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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 276 | Marzo 2005
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Nicaragua

"Debemos reclamar, con todas las voces, la reestructuración de la deuda interna"

Adolfo Acevedo, economista acucioso y comprometido de la Coordinadora Civil, instancia que aglutina a un centenar de organismos no gubernamentales, movimientos sociales, organizaciones comunitarias y personas a título individual, explicó a dónde habían ido a parar los recursos que Nicaragua ha obtenido tras el alivio del pago de su deuda externa en la iniciativa HIPC y propuso una campaña nacional por la reestructuración de la deuda interna, en una charla con Envío que transcribimos.

Adolfo Acevedo

"Cuando en la Coordinadora Civil comenzamos a investigar y a reflexionar sobre el Presupuesto General de la República, algunos compañeros decían: Estas cuestiones macroeconómicas son muy complicadas y no me interesan mucho. A mí lo que me interesa para mi trabajo es el tema de la niñez.” Y otros: “A mí me interesa el tema de la salud”. Y otros: “A mí el tema rural, la producción, los caminos rurales”. Esto sucede muy a menudo cuando informamos y reflexionamos sobre los grandes temas económicos. Pero esta percepción cambia cuando descubrimos cómo todos los temas sociales están interrelacionados con el tema del presupuesto y con los complejos temas macroeconómicos.

Hablemos, por ejemplo, de la niñez y de la juventud. En América Latina, Nicaragua tiene el mayor porcentaje de población en edad escolar de todo el continente. Más de la mitad de los nicaragüenses son chavalos y chavalas en edad escolar. En promedio, en América Latina la población en edad escolar es el 30%, en Nicaragua es el 55%. De los casi 3 y pico de millones de niños, niñas y jóvenes que componen ese 55% en edad escolar, casi un millón se queda cada año fuera de las aulas. En Nicaragua, 6 de cada 10 jóvenes en edad de asistir a secundaria no estudian nada. El nivel de escolaridad promedio en Nicaragua es de 4.6 años: Actualmente, el umbral para ser considerado analfabeta funcional es una escolaridad de 4 años. En las zonas rurales el nivel de escolaridad promedio es aún menor, de sólo 2 años. Y además, esos dos o cuatro años de escolaridad promedio, ¿a qué calidad de educación equivalen? Hoy las brechas educativas se están midiendo cada vez más ya no sólo por los años de escolaridad sino por la calidad de la educación recibida. Con la calidad que tenemos en Nicaragua, seis años pueden no equivaler ni a unoni a dos años.

Cuando alguien dice “me interesa el tema de la niñez y de la juventud porque son el futuro del país” y conoce estos datos y considera, además, que cada año se incorporan 90 mil nuevos jóvenes a la población en edad de trabajar y una mayoría no encuentra empleo y una mayoría no ha pasado por la escuela, la reflexión da un giro: realmente, ¿hay “futuro” en este país? Y al considerar este drama, ya podemos empezar a hablar del presupuesto. El gasto por alumno del Ministerio de Educación pasó de 84 dólares anuales en el año 2000 a 73 dólares en el año 2005. El 76% de las escuelas públicas de Nicaragua no reúne los requisitos más elementales para funcionar como centros de enseñanza.

La educación es un factor clave para la reducción de la pobreza. Cada año de escolaridad reduce sensiblemente la posibilidad de ser pobre. Según la CEPAL, el umbral mínimo para tener un 90% de probabilidades de no ser pobre es haber aprobado por lo menos la secundaria completa. Y actualmente, para conseguir los empleos bien remunerados -o al menos los decentemente remunerados- ya no te exigen sólo la secundaria sino la universidad y, cada vez con más frecuencia, te piden tener un postgrado. Se está produciendo una brecha enorme entre quienes tienen acceso a la más alta calificación y todos los demás, que son la mayoría.

Cuando hablo de esto a los empresarios, a la gente de más dinero, ya no les hablo de la importancia de la educación para reducir la pobreza. Porque me he dado cuenta de que no les importa. Siempre argumentan: “Pobrecitos los pobres, hay que aumentar el gasto social, pero cómo vamos a hacerlo si no hay recursos”. Comienzo entonces a explicar el problema en el lenguaje que mejor entienden: la importancia económica de la educación. La economía ha elaborado el concepto de “capital humano”. El “capital físico” son las empresas, las tierras, la infraestructura material. Durante mucho tiempo se consideró que acumular capital físico era la fuente del crecimiento de una economía. Hoy ya sabemos que una de las fuentes más importantes del crecimiento de una economía es el capital humano. Es el factor humano el que explica que una economía siga creciendo aunque ya no crezca su capital físico. El capital humano, determinante en el crecimiento económico, son los conocimientos, las habilidades, la escolaridad acumuladas. Son las capacidades para asimilar conocimientos y tecnologías. En América Latina ha habido mucha inversión en capital físico, pero el crecimiento de las economías ha sido mediocre. Y esto se explica por la escasa calificación del capital humano latinoamericano.

