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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 192 | Marzo 1998
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Internacional

AMI...go de los ricos, enemigo de las naciones

El Multilateral Investment Agreement (MIA) Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) ha pasado de ser un acuerdo secreto entre los grandes a convertirse en público objetivo de quienes se preocupan por la democracia, por el desarrollo y por los derechos humanos de las mayorías. He aquí una apasionada crónica de lo que está ocurriendo.

Sergio Ferrari

Desde el momento mismo en que dejó de ser "secreta", la propuesta del acuerdo multilateral de inversiones (AMI) fue cuestionada desde todos lados. Desde el Sur, desde sectores críticos del Norte y, paradójicamente, también desde altos funcionarios de los mismos gobiernos cuyos "expertos" construyeron el andamio conceptual de este tratado internacional. Si estaba previsto un debate final en el seno del Consejo de Ministros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para la acelarada aprobación palaciega del AMI a fines de abril, los plazos comienzan a posponerse.

Después de dos jornadas de trabajo en la tercera semana de febrero, los negociadores de la OCDE organismo que reúne a las 29 naciones más enriquecidas del planeta , regresaron a sus respectivos países con un texto lleno de tachaduras y numerosos interrogantes de fondo, expresión de un proceso negociador por el momento empantanado. Ni los estadounidenses, que pusieron sobre la mesa 300 páginas de reservas, ni los europeos algunos de los cuales comienzan a atemorizarse por la voracidad del AMI creen ya en el calendario previsto. Según el cronograma original, la reunión de febrero hubiera tenido que permitirles pulir el documento final, después de dos años de discusiones "clandestinas".

El "test del murciélago"

En el Consejo de Ministros de la OCDE, en abril, se reiniciará la discusión del AMI, debiendo remontarse un proceso complicado, con el agravante de que las voces de protesta internacionales de movimientos populares, de ONGs, etc. han ido creciendo en cascada. Y arrinconan un texto que deberá sortear todavía caminos pedregosos hasta llegar a legalizar el predominio absoluto de las transnacionales. Como lo señalaba recientemente el semanario Brecha de Uruguay retomando declaraciones de un crítico del AMI "este Tratado no soportó el test del murciélago. Se negoció a puertas cerradas y cuando salió a la luz se vio lo abominable que era".

Según los cálculos iniciales, la mecánica hubiera tenido que ser simple: envuelto por el secreto total, el AMI debía nacer en la OCDE en la segunda mitad de 1998 a partir de un mandato de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Cocinado por las naciones más poderosas del planeta, sin consultar ni a los pueblos del Norte ni a las naciones del Sur, esta nueva vuelta de tuerca de la globalización "desde arriba" atacaría a todo el planeta y todo el sistema de Naciones Unidas se apropiaría sin chistar de un instrumento diseñado a imagen y semejanza de los intereses de las multinacionales más poderosas del mundo. ¿Dónde quedaría este principio universal proclamado en la ONU? "Cada nación tiene el derecho inalienable de reglamentar las inversiones extranjeras y de ejercer su control sobre las mismas" (Carta de Naciones Unidas sobre derechos y deberes económicos, 1974).

Tanto la forma claramente antidemocrática empleada en el método de elaboración del Acuerdo como lo nefasto de sus resultados potenciales, ha llevado a hablar a algunos intelectuales europeos del AMI como de un "golpe de Estados en plural , ya que se trata de una forma de tomar por la fuerza el poder en todos los países, y no sólo en uno".

Así lo afirmó Edgard Pisani, ex ministro de Agricultura de Francia y presidente del Instituto del Mundo Arabe, retomando la reflexión del intelectual canadiense Tony Clarke, para afirmar que se percibe "en todas partes del mundo, el complot para subordinar las instituciones al mercado, considerado dentro de muy poco como el único poder legítimo".

"La máquina infernal de desestructuración del mundo avanza inexorablemente en los pasillos de las organizaciones internacionales. Después de la desregulación del comercio mundial, llegó el momento de la desregulación de las inversiones. Bajo el nombre de Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) se prepara clandestinamente en la OCDE un proyecto claro: la deslocalización generalizada de las inversiones", añade Jack Lang, ex ministro socialista de Francia y actual presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional de Francia.

