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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 190 | Enero 1998
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Nicaragua

Por qué se armaron los rearmados

Hasta diciembre de 1997, con el desarme del FUAC, de raíces sandinistas, hubo oficialmente grupos de rearmados en Nicaragua. ¿Volverán a rearmarse otros campesinos? ¿De qué signo serán? Para entender la pregunta y aproximar respuestas, es necesario volver a repasar la historia reciente, una historia que, por densa, nos empieza a parecer lejana.

Salvador Martí Puig

A pesar de los múltiples acuerdos firmados por los presidentes centroamericanos, y por las comisiones de la resistencia Nicaragüense (RN) y del gobierno sandinista, la RN permaneció íntegra e intacta en el interior de Nicaragua hasta el 23 de marzo de 1990, después de conocerse el desenlace electoral de 1990 e incluso después de que una delegación del FSLN y el grupo asesor de Violeta Chamorro firmaran el Protocolo de transición del Poder Ejecutivo.

Finalmente, con el Acuerdo de Toncontín firmado por representantes de la RN y del nuevo gobierno, con el auspicio del Cardenal Miguel Obando se rubricó un efectivo y definitivo cese al fuego. El compromiso de la Contra fue desarmar sus tropas antes del 20 de abril de 1990 en vísperas del cambio de gobierno y concentrarse en zonas de seguridad delimitadas previamente y vigiladas por organismos internacionales. El nuevo gobierno se comprometía a amparar a las víctimas del conflicto y a asegurar la rehabilitación y readaptación social de los desmovilizados.

En los meses siguientes se encadenaron nuevos acuerdos y declaraciones entre ambas partes, firmándose el 25 de abril el Acuerdo del cese al fuego efectivo y definitivo entre el gobierno de la República de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense, el 4 de mayo la Declaración de Managua y el 30 de mayo el Protocolo de Managua sobre el desarme y el Acuerdo para el establecimiento de Polos de Desarrollo. El objetivo de todos estos acuerdos fue definir las condiciones de seguridad de los desalzados de la Contra, su ubicación y sobre todo, crear instrumentos para su integración social y económica en los llamados polos de desarrollo.

Polos de Desarrollo: la solución

Los Polos de Desarrollo, previamente localizados por el gobierno y la RN dentro de una extensión de 8 mil kilómetros cuadrados, situados fundamentalmente en la zona central del país, se concibieron como solución a las demandas de tierra expresadas por los combatientes y recogidas por los comandantes de campo. En el Acuerdo para el establecimiento de polos de desarrollo se estableció su ubicación y esta definición: "Entendemos por polos de desarrollo a una unidad de producción definida para beneficio de los miembros de la comunidad y del país que sirva como centro de servicios y de desarrollo de la región adyacente, por medio de proyectos individuales y/o colectivos. Los polos de desarrollo deben contar con las siguientes estructuras básicas: área municipal; escuelas, bodegas, servicios de agua potable, luz eléctrica, hospitales, calles, caminos, áreas de vivienda para los pobladores del polo, parcelas de propiedad privada para cultivos y ganadería de subsistencia, un área comunal y un área de proyectos para beneficio de todos los miembros de la comunidad". El Acuerdo estableció que "los miembros de la RN que se desmovilicen y sus familiares tendrán derecho a ser beneficiados por los programas que se implementen en los polos de desarrollo".

Una quimera de papel

A partir de entonces, los desalzados de la RN empezaron a concentrarse en nueve zonas de seguridad para hacer efectiva su desmovilización. En la práctica, las cifras de desmovilizados y sus familiares sobrepasaron toda previsión y enseguida surgieron interrogantes sobre la capacidad del gobierno para atender las demandas de tierra y de financiamiento de todos los desmovilizados. Otra interrogante: ¿tendrían que compartir los ex contras tan limitados recursos con los del otro bando, también afectados por el conflicto bélico, los desmovilizados del Ejército Popular Santinista (EPS) y del Ministerio del Interior (MINT), y también con los repatriados y los desplazados?