El principal indicador empleado actualmente para medir el nivel de capital humano de un país es doble: la escolaridad y la calidad de la educación. Ya está generalizada la consideración de que el país que no invierte en capital humano compromete el crecimiento de su economía. Igualmente, se ha asumido que los países, las regiones y las personas que en las próximas décadas no desarrollen una capacidad mínima para asimilar y desarrollar el conocimiento y las tecnologías se quedarán fuera. Con las tendencias que lleva, Nicaragua es uno de los países que se quedará fuera. Actualmente, los nicaragüenses que no encuentran oportunidades en su país se van a Estados Unidos y a Costa Rica a hacer los trabajos que ya no quieren hacer ni los estadounidenses ni los costarricenses. Dentro de 30 años, si no superamos los niveles de escolaridad que hoy tenemos y no mejoramos la calidad de nuestra educación, ni siquiera a esos trabajos van a poder aspirar.

Cuando Mario Arana era Ministro de Economía decía: “No digamos que nuestra fuerza de trabajo es barata, digamos mejor que es competitiva”. Digamos que ahora somos “competitivos” sólo porque tenemos una mano de obra barata, de baja calificación y desnutrida. Dentro de 30 años estas carencias ya no serán fuente de competitividad. Ya este año 2005, cuando se ha liberalizado totalmente el mercado textil mundial y se ha abierto el mercado norteamericano a los textiles chinos, nos tocará competir con una mano de obra que es mucho más barata que la nuestra. Y no nos quedará otra solución que reducir aún más el precio de nuestra fuerza de trabajo.

La única manera de tener una perspectiva diferente dentro de 30 años es invertir desde ahora en capital humano. En las famosas Metas del Milenio se plantea, en materia de educación, alcanzar en el año 2015 la escolaridad primaria para todos los niños y las niñas, una meta que Costa Rica alcanzó hace 35 años, Corea del Sur hace 40 años y los países desarrollados hace más de 100 años. Pues bien, en Nicaragua esa meta quedó desfinanciada en el presupuesto de este año 2005 en 50 millones de dólares. Tenemos un enorme rezago, lo mantenemos y nuestro rezago se va ampliando exponencialmente, porque la población sigue creciendo y la calidad de la educación sigue deteriorándose. Aún en el mejor de los casos, si lográramos la escolaridad primaria para todos, ¿tendría nuestra educación la misma calidad que tiene en Costa Rica? En Costa Rica los niños de las escuelas primarias rurales ya están aprendiendo a usar computadoras.

¿Y en el tema de la salud? Veamos algunos indicadores. Sólo el 40% de la población nicaragüense tiene acceso a los medicamentos esenciales. En el resto de Centroamérica, el promedio oscila entre el 70 y el 80% y en Costa Rica es el 90%. En Nicaragua, dos tercios del gasto en medicamentos lo asumen las familias y no el Estado, y esto es una verdadera tragedia en un país como el nuestro, donde el 80% de la población sobrevive con menos de dos dólares diarios, el 43% de esa población con menos de un dólar al día y 12.5% con menos de 50 centavos de dólar al día. En este contexto de miseria es la gente la que tiene que pagar los medicamentos de su propio bolsillo. Y si no tiene con qué, se muere. Y esto va a empeorar con el TLC, porque el TLC va a ir cerrándole posibilidades a los productos farmacéuticos genéricos, que son cuatro, cinco o diez veces más baratos que los medicamentos de marca, que son los que van a dominar el mercado.

¿Y el tema rural? Digamos sólo algo de los caminos rurales. El 80% de la red vial de Nicaragua la constituyen caminos rurales. La reparación de los caminos rurales tiene un costo aproximado de 50-70 millones de dólares al año. Más de 2 millones de personas viven en zonas rurales. Que los caminos rurales se estén desbaratando por falta de mantenimiento significa que hay comunidades enteras que están quedando cada vez más aisladas, más marginadas. Están allí los territorios de mayor pobreza, de mayor miseria. ¿Y cuál es el argumento oficial?

