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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 282 | Septiembre 2005
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América Latina

Los Estados y las leyes reproducen la violencia contra las mujeres

La permisividad y las omisiones del Estado, en sus leyes, sus instituciones y sus funcionarios ante las violaciones de los derechos de las mujeres son también violencia de género. Los avances son aún mínimos. Y es urgente desmontar este teatro de apariencias.

Julia Pérez Cervera

La palabra de las mujeres en América Latina sigue teniendo para quienes legislan, para quienes gobiernan, para quienes imparten justicia, valor cero. Hace un par de semanas estaba yo presentando en México un proyecto para atender a mujeres cuyos derechos han sido violados. Mientras esperaba a que me lo recibieran, me encontré con una mujer reconocida por su trabajo en el ámbito de las organizaciones sociales y por haber ocupado algunos puestos importantes. Entre otras cosas me preguntó cómo marchaba la propuesta para modificar la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar del D.F. Yo le comenté que mal, que no estaba marchando, que estaba difícil por la composición de la Cámara Legislativa, por la poca fuerza de la Comisión de Equidad de Género, por la falta de interés de los partidos en el tema... En fin, le contaba de las dificultades que se repiten en todos los países cuando se trata de hacer o de modificar determinadas leyes. Entonces ella, creo que con buena intención, me dijo: “Mira, lo que pasa es que han equivocado la estrategia.Las ONG de mujeres no pueden ir solas a pelear con los diputados las modificaciones que quieren. Si te parece bien, yo puedo convocar a algunas personas importantes (Carlos Monsivais, Paco Cervantes, el presidente de la fracción del PRD...) y pedirles que ellos hablen con los diputados y les planteen, como si fueran suyas, las modificaciones que hay que hacerle a la Ley. Tú sabes que a ustedes ni las escuchan y como algunas, además, son feministas, ni las van a mirar”. Puede que nuestra estrategia política esté equivocada. Personalmente, tengo la certeza de que el error es seguir dejando que nos representen y que hablen por nosotras personas que niegan el valor de persona a las mujeres, que niegan valor a la palabra de las mujeres, que no reconocen más verdad que la dicha por sus similares de clase, de idea, de sexo o de rango. En fin, como el fin no justifica los medios no accedí a la propuesta.

UN TEMA DE POCA RELEVANCIA
Y RECIÉN DESCUBIERTO

Quiero entrar un poco más a fondo en el tema de la violencia contra las mujeres en América Latina precisamente enlazándolo con lo del valor de la palabra de las mujeres. Porque la realidad es, que a pesar de las décadas de denuncia que las organizaciones de mujeres vienen haciendo, es aún muy poco el valor que dan a nuestra palabra.

Para los gobiernos de América Latina el problema de la violencia contra las mujeres es un tema de poca relevancia
y un descubrimiento relativamente reciente. En algunos casos apenas están conociendo de los diferentes tipos de violencia que existen y se ejercen contra las mujeres. En otros casos, aún no se habla de toda la violencia que se ejerce contra las mujeres sólo por el hecho de ser mujeres y el tema queda limitado a la violencia familiar, doméstica o intrafamiliar, tal como se la denomina dependiendo de lo que se quiere reconocer o no. En América Latina aún se está tomando conciencia de las dimensiones que tiene la violencia familiar, entendida ésta de las más diversas maneras, y en general poco comprendida.

En algunos países se reconoce la violencia física. En otros, la física y la sicológica. En otros, se empieza a reconocer la violencia económica. En casi todos los países este reconocimiento se hace siempre con condicionamientos, candados o limitaciones: cuando sea reiterada y continua, cuando se produzca entre convivientes, cuando suceda dentro del domicilio familiar... O como en el caso de Puerto Rico, cuando las parejas que no hayan cumplido cinco años de convivencia puedan acreditar su intención de seguir juntas. Yo me pregunto cómo será eso de ir a denunciar a tu pareja por violenta y tener que acreditar, a la vez y para que te atiendan, que quieres seguir viviendo con él.

A veces tengo la sensación de que es una burla lo que se propone en las leyes promulgadas para atender la violencia. A veces tengo la sensación de que lo que se pretende es hacer inviable cualquier acción que realmente pudiera empezar a frenar la prepotencia masculina.

