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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 282 | Septiembre 2005
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Nicaragua

“En la Costa hemos demostrado que sabemos vivir la autonomía”

Miguel González, docente de URACCAN, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, desarrolla su investigación para el Doctorado en Ciencias Políticas evaluando el desempeño de los Consejos Regionales Autónomos. Compartió algunas de sus optimistas reflexiones en una charla con Envío, que transcribimos.

Miguel González

¿Qué antecedentes tiene el régimen autonómico de la Costa Caribe de Nicaragua? ¿Cuál es el desempeño de los Consejos Regionales Autónomos? ¿Cuáles son los “problemas acumulados” en los Consejos en 17 años de régimen autonómico? ¿Sobre qué acuerdos autonómicos horizontales y firmes se avanza hoy de una manera bastante concertada en la sociedad caribeña? ¿Qué esperar de la demarcación de las tierras comunales, una realidad potencialmente conflictiva en la Costa y de actualidad tras la aprobación de la Ley 445? Hagamos un balance del proceso de la autonomía en la Costa, una tarea bastante ambiciosa, tratando de dar algunas respuestas a estas preguntas fundamentales.

Para entender la importancia del régimen de autonomía en la Costa Caribe de Nicaragua hay que tener en cuenta los dos desarrollos históricos paralelos que ha vivido Nicaragua: por un lado una sociedad multiétnica en el Caribe y por el otro, una sociedad también multiétnica en el Pacífico, pero que se percibe, se orienta y se piensa como sociedad monoétnica, mestiza y jerárquicamente superior a la sociedad costeña. Esta historia paralela ha originado desconfianzas mutuas. En la Costa Caribe el Estado fue visto siempre como una expresión de dominio y de discriminación, siempre fue rechazado. Y por eso, desde los dos últimos siglos ha habido en la historia de la Costa expresiones de autodeterminación. Básicamente, vanguardizadas o impulsadas por el pueblo mískito, pero también por los otros grupos étnicos, por el grupo creole en el sur y en medida también importante por los sumus-mayangnas, los ramas y los garífunas. Aunque de estas expresiones de afirmación política no quede constancia en nuestra historia nacional, en la Costa se recuerdan en la memoria colectiva como muestras de descontento ante un Estado opresor y distante.

Las tensiones acumuladas entre las dos sociedades de Nicaragua se potencializaron muchísimo en los años de la revolución. A inicios de los 80, el FSLN impuso en la Costa un enfoque de organización de masas y mantuvo un recelo grande hacia las Iglesias: la Morava, establecida en la Costa desde mediados del siglo XIX, y la Católica, establecida en el siglo XX. Las Iglesias aglutinaban a la sociedad caribeña y hoy por hoy mantienen, en medida importante, ese papel aglutinador. Han funcionado en la Costa como cuasi-Estados en una sociedad de comunidades muy heterogéneas, tanto por su origen étnico como por su composición social. El FSLN fue receloso de todas las formas organizativas que disputaban su hegemonía en la Costa y esto generó muchas tensiones.

El FSLN tenía en la Costa el enfoque de crear cooperativas, colectivos agrícolas, especialmente en el norte, por el Río Coco, siguiendo un modelo de organización productiva que se intentaba establecer en toda la Nicaragua rural.
No se trató de una estrategia específica para la Costa, era la misma en todo el país. Pero, como entre los pueblos mískitos la propiedad de la tierra es colectiva y es trabajada en formas organizativas tradicionales que han funcionado así por cientos de años, esa estrategia no funcionó en la Costa. Las comunidades no aceptaron esas formas organizativas. En 1980, y por petición del INRA, dos antropólogos hicieron un estudio en el norte de la Costa para saber cómo se organizaban las comunidades mískitas para saber qué se podía proponer allí como política agraria. Después de estudiar la realidad, ambos dijeron al INRA que la tierra era sentida allí como propiedad comunitaria, que había que titularla, que no funcionarían las cooperativas y que había que empezar a emplear formas de autonomía basadas en la comunidad. Paralelamente, el FSLN le había pedido a la dirigencia de las organizaciones políticas costeñas, lideradas en aquel momento por MISURASATA, que presentaran un diagnóstico que justificara su demanda de tierras comunales. MISURASATA presentó una demanda que incluía prácticamente el 45% del territorio nacional, todo lo que fue la antigua Reserva de la Mosquitia, donde había existido un distrito autónomo en el siglo XIX. El FSLN interpretó, tanto la demanda de MISURASATA como el resultado de la investigación, con intencionalidad contrarrevolucionaria, coincidente con los intereses de subvertir el proceso revolucionario. Sintió aquello como inspirado por la CIA. Y decidió expulsar a los dos antropólogos, no publicar su investigación y apresar a la dirigencia de MISURASATA.