Que son pobres porque viven en territorios “sin potencial”. Y que sería muy oneroso invertir los escasos recursos del Estado en incorporar a esas poblaciones al desarrollo del país. Incorporarlas significaría reparar esos caminos, llevarles agua potable y energía eléctrica, llevarles educación y salud. Se argumenta que es mejor no incorporarlas sino abandonarlas para que así se vean obligadas a emigrar hacia los territorios “con potencial”. Tal vez buscan el modelo creado en el hondureño Valle de Sula, donde se despoblaron las zonas rurales y se crearon asentamientos urbanos infernales para surtir de mano de obra a las maquilas.

Por todos los caminos de los problemas sociales llegamos siempre al tema del presupuesto. Cualquier problema en el que hoy pensemos -el aumento de salario a los maestros, el acceso a crédito de los productores-, no se puede resolver si no pasa por el presupuesto. En Nicaragua nos mal acostumbramos porque hasta hace poco gran parte de la asignación de los recursos no pasaba por el presupuesto. Se negociaba con el gobierno por encima o por debajo de la mesa y se resolvía el problema. Ahora ya no es así, ahora cualquier gasto público tiene que aparecer en el presupuesto. La lucha por una sociedad más equitativa donde todos los niños tengan acceso a la escuela, donde tengamos acceso a los medicamentos, donde los ingresos se distribuyan un poco menos inequitativamente, pasa por ese instrumento económico que es el presupuesto. Si a través del presupuesto -que es el mecanismo que tiene la nación para asignar recursos y establecer prioridades- no invertimos en capital humano y no hacemos un esfuerzo sobrehumano en las próximas décadas por alcanzar un umbral mínimo de capital humano, Nicaragua y su población no irán a ninguna parte, se quedarán fuera.
¿Y qué es lo que está pasando actualmente? ¿Cuáles son las tendencias que observamos en el presupuesto nacional? La principal tendencia es muy preocupante. En los próximos años va a aumentar el servicio de la deuda interna. Y va a subir un poco más el servicio de la deuda externa. De tal manera que vamos a estar pagando casi 400 millones de dólares anuales en servicio de deuda pública. De ellos, casi 300 millones en deuda interna. Con este panorama, al que hay que sumar que el Estado va a tener que asumir el costo fiscal de la reforma a la seguridad social, ¿qué recursos quedarán para asignarlos a la educación y a la salud? La tendencia es a un mayor deterioro en la inversión en capital humano.

Entre 1994 y 1998, antes de que Nicaragua entrara por fin en la iniciativa HIPC para la condonación parcial de nuestra deuda externa, Nicaragua pagaba como promedio anual 284.5 millones de dólares por el servicio de su deuda externa. En el año 2003, después del alivio conseguido en la HIPC, pagamos 98 millones de dólares. Nos quedaron libres casi 200 millones. Este monto debería aparecer en el presupuesto y, según el “principio de adicionalidad” de la iniciativa HIPC, los recursos conseguidos con el alivio y liberados por la condonación, deberían haberse traducido en un gasto adicional al que ya se venía haciendo para la reducción de la pobreza. Pero al examinar el presupuesto 2004 lo que nos encontramos es que en programas sociales para la reducción de la pobreza se estaba gastando con recursos propios, incluyendo el alivio de la HIPC -supuestamente presupuestado- no más, sino menos: 7 millones de dólares menos que el año anterior. O sea que, en vez de estar gastando 200 millones más, se estaban gastando 7 millones menos. ¿Dónde estaba el alivio de la HIPC?

Los recursos que hubieran podido ser utilizados para cerrar la brecha de 50 millones en el ministerio de educación, la brecha de 50 millones de dólares en el ministerio de salud y la brecha de una cantidad similar para la reparación de los caminos rurales, ¿hacia dónde habían sido desviados? Más preocupante aún: el aumento en los recursos disponibles no sólo venían del alivio de la HIPC. También se había producido ese año un aumento en los ingresos fiscales, un incremento de unos 200 millones de dólares. La pregunta era aún más inquietante: ¿a dónde estaban los recursos del alivio de la HIPC y a dónde estaba un aumento tan sustancial en los ingresos fiscales?

