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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 282 | Septiembre 2005
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Honduras

Tras las elecciones, el pacto de la impunidad

Honduras vive ya en campaña electoral. Honduras está en un callejón de violencia y sin salidas. Los dos grandes partidos tradicionales aparecen como rivales. Pero permanecen unidos en un pacto de complicidad en torno a la corrupción y a la narcoactividad.

Ismael Moreno, SJ

Cada día se confirma más que a la sociedad hondureña se le sigue educando para resolver los conflictos con la violencia. De 1998 a la mitad de este 2005 más de 2,600 jóvenes han aparecido asesinados en carreteras, solares baldíos, cañeras, puentes y alcantarillas, con señales evidentes de ser víctimas de una política de exterminio. Y cuando se han presentado indicios sobre el involucramiento de autoridades o instituciones públicas en la muerte de jóvenes, muy pronto quedan borrados por los propios operadores de justicia, dedicados a ocultar pruebas y a tergiversar la información.

EN UN CALLEJÓN SIN SALIDAS


Cuando el gobierno de Ricardo Maduro asumió el gobierno, la gente de a pie le pedía tres cosas: que promoviera empleo, que garantizara la seguridad y que metiera en la cárcel a los corruptos. Hoy, en la recta final de su mandato, el gobierno no ha detenido la violencia con sus políticas de represión y persecución. Tampoco ha aumentado el empleo ni ha enfrentado a los corruptos “honorables” del país. A menos de seis meses de dejar el gobierno, Maduro nos ha demostrado que son enteramente intocables, por muchas que sean las reformas que se introduzcan en el sistema de justicia. Uno de los logros que él resalta en su gobierno son esas reformas, específicamente las introducidas para la elección de los Magistrados de la Corte Suprema. Sin embargo, ha sido esa misma Corte la que ha extendido todas las cartas de libertad que necesitaba el ex-Presidente Callejas para sostenerse como definidor de las decisiones en el Partido Nacional. En esa misma Corte se toman las decisiones con el voto de ocho magistrados del Partido Nacional contra siete del Partido Liberal.

El gobierno actual va cerrando su gestión con las salidas más fáciles ante el desempleo y la precariedad en la que vive la mayoría de los hondureños. Terminó de abrir las puertas a la industria maquiladora, que emplea a unas 130 mil jóvenes. Y se vanagloría de que ingresen ya al país cerca de mil millones de dólares por la vía de las remesas de los migrantes. A pesar de estas dos válvulas de escape, entre 50 y 60 mil jóvenes que ingresan anualmente a la población económicamente activa quedan mayoritariamente desempleados. Cerca del 50% de la población hondureña sobrevive en la economía informal y subterránea. En 2004, unos 100 mil jóvenes intentaron cruzar el territorio mexicano buscando ganar la frontera de Estados Unidos. Unos 60 mil de ellos fueron devueltos. Hoy siguen luchando, no por conseguir empleo en su país, porque ya saben que es una empresa imposible, sino por alcanzar algún día el sueño americano.

Mientras el gobierno endurece la política de seguridad en contra de la juventud, consolida las políticas públicas que son la tierra fértil que propicia violencia y delincuencia entre la juventud. El escenario es de una creciente violencia, articulada diabólicamente con el crimen organizado y con las políticas públicas que propician la delincuencia común.

El Estado hondureño está entrampado en un callejón sin salida. Ninguno de los actuales grupos políticos
o empresariales está en capacidad de hacerle frente a la crisis del país, porque ello supondría enjuiciar a corruptos que se escudan en diversas instituciones públicas o en importantes instituciones de la empresa privada. Aunque los diversos grupos políticos o económicos manifiestan sus desacuerdos en público, permanecen unidos en el pacto de complicidad con el que protegen sus intereses, contando en sus filas a altos dirigentes estrechamente vinculados por activa o por pasiva al oscuro e impune negocio del narcotráfico.

