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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 275 | Febrero 2005
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Nicaragua

Con cientos de miles de migrantes y sin políticas migratorias

Se van por falta de esperanzas y de expectativas. Y en el tránsito, en la ilegalidad, en la residencia y en el retorno son olvidados por el gobierno. Apenas existen. No están en los mensajes presidenciales. Ni en los diálogos nacionales. Y sólo de vez en cuando aparecen en las políticas públicas. Cuentan por las remesas que envían a Nicaragua, que explican mejor que ninguna otra cifra lo que hoy sostiene a nuestro país.

José Luis Rocha

Nicaragua es un país muy holgazán para ratificar acuerdos internacionales. Si sólo se tratara de suscribir, nuestros ministros y presidentes se abalanzarían, pluma en ristre, y no quedaría protocolo, convención ni convenio sin la flamante firma de Nicaragua. Pero como la ratificación implica convertir una convención internacional en ley nacional, y adecuar toda la legislación nacional a las disposiciones de la convención firmada, eso ya no resulta ni tan sencillo ni tan festivo.

NICARAGUA: MUCHO SIN RATIFICAR

De los 43 convenios internacionales que afectan a los migrantes de forma directa o tangencial, Nicaragua no ha ratificado 19, el 44%. En esta pereza legislativa le siguen El Salvador y Panamá, sin ratificar 18 y 15 respectivamente. A Guatemala le faltan 11. En cambio, México y Costa Rica sólo han dejado sin ratificar 8, no obstante ser México país de tránsito y Costa Rica receptor de migrantes. En Centroamérica, el récord de la negligencia legal lo tiene Honduras con 21 convenios no ratificados, cifra que palidece frente a los 32 no ratificados por Estados Unidos, campeón mundial en auto-legislarse y legislar a otros.

No ha tenido desidia legal el Estado de Nicaragua en ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, gesto que mira complacido el Tío Sam. Pero continúa renuente o perezoso para convertir en leyes con aplicación nacional, entre otros, el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; la Convención sobre el Estatuto de las Personas Apátridas; la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; el Convenio No. 97 de la OIT relativo a los Trabajadores Migrantes; el Convenio No. 143 de la OIT sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana contra el Tráfico Internacional de Menores; y la Convención Interamericana sobre Asilo Territorial.

LAS REMESAS SON LOS POBREDÓLARES

Cuando el gobierno de Nicaragua piensa en migrantes, abre la caja registradora calcula remesas. A veces, también piensa en la oportunidad de mitigar el desempleo. En Nicaragua, según una estimación de la CEPAL -que algunos suponen modesta- 320 millones de dólares en remesas procedentes de Costa Rica y Estados Unidos representaron ya en el año 2000 el 13.4 % del PIB y el 34% del valor de las exportaciones. Eso se ha incrementado.

El gobierno nicaragüense no tiene dificultad en percibir la oportunidad económica que representan las remesas enviadas por los emigrantes. Pero pocas veces se hace cargo de las violaciones a los derechos humanos asociadas al tránsito, al estatus de indocumentados, a la xenofobia y a las condiciones laborales y de acceso a los beneficios sociales de esos emigrantes. Algunos organismos multilaterales -seguidos por agencias de la cooperación internacional y ONG- se frotan las manos pensando en las inversiones que se pueden realizar con ese inesperado maná que desde los cielos estadounidense y costarricense envían los que en Nicaragua un infiernito vivían. Reforzando la estrategia neoliberal, organizan foros, financian estudios y convocan a diseñadores de políticas en cónclaves económicos para contar, pensar y soñar las remesas familiares, para organizar la promoción de microempresas con remesas o los fondos comunitarios y los programas 2 x 1: un dólar del gobierno central y otro del gobierno local por cada dólar de una asociación de migrantes. En Nicaragua -como en otros países sin muchas tablas de salvación- la esperanza está puesta en los pobredólares.

