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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 295 | Octubre 2006
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México

Ante el fraude, un movimiento de insumisos

El fraude electoral convirtió a los de abajo en desobedientes activos e insumisos. Los poderes que maquinaron el fraude les reclaman que se sometan. Pero de nada sirve. Todo el andamiaje institucional de la transición a la democracia se ha venido abajo estrepitosamente. Calderón gobernará en un país escindido, agraviado y en rebeldía.

Jorge Alonso

Ignacio Ramonet sostuvo en “Le Monde” que en México se había dado un fraude masivo e indiscutible. Y el sociológico francés Loic Wacquant le hizo eco declarando que si la población mexicana protestaba en las calles por la elección era porque existían problemas graves.

LAS HUELLAS DEL FRAUDE

Abundan testimonios que dan cuenta de cómo la mayoría de los coordinadores estatales de la campaña electoral del PAN fueron delegados de la Secretaría de Desarrollo Social, que ilegalmente movilizaron el voto a partir de los padrones de beneficiarios de los programas sociales del gobierno. También persisten las acusaciones de que el organismo electoral modificó la ubicación de algunas casillas y colocó en algunos puntos a funcionarios afines al gobierno. Fue evidente cómo el Presidente Fox gastó cerca de dos mil millones de pesos del erario público en la campaña para apoyar a su candidato y denostar a sus oponentes. Todos vimos que, en clara violación a la Constitución, el partido gobernante desató una feroz guerra sucia mediática, auspiciada por asesores extranjeros. Una gran parte de los gobernadores dispusieron de recursos públicos para beneficiar la campaña del candidato panista. Los defraudadores del sindicato de maestros operaron a favor del PAN y hubo compra y coacción del voto por parte de empresarios.

CON IMAGINACIÓN
Y SIN RESIGNACIÓN

Después de todo esto, y con una descarada manipulación mediática, pretendieron que López Obrador y sus numerosos seguidores bajaran la cabeza y aceptaran sumisamente el escandaloso fraude hecho con las votaciones. Tras provocar el conflicto, exigían que éste no se expresara. Además de haber defraudado la voluntad popular se quejaban porque no había resignación. Una costosa campaña de medios se viene incrementando desde la crisis en contra de los insumisos, movilizados de diversas formas en contra de la imposición.

No obstante las presiones, una gran cantidad de grupos mantuvieron una imaginativa protesta popular con novedosas formas de expresión ante instalaciones de empresas, de bancos, de grandes comercios, y de la más importante empresa de televisión, acusando a los dueños de esos negocios de ser cómplices e instigadores del fraude.

Los movilizados reiteraron sus razones para no cejar en su resistencia civil pacífica: defender el voto ciudadano y la democracia y oponerse a la imposición de quien no ganó las elecciones. El candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador se enfrentó al poderoso grupo de privilegiados que mandan verdaderamente en México y consideran inaceptable un proyecto alternativo de Nación. No obstante, ni la manipulación ni la guerra sucia ni el dinero consiguieron que el candidato del PAN, Felipe Calderón, ganara limpiamente. El movimiento de resistencia ha argumentado la obligación de defender la democracia, pero no sólo para exigir la limpieza electoral, sino para no aceptar la pobreza, el desempleo, la migración, los salarios de hambre, el cierre de espacios para los jóvenes en universidades públicas, la aprobación del IVA en alimentos y medicinas, y la privatización de la seguridad social, de la industria eléctrica y del petróleo.

RESISTENCIA CIVIL:
“VOTO POR VOTO”

El primer paso de esta movilización histórica fue demandar que se volvieran a contar los votos. Las cifras oficiales -calificadas de tramposas- daban tan poca diferencia a favor de Calderón, que si se volvían a contar los votos saldría a la luz que el ganador era López Obrador.

Los empresarios y el PAN se opusieron. López Obrador mandó una carta a Calderón solicitándole que aceptara el recuento, pues si estaba seguro de su triunfo nada debía temer. Calderón no aceptó. El tribunal electoral tampoco aceptó esa salida, que hubiera dado tranquilidad a todos, y sólo mandó que en casi la mitad de los distritos se hiciera un recuento del 9% de las casillas instaladas. López Obrador respondió que no se podía aceptar “el diezmo de democracia”. Y enfatizó que el movimiento no se quedaría en la exigencia del conteo voto por voto, sino que se encaminaría hacia la transformación de las instituciones.