La respuesta está clara: esos recursos se han destinado al pago de la deuda interna. Lo que en realidad explica lo que está sucediendo es que cuando el servicio de la deuda externa se redujo, se disparó el servicio de la deuda interna. Cuando antes del alivio de la HIPC pagábamos 284.5 millones de dólares anuales en servicio de la deuda externa, se consideraba que ese pago era insostenible y el gobierno decía que era ese pago el que impedía aumentar el gasto en educación y salud. Y decía también que con el alivio de la HIPC íbamos a aumentar el gasto en educación y salud. Pero no ha sido así. En los próximos años vamos a pagar 400 millones en servicio de deuda pública, 300 en deuda interna y 100 en deuda externa. Y no se ha aumentado en nada la inversión en capital humano.

Todo el tiempo el gobernante y sus funcionarios dicen: “Es que no hay recursos, no hay, no hay...” Y no hay porque para este gobierno la primera prioridad absoluta en la asignación de los recursos disponibles es el pago de la deuda interna. Gran parte de esta deuda es ilegal y está sirviendo para hacer más ricos a los que son los más ricos del país.
En Nicaragua tenemos una de las más injustas distribuciones de la riqueza en todo el mundo. América Latina tiene la peor distribución de la riqueza en todo el planeta. Nicaragua tiene una de las peores distribuciones en el continente y en el mundo. Ocupa el séptimo lugar entre todos los países por su injusta distribución del ingreso: el 20% más rico de las familias se apropia del 64% del ingreso nacional y el 20% más pobre sobrevive con apenas el 3% de ese ingreso. La brecha es enorme. Y para ponerlo peor, quienes concentran el ingreso no pagan lo que les corresponde en impuestos. Y muchas veces simplemente no pagan. La carga tributaria recae en Nicaragua, de manera desproporcionada, sobre los hombros de la gente con menores ingresos. Para disminuir esa brecha, deberíamos tener un gasto social que apuntara a redistribuir el ingreso hacia los sectores de menores ingresos. Ocurre lo contrario: el gasto social en inversión por habitante se está deteriorando, mientras la prioridad es el pago de una deuda interna que está enriqueciendo fabulosamente a quienes ya concentran la mayoría del ingreso.
Ante la comunidad internacional, el gobierno de Nicaragua se comprometió a emplear los recursos adicionales que obtendría con el alivio de la HIPC para aumentar el gasto social. Y el gobierno también hizo este compromiso con el pueblo de Nicaragua. Pero el gobierno no ha cumplido. Deberíamos seguir el ejemplo del Presidente de Argentina Néstor Kirchner, quien cuando propuso su plan de renegociación de la deuda -una operación financiera audaz y exitosa- declaró que él tenía dos deudas que pagar: una con los acreedores y otra, más enorme, con su propia población. Sintiéndolo mucho -dijo Kirchner- mi primera prioridad será pagar la deuda con la población. En Nicaragua, el gobierno está haciendo exactamente lo contrario.

La única manera de que podamos destinar a inversión en capital humano los recursos que nos hemos ganado después de tantos esfuerzos para entrar a la HIPC es reestructurar la deuda interna. Tal como lo está haciendo Kirchner. Lo primero sería que la parte de la deuda interna que es ilegal sea legalizada. Porque no se puede pagar una deuda ilegal. Al legalizarla, habría que asumir el compromiso de pagarla, pero a 30 años plazo y a una tasa de interés similar a la internacional, en vez de pagarla ya y a los altísimos intereses a los que fueron emitidos los bonos CENIS. La otra parte de la deuda se debería reestructurar -como se está haciendo en Argentina- a través de un canje “voluntario” de deuda por bonos. La “voluntariedad” consiste en aceptar que la deuda no puede ser pagada y que no será pagada en los términos establecidos. Partiendo de esto, habría varias opciones: pagarla a 30 años, a menos años, a muchos menos años... o no pagarla. Que los acreedores escojan la opción que prefieren. De hecho, esto es lo que ha hecho el Presidente Kirchner. No le competería al FMI oponerse a una reestructuración de la deuda interna. La razón detrás de una propuesta así es que en el caso de una deuda que se ha vuelto impagable hay dos responsables: un deudor irresponsable y un acreedor irresponsable.

