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  Número 295 | Octubre 2006
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Nicaragua

“En elecciones cerradas anular votos puede cambiar los resultados”

Roberto Courtney, director ejecutivo del Grupo Cívico Ética y Transparencia -la institución nicaragüense con mayor experiencia en observación electoral nacional e internacional-, compartió con Envío una valoración del proceso que culmina en las urnas el 5 de noviembre, e hizo algunas previsiones sobre el mismo, en una charla que transcribimos.

Roberto Courtney

El ciudadano que participa en las elecciones juzga ordinariamente bueno o malo un proceso electoral a partir de quién gana o quién pierde, basándose en cómo les fue a sus candidatos. Sin embargo, para la observación electoral quién gana o quién pierde es un elemento irrelevante. La observación prioriza la calidad del proceso y el respeto a la voluntad popular. Valorar técnicamente la calidad de un proceso electoral requiere de un análisis comparativo con anteriores procesos nacionales y con normas o parámetros internacionales. Basados en eso, y sabiendo que en determinar la calidad de un proceso electoral lo más relevante son las condiciones de la votación el día de las elecciones,
el conteo, la transmisión de datos, la resolución de los recursos legales, la asignación de escaños -todo lo que está aún pendiente en el actual proceso nicaragüense-, nuestro juicio en las vísperas, y al iniciarse el mes de octubre, es “cautelosamente positivo”.

Positivo porque los indicadores que se pueden medir hasta este momento -inscripción de votantes, ubicación de votantes, posibilidad de hacer campaña, posibilidad de presentar candidatos, etc.- están bien, mejor que en el resto de Centroamérica y hasta casi mejor que en el resto de América Latina. Y comparándolos con los mismos indicadores en las elecciones generales de 2001, no hay prácticamente ni uno solo que esté peor este año de lo que lo estaba en 2001. Entonces, si aquellas elecciones fueron buenas, éstas también lo son… hasta ahora.

Cauteloso porque conocemos la composición política del Consejo Supremo Electoral (CSE) y su historial. El CSE -y ellos mismos lo admiten- está dividido en dos bancadas, la del PLC y la del FSLN, teniendo actualmente el FSLN
un control mayoritario. Esta situación de control partidario ha generado suspicacias en los procesos anteriores. Y ahora, en éste, cuatro de los cinco partidos que participan en la contienda, han afirmado que no creen en el CSE lo suficiente como para aceptar su veredicto por sí solo. Y requieren la verificación y validación del proceso por parte de los observadores electorales. Esto explica la gran cantidad de observadores nacionales e internacionales, que darán a los partidos que desconfían del CSE, un referente que goza de su aprobación.

A pesar de sus problemas políticos, hay que reconocer que el CSE ha venido desarrollando una buena capacidad técnica. Cuando en marzo se celebraron las elecciones de autoridades regionales en la Costa Caribe, los magistrados del CSE habían estado durante un mes y medio sin siquiera poderse sentar juntos, saboteándose unos a otros las sesiones. Pero el día de las elecciones eso no obstaculizó que el CSE organizara unos comicios buenos, una jornada electoral tan buena que se tragó toda la controversia política precedente. La experiencia ha demostrado que el Poder Electoral de Nicaragua es técnicamente eficiente y todo funcionaría bien, en lo administrativo y logístico, aun cuando los magistrados se quedaran en sus casas.

Técnicamente el balance a la fecha es positivo. En las elecciones de 2001, el 75% de las personas con edad y derecho al voto tenían cédula de identidad y estaban habilitadas para votar. En estas elecciones está habilitado el 85%. Es un primer parámetro para afirmar que la inscripción de votantes está bien. Restaba establecer si el 15% restante
había sido víctima de algún sesgo ideológico o afectado desproporcionadamente por algún partido político. ¿Qué decir de ese 15% que no tiene cédula? ¿No la tiene por algún sesgo político de exclusión? ¿Es cierta la manipulación que hicieron el PLC y el FSLN para favorecer la cedulación de sus simpatizantes?