POBREDÓLARES:
SIN ROSTROS, SIN DOLORES Y SIN HISTORIA

Despojándolas de su carácter humano y revistiéndolas únicamente de su dimensión financiera, las remesas jamás son presentadas como lo que originalmente son: una impresionante manifestación de la solidaridad familiar y, en ocasiones, comunitaria. Mayor deficiencia, desde el marco de valores de quienes presumen de una lógica netamente financiera y muy racional, es el hecho de que poco y mal se piense en las políticas que requiere el cultivar esos pobredólares.

Para los hacedores de esas políticas, las remesas son eso: un maná. Un regalo providencial. Carecen de rostro, de dolores y de historia. Los migrantes que las envían son un accidente. Se van por su cuenta y riesgo y a veces regresan por cortesía del “aseguramiento” y “devolución” de los departamentos de migración que operan en los países de tránsito y destino. Las peripecias de estos miles de compatriotas, mujeres y hombres, son ajenas a los diseñadores de políticas, que no luchan enérgicamente por la regularización del estatus migratorio y los derechos elementales de los migrantes. Ante la inminente aprobación de la nueva Ley de Migración en Costa Rica -notoriamente criminalizadora de las migraciones- el gobierno nicaragüense cruza sus brazos o, a lo sumo, prepara los cuadros del Banco Central para contabilizar el nuevo flujo de remesas.

Otro ejemplo dramático, aunque ni Ripley lo crea: las personas responsables de las áreas de migración en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua desconocen la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, instrumento esencial de la ONU para garantizar a los migrantes el ejercicio de sus derechos.

La precarización laboral en que se generan las remesas tiene sus ganadores. Las empresas de los países de destino explotan una situación de inseguridad, y hasta contribuyen a reforzarla, porque les permite evadir sus obligaciones patronales. Aunque es obvio que una mejora en ese ámbito tendría un efecto positivo en el flujo de remesas de Nicaragua, el gobierno no construye soluciones de largo plazo. Ni siquiera por amor a las remesas, ya que no a quienes las envían.

AMNISTÍA: LO ÚNICO QUE APLAUDEN

En Nicaragua, los sucesivos gobiernos se han contentado únicamente con aplaudir las eventuales amnistías que nos llegan, más regaladas que gestionadas. Nuestro gobierno y otros gobiernos centroamericanos hacen fiestas con cada prórroga del Estatus de Protección Temporal (en inglés TPS). El TPS fue aprobado en 1998 y ha sido prorrogado por el gobierno de Estados Unidos en seis ocasiones. Es un programa que ofrece Washington a países afectados por desastres naturales o conflictos armados y que permite estadía legal a sus inmigrantes. El TPS fue concedido el 29 de diciembre de 1998 por el ex-presidente Bill Clinton a Honduras y Nicaragua con el fin de detener las deportaciones de sus imigrantes y así ayudar a esos países en la emergencia provocada por el huracán Mitch.

En noviembre de 1998, durante la celebración de la Cumbre Presidencial en San Salvador, el gobierno de Costa Rica anunció que otorgaría una amnistía general para radicar a todos los inmigrantes centroamericanos irregulares, ubicados en territorio costarricense. La oferta fue presentada como una contribución al alivio de la situación económica y social de los países y familias afectadas por el Mitch. Aplicado entre el 1 de febrero y el 31 de julio del año 2000, este régimen de excepción migratoria benefició a 155,318 inmigrantes, el 97% nicaragüenses.

Las guerras y desastres naturales han sido los grandes hacedores de amnistías. En cualquier caso, independientemente de su ocasión y sus autores, las amnistías son sólo un paliativo efímero y no abordan importantes aspectos de la problemática migratoria. Las amnistías obtenidas no eximen al gobierno nicaragüense de negociar políticas, en los países de tránsito y en los de destino, que apunten hacia soluciones de largo plazo. Tampoco lo eximen de gestionar una legislación nacional y programas coherentes con sus demandas internacionales que respondan a la diversidad de requerimientos y necesidades de sus ciudadanos que se van o que regresan.

