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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 301 | Abril 2007
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Nicaragua

Lo que el Mitch nos dejó ¿Listos para otro desastre?

El huracán Mitch se llevó mucho y nos dejó mucho: leyes, experiencia, organización, ayudas, tecnología... A los nueve años de aquellos lutos, persiste la politización de las instituciones, la impunidad de los depredadores, la dependencia financiera, los vigores dispersos. Con estos avances y con tantas limitaciones, ¿estamos preparados para el próximo desastre?

José Luis Rocha

Han transcurrido nueve años desde que el huracán Mitch dejó postrada a Nicaragua. Desde entonces, mucho más que antes, la comunidad internacional que colabora con Centroamérica viene prestando progresiva atención al impacto y recurrencia de los desastres naturales. Términos como vulnerabilidad, manejo del riesgo, prevención, preparación y mitigación de desastres, y otros relacionados al complejo de las fuerzas naturales o socio-naturales que actúan de forma devastadora, son cada vez más frecuentes en los debates y en las medidas que gobiernos y diversas instituciones están aplicando. En esa babel de nuevos conceptos, falta sistematización de las experiencias y ponderación de hasta qué punto están extendidas. Incluso, falta el fomento de un mayor grado de conciencia de la importancia que este tema ha adquirido.

EL HURACÁN DE PAPELES
Y LAS PIEDRAS DE LAS BUENAS INTENCIONES

Tras el huracán de lluvia vino un huracán de papeles, soporte de esas buenas intenciones de las que el infierno está empedrado. Pasaremos revista a ese huracán de papeles y a las piedras de sus buenas intenciones, sin esquivar el borde afilado de la evolución histórica y los conflictos sociopolíticos que, más allá de los espumarajos retórico-técnicos plagados de GPS y barómetros -desde luego, muy necesarios, pero también instrumentos de la segregación tecnológica-, muestran la forma de organizarse de una sociedad frente a los desas¬tres y su capacidad social para entenderlos, definirlos y enfrentarlos.

Mostraré esa evolución, sus conflictos, logros y deficiencias basándome en el huracán de papeles y en las entrevistas a 35 funcionarios de diversas instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de la cooperación externa, entre las que destacan la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención de Desastres (SE-SINAPRED), Defensa Civil, Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), Oxfam Bélgica, Oxfam Gran Bretaña, Intermón Oxfam, Christian Aid, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (IPADE), Visión Mundial, Centro de Investigaciones Geocientíficas (CIGEO/UNAN), Centro Humboldt, Agencia Suiza para el Desarrollo/COSUDE, Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA), Acción Médica Cristiana, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Red de Mujeres contra la Violencia, Coordinadora Civil e Iglesia Luterana.



LA LEY 337 CORRIGE LA LEY DE SOMOZA

Todos los entrevistados reconocen el notorio avance que supuso la Ley 337, aprobada veinte meses después del Mitch para crear el sistema nacional para la prevención, mitigación y atención a desastres. Pero muchos de ellos no sabían que previamente ya existía una ley referida a la atención de desastres: la ley de Defensa Civil de 1976, aprobada cuatro años después del terremoto que destruyó Managua en vísperas de la Navidad de 1972, una catástrofe que los nicaragüenses consideran el desastre natural por antonomasia y el que fue para el dictador Anastasio Somoza, según sus propias palabras, “la revolución de las oportunidades”.

Los principales cambios entre ambas leyes se encuentran expresados de manera muy sintética en el cuadro de esta página. Entre una y otra ley se transita de una concepción “emergencista”, donde los desastres son “siniestros” inesperados, a una concepción de prevención donde la conciencia de las causas socio-naturales incluye poner atención a los modelos de desarrollo, la vulnerabilidad, el manejo del medio ambiente y la infraestructura, el equipo y actividades de prevención.

Como toda ley, la 337 es una mezcla de concesiones, condicionamientos estructurales y opciones coyunturales. Expresa cierto espíritu de los tiempos plasmado en temas clave de la agenda de la cooperación internacional: coordinación, descentralización, participación ciudadana, vulnerabilidad, entre otros. Por efecto de una globalización de las visiones -en parte por formación académica, en parte porque la remesa financiera de la cooperación viene en un paquete que incluye concepciones-, la ley hace eco de esos estribillos. La ley también expresa una correlación de fuerzas, según quién gana y quién pierde poder. Y sirve para otros fines que los confesados. La reubicación del ejército y la manera de tratar la participación de las ONG son la mejor muestra de cómo la ley fue coyunturalmente instrumentalizada para fines no consensuados y altamente conflictivos.

¿ADIÓS A LOS MILITARES?

La Ley 337 derogó la vetusta ley de Defensa Civil, que había puesto en manos de la Guardia Nacional la atención a los desastres. En sus 24 años de vida, a esa ley no se le hicieron sustanciales modificaciones que mitigaran su militarismo. Muy al contrario, apenas tres días antes de perder las elecciones en 1990, el FSLN aprobó la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa de la República de Nicaragua (Ley 490) cuyo artículo 6 puso bajo la égida del Ministerio de Defensa al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y al Estado Mayor Nacional de Defensa Civil. El artículo 10 de esa ley dice que es atribución del Ministro de Defensa dictar, en coordinación con la Comandancia General del Ejército Popular Sandinista (EPS), las políticas sobre la organización de la Defensa Civil.

La militarización de la atención de los desastres disminuyó vertiginosamente a partir de 1990. La voluntad del gobierno estadounidense de desmantelar el Ejército y la Policía sandinistas cristalizó tempranamente en una abrupta reducción de ambos cuerpos. En enero de 1990 había 80 mil efectivos en el EPS. En los primeros meses de ese año, el ejército se redujo a 41 mil miembros. En menos de un lustro la reducción fue del 86%, con una tasa anual de 21.5%.

La reducción del ejército nicaragüense no tiene precedentes en la historia militar contemporánea, sobre todo si se toma nota de que ese ejército no perdió la guerra. El fantasma de la Guerra Fría que ha obsesionado a la administración Bush junior, complementado con su reedición de las cruzadas anti-musulmanas, supuso una continuidad -silenciosa- de la contracción del ejército nicaragüense. El año 2007 encontró al cuerpo militar nicaragüense con 9 mil 500 efectivos repartidos entre oficiales, sub-oficiales, clases y soldados. Varios miles menos que al inicio de la administración de Bolaños.

No obstante su deuda con el ejército -cimiento de un mínimo de estabilidad para su frágil gestión gubernamental y ayuda para complacer a Bush enviando un contingente de tropas a Irak-, durante su administración (2002-2006) Bolaños continuó reduciendo la institución. Sin olvidar que fue Bolaños uno de los máximos abanderados de la supresión total del Ejército y que tras el huracán Mitch, siendo Vicepresidente de Alemán, mientras el ejército se lucía en las faenas de rescate, propuso nuevamente abolirlo, afirmando que los militares sólo servían para matar y no debían participar en momentos de desastre.