En noviembre de 1981 ya estaba desatado el conflicto armado en la Costa, y a los pocos días, en diciembre,
15 mil indígenas mískitos huían de Nicaragua para refugiarse en Honduras y otra cantidad importante salía hacia Costa Rica. La dirigencia del movimiento indígena se dividió en dos liderazgos importantes: por un lado, Steadman Fagoth, que ahora vive retirado en Waspam, y por otro, Brooklyn Rivera, que hoy sigue siendo el dirigente principal de YÁTAMA, siglas que significan “Organización de los Pueblos de la Madre Tierra” en idioma mískito.

Entre 1981 y 1985 vivimos cuatro años de conflicto militar muy intenso en la Costa. En 1985 empiezan a darse los primeros acercamientos entre el FSLN y MISURASATA para lograr un acuerdo de paz. Ya para entonces, la dirigencia y la intelectualidad del FSLN había comenzado a entender que el conflicto étnico en la Costa Caribe no era necesariamente un conflicto contrarrevolucionario ni siquiera ideológico, sino que se trataba de un conflicto histórico: el conflicto del Estado nicaragüense con los pueblos originarios de la Costa Caribe. Los dirigentes indígenas de MISURASATA, particularmente el grupo dirigido por Brooklyn Rivera, siempre dijeron que su enemigo no era el FSLN sino el Estado de Nicaragua.

A mediados de los años 80 hubo una serie de reflexiones internas en distintos niveles. El FSLN demostró voluntad de reflexión y de rectificación aprendiendo de los errores iniciales. El más importante resultado de estas reflexiones fue empezar a hablar de un acuerdo de paz que desembocara en una solución duradera en el marco de derechos que reconocieran y garantizaran la autonomía en la Costa Caribe. Para llegar a esto, el FSLN inició negociaciones con la dirigencia de MISURASATA y con los grupos armados y los comandantes de la guerrilla indígena. Estos esfuerzos dieron como resultado la firma en 1986 de la paz, que se concretó después en las consultas que concluyeron en el Estatuto de Autonomía, la Ley 28, aprobada en octubre de 1987. Fue el inicio del proceso de paz en la Costa Caribe. Las primeras pláticas de paz en Nicaragua, en aquellos años de guerra, se inauguraron en la Costa Caribe. Cuando en el marco de Esquipulas el gobierno del FSLN inició el diálogo con la llamada Contra, en la Costa ya estábamos negociando con los dirigentes de la Resistencia indígena y con el exilio alzado en armas contra la revolución sandinista.

El Estatuto de Autonomía hace un reconocimiento de derechos de ciudadanía universal -civiles, políticos y sociales- a los habitantes de la Costa Caribe y de derechos específicos integrales a los pueblos indígenas y a las comunidades étnicas de la Costa. El Estado de Nicaragua reconoce que los pueblos de la Costa han sido tratados como ciudadanos de segunda y que los derechos de ciudadanía deben ser extendidos a esa población, en pie de igualdad con los derechos del resto de los nicaragüenses. Hay también un reconocimiento a la naturaleza multiétnica de la sociedad nicaragüense y a la necesidad de que el Estado se transforme para dar cabida a esa diversidad. Es un reconocimiento del carácter multicultural de nuestra sociedad. Esto es algo importantísimo y es el antecedente de otros procesos que sucedieron en América Latina después, durante los años 90. Hoy, las Constituciones de 12 países latinoamericanos establecen que son países de composición multiétnica. En 1987 Nicaragua fue pionera en lo que hoy se conoce como el paradigma de la multiculturalidad.

A la par que el Estatuto reconoce el principio de que Nicaragua es un país de naturaleza multiétnica, tanto el Estatuto como la Constitución afirman que Nicaragua es una sola e indivisible. En el imaginario político de las élites nicaragüenses, y por la energía y la firmeza con que se han presentado las demandas de autonomía, no desde los 80 sino desde antes, siempre ha existido el temor de una separación de la Costa. Por eso la legislación, reflejo de ese imaginario, siente la necesidad de expresar insistentemente la indivisibilidad de Nicaragua. El temor al separatismo, a una escisión de esta región de Nicaragua, ha estado siempre presente. Por eso, al reconocimiento de la naturaleza multiétnica se “pegó” el principio de que el Estado es el único capaz de garantizar la unidad nacional.

El Estatuto de Autonomía contribuye a la promoción de nuevos valores en la sociedad nicaragüense, valores de convivencia social: la fraternidad, la igualdad, la libertad, el respeto entre los pueblos y comunidades y entre éstos y el resto de la sociedad nacional. Por asentarse sobre estos pilares, el Estatuto de Autonomía tiene una enorme importancia para pensar a Nicaragua no como un país que se proyecta, se percibe, legisla y practica una política como un país monoétnico, sino como un país con orígenes diversos y que acoge a una sociedad pluriétnica en el marco de un proceso de transformación democrática.

