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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 294 | Septiembre 2006
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Centroamérica

Desigualdad, desprotección ambiental y democracia sin ganas

En Nicaragua, Honduras y El Salvador la democracia no va más allá de las elecciones y la salida del subdesarrollo se sigue basando en mano de obra barata para las maquilas y en recursos naturales baratos, sin aprovechar las ventajas ambientales. Estamos mal... y vamos mal.

Welvin Romero Jirón

Uno de los principales objetivos de los sistemas políticos centroamericanos es la consolidación de los procesos democráticos iniciados a finales de los años 80 y principios de los 90. Esta consolidación está relacionada con el establecimiento y desarrollo la cultura democrática de los ciudadanos y con la solución de los enormes problemas sociales y económicos que los afectan. Determinan y conforman la cultura democrática el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, el acceso igualitario de la población a los sistemas de justicia, la independencia y armonía entre los Poderes del Estado y el resto de la institucionalidad democrática, la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la incorporación de las etnias a los procesos de la nación.

EL SISTEMA POLÍTICO
ES EL QUE IMPIDE LA DEMOCRACIA

Después de largos años de conflictos armados, el desarrollo de las instituciones de la democracia en Honduras, Nicaragua y El Salvador ha demostrado no haber alcanzado niveles aceptables. El problema no radica ni en la carencia de instituciones democráticas ni en la falta de normas que las regulen. El problema está en el sistema político, que no resiste la tentación de instrumentalizar esa institucionalidad para la lucha política. Está también en la falta de capacidad para hacer eficaz esa institucionalidad y, a menudo, en que la ciudadanía desconoce cómo funciona y cómo usarla.

Paradójicamente, es el sistema político, y especialmente el sistema de partidos, los que frenan la profundización del régimen que ellos mismos crearon y dicen impulsar. Esto refuerza la percepción de que la transición a la democracia en estos tres países se produjo como la alternativa de menor costo para los centros de poder ante la posibilidad de continuar con los conflictos armados, y no como un proceso natural de desarrollo de la sociedad. Prueba esta percepción que nunca hubo ni en Honduras ni en Nicaragua ni en El Salvador un consenso político sobre el régimen que debería sustituir el esquema autoritario. Y por eso no se ha podido avanzar más allá de lo electoral.

En estos tres países destaca como tendencia que es el propio sistema político el que violenta sistemáticamente la mayoría de elementos que consolidan el proceso democrático. El mismo sistema contradice el desarrollo de la cultura democrática ciudadana, indispensable para que el proceso democrático se asiente y se desarrolle.

En Nicaragua, una lucha política intensa ha provocado un persistente enfrentamiento entre los Poderes del Estado, que ha llevado tanto al Ejecutivo como al Legislativo a aprobar leyes o decretos presidenciales que violan claramente la Constitución y que, en la mayoría de los casos, han tenido como único fin servir como piezas de negociación política entre los partidos, llegándose incluso a coquetear con la idea de destitución del Presidente. Por la persistencia y la profundidad en el enfrentamiento entre los Poderes del Estado el caso nicaragüense es el más destacable.

En Honduras y El Salvador, las violaciones a la Constitución se asocian con las políticas anti-maras (pandillas) y al tratamiento de los internos en los centros penales. Los severos problemas de seguridad ciudadana existentes en estos dos países -asociados oficialmente a la actividad de las pandillas- ha provocado planes estables -en ocasiones fortalecidos con leyes- que violentan la libertad de movilización de los jóvenes tatuados y generan un ambiente en el que las fuerzas de seguridad, con bastante facilidad, abusan de la fuerza, y maltratan a los reclusos en los centros penales. Un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 2005, señala que las fuerzas de seguridad hondureñas cometieron asesinatos extrajudiciales.

A pesar de esto, la Policía Nacional Civil de El Salvador es ubicada en las encuestas por la población en el tercer lugar de las instituciones que inspiran mayor confianza. La iglesia católica ocupa el primer lugar, seguida de las iglesias evangélicas. Parece un indicativo del cansancio de la población respecto a la actividad de las pandillas. Mientras, el mensaje que las autoridades envían a la población no puede ser peor: el fin justifica los medios.

