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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 298 | Enero 2007
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México

Oaxaca: los rasgos de un nuevo fascismo

Durante meses, mujeres, hombres, niños y ancianas han enfrentado en las calles de Oaxaca el aparato represivo del gobierno saliente del PAN y el del gobierno entrante y fraudulento del mismo partido. Un nuevo fascismo ha encontrado en Oaxaca una nueva resistencia, que ha perdido el miedo y que surge de las bases. Son señales del agotamiento del modelo económico neoliberal impuesto en México.

Jorge Alonso

Los últimos acontecimientos políticos ocurridos en México nos recuerdan el texto clásico de Hannah Arendt “Los orígenes del totalitarismo”. Y aunque el ideólogo del Partido Acción Nacional (PAN), Efraín González Luna, fue un duro crítico del fascismo en sus vertientes nazi y franquista, en el nacimiento del PAN hubo muchos admiradores de esta forma política, y en no pocos panistas ha prevalecido esta tendencia hasta nuestros días.

UN FASCISMO DE ESTADO PARALELO

Hannah Arendt advirtió que las soluciones totalitarias surgían donde parecía imposible aliviar la miseria económica, política y social por vías dignas del ser humano. A las reflexiones de Arendt habría que añadir las de Boaventura de Sousa Santos, quien advierte de la existencia de un fascismo societal. Según de Sousa, en el nuevo fascismo no hay necesidad, como en el fascismo original, de eliminar las expresiones de otros partidos. Lo que hay es una segregación de los excluidos, un fascismo de Estado paralelo -con la aplicación selectiva de las leyes- y un fascismo paraestatal, que implica la usurpación por parte de poderosos actores sociales de las atribuciones estatales con connivencia del Estado. No habría que olvidar tampoco el fascismo de la inseguridad, que es una manipulación discrecional de la inseguridad. Todo esto se ha concretizado en México de manera extrema en el caso del conflicto de Oaxaca. Los poderes fácticos y la espuria Presidencia panista tratan de apoyarse en sentimientos promovidos en amplias capas de la población por medio de los poderosos medios electrónicos de comunicación en contra de la resistencia popular oaxaqueña hoy, en apasionada lucha contra el abuso del poder.

POBREZA Y DESPOTISMO

Oaxaca es una de las entidades más pobres de México. 16 etnias distribuidas en 7 regiones conforman la población indígena más numerosa del país. Oaxaca sufre una aguda desigualdad social, política y económica. Ha sido tierra de caciques y de abusos. En 2004, por un fraude electoral, fue impuesto como gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, un allegado del gobernador saliente y del entonces jefe del PRI, Roberto Madrazo. El ejercicio despótico del poder fue enemistando a Ruíz con gran parte de la población. Con su gobierno, la situación de los derechos humanos en la entidad se deterioró aún más. El gobernador recibió muchas observaciones y recomendaciones de parte de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, señalándolo de propiciar el encarcelamiento y el asesinato de opositores.

CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL
Y UNA MAFIA POLÍTICA

Para entender mejor la dramática situación del estado de Oaxaca, hay que tener en cuenta los planes globalizadores que el Estado mexicano ha estado impulsando para privilegiar las inversiones trasnacionales que monopolizan la riqueza. En la región oaxaqueña, el Plan Puebla Panamá incluye varios megaproyectos: el tren transístmico -que serviría como un nuevo canal entre el Pacífico y el Golfo de México-, el proyecto eólico eléctrico La Venta, el corredor turístico Pinotepa Nacional-Huatulco y la privatización de los recursos minerales de la Sierra Sur. Todos estos proyectos han ido generando oposición popular, sumada a la que ya existía contra el proyecto hidroeléctrico La Parota.

Además, el TLC con Estados Unidos ha desarticulado el mercado interno, contribuyendo a agudizar la crisis de la agricultura tradicional, en particular el cultivo del maíz. Se han agravado también los conflictos agrarios y se viene destruyendo la riqueza natural y cultural de las comunidades de Oaxaca: erosión severa de las tierras y pérdida de fuentes de agua. Por falta de oportunidades locales, Oaxaca es el estado que más expulsa mano de obra hacia la capital mexicana y hacia Estados Unidos. En esta situación, las ya graves situaciones de pobreza, desempleo y migración son cada vez peores.