Otras incertidumbres tenían que ver con la capacidad y la voluntad política del nuevo gobierno para cumplir los acuerdos suscritos, teniendo en cuenta el reducido flujo de la ayuda económica prometida por el gobierno de los Estados Unidos antes de las elecciones para costearlos. Más se complicaba el cuadro sabiendo que en las zonas donde el gobierno había ubicado los polos ya residían y trabajaban campesinos, precaristas, cooperativas y hasta algunas empresas estatales.

Un documento publicado por la Asociación Cívica de la Resistencia Nicaragüense (ACRN) señalaba que en año y medio de "paz", hasta 1991, sólo habían recibido un total de 15 mil manzanas de tierra en unas 75 fincas ubicadas en varios municipios de Chontales, Boaco, Matagalpa y Jinotega, lo que era apenas un 20% de la demanda total de tierras de los ex combatientes. Se confirmaba así la temida tesis de que los polos de desarrollo sólo existían en el papel, lo que puso en marcha un complejo y conflictivo proceso de divergencias entre los desmovilizados de la RN y el gobierno, entre los desmovilizados de la RN y los del EPS, y entre los cooperativistas y los desmovilizados de ambos ejércitos. Se había abierto un nuevo capítulo de convulsión social en el campo.

Muy pronto quedó demostrado el incumplimiento por el gobierno Chamorro de los acuerdos firmados. Y aunque éste se había comprometido a la inmediata construcción de cuatro polos de desarrollo en El Almendro, Río Blanco, Yolaina y en la zona del Río Coco pronto los mismos responsables del Instituto de Reforma Agraria declararon que "la realidad nos hizo comprender que estábamos equivocados". No sólo fueron declaraciones. Cuando los ex miembros de la RN llegaban a los anunciados polos veían que las promesas construcción de escuelas, centros de salud, abastecimiento de agua nunca llegaban. Decepcionados, abandonaban los polos en busca de su familia, de sus amigos, de su lugar natal. Regresaban a la montaña a buscar un pedacito de tierra para trabajarla o a ofrecerse como jornaleros en fincas ajenas.

El estallido social en el campo se produjo poco después de que los potenciales usuarios de los polos de desarrollo vieron que éstos eran sólo una quimera. El descontento se canalizó en dos expresiones. Por un lado, surgió la Recontra, con el rearme de ex miembros de la RN y posteriormente, en una dinámica de causa efecto, surgieron los recompas, al rearmarse los desmovilizados del EPS. Por otro lado, se fue gestando, entre los diversos colectivos campesinos que anteriormente se habían enfrentado en la guerra, la conciencia de que compartían los mismos intereses y agravios.

La envergadura del problema

A mediados de julio de 1990 se realizó un encuentro entre el gobierno, la RN, el EPS y delegados de diversos organismos internacionales para evaluar los acuerdos de desmovilización. Conclusión: sólo se había cumplido y verificado el retiro de las tropas de la RN de sus antiguos cuarteles, pero estaban inconclusas varias tareas: la recogida del armamento; la garantía de seguridad para los ex miembros de la RN, la reinsersión social en los polos de desarrollo y la efectividad de la ayuda estatal prometida. Se certificó que 10 mil 493 ex combatientes habían sido beneficiados con parcelas de tierra, que abarcaban un total de 370 mil 912 manzanas. También se resaltó que el 53% de los desmovilizados aún no tenían acceso a tierras.

La evaluación mostró que el proceso de reinserción no tenía una base sólida y que el intento de pacificar el campo por la vía del desarme, de la cooptación de los cuadros de la Contra, y de la adjudicación de tierras sin una estrategia previa vinculada al resto de políticas económicas que estaba implementando el nuevo gobierno, estaba destinada al fracaso.

El impacto negativo del resto de la política económica del gobierno Chamorro que supuso una aguda recesión, un incremento del desempleo, una disminución del crédito y una reducción del circulante dejó sin base donde sustentarse a unos acuerdos que buscaban integrar a la vida civil a los combatientes de ambos bandos.