UN FUTURO MUY PELIGROSO

En los meses recientes se pueden identificar hechos que, pareciendo aislados unos de otros, muestran una tendencia que podría estar abriendo las puertas a un nuevo escenario aún más violento: la violencia política encubierta en delincuencia común. Un candidato a diputado suplente por el Partido Unificación Democrática del departamento de Cortés fue asesinado a tiros. El secretario general de la CNTC de El Progreso fue asesinado de cinco certeros disparos en la cabeza mientras iba de pasajero en un bus urbano en la ciudad de El Progreso. Una manifestación en Sonaguera, en el departamento de Colón, que reunía a sectores tan diversos como ganaderos, comerciantes, naranjeros, patronatos, iglesias y la propia comuna edilicia, demandando todos la pavimentación de una carretera, fue brutalmente disuelta en un operativo combinado del Ejército, la Policía, la Naval y el Batallón Cobras. Una dirigente popular de la Organización Fraternal Negra de La Ceiba fue herida de un disparo luego de salir de una reunión, y después ha seguido recibiendo amenazas. La vivienda de Juan Barahona, coordinador del Bloque Popular y miembro de la conducción de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) fue cateada por cinco miembros encapuchados de la DGIC.

Son hechos aparentemente aislados. También son señales de la tendencia a resolver los problemas violentamente
y eliminando a los opositores. El escenario es más peligroso si en él se están moviendo los poderes ocultos del narcotráfico y el crimen organizado. Por este camino, la descomposición y la ingobernabilidad son el futuro. Si fuesen ciertas los análisis de quienes afirman que cualquiera de los actuales candidatos que gane las elecciones estaría comprometido con los carteles de la droga, esto significaría que Honduras quedaría sumida en el imperio de la ley de estos poderes ocultos.

EL NUDO QUE LOS UNE

En la última fase de su ciclo, el gobierno de Ricardo Maduro ya dejó de existir. En los meses que le restan, hará publicidad para destacar éxitos existentes e inexistentes; amparado en la condonación de la deuda y en la Estrategia para la Reducción de la Pobreza pondrá en marcha proyectos que favorezcan la campaña política del candidato del partido oficial; endurecerá la política de seguridad; y profundizará las políticas de apertura al capital internacional en el marco del TLC.

Aunque las encuestas hablan de un empate técnico entre los dos partidos más tradicionales, todo apuntaría a un triunfo de los nacionalistas con Pepe Lobo. Y a esta tendencia parecen apuntarse los sectores de mayor poder en las filas “rivales” del liberalismo. Una muestra más de que, al margen de los colores tradicionales, a los políticos de oficio les unen sus intereses en la banca, en el comercio, en los bosques, en la industria y en los negocios subterráneos. En esos terrenos, y no en la contienda política, es donde se encuentra el nudo que los une. Los dos grandes partidos políticos son sólo instrumentos para afianzar ese poder.

EL PROYECTO DE PEPE LOBO

El Club de Coyolito es el mejor ejemplo: allí se juntan a descansar los cerca de cincuenta más ricos y famosos de la gran empresa privada, los que después aparecen en los medios de comunicación como si fuesen rivales, unos vestidos de liberales, otros de nacionalistas y algunos con el color de demócrata-cristianos o de pinuistas.

Desde esta perspectiva, no sería extraño que la actual tendencia electoral fuera apostarle al pacto tácito en torno al proyecto que más seguridades les ofrece. La seguridad se las estaría ofreciendo el proyecto que lidera Pepe Lobo.

En el pacto en respaldo a Pepe Lobo se agruparían los sectores de mayor poder tradicional en el liberalismo, especialmente los vinculados a Rosenthal Oliva, a Pineda Ponce e incluso al propio Carlos Flores Facussé, señalado ya como uno de los hombres detrás de Mel Zelaya. A estos liberales este pacto les garantizaría estabilidad en sus intereses. Además, tendría el objetivo larvado de deshacerse de un sector emergente en el Partido Liberal, el llamado grupo de los “principiantes”, conformado por ex-izquierdistas y encabezado por Patricia Rodas, actual Presidenta del Central Ejecutivo.

PERDER PARA GANAR

Actualmente, los “principiantes” manejan la campaña electoral y, aparentemente, el control de la dirección del Partido Liberal. No deja de levantar sospechas el silencio que guardan sobre esto importantes líderes de las corrientes del liberalismo, entre ellos los sectores de mayor poder dentro del Partido Liberal. El grupo de los “principiantes” ha jugado el papel de enlace en una coyuntura de disputas entre las corrientes del liberalismo y, en los hechos, se ha ido conformando como un sector emergente de poder dentro del liberalismo, lo que podría afectar los intereses de los líderes tradicionales.