El interés corporativo de sobrevivir y no ser afectado por las reducciones ha hecho que el ejército busque legitimarse no únicamente como “defensor de la soberanía nacional”, cometido que sólo le reditúa cuando el imaginario popular lo percibe como guardián del río San Juan. Algunos han sostenido que intentó infructuosamente arrebatarle terreno a la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico, pretendiendo convertirse en el socio nacional de la DEA. Y ha ganado justas credenciales en resolución de conflictos, defensa del medio ambiente, prevención y atención a desastres y hasta en educación sexual, áreas en las que ha contado con el respaldo financiero de proyectos de la comunidad internacional. En el año 2007 el ejército recibirá más de 11 millones de córdobas para gestión de riesgo y equipamiento provenientes de ACSUR Las Segovias, Save the Children, CARE Internacional, el gobierno de Dinamarca y la Confederación de Obreros y Samaritanos de Alemania.

En el polo opuesto de esta estrategia está el interés político de los gobiernos post-sandinistas de complacer al gobierno estadounidense en sus deseos de reducir a su mínima expresión a un ejército de origen sandinista. En la tensión de ambos polos se juega la reducción de desastres y aparece la ley como un elemento presuntamente aséptico en este proceso. La ley supone un salto del emergencismo a la prevención, reduce el militarismo en la atención a los desastres e involucra a diversas instancias dependientes del poder civil. Pero, al arrebatarle al ejército un espacio de legitimación, la ley no es neutral en el proceso de deshidratación del ejército iniciado en 1990. Y esa presencia de fines no confesados -o de duplicidad de objetivos- puede tener consecuencias.

La atención a desastres ha descansado durante más de veinte años en la pericia y en el amplio tendido organizacional del ejército. Se demostró durante el Mitch: en los poblados con alta operatividad militar, como Wiwilí, no hubo un solo muerto, pese al devastador efecto que sobre la infraestructura tuvo el crecimiento del río Coco. La ley contiene un reconocimiento a la función hasta ahora desempeñada por el ejército con la creación del Centro de Operaciones de Desastres (CODE), colocado bajo el paraguas de la Defensa Civil. Pero no está tan claro con cuánta propiedad -dada la escasez de recursos humanos y financieros- podrá asumir la nueva instancia las funciones que le fueron asignadas.

Al margen de la posición militarista o anti-militarista, cabe preguntarse: ¿Qué ocurrirá en próximos desastres con unas fuerzas militares reducidas y ninguna instancia igualmente beligerante que compense la que ya existía? Las BRIMUR serían el sustituto idóneo. Pero mientras dependan casi enteramente de las escuálidas finanzas municipales y mientras se tambaleen con los bandazos de los cambios de administración, seguirán en pañales o serán inexistentes.

LA LEY Y EL CONFLICTO ALEMÁN VS. ONG

La participación de las ONG en los desastres es un tema tratado de manera deliberadamente ambigua en la Ley 337. Es éste otro de los injertos instrumentalizadores de la ley. En la forma de ser abordada la relación ONG-Estado podemos leer el aporte específico de la administración Alemán y el reflejo de una coyuntura especial: un intento de revertir la correlación de fuerza por la fuerza de la pura coerción, y no de los buenos argumentos.

A fines de 1998, tras el paso del huracán Mitch, una abultada porción de la ayuda externa fue canalizada a través de las ONG. La competencia Alemán vs. ONG empezó temprano. De acuerdo con las cifras del desaparecido Ministerio de Cooperación Externa, al finalizar diciembre 98, a sólo dos meses del huracán, Nicaragua había recibido 20.4 millones de dólares. De ellos, 11.2 fueron canalizados a través de entidades de la sociedad civil y únicamente 9.2 a través del gobierno. Todo ello pese al denodado intento del gobierno de Alemán de acaparar la ayuda y de presentar como contrapartes idóneas de la sociedad civil a ciertas parroquias de la iglesia católica. Para entonces, muchos medios de comunicación y las ONG con funcionarios de raíces sandinistas habían sido tenaces zapadores de la legitimidad del gobierno denunciando sus actos de corrupción. Alemán les había declarado la guerra.

Tras el Mitch, un PLC con mayoría aplastante en la Asamblea Nacional fue clave para multiplicar las ONG alemanistas -después con el pacto PLC-FSLN, se multiplicaron las ONG danielistas-, estratagema para expandir espacios en la sociedad civil, captar fondos de la cooperación y canalizar recursos del presupuesto estatal hacia fundaciones y asociaciones con nombres tan peregrinos como sus propósitos: Asociación de Damas Estelianas Residentes en Managua, Asociación contra la Impotencia Masculina, Soldados de Jesucristo, etc.

De ahí que la ley 337 incluya a las ONG, pero convocándolas en calidad de asesoras (artículo 11). Había que limitar su protagonismo. Y había que mantener la posibilidad de seleccionar a las de afinidad ideológica. Por eso a los Comités de atención a desastres de los municipios sólo podrán integrarse las ONG a solicitud del Alcalde respectivo (artículo 20). Y por eso el Comité Nacional, conformado exclusivamente por organismos del gabinete de gobierno, genera los procedimientos e instrumentos para el control y la distribución de la ayuda internacional y define qué ONG estima conveniente incorporar a las Comisiones de Trabajo Sectoriales (artículo 12 del reglamento). Únicamente la Cruz Roja podrá ser incorporada de manera permanente a los Comités territoriales sin pasar por filtros burocráticos. El segundo escalón lo ocupan las iglesias, con derecho a ser incorporadas en situaciones de alerta, desastres y planificación. El resto forma una nebulosa que, para integrarse a los Comités, deberá presentar solicitudes, escritura de constitución, estatutos autenticados por notario, certificado del Ministerio de Gobernación y copia de los proyectos de gestión de desastres que esté desarrollando en el territorio (artículo 15 del reglamento).

La ley no toma en consideración que muchas ONG que trabajan en gestión de riesgos están articuladas en redes que podrían acreditarlas -opción posible y teóricamente oportuna, aunque erizada de problemas, como veremos- evitando engorrosos trámites burocráticos, por lo demás superfluos para el caso de ONG con larga trayectoria en atención a desastres.

LAS ONG PROPONEN REFORMAS

El gobierno de Enrique Bolaños quiso marcar una diferencia en esto con el de su predecesor Alemán. En la relación gobierno-ONGs, el Secretario del SINAPRED dio un giro de 180 grados plasmado en el reglamento de las Comisiones sectoriales: Facilitar el acceso rápido de las Organizaciones de la Sociedad Civil a las víctimas de los desastres. En particular, los organismos pertinentes deberán facilitar la rápida entrada del personal de socorro, excepcionando y simplificando los requisitos de obtención de visados de tránsito, ingreso y salida. Pasamos así de la suspicacia y concesión selectiva de espacios a un trato preferencial en situación de emergencia. Sin embargo, este avance aparece en un reglamento emitido por un funcionario de gobierno y no por la Asamblea Nacional. Tiene, por tanto, menor rango. La ley sigue incólume, con su sesgo instrumentalizador, donde el poder barniza de juridicidad una lucha plagada de revanchismo.