Aprobado el Estatuto en 1987, en 1990 se celebraron las primeras elecciones regionales autónomas y se eligieron los primeros Consejos Regionales Autónomos. Desde esa fecha hemos tenido ya cuatro Consejos. Tienen 45 miembros y son de composición multiétnica: están representados en ellos todos los grupos étnicos de la región, las distintas comunidades y pueblos indígenas, agregándose a ellos los diputados nacionales. Son Parlamentos regionales, uno en el Norte y otro en el Sur. Tienen un carácter legislativo, discuten los temas de interés de las Regiones Autónomas.


Son órganos colegiados y dentro de sus funciones eligen una administración, una especie de Poder Ejecutivo, llamado Coordinación Regional de Gobierno, aunque en el lenguaje coloquial utilizamos el título de Gobernador, porque recuerda la figura de las antiguas autoridades del Distrito Autónomo de la Reserva de la Mosquitia.

¿Cómo han funcionado los Consejos Regionales en estos 15 años de existencia. Yo dividiría su gestión en cinco etapas. Entre 1990 y 1994 fue empezar prácticamente de cero. En la Costa, como en el resto del país, había una economía destruida y una sociedad polarizada. La Costa estaba muy fragmentada, casi la mitad de la sociedad costeña aún vivía fuera de Nicaragua y muchos empezaban a retornar. En aquellos primeros años la polarización era tan grande que algunos concejales regionales llegaban armados a las sesiones del Consejo. Todos pensaban que la mejor manera de hacer política era estar siempre armado, con una 38, con un AK. En una ocasión se le cayó a un concejal su arma durante la sesión, y todos los demás se sintieron amenazados y sacaron enseguida la suya. Que todos estuvieran armados parecía lo más natural. “Democracia” no era una palabra con la que estábamos familiarizados en la Costa, y el conflicto armado estaba aún demasiado presente. En los registros de las sesiones de los Consejos durante estos cuatro años se puede apreciar que lo básico era empezar a aprender a convivir y renunciar a matarnos a tiros. Esta limitación, aunque lógica, representó un fracaso relativo para los Consejos Regionales. En este ambiente, ¿qué se podía construir?

Durante el gobierno de doña Violeta Chamorro se creó un Instituto para la Costa Atlántica, el INDERA. En una ocasión, formando parte de un grupo de investigación, le preguntamos al entonces Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo con qué objetivo habían creado el INDERA. Nos respondió: “No queríamos un fuego más en la Costa, entonces andábamos de bomberos, en todo el país sólo conocíamos a Brooklyn Rivera como líder costeño. Entonces dijimos: hagamos el INDERA y démoselo a Brooklyn, que conoce la situación y él sabrá qué hacer”. Además, antes de las elecciones de 1990, YÁTAMA había firmado unos acuerdos políticos con la UNO y había ciertos compromisos con YÁTAMA y su dirigencia sobre los temas de la Costa. A pesar de eso, obviamente, la Costa no era una prioridad nacional para el gobierno. Muy pronto, los Consejos Regionales se opusieron a INDERA pues percibieron que mediatizaba los derechos de autonomía e INDERA desapareció en 1995. Realmente, estos primeros cuatro años fueron para aprender a convivir. Como el Estatuto era bastante general, con principios muy generales, para concretarlos en derechos efectivos, se requería, por un lado, de la voluntad política del Estado nicaragüense para impulsar esos derechos, y por el otro, de que en la Costa tuviéramos capacidad y unidad para empujar una agenda costeña compartida. Esto no se logró en los primeros años. Faltó voluntad política y fue difícil hallar una agenda compartida.

Para entender la situación inicial, hay que tener en cuenta también que en los tiempos del Frente Sandinista había un Estado fuerte, con gran peso militar, que podía ejercer dominio y presencia en todos los territorios de la Costa.
En 1990 y en los años que siguieron, el Estado se replegó en la Costa y dejó a los nuevos Consejos a su libre albedrío, abandonados a su suerte. Fue en este espacio “abandonado” donde los costeños aprendimos a ir avanzando en algunas cosas. Sólo voy a citar una: en los años 90 se crearon las dos universidades costeñas, la BICU en 1991 y la URACCAN en 1993.

De 1994 a 1996, durante los segundos Consejos Regionales Autónomos, empezamos a lograr ya algunos avances modestos en el marco de un Estado débil: se aprobó la Ley de Lenguas y la Ley de Medio Ambiente y se alcanzaron acuerdos administrativos entre las Regiones y el Estado que permitieron un mejor financiamiento a los Consejos Regionales. Lo más importante fue que cuando se dio la reforma de la Constitución nacional en 1995, la reforma confirió a los Consejos Regionales el poder de veto sobre las concesiones de recursos naturales que el Estado otorgara en las dos Regiones autónomas. Hasta el día de hoy esto permite a los Consejos decir NO a las concesiones consideradas onerosas para los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades. Esto es algo enormemente significativo. En América Latina ningún pueblo indígena dispone de un poder legal de este tipo. Es único. Garantiza a los pueblos decir NO a las corporaciones, detenerlas y eventualmente negociar con ellas los términos de la concesión. Ese poder lo tenemos hoy en la Costa Caribe gracias a una circunstancia política extraordinaria que se dio a nivel nacional y que nos brindó una oportunidad única. La Costa ha avanzado cuando el Estado nacional atraviesa sus crisis recurrentes y cuando en la Costa logramos mayores niveles de unidad. Lo vimos con la reforma constitucional de 1995 y lo vimos después. En medio de las crisis políticas nacionales, los costeños hemos logrado que se aprueben leyes que nos permiten avanzar en los derechos autonómicos.