EL ESTADO ES CÓMPLICE,
LAS LEYES TAMBIÉN

La realidad es que la violencia de Estado, no reconocida en ningún país, sigue considerando que a las mujeres se les puede violentar, golpear o humillar... de vez en cuando. No sé si porque consideran que deben corregirnos o porque es bueno que sepamos quién manda.
En la mayoría de las leyes promulgadas para atender o prevenir la violencia contra las mujeres, limitada hasta hoy
al ámbito intrafamiliar, se exige como requisito previo para la intervención de las instituciones gubernamentales,
que la mujer haya sufrido violencia reiteradamente, continuadamente, dentro de su casa, que la violencia haya sido grave o que a consecuencia de esta violencia le haya sobrevenido la muerte. Y cosa curiosa: cuando a consecuencia de la violencia la mujer muere, no se considera asesinato. Es sólo violencia familiar. Al menos, en México, eso pretenden hacerle creer al mundo con el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Pienso que es precisamente esta violencia de Estado la que da origen a la violencia de género, a la violencia contra las mujeres, que incluye la violencia familiar y no al revés.

Creo que cuando una ley dice que se considera violencia familiar la violencia “reiterada”, lo que se está diciendo es: “Puede usted pegarle a su compañera, pero tenga cuidado de no hacerlo todos los días y procure que no se le pase la mano para que no se considere delito. Sino, no será fácil que le ayudemos”. Cuando una ley dice que se considera violencia familiar la que se ejerce solamente dentro del hogar, lo que se está diciendo es: “Lo seguimos considerando un asunto privado. No hay bronca: el ámbito de poder del compañero sigue siendo su casa, su mujer, sus hijos, su familia. No hay bronca: no nos vamos a meter, no vamos a tirar piedras contra nuestro propio tejado”.

Cuando una ley dice, como la aprobada recientemente en Guanajuato, que la Ley de atención a la violencia tiene como objetivo principal preservar la familia y que en dos sesiones hombre y mujer deberán firmar un convenio de conciliación, lo que se le está diciendo a las mujeres es: “Aguanta porque ésta es toda la protección que el Estado te brinda”.

FIRMAN, PERO NO CUMPLEN

He estado revisando la legislación de los distintos países de América Latina. Y la verdad, no creo que en ninguno haya una verdadera voluntad política para tratar de eliminar la violencia contra las mujeres. Ni siquiera para disminuir la violencia familiar o intrafamiliar o doméstica. No creo que la violencia contra las mujeres les preocupe. Es más, creo que lo que realmente les preocupa es que se acabe. ¿Cómo mantendrían entonces su poder, su posición, como defenderían sus intereses? Todos los países latinoamericanos -tengo dudas sobre Venezuela- han firmado la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aproximadamente entre los años 1980 y 1995. Con reservas, pero la han suscrito. Sin embargo, el Protocolo facultativo no lo han suscrito ni la mitad y los que lo han firmado lo han hecho en estos últimos años.

Con la Convención de Belem do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1994, pasa otro tanto. Pero ninguno de los países cumple con lo firmado. Y en algunos casos, contravienen abiertamente lo suscrito, cuando, por ejemplo, se excluye a la concubina o a la mujer divorciada o a la mujer que no ha tenido relaciones sexuales con su pareja -como en el caso de Puerto Rico- o cuando la violencia tiene lugar fuera del domicilio conyugal.