Con este trasfondo, la Mesa Nacional para la gestión de Riesgos, una de la redes de la sociedad civil, presentó una propuesta de reformas y modificaciones a la ley 337. La propuesta es extraordinariamente minuciosa y sólo reseñamos escuetamente sus giros más significativos. A confesión de parte, la propuesta busca la transformación de la visión emergencista a una perspectiva de manejo de riesgos por medio de instrumentos de desarrollo, con la activa participación ciudadana. Contiene matices que reflejan la brecha entre la concepción del Estado que tienen políticos y tecnócratas con la que tiene un sector de la sociedad civil. Son matices con una carga potencial en la visión del papel del Estado. Se aprecia esto en el giro que va de la búsqueda del orden hacia la búsqueda del bienestar social: donde se leía que el SINAPRED cuida de la seguridad ciudadana y de los bienes de ésta y del Estado, la reforma dice: cuida la seguridad de la población, los bienes de ésta y del Estado.

Lo mismo ocurre con el giro anti-neoliberal. La reforma enfatiza que el Estado es el responsable primordial: Las actividades relacionadas con la prevención y mitigación por parte de las instituciones públicas son un deber social y un compromiso nacional y es responsabilidad del Estado garantizar su funcionamiento y ejecución. Las actividades de orden privado deben ser apoyadas por el Estado.Donde la ley 337 menciona que los gobiernos locales contarán con el apoyo económico, técnico y humano, la propuesta sostiene que deberán contar con ese apoyo. Donde la ley 337 simplemente involucra a la población, la reforma lo hace como elemento fundamental en las actividades de las diferentes entidades públicas y privadas.

La propuesta añade principios importantes que evidencian enormes vacíos de la ley y opciones de cierto sector de la sociedad civil. Entre ellos destaca el principio del enfoque como nación que supone el reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural del país, basado en la Ley de Autonomía de la Costa del Caribe. Por eso pide la inclusión de los gobernadores de las regiones autónomas en el Comité Nacional. También pide una opción especial para los grupos y zonas más vulnerables, la oportunidad de que la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED involucre organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema, el establecimiento de normativas relacionadas a la información oficial sin menoscabo de la libertad de prensa, políticas inspiradas en compromisos internacionales, orientación de más esfuerzos y recursos del Estado hacia las labores de prevención y mitigación, el carácter público -especialmente en situaciones de emergencia- de la información relativa a la gestión de riesgos, asegurar la sostenibilidad de las estructuras locales y del equipamiento para la respuesta, reglamentar la transferencia de recursos a los municipios en el Plan Nacional de Riesgos, investigación aplicada y considerar a los gobiernos regionales y locales como co-responsables -no responsables a secas- primarios de las actividades de gestión de desastres en su ámbito territorial.

Además de estos añadidos de tono más bien programático, referidos a grandes principios y opciones, se insertan algunas propuestas que pueden ser asociadas a la redistribución de cuotas de poder. La lucha continúa: la ley propugna la previsión de los daños mediante un proceso sostenido que reduzca la vulnerabilidad y que esté orientado por las regulaciones de ordenamiento territorial establecidas por el INETER. La reforma mantiene esa función del SINAPRED, pero suprime la mención del INETER y no especifica en manos de quién quedan. Lo cual resulta curioso y significativo, considerando que la versión final de la reforma fue formulada por el Centro Humboldt, cuyos directivos fueron funcionarios del INETER en los años 80.

Más significativo y diáfano es el hecho de que la reforma introduzca un nuevo y extenso artículo para detallar las funciones del Centro de Operaciones de Desastres (CODE), cuya adscripción al Ministerio de Defensa se ratifica de forma enfática. El artículo es una reivindicación del papel del ejército al conferirle la coordinación de las instituciones del SINAPRED en situaciones de alerta o desastre, en la planificación y ejecución de capacitaciones y en la realización de simulacros periódicos. Además, lo propone como coordinador de las instituciones que integran la comisión de trabajo sectorial de operaciones especiales y lo sitúa a la par de la Secretaría Ejecutiva en el rol de facilitador de la comunicación entre las entidades del SINAPRED en una situación de emergencia o desastre.

Estas reasignaciones podrían tener una motivación política. Mientras en el INETER van colocándose los políticos y tecnócratas que asigna el gobierno de turno, en el ejército permanecen los mandos de origen sandinista, con quienes el sector de la sociedad civil que propuso la reforma mantiene afinidad ideológica, colaboración en el terreno, vínculos personales y financiadores en común. ¿Mal síntoma? ¿Justa reivindicación? En todo caso, un elemento que todos los involucrados en este drama deben tener presente -para que no se torne tragedia o comedia- porque define unas reglas del juego que van más allá de las que tuvieron cristalización jurídica explícita.

La reforma no se ha efectuado. Permanece como un reto y tiene el peso de expresar una posición y una serie de recomendaciones de innegable valor. Aun cuando la propuesta brotó de una consulta, urge que otros sectores de la sociedad civil se pronuncien, avalen, amplíen y reformen la Ley. Y también las reformas.

EN LA “DÉCADA DEL MUNICIPALISMO”

Tras el Mitch, la llamada “hora del municipalismo” alcanzó el rango de cliché. Hasta antes del huracán, la descentralización era poco más que una verborrea con aroma de aire acondicionado y textura de papel satinado. Durante las labores de rehabilitación post-Mitch, muchos funcionarios de las alcaldías mostraron un vigor inusitado, dotes gerenciales y la entrega al bien colectivo que debería caracterizar a todo funcionario público.

Estas virtudes fueron rápidamente reconocidas y potenciadas por organismos multilaterales, como el PNUD, que empezó a canalizar gran parte de la ayuda a través de los gobiernos locales. Para ser justos, hay que reconocer que el nivel de desprestigio que ya había alcanzado la administración Alemán también dio su empujón, desplazando fondos del nivel central hacia los gobiernos locales. Los cooperantes migraron en busca de administraciones más honestas, reducción de costos y funcionarios con los pies sobre la tierra.
Este boom tuvo un efecto en cadena que en julio de 2003, venciendo muchas resistencias, se tradujo en la ley que asigna el 4% de los ingresos tributarios a las alcaldías a partir de 2004, partida que se incrementará en 0.5% anualmente hasta alcanza como mínimo el diez por ciento en 2010, siempre y cuando el PIB haya crecido en al menos 1%.

No se trata de un obsequio incondicional. El monto de la transferencia a cada municipio depende del cumplimiento de ciertos indicadores, que a veces ponen en aprietos a las autoridades municipales. Porque, ¿cómo pueden los recaudadores del impuesto sobre bienes inmuebles de Mulukukú elevar las recaudaciones si para ello tendrán que enfrentarse a ganaderos armados? En ocasiones, la alcaldía de Mulukukú se ha visto obligada a cerrar operaciones por carencia de financiamiento.