MIGRANTES EN TRÁNSITO: GRAN INDEFENSIÓN,
EN ESPECIAL DE LAS MUJERES

Una gestión migratoria eficiente y coherente supone, entre otras cosas, la atención diferenciada de las diversas categorías de migrantes, distinguiendo su estatus o la etapa en la que se encuentren. No tiene los mismos requerimientos un migrante en tránsito que una en proceso de asimilación. La existencia o no de una barrera idomática, de una legislación más o menos xenófoba o de una brecha étnica acentuada en una u otra forma son otras variables en juego.

Los migrantes en tránsito requieren de especial atención. Mujeres y hombres que deciden abandonar Nicaragua son víctimas de abusos de las autoridades y de los delincuentes comunes. Diversos factores aumentan su indefensión y vulnerabilidad: el llevar algún dinero, necesario para los gastos de viaje y asentamiento; la necesidad de pasar inadvertidos, el desconocimiento de la geografía y el ámbito social y cultural por el que transitan, la incapacidad para reconocer a las autoridades y sus ámbitos de competencia, la ignorancia de sus derechos más elementales y la necesidad de recurrir a agentes poco escrupulosos que emplean medios ilegales y en extremo riesgosos para la vida de los migrantes.

Honduras, Guatemala y, especialmente México, constituyen la extensa frontera vertical que deben atravesar los nicaragüenses que se dirigen hacia Estados Unidos. A lo largo de su trayecto muchos son aprehendidos, desaparecidas, asesinados y prostituidas. Las más vulnerables son las mujeres. Es imprescindible que el gobierno nicaragüense, en conjunto con los gobiernos centroamericanos, negocie con México acuerdos que garanticen los derechos de los migrantes en tránsito. Guatemala es el único país del área que ha suscrito acuerdos interesantes con los mexicanos. La protección consular y la operativización eficiente de consulados móviles de los países centroamericanos a lo largo de la región podrían jugar aquí un papel destacado.

LAS BANDAS DE TRAFICANTES DE PERSONAS

La Conferencia Regional sobre Migraciones ha puesto énfasis en el combate al tráfico ilegal de migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha realizado estudios de caso sobre este tráfico, presentando a los migrantes como víctimas de los “coyotes” y sus redes, descritas insistentemente como vinculadas al narcotráfico y el crimen organizado.

Los estudios de la OIM insisten en que por todo el mundo operan bandas internacionales organizadas para el tráfico de migrantes. Nicaragua es un país de fácil tránsito debido a los acuerdos tomados por las autoridades migratorias nicaragüenses de eliminar los requisitos de visado a diversas nacionalidades. Sudamericanos y caribeños son los más numerosos: peruanos, ecuatorianos, colombianos, cubanos y dominicanos. Pero no faltan los africanos -nigerianos y somalíes- y los asiáticos -chinos, indios y nepalíes-.
En Nicaragua, el artículo 21 de la Ley 240 de Control del Tráfico de Migrantes Ilegales aprobada en noviembre de 1996, condena con tres meses de arresto y deportación a todo extranjero que ingrese al país de forma irregular. Esta ley establece penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de entre 10 mil y 50 mil córdobas aplicables a los traficantes. En la práctica, únicamente los traficados, y no los traficantes, han sido capturados, procesados y sancionados.

Actualmente, la Red Nicaragüense de Organizaciones de la Sociedad Civil para las Migraciones impulsa una reforma de esta Ley 240. Su propuesta es hacerla acorde con la normativa internacional, que no discrimina a los indocumentados para el ejercicio de sus derechos. Las motivaciones principales de esta iniciativa giran en torno a la consideración de la precaria situación que impulsa a los migrantes a buscar mejores condiciones de vida en el extranjero y al hecho de que, siendo Nicaragua un país emisor de migrantes, sería inconsistente mantener una política dual que defiende los derechos de los connacionales en el exterior y atropella los derechos de los migrantes extranjeros que transitan o se establecen en Nicaragua.

NO TODOS LOS COYOTES SON MALA GENTE

Ni siquiera los traficantes deberían ser subsumidos en bloque en una sola categoría. La asociación de los traficantes de personas con el narcotráfico no debe generalizarse. La insistencia en este vínculo, unida a otras afirmaciones criminalizadoras, tienden un velo sobre la realidad de que el tráfico ilegal de migrantes no está siendo llevado a cabo exclusiva ni mayoritariamente por redes de traficantes, sino en gran medida por gente que opera en forma aislada y poco sistemática, así como por familiares de los mismos migrantes.