A esta crisis económica y a esta rebeldía social hay que sumar la grave crisis política provocada por el autoritarismo corrupto, corporativo y caciquil de sucesivos gobiernos del PRI, promotora de violencia e ingobernabilidad, negándoles justicia a los pueblos indígenas y a los sectores más pobres y haciendo uso de los recursos públicos sin ninguna transparencia, favoreciendo sólo a sus grupos amafiados. En Oaxaca domina una oligarquía voraz.

UNA SOLA VOZ:
QUE SE VAYA ULISES RUIZ

La llegada a la gubernatura de Ulises Ruiz en 2004 lo agudizó todo. Ruiz se dedicó a atacar la disidencia y a hostigar a los medios de comunicación que no se plegaban a sus planes. Al comienzo, los agraviados recurrieron infructuosamente a los tribunales y ministerios públicos denunciando despojos y asesinatos, pero nada consiguieron. En mayo de 2006 los maestros de Oaxaca demandaron mejoras salariales, y ante la falta de soluciones a sus peticiones hicieron un plantón en el centro de la capital del estado. A mediados de junio el gobierno local intentó aplastarlos con un violento desalojo, que costó un muerto, y lo que consiguió fue el nacimiento de un amplio movimiento regional unido en torno a la exigencia de la renuncia de Ulises Ruíz.

Aunque los oaxaqueños saben que son muchos los problemas que hay que solucionar, una demanda central los ha unido: la condición indispensable para empezar a remediar sus males es la salida de Ulises Ruiz de su cargo.

NACE LA APPO
Y SE ORGANIZAN LAS MUJERES

Los pueblos de Oaxaca tienen una intensa vida comunitaria. Muchas poblaciones y organizaciones estudiantiles, campesinas y de colonos conformaron una convergencia que denominaron Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que vio la oportunidad de oponerse a todos los cacicazgos y en especial al del gobernador Ruíz, que calificaron de delincuencial.

La APPO organizó su propia comunicación con la población. Desde junio a noviembre estuvo al servicio del movimiento la radio de la universidad, controlada durante esos meses por el sector estudiantil.

El primero de agosto de 2006 cientos de mujeres hicieron una marcha con cacerolas y demandaron un espacio en la televisora del gobierno del estado. Como no fueron recibidas, decidieron instalarse ahí. Pronto el movimiento tomó la radio y la televisión estatales, transformando en una gran cocina el estacionamiento de las instalaciones del canal de televisión. No ocuparon las oficinas para que después no dijeran que se habían robado cosas.

Después, formaron la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca. Sumando sus fuerzas y sus miedos volvieron a marchar juntas, esta vez rumbo a la ciudad de México e impulsaron la toma de una radio que llevaba el nombre de “La Ley”. La rebautizaron: “La Ley del Pueblo”.

BAJO EL MANTO PROTECTOR
DEL PRI Y DEL PAN UNIDOS

La solución a tan constante y organizado repudio popular al gobernador priísta Ulises Ruiz hubiera sido que el Poder Legislativo declarara la desaparición de los poderes establecidos. Eso hubiera implicado hacer nuevas elecciones en la entidad. Pero como el movimiento contra Ruiz había tenido como efecto inmediato que en Oaxaca la Coalición por el Bien de Todos encabezada por López Obrador tuviera una copiosa cosecha de votos en las elecciones presidenciales de julio, el PRI buscó alianza con el PAN para impedir que le tocaran a Ruiz.

No hay que olvidar que lo que ha ido quedando en el priísmo como amalgama es la impunidad. Se arropan entre ellos y se defienden como una mafia. Por su parte, el PAN, olvidándose de sus principios, también defiende a los priístas más desprestigiados para tener en el poder legislativo el apoyo del PRI. Por estas razones no prosperó en el Senado la solicitud de desaparición de poderes promovida por la APPO. Posteriormente, un juez consideró que el Senado había incurrido en conducta omisa al no contestar los escritos de desaparición de poderes en Oaxaca que la APPO había presentado a finales de julio y que con eso había violado la garantía del derecho de petición. La APPO buscó entonces otra vía legal: que la Cámara de Diputados le abriera un juicio político al gobernador. Sin embargo, éste se ha mantenido bajo el manto protector del PRI y del PAN.

