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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 281 | Agosto 2005
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Nicaragua

Un retrato de los partidos políticos (1) Democracia electoral sin consenso social: una receta envenenada

“Todo lo que hemos procurado aquí, liberales y conservadores, lo hemos hecho sólo por instinto, somos pasiones nada más...” escribe Fernando Silva en su novela “El Comandante”. ¿Son sólo pasiones los partidos políticos nicaragüenses? ¿Qué responsabilidad les toca en el descarrilamiento del experimento democrático iniciado en 1990? Iniciamos una serie de reflexiones sobre los partidos políticos de Nicaragua.

Andrés Pérez Baltodano

Nicaragua sufre hoy una crisis de gobernabilidad sin precedentes. Su transición política post-revolucionaria ha desembocado en una democracia electoral que funciona como una rifa quinquenal del derecho a la impunidad. Su sistema judicial es manipulado abiertamente por las élites que controlan el PLC, liderado por Arnoldo Alemán, y el FSLN, liderado por Daniel Ortega.

COSTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES ENORMES

Alemán cumple -a veces desde la comodidad de su casa-hacienda, a veces desde una de las cárceles del país, a veces desde uno de los hospitales privados de Managua- una condena de 20 años por malversación de fondos públicos y otros delitos. Daniel Ortega, quien ha perdido las últimas tres elecciones presidenciales, es un personaje indescifrable políticamente. En él se combinan confusamente un pasado revolucionario, su incierta posición ante el neoliberalismo, un tradicional discurso antiimperialista, su colaboración con la derecha pro-estadounidense que lidera Alemán, su nueva y estrecha asociación con la jerarquía de la Iglesia que combatió ferozmente al FSLN en los 80 y la influencia del paganismo esotérico de su compañera Rosario Murillo. Mientras tanto, el Presidente Enrique Bolaños, conocedor de su profunda debilidad política frente al PLC y al FSLN, se dedica a cultivar el apoyo de los Estados Unidos y el de organismos internacionales para sobrevivir.

El costo económico y social de la crisis política nicaragüense ha sido enorme. Nicaragua se ha situado firmemente en la posición de segundo país más pobre de América Latina; segundo en la escala de los países más desnutridos de la región; y uno de los diez países más corruptos de América Latina. La economía del país depende de la cooperación internacional y de las remesas que envían los nicaragüenses que se ven obligados a abandonar el país para encontrar una oportunidad de trabajo y de vida.

La crisis política y la crisis económica se alimentan mutuamente. El desorden institucional ahuyenta las inversiones y crea condiciones propicias para la corrupción y el tráfico de influencias. Al mismo tiempo, la precariedad del sector privado del país convierte al Estado en el principal acumulador y distribuidor de riqueza, lo que intensifica la competencia por los puestos dentro del aparato estatal.
Así pues, se institucionaliza la idea del “Estado-botín” y los partidos políticos se convierten en verdaderas pandillas que manipulan la ley y la democracia electoral para competir en un grotesco juego político que ignora la miseria en la que se debate la mayoría de los nicaragüenses.

LA “NATA” ELECTORAL
Y EL ESPEJISMO DEMOCRÁTICO

La institucionalización de un sistema democrático requiere de la construcción de un consenso social sobre las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, que sirva de marco al conflicto político. Sin este consenso, los procesos electorales son frágiles procesos legales cuyos resultados no necesariamente gozan de legitimidad. El peligro que esto implica ha sido muy bien señalado por Hebert Adam, quien argumenta que la legalidad sin legitimidad puede usarse como un mecanismo para imponer un orden social no democrático. De acuerdo a Adam, la manipulación de la legalidad hace posible gobernar ilegítimamente con la ayuda de la ley.

La Nicaragua actual muestra la validez de este argumento. En nuestro país, la ley se utiliza para formalizar sueldos y pensiones que ofenden el sentido común y la ética democrática. Se utiliza, vulgarmente, para violar el espíritu de la justicia, cuando un reo como el ex-presidente Alemán alega sufrir problemas de salud para evitar pagar su condena en la cárcel. En éstos y en muchos otros casos, la ley es convertida en un instrumento que facilita el ordenamiento de un estado de cosas que carece de lógica y legitimidad.

La eficacia de la democracia, como un mecanismo electoral para la resolución de conflictos, depende de la existencia previa de un consenso social mínimo con relación al papel del Estado y de las relaciones entre éste, el mercado y la sociedad. A su vez, la legitimidad de este consenso depende de su capacidad de integrar, con justicia, los intereses y las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad.

La democracia es tanto un mecanismo formal electoral para resolver conflictos, como un consenso social con relación al funcionamiento y orientación de un Estado y una sociedad nacional. En los países del llamado Norte, este consenso social lo articulan, a un nivel general, los principios económicos capitalistas y los principios políticos democrático-liberales. A un nivel más específico, el consenso social se expresa en la manera en que cada uno de esos países institucionaliza la manera concreta de administrar las tensiones y contradicciones que son parte consustancial de la relación entre capitalismo y democracia. Mientras que Canadá, por ejemplo, utiliza un modelo avanzado de Estado de Bienestar para manejar esas tensiones y contradicciones, los Estados Unidos las regulan, fundamentalmente, a través de la ideología, la racionalidad y los mecanismos operativos de la “libre empresa” y el mercado.

La idea del consenso social como la base indispensable para el funcionamiento adecuado de los procesos democráticos formales la presenta con claridad el politólogo Robert Dahl: A lo que nos referimos cuando hablamos de ‘política democrática’ es simplemente la nata. Es la manifestación de conflictos superficiales. Antes de los procesos políticos democráticos, debajo de ellos, alrededor de ellos, restringiendo esos procesos y condicionándolos, existe un consenso entre una porción importante de los miembros políticamente activos de la sociedad. Sin este consenso, apunta Dahl, los procesos electorales democráticos pueden tener un efecto negativo, ya que tienden a facilitar el fraccionamiento social, o simplemente, a legalizar divisiones existentes.

EL CONSENSO SOCIAL COSTARRICENSE

En Centroamérica, Costa Rica es el país que ha tenido mayor éxito en la articulación de un consenso social democrático. Este consenso, fuertemente erosionado hoy por el neoliberalismo, ha servido de base a la democracia electoral costarricense por más de medio siglo.