Estudios posteriores concluyeron que la envergadura del problema derivado de la guerra nunca fue percibido en su totalidad por el gobierno. Su dimensión masiva era manifiesta: 600 mil personas estaban directamente afectadas por el conflicto bélico y necesitaban ayuda de emergencia. Entre ellos, 71 mil refugiados en Costa Rica y Honduras, que optaron por la repatriación entre 1986 y 1993; 22 mil 413 desmovilizados de la RN y sus 58 mil 721 familiares; 72 mil desmovilizados del EPS de los 96 mil que lo integraban antes del cambio de gobierno y 5 mil 100 del Ministerio del Interior (MINT), más los 354 mil desplazados internos, mayoritariamente ubicados en las regiones que fueron escenarios de la guerra en el interior del país. Otro estudio reveló que los desmovilizados eran tantos como los nicaragüenses que gozaban de un empleo formal. En 1991, los desmovilizados de ambos bandos equivalían al total de trabajadores en los tres sectores de la economía: agrícola, industrial y de servicios.

La culpable ausencia del Estado

A la vez que promovía la desmovilización de gran parte del EPS y de la totalidad de la RN, el gobierno Chamorro optó por la práctica desaparición de la institucionalidad del Estado en las zonas en donde se había librado la guerra. Como era de prever, el repliegue del Estado creó un vacío de poder e impidió enfrentar los problemas de la postguerra. Repetidamente me decían los colegas cuando les anunciaba que viajaría al campo: "Tené cuidado porque el Estado sólo llega hasta el empalme de Sébaco. Más allá es tierra de nadie". Y así era efectivamente. Así fue ya al poco tiempo del ascenso al poder del gobierno Chamorro. Cuando en una entrevista le preguntaron al Cardenal Obando si pensaba que doña Violeta se había olvidado de los desmovilizados de la Contra, Obando respondió: "Olvidarse no creo. Pero preocuparse tampoco".

Desde mediados de 1990 los conflictos armados se sucedieron, alimentando una espiral de violencia. En octubre de 1990, 200 ex contras se tomaron el poblado de Waslala, dando inicio a lo que pronto se llamó la Recontra. El 16 y 17 de noviembre del 90, otro grupo de recontras se tomó el puesto policial de Jalapa. En los tres años siguientes los enfrentamientos se cobraron más de un millar de víctimas en 700 acciones armadas.

Los cuadros intermedios de la RN, presionados por sus bases, se alzaban en armas contra el gobierno exigiéndole el cumplimiento de sus promesas. La primera formación recontra con una organización formalizada fue el Frente Democrático de Salvación Nacional (FDSN), representado por un Estado Mayor de once ex combatientes que durante la guerra habían sido cuadros intermedios. Posteriormente se crearon otros grupos, el más importante de los cuales llegó a ser el Frente Norte 3 80. Se produjo así un proceso de atomización de la actividad armada que, de manera acelerada, evolucionó de realidad político militar a fenómeno de bandolerismo.

Círculo vicioso de incompresiones

Como era de esperar, el rearme de los ex contras puso en alerta a los miembros de las cooperativas mayoritariamente sandinistas y a los desmovilizados del EPS y del MINT en varias zonas rurales. Como mecanismo de protección, también ellos retomaron las armas, surgiendo así los recompas. En un primer momento, los recompas se organizaron en torno al llamado Movimiento de Autodefensa Nacional (MADN). Posteriormente tuvieron relevancia otros grupos como el Frente Revolucionario de Obreros y Campesinos (FROC) y el Frente Unido Andrés Castro (FUAC), que actuaron en Nueva Segovia y el Atlántico Norte.

En su balance semestral de mediados de 1992, el Ejército estimó que, entre recontras y recompas, los rearmados sumaban 21 mil 905 hombres. Los realzados llegaron a disponer de 13 mil 980 fusiles automáticos, además de ametralladoras y minas, y hasta misiles antiaéreos y antiblindados. Todo este material había quedado cuidadosamente conservado en buzones antes del "desarme oficial" que vigilaron la OEA y la ONU a través de la CIAV y ONUCA. Los rearmados con quienes hablé en La Patriota (Matiguás) me confirmaron que, al desmovilizarse, sólo habían entregado el armamento viejo. "Les dimos los fusiles descachimbados, hicimos sólo la mueca". Muy pronto en los lugares que en los 80 fueron escenarios bélicos, regresó "la guerra en paz" de los 90. Matiguás, Pantasma, Waslala, Wasaka, San Juan de Limay, Wiwilí, El Cuá, Yalí, El Ayote, Quilalí, El Jícaro, La Concordia, La Trinidad, Yolaina, Río Blanco... volvieron a conocer la violencia.

