produjo en la Costa Atlántica. En la última semana de abril, el propio Contralor de la República, Agustín Jarquín, alarmado por lo que ocurría, decidió realizar una gira por la Costa para conocer in situ el problema de la quema y tala de los bosques. A su regreso a Managua, Jarquín informó del desastre ecológico del que había sido testigo y de la total falta de control que comprobó, y que permite a los madereros circular por todos lados con rollos de permisos que están en blanco, pero que tienen el sello del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).

A las pocas horas de las impactantes declaraciones del Contralor, Arnoldo Alemán celoso y deseoso de dejar sentada su autoridad y su interés por el tema ratificó un decreto presidencial de junio 97, extendiendo durante cinco años la prohibición de cortar y comercializar cedro real, caoba y pochote en todo el país, estableciéndose de comisos y multas contra quienes trafiquen con estas maderas preciosas, las más valiosas de la flora nacional, ya en peligro de extinción.

La urgente auditoría ambiental

La moratoria no parece ser una adecuada solución. Ecólogos y organismos ambientalistas de esa sociedad civil con la que tan poco se cuenta, recordaron que el decreto de junio 97 no había contribuido en nada a frenar la tala, sino todo lo contrario. Había disparado el precio de estas maderas, aumentando así toda la serie de corrupciones que acompañan el negocio maderero, incrementando al final el despale. Recordaron también que los más capaces funcionarios y técnicos del MARENA habían sido barridos con el cambio de gobierno y que los actuales parecían actuar más como representantes de los intereses de los madereros que como defensores de los intereses de la sociedad y del Estado.

La moratoria es no sólo insuficiente sino injusta dijeron los especialistas porque castiga por igual a los que explotan la madera a cambio de nada y a los que la aprovechan invirtiendo en reforestación. Los ecologistas apuntaron que la solución es la implementación de un sistema de extracción de cuotas por zonas y recordaron que Nicaragua es uno de los pocos países que no cuenta con un programa de ordenamiento forestal que ayude a conocer los bosques y a su aprovechamiento racional.

El Contralor tampoco se conformó con el decreto: solicitó un "estado de emergencia forestal" en todo el país y apuntó al blanco anunciando que la Contraloría llevará a cabo una auditoría a las concesiones madereras que ha otorgado y sigue otorgando el MARENA a su entera discreción. El panorama es preocupante. Los sombríos cielos de abril nos lo advierten. A Nicaragua le queda ya solamente el 30% de sus bosques originales. Y cada año desaparecen, sin reponerse, 150 mil hectáreas boscosas. La acelerada tala que está haciendo desaparecer decenas de ríos es el principal problema ambiental del país. Al ritmo actual, en sólo 20 años habrá desaparecido toda la cubierta forestal nacional y Nicaragua será un desierto. ¿Habrá tiempo de revertir esta tendencia? ¿Habrá salida?

¿Toma de posesión o de control?

El 4 de mayo, mientras el escándalo del narcoavión oscurecía los cielos políticos, los cinco magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) se arriesgaron a volar en los cielos opacados por el humo de los incendios para llegar a la Costa Atlántica. Ese día debían ser juramentados los concejales elegidos el 1 de marzo, que elegirían a su vez a la Junta Directiva de los Consejos Regionales Autónomos y a quienes las presidirían, a los "gobernadores", como llaman los costeños a quienes ostentan este cargo.

En la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), se esperaba una sesión relativamente rápida y sin sorpresas. Se suponía que el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tendría mayoría absoluta para poder elegir a quien quisiera, sin tener que negociar nada con nadie, lo que les resultaba ideal. En el Atlántico Sur (RAAS), por el contrario, los magistrados se habían preparado para una sesión más larga y conflictiva. Entre otras cosas, por lo impredecible del voto de los 7 concejales del nuevo Partido Indigenista Multiétnico (PIM), dado lo impredecible de su fundador y dirigente Rayfield Hodgson. Todo indicaba que la matemática que garantizara control a los liberales en la RAAS prometía ser complicada y cara.