El consenso costarricense es el resultado de un largo desarrollo histórico que muestra que hasta la participación de la fuerza en la construcción del orden, requiere, para lograr la estabilidad de la sociedad, de la articulación de un balance de intereses que legitime la distribución del poder. En Nicaragua hemos usado la fuerza para construir el orden social. Lo que no hemos hecho es articular una visión compartida del futuro de nuestra sociedad.

La fuerza jugó un papel central en la construcción del Estado en Costa Rica. El dictador Braulio Carrillo, en representación de la élite cafetalera asentada en San José, logró neutralizar militarmente el poder de las élites de Heredia, Cartago y Alajuela entre 1838 y 1843, para luego impulsar la creación de un orden social en el ámbito nacional. La institucionalización de este orden social, sin embargo, requirió de la articulación de una estructura de intereses y aspiraciones sociales lo suficientemente amplia como para facilitar la inclusión de las diversas élites del país. De esta manera, entre 1843 y 1870, se constituyó, como lo señala Jorge Rovira Mas una clase dominante conformada principalmente por tres facciones estrechamente vinculadas entre sí: la fracción agro-exportadora -compuesta por propietarios de grandes fincas de café, dueños de beneficios y exportadores de grano-, la mercantil-importadora y la bancaria.

Las élites nicaragüenses de esa misma época, en cambio, fueron incapaces de trascender sus intereses inmediatos y sus identidades locales para articular intereses de clase a un nivel nacional. El pensamiento político no logró elucidar y, mucho menos, superar la lógica espacial del conflicto social que se organizó alrededor de los polos de tensión Granada-León. Peor aún, la débil capacidad político-reflexiva de las élites hizo posible que las identidades espaciales -el localismo-, terminasen absorbiendo las identidades sociales que se expresaban en los calificativos pre-teóricos de “timbucos” y “calandracas”, así como en las posiciones políticas liberales y conservadoras asociadas a éstos.

El movimiento reformista liderado por José Figueres logró, a partir de 1948, rearticular el balance de fuerzas y el consenso social costarricense. Nuevamente, la fuerza y el pensamiento participaron en la construcción de una visión de nación. En esa visión, el Estado estaba llamado a funcionar como el eje organizador de un desarrollo económico que intentaba evitar tanto los extremos del socialismo soviético como los del liberalismo manchesteriano. Se consagró el derecho a la educación y otros derechos sociales, se democratizó el crédito, se nacionalizó la banca y se proscribió el ejército.

CONFLICTO “DENTRO” DEL RÉGIMEN
Y CONFLICTO “SOBRE” EL RÉGIMEN

La existencia de un consenso social en Costa Rica o en Canadá o en cualquier otro país que funcione dentro de un orden democrático legítimo y duradero, no significa la ausencia total del conflicto. El conflicto social, real o potencial, está siempre presente en toda formación social. Sin embargo, en las sociedades que han logrado institucionalizar un consenso social democrático, el conflicto existente es marginal y se expresa en la lucha partidaria y en procesos electorales que producen resultados que gozan de legitimidad.

En este sentido, es importante introducir la diferenciación que hace Maurice Duverger entre conflicto dentro del régimen y conflicto sobre el régimen. El primero se refiere al tipo de conflicto que tiene lugar dentro de un marco legal e institucional que goza de legitimidad. Los procesos electorales y la lucha política partidaria en los países liberales democráticos consolidados son conflictos que ocurren “dentro del régimen”. Lo que está en juego en estos procesos no es la naturaleza del régimen político y económico de esas sociedades, sino la mejor manera de preservarlo, desarrollarlo y administrarlo.

En sociedades con sistemas democráticos consolidados, los procesos electorales tratan de definir simplemente la manera en que debe administrarse un régimen económico, político y social que ya está institucionalizado. Los partidos políticos ofrecen diferentes maneras de administrar regímenes que gozan de estabilidad y legitimidad. Las elecciones tratan de responder a esta pregunta: cómo administrar el sistema.

De tal forma que, las variaciones entre una administración laborista y una conservadora en Gran Bretaña; o entre una administración liberal y una conservadora en Canadá; o entre un gobierno republicano y un gobierno demócrata en los Estados Unidos son, desde una perspectiva histórica, marginales. Compárese el carácter incremental, ordenado y predecible de los resultados que generan los procesos electorales en esos países, con el carácter cuasi-fundacionalista e incierto de los resultados electorales de nuestras elecciones en 1990, 1996 y 2001. Compárese la continuidad que marca los cambios de gobierno en el Norte con la tendencia nuestra a hablar de “Nuevas Eras” y “Tierras Prometidas” en cada campaña electoral.

El concepto de conflicto “sobre el régimen” se refiere al tipo de conflicto que intenta romper el marco institucional y legal existente, dado que su objetivo es precisamente, rearticularlo. La Revolución Sandinista es un ejemplo concreto de este tipo de conflicto. Una revolución trata de cambiar las reglas del juego político y la naturaleza y objetivos del Estado.

Es importante señalar que los procesos electorales no son conducentes a la resolución de conflictos “sobre el régimen”. La historia del Occidente democrático muestra con claridad que la construcción del consenso social precedió siempre a la aplicación de la tecnología política democrática. Este mismo argumento lo ofrece Giuseppe Di Palma con relación a los procesos de transición democrática ocurridos después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Italia, España, Portugal y Grecia.

Ésta es una lección que los Estados Unidos no han logrado aprender, aún después de múltiples fracasos en Nicaragua y otros países. Con gran arrogancia, pragmatismo e ingenuidad, los Estados Unidos asumieron que para resolver las tensiones sociales entre liberales y conservadores en Nicaragua, durante la primera parte del siglo XX, bastaba organizar un sistema electoral eficiente que definiera la organización y distribución del poder. El experimento desembocó en el somocismo.

Con la misma arrogancia, pragmatismo e ingenuidad, los Estados Unidos intentan hoy establecer un orden social estable en Irak, mediante fórmulas constitucionales y procedimientos electorales. Y ya podemos predecirlo: el experimento de Irak terminará con una nueva dictadura y un nuevo Saddam que apoyará Estados Unidos.

¿QUÉ SON LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

Los partidos políticos juegan un papel fundamental en la construcción de los consensos sociales que sirven de base a la democracia. Por partido político se entiende, una organización de ciudadanos y ciudadanas que, mediante una filosofía política, una ideología y una estrategia de acción, facilita la articulación y agregación de demandas y aspiraciones sociales.