Este poder de veto los Consejos no siempre lo han usado bien. Se usó bien, por ejemplo, cuando el Consejo Regional del Sur se opuso al proyecto de Canal Seco que iba a pasar por Monkey Point y el territorio Rama.
El consorcio multinacional del Canal Seco quiso empezar los estudios de factibilidad, ganaron la concesión del Estado nicaragüense a perpetuidad para hacer en Monkey Point unas instalaciones portuarias y un ferrocarril que conectarían el Atlántico con el Pacífico de Nicaragua. Pero la comunidad de Monkey Point -una comunidad creole-, junto con el pueblo indígena rama, que es el propietario de las tierras comunales que iban a ser utilizadas, se opusieron a estas obras, denunciaron el tema en los tribunales y llevaron su reclamo ante el Consejo Regional. Las organizaciones civiles de toda la Costa apoyaron esta demanda y el Consejo Regional no aprobó la concesión y así lo informó al Estado, exigiendo que cualquier estudio de factibilidad o cualquier iniciativa encaminada a construir ese Canal o a estudiar su posibilidad, tendría que hacerse consultando e informando a las comunidades, y titulando primero sus tierras comunales.

También se ha usado este poder de veto para apoyar otros proyectos. Por ejemplo, cuando recientemente se decidió instalar una fibra óptica en la Costa Caribe para facilitar y abaratar las telecomunicaciones y el acceso a Internet en todo el país. Este proyecto también requería del aval de los dos Consejos Regionales. El Ministerio de Medio Ambiente fue a hacer los estudios de factibilidad. Y los Consejos Regionales analizaron el proyecto, lo estudiaron y considerando que no dañaba los derechos de las comunidades, lo aprobaron. Y se instaló la fibra óptica. Actualmente, los Consejos Regionales perciben ingresos por esta concesión.

Se usó mal el poder de veto en el caso de Awas Tingni, en tiempos del gobierno de Alemán. En este caso,
el Consejo Regional avaló la concesión que el Estado nicaragüense le dio a la empresa maderera SOLCARSA, una empresa taiwanesa que no tenía experiencia en el manejo de bosques, a la que se le entregó una concesión en tierras que eran de una comunidad sumu-mayangna. El Consejo Regional aprobó esta concesión en la junta directiva, no en el pleno, lo que era una violación de la ley de autonomía. La comunidad afectada puso una demanda en los tribunales nicaragüenses, y como no prosperó, la puso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2001, la Corte Interamericana resolvió que el Estado había violado los derechos de propiedad de los indígenas. Y le ordenó resarcir esto a través de una Ley y con el pago de una indemnización a la comunidad.

La indemnización la pagaron y la ley se aprobó, pero la demarcación de Awas Tingni está aún en proceso de negociación, y es necesario que el Estado asuma su responsabilidad en la implementación de la sentencia. Las experiencias nos han demostrado que el poder de veto lo han usado bien los Consejos cuando la sociedad costeña ha estado consciente del caso y presionando, procurando mayores niveles de unidad. Cuando la sociedad costeña ha estado dormida, le meten cualquier gol a los Consejos por encima de los derechos de las comunidades.

De 1996 a 1998 entramos a otra etapa, porque empieza a cambiar el panorama: de una cierta unidad que se había logrado para alcanzar avances modestos, se aprecia una involución de los Consejos Regionales, originada en la gran hegemonía del PLC de Arnoldo Alemán en ambos. En su etapa de Alcalde de Managua y como candidato presidencial, Alemán decía que iba a apoyar a la Costa y que iba a reglamentar el Estatuto de Autonomía. Nos hizo una gran cantidad de promesas. Pero al llegar a la Presidencia, lo que hizo fue rodearse de políticos partidarios leales, que suplantaban a los pueblos y comunidades. Ya en el gobierno, el PLC se acercó a la Costa Caribe con un enfoque básicamente de suplantación “de facto” de los liderazgos regionales, quitándoles representación a los pueblos y comunidades, lo que es ilegal dentro del régimen de autonomía. En las elecciones municipales de 1996 y en las elecciones regionales de 1998, el PLC controló los dos Consejos Regionales. Repitió esa hazaña en las elecciones de 2002. Desde el gobierno de Alemán, el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur empezó a ser mayoritariamente mestizo; y sus órganos internos, comisiones y juntas directivas han estado en manos de mestizos recién llegados a la Costa. En sus listas de candidatos, el PLC siempre incluye básicamente a mestizos. En cambio, el FSLN y las organizaciones políticas regionales han sido más multiétnicos.