DENOMINADORES COMUNES
EN NUESTRAS LEYES

Existen algunos denominadores comunes en los países de América Latina en relación a la violencia contra las mujeres:
– Todos, sin excepción, han puesto frente a la “necesidad política” de hacer una ley en relación a la violencia contra las mujeres el mismo telón de fondo, la misma base y techo de referencia: la familia en su concepción más arcaica, conservadora y machista. La familia, a la que hay que sostener aunque sea a base de golpes.
– La mayoría de las leyes y programas tienen como meta la “conciliación”, entendida ésta como la firma de un contrato mediante el cual los hombres se comprometen a ser en adelante menos violentos. Contrato que en la mayoría de los casos se tiene que firmar después de dos o tres sesiones o charlas con el personal del Centro de Atención a la Violencia. Este personal, dicho sea de paso, no se ha capacitado ni está especializado en el tema y en algunos casos es voluntariado universitario.
– En ningún país hay recursos para estos programas o centros.
– La mayoría del personal relacionado con la atención -jueces, agentes del Ministerio Público, quienes hacen peritajes, etc.- no tienen sensibilización ni conocimiento del tema. Por esto, y en general, se invita a las mujeres a que aguanten, se ponen excusas para levantar las demandas, o simplemente se archivan o se arrinconan los expedientes.
– Se evitan leyes sancionadoras o se definen sanciones irrisorias para los agresores. Incluso, cuando éstas existen se busca la forma de que no se cumplan, estableciendo explícitamente propuestas como la desestimación o el desistimiento si, por ejemplo, el acusado presenta un certificado de buena conducta anterior o una evaluación por dos médicos siquiatras o de salud mental nombrados por el Ministerio Público. Esto, en Panamá.
– En las investigaciones y estadísticas oficiales se busca minimizar el problema o se justifica la violencia con argumentos tan burdos como que la violencia la provoca la independencia económica de las mujeres trabajadoras asalariadas, según aparecía en la investigación realizada por Inmujeres de México.
Éstos son sólo algunos puntos de coincidencia en el tratamiento que se está haciendo en América Latina de la violencia contra las mujeres. Pero no me parece que sea éste el punto importante.

BURLA INSTITUCIONAL:
UNA FORMA DE VIOLENCIA

Me preocupa más el modo en que han invisibilizado la violencia contra las mujeres diluyéndola en la falsa realidad de que la violencia se da y se recibe por igual entre quienes integran la familia sin ninguna distinción. Pareciera que la violencia la ejercen en igual porcentaje y por las mismas razones hombres y mujeres. Se ha mezclado la violencia contra los menores, la violencia familiar y la violencia contra las personas mayores o con discapacidad como si todas estas violencias fueran una sola cosa. No se quieren entender las diferentes causas y consecuencias de los diferentes tipos de violencia.

Me preocupa que se hable de avances importantes cuando lo que veo diariamente es un gran esfuerzo por parte de los Gobiernos, del Poder Legislativo y del Poder Judicial por negar la realidad. Por evitar cualquier castigo a quienes, diariamente y durante años, han hecho de la violencia contra las mujeres -ejerciéndola directamente o permitiendo que se ejerza- una práctica cotidiana para salvarse de sí mismos, para compensar su inseguridad, para tener una identidad, para conservar un poder que sólo pueden obtener por la fuerza.
La violencia contra las mujeres se está utilizando como política social de campaña electorera y los teatros que se están armando en torno a este problema -considerándolo sólo el problema de unas pocas mujeres-, en lugar de ayudar a garantizar los derechos de las mujeres, están sirviendo para frenar el ejercicio de esos derechos y para someter a las mujeres que sufren violencia a una violencia más: la de la burla institucional.

ANA, 17 AÑOS:
UN CASO ENTRE MUCHOS

Hay quien dice que es un avance en sí mismo el hecho de que se hable de violencia familiar porque al menos ya las mujeres saben que es algo rechazable y no normal. Es posible que así sea. Yo tengo mis dudas.

Voy a explicarlo con algunos ejemplos reales, para que se entienda bien a qué me refiero. Llega al despacho donde trabajo, convencida por su madre, una muchacha de 17 años. Con un bebé de ocho meses. Me cuenta que con
16 años, para escapar de su padrastro que la maltrataba, se fue con un vecino de 40 años que, como siempre,
le prometió tratarla como a una reina. Este hombre la sacó de la ciudad para guardarla en un motel de pueblo, donde la tenía encerrada cuando él salía, sin dinero y sin más ropa que una bata de cama. Evidentemente, las relaciones sexuales eran forzadas y cuando dijo que no, la violencia física y las amenazas fueron parte de la relación. Él le llevaba la comida y hasta le compró una radio. Pero a la vez, le mostró un arma con la que juró matarla si se atrevía a intentar escaparse. Ella lo intentó de todos modos y volvió a su casa, donde contó que se había ido a pasar unas semanas con una amiga, por temor a la reacción del padrastro y de la madre.