Son dos las funciones principales de los partidos políticos democráticos: participar en la competencia por el poder del Estado en representación de un sector y una visión de la sociedad; y contribuir a la articulación del consenso social que sirve de marco normativo a la competencia interpartidaria.

Las demandas y aspiraciones sociales que los partidos políticos articulan y agregan compiten con las de otros grupos sociales para lograr que el Estado las atienda y priorice. Es por eso que la captura del poder del Estado es el objetivo fundamental de cualquier partido político. Cuando ese objetivo no se alcanza, los partidos tratan de acumular el mayor poder político posible para condicionar la agenda del Estado y para participar, con influencia, en la formulación de las políticas públicas que definen esa agenda.

¿QUÉ TIENEN QUE VER LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON EL CONSENSO SOCIAL?

Un partido cuya filosofía defiende el principio de la igualdad social como la variable independiente a la que tiene que subordinarse el principio de la libertad individual, atraerá y organizará aquellas demandas y presiones sociales que favorecen, por ejemplo, la idea del Estado como un redistribuidor de la riqueza social. Esta filosofía es representada por el Partido Demócrata en los Estados Unidos, el Partido Liberal y el Nuevo Partido Democrático en Canadá, y el Partido Laborista en Gran Bretaña, a pesar de la erosión que han sufrido sus bases doctrinales como resultado de la embestida neoliberal.

Por el contrario, un partido cuya filosofía defiende el principio de la libertad individual como el valor central en el ordenamiento normativo de una sociedad, atraerá las demandas y presiones de los que favorecen la idea del mercado como el principal mecanismo distributivo de la riqueza social. Esta filosofía es representada por el Partido Republicano en los Estados Unidos y por el Partido Conservador británico y canadiense.

Pero además de competir por el poder del Estado, los partidos políticos participan activamente en la articulación y rearticulación del consenso social que sirve de marco a la lucha política interpartidaria. Así pues, el sistema de partidos de una sociedad no funciona simplemente como una liga de organizaciones que compiten entre sí. Los partidos políticos también cumplen una función social integradora a nivel nacional.

En los ejemplos de los países mencionados, los partidos compiten con sus visiones filosóficas, ideológicas y doctrinarias, dentro de un consenso social que integra y armoniza las diversas posiciones que adoptan los partidos que participan en el juego electoral sobre, por ejemplo, el balance que debe existir entre el mercado y el Estado.

El consenso social democrático que existe en los países mencionados está basado en la premisa de que la sociedad debe integrar y balancear la racionalidad instrumental del mercado con la racionalidad sustantiva que debe servir de base al funcionamiento del Estado. En su expresión más concreta, este intento trata de establecer un balance entre el principio de las libertades individuales, especialmente las que requiere el capitalista para operar dentro del mercado, y el principio de la justicia social que promueve el respeto a la dignidad humana como un principio absoluto.

De ahí que el pensamiento democrático sea, fundamentalmente, un pensamiento que promueve las libertades individuales dentro del marco de un contrato social. En este sentido, el pensamiento democrático ha sido un intento de promover la libertad de mercado dentro de límites diseñados para proteger el bien común. Esta premisa es compartida por liberales, conservadores y socialistas en Europa, Canadá y hasta en los Estados Unidos. En estos países, los partidos políticos contribuyen a la reproducción de esta premisa, al mismo tiempo que ofrecen sus propias estrategias y visiones de cómo implementarla.

Los procesos electorales en Nicaragua no cuentan con el sustento de un consenso social mínimo sobre la organización básica de nuestra vida nacional. Ni siquiera tenemos un sentido claro de lo que constituye en nuestra sociedad el “bien común”. Los derechos sociales de las grandes mayorías, los derechos y obligaciones del sector privado, los derechos de propiedad, las relaciones entre los poderes e instituciones públicas, el papel de la policía, las relaciones entre Iglesia y Estado, el contenido de nuestra constitución, nuestra posición ante el CAFTA, y hasta los sueldos de los ministros son, en Nicaragua, temas y problemas nunca resueltos.

LA REALIDAD SOCIAL
SE DOMESTICA CON LAS IDEAS Y LA PALABRA

No se puede argumentar que el pensamiento político democrático, y las experiencias que se sustentan sobre ese pensamiento, hayan logrado establecer una fórmula ideal y universal que reconcilie las tensiones y contradicciones que inevitablemente surgen de cualquier intento de balancear las libertades individuales con la justicia social. En este sentido, el valor del pensamiento político democrático no radica en su capacidad para ponerle fin a estas tensiones y contradicciones sino, sencillamente, en su disposición a aceptar el reto de reconciliarlas. El totalitarismo y el neoliberalismo constituyen estrategias sociales que pretenden resolver, de manera definitiva, las tensiones y contradicciones que generan la combinación de estos principios.

Los resultados de este absolutismo reduccionista han sido siempre nefastos: el pensamiento totalitario “resuelve” las tensiones entre la libertad individual y la justicia social sacrificando la libertad, mientras que el pensamiento neo-liberal lo hace sacrificando la justicia.

Con la globalización del capital, la idea del mercado como eje regulador de la vida en sociedad ha ganado terreno y amenaza con romper el balance que los sistemas democráticos deben buscar entre la libertad del capital y la justicia social. En los países del Norte, la respuesta a ese cambio ha sido una intensa exploración y discusión de las implicaciones del modelo de organización social mercadocéntrico que promueven los intereses que orientan la globalización del capital. Esa discusión alimenta la filosofía, doctrina y programas de los partidos políticos que participan en la lucha por el poder y en la construcción y reconstrucción del consenso social que sirve de marco normativo a esa lucha.

Todo esto apunta a algo que debe señalarse con claridad para comprender el papel que juegan o deben jugar los partidos políticos en la construcción y legitimación de los valores y el consenso social que deben organizar la lucha por el poder del Estado: la realidad social en general, y los consensos sociales que sirven de sustento a un sistema político democrático, son en gran medida, construidos teóricamente. Puesto de otra manera: las ideas y la palabra son fuerzas constitutivas de la historia. Sin ideas y sin el uso de la palabra es imposible domesticar los hechos y las circunstancias que marcan el paso del tiempo.

