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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 181 | Abril 1997
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Guatemala

La paz está sobre una bomba

Tres meses después de firmada la paz, un análisis propuesta sobre la realidad guatemalteca es el contenido de la Declaración que el 10 de marzo publicó la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala sobre los problemas socioeconómicos y sus alternativas. Reproducimos íntegramente este importante texto, añadiéndole subtítulos.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala

Estos primeros meses de 1997, en que por primera vez tres generaciones de guatemaltecos vivimos sin conflicto armado interno, no han sido, como hubiéramos querido, de gozo, ni de armonía, ni de felicidad. Una sensación de angustia, miedo y penurias se ha acentuado entre grandes conglomerados del pueblo. Esto se debe a que la economía familiar sigue siendo severamente castigada con el aumento de los precios de los alimentos y los servicios básicos, y a que las fuentes de empleo son escasas y están mal remuneradas. Por otra parte, los derechos fundamentales de las personas siguen siendo mancillados. Prácticamente no existe un lugar en que alguien se sienta seguro, y a salvo de los robos, los secuestros, las amenazas y la agresividad.

Cultura de violencia

El conflicto armado como fuente de violaciones de los derechos humanos ha concluido, y debemos de certificar con satisfacción que en nuestra Oficina no se reportó durante 1996 ninguna desaparición forzada. Asimismo, hubo una disminución notable en las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas y amenazas por razones políticas. Sin embargo, lo que heredamos de estos 36 años de conflicto es una cultura de violencia, intolerancia e impunidad, que se anidó en los aparatos contrainsurgentes del Estado y que se ha extendido a los agentes y ex agentes públicos, así como a civiles particulares.

Justicia desvalida

La principal limitación hoy día para combatir el crimen organizado, que asola sin discriminación a la población entera, se ubica en el sistema de prevención, persecución y juzgamiento de los delincuentes, pero no sólo de aquellos que ejecutan los actos criminales, sino también de quienes los ordenan.

El gobierno ha dado pasos en el sentido correcto desarticulando bandas organizadas del crimen común, pero la forma con que se ejecutan, no sólo no contribuye a una cultura del derecho y la democracia, sino que imposibilita el procedimiento jurídico establecido. Eso es peligroso porque contribuye a exacerbar la anarquía y las soluciones violentas. Un Estado de Derecho no se puede constituir permitiendo que el 20% de la población adulta, civiles particulares, porten armas y de éstas, el 10% se porten ilegalmente. A muchos patrulleros civiles y especialistas del ejército dados de baja se les ha permitido mantener sus armas.

Una sociedad que construye la paz no puede alentar linchamientos callejeros cotidianamente uno cada cuatro días en los últimos dos meses incluso de mujeres. ¿Qué aberración es ésta, que la sociedad se tenga que volver delincuente torturando, masacrando, golpeando con saña para castigar ejemplarmente a reales o supuestos delincuentes? ¿Hacia qué estado de barbarie estamos caminando? Por aparte, la lucha contra la impunidad y el desmantelamiento del “Estado paralelo” de mafias enquistadas en los aparatos de inteligencia, aduanas y otros, tiene límites políticos bien claros, establecidos por intereses de grupos. El sistema de justicia, ante ellos, está desvalido.

¿Qué "seguridad"?

Necesitamos un sistema de justicia integral. La seguridad empieza en el estómago, con los satisfactores básicos. Un pueblo sin protección social, sin una base material sólida que le abra un horizonte de vida, es un pueblo que camina a la deriva. Y en un camino sin norte la solidaridad se pierde y los valores cristianos se de gradan, así como todos aquellos valores dignos de llamarse universales. El desprecio a la vida de que hacemos gala los guatemaltecos y que antes achacamos sólo al Estado es el dato más alarmante de nuestra autodestrucción como sociedad.

Por eso urge replantear enteramente el enfoque de seguridad que está prevaleciendo. Una vez más lo urgente está posponiendo lo importante. No es creando una guardia pretoriana como vamos a ganar seguridad. Tampoco castigando el hurto con leyes ubiquistas* como vamos a escarmentar a los ladrones. Ni creando jueces sin rostro como vamos a lograr que los tribunales funcionen. Tampoco imponiendo penas de muerte cesarán los secuestros. No es “matando el perro como se acaba la rabia”. (*Alusión a la arbitrariedad y crueldad de las medidas del General Jorge Ubico, Presidente de Guatemala en los años 40).