Los diseñadores de los indicadores desconocen los mecanismos de los círculos viciosos que empantanan el desarrollo de la gestión municipal. Por otro lado, hay transferencias y transferencias. Hecha la ley, hecha la trampa. Los diputados se inventaron formas de premiar a sus partidarios y, como si la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC) fuera una autoridad insuficiente, crearon la Asociación de Alcaldes Patrióticos “Hernán Robleto” (ASALPAT) -del PLC- y la Asociación Nicaragüense de Alcaldes Democráticos (ANAD), del FSLN. Cada una recibirá dos millones de córdobas del Presupuesto Nacional de 2007. Aun en medio de estos escollos que conviene conocer y eliminar, la descentralización está más cerca de ser un hecho y no un mero mecanismo de descongestionamiento del gobierno central.

VICTORIAS DE LOS ALCALDES,
LÍMITES DE LAS ALCALDÍAS

También la política partidaria reconoció en las elecciones de 2001 y 2004 la importancia del trabajo en los municipios. Las alcaldías -antes vistas como bastiones gubernamentales de poca monta- se han convertido en plataformas para enviar un mensaje -la buena gestión municipal es percibida como una contundente propaganda-, hacer un alarde de poder, medir fuerzas, practicar el clientelismo y organizar a las bases.

La hora del municipalismo parece extenderse a casi una década de continuos avances. Y el hecho de que en marzo 2007 dos alcaldes del FSLN en funciones -el de Ticuantepe y el de Granada- hayan sido destituidos por actos de corrupción es una prueba más de que el nivel local es un espacio político con menor tolerancia a la malversación de fondos y a la impunidad.

Con la Ley 337 el reconocimiento de la capacidad y potencialidades de las municipalidades quedó consolidado. Se descentralizó la prevención de desastres naturales. La creación de los COMUPRED (Comités Municipales de Prevención) y las BRIMUR (Brigadas Municipales de Respuesta ante Desastres) es un reconocimiento de la ley y de sus derivados al rol protagónico que en gestión de riesgos compete a las alcaldías.

Otra victoria de las municipalidades es la autorización para que los alcaldes puedan declarar estados de alerta en su respectivo territorio. Este insólito permiso proviene de una lección del Mitch: con frecuencia las municipalidades son las primeras en tomar nota de la magnitud de un desastre y de la gravedad de su impacto. Felícita Zeledón, alcaldesa de Posoltega durante el huracán Mitch, dio la voz de alarma cuando el deslave del volcán Casitas sepultó a una de sus comunidades y clamó por ayuda inmediata para rescatar a sus habitantes. A cambio, recibió una desdeñosa acusación de loca y alarmista de parte del Presidente Alemán. Una respuesta oportuna, en el momento en que la alcaldesa dio el aviso, probablemente hubiera podido salvar muchas vidas. La nueva normativa es una batalla que los alcaldes, los damnificados de Posoltega y Felícita Zeledón le ganaron a Arnoldo Alemán.

En medio de estos avances y triunfos municipales, hay señales ominosas. El sabor hipócrita que tiene el artículo 8 de la ley 337 no resulta muy alentador: Con el fin de respetar las autonomías regionales y municipales, los gobiernos regionales y locales son los responsables primarios de las actividades relacionadas con prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción en su ámbito territorial. ¿Responsables primarios sin asignaciones suficientes para prevenir y atender desastres? La reforma busca corregir este artículo. Un reconocimiento sin presupuesto es lisonja sin dinero. Además, otro decreto le pide a los municipios la creación de seis comisiones municipales que deben tener sus oficinas en las respectivas alcaldías. Utópica pretensión, cuando algunos ediles se quejan de no tener locales ni siquiera para cobijar las operaciones ordinarias.

Todos los entrevistados reconocen el protagonismo de los municipios. La mayoría sostiene que hay municipios que proporcionalmente aportan más a la gestión de riesgos que el nivel central de gobierno. Iván Murillo, de Oxfam Gran Bretaña en Nicaragua, asegura que “dentro de las acciones que se han querido implementar, el SINAPRED se ha quedado muy teórico; y el nivel más operativo, sin lugar a dudas, se ha hecho a través de las Alcaldías. Los Comités de emergencia local, regional, municipal son los que han logrado una mayor apropiación. El SINAPRED es el enano cabezón, el tragón”.

MUCHOS CAMBIOS Y “MAPAS MUY BONITOS”

Varios entrevistados encuentran que persisten serias debilidades y que es peligroso idealizar la gestión local. En parte porque los municipios siguen siendo muy vulnerables a los bandazos político-partidarios: “Cuando cambia el partido, cambia todo el personal. A veces, con sólo el cambio del Alcalde se van todos los recursos capacitados”, sostiene Bayardo Figueroa, vicecoordinador de Asuntos Comunitarios y Emergencias de Nicaragua de Visión Mundial. Y se queja: “Cuando hay elecciones municipales cambia todo aquello que nosotros invertimos en recursos humanos de las municipalidades. Cambia la estructura de la municipalidad y este recurso se va para otro lado. Entonces tenemos que volver a empezar el mismo proceso y capacitar otra vez a otras personas. Por eso las estructuras que han funcionado más y que se mantienen son las que están a nivel comunitario. Por eso nos metemos más con las comunidades”.

Acción Conjunta de las Iglesias encuentra que “no hay mucha vinculación a nivel municipal con otras instituciones. Por ejemplo, MINSA-Alcaldía. Con frecuencia las alcaldías no tienen áreas encargadas para esto. Tienen de medio ambiente, proyectos, desarrollo urbanístico, pero no encontrás a alguien que esté encargado de la gestión de riesgo. Dice la Ley que debe ser el alcalde, pero éste está metido en otras cosas. Tanto si han sido afectados por desastres como si no lo han sido, no lo ven como una necesidad”. Por otra parte, es vox populi que “el alcalde busca por política hacer algo que se vea, como el adoquinado, pero la verdad es que cada uno de los proyectos deberían estar realizados con visión de riesgo”, tal como afirma Melvin Díaz, jefe de proyectos para Nicaragua de la Agencia Suiza para el Desarrollo (COSUDE).

Estas razones abonan a la idea de que falta mucho por andar en la gestión municipal de riesgos, a pesar del apoyo de las ONG nacionales y de la cooperación externa. Según Moisés González, de Christian Aid, el reto es “lograr que los gobiernos locales asuman la gestión de riesgo no como una moda que se queda en mapas muy bonitos. ¿De que nos sirve un mapa bien bonito del municipio si no vas a poder responder a la hora del desastre, si no vas mejorando o disminuyendo las vulnerabilidades de las comunidades que están a la orilla del río o en una pendiente?”

¿NACIONALES O INTERNACIONALES?

Los desastres no están en un campo académico muy desarrollado en Centroamérica. No hay muchas profesiones que se puedan asociar nítidamente al estudio y prevención de los desastres naturales. La más claramente identificable es la de geólogo. Y apenas hay 100 geólogos en Nicaragua. Para llenar este vacío, el Centro de Investigaciones Geocientíficas (CIGEO) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAN), con el apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo, las Universidades de Barcelona, Costa Rica y la Nacional Autónoma de México, inauguró en 2003 una maestría centroamericana en evaluación de riesgos y reducción de desastres, que ha formado a profesionales de la sociedad civil y el Estado gracias a sus materias de manejo de cuencas, paleosismología, teoría de los desastres, cuencas hidro¬gráficas y amenazas por inestabilidad de terrenos, volcánicas, hidrometeorológicas, sísmicas y antropogénicas.