EL ASESINATO DE BRAD WILL

En agosto y septiembre, la APPO organizó muchas marchas, huelgas de hambre, intensificando la instalación de barricadas en gran parte de la ciudad de Oaxaca. El gobierno federal creyó que dejando el conflicto a su suerte se agotaría, pero se fue complejizando y fue en aumento la respuesta violenta del gobierno local.

A mediados de octubre un manifestante fue asesinado por esbirros del estado, acontecimiento documentado por el reportero estadounidense Brad Will, quien desde un medio independiente daba seguimiento al conflicto. El 27 de octubre policías y priístas atacaron varias barricadas y dieron muerte al reportero Brad Will. La APPO responsabilizó al gobernador y al gobierno federal por su omisión y su cerrazón, al negarse a reconocer que en Oaxaca existía un conflicto social que iba más allá de una demanda local y laboral. También el Senado era responsable por haber ratificado los poderes en Oaxaca por intereses partidistas. La APPO exigió una vez más la salida del gobernador y rechazó el uso de la fuerza pública como solución mientras las organizaciones de derechos humanos denunciaban que crecía una ola de represión.

ESTADO DE SITIO
PARA APLASTAR LA RESISTENCIA

El gobierno federal aprovechó el asesinato del ciudadano estadounidense para establecer que sólo aceptaría las demandas salariales de los maestros, pero de ninguna manera la salida de Ulises Ruiz. Y para apuntalar esta decisión mandó a Oaxaca a la policía federal. Hubo cateo de casas y detenciones. El movimiento popular anunció que enfrentaría la ocupación militar con resistencia pacífica. Los pueblos mixtecos clamaron que no tenían armas, sino la necesidad de que el gobierno federal escuchara sus demandas y no los reprimiera. A finales de octubre la liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y más de cien organizaciones civiles y sociales emitieron un comunicado urgente ante “el estado de sitio de facto” que perseguía a un movimiento pacífico de resistencia.

La policía federal recuperó el centro de la ciudad y en el desalojo falleció un enfermero, al que una bomba de gas le alcanzó en el estómago. Pese a que el gobierno federal publicitaba un “operativo limpio”, se trató de una violenta represión apoyada con sobrevuelo de aviones y helicópteros militares. El primer saldo del ingreso de las fuerzas federales fue de dos muertos y decenas de heridos y detenidos. Grupos ciudadanos de todo el mundo, conocedores de la barbarie, protestaron contra la represión. Amnistía internacional exigió el respeto de los derechos humanos de los manifestantes y grupos de derechos humanos denunciaron las detenciones arbitrarias, informando que se tenían datos de desapariciones forzadas.

Quienes habían instigado el fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio los grandes empresarios -los poderosos medios electrónicos de comunicación, la alta jerarquía eclesiástica- y el beneficiario del fraude Felipe Calderón, fueron los que presionaron al saliente Presidente Fox para que aplastara la insurrección popular.

CON PIEDRAS Y COHETES
CONTRA ARMAS DE FUEGO

La toma de Oaxaca por las fuerzas federales profundizó la crisis y la ingobernabilidad. El gobierno federal volvió a calcular mal: pensó que con la entrada de la policía federal en Oaxaca el movimiento terminaría. Pero la gente remontó el miedo y la lucha prosiguió. Replegada a la plaza de Santo Domingo, la gente se atrincheró en la universidad y a la demanda de la salida del gobernador, la APPO sumó ahora la del retiro del “ejército de ocupación” y la libertad de los presos políticos. Sacerdotes de la arquidiócesis de Oaxaca -en sentido contrario a lo expresado por la Conferencia del Episcopado Mexicano- solicitaron el cese de la represión.

Las imágenes eran impactantes. Jóvenes, mujeres, ancianos y niños se enfrentaban en las calles a la policía federal. La policía arrojaba gases y disparaba armas de fuego y la gente les tiraba piedras y esos cohetes que se usan en las fiestas. Cada día se incrementaba el número de heridos, detenidos, torturados y desaparecidos. En octubre, el movimiento popular -compuesto por los maestros de la sección 22 y por la APPO- sufrió una merma, pues la dirigencia magisterial se plegó al gobierno, aunque no lo hicieron muchas de sus bases. Pese a la represión y a esta división, el 31 de octubre la APPO organizó una gran marcha en contra del ejército de ocupación en la que participaron 10 mil personas.