A diario, la realidad fue cerrando un vicioso círculo de incomprensiones. Acusaciones mutuas de incumplimiento entre el gobierno y los rearmados. Ajustes de cuentas entre desmovilizados del mismo bando o de bandos opuestos. Negociaciones interminables. De las negociaciones surgían nuevos "rearmes" como estrategia para presionar al gobierno y obtener beneficios. Y de las negociaciones surgían también nuevos "desarmes" y acuerdos, como estrategia coyuntural del gobierno para frenar la violencia en el campo.

Por este camino se gestó y después se expandió en el campo una violencia anómica. Los conflictos, basados en los años anteriores en un discurso y una simbología política, fueron diluyéndose en un magma de acciones que tenían poco que ver con posiciones políticas o ideológicas. Empezaron a quebrarse los actores político militares que antes se habían caracterizado por su solidez, dando paso a alianzas pasajeras en las que los bandos antes enfrentados se unían para luchar contra la institucionalidad estatal, representando intereses comunes y cotidianos muy alejados de la ideología y de cualquier retórica. De esta forma nacieron "bandas" armadas compuestas aleatoriamente por ex contras y ex sandinistas, bandas a las que el ingenio popular terminó llamando "los revueltos".


Rearmados en una guerra sin galones

En poco tiempo, la actividad de los rearmados se caracterizó por la adopción de prácticas y estilos cercanos al bandolerismo, donde los autores de los hechos de violencia estaban más preocupados por sobrevivir o por saldar diferencias personales que por luchar contra el comunismo o por crear el hombre nuevo. Los "impuestos de guerra" extorsión, rescates, robo de ganado o de café no buscaban financiar la guerra. Tenían objetivos más prosaicos: el que unos "guerrilleros" cada vez más desesperados, inadaptados y desarraigados pudieran comer unos días. Los rearmados eran mayoritariamente campesinos empobrecidos y adolescentes que no lograron ningún protagonismo durante la guerra de los 80. Procedentes de áreas rurales y sin ningún futuro económico reflejaban la descomposición social en que "la paz" sumergió a amplias zonas del interior del país.

Los rearmados invadieron fincas, se tomaron cooperativas, secuestraron y asesinaron a campesinos y a productores. Actuaron en zonas en las que, según el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1991, más del 50% de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Durante cinco años, el saldo de la actividad armada en estos lugares fue la muerte violenta de una persona cada dos días. La inseguridad para llevar a cabo cualquier tipo de actividad social o económica arraigó en estos territorios.

Cualquier lealtad o referencia hacia cualquier autoridad institucional del área desapareció, creándose así un vacío de poder, llenado muchas veces por siniestros "señores de la guerra" que mantuvieron en determinadas comarcas un dominio basado en el terror. Desapareció el código de consignas y directrices que en los 80 impuso el EPS o la RN y apareció un tipo de violencia donde las fronteras entre lo social, lo político y lo económico se hicieron borrosas. Se trató de un conflicto bastardo, sin laureles, anómico y confuso, basado en la sobrevivencia, en la descomposición social y en la falta de perspectivas y esperanzas de quienes durante toda una década fueron movilizados y armados por las élites, por generales, coroneles, políticos y ministros que, desde 1987 en Esquipulas II, habían iniciado entre ellos el proceso negociador de la paz. Para los de abajo, el proceso hacia la paz sólo fue la prolongación de un angustioso horizonte de desarraigo, subordinación y desigualdades acrecentadas. Y su desenlace, la paz, tuvo el sabor de una profunda frustración.

Paradójicamente, en la frustración terminaron por encontrarse tanto los colectivos rurales de las zonas del interior como amplios sectores urbanos y del Pacífico que no encontraban un lugar bajo el sol en "la nueva Nicaragua". No deja de ser éste un sorprendente desenlace de la guerra, teniendo en cuenta que, en esencia, fueron los sectores rurales y los urbanos quienes se enfrentaron entre sí durante la guerra, unos defendiendo su primera y tal vez única oportunidad de ser protagonistas en el desarrollo de una sociedad más justa y más propia, y los otros reaccionando ante la destrucción del mundo que sustentaba su existencia.