El mantenimiento de relaciones tensas entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Sistema Judicial dificulta el funcionamiento adecuado de la institucionalidad democrática y mina las expectativas que la población de estos tres países se había formado de lo que sería un régimen democrático y un sistema de partidos políticos. Se acerca así la población al peligroso terreno de la deslegitimación del mismo régimen.

Las violaciones a la Constitución y el deterioro en las relaciones entre los Poderes de Estado tienen un efecto magnificador de la percepción negativa que tiene la población sobre la institucionalidad de la democracia y del sistema político, contradice el discurso de los políticos sobre la profundización del proceso democratizador, y ensancha la distancia entre representantes y representados. Resulta relevante el control partidario sobre la institucionalidad: los funcionarios de los Poderes del Estado y de otras instituciones estatales importantes responden a sus partidos antes que a la ciudadanía y al Estado de derecho. Tampoco respetan los principios de eficiencia y eficacia en sus cargos.

En Honduras se aprecian algunos avances. En la selección en el 2005 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los seleccionados fueron parte de una lista de 45 nombres presentada por la sociedad civil -esto era un paso hacia la independencia del Poder Judicial-, pero en la Fiscalía y en el Tribunal de Cuentas los nombramientos efectuados en ese mismo año fueron claramente partidarios.

LA IMPUNIDAD DE LOS GRANDES

En Honduras, El Salvador y Nicaragua se aprecia un acceso desigual a la justicia. En Nicaragua, a pesar de que se realizan esfuerzos para acercar la administración de justicia a los sectores menos favorecidos, se mantiene la tendencia a la impunidad de los altos funcionarios públicos, líderes de los partidos influyentes y miembros del gran capital. Pese a que en Nicaragua el Ejecutivo derrochó en sus primeros tres años de gobierno sus mejores esfuerzos casi exclusivamente en lo que llamó “la lucha anticorrupción”, sólo el ex-Presidente Alemán fue condenado por tribunales de primera instancia y guarda prisión domiciliar. Todos los demás, presumiblemente involucrados, fueron quedando libres.

En el Salvador, la fuga del principal involucrado en el caso de corrupción del Banco de Fomento Agropecuario -en complicidad con las autoridades responsables de la sentencia-, el caso Perla de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y la fuga de reos de las cárceles, han sido casos emblemáticos de la impunidad de altos funcionarios públicos. En Honduras, la corrupción gubernamental continúa situada entre los problemas que más resiente la población, siendo uno de los factores que más limitan el desempeño eficiente del Estado.

SIN PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y CON EL PODER DE LOS GRUPOS ECONÓMICOS

Existe abundante evidencia de la estrecha relación que existe entre democracia y participación ciudadana. Sin participación ciudadana la democracia pierde su razón de ser, su representatividad y su legitimidad. Es lamentable la poca voluntad de los gobiernos para permitir y fomentar la participación ciudadana en la definición de políticas públicas, más allá de algunos temas específicos y de determinadas coyunturas. Mientras, los grupos de poder económico han incrementado su poder e influencia en la toma de decisiones y utilizan crecientemente mecanismos informales directos -contactos personales-, para influir en la definición de políticas públicas. Por el poder que tienen y por la forma autoritaria con que actúan constituyen una amenaza para las débiles democracias centroamericanas. Faltan contrapesos al poder de estos grupos.



La solución de los problemas relacionados con la heterogeneidad étnica y cultural en Honduras y Nicaragua, y la falta de interés para lograr un acuerdo con las etnias discriminadas, que las integre a los procesos de la nación y que contribuya a la superación de los enormes problemas socio-económicos existentes en las zonas que habitan -la más extensa del país en el caso de Nicaragua-, con estratégicos recursos naturales y los índices más elevados de pobreza extrema, es una asignatura históricamente pendiente de los sistemas políticos de ambos países.

¿DEMOCRACIA O ELECTOCRACIA?