Pero hoy en Nicaragua son pocos los actores que siguen los guiones: el problema se dio en la RAAN y la calma reinó en la RAAS. En la RAAN, el FSLN inició la sesión reclamando que se debía obedecer el reglamento del Consejo Regional y que los siete miembros de la Junta tenían que ser elegidos proporcionalmente a los resultados: 4 del PLC, 2 del FSLN y 1 de YATAMA. Cuando los magistrados del CSE revisaron un ejemplar del reglamento que se les entregó, vieron que no llevaba ni firmas ni fecha ni período de vigencia. En medio del debate en torno a la validez o no del reglamento, un concejal del PLC tomó la palabra para afirmar que el PLC estaba a favor del pluralismo político pero no de la proporcionalidad política. Al oirlo, los 13 concejales del FSLN se retiraron de la sesión. Los siguieron los 8 concejales de YATAMA, no sin antes calificar de "totalmente humillante" la oferta del PLC de "darle" a uno de ellos el cargo de segundo vocal, totalmente irrelevante en la Junta Directiva del Consejo.

Todo esto sucedió ante la sonrisa complaciente de Arnoldo Alemán, que había trasladado su despacho a la RAAN en esos días donde le sorprendió la dimensión alcanzada por el narcoescándalo y que decidió pasar toda la mañana contemplando la sesión en absoluto silencio. Finalmente, la Junta quedó íntegramente en manos del PLC.

En la RAAS, los concejales del PLC parecían más los miembros de un equipo deportivo que los de un partido. Todos lucían una camisa idéntica de color castaño. "El PLC ya no es rojo sin mancha, sino rojo quemado", comentaban burlescos algunos. Sin vacilar ni debatir, los concejales eligieron para integrar la Junta Directiva a 5 "quemados" y a 2 de YATAMA. Se desconoce qué pueden haber recibido los siete concejales del PIM por apoyar a los liberales.

¿La última oportunidad?


Tanto en la RAAN como en la RAAS tan importante evento político tuvo características de espectáculo, tal como sucedió en 1994 en ocasión similar. Pero los actores habían intercambiado sus guiones: en 1994 fue el PLC, no el FSLN, el que se retiró en la RAAN al no recibir el número de escaños que creía merecer. Y en 1994, en la RAAS, el FSLN prefirió no avalar la aplanadora del PLC con su presencia, mientras que este año no se retiró ni se abstuvo. Este año, los concejales de YATAMA en la RAAS se dividieron, mientras que en la RAAN mantuvieron su dignidad y su unidad, quizás por influencia del Consejo de Ancianos.

La excepción a tanta falta de seriedad en la ceremonia de la RAAS fue el discurso del diputado sandinista William Schwartz. En medio de las votaciones, pidió la palabra para apelar al corazón costeño de los concejales, advirtiéndoles que no le debían dejar "manos libres" al gobierno central de Arnoldo Alemán. Según el artículo 181 de la Constitución recordó , el gobierno central tendrá que discutir con los gobiernos autónomos varias leyes trascendentales para la Costa: la ley forestal, la de minas, la de pesca, así como una nueva ley de hidrocarburos. "Solamente un Consejo Regional independiente que tenga criterios logrará negociar bien esto. ¡Después no reclamen, después no digan por qué ganó la aplanadora del PLC!" Pero nadie quiso escucharle y la aplanadora del PLC logró su cometido: total control de los gobiernos regionales.

William Schwartz terminó su discurso diciendo: "Cualquier pueblo indígena de América Latina quisiera tener una ley de autonomía como la nuestra, aún con todos sus vacíos y con todos sus problemas." Aunque es cierto que existe mucha decepción en la Costa porque esta ley, por falta de reglamentación, no es un instrumento adecuado para garantizar la autonomía, tan cierto es que ninguno de los dos gobiernos autónomos ha hecho el esfuerzo de tratar de unir a todos sus miembros para sacarle creativamente todas sus posibilidades a la ley para negociar a favor de los intereses costeños con el gobierno central. Ahora se puede haber perdido la última oportunidad, pues al PLC le falta muy poco para contar con el 60% de los votos que necesita en cada Consejo Regional para reformar totalmente el Estatuto de Autonomía. Si lo hace, la Costa Atlántica reserva de los recursos naturales del país y convertida ya en un paraíso de la droga entrará de lleno a ser pieza clave de "el sistema". ¿Habrá salida?