UNA “RESPUESTA
AL NEOLIBERALISMO”

En noviembre, la policía federal destruyó las barricadas y recuperó la televisora estatal. Cuando llegó a la última barricada, la de la universidad, el movimiento logró reunir a unas 20 mil personas, que se enfrentaron a cuatro mil policías. Con palos, piedras, bombas molotov y cohetes mantuvieron su bastión. Mientras la policía afirmaba tener 10 policías golpeados, la APPO reportaba 200 personas heridas.

El obispo de Saltillo -quien siempre ha estado del lado de los oprimidos- -condenó el uso de la fuerza, afirmando que lo que pasaba en Oaxaca era una señal de cómo se comportaría el nuevo gobierno de Calderón al iniciar su gestión en diciembre. El Congreso Nacional Indígena repudió la violencia y la represión contra la APPO. Comunicadores independientes y artistas difundieron un comunicado manifestándose extremadamente alarmados por el proceder del gobierno: en lugar de tomar medidas contra los violentos paramilitares ligados al gobierno local, atacaba al pueblo de Oaxaca. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció la existencia de al menos 84 detenciones arbitrarias y de 59 desaparecidos.

El movimiento popular levantó de nuevo las barricadas y el 5 de noviembre realizó otra gran marcha para mostrar que no estaba vencido. Por esas fechas se supo que el gobierno local de Ulises Ruiz no había rendido cuentas claras de 90 mil millones de pesos recibidos de la federación. Pablo González Casanova calificó al movimiento popular de “respuesta al neoliberalismo”, recomendándoles que se cuidaran de infiltrados. El 9 de noviembre salió de Chiapas hacia Oaxaca una caravana indígena para expresar solidaridad. Tratando de contrarrestar la gran movilización popular en su contra, el gobierno oaxaqueño hacía manifestaciones con integrantes del PRI y empleados en cargos públicos, pero siempre resultaban menores en número a las marchas populares. Otro mecanismo utilizado por el gobierno para contrarrestar la información que daba el movimiento popular- sobre todo por medio de la radio de la universidad- era promover linchamientos contra miembros de la APPO a través de una radiodifusora no identificada.

NO HABRÁ PAZ CON ULISES RUIZ

La APPO organizó un congreso que se pronunció contra el neoliberalismo, planteando que en Oaxaca existía una profunda crisis por la existencia de un poder autoritario, corrupto, caciquil y carente de toda legitimidad, que negaba la justicia a los pueblos indígenas y a los sectores pobres. La nueva forma de lucha popular surgida en rechazo a ese poder se proponía la reconstrucción del tejido social y esto implicaba necesariamente el castigo a los responsables de los asesinatos, torturas y desapariciones en la entidad.

A mediados de noviembre, se realizó otra megamarcha, que reunió a varios miles de manifestantes. En respuesta, el gobierno local hizo maniobras mediáticas intentando de nuevo atribuir al movimiento el asesinato del reportero estadounidense. Pero eran tantas las evidencias en contra de los grupos del gobierno, que esta trampa no funcionó. El gobernador agudizó la persecución contra los integrantes del movimiento y algunos dirigentes solicitaron asilo político a la iglesia para evitar ser detenidos, pero la jerarquía local rechazó sus solicitudes. Esto no rebajó la intensidad de las protestas organizadas.

Un día antes del aniversario de la revolución mexicana se dio a conocer la llamada Declaración de Guelatao, nacida de la asamblea de los pueblos zapoteco, mixe y chinateco de la Sierra de Juárez. Decían que si Ulises Ruíz proseguía en su cargo no habría gobernabilidad ni paz en Oaxaca. Demandaban profundas transformaciones para resolver los graves rezagos de marginación y olvido. Condenaban la violencia y la represión como formas de resolverlos y exigían una vez más la salida de la policía federal, la liberación de los presos políticos, la presentación de los desaparecidos, la cancelación de las órdenes de aprehensión, el respeto a la autonomía universitaria y el cese de todo tipo de agresiones contra el movimiento popular. Un día después, y con complacencia de la policía, paramilitares incendiaron un campamento de la resistencia y ese mismo día la policía federal y grupos de la APPO se enfrentaron durante casi cuatro horas.