Únicamente el mecanismo de sustitución de autoridades -los procesos electorales- recibe respeto y apoyo decidido del sistema político. Esto hace temer que interpretan el régimen democrático como un sinónimo de elecciones. Esta interpretación está en crisis y cuestionada por dos expresiones sociales, reveladoras de problemas intrínsecos del esquema que vive Centroamérica. Uno, el incremento en la movilización de los sectores sociales expresados en huelgas y manifestaciones callejeras. Dos, el aumento en los índices de criminalidad. Estas dos expresiones, aunadas a los permanentes ciclos de crisis–negociación -muy traumáticos en Nicaragua- y a la persistencia de enormes desigualdades en la distribución del ingreso y a los altos niveles de pobreza, afectan la gobernabilidad.

Los niveles de polarización en que se mueven los partidos -especialmente en El Salvador y Nicaragua- parecieran apuntar a una lucha de sistemas. Pero en la práctica no se escuchan propuestas que apunten en la dirección de construir alternativas, ni siquiera opciones de administración del régimen democrático y sus tendencias actuales. Todo esto constituye una amenaza para la sostenibilidad de la democracia y le imposibilita cumplir sus funciones clave: representar a los ciudadanos, garantizar sus libertades ciudadanas y crear condiciones económicas favorables. Destaca en Honduras el acuerdo alcanzado por los partidos para la reforma política, que incluye un proceso de consultas a segmentos de los sectores organizados.

MAQUILAS: UNA FRÁGIL APUESTA

El crecimiento del Producto Interno Bruto de Honduras, Nicaragua y El Salvador se mantuvo en 2005 en niveles positivos, aunque con resultados mixtos en el ritmo de este crecimiento. Nicaragua y Honduras experimentaron desaceleración de su crecimiento respecto al 2004 y El Salvador tuvo un incremento notable.

El crecimiento de la región -según el BCIE la economía de la región crecerá a un ritmo de 3.5% anual- continúa siendo respaldado por el comportamiento favorable del comercio exterior -demanda y precios-, por las remesas familiares -que continúan ocupando lugar destacado en las economías de la región-, por las transferencias netas de recursos y por la inversión privada.

La reducción en el ritmo de crecimiento en Nicaragua y Honduras, se explica por la competencia de China en productos textiles y confección, por las secuelas del huracán Mitch en Honduras y por el incremento de los precios del petróleo, que generó una notable crisis energética en ambos países.

El comercio exterior de los países centroamericanos ha continuado creciendo positivamente, aunque con mayor dinámica en las importaciones sobre las exportaciones, con una influencia relevante de la factura petrolera.

Mientras el déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB en El Salvador se mantuvo constante (3.9%), en Honduras se deterioró en 0.5% y en Nicaragua en 1.2%. En los tres países las exportaciones crecieron (10.5%), pero a un ritmo inferior a las importaciones (13.5%). El deterioro del balance comercial de los tres países entre 2004 y 2005 fue de 17.9%. Nicaragua es el país con mayor deterioro 25.5%. En Honduras 22.3% y en El Salvador 12%.

Destaca el mantenimiento de la tendencia a concentrar las exportaciones en un número reducido de productos primarios, una de las principales debilidades del crecimiento económico en estos países. La diversificación de las exportaciones que se manifiesta desde los años 90 está concentrada principalmente en productos de las maquilas. La fragilidad de esta apuesta, por su débil eslabonamiento con el resto de la economía y por su dependencia de fuerza de trabajo de baja calificación y productividad, es bien conocida. Pese al incremento de éstas y otras manufacturas, la participación de los productos primarios es todavía clave para las tres economías, especialmente si se consideran los bajos aportes en valor agregado a esos productos.

