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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 192 | Marzo 1998
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Guatemala

Un año sin guerra: ¿paz "de baja intensidad"?

El gobierno y la oposición, las encuestas de opinión pública, los obispos, la ex-guerrilla, los organismos de derechos humanos hacen un diagnóstico del primer año que vive Guatemala sin guerra. El balance es muy complejo y se transforma en agenda de trabajo.

Juan Hernández Pico, SJ

Al haber transcurrido en 1997 el primer año de la paz, el drama guatemalteco consiste en demasiada gente que exalta sin mesura lo ya cosechado y demasiada gente que desprecia con exceso lo que se ha sembrado. Hay intolerancia e intransigencia en ambas partes. Los conflictos permanentes entre los medios y el Presidente y entre el gobierno y la oposición lo expresan.

Conflicto Presidente Medios

Se observa en el presidente Alvaro Arzú una arrogante resistencia a considerar la crítica como instrumento de reflexión y herramienta de rectificación y en la prensa, una orgullosa e injustificada pretensión de representar inequívocamente la voz del pueblo. Ninguna de estas dos actitudes ha contribuido a que el país se encamine hacia una democracia más operante. El Presidente tiende a presentar los Acuerdos de Paz no como proyecto de Estado y de interés nacional sino como programa partidista del gobierno. Sin embargo, la arrogancia del Presidente innegable en su temperamento no permite afirmar, como tiende a hacerlo la prensa, que Guatemala camine hacia la autocracia. Si algún fruto han cosechado ya los Acuerdos de Paz es la apertura de un espacio político de participación y de libre expresión sin precedentes en el país. La Conferencia Episcopal de Guatemala, en su primer mensaje de 1998, afirma que "se han dado avances sustanciales en la consecución y el respeto de un estado de derecho, y contamos con una sociedad más democrática que en cualquier momento anterior de los últimos cuarenta años".

Por su parte, los medios de comunicación no son como tienden a presentarse la instancia representativa del "clamor ciudadano". Son sólo un "cuarto poder" no electo por el pueblo. Presentarse los medios como "los" vigilantes del poder estatal, deja en la penumbra en nombre de qué intereses ejercen esa vigilancia. Y olvida a otros fiscalizadores insertos en las mismas estructuras del Estado: la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Contraloría de la República, las organizaciones de la sociedad civil, etc.

Conflicto Oposición Gobierno

En el Congreso, la oposición no está demostrando responsabilidad de Estado. Predominan los intereses partidistas. A pesar de lo deficientes que fueron las elecciones de 1995 96, especialmente por la elevada abstención, dieron al PAN una mayoría absoluta en el Congreso. Esto no le autoriza para gobernar sin diálogo ni concertación, sobre todo en momentos históricos tan necesitados de consensos nacionales para encaminar al país por la reconciliación. Tampoco está autorizada la oposición para ejercer una labor de sistemático bloqueo, apelando a los procedimientos defectuosos o arrolladores del partido gobernante y dejando de lado el fondo de los temas, como si siguiera en permanente campaña electoral.

El gobierno no acierta cuando los hábitos de secretividad empresarial de no pocos de sus personeros se aplican a la gestión pública. Guatemala requiere de un gobierno mucho más transparente y con mucha mayor sensibilidad a la crítica democrática. Y la oposición debe aceptar y asumir sus responsabilidades políticas. El juego democrático no tiene espacios para desarrollarse cuando la oposición vive en permanente campaña, se vuelve electorera e intenta sistemáticamente paralizar el funcionamiento del gobierno. Hace falta que sus líderes tengan dimensión de estadistas y actúen con una visión de largo plazo, menos coyunturalista. Si el Presidente y los medios, si el gobierno y la oposición, no rectifican en el desempeño de sus diversos roles sociales, la esterilidad de sus permanentes enfrentamientos cobrará excesivos e innecesarios costos al trabajo por la paz.

¿Qué dicen las encuestas?