Este hecho sugiere que una política adecuada no debe poner el énfasis en un combate indiscriminado a los traficantes. Se precisa un esfuerzo para diferenciar ese mundo heterogéneo de facilitadotes del tránsito, en el que encontramos desde simples vigilantes y conductores hasta guías que cubren todo el trayecto. Y aún entre éstos cabe distinguir entre quienes están motivados por el lucro y quienes realizan un servicio comunitario. La presentación de todos los traficantes en masa como individuos insertos en redes criminales de contrabandistas y narcotraficantes no hace otra cosa que hacerle el juego a las abusivas políticas de control migratorio y a la ideología criminalizadora de las migraciones que mantienen los países receptores.

Poco se dice que el tráfico ilegal y los traficantes prosperan cuando las barreras y los controles a la migración son más severos y criminalizadores. A más controles, mayores los costos que deben pagar los migrantes y peores los riesgos que corren durante su travesía. Mientras más férrea y de mayor cobertura es la vigilancia de las autoridades involucradas en el control migratorio, el tránsito debe realizarse por lugares más inhóspitos, donde los migrantes son frecuentemente presa fácil de los abusos y robos de delincuentes comunes o incluso de sus mismos baqueanos.

LOS RETORNADOS: UNA CATEGORÍA ESPECÍFICA
QUE DEMANDA POLÍTICAS ESPECÍFICAS

Los retornados -forzados o no- son otra categoría que merece políticas específicas. En esta área tenemos un precedente fatal. Las repatriaciones de nicaragüenses que a inicios de la década de los 90 siguieron a la firma de los acuerdos de paz y el cese del conflicto bélico encontraron al gobierno nicaragüense totalmente desprevenido, sin programas de reubicación y sin previsiones para manejar los conflictos sociales y ambientales derivados de la colisión entre los a veces abruptos asentamientos espontáneos de población y las directrices de ordenamiento territorial.

El retorno y repatriación de flujos importantes de refugiados -que no siempre pudieron dirigirse a sus lugares de origen porque con frecuencia sus viviendas y parcelas habían sido ocupados durante su ausencia o incluso reasignados por el gobierno- sorprendió al gobierno nicaragüense sin políticas adecuadas, recursos financieros ni infraestructura institucional. El asentamiento en zonas que ulteriormente han sido declaradas reservas forestales hizo de estos retornados un problema visible. El hecho de que entre esos retornados existiera una numerosa representación de poblaciones indígenas -mískitos y mayangnas- complejizó aún más la situación. A ello se añadió el problema de que algunos desalzados y sus familiares se asentaron en tierras que, además de haber sido demarcadas como reserva biológica, habían sido ocupadas tradicionalmente por mayangnas, ahora erigidos en guardabosques por la cooperación alemana. Entre los re-establecidos mayangnas y los nuevos asentados -más depredadores en su relación con los recursos forestales- surgieron brotes de violencia que una política previsora pudo haber evitado.

CUANDO LOS RETORNADOS SON DEPORTADOS

En los últimos años, dentro del grupo de retornados es previsible que los deportados adquieran mayor importancia. La tendencia hacia el endurecimiento de las legislaciones y controles migratorios de los dos principales destinos de los migrantes nicaragüenses -Estados Unidos y Costa Rica- hace prever un próximo incremento en el flujo de deportados.

Aunque Nicaragua ha sido un país menos afectado por las deportaciones y más beneficiado por las naturalizaciones en los Estados Unidos que sus vecinos centroamericanos, con el endurecimiento de las políticas migratorias de los países de tránsito y destino que convierten a México en un filtro muy estrecho y a los Estados Unidos en un expulsor más inclemente -factores a los que se agrega el aumento del volumen de migrantes-, es posible que las deportaciones se multipliquen.