Los profesores del CIGEO consideran que el SINAPRED no está aprovechando suficientemente las oportunidades que la UNAN les ofrece de formar mejor a sus profesionales. Con cuatro años de funcionamiento y ya en una segunda fase, en el ciclo pasado graduó a 20 estudiantes, de los cuales cuatro trabajan para el SINAPRED. La Dirección de Defensa Civil, SINAPRED y grupos religiosos han tenido becados. Y se han coordinado trabajos con INETER, Centro Humboldt, Acción Médica Cristiana, AMUNIC, la Universidad Nacional Agraria y la de Ingeniería.

Para contribuir más a la imprescindible difusión de los hallazgos científicos, el CIGEO publica la revista “Tierra”, en la que los expertos abordan permanentemente la gestión de desastres con artículos como “Posoltega y Quezalguaque en la mira de las amenazas naturales”, “Centroamérica ante los desastres”, “Deslizamientos, causas y monitoreo”, “Nicaragua necesita evaluar riesgos geológicos”, “Sismicidad, aliada de los deslizamientos”, “Río San Juan: de la bonanza a lo apocalíptico”, “De la deriva continental a la tectónica de placas”, “Aplican la paleosismología en fallas de Managua” y “De los volcanes efusivos no hay que confiarse”.

Marvin Valle y Claudio Romero, del CIGEO, consideran que, pese a tantos esfuerzos por producir un conocimiento de calidad, las agencias externas y otras instituciones no reconocen el valor de la producción nacional: “Ya se comienza a hacer negocio de esto. Hay grandes financiamientos de Bancos Mundiales, que comienzan a traer el montón de “consultores” y para ellos, la gente que hacemos los esfuerzos aquí no valemos. Esto debe ser parte de una política de Estado. Si uno va al volcán Concepción, toma muestras, toma fotos y ni le importa la gente que está alrededor, eso no sirve. Traen un montón de “especialistas” que sólo te dejan un rollo de discos compactos, informes y se van. ¿Dónde está la transferencia y experiencia de conocimiento?”

AVANCES EN LA CULTURA DEL RIESGO

La Ley 337 retoma muchas de las lecciones aprendidas tras el Mitch: la necesidad de desarrollar una cultura de prevención y el no equiparar desarrollo a prevención, aun cuando el subdesarrollo sea una expresión de la vulnerabilidad; la necesidad de no trabajar únicamente en preparación para la emergencia; la urgencia de reconocer la competencia y protagonismo de las alcaldías en la prevención, mitigación y preparación ante los desastres, etc. Se supera la ola del “desarrollismo” en la atención a los desastres: más desarrollo no necesariamente trae una mejor gestión del riesgo.

Y se insiste en el carácter antropogénico de muchos desastres. Así lo expresa Carlos Ling de Oxfam Gran Bretaña: “Los riesgos no son creados por factores naturales. Hay amenazas o situaciones naturales críticas que ponen en jaque a la sociedad en general. Pero la capacidad de enfrentarse a ellos depende mucho de la sociedad. El riesgo depende de las condiciones que tengan los grupos humanos. Y entre más vulnerables sean, el impacto y el riesgo son en general mayores. Podemos reducir el riesgo, reduciendo la vulnerabilidad”.

También se está avanzando en cambiar la cultura del riesgo, que implica ciertos requerimientos en las normas de construcción, el manejo del uso del suelo, el cuidado de los pozos cuando han sido contaminados, la dotación de albergues, etc. Todo esto depende de un cambio en la percepción de los desastres y en la conciencia de su carácter imprevisible y de las medidas de mitigación que se deben tomar. En este sentido, existe una iniciativa interesante entre las organizaciones jesuítas -liderada por Nitlapán, Juan XXIII y Fe y Alegría- para revisar que todos los locales en donde trabajan estén dotados de extinguidores y que sus arquitecturas incluyan rutas de evacuación. En algunas escuelas públicas se están revisando detalles tan pequeños pero tan significativos como que las puertas abran hacia fuera para facilitar la evacuación. El diablo está en los detalles. Son pequeños cambios culturales que pueden salvar miles de vidas a la hora de una catástrofe. Para acelerar esos cambios de percepción, la Consultora para la Investigación y el Desarrollo en Nicaragua (CIDENIC) ha dirigido un programa radial sobre gestión de riesgo.

El cambio cultural implica una nueva forma de relacionarse con el medio ambiente. Incluye el tratamiento de la basura, que muchos aún no relacionan con las enfermedades. Y los parámetros de atención a las comunidades, un ámbito en el que el manual del Proyecto Esfera ha hecho aportes que paulatinamente se están difundiendo entre las ONG nicaragüenses. Promovido por Cruz Roja, Intermón Oxfam, Oxfam Gran Bretaña y otras ONG desde 1997, el manual de Esfera ha sido adoptado por muchas agencias internacionales y ONG locales como un compendio de normas a seguir en casos de desastre, en cada uno de cinco sectores: abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición, ayuda alimentaria, refugios y servicios de salud. El núcleo del manual es un código de conducta relativo al socorro en casos de desastre.

Flavio Vanegas, jefe de operaciones nacionales de socorro de la Cruz Roja Nicaragüense, reconoce los efectos benéficos de esta propuesta y alaba especialmente su oferta de pautas de comportamiento adecuado para las comunidades: “Son seres humanos a los que estamos tratando. El manual te habla de cómo vas a actuar vos en las comunidades, comenzando con el respeto de las costumbres locales”. Otras ONG encuentran que los requerimientos que plantea el manual en materia de nutrición y salubridad son imposibles de cumplir en las condiciones actuales de muchas comunidades. Otras piensan que, en la práctica, es complicado respetar la voluntad de los habitantes de las comunidades, que a menudo insisten en construir nuevamente en donde hubo deslaves.

A estas insuficiencias estructurales o callejones sin aparente salida se suman otras, minando muchos esfuerzos: en la mayor parte de los municipios no hay albergues. “La infraestructura es muy pobre -asegura Horacio Somarriba, del Centro Humboldt-, porque la tradición ha sido que cuando sucede un desastre, los albergues son las iglesias, los campos techados y las escuelas. Pero sabemos que esos locales no prestan las condiciones técnicas para tener a gente que ha sufrido un desastre y en ellos se produce lo que se llama riesgo secundario: el hacinamiento es causa de enfermedades por falta de saneamiento y agua potable”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y OTRAS VISIONES

Otra vertiente de avances va en la línea del equipamiento técnico, los mapeos y las obras de infraestructura. Agencias internacionales como COSUDE y ASDI destacan en este tipo de inversiones. Han dotado a muchas municipalidades de Sistemas de Alerta Temprana (SAT), que incluye medios de comunicación, pluviómetros, barómetros. Desafortunadamente, las muchas capacitaciones no han sido óbice para que, según varios funcionarios de ONG, buena parte del equipo yazca ocioso y abandonado en bodegas municipales.