De triunfar en las elecciones el candidato liberal Mel Zelaya, el grupo de Patricia Rodas se consolidaría al interior del liberalismo, y los grupos más tradicionales tendrían que negociar cuotas de poder dentro del partido. Ante este desafío, a los grupos con mayor poder tradicional dentro del liberalismo les resulta más ventajoso perder las elecciones. Así se debilitaría el grupo que actualmente controla la campaña de Mel Zelaya y les permitiría recuperar el control del partido. Con esta lógica se entiende el pacto explícito o tácito con el sector más oscuro del Partido Nacional. Apoyarán públicamente la campaña electoral de su candidato Mel Zelaya, pero no pondrán toda la carne en el fogón y apostarán al triunfo de Pepe Lobo. Dejarán que sean los “principiantes” quienes pongan en el asador toda la carne. Hasta que se consuman y se hagan ceniza en el fuego de la coyuntura electoral.

MANO DURA Y MAQUILAS

El Partido Nacional, en manos del lado oscuro, organizará su campaña en torno a las promesas de endurecer las políticas de seguridad y de incrementar la industria maquiladora y la inversión extranjera. Pepe Lobo y su equipo se encuentran un terreno abonado: la gente ansía que le resuelvan la inseguridad en que vive y que se lo resuelvan con dureza y rapidamente, porque vive en carne propia y en lo cotidiano la amenaza delincuencial. No necesitan discursos reflexivos ni propuestas complejas. Necesitan orden y seguridad. Y necesitan trabajo: en la maquila, alguna “chamba” en el gobierno o si no, el empujón final para emigrar a Estados Unidos. En estas ofertas, Pepe Lobo “convence” y le lleva la delantera a cualquier otro candidato.

El Partido Nacional parece sustentar su campaña en lograr una articulación entre Pepe Lobo y el equipo de gobierno del Presidente de la República, quien actúa como principal activista del candidato oficial, como lo muestran las campañas publicitarias del Ejecutivo y del Legislativo. Pepe Lobo necesita sacar ventaja de su condición de Presidente del Congreso. Y a su vez, necesita establecer distancia con el Ejecutivo para no salpicarse del desgaste y desaciertos del gobierno saliente. Cuando Pepe Lobo le reclama al Ejecutivo su falta de repuestas a las demandas sociales como candidato nacionalista distanciándose del gobierno, el Presidente de la República le responde enseguida para asentar la imagen de que el Partido Nacional es sensible a las necesidades de la población.

UNA CAMPAÑA SIN OPOSICIÓN

La campaña del Partido Nacional apunta a que se consolide la cultura de violencia expresada en la resolución de las diferencias por la vía de eliminar al opositor, mientras se mantiene atemorizada a la sociedad, particularmente a la juventud de barrios pobres y aldeas.

La campaña del Partido Liberal ofrece una propuesta difusa y vaga basada en un “poder ciudadano” que no hay nadie que entienda ni mucho menos asimile. Es una propuesta reactiva y defensiva frente a la campaña del Partido Nacional, que no canaliza los descontentos acumulados en el actual gobierno ni formula una propuesta seria y creíble de oposición. Esto fortalece al grupo seudoizquierdista que rodea al candidato Mel Zelaya.

En este incoherente panorama bipartidista, los otros partidos políticos actúan como simple coro de un concierto en donde los instrumentos principales los tocan, sin discusión, los dos partidos tradicionales.

OPOSICIÓN DESDE LO LOCAL

La oposición real sigue expresándose con dispersión y en la búsqueda de respuestas a demandas particulares y locales. Los ambientalistas olanchanos son los que más han contribuido a promover una conciencia ciudadana nacional en torno a la defensa de los bosques y del medio ambiente. Y desde allí se abren los mayores signos de oposición creíble y estructurada para todo el país. Otro brote de oposición se mantiene en torno a la lucha por el acceso a la justicia, que actualmente convoca a diversos organismos que buscan estructurar una agenda: esclarecimiento de las matanzas en los penales, críticas y alternativas al endurecimiento del sistema de justicia y a las represivas políticas de seguridad que olvidan la prevención y la rehabilitación.