A partir de 1999 ya empezó a expresarse en la Costa la connivencia del FSLN con el PLC forjada en el pacto entre estos dos partidos. Hay que recordar que los primeros efectos y ensayos del pacto PLC-FSLN los sentimos en la Costa Caribe con la reforma de la Ley Electoral que, entre otras medidas, eliminó las asociaciones de suscripción popular, lo que le cortó la cabeza a seis organizaciones que habían venido ganando un espacio político importante en contra de los partidos nacionales que controlaban los Consejos Regionales.

En 1999 el pacto reformó la Ley Electoral y en 2000 se aprobó esta reforma. Como consecuencia, YÁTAMA fue excluida de participar en las elecciones municipales de 2001. YÁTAMA demandó al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ganó esa demanda por resolución de la Corte Interamericana el 23 de junio de 2005. La Corte establece claramente que el Estado de Nicaragua violó los derechos de participación política de los pueblos indígenas, en este caso concreto del pueblo mískito de Nicaragua y obliga al Estado a reformar la Ley Electoral para evitar este tipo de exclusiones. Esta demanda de la Corte es un tema de gran importancia en la coyuntura nacional actual, en la que tantos sectores reclaman una reforma a la Ley Electoral surgida del pacto. También es un importante precedente legal para organizaciones políticas indígenas de América Latina que procuran abrirse espacios de participación en contextos nacionales en donde la representación es controlada por unos pocos partidos y se excluye a los pueblos indígenas.

Entre 1999 y 2003 se ve ya una mayor influencia del PLC y del FSLN en los Consejos Regionales. En el 2003,
y en la medida en que se agudizaba la crisis a nivel nacional y se expresaban otros niveles del pacto entre estos dos partidos, volvieron a surgir oportunidades interesantes para la Costa y volvimos a avanzar en demandas históricas. Logramos, por fin, la aprobación de la Ley de demarcación y titulación de las tierras indígenas, la Ley 445, que es la ley de régimen de propiedad comunal. Esta Ley tuvo mucho consenso en la Costa, se discutió bastante, y pudo pasar en la Asamblea Nacional prácticamente sin cambios porque en ese momento la prioridad era buscar los votos para desaforar a Alemán y en ese contexto tan específico hubo suficientes votos para aprobar la Ley. Otro gran logro del año 2003, y en esa coyuntura, fue que por fin se reglamentara el Estatuto de Autonomía. La ley de reglamentación tenía 15 años de estar engavetada en el Poder Ejecutivo, después de tres propuestas hechas por los costeños. Hemos experimentado ya lo positivo de la estrategia de saber unirnos aprovechando el contexto político nacional para avanzar en algunos derechos autonómicos. Cuando predomina la falta de consenso de las élites nacionales, incapaces de articular una visión de nación, es cuando logramos unidad en la Costa.

A lo largo de estos años hemos venido acumulando problemas y por eso, perdiendo oportunidades de avanzar más en la autonomía. Seguimos teniendo gobiernos regionales débiles, con poca capacidad institucional construida. Hay que hacer una salvedad en el caso del último y actual Consejo Regional Autónomo del Norte, donde existe una alianza de gobierno entre el FSLN y YÁTAMA. El FSLN preside el Consejo Regional Autónomo y YÁTAMA controla la coordinación del gobierno. Ambos han estado en esta alianza desde el 2002 y la alianza, aunque con tensiones, ha venido funcionando. En el Sur ha sido diferente. Hace unos meses ha vuelto a reinar el orden, tras una etapa de difícil crisis política, de fragmentación y de conflictos internos, que no permitió siquiera que el Consejo Regional sesionara regularmente. Se vivió una increíble incapacidad para sentarse juntos y poner en la agenda puntos mínimos que les permitiera seguir sesionando. A esta crisis mucho han colaborado las tensiones entre el PLC arnoldista y el PLC bolañista y entre el FSLN ortodoxo y el FSLN costeño, variables que agudizaron la crisis interna.

El financiamiento que han tenido los Consejos Regionales de parte del gobierno central ha sido estable y se ha ido incrementando desde 1994. Por establecer alguna comparación, el Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte, con 45 miembros, recibe 26 millones de córdobas anuales. URACCAN recibe 28 millones anuales. URACCAN tiene 4 recintos, cubre toda la Costa Caribe y tiene 4 mil estudiantes. El Consejo Regional del Norte tiene muchas limitaciones en su presupuesto, pero los salarios de los concejales son altos. Y entre la población hay muchas críticas sobre cómo el Consejo está usando los recursos y sobre cómo usa las recursos extraordinarios que le transfiere el gobierno central por la explotación de los recursos naturales. Ha habido muchas acusaciones de corrupción en la Costa y prácticamente a todos los coordinadores de gobierno la Contraloría les ha encontrado responsabilidad penal y administrativa en el uso de los recursos. La corrupción nacional tiene también su versión costeña y aunque en la Costa hay mucho donde investigar, los medios nacionales no le han dedicado suficiente atención.