El despertar de la conciencia

Las élites que desde Managua y Miami movilizaron a estos dos sectores durante la guerra, clamaban contra la violencia y en favor del orden y la estabilidad. Se presentaban como las portadoras de la gobernabilidad y de un progreso cuya meta es la inserción de Nicaragua en la economía globalizada, en oposición a la plebe que, con manifestaciones, bandas armadas, huelgas y asonadas, representaban el atraso y la barbarie. Ante este discurso coincidente con el de sus antepasados que, siglo y medio antes, se habían enzarzado en la quimera del canal interoceánico e implementaron las reformas liberales que insertaron a Nicaragua al mercado internacional del café , cabe preguntarse si la barbarie que denuncian no es otra cosa que la miseria y el despertar de la conciencia de quienes la padecen.

Y de esa conciencia, también fueron surgiendo en el período de postguerra diversas expresiones que dan lugar al optimismo. Destacan las coincidencias creativas entre los campesinos que fueron correos o colaboradores de la RN, los productores vinculados a la UNAG y los cooperativistas simpatizantes del sandinismo.

En muchos poblados rurales, ayer golpeados por la guerra, estos colectivos anteriormente enfrentados empezaron a reconstruir sus comunidades a partir de la percepción de que entre ellos existían muchas más cosas en común que con quienes los habían comandado desde Managua o Miami. Sobre esta base, y a partir de problemas tan cotidianos como el de la reconstrucción de las redes de compra venta de bienes de consumo básico entre los pobladores, la organización de ligas comarcales de beisbol, o la apertura de locales para celebrar las fiestas de la comunidad, empezó a generarse la posibilidad de recomponer el país campesino.

Reconciliación desde abajo

Una lluvia de declaraciones y comentarios de los protagonistas de esta reconciliación enfatizaron desde el primer momento las coincidencias entre las bases de ambos bandos y las divergencias de éstas con sus ex jefes. "Nos inculcaron que ellos eran comunistas y a ellos les enseñaron que nosotros éramos contrarrevolucionarios, y ninguna de las dos cosas era verdad". (Carlos García, presidente de la Fundación de Ex Combatientes de Guerra, que agrupó a ex miembros del EPS, del MINT y de la RN, 1990).

"Hay que ser honrados. No siempre se entendió que la contrarrevolución había creado su base social en el campo. La gente de la RN con la que hablé son campesinos, incluso encontré productores que fueron amigos míos en los años sesenta. Ahora no tienen ni dinero ni ropa ni zapatos y sólo hacen un tiempo de comida. En medio de todo esto, muchas veces han sido los mismos cooperativistas, tantas veces víctimas de la acción guerrerista, los que han estado compartiendo con ellos lo poco que tienen". (Daniel Núñez, presidente de la UNAG, 1990).

"Diez años de guerra fueron más que suficientes. Ahora tenemos que entendernos y empezar a producir. Hay que destacar algo importante: por primera vez en la historia de Nicaragua, los sectores antes confrontados se quedan y tienen derecho a vivir en el país. Tenemos que entendernos". (Franklin, ex dirigente contra, 1991).

"Antes no me atrevía a cruzar el río. Más allá del Cerro de Cantagallo te podían caer los contras. Nunca iba a la comunidad vecina. Nos mirábamos mal. Ahora es diferente, los recelos entre nosotros van desapareciendo. Nos necesitamos para sacar adelante nuestro tuquito de tierra". (Miembro de una cooperativa de autodefensa ubicada en una comarca de Condega, 1992).

Por todos lados surgieron dinámicas que fueron vinculando de forma pacífica y creativa a los miembros de los bandos antes enfrentados. Así cristalizó una reconciliación desde abajo, por oposición a la reconciliación desde arriba, la que rearticuló los pactos entre las élites, iniciados a partir de Esquipulas II en 1987 y consumados en las elecciones de 1990. Rearticulación que tiene que enfrentar muchos obstáculos. Entre ellos, hacer frente a la violencia que generan las medidas excluyentes y polarizantes del capitalismo tardío que promueven esas élites reconciliadas y rearticuladas.