En México, los nicaragüenses deportados han ido en aumento: 1,396 (2002), 2,043 (2003) y 1,564 sólo entre enero y agosto de 2004. Estas cifras palidecen frente a los deportados por México del resto de países centroamericanos en 2003: 81,361 guatemaltecos, 58,630 hondureños y 28,318 salvadoreños, datos que son sintomáticos de cuánto se han endurecido las políticas migratorias. Los controles se han reforzado significativamente en los últimos 30 años. México es la frontera vertical: filtra y merma el número de migrantes centroamericanos que buscan alcanzar los Estados Unidos. La cifra de nicaragüenses deportados es probablemente mayor, teniendo en cuenta que muchos centroamericanos se hacen pasar por guatemaltecos para no ser retornados tan al sur y, con menores costos, poder hacer un nuevo intento.

Entre 1998 y 2002, Estados Unidos naturalizó a 4.5 nicaragüenses y concedió la residencia a 14 por cada uno de los nicaragüenses que detuvo para ser deportados. En cambio, apenas dos salvadoreños y un guatemalteco fueron beneficiados con la residencia por cada uno de sus connacionales deportados. Aunque la posición relativa de Nicaragua -en el contexto centroamericano y en este ámbito- sea favorable, hay indicios de que las deportaciones de Estados Unidos tienden a aumentar. Esto debería hacer emerger el tema en la agenda estatal.

Entre 1992-1996 hubo sólo 1,585 nicaragüenses deportados de los Estados Unidos. Un promedio de 317 al año. Los nicaragüenses detenidos para ser deportados entre 1998-2002 fueron 5,026, un promedio de 1 mil por año. Esta cifra es insignificante comparada con los 12,728 hondureños, 11,215 salvadoreños y 7,934 guatemaltecos capturados para ser deportados anualmente en este mismo período.

LOS RETORNADOS: ¿BIENVENIDOS A CASA?

Pero no hay que olvidar que nuestro principal flujo de migrantes apunta hacia Costa Rica. En Costa Rica, las deportaciones de nicaragüenses se redujeron a 17 en 1998, después de haber alcanzado los 1,686 en 1996. Pero en el 2000 llegaron a 822. A ellos hay que agregar algunos de los rechazados, porque las autoridades de Costa Rica expulsan con frecuencia a nicaragüenses tramitando su repatriación considerándola como un rechazo, lo cual supone una ventaja, porque al rechazado, a diferencia del deportado, no se le prohíbe el ingreso a Costa Rica en los diez años que siguen a su expulsión. Según datos de la Dirección de Migración de Costa Rica, entre 1995-2000 fueron rechazados 308,942 nicaragüenses. En 2004 fueron rechazados 45,206.

En cualquier caso, la pertinencia de una política hacia los retornados en la agenda gubernamental no se deriva exclusivamente de la magnitud de su volumen y de su ritmo de crecimiento, sino de aspectos más cualitativos, como los problemas asociados a su reinserción, a la transferencia tecnológica, a la relación de las comunidades de retornados con el medio ambiente, a los cambios culturales que quienes regresan van introduciendo en las comunidades y a su participación activa en la dinámica social.

El Programa “Bienvenido a casa”existe en El Salvador desde 1999 y está catalogado como un programa de emergencia. Conocido formalmente como Programa de Atención a los Inmigrantes Salvadoreños (PAIS), “Bienvenido a casa” tiene por objetivo dar atención inmediata a los ciudadanos salvadoreños deportados de los Estados Unidos, asegurándoles su reinserción laboral y ofreciéndoles asistencia psicosocial y atención médica.

Este programa es también un modelo de concertación de actividades complementarias efectuadas por diversos organismos, pues se estableció en el marco de una comisión integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el del Interior, la OIM, la Universidad Don Bosco, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Catholic Relief Services, el Arzobispado de la Iglesia Católica, la Iglesia Americana de El Salvador y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Algo así se podría emprender en Nicaragua. En el futuro, una política de repatriación, con ofertas atractivas para que los migrantes regresen y se inserten de forma productiva en el país podría ayudar a recuperar el capital humano una vez perdido y ahora posiblemente acrecentado con los conocimientos adquiridos en el extranjero.