A pesar de estos problemas y limitaciones, los Consejos Regionales son un símbolo del poder y la autodeterminación costeña. En Puerto, y aún más en Bluefields, la gente dice: “Estos Consejos no sirven, no sesionan, son impopulares, son corruptos…” Pero si uno pregunta cuál es el problema por el que son así, las opiniones se dividen: unos mencionan la corrupción, pero otros se refieren a la falta de apoyo de Managua, a la falta de respaldo político del Estado. Y los apoyan. A pesar de todo, son una expresión muy valiosa de las aspiraciones autonómicas costeñas.

La participación electoral ha ido descendiendo en las elecciones regionales y ha ido creciendo el abstencionismo. Desde 1996 el abstencionismo comenzó a ser importante, como expresión del desencanto de los costeños ante los partidos. Los actores políticos regionales, YÁTAMA, PAMUC, PIM, se mueven aún alrededor de liderazgos tradicionales de estilo caudillesco, pero tienen una base comunitaria importante. Hay que tener en cuenta que la guerra de los años 80 vino a trastocar el liderazgo comunitario tradicional. Terminada la guerra, muchos de quienes pasaron a ser líderes en las comunidades fueron ex-combatientes. El liderazgo natural quedó anulado y prevaleció un liderazgo de estructura militar, con tendencia a ser relevante en la etapa de construcción de la autonomía. El abstencionismo creciente cambió en las elecciones municipales de 2004 y en el caso de YÁTAMA, que ese año logró básicamente el mismo respaldo político que consiguió en las elecciones de 1990. En 1990 YÁTAMA consiguió 14 mil votos y en 2004, 12 mil, con los que ganó tres alcaldías en la Región Autónoma del Atlántico Norte: Puerto Cabezas, Prinzapolka y Waspam.

Otro problema acumulado es la aún frágil articulación entre los Consejos Regionales, como órganos colegiados,
y la base real y territorial de la autonomía, que son las comunidades y los municipios. En el Estatuto de Autonomía se diseñó el poder autonómico con una “cabeza” grande -45 concejales- y unas “patitas” chiquitas con muy tenues relaciones institucionales hacia las comunidades. A pesar de que quienes se han sublevado y han expresado aspiraciones de autonomía han sido siempre las comunidades, no se les asignó un poder significativo en el funcionamiento real del régimen autonómico. Esto ha empezado a cambiar con la Ley 445, el primer instrumento jurídico del Estado para demarcar y titular las tierras de la Costa, una ley que también crea instancias de poder territorial, con el fin de articularlas a los Consejos Regionales, abriendo así posibilidades de ir llenando los vacíos que ha tenido hasta hoy el funcionamiento del régimen de autonomía.

En la Costa hay grandes temas que necesitan de una mayor discusión y abren desafíos para pensar nuestra realidad y también las relaciones entre la Costa y el Estado nacional. Uno de estos temas es la actual composición étnica en la Costa, que es ya una región mayoritariamente mestiza. El 76% de la población costeña es mestiza, compuesta por mucha gente que ha llegado en los últimos diez años procedente de los municipios de frontera agrícola. Este cambio va a implicar también cambios en la representación política en los Consejos Regionales. Y es un tema importante en el que hay que pensar. Algunos costeños dicen: “Vámonos por una reforma electoral que le dé cuotas fijas a los pueblos indígenas en los Consejos Regionales”. Otros dicen: “Cambiemos el Estatuto completamente y organicemos otros mecanismos de representación”. Hay distintas ideas sobre la mesa, cada quien anda con la suya. A pesar de que este tema está pendiente, yo diría que los fundamentos que dieron base al régimen de autonomía siguen presentes y no han sido cuestionados, porque la necesidad de la convivencia multiétnica y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas es lo esencial de la autonomía y eso sigue vivo como realidad y como aspiración.

Otro tema que debemos debatir y en el que hay que reflexionar es el de la unidad costeña. Por lo que hemos logrado a partir del año 2003 -la Ley de Tierras, el reglamento del Estatuto, la alianza con el FSLN en el Norte, los logros de YÁTAMA- soy más optimista. A pesar de estos avances, sigue habiendo grandes divisiones en la sociedad costeña. El reto es cómo crear en la Costa una comunidad política que, asumiendo todas las identidades particulares, garantice una convivencia democrática que las trascienda. Éste es un tema que requiere aún de mucho debate y de mucho trabajo.