Un punto de partida para dar curso a esta sospecha es que durante tres años las delegaciones municipales del CSE estuvieron cerradas y la cedulación se realizó a través de estos dos partidos. Las auditorías realizadas por Ética y Transparencia demuestran otra cosa. Lo que hemos encontrado son otros factores: mientras la persona es más joven, más pobre y más rural más carece de cédula. Es decir, pesan las razones de costo (obtener una cédula cuesta y los jóvenes rurales tienen menos recursos), o de juventud (se traduce en falta de interés o desconfianza en la política). Realmente, no hallamos sesgo político y por tanto, la inscripción de electores es aceptable.

Respecto al padrón electoral tampoco estamos mal. En Centroamérica se vota a nivel municipal, y esto significa que los partidos políticos llevan a la gente en bus hasta el lugar de votación, le dan una charla, le dan de desayunar, le dan un viático y la regresan a su casa después de que votó. Esto sería escandaloso en Nicaragua, donde el voto es domiciliar y la junta receptora de votos más lejana en los sectores urbanos está a seis cuadras del votante y en las áreas rurales a menos de dos kilómetros. Además de que el padrón es accesible, si el CSE mueve a un votante del padrón en donde siempre ha votado -el famoso “ratón loco”, la ley lo habilita para votar en cualquier junta cercana a su domicilio, según aparece éste en su cédula.

Ésta fue la lucha que hicimos en las elecciones en la Costa Caribe: lograr que se aplicaran los artículos 41 y 116 de la ley, que establecen eso. Y ganamos la lucha. Hubo que forzar al CSE a no repetir un error, impedirle violar la ley y evitar que entrara en innecesarias controversias. ¿Por qué? Porque antes de las elecciones municipales de 2004, en Nicaragua se podía votar de tres modos: donde el votante aparecía en el padrón; en la zona de la dirección indicada en la cédula aun cuando no apareciera en el padrón; y en tercer lugar, por un invento que hizo el PLC cuando controlaba el CSE: en cualquier junta receptora de votos con dos testigos que certificaran que el votante vivía en ese lugar. Las primeras dos modalidades daban la posibilidad de votar en uno de dos lugares como máximo, lo que era algo controlable. Pero la tercera, la de los testigos, además de ilegal, permitía votar en cualquiera de las 10 mil juntas receptoras de votos de todo el país, lo que generaba el riesgo de traslados de votantes y de doble voto. Hasta el 2001, en casi cada junta, el PLC instaló a dos testigos para facilitar esta modalidad. Pero en las elecciones municipales de 2004, cuando el FSLN pasó a controlar el CSE, de un plumazo se suprimieron dos modalidades: la de los dos testigos y la de votar con cédula aunque no se apareciera en el padrón, aunque ésta, además de necesaria, era legal y estaba estipulada con claridad en la ley. Esto fue lo que originó el “ratón loco” en 2004: mucha gente llegó a votar como lo hacía siempre, apareciera o no en el padrón o esperando los dos testigos, pero al llegar a la junta, se encontró con que ya no lo podía hacer así y entonces iban “locos” de un lado para otro…

Las auditorías que realizamos al padrón mostraron que el “ratón loco” ocurrió no porque súbitamente se le hubiera movido del padrón a muchos electores sin su conocimiento, sino que se eliminaron súbitamente dos mecanismos alternos para votar que ya la gente conocía y practicaba. Y era obligación legal del CSE respetar uno de ellos. Esto generó mucha confusión. Con la lucha que hicimos en las elecciones caribeñas de 2006, hemos recuperado la modalidad del voto según indique la cédula, aunque la persona no aparezca en el padrón. La de los dos testigos desapareció. Esto le permite a cualquier ciudadano saber dónde votar con sólo ver su cédula, aun cuando el ciudadano no se haya verificado en el padrón o tenga duda de dónde votar, o aun cuando el CSE lo haya movido contra su voluntad a otro padrón.