¿Cómo piensa la opinión pública después de un año de la firma de la paz? El semanario Crónica informa de los resultados de una encuesta exclusiva, realizada entre el 3 y el 6 de diciembre de 1997 en la ciudad de Guatemala. El 51% de los encuestados consideró que Alvaro Arzú es más responsable del enfrentamiento entre él y la prensa nacional. El 53% opinó que Arzú se ha mostrado más crítico que la prensa en esta confrontación. El 59% está de acuerdo con la actitud crítica de la prensa hacia Arzú. El 79% está en desacuerdo con que la prensa deba limitarse a informar y no deba opinar o interpretar los hechos. El 82% está en desacuerdo de que se deba restringir la libertad de prensa. La encuesta no preguntó si la prensa debe o no informar de los logros del gobierno, tema que es uno de los caballitos de batalla del Presidente en su disputa con los medios.

Otras encuestas ofrecen pistas para conocer el balance que hace la opinión pública sobre el primer año de la paz, aunque todas son encuestas hechas en la capital, seria limitante en un país de mayoría rural. Un 47% de los capitalinos respondió que el año 1997 había sido regular, y sólo un 20% dijo que había sido bueno, muy bueno o excelente. Para el 33% el año fue malo, muy malo o pésimo. Informa Crónica que esta encuesta, hecha el 5 y 6 de enero de 1998 en la capital, fue pasada a una muestra de 300 personas, de las cuales tres cuartas partes eran de nivel medio o popular y dos tercios eran "jóvenes" entre 18 y 34 años. Ante el año 1998, el mismo tercio de la población encuestada espera que sea malo, muy malo o pésimo y disminuye el número de los que esperan que sea regular (25%), aumentando la cantidad de los que esperan que sea bueno, muy bueno o excelente (39%). Estaríamos así ante un tercio de la población capitalina sin expectativas a causa de una pobreza e inseguridad sin horizontes.

En la encuesta de enero 98, un 37% de los capitalinos opina que la seguridad ciudadana será de buena a excelente en el 98. Esperan que sea regular un 30% y un 34% teme que sea entre mala y pésima. Peores son las expectativas ante la economía. 1998 es esperado por un 51% como un año entre malo y pésimo. Un 29% lo espera como regular y un 20% tiene expectativas de que sea entre bueno y excelente. Así, es más la gente que confía en que mejore la lucha contra la delincuencia que la que confía en una mejoría de las condiciones materiales del país.

Realmente, el crecimiento que está teniendo Guatemala a juicio de la Fundación Myrna Mack no guarda proporción con la etapa de reconstrucción de post guerra en la que vive el país: el 4% aproximado que el PIB guatemalteco creció en 1997 es la mitad de lo que se requeriría para una auténtica reconstrucción nacional. Preguntados los capitalinos sobre qué pedirían si tuvieran que pedir algo para Guatemala, un 37% respondió que pediría seguridad o control de la delincuencia. Otro 33% pediría más empleo, estabilidad económica o aumento salarial. Un 4% pediría un gobierno justo. Si la petición fuera personal y no colectiva, un 43% pediría trabajo, aumento salarial o estabilidad laboral, mientras un 28% se reparte entre seguridad y paz. Sólo un 5% pide salud.

Es evidente que la "seguridad" sin oportunidades de un mayor bienestar económico deja de tener un atractivo autónomo, como tantas organizaciones de la sociedad civil están diciendo. La aspiración a un país que ofrezca mejores condiciones materiales de vida está en el primer plano de la opinión pública capitalina. Es una agenda pendiente para el gobierno actual, relacionada con las decisiones que tome en materia de impuestos y en materia de desarrollo rural.

Balance de la URNG

En enero, la URNG publicó un largo y bastante crítico informe sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, al año de su firma. Al comentarlo, los voceros de la ex guerrilla explicaron su prolongado silencio a lo largo de 1997, diciendo que, no existiendo quejas sobre el cumplimiento de los acuerdos en la primera fase calendarizada, de enero a abril fase de la finalización del conflicto, de la desmovilización de los combatientes y de su primera reincorporación a la legalidad debían esperar el transcurso de la segunda fase, calendarizada para abril diciembre, para expresar un juicio responsable. El cierre de esa segunda fase coincidía con el primer aniversario de la firma de los acuerdos.

Al resumir su informe, la URNG reconoció que "como signataria y parte de los acuerdos de paz, por su inicial configuración como fuerza política legal, ha tenido limitaciones que no le han permitido jugar a cabalidad su papel de contraparte en la proyección social y movilizadora alrededor del proceso de cumplimiento de los acuerdos". Ciertamente, la deficiente divulgación de los acuerdos entre la población y la escasa apropiación que los guatemaltecos han hecho de ellos son lastres para su cumplimiento.