A los dos días se presentó en la casa el vecino con su pistola y se la volvió a llevar. Ella se quería morir pero no se moría. Cuando se quedó embarazada, lo ocultó hasta el séptimo mes y, ante la imposibilidad de seguir escondiéndolo, se volvió a escapar. Esta vez le contó la verdad a su madre, quien la animó a denunciar los hechos.

Lo hizo. Pero ni la violación ni el secuestro han procedido como delitos porque ella se fue con el nombre “voluntariamente”. La violencia no ha procedido porque no se ha podido probar, tal y como la ley exige. No han podido probarse ni los golpes ni los insultos ni las amenazas.
El hecho de que fuera menor está siendo considerado para el cargo de “abuso de menores” porque el peritaje dice que: “Ana es una mujer muy madura sexualmente y con tendencia a la promiscuidad”.

Llevamos un año en este proceso, y ante la última apelación, hemos conseguido que detengan al hombre, pero nos tememos que pueda ser puesto en libertad porque lo que está en consideración ahora es el hecho de que Ana se fue con él una segunda vez. Tampoco hemos podido demostrar la amenaza con arma de fuego. Hemos pedido diferentes peritajes y alegado todo lo alegable, pero nada. Ana sigue aterrada, por momentos quiere dejarlo todo, especialmente cuando tiene que relatar a otra sicóloga más, que la mira con cara de duda, cómo ocurrieron los hechos, por qué volvió, lo que sentía cuando la violaba o la golpeaba o lo que pensaba -una racionalidad imposible- cuando le oía llegar...

DENUNCIAR LA VIOLENCIA:
UN RIESGO PARA LAS MUJERES

Volvemos así al principio. La palabra de las mujeres no tiene ningún valor. La presunción de inocencia funciona para los violadores, que no tienen más que decir que ellos no fueron. La presunción del delito está siempre en el cuerpo de las mujeres.

Se presume que las mujeres mienten y que los hombres dicen la verdad. La estadística es en estos casos absolutamente inoperante e inexistente. No sirve de nada saber que el 90% de la violencia de género es ejercida por hombres en contra de mujeres, de sus compañeras, de sus esposas.

No sirve de nada saber que la violencia contra las mujeres se ejerce -porque así la definen las leyes- en lugares cerrados y sin testigos. Si quieres que el Estado intervenga, tienes que probarlo, tomarle fotos en las que se vea claramente el puño frente a tu cara, debes ir cargada con una grabadora para que quede constancia de los insultos o amenazas. Y si es posible, cuando estés a punto de recibir el golpe pide “tiempo” para llamar a algunos testigos.

Durante un tiempo se estuvo haciendo campaña para que las mujeres denunciaran la violencia familiar. A mí siempre me pareció un tanto irresponsable invitar, tan alegremente como se hacía, a que las mujeres denunciaran la violencia cuando todavía las leyes siguen protegiendo fundamentalmente a los agresores. Sobre todo, cuestionaba aquellas campañas en las que parecía que la culpa era de la mujer por callarse. Tuvieron que morir varias mujeres para que se entendiera que no se trataba sólo de poner una denuncia. Por desgracia, algunas instituciones gubernamentales -Institutos, Consejos o Secretarías de las Mujeres- siguen promoviendo lo mismo, aunque ahora el énfasis está en la prevención.

Y no es que esté mal prevenir. Lo que me pregunto yo es si sirve de algo una campaña “Por una Cultura de la Paz” frente a la práctica de: “Si le pegas a tu esposa sin dejarle marcas, no te preocupes, no podrá probarlo”. Me pregunto de qué sirve una campaña o una ley contra la violencia cuando ni siquiera te sirve para divorciarte. Porque la violencia no es causal de divorcio. Y al revés: te obliga a negociar, a conciliar.

¿POR QUÉ NO HAY
ALBERGUES PARA AGRESORES?