EN LA MEGAMARCHA
SEMBRANDO TERROR

El 25 de noviembre la APPO volvió a las calles con su séptima megamarcha. El gobierno local dio también otro paso: infiltró en la manifestación a policías vestidos de civil que cometieron actos vandálicos y quemaron edificios públicos. En los incendios desapareció la papelería que habría podido implicar al gobierno local ante la federación por el mal uso de recursos. El gobierno acusó a los appistas de ser los incendiarios, y el movimiento revelaba que los responsables eran gente del gobernador. Algunos comentaristas recordaron cómo Hitler había mandado quemar el Reichstag para culpar a los comunistas y reprimirlos. Ese día, además de decenas de heridos, hubo más de doscientos detenidos. Tres cuartas partes de ellos fueron enviados a penales de otras entidades del país para que sus familiares no pudieran visitarlos. En los días siguientes la policía prosiguió sembrando el terror en la búsqueda de dirigentes del movimiento. El 28 de noviembre hubo un Foro Estatal de Pueblos Indígenas en el que se denunció que el conflicto había desembocado en una profunda crisis de derechos humanos. En la reunión se acusó al gobierno de pretender enfrentar con viejos instrumentos un fenómeno nuevo de organización social que reclamaba derechos en el contexto del agotamiento del modelo económico y político nacional. El gobierno sembraba el terror para impedir una salida política. Para evitar que la policía entrara a la universidad, la radio de la casa de estudios fue entregada al rector y la APPO abandonó así la última barricada, instalada en sus puertas.

APOYO INTERNACIONAL
A LA GENTE DE OAXACA

Con los días, organismos de defensa de los derechos humanos empezaron a revelar hechos de tortura física y sicológica de los que habían sido víctimas los detenidos, gran cantidad de ellos sin tener parte en los acontecimientos y a los que se les fabricaban delitos. Hubo allanamiento de casas sin órdenes judiciales y muchos detenidos, tanto mujeres como hombres, sufrieron abusos sexuales. Creció el número de los desaparecidos y se denunciaron entierros clandestinos. Ante todas estas revelaciones el gobierno dio un paso más: empezó a hostigar y a perseguir a los defensores de los derechos humanos. Un templo en el que se habían refugiado personas del movimiento fue baleada, una oficina social fue incendiada y un sacerdote fue atacado, mientras las personas ligadas al gobierno local que habían sido acusadas de la muerte del periodista estadounidense fueron puestas en libertad.

En 35 países del mundo hubo expresiones de repudio al gobierno mexicano y apoyo al movimiento popular oaxaqueño. A principios de diciembre, el movimiento venció el miedo una vez más y volvió a organizar movilizaciones demandando la salida del gobernador, la liberación de los presos y la presentación con vida de los desaparecidos.

“OAXACA YA CAMBIÓ,
PERDIMOS EL MIEDO”

El primero de diciembre de 2006 entró en funciones el gobierno de Felipe Calderón, quien puso al frente de la Procuraduría General de la República a quien había sido responsable de la policía federal en el caso de Atenco -donde se había reprimido al pueblo, se habían hecho detenciones arbitrarias y donde las mujeres apresadas habían sido violadas- sin haber cumplido las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las gravísimas violaciones a los derechos humanos ahí cometidas. Calderón puso también al frente de la Secretaría de Gobernación a quien había sido gobernador de Jalisco, responsable en 2004 de la represión del movimiento altermundista, calificado como “halcón” por el periódico español “El País”. Este personaje había estado operando desde unos días antes en el caso Oaxaca. Había tenido contacto con el gobernador de Oaxaca, le había indicado que no debía renunciar, y le había dado todo su apoyo.