Los parámetros que guían a la URNG en su balance son cuatro: la creación de "condiciones de libre participación política y pluralismo ideológico", la "edificación de la institucionalidad de la paz", el otorgamiento al proceso pacificador de un "basamento legal", especialmente constitucional, y la "dotación del Estado con nuevos recursos financieros" para impulsar procesos socioeconómicos y culturales que respondan a algunas de las causas más profundas que tuvo el conflicto armado. Para la URNG, en estos cuatros factores se expresa el "proceso de transición política" en el que Guatemala está "sentando bases de futuro", lo que hace necesario "no agotar la visión y los esfuerzos en la coyuntura inmediata".

Según el primer parámetro, la URNG considera que se han dado avances fundamentales: la reincorporación a la legalidad de la ex guerrilla, encaminada a conformarse en un partido político; la sustancial disminución de la represión política; el creciente protagonismo de los pueblos indígenas. Señala, sin embargo, su preocupación por la lentitud o la falta de decisión política para hacer efectivo el programa de incorporación a la vida civil de los ex combatientes. De fondo, se adivina aunque no se formule la preocupación porque los ex combatientes recurran a la delincuencia si no se concretan los proyectos de trabajo, tierras o vivienda anunciados para ellos.

Faltan aún bases legales

Según el segundo parámetro, la URNG expresa una satisfacción básica por la constitución de las 14 comisiones establecidas para dar seguimiento a los acuerdos, en las que participan 300 personas, con amplia presencia de los indígenas y de las mujeres. Sin embargo, resalta la insuficiente disposición del partido de gobierno para la concertación, achacando a esta actitud los obstáculos que impiden aunar voluntades alrededor de las reformas pendientes. El tercer parámetro usado por la URNG en su balance el basamento legal le ofrece oportunidad para una mayor crítica. Recuerda que del cumplimiento de los cambios legales y constitucionales depende el reconocimiento de la unidad de la nación guatemalteca como multiétnica, pluricultural y multilingüe, la reorientación de la seguridad ciudadana, la aplicación de la justicia y la redefinición del papel del ejército.

La URNG critica el retraso en la aprobación de las reformas constitucionales, y acusa a algunos de los partidos con representación parlamentaria el haber abusado de los espacios de discusión para entorpecer el proceso de paz y sacar ventajas políticas. La URNG reitera que son las reformas constitucionales y legales contenidas en los acuerdos las que deben prevalecer, debiendo acelerarse su aprobación legislativa y su presentación a consulta popular, independientemente del proceso electoral de 1999.

Destaca la URNG la importancia de que se adelanten las fechas electorales a agosto del año en que toquen, para que una no pequeña porción de la población del campo, involucrada en noviembre y enero en las cosechas de temporada, pueda participar. A propósito de la redefinición del ejército, señala la URNG las preocupaciones que suscita su continuada participación en tareas de seguridad interna y el mantenimiento de un dispositivo de defensa excesivo; y expresa la sospecha de que la reducción del ejército se haya hecho en base a plazas vacantes y a personal de tropa que prestaba servicio militar, sin apenas reducir a los oficiales. Señala también la indignación causada por la filtración de planes estratégicos que siguen contemplando operaciones de inteligencia para controlar a políticos y a agentes sociales y culturales; y la necesidad de que se inicie la desmovilización gradual del Estado Mayor Presidencial para reemplazarlo por un órgano realmente nuevo, encargado solamente de la seguridad del Presidente, del Vicepresidente y de sus familias. La URNG reconoce que se ha cumplido con la reducción del presupuesto de defensa.

El principal obstáculo

En el cuarto parámetro la dotación del Estado con recursos fiscales mayores y más equitativos , la URNG es muy crítica, afirmando que el paquete de innovaciones tributarias no constituye una verdadera reforma fiscal, no responde "ni al espíritu ni a la letra" de los acuerdos de paz y "no altera la inequitativa estructura tributaria". Sobre todo, señala que el gobierno tergiversó el carácter del objetivo fundamental de las reformas la elevación de la carga tributaria hasta alcanzar el 12% del PIB el año 2000 , presentándolas como costo de la paz sobre la canasta básica popular, en lugar de como cauce para que, a través del gasto público, la paz se traduzca en beneficios tangibles para la población de escasos recursos.