El "día después" de Ginebra

Es en este contexto en el que el gobierno ha concluido el trazado de su política económica, en la implementación de la cual centran algunos sus esperanzas de hallar "una salida". "Respaldo total de la comunidad internacional": así calificó el gobierno los tres actos de la gestión que desarrolló entre marzo y abril ante las poderosas instituciones que controlan hoy el rumbo de la economía mundial. Primer acto: la firma en Washington con el FMI de un acuerdo de ajuste estructural, que debe concluir en el mes de marzo del año 2001. Segundo acto: el compromiso asumido por la comunidad internacional reunida en Ginebra de entregar fondos externos para el desarrollo de Nicaragua durante los próximos tres años. Tercer acto: la renegociación con el Club de París de la deuda externa bilateral que Nicaragua mantiene con estos países. Mientras el gobierno celebra estos tres éxitos y fuera del gobierno predomina la expectativa, algunos, muy optimistas, hablan de un "antes" y de un "después" de Ginebra.

Volver al campo: una revolución

A la reunión en Ginebra, a la que asistieron representantes de 40 países e instituciones donantes y cooperantes, el gobierno de Nicaragua acudió con cinco documentos que diseñan la estrategia de largo plazo del país. Los documentos destacaron por su consistencia técnica y su lucidez sociopolítica, especialmente los relativos a los proyectos de modernización del sector rural elaborados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El MAG logró delinear con tanta coherencia el retorno del país al campo, a la agricultura y al hogar rural que, de irse cumpliendo las metas de sus proyectos, Nicaragua asistiría en los próximos años a una auténtica revolución económica, social y también cultural.

Después de tan sonados fracasos de las políticas neoliberales en los países latinoamericanos que han marginado cada vez más a los campesinos, superpoblando las ciudades de trabajadores informales, improductivos y cuasi indigentes , la propuesta de modernización rural de los nicaragüenses parece haber seducido a los representantes de la comunidad internacional, siempre ansiosos por encontrar nuevos enfoques, modelos originales, propuestas viables que resulten alternativas a la avasallante ola globalizadora. Los fondos comprometidos en Ginebra para proyectos a desarrollarse en Nicaragua irán destinados fundamentalmente a las áreas rurales.

Una montaña de preguntas

Penden sobre el futuro de los proyectos presentados por el MAG todo tipo de preguntas de carácter técnico y también de carácter político. Y todas están abiertas. ¿Habrá capacidad eficiencia, agilidad, realismo para responder día a día a tan ambiciosos diseños, que tendrán resultados sólo a largo plazo? ¿Cómo se relacionará con el MAG, responsable de la ejecución de estos proyectos, el resto del aparato gubernamental, tan falto de un proyecto verdaderamente nacional, tan carcomido por los intereses personales y partidarios? ¿En la ejecución de estos proyectos se favorecerá la transparencia y una relación respetuosa y pluralistamente democrática con la sociedad civil organizada que trabaja en las áreas rurales? ¿Utilizarán los políticos gubernamentales los cuantiosos fondos internacionales destinados a estos proyectos en función de garantizarle bases y votos al PLC alemanista, de tal manera que el retorno a la agricultura termine siendo el retorno al más burdo clientelismo partidista?

¿Usó el gobierno el coherente proyecto del MAG en Ginebra solamente como "carta de presentación" ante la comunidad internacional? ¿Qué grado de organicidad existe entre la política rural que propone el MAG y el resto de las políticas gubernamentales? ¿O más exactamente entre este estratégico proyecto de alcance nacional y la práctica de los grupos económicos en pugna que dominan las altas y medianas esferas gubernamentales? Tal como van las cosas, son todas éstas dudas razonables. Y hay muchas más. Sin embargo, los más optimistas aun compartiendo estas dudas creen que la solidez técnica del ambicioso proyecto rural presentado por el MAG a la comunidad internacional y el carácter y la cuantía de los fondos comprometidos permiten esperar a "el día después" de Ginebra.