Si bien es cierto que necesitamos una policía eficaz, un Ministerio público eficiente y jueces probos y capaces, hay que tener cuidado de caer en las tentaciones autoritarias. La técnica se vuelve contra los seres humanos si pierde su sentido de servicio y si sólo queda como instrumento de poder. En un país enmarañado todavía por el militarismo eso tendría un efecto regresivo muy peligroso. Igual que atacar y disminuir la libertad de prensa.

Un millón de desarraigados

Ahora bien, aunado al estado de psicosis por la inseguridad ciudadana, el pueblo sufre una inseguridad laboral y magros ingresos, lo que genera un estrés familiar que repercute en tensiones y violencia domésticas. De cada diez trabajadores, menos de tres tiene un empleo seguro. Los empleados tienen un salario promedio de 890 quetzales al mes, pero en la agricultura es de sólo 420 quetzales. (1 dólar = 6 quetzales). Y ese ingreso es a todas luces insuficiente para adquirir los productos de la canasta básica, cuyo costo no baja de 1 mil 500 quetzales mensuales en la ciudad y 800 quetzales en el campo. Los datos oficiales de la inflación acumulada de los últimos cinco años dicen que los precios de las verduras, los granos básicos, los abarrotes, la carne de pollo y de res por libra, y los aceites se han incrementado en promedio más de un 70%. En cambio, las remuneraciones caminan lentamente.

Las actividades productivas, en la agricultura y la industria, han decaído. El trabajo en la costa sur ya no es alternativa para los campesinos del altiplano. Agregado a ello, la guerra ha dejado una población damnificada de más de un millón de personas que perdieron tierras, viviendas, enseres, cosechas, animales, y que viven con su dignidad dañada. La población desarraigada no ha sido tomada en cuenta en su magnitud real. Se requiere una política seria de resarcimiento de las víctimas del conflicto, no manipulada ni blandida para beneficios partidarios.

Ostentación y despilfarro

El pueblo honrado tiene que trabajar muy duro para sobrevivir. Las estadísticas oficiales dicen que para lograr los bienes mínimos de consumo familiar se requieren no menos de dos ingresos, así como jornadas laborales de doce y hasta quince horas, en condiciones de trabajo muy precarias, sin gozar de protección laboral (ni vacaciones, ni seguro médico, ni horas extras).

La gente sufre un desgaste físico y psicológico muy acelerado. Y sin embargo, en contraste, se nota en el país gran ostentación, un consumo suntuario excesivo y mucho dinero circulando. Gran parte de las actividades especulativas ofrecen dinero fácil, pero no resuelven el problema de inversión, empleo y ahorro. La especulación y el despilfarro tiene un costo para la economía, tanto en términos de rezago productivo y ocupación, como en términos de pérdida de capitalistas emprendedores y productivos, con compromiso social.

En fin, las manifestaciones depresivas de la economía, los graves desequilibrios del ingreso, la inflación acelerada, la falta de empleo, la precariedad de tierra para los campesinos y de mercado para sus productos; la restricción del gasto público a fin de resolver los déficit financieros; los retrocesos en los indicadores de alimentación, salud y medio ambiente; el deterioro de los servicios básicos de salud, educación, agua potable, vivienda, transporte, energía eléctrica y comunicaciones; la persistente impunidad, la ineficacia de las instituciones para prevenir, perseguir y juzgar a los autores materiales e intelectuales de los hechos criminales. Todo eso, en conjunto, está generando un peligroso clima de ingobernabilidad social, que anula y desborda los esfuerzos por construir la paz firme y duradera en nuestro país.

Se necesita al Estado

Las políticas actuales del Gobierno están sustentadas en una concepción de economía de mercado en la que el Estado debe jugar un papel subsidiario y facilitador. Sin embargo, no hay coherencia entre esta concepción y el deliberado esfuerzo de reducir y debilitar la capacidad reguladora del Estado, sin la cual la economía de mercado no puede funcionar sanamente.

La reforma del sector público es indispensable, pero no se limita sólo a reducir los costos laborales, aumentar las tarifas de consumo interno, subsidiar a grupos de interés y vender los activos nacionales. Se necesita un Estado capaz de crear consensos e impulsar una gestión económica en el corto plazo que sea compatible con los objetivos de una estrategia de desarrollo moderna, incluyente y equitativa. Para eso se necesita un Estado ágil, descentralizado, con espacios reales de participación y mecanismos de transparencia y control.