ESTANCADOS EN EL SUBDESARROLLO
Y SIN CAMINAR AL DESARROLLO

A nivel gubernamental y en sectores del empresariado -especialmente en el que aún no se regionaliza- hay ahora otra fuerte apuesta a las oportunidades derivadas del TLC con Estados Unidos. No parece sustentada en las perspectivas de un segmento del poder económico de Centroamérica
-entre los que destaca el de origen salvadoreño más moderno-, más interesados en la estabilidad y profundización de las relaciones de la región con Estados Unidos manteniendo e incrementando los flujos de capital del Norte hacia la re¬gión, especialmente en forma de remesas familiares.

Existen dudas sobre la posibilidad de que el TLC tenga un efecto neto positivo en las economías centroamericanas. La mayoría de los análisis -incluso los de quienes se muestran más incondicionales- coinciden en que el medio rural se verá afectado. Las ventajas se concentran en sus efectos sobre la exportación de manufacturas y sobre el consumo. Pero no disuelven los interrogantes sobre la capacidad de soportar la competencia china y -vinculado a la amenaza china- sobre si los niveles de inversión que se logren atraer superarán los efectos negativos del tratado.

En este modelo de crecimiento, donde están ausentes sectores emergentes de alta productividad, productos am¬bien¬tales de mayor calidad y políticas públicas enfocadas a su fomento -Costa Rica es la excepción- se estarían reprodu¬ciendo las condiciones que han mantenido a la región en el sub¬desarrollo. Es una evidencia empírica la limitación para el desarrollo que supone que una economía dependa de exportaciones primarias. Lo es también la alta propensión de las economías pequeñas y dependiente de fuerza de trabajo y recursos naturales baratos a retroceder en su crecimiento.

Además de la destrucción -asociada a la actual apertura comercial- de los encadenamientos que existen en estos tres países desde el período de sustitución de importaciones- los nuevos sectores exportadores se han desarrollado sin integrarse al resto de la actividad productiva nacional. Esto frena el crecimiento del PIB total, ya que el efecto del crecimiento de las exportaciones sobre el producto se ha reducido y hoy se necesiten ritmos mayores de crecimiento de las exportaciones para lograr la misma tasa de crecimiento del PIB. Esta dinámica también incrementa las necesidades de importaciones presionando sobre la balanza de pagos.¬

La cooperación internacional, la inversión extranjera, y especialmente las remesas familiares, están respaldando los desbalances en cuenta corriente. Junto a la disciplina fiscal y financiera asumida por los gobiernos, estos factores han permitido mantener la estabilidad macroeconómica. En Nicaragua y El Salvador se han hecho reformas fiscales orientadas a mejorar la posición recaudadora del Estado. Dado el aumento del precio internacional del petróleo y sus consecuencias en el sistema eléctrico de Nicaragua y Honduras, este conjunto de factores ha evitado que los niveles de inflación fuesen mayores.

LAS PODEROSAS E IMPRESCINDIBLES REMESAS
SOSTIENEN LA ECONOMÍA

Las remesas familiares han incrementado su importancia en las economías centroamericanas. Un estudio hecho en El Salvador prueba que la suma del ingreso de los emigrantes salvadoreños en Estados Unidos corresponde al 127% del PIB de ese país y concluye que la migración internacional es una de las dimensiones del cambio estructural en El Salvador y una estrategia fundamental de las familias salvadoreñas para garantizar sus medios de vida.

Las remesas constituyen una proporción relevante de las exportaciones totales, incluida la maquila. Representan un 75% de las exportaciones en El Salvador, un 58% en Nicaragua y un 35% en Honduras. En los tres países superan con creces las transferencias netas de recursos y las inversiones extranjeras netas. En los tres países las remesas familiares sumaron 4 mil 400 millones de dólares en el 2004, mientras la inversión extranjera directa en 2005 fue de tan sólo 877 millones de dólares, un 20% de las remesas. Ese año, la transferencia neta de recursos fue de 1 mil 435 millones de dólares, un 33% de las remesas familiares.

Las remesas están sustentando una tendencia económica -bastante nítida en el caso salvadoreño- basada crecien¬temente en actividades económicas urbanas y están constituyendo una nueva fuente de acumulación del capital regionalizado, lo que está provocando que un segmento importante de los grupos de poder económico enfoquen sus esfuerzos en la captura de remesas. El caso de Nicaragua es ilustrativo del efecto combinado de remesas y transferencia neta de recursos: en este país la suma de ambos conceptos constituye un 31% del PIB.