Algunas alcaldías no han echado en saco roto la capacitación e información en sistemas de información geográfica y mapeo, lo que lleva a la necesidad de unificar, fusionar y simplificar metodologías y términos. COSUDE habla de Metodología Municipal del Análisis de Amenazas, el Centro Humboldt capacita en técnicas de mapeo comunitario y Acción Médica Cristiana recomienda, post-desastres, la EDAN, evaluación de daños y análisis de necesidades.

Por su parte, y a partir del Mitch, INETER ha hecho intentos decididos para mejorar sus capacidades técnicas. “No sólo se trata del equipamiento técnico -observa Marcio Vaca Salazar, responsable de la Unidad Técnica de Enlaces para desastres del INETER-, sino también de la capacidad profesional de sus funcionarios. INETER ha incrementado la cobertura de las diferentes estaciones en todas partes del territorio: estaciones meteorológicas, sismológicas, vulcanológicas, hidrológicas, etc. Una buena parte de ellas son estaciones perimétricas que transmiten vía satélite. El INETER tiene una estación terrena que captura desde el satélite la información que estas estaciones emiten. Esta tecnología es de Primer Mundo. El Instituto ha preparado a especialistas para que seamos autónomos en cómo reparar este equipo sofisticado”.

En infraestructura se han multiplicado los disipadores de energía, cortinas transversales y otra tecnología para corregir problemas de erosión en gran magnitud, obras de estabilización de taludes y cauces para evitar la erosión, muros de contención en riberas de ríos, espigones para contener problemas de ensanchamiento y erosión de corrientes, plantaciones de protección, transformación de los sistemas de cultivo, rampas y vados. Muchas de estas obras han sido ejecutadas por el MARENA.

En una línea complementaria de estos avances tecnológicos ésta el acercamiento de los técnicos a las comunidades y un esfuerzo por entender su perspectiva. El ingeniero Marvin Valle y el profesor Claudio Romero, del Centro de Investigaciones Geocientíficas de la UNAN describen así su suerte de conversión: “Tuvimos una experiencia nueva. Yo entiendo al volcán desde el punto de vista químico, dinámico, tectónico… Pero preguntarle al que convive -al que tiene 30 ó 40 años de vivir a la orilla de ese volcán-, cómo lo ve él, es distinto. Él te lo dibuja con flores. Ésa es una ganancia profesional y como ser humano. Porque a veces la visión de un profesional en tu rama no es tan cierta. El factor social es algo increíble. Veo que a todos nos ha cambiado un poco la visión técnica cerrada”. Hay señales alentadoras en este sentido: el actual director de INETER, Alejandro Rodríguez Alvarado, se interesa en propiciar el acercamiento entre los enfoques de las ciencias físicas y las ciencias sociales en la prevención y mitigación de desastres.

LECCIONES APRENDIDAS: DESASTRES SÍQUICOS
Y CAMBIOS EN LA AYUDA ALIMENTARIA

En la Ley 337 también ha sido un tímido avance el reconocimiento de que los desastres naturales producen daños sicológicos que es preciso atender. Inmediatamente después del Mitch, los sicólogos Martha Cabrera y Gustavo Pineda hicieron un trabajo titánico para crear conciencia al respecto. En la sociedad civil encontraron un eco temprano: Acción Médica Cristiana destinó un equipo de sicólogos para trabajar en acompañamiento sico-social a los damnificados de Posoltega. Y un eco algo tardío y vacilante en el Estado, a instancias de la cooperación externa. Particularmente valioso fue el texto de Cabrera publicado en Envío en diciembre 2002 titulado “Vivimos y sobrevivimos en un país mul¬tiduelos”, que marcó un hito al mostrar una faceta de la idio¬sincrasia nacional de una forma atípica, pero con sobrado fundamento. También la Red de Mujeres contra la Violen¬cia ha contribuido a diseminar este evangelio con su labor, sintetizada en el estudio “Reconstruyendo vidas, reconstruimos Nicaragua. La importancia de la recuperación emocional ante fenómenos naturales y la violencia de género”. La gran lección fue que no se trata sólo de reconstruir casas e infraestructura vial o productiva, sino también sicologías.

Entre las instituciones que también aprendieron lecciones tras el Mitch y otros desastres, figura la Oganización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). En su último informe propuso una serie de cambios significativos en la forma como la ayuda alimentaria internacional es gestionada y distribuida, al descubrir que aproximadamente un tercio del presupuesto mundial de este tipo de ayuda -cerca de 600 millones de dólares- se gasta en los países donantes y nunca llega a los beneficiarios. La FAO es consciente de que las élites locales se han beneficiado enormemente de las emergencias y la generosidad de la ayuda humanitaria: “El principal donante a nivel mundial gasta cerca de la mitad de su presupuesto de ayuda alimentaria en procesarla a nivel local y en transportarla en compañías nacionales”.

La FAO sugiere que, de ser posible, la ayuda debe ser en dinero en efectivo o en cupones para alimentos, más que en envíos alimentarios, que pueden afectar a los productores y a los mercados de los países receptores, contribuyendo a crear distorsiones en el comercio agrícola internacional. A diferencia de la ayuda en especie, “la transferencia de dinero en efectivo y los cupones para alimentos pueden estimular la producción local, fortalecer los sistemas alimentarios locales y a los beneficiarios en una forma que la ayuda alimentaria tradicional no es capaz de lograr”, asegura el informe 2006 de la FAO.

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE: POLITIZACIÓN

A diferencia de la FAO, otros involucrados en el drama no han sabido rectificar. Continuamos con el lastre de la politización en los cargos estatales. Marvin Valle y Claudio Romero, del Centro de Investigaciones Geocientíficas de la UNAN, han comprobado que “a nivel gubernamental no ponen a gente especialista que conoce el tema, sino a políticos. Y es una pena que instituciones científicas como INETER a veces pegan al tema de desastres las cuestiones políticas, como sucedió con el Mitch. Con la magnitud de daños que ocasionó el Mitch, la atención no se dio por cuestiones políticas. Porque no hay personas todavía en el gobierno para dirigir este tipo de instituciones a como lo establece la Ley”. El INETER no dio una alarma contundente durante el Mitch e, incluso, por orden del Presidente, negó la magnitud del huracán. Posteriormente su Director, Claudio Gutiérrez, abusó de la potestad del INETER para establecer los límites municipales a fin de excluir a Pedro Solórzano -rival de Alemán- como candidato a la alcaldía de Managua.

Valle y Romero también han catado el efecto nefasto que tiene el pánico a perder el trabajo o la fiebre por ascender en los funcionarios politizados: “En SINAPRED e INETER, que son instituciones de gobierno, lo que están pensando es si los van a correr o no, o si les van a dar otro puesto. La preocupación es sobre si los van despedir, y no si el cerro se va venir abajo por un deslave”.