En Guatemala vivimos otra vez las consecuencias de la falta de capacidad de las élites de ponerse de acuerdo para dirigir al país mediante el método del consenso, y cargamos con una cultura autoritaria que ha debilitado a las instituciones civiles. Si seguimos el actual camino de volcar la política económica en favor de los grupos más dotados de recursos, el país entero estará seriamente amenazado hacia una regresión de la sociedad bajo la más pura “ley darwinista”, en la que sólo sobreviven los más fuertes.

Contra los monopolios

No se puede desarrollar la economía de mercado en Guatemala, sin emprender una estrategia efectiva para disminuir el poder de los monopolios y oligopolios. Los acuerdos con los grupos de presión y la protección de ciertos intereses económicos distorsionan el mercado e impiden el surgimiento de instituciones y reglas transparentes y estables. Muchos de los monopolios y oligopolios sobreviven no gracias a su mayor eficiencia sino por una mayor cuota de representación de sus intereses en el Estado. Una estrategia sostenible de desarrollo sólo se puede basar en un mercado eficiente y con igualdad de oportunidades para todos.

Es necesario que el gobierno haga un examen autocrítico y corrija las políticas económicas en marcha. Debe tenerse en cuenta que en este país, con una desigualdad social tan pronunciada, la aplicación de programas ortodoxos de ajuste estructural, que hacen recaer el costo sobre la población mayoritaria, tiene graves consecuencias de atomización, descomposición y devaluación de los valores que hacen a nuestra sociedad. A la vez, insistimos, es una poderosa bomba de tiempo que acumula una presión que, una vez liberada, es incontrolable.

La experiencia de la mayoría de países latinoamericanos que han tratado de seguir este mismo camino sobre estructuras sociales tan desequilibradas muestra que, aun cuando los indicadores macroeconómicos pueden crecer, eso no significa una mejoría del nivel de vida de la mayoría de la población. Desafortunadamente, tampoco es por la vía de la compensación social que el problema se resuelve; sólo cambiando la concepción del desarrollo se podría empezar a atajar.

Impulsar una estrategia de desarrollo sostenible requiere de un Estado fuerte, y quizá no grande. Fuerte porque es consciente de las prioridades de una nación multiétnica y pluricultural, y es capaz de suscitar el consenso entre las fuerzas sociales. Lo que se requiere es sreconstruir la maquinaria económica y ponerla al servicio del desarrollo humano, sobre todo de los más débiles y necesitados.

Receta neoliberal fracasa

En Guatemala no es factible impulsar el paradigma neoliberal que asegura que con mayor apertura comercial, más privatización de los activos públicos y mayor reducción de la carga fiscal directa, habrá más incentivos para el capital, más inversión y empleo y disminución de la pobreza. Eso no es posible porque nuestro sector empresarial productivo está debilitado, nuestro capital humano está extenuado y nuestra cultura de inversión y ahorro interno es reducida.

El Estado no se puede limitar a mantener la infraestructura económica, y a dar una solución exclusivamente técnica a la inseguridad ciudadana mediante la fortificación de las fuerzas de seguridad e implementando una política contra el crimen más represiva. Eso sería volver al 19 de octubre de 1944.

La atención de la pobreza no se puede focalizar ni tratar mediante soluciones marginales. Tampoco los fondos sociales han resultado tan efectivos. El año pasado los fondos sociales apenas ejecutaron el 45% de su presupuesto de inversión. Entre ellos, FODIGUA sólo invirtió el 34%, FONAPAZ el 38% y el FIS el 9%. Por otro lado, la ayuda externa no va a resolver nuestros problemas pues en su mayoría son créditos que comprometen a las futuras generaciones.

La trampa de la ayuda

El tratamiento de la pobreza requiere un enfoque global, y eso sólo es posible revirtiendo la concepción de desarrollo que actualmente se nos impone. La gran trampa es que el presupuesto público y la ayuda del extranjero se ve absorbida cada día más por paliativos, sin que los problemas se resuelvan, y en cambio el déficit público y el endeudamiento abren otros hoyos y atentan contra los objetivos de la estabilidad económica.

La importante y valiosa cooperación internacional que se ha anunciado para los próximos años, en vez de venir a ser una solución, puede convertirse en parte del problema. Si bien es cierto, debido a nuestro retraso histórico institucional, productivo y de formación de ahorro, nuestro país necesita y seguirá necesitando ayuda externa, es indispensable revisar a fondo su modalidad de contribución al desarrollo. Muchas veces ocurre que si no se tiene un plan de desarrollo equitativo, la ayuda sustituye al plan, o bien reproduce las desigualdades.