La Coalición por el Bien de Todos -encabezada por el PRD- insistió en que en 72 mil paquetes existían diversas inconsistencias. El recuento parcial reveló que había anomalías. Se encontró que había 148 mil 815 boletas de menos y 545 mil 79 boletas de más. La revista “Proceso” hizo ver que las anomalías no habían sido la excepción sino la regla. La tendencia indicaba que el candidato panista tenía menos votos que los consignados y que López Obrador había obtenido más votos que los que se le reconocían. Alianza Cívica señaló que las irregularidades no eran producto de errores sino de alteraciones. Y el obispo de Saltillo, Raúl Vera -cercano a los reclamos populares-, declaró que los recuentos justificaban la resistencia civil.

LOS FALLOS DEL TRIBUNAL:
UN “GOLPE DE ESTADO”

Después de un recuento poco transparente, el tribunal electoral decidió anular una cantidad similar de votos para Calderón y para López Obrador y mantuvo el 0.5% de diferencia a favor de Calderón. López Obrador calificó este primer fallo como un “golpe de Estado” y acusó al tribunal de haber asumido una actitud cómplice, convalidando el fraude y respaldando a los delincuentes que robaron la elección presidencial. Declaró que el organismo había adoptado una decisión política y no jurídica, porque estaba sometido a un grupo de privilegiados que se habían apoderado del aparato estatal. El tribunal se negó a limpiar los comicios. Y en sus manifestaciones multitudinarias los insumisos reclamaron: las instituciones electorales estaban siendo manipuladas, por intereses económicos y políticos.

“The New York Times” editorializó diciendo que López Obrador debería acatar lo que el tribunal decidiera, pero que había sido un error de Calderón el haberse rehusado al recuento voto por voto. Para el “Financial Times” el recuento de votos hubiera sido la mejor vía de resolver tan grave conflicto. El Centro de Investigaciones Económicas y Políticas con sede en Washington hizo una muestra de casillas recontadas y encontró que el resultado de la elección era inexplicablemente parcial”. El escritor Carlos Montemayor comentó que el tribunal había optado por un ajuste aritmético, sin querer ver que los errores numéricos estaban mostrando un fraude.

TRIBUNAL ELECTORAL: IMPUNIDAD Y RIDÍCULO

Finalmente, el 5 de septiembre el tribunal declaró Presidente electo a Calderón. Reconoció que, tanto Fox como los empresarios, habían intervenido ilegalmente, pero argumentó que no podía saber qué tanto habían influido sus comportamientos en el resultado final. El tribunal siguió una ruta y argumentos, más propios para resolver conflictos entre particulares -como en derecho civil o mercantil-, que los que le exigía un caso de interés público, como lo es el derecho electoral. No explicó las razones de ese proceder. Fue ambivalente respecto al tratamiento de las casillas con boletas faltantes o sobrantes, pues en su fallo de agosto calificó estos votos como presuntamente dolosos -y cuando habían sido determinantes procedió a anular casillas-, pero en su fallo del 5 de septiembre cambió su criterio. ¿Lo que en agosto había sido una irregularidad grave ya no lo era en septiembre? De esta forma el tribunal aumentó las dudas sobre el proceso electoral, alentó la impunidad e hizo el ridículo.

UNA RESOLUCIÓN CUESTIONADA

Después de ser declarado Presidente electo, Calderón hizo un llamado a la unidad, pero López Obrador lo desconoció, afirmando que era muy difícil pensar que la guerra sucia encabezada por Calderón no tenía consecuencias, y acusó a los magistrados de haber convalidado el fraude. El jurista Eliasur Artega, de la UAM, opinó que el tribunal había pasado por alto el fondo jurídico de las denuncias presentadas. El constitucionalista Carrancá y Rivas afirmó que la sentencia era injusta y otro constitucionalista, Clemente Valdés, destacó que los argumentos del tribunal habían sido pobres y hasta contradictorios. Habiendo revisado cada punto aisladamente, los jueces no habían hecho una evaluación de conjunto. Especialistas en la investigación del impacto de los medios de comunicación electrónicos afirmaron que el tribunal había pasado por alto la participación irregular y sin control de los medios en la contienda presidencial. El ex-consejero electoral Jaime Cárdenas planteó que la resolución del tribunal contenía absurdos jurídicos. No había apreciado las distintas etapas del proceso con una visión jurídica superior, no había aplicado la suplencia de la queja, y había dictaminado un simple regaño al Presidente y al Consejo Coordinador Empresarial cuando debía haberlos sancionado. No había hecho un estudio de cómo el conjunto de las irregularidades había impactado el proceso. Otros hicieron ver que, siendo la diferencia en promedio de dos votos por casilla y existiendo múltiples irregularidades, lo que correspondía era la anulación de la elección. Organizaciones de derechos humanos se quejaron de que el tribunal no había valorado a fondo las irregularidades. Para organismos campesinos, Calderón sería un presidente legal, pero no legítimo.