Entre los hogares receptores, las remesas constituyen una fuente importante de ingresos, que contribuye significativamente a reducir la pobreza y la indigencia. Sin embargo, el impacto de las remesas sobre las tasas de pobreza e indigencia del conjunto de hogares de los países es relativamente reducido. El incremento sostenido de las remesas familiares estaría redefiniendo algunos patrones del comportamiento económico. Entre ellos, la relación de las actividades urbano-rurales a favor de las urbanas, siendo el caso salvadoreño el ejemplo más claro; la orientación de los grupos de poder más modernizantes, que tienden a concentrarse en las demandas de la emigración: transporte internacional, telecomunicaciones, servicios financieros, comercio...

UNA DRAMÁTICA DESIGUALDAD

Entre las principales limitantes para el desarrollo y como una importante materia pendiente en políticas públicas destaca la enorme desigualdad en la distribución del ingreso que exhiben las economías de la región y los altos índices de desempleo y pobreza.

La profunda desigualdad es un obstáculo para el crecimiento económico y para la reducción de la pobreza. La desigualdad tiene efectos negativos en el tamaño de los mercados, en las industrias con rendimientos crecientes a escala, en la demanda agregada respecto a la utilización de la capacidad productiva y en la inversión. La desigualdad también afecta la capacidad de inversión de las familias en la educación de los hijos y se la asocia a un aumento en la tasa de fecundidad y en el crecimiento poblacional. Es generadora de inestabilidad política y de conflictos sociales asociados a presiones redistributivas, socava el acuerdo en torno a las políticas públicas y dificulta el manejo de las conmociones externas, ante la ausencia de consenso sobre la distribución de la carga de los ajustes.

Las reformas económicas que no reducen la desigualdad y no mejoran los indicadores sociales producen descontento entre la población y se vuelven insostenibles. Por eso, las reformas no pueden evaluarse únicamente por su efecto sobre el crecimiento, sin tomar en cuenta sus efectos sobre la equidad y las condiciones sociales.

El Coeficiente de Gini establece el grado en que la distribución del ingreso entre las personas o los hogares de un país se desvía de una distribución en una situación de igualdad perfecta. La Curva de Lorenz indica los puntos correspondientes a los porcentajes acumulados del ingreso total recibido, con respecto al porcentaje acumulado de los receptores, partiendo de la persona u hogar más pobre. El Coeficiente de Gini mide el área situada entre la Curva de Lorenz y una línea hipotética de igualdad absoluta, expresada como porcentaje del área máxima comprendida bajo esa línea. En consecuencia, un Coeficiente de Gini igual a cero significa igualdad absoluta, y un coeficiente de 100 significa una situación de desigualdad absoluta.

Como se puede apreciar, el Coeficiente de Gini para los países de Centroamérica revela una notable desigualdad en la distribución del ingreso o del consumo. A pesar de las notables diferencias en los datos del PNUD y del Banco Mundial, respecto a los de la CEPAL, las tres instituciones coinciden en el grado de desigualdad socioeconómica existente en la región, sin que se aprecien esfuerzos por impulsar políticas públicas redistributivas que supongan cambios de relevancia en este indicador. Sólo las remesas familiares están aliviando los efectos del actual panorama distributivo.¬



El papel del Estado como agente activo en la eliminación de las desigualdades es una de las áreas en donde existe una mayor labor pendiente en la región. Este papel se ha ido desvaneciendo lentamente, dejando de lado el Estado tareas imprescindibles para mejorar el bienestar de la población, como ciudadanos con igualdad de oportunidades. Entre estas tareas están las más básicas de educación y de salud. Y la protección de las poblaciones que viven con evidentes condiciones de desigualdad -indígenas y discapacitados-.