El 4 de diciembre, simulando que habría una reunión de diálogo con unos de los voceros del movimiento, los mandó a detener y los envió a cárceles de máxima seguridad como si fueran peligrosos criminales. Pero el gobierno se volvía a equivocar porque el movimiento no era de líderes sino que surgía de la base. La detención de dirigentes no lo apagaba, lo encendía aún más. Cientos de autoridades comunitarias se reunieron para ratificar que seguían adelante en la lucha pacífica. Un indígena expresó: “Quienes pensaron que la movilización ciudadana se vendría abajo con el uso exagerado e ilegal de las fuerzas públicas y de la violencia institucionalizada, una vez más se equivocaron, ya que un sector muy amplio de la sociedad oaxaqueña ha perdido el miedo y tiene claro que quienes montaron la provocación fueron los grupos de choque priístas. La máxima del gobierno ha sido “divide, agrede y vencerás”, pero Oaxaca ya cambió y no la pueden hacer retroceder a su situación anterior”.

SALDO DEL TERROR

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos hizo un recuento de todo lo ocurrido. Para aplastar la protesta social y reprimir a la población el gobierno había recurrido a militares, policías federales, estatales, municipales y a grupos de paramilitares. El saldo eran 15 ejecuciones, 200 detenidos, 150 lesionados, más de 30 desaparecidos y estaban por ejecutarse más de 200 órdenes de aprehensión. Familiares de los detenidos destacaron que su único delito había sido participar en un movimiento civil y pacífico para hacer públicas las inconformidades que desde hacía mucho padecía el pueblo de Oaxaca. Doña Rosario de Ibarra declaró que en Oaxaca se volvía a las repudiadas prácticas de la guerra sucia.

La Federación Internacional de Derechos Humanos advirtió que en Oaxaca se seguía la misma línea de represión aplicada en Guadalajara en mayo de 2004 contra los altermundistas y que las denuncias de tortura, represión, golpes, agresiones sexuales, detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, etc. ponían en riesgo todos los tratados en materia de derechos humanos firmados por México. El sacerdote dominico Miguel Concha declaró que el nuevo gobierno hablaba de estado de derecho y de aplicación de la ley pero que los acontecimientos de Oaxaca lo desmentían. Todo lo sucedido mostraba que el estado de derecho no era obligatorio para las autoridades ni para los intereses económicos que defendían.

A LOS SIETE MESES DE UN TENSO DRAMA

Como la policía federal había atrapado junto con gente del pueblo a algunos de los policías infiltrados en el movimiento por el gobernador Ulises Ruiz, y para evitar que esa información cundiera, el Presidente Calderón maniobró para hacer regresar a cárceles oaxaqueñas a una gran cantidad de detenidos que el gobierno federal había mandado ilegalmente a una cárcel del estado de Nayarit, y a trasmano pagó millonarias fianzas para liberarlos. El gobierno también aprovechó la cuestión de la liberación de presos para presionar a detenidos y familiares para que firmaran papeles en los que se culpaba al PRD por los acontecimientos violentos.

El movimiento no se arredró y el 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, volvió a salir a la calle exigiendo la liberación de los presos políticos. Las voces de las mujeres se alzaron con especial fuerza. Algunas denunciaron que por lo que habían vivido les parecía estar en el país de Pinochet. Un integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos declaró que la situación que se vivía en Oaxaca desde hacía casi siete meses había causado alarma y preocupación internacional y que la presencia de la policía federal sólo había empeorado la situación.

La tercera semana de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer datos preliminares. Informaba de 349 detenidos, 370 lesionados y 20 muertos. La Comisión había recibido 1,211 quejas por violaciones a derechos humanos o uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas y cateos ilegales. Había reunido más de 2,700 testimonios. Tenía datos de agresiones con armas de fuego en contra de integrantes de la APPO por sujetos señalados como integrantes de la policía local vestidos de civiles.

El Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro expresó que la CNDH no debía reducirse a ser verificadora de hechos, y que tenía que emitir recomendaciones. La Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos consideró que la CNDH no mencionaba los tratos degradantes e inhumanos y no hablaba de las torturas. Tampoco señalaba la grave responsabilidad en que había incurrido tanto el gobierno estatal como el federal. Ante estas críticas, la CNDH afirmó que en Oaxaca continuaban sin existir condiciones necesarias para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales, y que estaba elaborando un informe final que pronto daría a conocer. La llegada a Oaxaca de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos alentaba a los organismos independientes que defendían derechos humanos a combatir la impunidad.