El PAN adujo que había ganado el juicio y el PRD le contestó que eso no equivalía a haber ganado la elección. Y aunque los aliados del PAN, la Conferencia del Episcopado Mexicano y la Iniciativa Privada celebraron el fallo, la actuación del tribunal agravó la crisis política. Como los insumisos mantenían su manifestación frente a la sede del tribunal, Calderón tuvo que llegar en helicóptero a recibir su constancia de electo. “The New York Times” destacó cómo una parte significativa de la población mexicana creía que se había dado un fraude. La decisión de los magistrados de no considerar los errores aritméticos en las actas como evidencia del fraude alimentaba las sospechas de desconfianza en ese tribunal.

AMLO ANTE UN MILLÓN,
CALDERÓN ANTE 30 MIL

Mientras la izquierda reiteraba que el tribunal había mostrado una actitud contraria a la imparcialidad y había convalidado el golpe contra el sistema democrático de elección de gobernantes, la gente mantenía una rebelión cívica, no aceptando la política de hechos consumados envueltos con argumentos jurídicos.

Porfirio Muñoz Ledo reveló que tenía información confiable del más alto nivel en el Poder Judicial de que, antes del fallo, los magistrados del tribunal habían estado en casa del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde el Presidente Fox los había presionado con el argumento de que si no convalidaban a Calderón se provocaría un colapso económico con fugas de capitales y otras consecuencias nefastas. Por eso los magistrados habían reconocido violaciones pero no habían aplicado sanciones legales. Aunque el Presidente de la Suprema Corte adujo que no había pruebas de esa reunión, Muñoz Ledo insistió en que sí había existido.

Mientras López Obrador protestaba ante auditorios de más de un millón de insumisos, Calderón celebró su nombramiento ante 30 mil personas. Trágicos sus llamados al diálogo, al tiempo que insultaba como violentos a los que habían votado por su adversario. El Presidente Fox no cesó en declaraciones incendiarias que incitaban al encono. Y López Obrador llamaba a sus seguidores a no caer en provocaciones.

FOX NO PUEDE LEER SU INFORME
NI DA EL GRITO EN EL ZÓCALO

Cada año, el primero de septiembre, el Presidente lee ante la Cámara de Diputados su informe anual. Durante buen tiempo fue un día para el lucimiento del Presidente. Desde hace tiempo ha sido momento de desencuentros con la oposición. Este año se presagiaba una numerosa manifestación popular de repudio. En previsión, el Presidente -con complicidad de los legisladores de su partido- mandó colocar tanquetas y una muralla de acero en los alrededores de la Cámara de Diputados, con lo que sitió ilegalmente una parte de la ciudad de México.

El PRD exigió que se pusiera fin al secuestro del palacio legislativo y anunció que acudiría al informe como partido agraviado. La manifestación popular y masiva se mantuvo en el Zócalo de la ciudad de México y no marchó hacia la Cámara de Diputados para evitar una represión sangrienta, pero los diputados perredistas tomaron la tribuna y no permitieron que Fox llegara hasta ella para dar su informe. En un posterior mensaje televisivo, Fox dijo que el PRD había agraviado a los mexicanos, a lo que ese partido le respondió que quien los agraviaba era Fox. Los medios electrónicos se dedicaron a criticar al PRD por no haber permitido la lectura del informe presidencial. En realidad, lo que sucedió fue que se puso fin a un caduco rito del antiguo régimen.

Los seguidores de López Obrador tenían tomada la plaza central de la ciudad de México. En la noche del 15 de septiembre también es tradición que el Presidente lance el grito de independencia, abriendo así una fiesta popular. López Obrador anunció que él se mantendría en el plantón para esa fecha. Fox retó: saldría al balcón de palacio a dar el grito. Se temía que el ejército fuera utilizado para reprimir la masiva manifestación de repudio al fraude electoral. Finalmente Fox tuvo que ceder la plaza y anunció que no participaría en la celebración del grito en la ciudad de México.