Sirena de alarma en Europa

El 4 de diciembre y luego de casi dos años de discusiones secretas en el seno de la OCDE, la iniciativa Observatoire de la Mondialisation convocó a una conferencia debate sobre el AMI en el seno de la Asamblea Nacional francesa, patrocinada por economistas, diputados y artistas de proyección internacional, entre los que se encontraban Jack Lang, Susan George, presidenta del Observatorio; Nuri Albala, miembro de la Asociación Internacional de Juristas Democráticos; y Lori Wallach, directora del Global Trade Watch de Washington. Sonó entonces una sirena de alarma y ante los ojos incrédulos de algunos invitados, la realidad comenzó a superar la ficción. Aunque parecía difícil de creer, se conoció y se desmenuzó el contenido del secreto Acuerdo: su objetivo era darle a las firmas transnacionales un estatus jurídico idéntico al de los Estados.

Ciertas cláusulas del AMI son aplicables tanto a los recursos naturales como a las actividades humanas, incluyendo las culturales y artísticas. Algunas de estas cláusulas son:

* La del "tratamiento nacional", que establece que los inversores extranjeros se beneficiarán con idénticas ventajas a los nacionales. Esto implica ignorar los derechos de un país y de sus habitantes frente a la inversión externa.

* La de la "nación favorecida", que elimina acuerdos particulares existentes entre los países, los que a veces tienden al menos en los papeles a ayudar a las naciones menos desarrolladas. Una fuerte corriente de ONGs europeas luchan denodadamente, por ejemplo, para que los gobiernos de sus países aumenten las prerrogativas y ventajas a las importaciones de los países más empobrecidos del planeta. Esta iniciativa moriría al establecerse el AMI.

* La de la "imposibilidad del boicot", que prohibe cualquier boicot a las inversiones o su restricción. Tal como lo señala Lori Wallach: "Si el AMI hubiera estado en vigor en los años 80, Nelson Mandela estaría todavía en prisión, pues el Acuerdo prohibe un boicot como el que fue aplicado a Pretoria en los tiempos del apartheid".

* La de la "obligación de resultado", que impide a cualquier Estado imponer limitación alguna a un inversor. También le prohibe al Estado tomar medidas apropiadas para exigir resultados e impone que, con el tiempo, todo Estado vaya eliminando las limitaciones que existan actualmente.

* La de la "protección a la inversión", por la cual un inversor podría enjuiciar a un Estado y exigirle compensaciones si estimara que las decisiones de ese Estado limitan sus ganancias o si las huelgas, los problemas de orden público, las situaciones de emergencia, la insurrección, una guerra o una revolución, molestan sus actividades o limitan, en consecuencia, sus ganancias.

El broche de oro de estos disparatados compromisos lo constituyen los propios mecanismos de adhesión al Acuerdo, que incluyen un instrumento de coacción obligando a los suscriptores del AMI a cumplir con sus obligaciones al menos durante 15 años, sin poder denunciar su contenido a no ser con un preaviso de 5 años. Así, cualquier país signatario quedaría atado al AMI por un mínimo de 20 años.

Internet se lo contó al mundo

El borrador del acuerdo ya estaba avanzado en un 90 % cuando se conoció una primera denuncia, hecha por grupos de ciudadanos estadounidenses organizados que lograron apropiarse de una copia del pre documento y lanzaron el primer grito de alerta. El Departamento de Estado y el del Tesoro de los Estados Unidos hicieron un ridículo histórico cuando, a pesar de sus insistentes negativas, vieron aparecer los primeros extractos del ante proyecto en Internet.

En el último trimestre del 97, y sobre todo en enero del 98, las reacciones al AMI se han multiplicado. Las denuncias periodísticas de France Inter y Le Monde Di plomatique de Francia o de Le Courrier de Ginebra por citar sólo algunos medios de los más conocidos en Europa hicieron estallar el escándalo, y muy rápidamente, organizaciones internacionales de peso se alzaron en las barricadas mediáticas para rechazar lo inaceptable.

Un conjunto de 22 redes de organizaciones no gubernamentales entre ellas los ecologistas de WWF, los Amigos de la Tierra, Ecoropa, la Comunidad de Trabajo de Suiza y Public Citizen, una de las entidades de consumidores más fuertes de Estados Unidos fijaron su posición y elevaron sus voces. La primera batalla, que consistió en penetrar el mundo secreto de la negociación entre los expertos e informar sobre el proceso en marcha, logró sus resultados. Desde entonces nada es igual para el AMI.

Sólo un ejemplo de denuncia: la Comunidad de Trabajo helvética, que reúne a las cinco ONGs más grandes del país (Acción Cuaresmal Católica, HEKS, Swissaid, Pan para el Mundo y Cáritas) algunas de ellas con proyectos importantes en Centroamérica se distanciaron del gobierno suizo y de algunos empresarios eufóricos que ya habían saludado la propuesta liberalizadora en marcha. Atacando la "falta de transparencia" del debate en torno al AMI, subrayaron en carta abierta a las autoridades que "una vez más los políticos parecen asignarle la prioridad a las necesidades de las multinacionales en lugar de preocuparse por la sociedad".