Ciertamente, los accidentes -o “la fortuna”- son elementos constitutivos del desarrollo histórico de las sociedades. Muchas de las características de los sistemas democráticos europeos, por ejemplo, han sido el resultado de procesos y acontecimientos no-planificados. La historia europea, sin embargo, es en gran medida el resultado del pensamiento y de la acción política reflexiva que ha enfrentado los obstáculos de la historia para acomodarlos a las aspiraciones e intereses sociales construidos a través del pensamiento político y de la teoría social.

INGLATERRA EN EL SIGLO XVII
Y COSTA RICA EN EL SIGLO XX

El pensamiento de Thomas Hobbes, para citar un ejemplo, surgió como reflexión y propuesta para enfrentar la crisis del orden social de Inglaterra a mediados del siglo XVII. Hobbes utilizó el concepto de soberanía para justificar la necesidad de concentrar el poder de regulación y legislación social de la sociedad inglesa en manos del Rey.

Hobbes enriqueció el pensamiento “conservador” europeo. El conservatismo, a su vez, contribuyó a la articulación de consensos sociales que, en el ámbito nacional, integraban y balanceaban múltiples interpretaciones del principio de la soberanía, su función y sus consecuencias.

El consenso social que el movimiento reformista de José Figueres promovió en Costa Rica a partir de 1948, también se alimentó de un pensamiento político reflexivo que fue producto de los serios esfuerzos teóricos realizados por intelectuales como Rodrigo Facio y el grupo asociado al Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales fundado en 1940. En este sentido, podemos decir que la democracia costarricense, al igual que la democracia europea, ha sido, en gran medida, el resultado de un esfuerzo teórico que ha logrado mantenerse y revitalizarse -política y teóricamente- a través del tiempo. Este esfuerzo no garantiza el futuro de la democracia en Europa o en Costa Rica, pero ciertamente aumenta sus posibilidades de sobrevivir la avalancha neoliberal que hoy la amenaza.

PARA CONSTRUIR EL FUTURO
HAY QUE TEORIZARLO PRIMERO

Las visiones del poder y del orden, articuladas por el pensamiento político de un Hobbes o de un Rodrigo Facio, no deben verse simplemente como tratados filosóficos abstractos y alejados de la realidad sino, más bien, como “manuales de vida” en los que se definen y legitiman las prácticas y los regímenes que, como bien lo señala Michael Clifford, transforman a los miembros de la sociedad en sujetos éticos socializados. Sin filosofía y sin pensamiento democrático no puede haber democracia ni sujetos éticos socializados dentro de una visión justa de la sociedad.

Sin filosofía democrática no pueden existir partidos democráticos porque los partidos son eso: organizaciones que representan visiones de la sociedad. En Nicaragua, donde priva una profunda inconsciencia sobre el valor del pensamiento como fuerza constitutiva de la historia, hay que reiterarlo: sin filosofía democrática, sin articulaciones filosóficas democráticas que hagan sentido de la realidad, no pueden existir verdaderos partidos políticos porque un partido político no es simplemente una sigla pronunciable, una bandera, y una oficina-cuartel. Un partido es una organización que ofrece una visión teórica de la realidad y una estrategia de acción para materializarla. ¿Por qué una visión teórica? Porque como dice la canción: Para construir el futuro, hay que soñarlo -teorizarlo, diría yo- primero.

Sin ideas y sin articulaciones teóricas que hagan explícitos los intereses y valores que co-existen en una sociedad, es imposible promover el debate y la discusión que debe desembocar en la articulación del consenso que requiere un sistema democrático efectivo. Y sin un consenso social que integre los intereses y las aspiraciones de una sociedad, la democracia electoral es, simplemente, una rifa del poder cuyos resultados quedan siempre en manos, de la “suerte”.

DESDE 1990: TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA
SIN PENSAMIENTO DEMOCRÁTICO

A partir de 1990, Nicaragua ha vivido una situación de democracia electoral sin consenso social, que nos ha llevado a una condición política de legalidad formal que carece de lógica y legitimidad. Los partidos políticos más destacados, en el poder y en la oposición, no han sido, ni son, capaces de impulsar el experimento democrático nicaragüense que hoy agoniza ridícula y dolorosamente.

La reforma económica neoliberal y la reforma política democrática electoral impulsada por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1991-1997) no contaron con una base de apoyo interno. El marco normativo de la reforma económica fue prácticamente impuesto por los organismos financieros internacionales que apoyaban la transición post-revolucionaria. Y ese marco impuso fuertes condicionamientos y límites al modelo democrático adoptado.

Francisco Rosales, Ministro del Trabajo de aquel gobierno, confirmó la ausencia de una visión y de una estrategia de desarrollo compartida por las organizaciones que formaban parte de la UNO cuando en 1991 señaló: En Nicaragua no hay un proyecto nacional, no lo fue el programa histórico del Frente Sandinista y tampoco lo es el programa de gobierno de la Unión Nacional Opositora.

La débil capacidad político-reflexiva de los partidos y las élites políticas nicaragüenses en los inicios del experimento democrático post-revolucionario se hizo evidente en los foros políticos de discusión organizados por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en 1990, para discutir las bases de un posible acuerdo nacional en apoyo a la democratización del país.

Una lectura de las presentaciones hechas por los representantes de los partidos políticos invitados y de las discusiones que tuvieron lugar después de cada una de éstas revela el atraso político de las élites nicaragüenses y su tendencia a utilizar un discurso eminentemente declamatorio.

La transición política careció de un pensamiento político con la capacidad de orientar este proceso hacia metas y objetivos sociales compartidos. Al final de aquel período presidencial, el propio Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, reconoció esa debilidad. En su presentación en el “Primer Encuentro Nacional: Nicaragua y la Construcción de la Nación”, celebrado en diciembre de 1994, señaló: Ahora nos enfrentamos a la gran tarea de acelerar la recuperación de la actividad económica, y a la necesaria elaboración de una estrategia nacional de desarrollo. Hasta ahora, hay que reconocerlo, en el gobierno no hemos podido darle forma a este esfuerzo, pero en 1995 vamos a lograrlo”. Como era de esperarse, 1995, año pre-electoral, no fue propicio para la reflexión programática prometida por Lacayo.

ALEMÁN: IMPRECISAS DECLARACIONES
DE MENTIROSAS INTENCIONES

Con la llegada al poder del liberal Arnoldo Alemán (1997-2002), las reformas iniciadas por el gobierno Chamorro se reorientaron en función de los intereses del partido gobernante y de sus miembros. Uno de los principales objetivos del gobierno de Arnoldo Alemán era la creación de una élite económica “liberal” capaz de competir con la élite “conservadora”-principal beneficiaria de los procesos de privatización impulsados por el gobierno Chamorro- y con la élite sandinista que se formó con “la piñata”.