¿De que sirve una unidad de atención a la violencia si al llegar te tratan como presunta agresora. ¿Acaso no es eso más violencia? Violencia de parte de quienes deberían, ante todo, proteger a las víctimas, pero se dedican a defender la presunción de inocencia del agresor. ¿No es violencia que la única forma que el Estado ofrece para garantizar la vida de las mujeres sea que dejen su casa, su trabajo, que saquen a sus hijos e hijas de la escuela y se encierren en un albergue como si fueran ellas las culpables? ¿Por qué no se hacen los albergues o refugios para los agresores? Sería mucho más barato y no se afectaría a la infancia como se está haciendo. Además, ahora que ya se ha encontrado la luz y se ha visto que lo que hay que hacer es educar a los agresores, ¿qué mejor lugar que en un refugio, después del trabajo, evitando así órdenes absurdas de alejamiento y garantizando mejor la vida del resto de la familia?
¿Por qué se castiga a quienes sufren violencia en lugar de castigar al agresor? ¿Por qué es la mujer golpeada la que tiene que salir de su casa, esconderse con sus hijos e hijas sabiendo que en tres o cuatro meses deberá salir del albergue y llamar a la puerta de quien la golpeaba sin razón alguna?
Para muchas mujeres esto es un avance. Para mí no. Tener mujeres escondidas, aterrorizadas, sin saber si mañana vivirán o no, y con el tapaboca de que “ahora ya hay leyes de protección” me parece una tortura, una violación permanente para todas las mujeres. Incluso para aquellas que hasta hoy se han librado -nos hemos librado- y piensan que librarse de la violencia masculina es una cuestión personal.

NO PODEMOS
HABLAR DE AVANCES

Conozco bien cómo se están manejando estas cosas en América Latina y, sinceramente, las leyes que se están aplicando son una trampa, un engaño. En algunos casos, un riesgo mayor para las mujeres. Y en general, una farsa.

Para muchas personas, yo soy una feminista radical, excesivamente crítica por hablar así. Quizá es que simplemente no puedo digerir que me digan que se ha avanzado mucho cuando, por ejemplo, la violación sexual dentro del matrimonio no se considera ni violación ni violencia.
Quizá es que no puedo entender dónde está el avance cuando por encima de mi derecho a la integridad está la honra familiar. Discúlpenme, pero me cuesta mucho aceptar que haya avances cuando los derechos dependen de que la mujer golpeada y encerrada con llave por su esposo sea la única que puede poner una demanda, porque la violencia sólo se sigue como delito a petición de parte.

Reconozco que no es posible conseguir cambiar de un solo golpe lo que les ha llevado veinte siglos construir: un casi perfecto estado de esclavitud para las mujeres. Pero creo que la forma de conseguir estos cambios es señalar las deficiencias, los vacíos y las injusticias que permanecen. Sí, es cierto, muchas mujeres ya no consideran la violencia de sus compañeros como algo natural y eso está bien. Pero no puedo darme por contenta con eso. No quiero hacerles el juego a los gobiernos ni a los poderes públicos ni a los sabios que siguen definiendo mi vida en función de sus intereses. No me gustan las concesiones en materia de mis derechos ni los juegos diplomáticos que cuestan vidas de mujeres.

LOS COSTOS, LOS PROBLEMAS
LAS DEFICIENCIAS

Es fácil para los Estados firmar convenios, es fácil para quienes legislan cambiar las Constituciones y declarar que todas las personas son iguales en dignidad y en derechos. Al fin y al cabo, nadie pide cuentas a quienes ordenan la vida de las mujeres mediante leyes y decretos hechos al vapor, sin conocimiento de causa o lo que es peor, sin importarles la causa. Yo, que no formo parte de ningún gobierno, de ningún partido, de ninguna religión, simplemente como persona me siento en la obligación de decir que falta mucho para que el derecho a la integridad, a una vida digna, sea parte de la vida cotidiana de las mujeres en América Latina.

Las relatoras especiales sobre Violencia, sobre Derechos Humanos, sobre muertes extrajudiciales, las Altas comisionadas -y también los altos, porque si no se ofenden- han expresado reiteradamente las deficiencias, los problemas, las consecuencias de no tomar medidas serias y adecuadas ante el problema de la violencia contra las mujeres.
El BID y el Banco mundial han señalado, como corresponde a los intereses que defienden, el alto costo que produce la violencia: el 14.2% del PIB mundial, lo cual significa unos 170 mil millones de dólares en programas relacionados con el problema, como cuidados médicos para las víctimas y servicios de policía. Pero los Estados nunca tienen fondos para hacer un programa adecuado si se trata de mujeres. Es más, si hay que recortar presupuesto, de esos programas es de donde se recorta.