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE: IMPUNIDAD

Otra triste ausencia de novedad es la impunidad en que quedan quienes delinquen en perjuicio del medio ambiente. Horacio Somarriba, del Centro Humboldt, denuncia que los grandes empresarios “siguen talando, contaminando, exponiendo a la gente a riesgos. ¿Qué se hace para detener el despale o la contaminación? No se denuncia, y cuando se denuncia el proceso queda corto, la policía no actúa, hay coimas grandes, y a veces hay muchos intereses de por medio. El sistema está viciado. Hace falta mucho todavía, empezando por los grandes propietarios. Por ejemplo, están los Pellas sembrando caña por todos lados. Le quitan tierra a la gente, le quitan agua para sus quehaceres domésticos y productivos, y eso los mete a riesgos. ¿Quién regula eso? Nadie. Hay miedo al poder del dinero”.

Por su parte, el Teniente Coronel Samuel Pérez, Responsable de la Oficina Departamental de Defensa Civil de Managua, denuncia el daño de las maquilas: “¿Qué es lo que nos dejan las zonas francas? Desechos, contaminación. Esos químicos van al lago de Managua y a los ríos, contaminan el manto acuífero, ocasionan malos olores y deterioro ambiental. Eso es generación de riesgo. Por la ley, quien está ocasionando eso debe retribuirle al Estado o al municipio por estos daños, pero eso no se cumple”.

En definitiva, hay una vulnerabilidad económica, social, organizacional, educativa… pero también hay una vulnerabilidad jurídica patente en los vacíos legales y un riesgo moral patente en el poder corruptor de los sectores dominantes. La ley 337 no es muy explícita en estos aspectos. Ni siquiera explica qué tipo de sanciones se aplicarán a las instancias que no se integren en la atención a un desastre.

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE:
DEPENDENCIA FINANCIERA

La propuesta de reforma a la Ley 337 pide que el artículo 12 establezca un 3% del presupuesto nacional como reserva mínima del Fondo nacional para la mitigación y atención a desastres. La ley no especifica monto ni porcentaje y quizás por eso las asignaciones han estado muy por debajo del 3%. En 2005, la Asamblea Nacional asignó cerca de 46 millones de córdobas al SINAPRED, equivalentes a menos del 0.3% del presupuesto nacional. Después de ese año se habla de asignaciones a la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED: 13.8 y 18.6 millones de córdobas en 2006 y 2007.

En la práctica, hay entidades gubernamentales que ejecutan recursos nada despreciables en gestión de riesgos, aunque minúsculos en relación a las necesidades del país. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, dedicará en 2007 más de 12 millones de córdobas a la gestión de riesgos. Pero absurdamente no todos los miembros del SINAPRED cuentan con una cartera para atención a desastres. Sólo hay mención de proyectos en esa línea en el MARENA, el Ministerio de Defensa y el INETER, lo cual es percibido como una limitación para que el SINAPRED funcione como verdadero sistema.

Gradualmente, la atención a desastres está incrementando el endeudamiento externo. En 2004, 40 de los 53 millones de córdobas asignados al SINAPRED provinieron de un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. En 2005, en torno a 30 de los casi 46 millones del SINAPRED vinieron como préstamo del Banco Mundial.

La ciudadanía tendría que recibir cuentas más detalladas del destino de esos recursos. Algunos de los entrevistados sostienen que desconocen la asignación total del fondo para desastres. Y han notado síntomas alarmantes: en 2004, más de 34 millones del SINAPRED aparecen registrados como retribución por estudios técnicos, asesorías y consultas. Bajo ese paraguas genérico puede cobijarse una fauna muy amplia, incluyendo los oportunistas de ayer, hoy y siempre, parásitos de fantasmas y piratas de las asesorías, siempre dispuestos a deglutir dietas líquidas, por la liquidez que les aportan. En cambio, algunas ONG suponen que las asignaciones son menores, porque las escuálidas asignaciones para los gastos operativos así lo indican. “El año pasado era como de 8 millones de córdobas y eso no equivalía ni a seis meses de combustible en el río Coco por la emergencia que se presentó”, señala Ángel Aragón, de Acción Luterana.

La industria de la mendicidad internacional ha dado un aporte que cubre todo lo que en el tema de riesgos hacen las ONG y buena parte de lo que hace el Estado. En la dotación de los proyectos para prevención de desastres, el peso de la cooperación externa es determinante. En 2007, el Ministerio de Defensa ejecuta proyectos de atención ante amenazas volcánicas e incendios forestales en Nueva Segovia y prevención de desastres en 105 comunidades en León. Algo más de un millón de córdobas (el 15%) los aportó el Estado de Nicaragua. CARE, ACSUR Las Segovias y la Confederación de Obreros y Samaritanos de Alemania pusieron los restantes más de 7 millones, el 85%.

En el INETER, también en 2007, entre los gobiernos de la República Checa, COSUDE, Noruega, Suiza y Alemania pondrán casi 9 millones de córdobas (el 87%) para mitigación de desastres y estudios geológicos y de vulnerabilidad de acuíferos en León. El Estado de Nicaragua pondrá el restante 13%. En el caso del MARENA, las desproporciones son mayores. En el proyecto de manejo sostenible de la tierra en áreas degradadas propensas a sequías en Nicaragua, tenemos 719 mil córdobas del Estado versus más de 6 millones del Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE:
ESPERANDO EL “PESCADO COCINADO”

Estos desequilibrios financieros reflejan un reducido interés nacional por el tema y no una flaqueza de la cartera estatal. En el presupuesto de 2007 se están destinando más de 90 millones de córdobas a fundaciones, asociaciones, a la Universidad Católica del Cardenal Obando -12 millones- y a parroquias vinculadas a los diputados del PLC y el FSLN. Como afirmó German Quezada de Intermón Oxfam: “A nivel de la respuesta yo creo que el talón de Aquiles es la asignación de recursos para la respuesta humanitaria, tanto a nivel local como nacional y departamental. Aunque en el discurso es importante el tema, en términos de pesos y centavos sigue siendo marginal la importancia de la prevención y de la gestión de riesgo”.

Esta situación preocupa a la mayoría de los funcionarios de las ONG entrevistadas. Así lo expresa Flavio Vanegas, de la Cruz Roja nicaragüense: “Depender de un presupuesto externo es un error muy grande. Uno de los errores que tenemos nosotros es que nos vengan a resolver los problemas, esperanzados en un presupuesto externo. Volvamos al principio de la cultura de la prevención: si nuestros dirigentes estuvieran conscientes de destinar un presupuesto a la prevención, creo que no necesitaríamos ayuda internacional. Lamentablemente no sólo nos dan el pez, nos traen hasta el pescado cocinado y es lo que queremos evitar en las comunidades”.