Alemán logró proyectar una imagen anti-elitista y presentarse como el líder de un movimiento político opuesto a la lógica económica impuesta por los organismos financieros internacionales y a las ambiciones de los sectores sociales asociados al conservatismo. Pero ni Alemán, ni su partido el PLC, ni la Alianza Liberal que lo llevó al poder, contaban con una visión y una filosofía política que sirviera de ancla y norte normativo a su gobierno. La desnutrición teórica de los liberales, además, les impedía articular y agregar las demandas de sus simpatizantes y contribuir a la creación de un consenso nacional que sirviera de base a la democracia electoral del país.

El “ideario” del Partido Liberal Constitucionalista constituía un listado de consignas desarticuladas combinadas con vagas declaraciones de apoyo a la democracia y al desarrollo de la sociedad. Los mismos términos de la Alianza Liberal, suscritos por el Partido Liberal Independiente y el Partido Liberal Constitucionalista, no pasaban de ser una mal redactada e imprecisa declaración de buenas intenciones.

El discurso del líder liberal Arnoldo Alemán también se caracterizó por su superficialidad. Las explicaciones y caracterizaciones del liberalismo que ofreció como candidato durante la campaña electoral no pasaron de ser aburridos y sudorosos ejercicios declamatorios carentes de fundamentación teórica, relevancia histórica y significado programático. Así explicaba Alemán su pensamiento político: El liberalismo es una filosofía, un ideario plural, respetuoso, amplio y flexible que tiene como finalidad fundamental e indeclinable a la persona humana. Sus derechos, libertades, aspiraciones, oportunidades y mejoramiento integral: espiritual y material. Que tiene como piedra angular los derechos naturales, universales, humanos, civiles y políticos del ciudadano. Que dignifica a la mujer y al hombre, rescatando e impulsando el pleno disfrute y respeto de todas sus libertades. Creo en el liberalismo que transformó a la humanidad con sus ideas y aportaciones revolucionarias: políticas, sociales, culturales, jurídicas, democráticas, republicanas e institucionales. Que rompió los viejos moldes de privilegios, desigualdades y explotación. En un liberalismo moderno, que se nutre y renueva permanentemente. Humanista, responsable, solidario y con irrenunciable sensibilidad social. ¡Es el liberalismo del futuro, del nuevo siglo XXI!

Los únicos temas y mensajes concretos contenidos en el discurso del candidato liberal fueron el antisandinismo y la promesa de reconstruir Nicaragua de acuerdo a una imagen glorificada de la época pre-revolucionaria. Volveremos a ser el granero de Centroamérica fue una de las frases que con mayor frecuencia enunció Arnoldo Alemán durante sus presentaciones públicas, evocando, de esta manera, los niveles de desarrollo alcanzados por Nicaragua durante el somocismo.

UN LIBERALISMO GENÉTICO
Y DE APELLIDOS

En ausencia de una filosofía política, el liberalismo ha seguido siendo en Nicaragua una tradición familiar, un accidente político como lo es el catolicismo de la mayoría de los nicaragüenses. La “Reseña Filosófica de la Corriente Liberal Nicaragüense” durante la campaña para las elecciones de 1996 iniciaba con una descripción de las familias y los apellidos ilustres de grandes liberales. Al final de esta “reseña histórica”, el partido invitaba a todos aquellos que tuviesen apellidos liberales a trabajar por la causa liberal y a votar por los liberales.

La visión “genética” del liberalismo, expresada en la propaganda del PLC, fue reafirmada por el propio presidente Alemán durante la celebración del 106 aniversario de la proclamación de la “Libérrima” de José Santos Zelaya.

En este discurso, el mandatario expresó una actitud política anti-intelectual, muy similar a la fascista italiana del régimen de Mussolini: Este día, celebramos el 106 Aniversario de la más revolucionaria gesta y trascendente de todas nuestras Cartas Magnas, la Constitución de 1893 llamada la Libérrima por su visión, espíritu innovador y progresismo preñado hasta lo más íntimo por el amor irrenunciable a las libertades ciudadanas. Ese amor a la libertad lo llevamos palpitante en la sangre, en el pensamiento, en el pecho, en las entrañas, en el alma; se siente. Lo traemos en los genes, lo vivimos y vamos heredando enriquecido de generación en generación. Así esperamos continuar haciéndolo durante el nuevo Siglo que viene.

LIBERALISMO: UNA CONDICIÓN “NATURAL”

Wilfredo Navarro, uno de los principales ideólogos del PLC, reafirmó la idea del liberalismo como una condición “natural”, en su explicación de esta filosofía política: El liberalismo al defender la libertad, defiende el progreso intelectual, el conocimiento y desarrollo humano, y por su dinámica es igual a renovación y avance constante. Con orgullo decimos que el liberalismo es dinámico, innovador, es proceso, es una necesidad vital del ser humano, porque sin libertad el hombre pierde su esencia y deja de ser el ente superior creado por Dios, transformándose en esclavo, con todas las secuelas que esta situación genera. El liberal tiene necesidad de libertad. Por ello, el pensamiento liberal está tan arraigado en el pueblo nicaragüense. Los nicaragüenses son liberales casi por instinto: aman la libertad, la necesitan, es el motor de sus vidas.

La superficialidad del pensamiento político de la Alianza Liberal y del Partido Liberal Constitucionalista también se hizo evidente en la gestión económica del gobierno Alemán, que adoptó una actitud eminentemente pragmática y oportunista para consolidarse en el poder. Después de haber utilizado un discurso populista durante la campaña electoral, el gobierno de la Alianza Liberal adoptó y continuó el programa de ajuste estructural iniciado por el gobierno Chamorro.

BOLAÑOS Y SU VISIÓN GERENCIAL
DE LA POLÍTICA

El candidato liberal Enrique Bolaños, un hombre de profundos instintos conservadores metido al liberalismo por los accidentes de la enloquecida dinámica política nicaragüense, se dedicó a decir que amaba a su Partido Liberal. Para llenar los vacíos de su “amado” liberalismo, el candidato impregnó su discurso político con alusiones religiosas, que revelaban el poder ideológico del catolicismo.