POLÍTICAS SOCIALES RAQUÍTICAS
Y UN DESARROLLO HUMANO PENDIENTE

Aunque los países hacen esfuerzos para mejorar sus políticas sociales, son insuficientes para resolver la gravedad de los problemas que se enfrentan. En El Salvador se estima que 223 mil niños y niñas -el 11.5% de la población infantil entre 5 y 17 años de edad- son trabajadores. El trabajo infantil es más frecuente en las zonas rurales. Honduras conserva cuatro grados de escolaridad como promedio nacional y en consecuencia, la matrícula en educación secundaria y universitaria sigue siendo muy baja, sobre todo en el sector rural, donde apenas el 9% de los jóvenes egresados de primaria puede continuar sus estudios.

En Nicaragua, pese a que la matrícula en los tres niveles -preescolar, primaria y secundaria- se ha incrementado, un total de 831 mil 240 niños, niñas y jóvenes de 3 a 18 años se encuentran fuera del sistema educativo, un 35.92% de la población de esas edades. Sólo el 41% de los alumnos que ingresan a primer grado terminan la primaria de seis años. Al finalizar 2005, se hablaba ya de un millón de niños y niñas que no asistían a la escuela. Además, y a pesar de que la mortalidad infantil mejoró considerablemente y la prevalencia de la desnutrición infantil ha caído sistemáticamente durante la última década, casi uno de cada cinco menores vive con desnutrición crónica.

Según el Índice de Desarrollo Humano 2005 del PNUD, la probabilidad al nacer de no sobrevivir hasta los 40 años -considerado un índice que refleja bastante bien la inversión en capital humano de los países- refleja que, en relación a Costa Rica, en Nicaragua y El Salvador esta probabilidad es 2.6 veces mayor, en Guatemala y Honduras 4.2 veces, un indicativo de los enormes rezagos existentes.

Respecto a Costa Rica, el nivel de analfabetismo en personas de 15 años o mayores es 4.8 veces mayor en Honduras y El Salvador, 5.5 en Nicaragua y 7.3 en Guatemala. El gasto público per cápita en salud es mayor en Costa Rica 4.7 veces, respecto al gasto en Honduras, alrededor de 3.6 respecto a Nicaragua y Guatemala, y 2 veces respecto al de El Salvador. El gasto en educación en Costa Rica es 1.9 veces mayor que en Nicaragua y 2.9 que en El Salvador.

Otro de los grandes vacíos está en el financiamiento obligatorio del sistema de seguridad social. La mayoría de los países de la región no cuentan con un sistema de seguridad social estable. En la protección a los trabajadores y en el sistema de pensiones faltan normas y programas que brinden seguridad y atención ante los riesgos en el trabajo.

En un mercado mundial en donde la competitividad se basa en el conocimiento, la alta productividad y la sosteni¬bi¬li¬dad de los recursos naturales, todos estos índices resultan más dramáticos.

MEDIO AMBIENTE: TENDENCIAS NEGATIVAS

En la sostenibilidad ambiental del crecimiento económico se aprecian tres tendencias. Primera: se continúan explotando masivamente los recursos naturales bajo esquemas extractivos. Segunda: la introducción de prácticas de explotación amigables con la naturaleza y la producción de servicios y productos ambientales de alta calidad y valor agregado se está realizando de manera lenta, dispersa e improvisada, pese a que los patrones de la demanda en los países socios de la región promueven la protección de la Naturaleza. Tercera: muy poco se ha avanzado en la creación de un clima de negocios ambientalmente sostenible.

Centroamérica posee tres ventajas competitivas potenciales: su ubicación geográfica privilegiada, la abundancia de recursos naturales y su rica diversidad ecológica, y su potencial agrícola forestal durante todo el año.

De estas tres ventajas, sólo la ubicación geográfica no depende de una base de recursos naturales sostenible y saludable. De ahí la importancia que las políticas de crecimiento y los estímulos fiscales y de fomento deben asignar a la sostenibilidad ambiental del crecimiento.

Se requiere de un profundo cambio en los patrones extractivos de explotación, que son los predominantes, que preserve lo que hay y revierta el deterioro acumulado.