NICAS EN COSTA RICA :
MIGRANTES QUE SON TRABAJADORES TEMPORALES

Estudiosos de las migraciones calculan que en el año 2000 alrededor de 105 mil nicaragüenses migraron temporalmente a Costa Rica. Esta cifra ha ido creciendo año con año. Se estima que sólo el sector agroexportador agrícola costarricense absorbe estacionalmente a 60 mil trabajadores nicaragüenses. Acuden durante las temporadas de corte de caña, café, banano, melón, etc. Se ha llegado a estimar que el 75% de las labores agrícolas en Costa Rica las realizan trabajadores originarios de Nicaragua. Las fincas bananeras suelen depender de un 40% de mano de obra nicaragüense.

El académico argentino y también funcionario de la OIM, Lelio Mármora, al analizar la oferta laboral migrante, distingue entre mano de obra supletoria (migrantes que desempeñan oficios en los cuales no existen suficientes nativos calificados), complementaria (migrantes que ocupan plazas que los nativos desprecian en busca de mejores posiciones), adicional (migrantes que aceptan empleos que los nativos rechazan debido a su baja remuneración), competitiva (migrantes que compiten por los mismos empleos que los nativos, cuando éstos podrían satisfacer la demanda) y marginal (migrantes que crean empleos marginales, ajenos al eje oferta-demanda).

La inserción laboral estacional de los nicaragüenses ha tenido históricamente un efecto supletorio, complementario y adicional en diversas ramas de la economía costarricense. En los cortes de café, la mano de obra de los migrantes nicaragüenses tiene una larga historia de suplir la escasa oferta de mano de obra costarricense. Desde 1960, el considerable aumento del área cultivada y el salto en la productividad de Costa Rica incrementaron la demanda de cortadores. En los años 80, los refugiados centroamericanos cubrieron esa demanda temporalmente. Al finalizar los conflictos armados, retornaron a sus países y la escasez de cortadores reapareció, con gran alarma de los empresarios costarricenses. La solución “permanente” vino de los migrantes nicaragüenses.

Las afirmaciones indiscriminadas que resaltan el papel negativo de la mano de obra nicaragüense, aduciendo supuestos efectos competitivos o incluso marginales, carecen de fundamento. El gobierno de Nicaragua debe apelar al tipo de inserción y de efecto sobre el mercado de trabajo de los migrantes nicaragüenses para que el gobierno de Costa Rica no adopte políticas migratorias simplistas aconsejadas por la peligrosa correlación bruta entre el número de inmigrantes y el número de nativos desempleados.

COSTA RICA-NICARAGUA:
DIVERSAS INICIATIVAS

Entre Costa Rica y Nicaragua se han producido intentos que van más allá de las amnistías migratorias. Con pretensiones de fuerte impacto y alcance en el tiempo, el Ministerio del Trabajo, bajo la administración de Calderón Fournier, estableció un Convenio Marco de mano de obra migrante 1993. Los sujetos de dicho convenio fueron los trabajadores nicaragüenses temporales del sector agrícola, principalmente los cortadores de café y caña de azúcar. En consideración a que apenas el 10% de los trabajadores estacionales nicaragüenses migraron acogiéndose a este convenio, fue extendido al sector de la construcción y al del trabajo doméstico.

Posteriormente, dentro del mismo convenio, la administración de José María Figueres creó la Tarjeta laboral (decreto no.141 del 26 de julio de 1995), destinada a regularizar principalmente la mano de obra nicaragüense empleada en labores agrícolas estacionales. En poco más de un año, 27,300 nicaragüenses tramitaron en la Dirección General de Migración y Extranjería el pasaporte especial requerido para obtener la Tarjeta laboral.