Positivo también que no hubo inhibiciones, aunque “el de arriba” se llevó a Herty Lewites, uno de los candidatos que temía ser inhibido. Podemos decir también que las campañas se desarrollan con normalidad, aunque siempre con su inevitable superficialidad o nivel de insultos y descalificaciones.

En lo del financiamiento sí observamos grandes deficiencias, que prácticamente existen en casi todo el mundo, aunque en menor medida que en Nicaragua. El tema del dinero en la política no está resuelto a satisfacción en ningún país. En Nicaragua tenemos problemas importantes: se permite financiamiento del exterior y no se le ponen límites a las donaciones; se permiten donaciones anónimas y apoyos directos de gobiernos extranjeros, anónimos y sin límite
de monto; las pocas regulaciones que hay se le aplican al partido y no al candidato, sólo a los 75 días de la campaña, ¡pero no en los otros 290 días del año! Es éste un tema muy importante, pero que sigue pendiente. En el tema de financiamiento estatal estamos bien, comparados con los niveles internacionales. Pero en lo que respecta a la transparencia y regulación del financiamiento privado y externo, estamos en el fondo del barril.

Finalmente, existe en estas elecciones pleno acceso a la presencia de observadores, tanto nacionales como internacionales. Cuatro de los cinco partidos que compiten el 5 de noviembre han reclamado la observación como condición para aceptar los resultados. Además de tener derecho a hacerlo, hay que tener en cuenta que la observación
ya no es un fenómeno exclusivo de las elecciones en los países del Tercer Mundo. En Europa, la OECD tiene un convenio que establece la observación de misiones de todos los países en las elecciones de cada país y todos tienen derecho a hacer recomendaciones técnicas. Ética y Transparencia participó en 2004 como miembro de una delegación de observadores de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Como nicaragüenses, hemos estado ya observando elecciones en 20 países de tres continentes. Lo de la observación es ya un fenómeno generalizado, por la necesidad de aprender de los demás y para que los demás puedan certificar la democracia. Ciertamente, si ya existe un “club de países democráticos” y si la definición de democracia es la celebración de elecciones en condiciones aceptables, ya no basta que sea el propio país el que las celebre y diga que fueron democráticas, sino que otros tienen que certificar que cumplió con los requisitos de membresía del “club de la democracia”.

Las elecciones del 5 de noviembre en Nicaragua podrían tener resultados estrechos. Y en la medida en que los resultados de unas elecciones son reñidos, los problemas técnicos y los problemas políticos se agrandan. Al revés: en la medida en que los resultados son claros y las diferencias son amplias, los problemas técnicos y políticos se disipan.

En 1996 la diferencia entre el ganador (el PLC con Arnoldo Alemán) y el del segundo lugar (el FSLN con Daniel Ortega) fue de 15 puntos. En aquellas elecciones se anularon unas 500 juntas en todo el país, lo que significó anular unos 300 mil votos, porque no había ninguna certeza sobre esos votos. Estas anulaciones dieron pie a que Daniel Ortega declarara que había habido fraude y que le habían robado las elecciones. Pero para saber quién gana, los observadores ven la calidad del proceso en un contexto. Con una diferencia de 15 puntos entre Ortega y Alemán, esos 300 mil votos anulados, aun cuando hubieran sido todos para Ortega, no hubieran cambiado el resultado favorable a Alemán. Esto significa que las irregularidades ocurren en un contexto. En elecciones cerradas, problemas pequeños se hacen enormes pues pueden significar la diferencia entre ganar o perder. Lo opuesto ocurre cuando el margen es amplio. Y problemas aún mayores palidecen ante la contundencia de la voluntad popular.