Ya en el gobierno, Enrique Bolaños ha demostrado, una y otra vez, carecer de la visión que se necesita para articular aspiraciones colectivas. El Plan Nacional de Desarrollo elaborado por su gobierno pretendió articular una visión nacional para crear un destino nacional compartido. Pero este Plan fue diseñado a partir de los marcos normativos que promueven los organismos financieros internacionales. Las urgentes demandas y necesidades de la empobrecida población nicaragüense se consideraron como de importancia secundaria. Lo importante en este Plan es implementar un modelo de sociedad que responda a las demandas del sistema económico internacional, tal y como es definido por el Banco Mundial y el FMI. La realidad social nicaragüense, de acuerdo a la lógica del Plan, tiene que ajustarse al modelo propuesto.

En este sentido, el PND intentaba articular las bases de un consenso social predeterminado por el imperativo de la competitividad empresarial. Desde esta perspectiva, el Estado era percibido como un aparato administrativo que había que reformar para adecuarlo a las necesidades del capital. Y el gobierno debía asumir una conducta gerencial para facilitar el desarrollo del mercado.

Al final, el gobierno Bolaños terminó cayendo en la trampa advertida por un comentarista nicaragüense al comienzo de su mandato: El mayor peligro que enfrenta el nuevo gobierno es caer en la trampa de un estéril administrativismo, y olvidarse que la función de gobierno en el segundo país más pobre del continente requiere de una visión que sea capaz de generar aspiraciones y sueños colectivos.

FSLN: UN ESFUERZO TEÓRICO
QUE FUE ABANDONADO DESDE 1990

En 1979, el FSLN llegó al poder armado de una visión teórica e histórica de la sociedad nicaragüense. Las debilidades de esa visión se hicieron evidentes desde el inicio del gobierno revolucionario. Sin embargo, no se puede negar que si el somocismo, como lo ha señalado Edgardo Buitrago, fue una praxis sin visión histórica y social de la realidad nicaragüense, el sandinismo fue, fundamentalmente, una visión histórica sustentada en valores humanistas que desafiaban y trascendían la realidad existente.

El esfuerzo teórico de enriquecer el sandinismo como filosofía y como visión del desarrollo social nicaragüense fue prácticamente abandonado a partir de la derrota electoral de 1990. El FSLN mantuvo su postura y su discurso revolucionario durante la etapa inicial de la transición, para luego irse acomodando -pragmática y resignadamente- a la nueva realidad nacional y al peso del neoliberalismo. Resumiendo los resultados de los congresos departamentales partidarios, que se organizaron como paso previo a la celebración del Primer Congreso del FSLN después de la derrota electoral, la revista sandinista “Barricada Internacional” señalaba en 1991: Pese a los pronósticos que auguraban candentes debates alrededor de los principios y el programa del FSLN, el consenso fue prácticamente unánime entre los delegados al Congreso de Managua. También, en todos y cada uno de los encuentros departamentales se ratificó el carácter revolucionario, democrático, nacionalista y anti-imperialista del FSLN.

Daniel Ortega confirmó la posición revolucionaria del FSLN después de la derrota sandinista en los comicios de 1990: Yo pienso que sería absolutamente ajeno al Frente empezar a discutir si tomaremos el rumbo capitalista y renunciaremos al anti-imperialismo. En Nicaragua hay 23 partidos políticos en los que pueden inscribirse todos los que piensen que ahora la propuesta capitalista y pro-imperialista es la que vale. Nuestra propuesta sigue siendo la revolucionaria, a la que incorporamos la discusión y el diálogo como una nueva expresión de democracia interna. Por primera vez en nuestra historia el Frente discute sus estatutos y principios; las mismas elecciones son un elemento nuevo, un instrumento para reafirmar nuestras posiciones políticas e ideológicas, para modernizar nuestros métodos de trabajo y enfrentar al capitalismo, que es el enemigo de siempre.

FSLN: “PRAGMÁTICOS” Y “PRINCIPISTAS”

Detrás de la postura revolucionaria de Ortega y de la dirigencia sandinista, el FSLN había empezado a sufrir fuertes divisiones internas, provocadas por la derrota electoral y por la incapacidad del partido de redefinir su racionalidad, objetivos y estrategias. Algunos caracterizaron el debate sandinista de este período como una pugna entre pragmáticos y principistas.

El calificativo de “pragmático” fue usado para describir las posiciones reformistas dentro del partido. El de “principista” se usó para hacer referencia a los que defendían la propuesta de mantener los principios socialistas y revolucionarios básicos del sandinismo tradicional.

El cuestionamiento provocado por la derrota electoral dentro del FSLN no dio lugar a la reformulación de un nuevo consenso partidario y a una modernización del pensamiento socialista del FSLN, sino a la fragmentación y descomposición de la organización revolucionaria. Para 1993, la crisis política, ideológica e institucional del sandinismo era evidente. Para un grupo de intelectuales revolucionarios, organizados para discutir el futuro del sandinismo por el Instituto de Estudios Nicaragüenses, el FSLN sufríala carencia de una identidad, la falta de una redefinición de la estrategia y programa del FSLN, una crisis de liderazgo a todos los niveles y ante esa serie de crisis, una estructura organizativa que se vuelve infuncional o reproductora de esos problemas.

La crisis del FSLN culminó en la formación del disidente Movimiento Renovador Sandinista (MRS), integrado por personas que promovían la democratización del sandinismo y la modernización de sus mecanismos de lucha. Después, otros grupos dentro del FSLN continuaron propugnando, infructuosamente, la renovación interna del partido. Daniel Ortega y el grupo que mantenía el control de la organización lograron neutralizar los brotes de disidencia.

El FSLN abandonó gradualmente sus posiciones revolucionarias para adoptar una práctica política pragmática que se encaminaba a defender y preservar el poder del partido dentro de las nuevas condiciones creadas por la transición. En este sentido, el pragmatismo del FSLN expresaba la resignación de su dirigencia ante el peso de una realidad -la realidad del capital y del modelo neoliberal- que aparecía como ineludible.

FSLN: CON UN PRAGMATISMO RESIGNADO
Y UNA VISIÓN INSIGNIFICANTE

Para las elecciones de 1996, los sandinistas, al igual que los liberales, articularon propuestas de gobierno carentes de fundamentación filosófica y de valor programático y propositivo. Más que planes de gobierno para un país en crisis, las propuestas del PLC y del FSLN constituían listados desarticulados de promesas de proyectos sociales y económicos, mezclados con vagas declaraciones de intención para promover el progreso y establecer un “Estado de derecho” en Nicaragua.