El 22 de diciembre los zapatistas refrendaron su apoyo a la APPO y exigieron la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos. Ante la intensidad del drama, y para darle reposo a la rabia por tantas injusticias, la APPO decidió declarar una tregua por las fiestas navideñas y de fin de año.

IMPACTANTES TESTIMONIOS
DE LA REPRESIÓN

Al iniciar 2007 comunidades del pueblo trique anunciaron la creación de un municipio autónomo en San Juan Copala. Luchaban por un gobierno justo, no represivo ni corrupto. Una activista de derechos humanos denunció que el gobierno la quería meter presa en represalia por haber hecho pública la documentación de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Una militante de la APPO que había fungido como locutora en la radio de la universidad tuvo que esconderse por haber recibido amenazas de desaparecerla. Otro conductor de esa radio reveló que el gobierno había ofrecido 100 mil pesos a quien lo matara. El 6 de enero, día de Reyes, aunque el gobierno quería impedirlo, los integrantes de la APPO realizaron un acto público de entrega de juguetes a niños y niñas. Denunciando la criminalización del movimiento social, la APPO hacía ver que los encarcelados no eran asesinos ni narcotraficantes ni secuestradores, sino luchadores sociales.

Familiares de los desaparecidos, asesinados y presos políticos se organizaron e hicieron plantones y manifestaciones. La APPO dio a conocer que en la última reunión de negociaciones con el gobierno federal en diciembre, éste se había comprometido a liberar a todos los presos, lo que no había cumplido. Más de 100 de los 141 remitidos a una cárcel de Nayarit habían salido libres bajo fianza, pero seguían bajo proceso judicial con falsas acusaciones y decenas proseguían en prisión. En un Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca realizado en la Cámara de Diputados abundaron los testimonios de las vejaciones, abusos e injusticias. Los testimonios de las mujeres fueron los más impactantes.

CRÍMENES “DE LESA HUMANIDAD”

En enero la lucha se reactivó con las reiteradas demandas de la caída del tirano, la salida de la policía federal, la liberación de los presos políticos y la transformación económica, política y social de la entidad.

El 13 de enero la policía atacó violentamente un plantón de familiares de presos políticos, y con pruebas fabricadas que no correspondían a la realidad, encarceló a ocho personas, posteriormente liberadas bajo fianza por una organización creada para resolver el problema de los presos de Oaxaca. El ejercicio arbitrario del poder seguía tensando el ambiente político.

El Movimiento de los Sin Tierra de Brasil mandó una carta de apoyo a la APPO, anunciándoles que en todos los espacios denunciarían la represión cruel y asesina del gobierno de Ulises Ruiz, de su partido y del gobierno federal panista. A mediados de enero los partidos políticos latinoamericanos de izquierda reunidos en El Salvador en el XIII encuentro del Foro de Sao Paulo resolvieron exigir al gobierno mexicano el cese de la represión contra la APPO y demandaron castigo a los culpables de los crímenes de “lesa humanidad” cometidos en México.

CALDERÓN SE DECLARA
“MUY CONTENTO”

Al cumplir 45 días en el gobierno, Felipe Calderón declaró sentirse muy contento con la situación de México. ¿Cómo se sentían las mayorías? Además de la grave represión en Oaxaca, la economía popular sufría por desmedidas alzas en productos básicos como las tortillas, la leche, la carne y el huevo. ¿No calibraba bien el gobierno impuesto que con el hambre del pueblo no se juega? Human Rights Watch denunciaba en Nueva York que la tortura y el uso excesivo de la fuerza por las autoridades y la impunidad oficial estaban entre los principales problemas de derechos humanos que padecía México. La Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos adelantó partes del informe que entregaría al Parlamento Europeo: el movimiento popular no tenía una estructura subversiva sino pacífica y sus demandas eran legítimas; el conflicto no se solucionaría si no se atendían sus causas con justicia; no se podía culpar a la APPO por la violencia, a excepción de algunos casos individuales, pues su movilización era civil y pacífica.