En la práctica, la tarjeta no cumplió con sus objetivos. Los requisitos establecidos para su tramitación redujeron sustancialmente el número de beneficiarios. La mayoría de los nicaragüenses carecían de certificados de nacimiento originales u otra identificación, indispensables para el pasaporte especial. El proceso lento y complicado de estos trámites elevó los costos de transacción. Esto fue reforzado por el hecho de que los empleadores costarricenses no ofrecieron ventajas a los trabajadores que migraban en el marco del convenio sobre quienes lo hacían de forma irregular. Convencido de su ineficacia, el gobierno de Costa Rica decidió suspender el convenio en 1997. ¿Es imposible reactivar este convenio, mejorando algunos de sus dispositivos, tras las lecciones aprendidas?

La promoción de permisos temporales, en el marco de una regulación de las migraciones estacionales, podría proporcionar a los migrantes una oportunidad de trabajo, ingresos y protección social libre de las tensiones y riesgos que la condición de indocumentados entraña durante el tránsito y la estadía. A los empleadores se les facilitaría una mano de obra adecuada y oportuna, bajo el compromiso de cumplir con sus obligaciones patronales. Nicaragua instalaría los canales para satisfacer la demanda de empleo de sus pobladores y podría garantizar que los derechos de sus connacionales sean respetados. Costa Rica, Estados Unidos, o incluso Canadá y otros países, podrían satisfacer su demanda de mano de obra y ofrecer igualdad de condiciones a nacionales y extranjeros, ahorrando los recursos antes invertidos en controles migratorios.

Adicionalmente, el gobierno de Nicaragua podría velar por el acceso a diversos servicios de los nicaragüenses que migran temporalmente. No seríamos los primeros en intentarlo. En Guatemala existe un programa implementado por varios organismos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social impulsan el Programa de Protección Social al Trabajador Agrícola Migrante. Con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, este programa se propone dar satisfacción a la demanda de servicios de salud de los trabajadores temporales en los lugares de origen y de destino. Hasta el año 2002, el programa beneficiaba a 50 mil trabajadores migrantes, a sus esposas e hijos menores de cinco años.

MIGRANTES YA ASENTADOS:
¿QUIÉN RESPONDE A SUS PROBLEMAS?

En Costa Rica, el censo del año 2000 registró 226 mil 374 nicaragüenses residiendo en ese país. La cifra no incluye a los indocumentados y los migrantes estacionales, sino únicamente a los migrantes que declararon haber residido o planeaban residir por más de seis meses en el país. Por esto, y porque el censo tiende a ser evitado por los indocumentados, la presencia de nicaragüenses debe ser calculada en cifras mayores. Entre 1984-2000 los nicaragüenses pasaron de representar el 1.9% a casi el 6% de la población total de Costa Rica y del 51.62% al 76.36% de los extranjeros en ese país vecino. En algunas provincias costarricenses, el peso de los inmigrantes nicaragüenses supera con creces al promedio nacional. Destacan Alajuela y Guanacaste, donde los nicaragüenses son el 88.6% y el 86.8% respectivamente de los extranjeros. En Alajuela son casi el 8% del total de habitantes y en San José cerca del 7%.

Barrios como La Carpio, en San José, ya se han convertido en territorios nicaragüenses. Según el censo nacional costarricense de 2000, de sus 13,866 habitantes el 49.1% eran nicaragüenses. El número de los migrantes que se asientan en Costa Rica va creciendo, no así el ejercicio de sus derechos. Diversos estudios han demostrado que con frecuencia los patrones no reportan a los migrantes a la Caja Costarricense del Seguro Social. Las denuncias de estas anomalías son mínimas porque los nicaragüenses indocumentados asumen que su situación migratoria irregular los excluye de los beneficios de la seguridad social. La Caja da cuenta de que el 40.5% de los nicaragüenses registrados por el censo de 2000 -con más de seis meses de residir en Costa Rica- no están asegurados.

Esta situación es más grave para las mujeres, situadas en la base de la pirámide laboral y expuestas a salarios inferiores. Las mujeres nicaragüenses que trabajan en el servicio doméstico en Costa Rica reciben casi 32% menos salario que sus colegas costarricenses. Muchas de ellas viven durante años sin documentos, prácticamente recluidas en sus centros de trabajo, porque ni siquiera disponen de los documentos que las acreditan como ciudadanas nicaragüenses.