Hay algo curioso en aquel alegato de fraude. En 1996 también se eligió alcalde. En Managua se anularon 80 mil votos del total de 300 mil anulados en todo el país. En este caso, esos 80 mil votos sí hubieran alterado los resultados, porque Roberto Cedeño (PLC) le ganó la alcaldía de Managua a Carlos Guadamuz (FSLN) y a Pedro Solórzano por sólo
13 mil votos. En esta votación, las irregularidades fueron más grandes que el margen de victoria. Sin embargo, el FSLN sólo alegó fraude en las elecciones presidenciales, pero nunca levantó la mano por las elecciones de Managua, posiblemente -según reveló la historia posterior- porque para entonces no le interesaba que Guadamuz llegara a ser alcalde. Es una expresión de la lógica de los partidos políticos, que tienen sus prioridades y preferencias, y son los hechos los que a menudo desnudan el trasfondo político de sus argumentos. Con mucho más sustento que en anteriores elecciones, las de este 5 de noviembre se vislumbran con resultados más estrechos. Y por eso, la lógica política de quienes dominan el escenario electoral podría manifestarse ese día. ¿En qué forma se manifestaría? Especulemos un poco, pues imaginar escenarios y estrategias es parte de la labor preventiva o reveladora de la observación electoral.

Lo primero que hay que tener en cuenta para hacer previsiones es que las elecciones en Nicaragua ya tienen historia.
Esto permite saber cómo se ha votado históricamente desde 1990 en cada departamento, en cada municipio, hasta en cada barrio y en cada junta receptora de votos. Uno puede calcular entonces que, como la manipulación “tiro a tiro”, identificando y eliminando votantes de forma individual es muy difícil y requiere un nivel conspirativo enorme, lo más probable es que, a partir de la historia de votaciones anteriores, los partidos identifiquen las juntas en donde la votación les ha sido adversa para vigilarlas más, o peor aún, para generar en esas juntas las alegaciones legales que permitan solicitar la nulidad de los resultados que les sean adversos.

En el conteo es muy difícil alterar los resultados. Con la supervisión de los fiscales de los partidos es muy difícil. Es casi un hecho que los votos se contarán y se contarán correctamente. El sistema genera esa muy importante certeza
y el margen de manipulación es ínfimo. La buena noticia es que un fraude trastocando radicalmente los resultados, sean cuales sean, resulta prácticamente imposible. Hoy en día sólo se pueden “robar” elecciones que quedan prácticamente empatadas, pues ése es el terreno de recursos legales de anulación de votos emitidos y contados. Hemos entrado en la era de los recursos legales, en la manipulación de los resultados electorales por la vía de las leguleyadas. Entonces, teniendo en cuenta la historia de las juntas, lo que importará no será el conteo de los votos, sino si los resultados de esa junta valen o no. Y estarán listos los recursos legales, las impugnaciones, para anularla si es adversa. Esto explica la disputa de los partidos con el CSE por los mecanismos que establecen bajo qué condiciones se puede o no anular una junta.

Por la vía de los recursos legales no se puede “ajustar” un resultado en las elecciones presidenciales si las diferencias son muy grandes. Un resultado 70-30 no se puede arreglar con recursos legales. Ni siquiera si el resultado es 51-49.
Es difícil hacer “ajustes” en la elección presidencial, aun cuando el margen de diferencia sea excesivamente estrecho. ¿Por qué? Porque si el padrón es de 3.5 millones y votan 3 millones, el 10% serían 300 mil y el 1% serían 30 mil votos. Para modificar un resultado estrecho, con un 1% de diferencia, habría que anular una buena cantidad de juntas y si se anularan únicamente aquellas donde el que “ajusta” perdía por gran diferencia, se desenmascararía enseguida la intención.

Es bastante difícil que 20-30 juntas hagan la diferencia en la elección presidencial. Pero si en la votación para Presidente no es fácil el “ajuste”, en la elección de diputados departamentales todo cambia, porque el padrón se reduce significativamente.