¿Reelección con populismo?

El amplio respaldo internacional a la gestión económica gubernamental podría ir creando en los próximos años condiciones favorables para una eventual reelección del Presidente Alemán. Algo similar es lo que sucedió en Perú y Argentina. Fujimori y Menem lograron eliminar los impedimentos constitucionales para su reelección a la Presidencia al reeditar el tradicional populismo caudillista latinoamericano aprovechando muy hábilmente las oportunidades que les daba el marco de la política macroeconómica neoliberal. Una utilización eficazmente orientada con fines políticos de los fondos de compensación social otorgados en el marco de los programas de ajuste estructural ha sido la principal sustentación de la clientela política de estos dos nuevos caudillos latinoamericanos. ¿Podrá Alemán, a partir de ahora, desarrollar su propia versión populista, aquella con la que llegó al poder?

La realidad es que su primer año y medio de gestión ha demostrado claramente que su prioridad no es al menos por ahora crear y consolidar una clientela política de base popular. Le interesa, sobre todo, favorecer que su grupo económico acumule aceleradamente la mayor cantidad posible de capital. Sobre esa acumulación más que sobre el populismo benefactor descansa su proyecto de continuismo en el poder.

La cascada de casos de corrupción tráfico de influencias, falta de transparencia, conflictos de intereses en que se ven involucradas a diario las instituciones del gobierno y tantos funcionarios gubernamentales ha evidenciado palpablemente que la desenfrenada carrera en la que está absorto Alemán y su grupo es la indiscutible prioridad. Acumular poder económico utilizando todos los espacios estatales: ése es el proyecto. Lo demás ya vendrá después y por añadidura.

Lo que aún queda por privatizar

Uno de los centros de la estrategia de acumulación de los alemanistas está en sacar el mayor jugo posible a las políticas neoliberales de privatización de los bienes estatales para garantizarse las máximas cuotas en la asignación de contratos de venta de servicios y en la adquisición de las empresas públicas aún no privatizadas.

En abril, el negocio hecho por la empresa estatal de electricidad ENEL con una empresa estadounidense guatemalteca en la que participan socios cercanos al Presidente fue una nueva muestra de la confusión Estado Empresa y constituyó un auténtico escándalo. La Contraloría logró ponerle un freno al abuso, aunque no se sabe cuán duradero podrá ser este freno. A la par de este escándalo aparecían declaraciones del propio Vicepresidente de la República responsable de un proyecto de Transparencia en el Estado en las que se ufanaba, desconociendo las leyes, de que él personalmente estaba vendiendo "con éxito" la empresa geotérmica. En el tortuoso proceso de negociaciones para la privatización de la empresa de telecomunicaciones nacional la más rentable del país escándalos aún mayores parecen esperar su turno para hacer su entrada en un escenario desolador de irrespeto a las leyes y a la ciudadanía en el que resulta cada vez más difícil imaginar la salida.

La ayuda internacional resentida

A la hora de los aplausos por el respaldo internacional a la política económica gubernamental, no puede dejar de recordarse que fueron los poco transparentes manejos del gobierno liberal durante más de un año la causa del lento desembolso de los fondos de la cooperación internacional para proyectos de desarrollo económico y social.

Durante su primer año de gestión, el Presidente Alemán barrió con los técnicos encargados de ejecutar estos proyectos, profesionales que habían sido capacitados con fondos facilitados por la propia cooperación internacional, que buscaba eficiencia y cualificación. Los resultados de la política de sustitución de técnicos por funcionarios liberales leales políticamente y no siempre aptos profesionalmente han sido desastrosos y no se subsanarán en el corto plazo.