Otro tema importante es el de las tierras y los recursos naturales. La Ley 445 -que establece el procedimiento para demarcar las tierras comunales, para otorgar personalidad jurídica a las comunidades, para organizar las autoridades territoriales- puede dar lugar a conflictos donde no los hay si no es manejada bien. Toda esa gran población mestiza que ha llegado a la Costa, y que en su gran mayoría es población pobre desplazada por los grandes hacendados de este país hacia la región caribeña como una válvula de escape, está demandando también un pedacito de tierra donde trabajar. La dinámica de economía política prevaleciente en Nicaragua ha convertido a esa población en gente que va conquistando la selva, o lo que queda de selva, y confrontando los derechos de las comunidades. Ahora, cuando las comunidades empiecen a demarcar sus tierras, habrá conflictos porque esa población campesina no está incluida en esa ley, que es una ley especial para demarcar únicamente las tierras indígenas. Es importante ampliar la divulgación de los contenidos de la ley, tanto entre el pueblo mestizo como entre los pueblos indígenas. Y es importante insistir en que la ley procura el reconocimiento de los derechos históricos de una población minoritaria, y que salvaguarda los derechos de terceros que han ocupado esas tierras de buena fe.La demarcación ya ha empezado: el gobierno ya entregó a los pueblos mískitos y mayangnas cinco títulos en el río Coco y en el territorio de Bosawás.

Y después de tener demarcadas las tierras, ¿qué puede pasar? Ya hay mucha gente esperando que las comunidades tengan sus títulos para empezar a hacer negocios y comprarles sus tierras y sus bosques y apropiarse de sus recursos naturales. Con la demarcación se abre un gran desafío. Otras comunidades indígenas de América Latina, en Bolivia, en Colombia, en Brasil, ya han experimentado que cuando tienen sus tierras originarias demarcadas, la demarcación por sí misma no les ha significado el ejercicio efectivo de sus derechos para controlar y usar sosteniblemente los recursos. Esto de las tierras demarcadas no sólo augura conflictos si no se maneja bien, sino que anuncia nuevas oleadas de deforestación en nuestra Costa Caribe.

Los temas de los proyectos vinculados al TLC o al Plan Puebla Panamá son de los que menos estamos discutiendo en la Costa. De vez en cuando hay algún taller para recibir información, pero poco salen estos temas en la agenda costeña, a pesar de que nos van a afectar muy pronto. En un sector de la población costeña prevalece una especie de tranquilidad, creyendo que como ya tenemos el poder de veto podremos usarlo en contra de cualquier concesión y detenerla. Hay mucha gente que se siente respaldada, al menos formalmente, por el régimen jurídico. Pero esto es insuficiente, porque ya hemos experimentado que lo que dice la ley se puede usar bien o usar mal. Una serie de factores ha impedido que los grandes temas surgidos de la globalización trasciendan a la agenda política costeña. Hasta ahora la agenda ha sido una agenda interna, regional, una agenda que mira hacia adentro. Y esto, creo yo, sucede también en otros procesos de América Latina, donde los pueblos indígenas tienen demandas autonómicas. Se discute hacia adentro. Uno lo puede ver en el caso de las Juntas de Buen Gobierno en Chiapas, en el caso de las concesiones petroleras en Ecuador. Se suele discutir de los recursos naturales buscando cómo conservarlos, pero sin ver en toda su dimensión las conexiones globales que tienen estos proyectos y estos recursos.

Tenemos delante grandes desafíos, pero hay nuevos espacios desde los que ir pensando y logrando una Costa Caribe mejor, y por eso, una Nicaragua mejor. Las universidades son espacios importantísimos y hay ya bastante acceso a ellas aunque aún debe ampliarse más. En el caso de URACCAN, donde trabajo, tenemos un programa comunitario en las cuatro subregiones: Nueva Guinea, Bluefields, Las Minas, Río Coco, Bilwi. Tenemos dos grandes programas: el de extensión comunitaria -institutos de recursos naturales, de autonomía y de medicina tradicional- y los de formación de pre-grado. También hemos empezado dos maestrías. Una en antropología social, que tiene ya su quinto encuentro, mayormente con gente costeña, profesionales que ya trabajan en el área de ciencias sociales y también en otros campos. Y más recientemente, empezamos una maestría en VIH/SIDA, un problema sumamente relevante en la Costa.

No podemos dejar de referirnos al tema de la droga, un tema del que muchos costeños ya no queremos hablar públicamente. En la Costa, es ya muy evidente el impacto de la droga, no sólo en determinadas construcciones -eso es lo más visible-, sino en el funcionamiento del sistema judicial. A pesar de la innegable presencia del narcotráfico, ni una sola persona tiene en la Costa una sentencia firme por delito vinculado al narcotráfico. La Policía Nacional no ha logrado aclarar el asesinato en Bluefields de cuatro de sus policías en mayo del año 2004. Esto ha creado un desconcierto tremendo. Nadie habla de este tema en público. Ni las radios. La Policía ha hecho un gran monumento a los asesinados, develado por el Alcalde, por el Comisionado y por todas las autoridades, pero no se ha publicado ninguna investigación ni ninguna información seria sobre quiénes fueron los responsables de estos asesinatos. Éste es sólo un caso, hay muchos más.