A propósito del pescado cocinado, en un reciente pronunciamiento, Jacques Diouf, Director General de la FAO, toma nota de este peligro y propone cambios: “Siempre que sea posible es ‘mejor enseñar y ayudar a la gente a pescar, en vez de darle el pescado’. A largo plazo, habría que focalizarse en medidas preventivas destinadas a incrementar la seguridad de la producción alimentaria y la productividad, en particular a través de inversiones en el control del agua e infraestructuras rurales y también a través del acceso a los insumos y al crédito. En caso de crisis repetidas y cuando el hambre es crónica, donantes y receptores pueden quedar aprisionados en la ‘trampa de la ayuda’, en la que se descuidan las estrategias de desarrollo a largo plazo”.

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE: VIGORES DISPERSOS

Una cosecha inmediata tras el Mitch fue la creación de la Coordinadora Civil para la Emergencia y la Reconstrucción, una coalición que en aquel momento agrupó a la mayor parte de las ONG que emprendían labores de rehabilitación. La iniciativa fue aplaudida y apoyada por agencias y gobiernos internacionales. Pasada la emergencia y la reconstrucción, la Coordinadora se ha distinguido como un interlocutor importante en la sociedad nicaragüense, haciendo propuestas sobre el manejo de la deuda externa e interna, denunciando las políticas de privatización, impugnando a los políticos corruptos, etc.

De su seno surgieron mesas temáticas, que incluyen la Mesa Nacional de Gestión de Riesgo. También existe la llamada Red Esfera, conformada por once organizaciones -asociadas en torno al famoso manual homónimo- que incluyen a CARE, ADRA, Oxfam Internacional, CIDENIC, CRS y Visión Mundial. Algunos entrevistados hablan de dos y hasta de tres mesas. Y varios no participan en ninguna. Hay muchas mesas y no se sientan a ella todos los comensales. También ocurre que muchos son los comensales invitados a esas mesas, y pocos los que se involucran.

Algunas mesas abren nuevos espacios sobre la base de afinidades ideológicas y otras características. Otras -según sus mismos miembros- han surgido de la escisión y las reyertas de siempre: del desastre social que es la búsqueda de protagonismos organizacionales e individuales, de que cada quien lleva agua para su molino, de que no hablan el mismo lenguaje, de que cada quien hace las alianzas para conseguir dinero y del repelo a las imposiciones de cierta agencia internacional. El resultado es la dispersión de esfuerzos y el derroche de fondos en producción de lo mismo: cada quien tiene su mapeo de riesgos.

MUCHAS DISCORDANCIAS Y CORTOCIRCUITOS

Las divisiones entre el Estado -con su heterogeneidad- y la sociedad civil -así como al interior de ella -trajo como saldo de las entrevistas unas apreciaciones muy divergentes. Hay coordinación versus no hay coordinación en absoluto. Existe un marco conceptual común versus existe un caos conceptual. La ley define roles versus no se han definido los roles de cada organización. Hay personal capacitado versus hay poca preparación del personal involucrado. El Estado no ha hecho un trabajo en prevención versus son notables los avances en prevención (ordenamiento territorial, gaviones, muros de contención). El gobierno no le da importancia al tema versus el gobierno ha incluido el tema en los planes de muchas de sus entidades. Hay equipos técnicos versus los equipos técnicos son insuficientes.

En parte, la discordancia de estas apreciaciones brota de las diversas posiciones de quienes las mencionan: los funcionarios de las ONG y las municipalidades tienden a ser más críticos respecto de la gestión del nivel central de gobierno. En parte, también se debe a un desconocimiento de lo establecido por la Ley 337 y del trabajo que las distintas instancias de coordinación realizan. Finalmente, también tiene que ver con qué aspecto analizan, y si están pensando en hechos concretos o sólo en la abundante producción documental.

Más determinantes que estas valoraciones son los énfasis que a veces se presentan como opciones preferenciales y hasta exclusivas, a veces presentes en el discurso y otras sólo en la práctica. La preparación -para una emergencia- absorbe con frecuencia esfuerzos que podrían ser destinados a prevención, opinan algunos. La visión emergencista -estricta preparación para enfrentar los desastres- se opone a la visión desarrollista, que asume que el desarrollo del país es la panacea. Las opciones por la infraestructura o la organización con frecuencia están reñidas, así como los estudios técnicos -fallas, vulcanología, placas- con los estudios sociales, que ponen más énfasis en lo multiétnico y el cambio de percepciones.

Estas divergencias y opciones producen a veces cortocircuitos entre organismos y diálogos de sordos entre personas. A ellos se suman los famosos impasses: la necesidad de aumentar el presupuesto para gestión de desastres choca con la actual dependencia de fondos externos. Y la pretensión de cientificismo choca con la necesidad de divulgar el conocimiento para transformar las percepciones y cambiar la cultura de riesgo. La sismorrea es la más ininteligible de las verborreas.

En una alcaldía, después de haber sido visitado por una misión de sesudos sismólogos checos que le mostraron un grueso documento y un mapa saturado de líneas, el alcalde manifestó su conclusión con la vista clavada en el mapa: “Este país está más rayado que una papaya.” Por eso Marvin Valle y Claudio Romero afirman que “el problema más grave es traer a gente especialista: te hacen un informe con treinta fórmulas químicas y matemáticas, se las pasás a las alcaldías y ni el alcalde ni su equipo técnico están preparados para manejar eso al cien por ciento. Mucho menos el poblador, que en muchos casos no sabe leer ni escribir. No se trata nada más de hacer un estudio”.

“YA NOS TOCA OTRO TERREMOTO”

Otro impasse está marcado por la secular centralización de la mayor parte de las funciones estatales en Managua. El SINAPRED arrastra ese fardo que, según Marcio Vaca Salazar de INETER, podría tener fatales consecuencias: “Siento que posiblemente la debilidad que podamos tener es un terremoto en Managua. Eso significaría quebrar el mismo Sistema, porque el sistema va ha estar inmerso dentro del mismo problema. Todo está en Managua”. Y persiste la espada de Damocles del terremoto en Managua: “Ya pasaron más de 30 años desde el último: ya toca”, dicen algunos.

Al posible terremoto se suma la amenaza de un inmenso tsunami en algún punto de la franja costera del Pacífico, las bocanadas del volcán Cerro Negro, las sequías y desórdenes climáticos cada vez más recurrentes… Hay para escoger. Bayardo Figueroa, de Visión Mundial, opina que “la naturaleza ha sido muy amorosa con nosotros: no nos ha venido algo fuerte después del Mitch y no nos ha venido para poner a prueba si realmente lo que decimos lo hacemos. Todos esperamos y rogamos a Dios que no nos vayan a poner a prueba”.

¿Qué pasará cuando la prueba llegue? Hay un huracán de papeles. Pero, ¿esa inmensa producción da en el clavo? ¿Rasca, rasca bien y rasca donde pica? ¿Rasca donde a la cultura le pica? ¿Qué se ha hecho en el terreno de las percepciones? ¿Cómo afectan las divergencias de opciones y los impasses a la gestión de desastres en la práctica de las comunidades? En un texto próximo con los pies en la tierra -en la “tierra que arde”, Posoltega- veremos si la avalancha de planes ha transformado la manera de prepararse para un desastre y la capacidad de evitar convertirse en su cómplice.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM).
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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