La dependencia de la ayuda no favorece la búsqueda de soluciones basadas en el trabajo propio. El uso y la distribución de recursos, así como la política fiscal, se acomodan con gran facilidad a la cooperación, dificultando la coherencia de una política de desarrollo equitativa basada en los re cursos internos.

Gasto público, impuestos

Es importante reorientar el gasto público para que desempeñe un papel activo en el desarrollo del país sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Principalmente debe ir dirigido hacia actividades que generen empleo y tengan un bajo contenido de insumos importados, así como al mantenimiento y construcción de obras de infraestructura.

Además, se debe orientar a combatir los graves rezagos en alimentación, salud, vivienda, educación y desarrollo social. Y en tercer lugar, a establecer las bases del desarrollo científico y tecnológico para aumentar la productividad y competitividad de la pequeña y mediana empresa, las cooperativas y otras formas asociativas de base.

Es fundamental impulsar una reforma fiscal que haga progresiva la carga de impuestos a los ingresos y las utilidades de las empresas, y a la vez desgravar el con sumo y los ingresos de la población menos favorecida, así como las utilidades de las empresas que sean reinvertidas. Se requiere desestimular la especulación financiera, por lo que es sano establecer un impuesto a las ope raciones en la bolsa de valores.

Debe impulsarse una estrategia de negociación del pago de la deuda interna, a fin de aliviar la presión sobre el gasto público y poder destinar a programas de impacto social los ingresos únicos que pueden provenir de la venta de activos. Además, es importante crear condiciones para delegar la recaudación y participación en el gasto de las regiones, a fin de sustentar el impulso de programas de desarrollo regional y apoyo a las regiones más pobres, tanto indígenas como ladinas.

Urge una reflexión

Es importante promover una política que gradúe la liquidez en la economía, destinando el crédito interno a programas de crédito de largo plazo para las actividades productivas. El Banco de Guatemala debe convertirse en un instrumento real de política de desarrollo sostenible, y llevar una política cambiaria que evite devaluaciones bruscas y desincentive la fuga de capitales. Es urgente una política que lleve a la baja las tasas de interés, desenganchándolas de la necesidad de atraer capital especulativo.

Para que nuestro país sea viable no debemos olvidarnos del fortalecimiento del mercado interno. Y para ello es siempre importante revisar el nivel salarial de los trabajadores. Deben suspenderse los procesos de privatización en marcha, de la EEGSA (energía), GUATEL (telecomunicaciones) y otras, hasta que no estén sujetos a un marco que redefina el papel de las empresas públicas en el desarrollo y se discuta una amplia reforma administrativa. Y hasta que no se establezcan los controles ciudadanos, transparentes y efectivos, sobre el uso de los recursos públicos, a fin de impedir la corrupción, el dispendio y el fortalecimiento de los monopolios privados. Para ello se debe emitir y aplicar una legislación antimonopolios eficaz.

Debe definirse con claridad una política frente al sector agropecuario e industrial, teniendo en cuenta el desarrollo y asimilación de capacidades tecnológicas nacionales, que permita construir las cadenas productivas. Y para ello un paso indispensable es modernizar las relaciones de trabajo y uso de la tierra. Se requiere, por tanto, una política agraria integral acorde a las necesidades humanas inherentes a los agricultores y al sostenimiento y mejoramiento de los recursos naturales.

Consideramos que sin una reflexión más profunda sobre las opciones de desarrollo económico social y humano, discutidas abiertamente entre todos los sectores, la oportunidad de construir la paz puede, lamentablemente, perderse. La política económica actual es impulsiva y fragmentada, está divorciada de la política social.

Nunca otra guerra

A nadie le gustaría que en Guatemala se repitiera la historia de depresión económica y social, de desencanto y frustración que han pasado países vecinos como Nicaragua y El Salvador, que también salieron de conflictos armados cruentos. A nadie que quiera a este país y sus habitantes le gustaría que la exclusión económica y social diera paso a otra guerra.

A todos los guatemaltecos y guatemaltecas les decimos, como nos dicen los obispos en su carta pastoral "Urge la verdadera paz": “Es un deber urgente que todos trabajemos por la paz de Guatemala”. Y quisiéramos encarecer esta necesidad retomando las palabras del Papa Juan Pablo II, que nos manifestaba con singular clarividencia: "Una verdadera paz no es posible si no se promueve, a todos los niveles, el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, ofreciendo a cada individuo la posibilidad de vivir de acuerdo con esta dignidad".

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