Al unísono con las demás redes internacionales, la Comunidad de Trabajo insiste en confrontar el principio del Acuerdo, no sólo por desreglamentar las actividades de las trasnacionales sino por poner a éstas por encima de los gobiernos, denunciando en concreto que "un inversor privado podrá iniciar un juicio contra un gobierno, pero a la inversa, no se acuerda ni al Estado ni a su pueblo o a la sociedad civil organizada ninguna posibilidad ni derecho de enfrentar a una multinacional". La agencia de apoyo al Tercer Mundo Infosud señala que, aunque en el papel el AMI concierne sólo a los países industrializados, principales emisores y receptores de las inversiones directas, el impacto será planetario. El trío Japón Europa América del Norte se reparte el 70% de la torta mundial y los países miembros de la OCDE, tal como ellos mismos lo reconocen, realizan el 85 % de las inversiones directas en el extranjero.

Transnacionales sin ningún control

El objetivo del AMI es suprimir todo vestigio de control y cualquier forma de barrera a la movilidad de los capitales transnacionales. A partir de su firma, será casi imposible que un Estado de país alguno pueda imponer cualquier condición económica, social o ecológica a un inversor extranjero. El economista Olivier de Marcellus, coordinador de la Acción Mundial de los Pueblos, afirma: "El AMI precisa los derechos y deberes de los Estados y de las multinacionales. A los Estados se les asignan únicamente deberes, en tanto que a los inversores sólo derechos".

Nada mejor para comprender la filosofía de este Acuerdo en gestación que la propia interpretación que hace el periódico pro empresarial suizo Asunto Público en una edición de febrero: "El texto en preparación en el seno de la OCDE parte de la misma actual filosofía, pero va más allá de los acuerdos concluidos hasta ahora. El inversor tendrá derecho a la indemnización en caso de expropiación, lo que es lógico. Pero podrá de igual forma exigir una indemnización cuando el Estado tome medidas equivalentes a una expropiación porque limitan sus ganancias".

Continuando su análisis, el artículo señala con convicción: "En el caso en que un Estado, por ejemplo, decida combatir más firmemente la contaminación causada por la industria, tendría que indemnizar a las empresas que se vieran obligadas a inversiones más costosas para adaptarse a esas medidas. El mismo mecanismo se aplicará con respecto al mejoramiento de normas de salud pública, como por ejemplo la prohibición de añadir a los alimentos ciertos conservantes, ya que esto reduciría los beneficios del fabricante".

Todo tratado internacional limita la soberanía de un Estado, recuerda el análisis, para afirmar que "las empresas tienen el derecho a la protección de sus ganancias contra las decisiones arbitrarias de un Estado". Concluye su reflexión aceptando la actual correlación de fuerzas y presentando el futuro del AMI como un escenario en disputa: "Los poderes económicos, siempre activos en los pasillos de las negociaciones internacionales, han logrado influenciar el texto, hasta ahora, muy a su favor. A los otros lobbies les toca ahora corregir el tiro y darle espacio a otros criterios que vayan más allá de los de la rentabilidad económica".

Esta opción es falsa responden quienes denuncian el AMI , ya que a estas alturas del debate, el proceso de discusión secreto que se ha seguido condiciona una tendencia difícil de revertir a pesar del alto costo que el AMI traerá, especialmente a las naciones del Sur que, casi por decreto, deberán aceptar el Acuerdo una vez propuesto por la OCDE y bendecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Provocará situaciones surrealistas

En el caso hipotético de la aplicación de las normas del AMI, tal como hasta ahora las definen sus postulados, se podrían dar situaciones "surrealistas". En Suiza, por ejemplo, la entidad pública de Correo y Transporte podría ser encausada jurídicamente si una empresa extranjera privada del ramo, establecida en Suiza, considerara que el bajo costo del boleto de transporte público atenta contra lo que considera debe ser la competencia leal.

Un hospital público francés, inglés, mexicano o nicaragüense, podría ser procesado por una clínica multinacional si ésta considerara que los costos de la atención médica estatal perjudican su rentabilidad. Cualquier inversor extranjero según los derechos que le concede el AMI contaría con el instrumento jurídico para rebelarse contra las disposiciones ecológicas que trataran de reducir el deterioro ambiental si éstas aumentaran como normalmente sucede sus costos de producción.