Son cada vez más abundantes las actividades ligadas al narcotráfico, a todo lo que es necesario para que la droga que llega a la Costa se traslade al Pacífico y a otras partes. Esto ha introducido mucho dinamismo en la economía monetaria de la Costa. “El gallo más gallo” y “La Curacao” tienen en las dos regiones autónomas sus sucursales y cuando cae algo de droga en las comunidades el stock de estas dos empresas colapsa en dos días. Además, por las necesidades de comunicación, algunas personas tienen allí teléfonos celulares. Y hasta teléfonos satelitales. Y de Sandy Bay se comunican a cualquier parte del mundo por un teléfono satelital, que es carísimo. La droga ha introducido unas distorsiones enormes en la economía de las comunidades. Es una evidencia que la droga, tanto el consumo como el tráfico, ha impactado muy desfavorablemente en el tejido comunitario costeño, debilitando aún más a las autoridades tradicionales y los mecanismos de resolución de conflictos. Es éste un problema de gran magnitud, que sumamos hoy a los problemas ya acumulados históricamente en la Costa Caribe.

¿Cuánta pobreza padecemos en la Costa? Medida por el acceso a la educación, a la salud y a una alimentación adecuada, hay mucha pobreza. Pero aún hay muchos espacios no totalmente normados para sacar provecho de los recursos naturales. Si, por ejemplo, un mestizo llegó ayer a Bluefields con su familia y quiere salir a pescar a la laguna sale y ni impuestos municipales paga ni licencia tiene que sacar para aprovecharse de la pesca en alguna de las treinta y pico de lagunas, muy ricas, que tiene la Costa. Por otra parte, en algunas zonas de la cuenca de Laguna de Perlas, en Corn Island, en Bluefields y en Bilwi es importante el paliativo que representan las remesas que envían los migrantes costeños. Las comunidades del litoral son las que pueden aprovechar más fácilmente los recursos naturales que brinda la región. Las comunidades mestizas de la zona de frontera agrícola son muchísimo más vulnerables por la falta de acceso a la tierra y a otros bienes y servicios. El Ayote, Paiwas y Waslala son de los municipios de Nicaragua con mayor crecimiento poblacional en los últimos cinco años. Están superpoblados y siguen creciendo. Su población vive en una situación de precariedad enorme. En el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, dedicado este año a la Costa Caribe, se destaca que es muchísimo más caro vivir en la Costa que en el Pacífico. En servicios y alimentos básicos la Costa es un 15-20% más cara que el resto de Nicaragua. Uno va en avión de Managua a Bilwi o a Bluefields pagando lo mismo que por ir a Honduras. Es más barato ir de Managua a San José, a Guatemala, a Panamá, que ir a la Costa. Ir de Bluefields a El Tortuguero es más caro que el viaje Miami-Managua ida y vuelta. Ir de Bluefields a la Cruz del Río Grande equivale a un boleto Managua-París ida y vuelta. ¿Cómo puede la gente vivir en la Costa? Además de las remesas y de lo que deja el narcotráfico, las claves están en que hay aún muchos recursos naturales al alcance de la mano y en que las redes de la reciprocidad
en las comunidades siguen funcionando.

¿Estamos los costeños listos para asumir mejor y en mayor medida la autonomía? Ya lo estamos demostrando. Ya tenemos el régimen jurídico que nos da las posibilidades y las oportunidades. A veces hemos usado mal lo que el régimen autonómico nos brinda y hemos dejado que los concejales corruptos, en connivencia con los partidos nacionales, se nos vayan arriba. Pero también lo hemos sabido usar bien y ya hay ejemplos que lo demuestran. Pero la autonomía no es sólo la ley, debemos pensar la autonomía como ese conjunto de prácticas con que la gente se ha autogobernado desde siempre. En la Costa Caribe el Estado nunca ha estado presente, y cuando lo ha estado ha causado problemas. Frente a esto, ha existido siempre una práctica de convivencia real y viva, con sus formas de autoridad, y eso tiene un enorme valor que es necesario reconocer.

En la Costa siempre hemos sido autónomos. Siempre. No es algo que las leyes inventaron. Ésa es la base más auténtica de nuestra autonomía. A partir de este valor, nos falta aún mucho diálogo interno y más conocimiento mutuo. Nos falta construir más confianza entre nosotros y sentirnos más orgullosos de lo que hacemos. Todavía nos tenemos miedo y nos discriminamos. También nos hacen mucha falta puentes de diálogo con la sociedad nacional. La Costa Caribe de Nicaragua no es solamente el folklore del palo de mayo o los ritos de los garífunas. En la Costa está un gran semillero de esperanza humana para todo nuestro país.

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