Mejorar la calidad ambiental del clima de negocios requiere adoptar normas ambientales estrictas, transparentes, estables y equitativas, orientada a resultados que reflejen los estándares ambientales para productos y procesos que los socios comerciales de Centroamérica están adoptando; atraer y promover empresas de servicios ambientales de alta calidad, que ofrezcan apoyo a las industrias (tratamiento de desechos y soluciones a puntos críticos que generan daños ambientales); mejorar el compromiso y el desempeño ambiental del sistema financiero; y mejorar la base ambiental de los agronegocios y el turismo.

No hacer todo esto limitará las exportaciones centroamericanas a nichos de mercado de mejores precios. A nivel comercial, no hacerlo hará que las deficiencias ambientales se conviertan en insuperables barreras comerciales no arancelarias. Hacer todo esto enviará importantes señales a los inversionistas internacionales sobre la seriedad de Centroamérica en convertirse en una región legítimamente competitiva.

NI ESTAMOS BIEN, NI VAMOS BIEN

El crecimiento económico sustentado en mano de obra barata y poco calificada, y en recursos naturales abundantes y de bajo costo, no tiene nada que ver con las oportunidades y ventajas competitivas que tiene Centroamérica hoy y en el futuro. Tampoco tiene que ver con las necesidades de la población centroamericana. En este sentido, llama la atención el lugar que el discurso oficial asigna al turismo para el futuro de la región, mientras se hace tan poco por alcanzar un acuerdo social que integre a las mayorías al proceso de desarrollo, que reduzca la movilización social y los índices de criminalidad, y mientras se invierte tan poco en la gente, que es el rostro que verá el turista, y el que le prestará servicios al turista. Llama aún más la atención que se haga tan poco por preservar el ambiente, que será lo que el turista querrá disfrutar.

Las características del sistema político y las formas en que se desarrolla la lucha política contribuyen muy poco a aprovechar las oportunidades que nos ofrecen nuestros principales socios comerciales. El cuantioso flujo de recursos externos que se recibe en forma de remesas y de cooperación reducen nuestra capacidad de atraer inversiones extranjeras de alta calidad. También las reducen los efectos de la pobreza, el desempleo y la desigualdad manifestados en delincuencia y la permanente movilización social de las mayorías excluidas. Todas son señales que tienen en cuenta los inversionistas.

Nicaragua ha adquirido compromisos multilaterales, regionales y bilaterales, muchas veces de manera unilateral, dando acceso a sus mercados, prometiendo un “trato nacional” a inversiones e inversionistas, desregulando el movimiento de capitales, compensando en caso de expropiación, dando plena garantía a la Inversión Extranjera Directa, y en ciertos sectores ofreciendo importantes estímulos fiscales a los inversionistas, y sin embargo, las inversiones no llegan de manera significativa y con la calidad que los nuevos patrones de acumulación demandan.

Y es que para los inversionistas es clave la reducción y la erradicación de la pobreza y de la indigencia, una mejor distribución del ingreso y un gasto social que invierta realmente en capital humano.

La idea de que se puede salir del subdesarrollo con mano de obra barata y con recursos naturales baratos, de baja calidad y de poco valor agregado, es ya insostenible. Los principales procesos de acumulación están en el conocimiento y en sus aplicaciones tecnológicas. De eso depende el desarrollo. Y eso requiere de inversión en capital humano, de procesos productivos de alta productividad y complejidad y con valor agregado, basados en el conocimiento y amigables con la naturaleza, de servicios y bienes ambientales sos¬tenibles y de alta complejidad. En conclusión, aún no estamos en el camino correcto. Ni estamos bien ni vamos bien.

INVESTIGADOR DE NITLAPÁN-UCA. EXTRACTO DE LAS CONCLUSIONES DEL INFORME SURGIDO DEL PROCESO DE ANÁLISIS DESARROLLADO POR LA AGENCIA SUIZA PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO (COSUDE) EN EL SALVADOR, HONDURAS Y NICARAGUA.

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