Un aspecto particularmente chocante, tal como lo señala Le Courrier de Ginebra es que "las prestaciones de servicios educativos son considerados en el Acuerdo como una mercancía más a excepción de la educación en la rama militar, que sería la única protegida y estarían sujetos a una abierta competencia". Así, del AMI hasta la eternidad, la escolarización a nivel de programas y contenidos quedaría en las manos de la World Company o de los centenares de colegios americanos, ingleses, alemanes o franceses esparcidos por el planeta.

No menos impresionantes son los efectos del AMI a nivel cultural, los que tanta preocupación están provocando entre la intelectualidad europea. Inquietudes normales considerando, por ejemplo, que el mercado cinematográfico del Viejo Mundo, que absorbe ya en un 80% las producciones de Hollywood, quedaría desprotegido por la potencial desaparición de la "excepción cultural" que establecen hoy los acuerdos de la OMC y que desconocerá mañana el AMI. Con el riesgo, además, de que los fondos de apoyo al cine europeo podrían dirigirse a financiar a su principal rival, el cine estadounidense.

Ejemplos hipotéticos y reales abundan. Tailandia donde existe una legislación que prohibe la importación de tabaco por razones de salud pública debería modificar sus trabas. En México que debió modificar su legislación agraria para incorporarse al Tratado de Libre Comercio (TLC) se agudizaría esta tendencia. Después del AMI, no sólo inversores canadienses y estadounidenses podrían comprar tierras ex reformadas a precios de saldo. Podrían hacerlo inversores de cualquier transnacional de cualquier bandera.

Precedentes ya hay. En el marco del TLC, presentado como la panacea de la liberalización en Norteamérica, la empresa estadounidense Ethyl reclamó 251 millones de dólares al gobierno de Canadá , argumentando en nombre de las disposiciones del TLC que las decisiones de ese gobierno habían afectado sus ingresos. En abril de 1997, Ottawa prohibió el uso del aditivo llamado MMT en la gasolina, considerando que contaminaba el aire. Entonces, Ethyl usó el argumento de que la prohibición canadiense era equivalente a una expropiación de haberes. Tal como lo establecía ya el TLC y en el futuro lo establecerá a escala planetaria el AMI el litigio, convertido en juicio, fue llevado a tribunales internacionales. De ganar la empresa, el gobierno canadiense deberá compensar a la empresa privada.

Sin ninguna duda, ha sido la Conferencia de la Acción Mundial (Global) de los Pueblos (AMP ó AGP) la instancia que con más vigor se ha levantado contra el Acuerdo en marcha. 300 representantes de los principales movimientos populares de todo el planeta entre ellos, 70 de casi todos los países latinoamericanos aprovecharon su encuentro del 18 al 25 de febrero en Ginebra para "mundializar" la denuncia. El AMI fue vapuleado vehementemente en el marco de las condenas públicas que la AMP lanzó contra la OMC, las instituciones financieras internacionales (Banco Mundial y FMI) y los acuerdos mundiales y regionales de "libre" comercio.

"Como si no fuera suficiente, un nuevo tratado está siendo introducido por los países privilegiados: el AMI. Este acuerdo extenderá el derecho de los inversores extranjeros mucho más allá de su posición actual en la mayoría de países y reducirá severamente los derechos y poderes de los gobiernos en la regulación de la entrada y el establecimiento de las operaciones de empresas e inversores extranjeros", denuncia el Manifiesto final del cónclave del AMP.

El documento considera al AMI como la más importante tentativa de "extensión de la globalización y de la liberalización económicas", presagiando que "abolirá el poder y el derecho soberano y legítimo de Estados y pueblos a determinar sus propias políticas económicas, sociales y culturales. Poder y derecho sin los cuales los países desfavorecidos no pueden proteger sus empresas o producciones locales ni sus sectores públicos".

Se ha ganado tiempo: ¿para qué?

Con el objetivo de adelantar los contrafestejos del 50 aniversario del GATT/OMC, que se celebrará en Ginebra en mayo próximo con bombos y platillos, la AMP estableció un variado calendario de "acciones descentralizadas", que van desde una marcha de ciclistas de Frankfurt a Ginebra hasta la realización de una cumbre alternativa a la Cumbre de Chile, en donde se avanzará en la aplicación del ALCA o Tratado de Libre Comercio de las Américas, patrocinado por Estados Unidos. La AMP propone también movilizaciones nacionales, campañas de cartas, faxes y correos electrónicos contra la OMC para bloquear sus circuitos en los días cercanos a su "cumpleaños", el lobby mediático y la presión sobre los gobiernos para confrontar este sistema globalizado "cuyas consecuencias son desastrosas para los pueblos de todos los países".