El “Programa Nacional del FSLN”, presentado por Manuel Coronel Kautz, como parte del proceso de articulación del programa sandinista, proponía dinamizar el desarrollo económico del país mediante la promoción de tres macro-proyectos económicos: la construcción de un canal interoceánico, la irrigación de la planicie del Pacífico de Nicaragua y la transformación turística del país. La referencia que hacía este programa al problema de la organización del Estado -elemento fundamental para determinar la viabilidad de los proyectos propuestos- era fundamentalmente retórica: El FSLN, que ya demostró tener vocación de servicio civil, de sensibilidad social, de solidaridad, de transparencia y refractario a la corrupción, visualiza entonces el papel del Estado Moderno, que además de ser el cuerpo político de la nación, debe ejercer una fuerte acción sobre las fuerzas que la componen para el bienestar y desarrollo de sus habitantes.

Humberto Ortega también propuso un “Acuerdo Nacional” cargado de consignas y de conceptos popularizados en el país por la cooperación internacional. Los objetivos de esta propuesta incluían: Una Nicaragua auto-sostenible en donde la sociedad civil sea su motor, la consolidación de una economía de mercado con justicia y equidad social, la sólida integración de Nicaragua en el escenario económico internacional, la modernización institucional del Estado priorizando la descentralización y el fortalecimiento del poder local, la adopción de valores enarbolados por las Naciones Unidas, tales como la igualdad de todos los seres humanos, la defensa de la diversidad ciudadana como fuente de riqueza y no de conflictos, la promoción de la iniciativa individual y grupal en armonía con la responsabilidad común y estado de derecho con participación y sensibilidad social, el reconocimiento del destino común de la humanidad y el respeto por el ambiente global. Al ofrecerlo todo, el programa de Ortega terminaba en nada.

DANIEL ORTEGA 2001:
“TENEMOS LOS PIES EN LA TIERRA”

En el año 2001, el pensamiento y la visión política del FSLN contrastaban dramáticamente con el pensamiento y la visión de esta organización en 1979. En aquel año, al tomar el poder, a pesar de sus debilidades, el FSLN contaba con una visión histórica de la sociedad y con una fundamentación teórica para su actividad política revolucionaria. En el año 2001, el FSLN había abandonado prácticamente sus valores políticos y su filosofía para adoptar un discurso y una visión gerencial de la función de gobierno. Gobernar era ahora para el FSLN llevar a efecto proyectos de desarrollo dentro de los límites establecidos por las estructuras de poder del país y los marcos normativos para la formulación de políticas públicas impuestos por los organismos financieros internacionales.

La actitud pragmática-resignada adoptada por el FSLN, fue expresada por el propio Daniel Ortega en una entrevista concedida el 13 de septiembre del 2001:

– ¿Propone repetir en un eventual nuevo gobierno que presida el mismo programa radical de 1979?
DOS: Los ideales son los mismos pero readaptados a una situación de paz y del mundo globalizado en que vivimos. Tenemos que dar importancia ahora al apoyo al sector privado desde el más pequeñito hasta el más grande. No podemos dar subsidios masivos como antes.
– Pero la patronal está apoyando abiertamente al Partido Liberal...
DOS: Sí, eso está claro, pero poco a poco los empresarios entenderán que nosotros no queremos ahora un reforzamiento del poder estatal ni pensamos aplicar una política asistencialista. Tenemos los pies en la tierra.
– ¿Y aceptaría aplicar las duras políticas ultraliberales que exigen tanto el FMI, como el BID o el Banco Mundial, para ayudar económicamente a cualquier país?
DOS: Sabemos que sus condiciones son duras, sobre todo para países tan empobrecidos como el nuestro, pero consideramos que sin violar sus exigencias, podemos liberar recursos para enfrentar el problema de la pobreza, para que todas esas personas se conviertan en agentes productivos. Trataríamos de convencer a esos organismos de flexibilizar algunas de sus políticas.


Así, pues, la “estrategia” económica del FSLN se reducía a echarle la “convencedora” a los organismos financieros internacionales. El vacío teórico del FSLN también se hizo manifiesto en el discurso florido e insignificante adoptado por sus líderes después de las elecciones.

En su “Programa para el siglo XXI”, el FSLN se definió como un partido revolucionario, que impulsa el socialismo moderno, solidario, democrático, popular, de composición plural, inspirado en el amor al pueblo y a la Patria, creado para servir a los ciudadanos... El principal objetivo del partido, señalaba este documento, es alcanzar la felicidad de todos los nicaragüenses, edificando una sociedad con democracia política, democracia económica, justicia social y un verdadero estado de derecho. Nada faltaba en esta declaración de buenas intenciones.

NUESTRA POBREZA MATERIAL
Y NUESTRA POBREZA DE IDEAS

Así hemos llegado al día de hoy, cuando la anomia política e institucional que vivimos nos muestra que el sistema democrático electoral que se implantó en 1990 no ha sido capaz de generar un consenso que identifique y armonice los intereses y las aspiraciones de los nicaragüenses. ¿Qué nos hace falta para articular ese consenso? ¿Que nos ha impedido avanzar en la construcción de un sistema democrático justo y estable?

La ausencia de un consenso social en Nicaragua es, fundamentalmente, el resultado de las debilidades filosóficas, ideológicas y doctrinarias de nuestros partidos políticos. Nuestros partidos no cuentan con la capacidad para articular, agregar y transmitir demandas y aspiraciones sociales. No cuentan, tampoco, con la capacidad para contribuir al desarrollo de un marco normativo que regule la competencia por el poder y que oriente las mejores energías de nuestra sociedad.

Así, pues, el desorden que vive el país es, en gran medida, el resultado del desorden y la pobreza teórica de nuestros partidos. Nuestra crisis política es el producto de la profunda crisis de pensamiento en que ha vivido sumida la sociedad nicaragüense y sus organizaciones políticas desde hace muchos años. Y la pobreza material que sufre Nicaragua es la consecuencia directa de la pobreza de ideas que han orientado el desarrollo del país a través de su historia.