¿POR QUÉ ES TAN DÉBIL
EL MOVIMIENTO SOCIAL?

La lucha en contra del TLC, que pudo haber sido un eje que articulara una oposición nacional, nació débil y se ha ido debilitando, así como se han ido debilitando en este año las luchas estructuradas en torno a la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular.

Tres factores destacan en ese debilitamiento. La incapacidad para estructurar una agenda común que recoja las diversas demandas de las organizaciones populares que integran esta instancia. La incapacidad para acortar distancias entre los dirigentes y las organizaciones populares tradicionales con demandas comunitarias basadas en realidades propias. Y el discurso y acciones radicales y contestatarias, que en lugar de sumar y convocar a sectores de la población tradicionalmente no organizados, los alejan y generan rechazo.

No hay duda de que existe oposición al sistema y al gobierno entre la población hondureña. Pero es aún una oposición sin rumbo, y ya desprendida de la oposición oficial que mantienen las organizaciones populares tradicionales. Es una oposición dispersa, invertebrada y sin dirección política, y por eso fácilmente manipulable por caudillos o líderes carismáticos. El desafío es vertebrar la oposición social presente a lo largo y ancho del territorio nacional respetando las demandas locales y vinculándolas a las nacionales.

LA GRAN RESPONSABILIDAD
DE LA IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia católica hondureña sigue teniendo gran influencia y presencia en el país. Y por eso, gran responsabilidad social y política. ¿Cómo responde en esta coyuntura?

Por un lado, está la respuesta “oficial”, que reside preponderantemente en la palabra del Cardenal Oscar Rodríguez. Por otro, está la respuesta dispersa y de base de las diversas diócesis y grupos. La falta de una articulación entre estas dos respuestas resulta en una limitada incidencia y en la falta de iluminación de las grandes problemáticas que afectan a la mayoría empobrecida.

Sí, por ejemplo, la lucha por los bosques de Olancho que lidera el sacerdote Andrés Tamayo estuviera articulada con la agenda de las diversas diócesis, el trabajo sería mucho más eficaz y en lugar de destacar sólo la figura carismática de un sacerdote, se destacaría la misión de toda la Iglesia hondureña en defensa de los bosques y del medio ambiente.

Lo mismo se puede decir de otros desafíos que enfrenta la sociedad. Cada diócesis o cada parroquia acaban haciendo lo que con buena voluntad pueden hacer en temas de tanta importancia como la pena de muerte, el TLC o la ley antimaras. No hemos sabido tener respuestas y un acompañamiento unido que logre incidir en las políticas públicas.

UN ESTADO SIN UNA NACIÓN

Desde que Honduras existe como República, la tendencia ha sido a alimentar la concepción de un Estado siempre controlado por reducidas élites políticas y económicas, en detrimento de la construcción de la Nación, en cuanto sociedad con una ciudadanía organizada. De ahí que confundamos con frecuencia al Estado con la nación, y que acabemos reforzando al Estado, a costa del debilitamiento de la Nación. La escuela, la salud, la organización comunitaria y social, los derechos sociales y culturales los hacemos depender de los políticos y de los funcionarios públicos. Y éstos no representan a toda la ciudadanía, sino a una reducida élite, la que se considera representante de la Nación y cuyos intereses se encuentran asegurados y representados en el Estado.

¿CUÁL ES LA CASA DE LA GENTE?

Los políticos y funcionarios públicos tienen su propia casa: los partidos políticos y el Estado. Los empresarios tienen su propia casa: sus empresas. ¿Cuál es la casa de la gente común? Hasta ahora la gente común ha vivido en casa prestada, en solar prestado, en el patio del partido político, o en la cuadra del empresario, o en el patio de la Iglesia. O a la intemperie.

Con reflexión y acción, podemos contribuir a que la gente común descubra la necesidad de construir su propia casa. Esa casa pueden ser, deben ser, los movimientos sociales. Así estaremos contribuyendo a construir la Nación hondureña.

DIRECTOR DEL ERIC (EQUIPO DE REFLEXION, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS JESUITAS EN HONDURAS). CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

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