Después de más de mes y medio de una movilización masiva en la que no se rompió ni un vidrio, López Obrador levantó esta forma de protesta y convocó a que, después del desfile militar, celebraran una Convención Nacional Democrática.

LÓPEZ OBRADOR:
“PRESIDENTE LEGÍTIMO”

El día en que se celebra la independencia, en la plaza central de la ciudad de México más de un millón de delegados de todo el país se reunieron en la Convención Nacional Democrática.

Son varios los ejes de esta nueva organización surgida ante el fraude electoral. Uno tiene que ver con el efectivo combate a la pobreza y a la enorme desigualdad, pues no se puede soportar más tiempo que una minoría lo tenga todo, mientras la mayoría de los mexicanos carece de lo más elemental e indispensable. Otro eje de lucha tiene que ver con la defensa del patrimonio de la nación, para impedir que se sigan enajenando los bienes nacionales. Otra demanda central es la del derecho público a la información. Los convencionistas también se proponen combatir la corrupción y la impunidad. Rechazando un Estado patrimonialista y un gobierno que no es ya más que un comité al servicio de la minoría, existe la expectativa de una renovación drástica de todas las instituciones. La Convención fue la forma para organizar la resistencia civil pacífica.

Existe el convencimiento de que el camino será largo. Se proponen poner fin a la República simulada, desatar un diálogo democrático por la libertad, la justicia y la democracia entre las diferentes expresiones sociales, políticas y culturales; y propiciar una discusión sobre la crisis política por la imposición antidemocrática. Todo esto implica una revolución de conciencia y de mentalidad.

Al preguntarle a la asamblea qué prefería, si nombrar un coordinador de la resistencia pacífica o un Presidente legítimo, la mayoría de las manos levantadas se inclinaron por esta segunda opción: ese Presidente será López Obrador. El rechazo a reconocer como presidente a Calderón fue total.

¿A MANO ALZADA?

La Convención implicó debates en el seno mismo de los opositores al fraude. Por ejemplo, el filósofo Luis Villoro, argumentando que la oposición desde abajo era a largo plazo, criticó el método de hacer acuerdos a mano alzada en una asamblea. Un probado militante de la izquierda, Adolfo Gilly, consideró que no había congruencia en la propuesta de un gobierno en rebeldía, mientras los legisladores perredistas aceptaban sus puestos en el Congreso. Sin criticar el fraude electoral, sino dando como bueno el fallo del tribunal, el viejo promotor del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas consideró que el nombramiento de López Obrador como presidente legítimo implicaba un retroceso en el camino de la izquierda. Olvidando la caída de gobernantes repudiados por medio de movilizaciones populares, señaló que la única vía para desconocer a un Presidente era la armada. Cárdenas criticó que López Obrador se hubiera rodeado de antiguos salinistas y afirmó que un proyecto alterno necesitaba tiempo para ser debatido y aprobado y no simplemente sancionado en una plaza.

La escritora Elena Poniatowska declaró que había habido fraude y que la gente no podía quedarse con los brazos cruzados. Le sublevaba la campaña sucia pagada por los dueños del país y creía que ante una elección injusta el movimiento defendía su dignidad.

ENTRE APOYOS Y DESCONFIANZAS

Los partidos que habían integrado la Coalición por el Bien de Todos decidieron constituirse como un Frente Amplio Progresista y registrarse ante el organismo electoral como frente de legisladores de izquierda.

La abogada Magdalena Gómez salió en defensa de la legalidad de la Convención. Señaló que la decisión de nombrar a López Obrador Presidente legítimo tenía base legal en el artículo 39 de la Constitución, que reconoce en el pueblo el derecho de cambiar de la forma de gobierno.

Las funciones de López Obrador como Presidente itinerante tampoco implicaban ilegalidad, pues encabezaba la oposición a la usurpación y realizaba un marcaje social puntual a las decisiones que pretendiera tomar el gobierno espurio, abanderando un movimiento pacífico por la refundación de la República. Ante la objeción de que los legisladores de izquierda hubieran asumido sus curules, se argumentó que se trataba de un poder independiente del Ejecutivo, que no forma parte del gobierno usurpador.