Nos mata de hambre nuestro rechazo a pensar y nuestro desprecio por la abstracción. Nos mata no entender que, para construir el futuro, hay que soñarlo -teorizarlo, hacer abstracción de él- primero.

PARTIDOS Y POLÍTICOS
ORGANIZADOS COMO PANDILLAS

Nuestra desnutrición filosófica fue destacada vívidamente en 1867 por el agudo periodista Enrique Guzmán, cuando señalaba que los partidos del país funcionaban como pequeñas pandillas que no tenían otro común denominador que su ciega adhesión a un caudillejo cualquiera o mezquinos intereses de campanario.

Guzmán agregaba, que tenían más sentido las denominaciones bárbaras que aglutinaron los intereses de la sociedad nicaragüense durante las primeras décadas del desarrollo político del país -cachurecos y coludos, chapiollos y zapelcos, mechudos y desnudos, timbucos y calandracas-, que las denominaciones conservatismo y liberalismo que, desprovistas de una verdadera base filosófica y doctrinaria, eran incapaces de orientar la lucha por el poder y la competencia de intereses en la sociedad nicaragüense.

El señalamiento hecho por Enrique Guzmán en la segunda parte del siglo XIX sigue siendo válido. Es decir, es aplicable a la realidad de los partidos políticos nicaragüenses que siguen funcionando como “pandillas” organizadas para defender intereses particulares, con frecuencia reñidos con el bien de la sociedad nicaragüense. Al igual que en el siglo XIX, las denominaciones “bárbaras” como alemanismo, danielismo, y bolañismo son más apropiadas y hacen más sentido que los conceptos de liberalismo y socialismo que usamos para hacer referencia a la filosofía del PLC y del FSLN respectivamente. De la filosofía política de la Alianza por la República (APRE) no decimos nada porque no hay nada que decir.

Históricamente, el llamado liberalismo nicaragüense ha expresado una posición anti-oligárquica, pero no ha sido capaz de articular un pensamiento democrático, que exprese e integre los intereses y las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense.

El socialismo del FSLN, por su parte, ha intentado representar los intereses de las masas sin lograr articular un pensamiento que haga explícitos los valores que unen a los diversos grupos sociales, étnicos y culturales, componentes de la sociedad marginal de este país.

LAS BÚSQUEDA DEL “CENTRO”

Si los liberales y los sandinistas tomaran en serio su responsabilidad de pensar, encontrarían que las aspiraciones y las necesidades de sus seguidores coinciden en muchos aspectos. Es esto, posiblemente, lo que ha llevado al intelectual nicaragüense Orlando Núñez a buscar, por caminos terriblemente equivocados, la fusión de las energías políticas del FSLN y del PLC.

Humberto Ortega Saavedra también intuye la posibilidad de esa fusión, pero la busca en precedentes y modelos que se alimentan de aguas históricas que nosotros no bebemos. El General ha propuesto recientemente a los nicaragüenses practicar lo que él llama el centrismo, teniendo como país modelo a Suecia. Sí, a Suecia. Nicaragua teniendo a Suecia como país modelo.

El “centrismo” que nos ofrece el General es una mala idea y una mala copia. El centrismo fue una propuesta elaborada para sociedades con instituciones políticas desarrolladas y estables. Anthony Giddens, el teórico principal de esa corriente, lo propuso para encontrar una forma de armonizar los principios y las prioridades políticas de la derecha y la izquierda en países como Inglaterra.

El centrismo ha fracasado. Tony Blair, el “otro Tony”, ya ni siquiera lo menciona. El centrismo de Bill Clinton fue sepultado por el acto terrorista del 11 de septiembre. En realidad, el centrismo ha terminado convertido en una mala broma. En un interesante artículo sobre este tema, Demetrio Velasco cita a Alan Touraine quien señala que el centrismo es la manera de hacer política de derecha desde la izquierda. Y el profesor de Anthony Giddens, Ralph Dahrendorf, concluye que ahora que hemos dejado atrás el episodio de la tercera vía y sabemos que la globalización acompañada de palabras de compasión no es suficiente, ha llegado el momento de generar nuevas ideas.

Independientemente del fracaso del centrismo en los países desarrollados que lo intentaron utilizar, es necesario reconocer que no era un gran disparate pensar que en un país como Inglaterra se podía construir un “centro político”. Al fin y al cabo, la derecha y la izquierda de ese país ofrecen ejes doctrinarios y filosóficos para apoyarlo. Esos ejes no existen en Nicaragua.

LA ACTUAL FÓRMULA “CHACUATOL”

¿Y qué decir de la fórmula “chacuatol” que empieza a agarrar fuerza en el país para derrotar al FSLN y al PLC en el 2006? La idea de armar una fórmula electoral, compuesta por el sandinista Herty Lewites y el liberal Eduardo Montealegre, alrededor de la consigna: “Todos contra el pacto FSLN-PLC”.

Las fuerzas e intereses que estarían dispuestos a apoyar esta fórmula son muchos, e incluyen a sectores del sandinismo que se oponen a Ortega, sectores del liberalismo que se oponen a Alemán, poderosos grupos económicos del país que desconfían de Ortega, organizaciones de la sociedad civil que luchan por la democratización del país. Hasta los Estados Unidos podrían interesarse en la fórmula “chacuatol” en su afán por derrotar a Ortega.

¿Que sucedería si la fórmula Montealegre-Lewites llegara a consolidarse y triunfar? Posiblemente nada nuevo. Nicaragua seguiría funcionando como una democracia electoral sin consenso social, incapaz de crear un horizonte de aspiraciones compartido por la sociedad nicaragüense. “Todos contra el pacto” sería una reedición de la fórmula “Todos contra el FSLN” que llevó al poder a Violeta Barrios de Chamorro en 1990 para desembocar en la crisis actual.

ENFRENTAR LA TAREA QUE HEMOS EVADIDO
DESDE HACE 200 AÑOS

No hay salidas fáciles para Nicaragua. Y ciertamente, no existe una salida para el país que obvie la necesidad de enfrentar la tarea que hemos evadido durante casi doscientos años de vida independiente: pensar políticamente a largo plazo, con visión de nación, con sentido de historia, con conocimiento del mundo dentro del cuál operamos y, sobre todo, con valores y principios que anclen, normativamente, a nuestro Estado y a nuestra sociedad.

CATEDRÁTICO DE CIENCIAS POLÍTICAS EN CANADÁ.
COLABORADOR DE ENVÍO.

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