En actitud de "resistencia", la AMP ratifica la decisión de los movimientos representados de "no respetar las leyes y reglamentos impuestos por la mundialización, comprendido el AMI, ni los sistemas inhumanos del mundo definidos según el interés de las multinacionales." Y propone que la acción constructiva directa y la desobediencia civil se conviertan en características esenciales de esta nueva alianza de los pueblos contra la globalización. El Manifiesto deja abiertas a cada pueblo las puertas para que defina, según su propia realidad, los medios más adecuados de resistencia.

Destapado públicamente el proceso clandestino de elaboración del AMI, junto con la abundante información que después de esta victoria comienza a fluir de izquierda a derecha sobre el tema, es posible esperar un reacomodo de posiciones. No sorprende que algunos de los tecnócratas de la OCDE, incluído Frans Engering, presidente del grupo de negociadores del AMI, hayan anticipado dos elementos que hasta ahora no existían. El primero, el del tiempo político. Anticipando que el calendario inicial se podría ver retrasado incluso en un año, aceptan de hecho que, al globalizarse el debate, el costo de la confrontación ideológico informativa será mayor y las respuestas obligarán a los países enriquecidos a una nueva estrategia.

En segundo lugar, el que alude a la necesidad de incorporar potencialmente "cláusulas sociales y ecológicas" que reglamenten el AMI. Fórmula retórica para preparar cápsulas de contención y, eventualmente, dividir al frente opositor. De manera similar a lo que pasó con los tratados del GATT/OMC, la incorporación de algunos semáforos que después nunca se cumplen endulzaría los acuerdos sin disminuir en esencia su voracidad contra las mayorías desfavorecidas del planeta o contra las naciones periféricas del Sur.

¿Quién en las barricadas anti AMI?

Tanto el tiempo político como la incorporación de cláusulas sociales hablan de un marcado cinismo. Durante dos años, ni la consulta planetaria ni esa reglamentación "humanista" constituyeron una preocupación real, que sólo surge ahora ante la fuerza de la denuncia internacional.

No menos significativo resulta otro factor. Y es el hecho de que voceros importantes de países poderosos incluso actores de primer nivel en la OCDE denuncien hoy aspectos del AMI que dicen no haber conocido antes. ¿Oportunismo electoralista, mecanismo para obtener ganancias en la negociación o retórica populista? Todo es posible y sólo el tiempo podrá valorar las intenciones de estas críticas de última hora. De todas formas, no será fácil para políticos e intelectuales de la socialdemocracia europea, que hoy se suben a las barricadas anti AMI, el mantener firmes sus posiciones cuando su disyuntiva esté entre la "gran" política de Estado o los "pequeños" principios de dignidad.

De cara al futuro, resultará un factor clave evaluar con frialdad la capacidad de los movimientos populares del Norte y del Sur y la de algunos gobiernos de países periféricos para oponerse a un Acuerdo que afectará tanto a los desfavorecidos del Norte como a todo el Sur por igual, y que sólo favorecerá a las trasnacionales del Norte que inviertan en el Sur y a sus aliados políticos locales.

Si se miran los antecedentes inmediatos, los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, es evidente que la fuerza de la "resistencia" popular a nivel planetario todavía deja mucho que desear. Quienes resisten, se enfrentan a una realidad difícil: falta una síntesis a veces por desconocimiento entre el combate diario contra ajustes y recetas neoliberales y el combate contra los grandes tratados marcos que nutren conceptualmente y financieramente esas mismas recetas.

Tampoco es débil el poder que promueve el AMI. Cuarenta mil corporaciones controlan hoy el 80% del comercio mundial, las 200 principales transnacionales a nivel planetario controlan un cuarto de la actividad económica mundial, las ganancias de empresas como la Ford o la Toyota son más grandes que el producto nacional bruto de Africa del Sur o Dinamarca.

A pesar de toda esta debilidad y de tanto poder, las nuevas fórmulas de comunicación y acción planetaria y ciertas experiencias que se han venido dando en el último lustro, animan a creer que se está creando una nueva concepción de resistencia. Basta recordar las movilizaciones contra el Banco Mundial y el FMI en su 50 aniversario, los encuentros por la humanidad y contra el neoliberalismo en Chiapas y España, las marchas europeas contra el desempleo, las constantes respuestas a los ajustes en el Sur y esta última Conferencia de la AMP en Ginebra. ¿Suficiente para enfrentar con éxito al AMI? La pregunta queda abierta. Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

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