Muchos miles no se resignan

La revolución sandinista dio visibilidad social a miles y miles de nicaragüenses por primera vez en la historia nacional y en su historia personal. Durante una década, la movilización de estos nuevos actores sociales muchas veces de forma dependiente o canalizada a favor o en contra de la revolución dio como fruto un incremento de su sentimiento de eficacia política, aumentando su confianza en la organización y dándoles conocimiento de las ventajas derivadas de trabajar y de presionar unidos.
Muchos nicaragüenses aprendieron una nueva actitud ante la realidad. "Antes de la revolución yo era incapaz de abrir la boca. Me daba miedo. Tenía horror a hablar en público, ahora no, me defiendo", dice una obrera de una empresa estatal posteriormente privatizada a favor de sus trabajadores. "Cuando la Guardia, quien alzaba la voz era hombre muerto. No querían que uno hablara. Ahorita esto ha cambiado. Nos costó un cahimbo. A mí me mataron el marido y un hijo en la guerra. Pero aprendimos a arrecharnos, a hablar, ¡y a decir no!", dice una abuelita del asentamiento rural Venecia, en Condega.

Es precisamente la perspectiva que reflejan estos testimonios la que ha introducido una variante clave en la vida política de Nicaragua. La cultura política movilizadora y combativa del período revolucionario y su consiguiente reacción también movilizadora y combativa , a pesar de limitaciones y errores, impactó tanto en el imaginario de numerosos colectivos sociales, que ahora éstos no se resignan a la pasividad ante los embates neoliberales.

No basta con desarmarlos

Los procesos de apertura, democratización y modernización institucional que han tenido lugar en la postguerra tienen notables claroscuros. Los discursos en favor de la libre competencia y de la desregulación comercial coexisten con el mantenimiento de prácticas corporativas y monopólicas y estilos clientelistas. La retórica de la reforma y modernización del Estado convive con la manipulación de los presupuestos gubernamentales para alimentar lealtades políticas. A pesar de la titularidad abstracta de derechos individuales rubricada en las leyes y en la Carta Magna en los que la democracia basa su legitimidad , en Nicaragua tener parientes o conocer a alguien en el gobierno, tener amigos de dinero o ser de buena familia continúan constituyendo los activos más importantes para progresar en la esfera pública y en la privada. Y aunque existen múltiples centros y organismos que difunden "modernas" ideologías que exaltan los valores de la ciudadanía, la democracia representativa o la participación cívica, en la vida cotidiana persiste la reproducción de pautas clientelistas y dinámicas de solidaridades primarias basadas en la renta, la familia, el compadrazgo, la amistad o el color de la piel.

Es difícil demostrar cómo las instituciones democrático representativas mejoran la vida de las mayorías. Y es este reduccionismo de la democracia el que pone en cuestión los procesos electorales y la agenda que se discute en ellos. Es el que está en la base de la realidad: entre elección y elección, se perpetúan las situaciones de impunidad, corrupción pública, opacidad administrativa y subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo.

La democratización es tarea extremadamente difícil si no va acompañada de la reducción de las profundas fracturas económicas y culturales que hoy cruzan a los países latinoamericanos y a un país como Nicaragua. La democracia es un régimen de integración en torno a valores y actitudes compartidas. Pero la concertación política es una quimera cuando el mercado margina, la cultura discrimina y el Estado abandona.

La evolución positiva de Nicaragua dependerá de la capacidad de las fuerzas populares para plantear mejores estrategias de desarrollo, que compatibilicen el crecimiento, la democracia y la equidad; para crear formas organizadas de acción colectiva orientadas al ejercicio directo e indirecto del poder. El paisaje político futuro estará en función de la efectividad del movimiento popular para encontrar fórmulas de mayor justicia social y de mayor representatividad. Esto tiene que ver con la capacidad de lucha, pero también con la creatividad y la imaginación.

Imaginación y creatividad serán necesarias para romper los círculos concéntricos de la violencia multiforme que ha llenado la geografía cotidiana de Nicaragua. No basta con desarmar a las bandas de los rearmados. Hay que abrirles las puertas a una sociedad que les ofrezca oportunidades, atención y humanismo. Porque la exclusión, el hambre, la falta de expectativas y el desprecio también son violencia.

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