También se ventilaron otras consideraciones críticas, como las esgrimidas por el escritor Guillermo Almeyra, quien consideró que un problema fundamental de la Convención fue que muchos de sus integrantes se asumían simplemente como seguidores de López Obrador. Y si la Convención dependía sólo de las decisiones y orientaciones de López Obrador y de su equipo, se perdería la capacidad de atracción sobre millones de mexicanos que quieren un cambio social y que desconfían del caudillismo de López Obrador.

Otro señalamiento tiene que ver con el sectarismo. Se argumenta que se requiere una amplia discusión nacional para poder llegar a la elaboración de propuestas de solución a los grandes problemas nacionales y se necesitan realizar miles de foros propositivos con el fin de dar cauce a la participación desde abajo. Se han hecho llamados para que el nuevo movimiento no quede atrapado en un liderazgo vertical.

Otra constatación de las últimas semanas es el hecho de un movimiento inverso: las masas fueron empujando al líder a posiciones de mayor radicalización. Mientras en el gobierno anunciaban que las protestas durarían a lo sumo dos semanas, el nuevo movimiento ha demostrado gran vitalidad y se ha ido perfilando como una coalición antioligárquica para la transformación de las instituciones. Pronto también surgieron las exigencias de quienes impulsaron el fraude electoral y desde el exterior exigen la privatización de los apetecibles energéticos mexicanos. Uno de los pasos inmediatos de los convencionistas será la defensa de la soberanía energética.

LOS DE ABAJO:
DESOBEDIENTES ACTIVOS

Lo que ya no pudo hacer el último presidente priísta lo rescató el presidente de la llamada alternancia: Fox impuso a su sucesor por medio del fraude. Pero le entrega a Calderón un país escindido, agraviado y en medio de grandes protestas. A pesar de los llamados al diálogo, el voto del odio impactó fuertemente en la cultura política y ha dejado hondas heridas. Los convencionistas están convencidos de que los poderes fácticos del dinero, de los medios electrónicos de comunicación y de la iglesia católica les robaron la elección. Dicen que Calderón será el pelele de estos poderes. Presionan a López Obrador a que no se someta ni transe.

Los de abajo se han vuelto desobedientes activos y ya no hay ningún acto público de Fox ni de Calderón sin zozobras. Les están haciendo un marcaje personal. Han visualizado a los poderes fácticos como enemigos del pueblo y también se han propuesto acotarlos. Esos poderes les reclaman que se sometan a las viejas instituciones, pero de nada sirve. Las instituciones demostraron que son tramposas y que sólo sirven a los de arriba.

En la lucha previa por la democracia se encontraron soluciones en las instituciones electorales supuestamente autónomas. Pero el fraude de 2006 las ha exhibido como parciales y supeditadas a los poderes fácticos. Todo el andamiaje institucional de la transición a la democracia se ha venido abajo estrepitosamente. El problema es que el retroceso es tan grave que ya no basta la promesa de que esas instituciones vuelvan a funcionar bien. Los de abajo quieren reconstruir otro tipo de democracia con otra clase de instituciones.

UN MOVIMIENTO VITAL
Y AMBICIOSO

El movimiento iniciado en contra del fraude ha experimentado un corrimiento. Ahora quiere hacer surgir desde abajo otro país. Se le ha criticado su rostro contestatario. Pero ha tenido la vitalidad de ser no sólo una lucha crítica y de repudio, sino de búsqueda y de propuestas. Al haberse acercado a lo que en un momento propuso La Otra Campaña, el Subcomandante Marcos ha querido deslindarse una vez más señalando que La Otra Campaña no puede compartir ni movimiento ni destino con la protesta encabezada por López Obrador. Y a quienes pensaron que ambos movimientos pudieran coincidir, Marcos les ha hecho saber que él ve la nueva movilización con escepticismo crítico.

Pero las corrientes de abajo tienden a encontrar sus propios cauces y a no circunscribirse necesariamente a lo que marcan sus dirigentes. No hay que olvidar que los movimientos tienen siempre en germen una especie de entropía que los va desgastando. Pero también la historia ha enseñado que los movimientos de base surgidos de grandes agravios guardan rescoldos que encienden posteriores expresiones libertarias.

INVESTIGADOR DE CIESAS OCCIDENTE. CORRESPONSAL DE ENVÍO EN MÉXICO.

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