Reconoce el informe de la URNG que la creación de la Superintendencia de Administración Tributaria fortalecerá la capacidad estatal para la recaudación fiscal y, junto con otras leyes, reducirá el monto de la evasión de impuestos. En lo fundamental, la crítica de la URNG apunta a que, sin una auténtica reforma tributaria, la cooperación internacional corre peligro y se hace mucho menos viable el cumplimiento del contenido del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que requiere un aumento real del gasto público en educación, salud, vivienda, creación de empleo, etc., y en el costoso, aunque indispensable, levantamiento de un nuevo catastro nacional que permita buscar una solución a los innumerables conflictos de tierras.

A pesar del tono mesurado de la crítica de la ex guerrilla, su fondo bastante atinado en su conjunto disgustó profundamente al gobierno, que respondió afirmando que se trataba de expresiones no guiadas por la objetividad sobre el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos, sino por intereses políticos electoreros. Realmente, la URNG tocó el principal obstáculo que los Acuerdos tienen entre una mayoría de funcionarios del gobierno: confían más en un Estado socialmente débil, aunque fuerte en el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, con una estructura de seguridad capaz de desalentar cualquier movimiento social contestario, que en un Estado fuerte, democráticamente fundamentado en el carácter social del gasto público como herramienta de desarrollo.

El reto de la URNG será mantener su capacidad crítica y su corresponsabilidad en el cumplimiento de la agenda de la paz. Políticamente, se trata de un dilema difícil de sortear. Si la URNG logra resolverlo, habrá aportado mucho a la creación de una oposición política con visión estadista. Para algunos miembros del círculo de "amigos del Presidente" los Porras, Stein, Zelaya, Arévalo, etc. , que aunque trabajan en puestos importantes de gobierno, no son miembros del PAN, lo importante de un balance sobre el primer año de la paz no es quedarse en una mirada detallista sobre cada compromiso, sino analizar si de veras se han puesto en marcha procesos fundamentalmente irreversibles, que vayan construyendo la paz con continuidad y sostenibilidad.

Balance de "los amigos"

Ricardo Stein, de la Secretaría presidencial de la Paz, indica la importancia de la institucionalización del diálogo y la negociación en las 14 comisiones creadas para dar seguimiento a su cumplimiento. Estas comisiones, a través de los 300 miembros que las integran y de los mil que se mueven en conexión con ellos en grupos de trabajo, constituirían una nueva forma de relación del Estado con la sociedad civil.

Señala también Stein como un logro de este primer año de paz el proceso de redefinición de las relaciones cívico militares, del que depende el avance en la seguridad pública, la creación de mecanismos para resolver los conflictos de tierras, la creación de alternativas productivas para el campo y la transformación fiscal iniciada. En la gran mesura de sus observaciones se trasluce la preocupación oficial por los obstáculos reales que amenazan el proceso de paz, así como los puntos de convergencia entre las corrientes que negociaron los acuerdos. El desafío es que el Presidente Arzú sea capaz de mantener entre sus colaboradores a representantes de tendencias diversas, no dejándose dominar por las fuerzas tradicionales más poderosas, sacrificando así la preocupación social por la equidad, indispensable para consolidar la paz.

Balance de los obispos

En su balance, la Conferencia Episcopal, además de destacar avances en las condiciones de democracia, señala también como logros el que las mujeres ocupen mayores espacios sociales, el crecimiento de las organizaciones comunitarias, el aumento de proyectos de desarrollo comunitario, la mayor participación de los pueblos indígenas, la recuperación de la memoria histórica y su efecto saludable para el procesamiento del dolor acumulado por la gente, y la vitalidad del compromiso de religiosos y laicos en la Iglesia de Guatemala.

Insisten los obispos en la permanencia de realidades que "destruyen o bloquean la esperanza" de muchos en que la paz aportaría cambios reales al país. El crecimiento de la pobreza es la primera de estas realidades. Los obispos ven conexión entre las nuevas formas de violencia y las nuevas formas de enriquecimiento injusto y desproporcionado, que generan nuevos empobrecimientos. Destacan la falta de empleo digno y estable para tantos, y la falta de coherencia que hay entre las cifras de descenso de la inflación y la incapacidad de mucha gente para costear sus necesidades fundamentales.