Hay varios departamentos donde el padrón es de 80 mil personas, que eligen a 2 ó 3 diputados. El 1% son 800.
Allí, anular una sola junta puede hacer la diferencia en ganar un diputado de más o en perderlo. Esto fue lo que pasó en las elecciones municipales de 2004, donde el FSLN logró anular una junta, en la que ganó APRE por 100 votos. Anulándola, el FSLN ganó la alcaldía por 10 votos.

Ética y Transparencia señaló que en Granada esta anulación fue un fraude. Y es que en elecciones virtualmente empatadas, el mecanismo legal de la anulación de juntas puede ser considerado un fraude porque altera la voluntad popular parcialmente, y porque compone los resultados finales, rechazando la voluntad popular expresada en determinadas juntas.

Es muy probable que en las elecciones para diputados departamentales, se busque “ajustar” los resultados con
el mecanismo de las impugnaciones y anulaciones de juntas para así conseguir para el partido “ajustador” un mayor número de escaños. Casi con certeza, la última diputación que elige cada departamento -unas 20 de las 90 diputaciones- serán decididas por un puñado de votos y por tanto, la nulidad de votos es atractiva y está disponible.

Si los recursos legales son tan importantes para “componer” los resultados, se hace indispensable un reglamento que haga difícil anular juntas y que establezca claramente con qué criterios se anularán, con qué procedimientos, en qué circunstancias. Y ahí está el problema: porque para estas elecciones el CSE ha hecho fácil lo que debía ser difícil -la anulación- y ha hecho nebuloso lo que debía ser claro -los criterios que emplearán los magistrados para aceptar las anulaciones-. Basados en la experiencia de Granada -donde el CSE anuló una junta a conveniencia del FSLN y el PLC, violentando su propio reglamento- lo que ha hecho el CSE en estas elecciones es elaborar una normativa que regula el derecho de los fiscales de los partidos a interponer recursos de nulidad de juntas receptoras de votos, de tal forma que si la anulación de la junta que ocurrió en Granada, ocurriera ahora, no violentaría el reglamento. La actual normativa facilita las anulaciones.

¿Qué pasó en las elecciones municipales de 2004? El reglamento del CSE decía que mientras una sola de las seis actas de cada junta fuera confiable, la junta no podía anularse. Sin embargo, en la junta anulada en Granada las seis actas eran confiables, las seis tenían resultados idénticos y sólo a la del fiscal del FSLN le faltaban firmas. Y esto fue razón suficiente para anular esa junta y esos votos. El CSE pudo escoger como confiable cualquiera de las actas, incluso la copia del FSLN y en esa junta hubiera ganado APRE. Pero a pesar de que no había controversia sobre el conteo y los resultados, se anuló ese resultado. Y fue esta anulación la que le dio la victoria en la alcaldía al candidato del FSLN, quitándosela al candidato de APRE. Es lógico que para los partidos que no están representados en el CSE el temor a las anulaciones sea una prioridad.

En conclusión, en las condiciones actuales es imposible robarse una elección si se pierde de forma clara. Pero si el resultado es virtualmente empatado sí se puede. Pero no a partir del conteo. Los conteos se darán razonablemente bien
y esto no dependerá de que haya o no fiscales de todos los partidos, porque si sólo se anulan las juntas donde no hubo fiscales de uno u otro partido, la maniobra sería muy evidente. El mecanismo será el de la anulación de juntas. La actual normativa para las nulidades las facilita en extremo. Basta, por ejemplo, con que un fiscal le arranque un pedacito al papel de su propia acta o que un fiscal no firme una de las actas. Después, el poder inapelable para decidir si se anula o no esa junta queda en manos de los magistrados del CSE, que son leales a dos partidos. Solicitar la nulidad de una junta lo podrá hacer cualquier fiscal de cualquier partido, pero la decisión sobre si se anula o no la tiene el CSE. Y tres de los cinco partidos no deciden ni tienen nada que decir ahí.