Según cifras del Ministerio de Cooperación Externa, la ejecución de fondos provenientes de la ayuda externa descendió de 413 millones de dólares en 1996 último año del gobierno Chamorro a sólo 288 millones de dólares en 1997, primer año del gobierno liberal. Y esto, a pesar de que la disponibilidad de fondos autorizados para desembolsarse era algo superior a los 413 millones. Esto significa que en 1997, Nicaragua dejó sin utilizar 132 millones de dólares que tenía disponibles para su desarrollo económico y social por la desacertada y partidarizada gestión del gobierno de Arnoldo Alemán. No debe olvidarse que, ahora, estos fondos no ejecutados han pasado a formar parte del financiamiento para proyectos de desarrollo que el Grupo Consultivo prometió a Nicaragua en Ginebra. Esta realidad debe moderar cualquier aplauso triunfalista: implica que aproximadamente la mitad de los recursos externos que llegarán a Nicaragua en 1998 son fondos ya acordados y conseguidos por el gobierno de Violeta Chamorro.

Con control y con seguimiento

El respaldo financiero que el Grupo Consultivo dio en Ginebra al gobierno liberal tiene dos diferencias claves en relación al respaldo que estos mismos países y organismos multilaterales dieron al gobierno Chamorro. La primera diferencia está en la manera en que se va a controlar el uso de toda esta ayuda externa. El Grupo Consultivo condicionó su apoyo financiero a la participación directa de la Contraloría General de la República y de la sociedad civil organizada en la supervisión de la correcta utilización de los recursos externos, exigiendo al gobierno que asigne una partida adicional del presupuesto nacional a la Contraloría para que pueda realizar una supervisión efectiva del uso que se le dará al paquete acordado en Ginebra.

El gobierno se ha visto también forzado a crear una Comisión de Seguimiento del uso de los fondos, que estará compuesta por tres ministros MAG, Cooperación Externa y Banco Central y por tres miembros del sector privado y de la sociedad civil. Pero, buscando como eludir una participación crítica e independiente de los organimos de la sociedad civil que no le son afines, el gobierno anunció que será COPROSA organismo no gubernamental del Arzobispado de Managua quien asumirá la representación de todas las ONGs del país en la Comisión de Seguimiento. Los dos representantes del sector privado serán el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), de conocida filiación alemanista, y un representante de la pequeña y mediana empresa, aún no designado.

Resulta preocupante que en esta Comisión no estén representados los pequeños y medianos productores agropecuarios, a pesar de que son los proyectos de desarrollo rural la parte medular de la estrategia presentada por el gobierno y los principales destinatarios del programa de financiamiento externo. El gobierno busca a toda costa evitar la participación de la UNAG, por los mismos motivos por los que excluyó a la Asociación de ONGs de Nicaragua.

El gobierno liberal confiaría en que la cooperación internacional aceptará la composición nada pluralista de la Comisión de Seguimiento y que desembolsará los fondos en dependencia no tanto del control pluralista que haya sobre ellos sino del mejoramiento de la capacidad técnica de diseño y administración de los proyectos. Y es aquí donde el gobierno deposita toda su confianza en la capacidad y profesionalismo de los funcionarios del MAG.

En agenda, pero sin mimos

La segunda diferencia clave entre el apoyo otorgado por el Grupo Consultivo al gobierno Chamorro y el apoyo prometido al gobierno liberal reside en la composición y el tipo de fuentes de financiamiento del paquete de ayuda externa acordado con ambos gobiernos.
El paquete prometido al gobierno liberal tiene una proporción menor de financiamiento en divisas líquidas y una proporción mayor de recursos que llegarán al país atados al desarrollo de proyectos específicos. En el paquete de Ginebra, la cooperación bilateral y las donaciones se reducen, mientras que se incrementan los préstamos provenientes de los organismos multilaterales. Estas variaciones indican que, aunque el gobierno liberal logró mantener a Nicaragua en la agenda de la cooperación internacional, el tratamiento excepcional con el que nuestro país fue mimado por la cooperación ésta va llegando a su fin y el perfil de la ayuda externa que recibe es cada vez más semejante al de la mayoría del resto de países pobres.

La disminución en el flujo de divisas líquidas provenientes de la cooperación hará que el gobierno liberal continúe teniendo dificultades para financiar la factura de importaciones y en consecuencia, para mantener la precaria estabilidad macroeconómica que se ha logrado. Los ingresos por exportaciones de Nicaragua apenas alcanzan a cubrir dos tercios de sus importaciones. Así, la brecha comercial del país (egresos por importaciones ingresos por exportaciones) es de unos 500 millones de dólares anuales. Para cerrar esta brecha, el gobierno sólo dispone de 200 millones de dólares anuales.