En cambio, las autoridades federales mexicanas y estatales de Oaxaca habían incurrido en graves violaciones a las garantías individuales de los integrantes y simpatizantes de la APPO. Las autoridades habían cometido violaciones a la libertad de tránsito, manifestación, expresión y uso del espacio público; habían realizado detenciones ilegales y arbitrarias; tratos inhumanos y degradantes y ejecuciones extrajudiciales. También vulneraron el principio de presunción de inocencia y defensa. Los detenidos no habían tenido un debido proceso y la muerte de los appistas había ocurrido en “agresiones directas y no en enfrentamientos”. Conclusión: una grave situación de violación de los derechos humanos, suspensión de las garantías constitucionales y vulnerabilidad de la ciudadanía.

FUTURO HORIZONTE:
UNA DICTADURA TOTALITARIA

El Grupo Sur, integrado por prestigiados periodistas y académicos, emitió un comunicado llamando al gobierno a poner un alto a la tentación dictatorial. En su análisis destacaba que las fuerzas de la derecha que apuntalaban la presidencia de Calderón habían dado muestras de un impulso autoritario que, de no ser detenido por la resistencia social, desembocaría pronto en un régimen abiertamente totalitario. El gobernante impuesto se conducía como si hubiera obtenido una aplastante victoria electoral y la ilegitimidad de la violencia que comenzaba a desatar podría conducir al país hacia la dictadura. Este documento ejemplificaba como síntomas de proclividad al autoritarismo: la criminalización de la protesta social, el uso faccioso de las leyes e instituciones para amedrentar a dirigentes sociales y a la población, la colocación de fuerzas del ejército en las calles del país, el control faccioso y mendaz de los medios de comunicación -que eliminaban voces disidentes, al mismo tiempo que utilizaban medidas persecutorias contra emisores que osaban dar el mínimo espacio a la crítica-, la inclusión en el gabinete presidencial de violadores de derechos humanos, la colusión del poder judicial con los poderes fácticos y el ataque -por la vía del presupuesto- contra la educación, la ciencia, la cultura y el desarrollo social.

SIN MIEDO Y CON BASES

Los poderes fácticos están haciendo avanzar un modelo fascista, un nuevo fascismo en México. Como el gobierno panista ganó por medio de un fraude electoral, se apoya preferentemente en las fuerzas represoras. El duopolio televisivo refuerza el fascismo societal.

También hay novedades en la resistencia a este modelo. Antes la represión descabezaba los movimientos, los derrotaba; y a lo que quedaba de ellos lo obligaba a centrarse únicamente en la lucha por sacar a sus líderes de la cárcel. El uso de la fuerza hacía cundir el miedo, y las fuerzas populares tardaban mucho tiempo en volver a salir a las calles. Un movimiento como el de la APPO ha mostrado que la represión no es capaz de acabar con movimientos que se nutren no de dirigencias sino de las potencialidades y reclamos de la base popular.

Ante la dramática situación de sus presos, la demanda por su liberación no los distrae, sino que la añaden a sus exigencias centrales. Hay nuevos elementos que apuntalan esta clase de movimientos: la globalización de la resistencia, el constante y renovado apoyo internacional, y sobre todo la presencia de organizaciones locales y mundiales de defensa de derechos humanos.

A FAVOR DE LA DIGNIDAD HUMANA

La persistente resistencia del movimiento popular en Oaxaca hace recordar textos como el del eslovaco Sándor Márai en su libro “Tierra Tierra”. Indagando las razones de la crueldad institucional que humilla a la gente, constató que la tortura no es capaz de aniquilar a los movimientos de defensa. Y si bien el terror se propone obligar a la gente a aceptar la atrocidad humana, cuando un pueblo entiende que los poderosos no sólo saquean los bienes materiales, sino también los derechos humanos, sucede lo increíble: el pueblo vence el temor de enfrentar los tanques y las armas, porque comprende que no debe permitir que se aniquile su condición humana.

En México se ha instaurado la inhumanidad y la crueldad del régimen panista, que en alianza con el viejo régimen autoritario, ha aprendido de los vicios priístas. Renegando de su doctrina fundadora, y como ha visto que no puede ejercer el poder sin degradar lo humano, el panismo conculca la dignidad humana. Farisaicamente invoca la ley para defender la fuerza del terror. Pero en Oaxaca los rasgos de este nuevo fascismo han mirado de frente un movimiento que ha superado el miedo en su lucha por hacer prevalecer la justicia.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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