OJALÁ, OJALÁ...

Quizá estoy muy mediatizada por el hecho de atender diariamente a mujeres que sufren violencia y tener que decirles: “Antes de denunciar busca dónde meterte y cómo sobrevivir porque las leyes y el estado de derecho no te tiene entre sus prioridades”. Ojalá que con la inclusión del tema de la violencia contra las mujeres en las tres Cumbres de las Américas los esfuerzos de cambios normativos y de políticas públicas superen las serias deficiencias en el cumplimiento de los objetivos de la Convención en América Latina.

Son destacables los obstáculos en información y registros, en acceso a la justicia, en servicios de atención y protección a las víctimas y en capacitación educativa. Persiste un cuadro de muy bajo control en cuanto a cambios sociales e institucionales y a la magnitud del impacto de las políticas con relación a la violencia contra la mujer. Ojalá las propuestas sobre la creación de un mecanismo específico de seguimiento de la Convención de Belem do Pará se pueda llevar adelante y sirva para atajar la violencia de fondo.

A propósito de estas propuestas se han manifestado 15 países de la región: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, México, Nicaragua, Perú, St. Kitts y Neves y Uruguay.
Sin embargo, y de nuevo, debido a los “escasos recursos financieros y humanos”, en los países y en la OEA,
se alerta sobre la preocupación de que el mecanismo propuesto venga a encarecer los fondos y compromisos requeridos para que sea sostenible a largo plazo. Diez países aún no han nombrado representante para este mecanismo.

YA BASTA
DE ACEPTAR PARCHES

Y ya tenemos otro problema, indudablemente mas grave en puertas. Y no me puedo ir sin mencionarlo: los feminicidios. Ciudad Juárez fue el detonante, pero en realidad es una pequeña muestra. Por darles algunos datos: Ciudad Juárez ocupa el quinto lugar en número de mujeres asesinadas en México. Antes están el Estado
de México, Chiapas, Morelos y Guerrero. Y cada vez son más las mujeres asesinadas en Guatemala. En Honduras no se sabe nada -lo que no quiere decir que no exista el problema-, en Costa Rica se está investigando, también en Nicaragua. El número de mujeres desaparecidas hasta el momento mejor ni lo imaginemos.

No, lo siento, no puedo hablar de avances. Tengo que terminar reiterando que si queremos hacer valer nuestros derechos, los nuestros, no los que nos quieran conceder, no podemos dejar que sigan los académicos, los legistas, los secretarios y los jueces definiendo qué es violencia contra las mujeres. Ya pasamos porque era un problema de salud pública, ya pasamos porque era un problema de educación, ya pasamos porque era un problema de desestructuración familiar, ya hemos sido “grupos vulnerables”. ¡Ya basta!. Ya basta de aceptar parches. Ya basta de campañas paliativas. Ya basta de centros de acogida y de medidas preventivas.

EL PUNTO PRIMERO
Y EL MÁS URGENTE

Acepto que no se permita la defensa propia en el caso de violencia de género, porque la única defensa posible al ser ellos más fuertes, en general- tendría que ser quizá demasiado contundente. Pero exijo entonces que el Estado cumpla con su obligación de proteger mis derechos, mi vida y mi libertad. Y no van mis derechos a cambio de mi libertad o mi libertad a cambio de mi vida. Van todos mis derechos y no son ni negociables ni en plazos ni con condiciones.

La permisividad y la omisión del Estado ante la violación de los derechos de las mujeres son también violencia contra las mujeres. Y ese punto es el primero y más urgente en América Latina. Ese punto es el que está manteniendo los índices de violencia contra las mujeres. Ese punto es el que está consiguiendo que la violencia contra las mujeres se reproduzca y haga de los esfuerzos de las organizaciones, de los programas y planes para erradicar la violencia, una batalla permanente a la que no se le ve el fin.

COORDINADORA DE CLADEM MÉXICO. TEXTO-CHARLA PRESENTADA DURANTE EL EVENTO “MUJERES LATINOAMERICANAS Y VIOLENCIA DE GÉNERO”, ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID (11-13 JULIO 2005).

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