Otra revelación interesante del tipo de fraude ocurrido en Granada es que, a la hora de la verdad, a la hora de las piedras pómez, en cualquier parte del mundo los partidos actúan muy diferente que lo que los ciudadanos imaginan o esperan, basados en supuestas afinidades ideológicas.

Si se trata de asignar diputaciones, al igual que al asignar alcaldías, cada partido preferiría beneficiara su adversario ideológico, antes que a su colega de derecha, o de izquierda, según el caso. Porque de esa forma retienen su “mercado de votantes”. La ALN compite por la hegemonía de un segmento de votantes con el PLC y controlar ese mercado, ser el abanderado del antisandinismo, es su prioridad. Granada demostró que los partidos ven, en el fondo, como su principal rival, al que compite por su mercado electoral, y sólo después se fijan en su adversario ideológico. Y están dispuestos a favorecer al adversario ideológico antes que al que compite por el mismo mercado. Y mas aún lo harán si los cargos son muchos, pues así el adversario ideológico les deberá
un favor que les pagará en otra controversia en torno a otro escaño en otra cincunscripción.

En las elecciones del 5 de noviembre el problema no será, por definición, que los resultados sean reñidos. Eso ya ha sucedido en México, Perú y Costa Rica este mismo año y es manejable. El problema sería unas elecciones de baja calidad, donde los recursos de nulidad tengan sustento en los hechos. El mejor antídoto a la controversia post-electoral es una jornada electoral ejemplar, para que no tengan asidero los recursos legales politicamente motivados. A esa calidad apostamos los observadores en nuestro trabajo.

Si los resultados son reñidos y los recursos legales “acomodan” los resultados, ¿eso sería considerado un fraude? Los observadores nacionales e internacionales tenemos reuniones periódicas y hemos concordado en que lo ocurrido en Granada en las municipales de 2004 debíamos valorarlo como un fraude, porque además de violentar la voluntad popular, el CSE violó su propio reglamento. El alegato de nulidad se presentó por un tecnicismo y no porque
el voto fuera emitido en condiciones que no permitieran certeza sobre la intención de los votantes. En estas elecciones,
el CSE nos complicó las cosas con el nuevo reglamento: los “ajustes” que se hagan para anular juntas podrían violentar la voluntad popular, pero no el reglamento.

El nuevo reglamento permite nulidades por cualquier razón y son los magistrados del CSE los que decidirán qué se anula y qué no, según su sabiduría e independencia. Las cosas son más complicadas para los observadores internacionales, que tienen como eje de su trabajo que la ley se cumpla y si la ley es mala sólo pueden recomendar cambios, pero no pueden decir nada contra la ley, aun cuando saben, como todos lo sabemos, que las leyes no son divinas, sino humanas, hechas por seres humanos a la medida de sus intereses políticos. Aún cuando saben, como todos lo sabemos, que no hay ley más política que la ley electoral.

¿Qué vaticinar? Que si los resultados son estrechos, habrá probablemente suficientes recursos legales para que el CSE se vea tentado a hacer los ajustes que estime conveniente según los intereses de sus bancadas. ¿Eso deslegitimará las elecciones? Hay que tener en cuenta que así como el CSE decidirá por razones políticas, los partidos políticos que desconfían del CSE juzgarán también el proceso políticamente y esto le puede amarrar un poco las manos al CSE si quisiera llegar muy lejos. Porque, el precio de ir muy lejos es arriesgarse a deslegitimar las elecciones en su conjunto y a tener que repetirlas en seis meses.

Creo que los partidos considerarán todo esto para que no se les “pase la mano” con los recursos legales y con las decisiones en torno a los recursos legales. Y espero que tengamos unas elecciones y una asignación de escaños bastante apegada a la voluntad popular... aunque en la tierra del Güegüense todo puede pasar.

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