Son muchos los problemas que enfrentan los migrantes asentados: elevados costos de los servicios consulares, discriminación, problemas de adaptación sociocultural, escasa comunicación con sus familiares, carencia de documentos, informalidad laboral, bajos salarios, etc. Muchas también pueden ser las soluciones. Los consulados podrían ofrecer variados servicios con apoyo de la sociedad civil: información, tramitación de cédula de identidad y permisos, fomento de organizaciones de migrantes, denuncias antes el Ministerio del Trabajo y la Defensoría de los Habitantes, etc. Existen experiencias exitosas de los consulados de otros países centroamericanos. El Programa de Atención de Comunidades de Salvadoreños en el Exterior, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, pretende facilitar mecanismos de comunicación, trabajo conjunto y protección del gobierno salvadoreño a sus coterráneos.

EL ESPÍRITU MORAZÁNICO
HA QUEDADO REDUCIDO AL CA-4

Un grupo especial entre los migrantes son los migrantes de las regiones fronterizas. El fomento y aprovechamiento productivo de las llamadas comunidades transfronterizas debe ser un punto de agenda en las negociaciones binacionales. La región fronteriza binacional de Nicaragua y Costa Rica
-Rivas y Río San Juan en Nicaragua, el Guanacaste en Costa Rica, los poblados de Cárdenas y Los Chiles y tantos más- es paradigmática en este sentido. Sus pobladores, independientemente de cuál es el lado de la línea divisoria en que tienen su domicilio, comparten familiares de ambas nacionalidades, relaciones comerciales y uso de los servicios estatales y privados de ambos países. El reconocimiento formal de esta situación, que ha consagrado un espacio binacional fecundo en interrelaciones, es un peldaño elemental para multiplicar sus beneficios y allanar el camino hacia otros acuerdos.

Desafortunadamente, Costa Rica sigue sin integrarse siquiera a esa iniciativa funcional que es el CA-4, pese a las reiteradas invitaciones del resto de gobiernos centroamericanos. Según consta en actas de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), los funcionarios costarricenses suelen responder con agradecimientos y con un “no es tema de agenda de nuestro gobierno”. El CA-4, el gran logro del que se ufana la OCAM, está orientado a facilitar la movilidad de centroamericanos valiéndose únicamente de la cédula de identidad y sin requerimiento de visa.

Por lo que toca a las migraciones, la cacareada integración regional no va mucho más allá. El espíritu morazánico quedó constreñido al CA-4 y sin posibilidad de ser un CA-5, o un CA-7 que incluiría a Costa Rica, Panamá y Belice. Los gobiernos centroamericanos sí se han unido para combatir a los traficantes de migrantes indocumentados, como manda y pagan los Estados Unidos. Pero no para ratificar de modo unánime y adecuar regionalmente la Convención internacional de protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares.

También reciben gustosamente el financiamiento de Estados Unidos para los Programas “Bienvenido a casa” en Honduras y El Salvador, aunque semejante patrocinador los convierta obviamente en Programas “Adiós a la casa ajena”. Pero no se ocupan de ensamblar un andamiaje formal a los mercados laborales regionales ya existentes. Nicaragua es uno de los países más rezagados en éste y otros aspectos, perezoso para firmar convenciones y para diseñar políticas para cada categoría de sus miles de migrantes.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Abundan -políticos y funcionarios de los países receptores a la cabeza- que temen que las convenciones y protocolos destinados a proteger los derechos de los migrantes se podrían convertir en un incentivo para una avalancha migratoria y en un espaldarazo para su situación irregular. Creen que esta legislación sólo sirve para que los indocumentados sean felices y crezcan exponencialmente. Y no perciben la complejidad de los problemas de cada categoría de migrantes. Quizás por ahí hay que empezar: cambiando esa opinión hasta que se convenzan de que los derechos humanos son el gran tema de las migraciones y de que esos derechos deben estar por encima de cualquier otra consideración económica, política, de soberanía, de ideología -la de la seguridad nacional-. Por encima de todo dique y de toda excusa.

INVESTIGADOR DE NITLAPÁN-UCA.
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.

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