En segundo lugar, los obispos se refieren a los conflictos por la tierra, los ven agudizados y señalan que "en este punto se da con mayor fuerza la incoherencia entre la fe y la vida de muchos cristianos". Afirman que la Iglesia se ha comprometido con muchos proyectos de acceso a la tierra y a su explotación productiva, a pesar del obstáculo que representa la especulación con los precios de la tierra.

Denuncian la pervivencia del autoritarismo, presente en la confianza que se tiene en la pena de muerte, en el recurso a linchamientos y en la aceptación de la imposibilidad de superar los resabios de impunidad y corrupción en la administración de justicia.

Vuelven a insistir en que el modelo económico que se está construyendo con la globalizacion y con el mercado como último criterio ético, tiene que ser superado para hacer de la persona humana el criterio último y para encontrar alternativas al escándalo de las graves desigualdades entre las naciones y entre mayorías y minorías dentro de cada país.

Un cumplimiento "mécanico"

Desde las organizaciones de derechos humanos, Frank La Rue, presidente del Centro de Atención Legal a los Derechos Humanos y ex miembro de la Representación Unitaria ante los organismos internacionales de las organizaciones cívicas en alianza con la URNG, se muestra profundamente crítico con los responsables del cumplimiento de los acuerdos en el primer año de la paz.

Su valoración básica apunta a que se ha cumplido con "la mecánica de los acuerdos", al establecer las comisiones para su operativización, pero piensa que no se percibe aún voluntad política para un cumplimiento sustantivo. Sostiene que, con pocas excepciones, el gobierno se ha apartado de los espacios de diálogo y consulta. Afirma que, dentro del gobierno, los sectores partidistas del PAN se han impuesto a los asesores "amigos de Arzú", con el resultado de que prevalece el interés por la agenda económica neoliberal y no el interés por una transformación social y democrática del Estado. Considera que la URNG ha quedado presa de una alianza con el gobierno y ha mantenido silencios, incapaz de ejercer un papel crítico ante sus políticas o ante las violaciones de los acuerdos. Esta valoración es un signo, entre otros, de la pérdida de liderazgo de la URNG entre las izquierdas guatemaltecas.

La Rue concluye que la firma de la paz obliga a asumir responsablemente los espacios de participación ciudadana abiertos en Guatemala y señala que el nuevo interlocutor del gobierno en el proceso de paz es la sociedad civil. Sólo si ésta se organiza y moviliza, articulando sus sectores y fuerzas, habrá posibilidad de una consolidación democrática. El gobierno dice debe recuperar hábitos de diálogo y consulta, no sólo ante posiciones inequívocas de la opinión pública o ante movilizaciones sociales militantes, sino en la cotidianidad social.

La Fundación Myrna Mack, por su parte, señala que, al interior del gobierno, el programa partidario ha desplazado la agenda nacional de la paz, marginando a la comunidad internacional y a la Misión de la ONU (MINUGUA), a papeles de apoyo acrítico técnico y de financiación. Afirma que el gobierno no ha tenido suficiente audacia para institucionalizar el espíritu de las negociaciones en un gran foro social de consulta, en cuyo seno pudiera apoyarse en la fuerza de organizaciones y sectores decididos a apoyar los acuerdos de paz, incluida la Iglesia católica. En este vacío se ha fortalecido la influencia de grandes familias empresariales y de los altos oficiales de las fuerzas aérea y naval. Así, la tendencia hacia el predominio del poder civil sobre el militar se ha visto frenada y postergada y la ejecución de los acuerdos de paz ha resultado "de baja intensidad".

1998: agenda social cargada

La Fundación Myrna Mack cree que la URNG puede constituirse en opción, no sólo de voto sino de elección, pero esto señala que no aportará a una cultura política diferente de la tradicional caudillismo, clientelismo si no renueva internamente su liderazgo y sus referentes ético políticos. El año 1998 dice ofrece posibilidades para que los movimientos sociales se fortalezcan en su capacidad de agenda autónoma y de práctica independiente. Para la Fundación, en 1998 "la agenda del movimiento social estará cargada de temas como: derechos indígenas, derechos de las mujeres y derechos de los niños , impunidad, memoria, resarcimiento a las víctimas del conflicto, reformas en los aparatos de seguridad y de justicia, acceso a la tierra rural y urbana, violencia e inseguridad y alto costo de la vida".