¿Perdón de la deuda?

El tercer éxito logrado por el gobierno de Arnoldo Alemán tiene que ver con la insoportable deuda externa que pesa sobre Nicaragua. Las negociaciones del gobierno con el Club de París le permitieron reducir sustancialmente el monto de los intereses de la deuda bilateral con los países del Club, aunque no los intereses que Nicaragua deberá seguir pagando por su deuda multilateral, la contraída con las instituciones internacionales de crédito.

El monto total de los intereses anuales que paga Nicaragua es de 270 millones de dólares. De ellos, 70 millones por la deuda bilateral con los países del Club y 200 por la deuda multilateral. El Club de París acordó reducirle a Nicaragua el pago de los intereses de la deuda bilateral a sólo 3.5 millones de dólares anuales mientras dure el ESAF, lo que representa un gran alivio. Pero Nicaragua tendrá que seguir pagando 200 millones anuales a la banca multilateral, lo que significa que en los próximos tres años el gobierno deberá destinar tres cuartas partes de los 800 millones de dólares en divisas líquidas que se le han prometido en Ginebra para pagar los intereses de la deuda y solamente le quedarán disponibles 200 millones para financiar la amplia brecha comercial.

Ahora le falta al gobierno un último acto en sus negociaciones con los poderes de la economía internacional. En el horizonte aparece la prometida condonación masiva de toda la deuda externa, intereses y principal. La reducción del pago de los intereses de la deuda multilateral será considerada sólo hasta el año 2001, cuando finalice la ejecución del ESAF acordado con el FMI, y siempre y cuando Nicaragua cumpla satisfactoriamente con todos los objetivos y metas trazados en el ESAF.

Si cumple, Nicaragua quedaría incluida en la llamada por sus siglas en inglés HIPC, la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados. Pero tampoco en este terreno cabe el optimismo fácil. Hasta ahora, ningún país pobre del mundo ha podido beneficiarse de esta iniciativa internacional por las complejas dificultades institucionales y financieras que existen aún para ponerla en práctica. El Fondo Monetario Internacional se ha opuesto tenazmente a financiar con sus propios recursos la Iniciativa porque considera que viola los principios financieros que rigen sus operaciones. Y los fondos aportados por el Banco Mundial y por los países industrializados para la HIPC no son suficientes para responder eficazmente a la magnitud del problema de la deuda de los países pobres.

¿Habrá salida?

Por todos los caminos que van a Ginebra y de Ginebra vienen no abundan las razones para el triunfalismo ni para el optimismo. Se impone un realismo humilde. Desde la sociedad civil y desde la oposición no surge aún una repuesta coherentemente crítica y alternativa a la política económica del gobierno. Ni tampoco una expresión de "basta ya" a los desmanes del gobierno, ahora abiertamente revelados en el flanco del narcotráfico. La sociedad civil es aún muy débil, su organización es incipiente, sus liderazgos y potenciales bases están aún muy dispersas. Le falta mucha práctica, mucho aprendizaje.

La dirigencia del FSLN, enredada en sus propios negocios, absorta también en la acumulación de capital, llegó, inexplicablemente, a autoexcluirse de las negociaciones con el Grupo Consultivo en Ginebra, argumentando que no quería ser cómplice de la gestión gubernamental y acusando a los países de la comunidad internacional de prestarse a los juegos políticos del gobierno liberal. Esta decisión ha quitado espacios al FSLN y le ha restado influencias entre la cooperación internacional, a la vez que ha disminuido su capacidad de informar y convocar a las distintas organizaciones gremiales que podrían presionar por cambios en la política social y económica del gobierno.
Tampoco tiene moral la dirigencia del FSLN para enfrentar las recurrentes inmoralidades gubernamentales ni para convocar a las fuerzas honestas y dispersas de la nación ni siquiera a las del sandinismo para convertir el último escándalo en una oportunidad que abra caminos a alternativas éticas y políticas consistentes. Estamos tocando el fondo, pareciera que ya lo hemos tocado. ¿Habrá salida?

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