La mayor amenaza para el Estado reside, a juicio de la Fundación, en el retorno del militarismo con un control social basado en las armas y en los métodos punitivos. Esto dejaría a la población, abrumada ya por la creciente pobreza, inerme frente a los grupos armados los militares y los de la delincuencia organizada cuyas conexiones son más que una sospecha.

Esclarecer la verdad

En 1998 se conocerán los resultados del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), presidida por el alemán Christian Tomouschat, y en la que trabajan como comisionados los guatemaltecos Otilia Lux de Cotí, indígena, y Alfredo Balsells Tojo, abogado socialdemocráta. El 16 de febrero, la Comisión firmó una declaración pública en la que hace un balance de sus trabajos. Se ha concretado ya el apoyo financiero del gobierno, demorado durante muchos meses, sumándose al financiamiento internacional que los comisionados consiguieron. En forma delicada, la Comisión reprocha al gobierno su falta de cooperación, concretada aunque no lo dice en la renuencia del Ejército a entregar sus archivos: "El Gobierno inició el pasado mes de enero la entrega de información de mayor interés relativa a solicitudes formuladas, que si bien contiene datos útiles para el esclarecimiento histórico, es aún insuficiente". Esto significa que el gobierno demoró seis meses para, al final, comenzar a dar una cooperación inadecuada. Por el contrario asevera la Comisión "la URNG ha ido proporcionando progresivamente a la Comisión información sobre la mayoría de las situaciones que le han sido presentadas".

Actualmente, la Comisión está en período de análisis de "la gran cantidad y variedad de testimonios e información reunidos" para "entregar un informe que ofrezca elementos de juicio sobre lo acontecido y recomendaciones específicas". Para ello, la Comisión anuncia la convocatoria de un proceso de consulta social y de un foro nacional conclusivo que, sin reducir su independencia, le permita "escuchar a toda la sociedad civil respecto de las necesidades y expectativas, al igual que sus opiniones, sobre las posibles recomendaciones". Con este fin, la Comisión hará uso de la prerrogativa de extender el primer período, de seis meses a un año completo, para concluir con su informe el 31 de julio. La Comisión informará entonces en mayor detalle sobre la colaboración de las partes. Mientras tanto, los comisionados "les exhortan a cumplir plenamente con su obligación, aunque debe advertirse que el incumplimiento de las partes no alteraría la seriedad ni la validez del informe final".

En conexión con el esclarecimiento histórico, el Gobierno y la URNG deberán pasar en 1998 un test que demostrará si el gobierno de Alvaro Arzú tiene no sólo voluntad política de contribuir a hacer luz sobre el pasado reciente, sino también capacidad de imponer esta voluntad al ejército y a los demás organismos de seguridad. El test mostrará también la capacidad de la URNG de dejar atrás hábitos de excusa y justificación para asumir su responsabilidad histórica.

URNG: "Cometimos errores"

El 19 de febrero, la URNG declaró públicamente que "por las características tan particulares de la guerra en Guatemala, reconocemos que cometimos algunos errores y excesos. En situaciones muy concretas y particulares, incurrimos en injusticias".
"Con el mayor énfasis declararon , afirmamos que en nuestra documentación, testimonios e informes, no se puede establecer que nuestra política fue la de proceder a través de los métodos de la represión, de la tortura, de las masacres, de la venganza o de la injusticia para obtener los objetivos".

"De ninguna manera afirmaron pretendemos escudar responsabilidades ante una situación de guerra. Cuando elegimos la vía de la lucha armada, lo hicimos asumiendo todas las responsabilidades. Ello incluye los riesgos, los errores y los excesos que en un proceso, violento de por sí, se cometen y que no tienen explicación sino en los contextos políticos e históricos en que se desarrollan".

No se conoce, por parte del gobierno, una declaración de similar alcance a la de la URNG en respuesta a la Comisión de Esclarecimiento Histórico. En varios sectores nacionales existe hoy la tendencia a equiparar las conductas, de ambos bandos en pugna. Tocará a la Comisión iluminar con profundidad tanto el contexto histórico como los procesos y los hechos que ocurrieron en aquellas violentas décadas de enfrentamiento y sufrimiento. Será ésa su difícil tarea a lo largo de este segundo año en paz.

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