En nuestro caso, el deudor irresponsable no es el pueblo de Nicaragua, sino el Banco Central de Nicaragua y el gobierno de Nicaragua. Mi hipótesis es que la operación de los bonos CENIS -parte sustancial, e ilegal, de la deuda interna que estamos pagando- ha sido la operación de saqueo del erario público más grande de la historia de Nicaragua. Hagamos algo de historia. Cuando los bancos -BANIC, INTERBANK y otros- entraron en problemas quienes manejaron estas quiebras bancarias en el gobierno de Arnoldo Alemán fueron Noel Ramírez, Presidente del Banco Central, miembro de la junta directiva de la Superintendencia de Bancos y con intereses en el BANPRO como accionista; Esteban Duquestrada, Ministro de Hacienda, miembro de la junta directiva de la Superintendencia de Bancos y miembro de la junta directiva del Banco Central hoy prófugo de la justicia; y Eduardo Montealegre, Canciller de la República, con intereses en el BANCENTRO. Los bonos CENIS emitidos por el gobierno para cubrir las fraudulentas quiebras bancarias quedaron principalmente en manos del BANPRO y del BANCENTRO. Y cuando Eduardo Montealegre negoció el actual acuerdo con el FMI siendo ya Ministro de Hacienda del gobierno de Enrique Bolaños colocó como primera prioridad de ese acuerdo el pago de la deuda interna. Fue también Montealegre quien acordó con el FMI desviar los recursos del alivio de la HIPC hacia el pago de la deuda interna. Es decir que pusimos al ratón a cuidar el queso....

Otros datos que aclaran esta operación de saqueo. Noel Ramírez, Presidente del Banco Central de Nicaragua en el momento en el que se contrajo la deuda, hoy diputado, miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y pre-candidato presidencial del PLC, es uno de los principales accionistas del BANPRO, banco que acapara el 90% de los CENIS, los bonos emitidos tras las fraudulentas quiebras bancarias a un 20% de interés. Esos bonos los emitió Ramírez cuando era Presidente del Banco Central siendo ya accionista del BANPRO. Tras las quiebras, el BANPRO adquirió el INTERBANK y el BANIC -que eran los dos bancos más grandes del sistema financiero nacional- y así el BANPRO pasó a ser el banco más grande del sistema. El BANPRO es también el banco que ha aparecido vinculado a todos los casos que por lavado de dinero involucran al ex-Presidente Alemán. En el caso del BANCENTRO -donde tiene intereses Eduardo Montealegre-, este banco estaba interesado en adquirir el Banco Mercantil (BAMER). Para acelerar su quiebra, al BAMER le retiraron los depósitos de las instituciones públicas, principalmente los del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. El INSS maneja sus depósitos en los bancos y si a un banco le retiran montos tan grandes el banco quiebra. El presidente del INSS de ese entonces, Martín Aguado -hoy prófugo de la justicia- fue empleado del BAMER y tenía una demanda de este banco por estafa. La operación fue así: el INSS le retira sus depósitos al BAMER, el BAMER quiebra, la Superintendencia lo liquida y se lo entrega al BANCENTRO, que se apropia de este banco sin pagar un centavo. Terminada la operación los depósitos del INSS ingresan al BANCENTRO. En esta operación el BANCENTRO se benefició también con bonos CENIS.

Esta operación tiene todas las características de una operación mafiosa. Los CENIS bancarios no tienen ninguna base legal y hay una resolución de la dirección legal de la Contraloría que así lo estableció. Los miembros de las juntas liquidadoras de los bancos quebrados fueron nombrados de manera ilegal. Toda la operación es ilegal.

Y después: ¿Quién en Nicaragua sabía que a partir del año 2001 comenzaba a recibirse el alivio de la HIPC? El Presidente del Banco Central, el Canciller de la República y el Ministro de Hacienda. Si yo fuera mal pensado, yo diría que esta operación fue para apropiarse del monto del alivio de la HIPC, que tanto sacrificio le costó al pueblo de Nicaragua.

En la Asamblea Nacional, los diputados hablan a veces contra la deuda interna y contra los privilegios de los banqueros, pero jamás harán nada. Noel Ramírez es figura destacada en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional. Y hay varios diputados vinculados al mundo bancario. En la Administradora de Pensiones del BANPRO había accionistas que eran testaferros de un diputado del FSLN. En el caso del PLC las complicidades son públicas. En el caso del FSLN pesa especialmente una estrategia electoral, que consiste en aparecer como moderados frente al gran capital. Por eso el FSLN tampoco va a tocar para nada el tema de la deuda interna.

Los bancos privados en Nicaragua son los privilegiados en el presupuesto. No sólo por el priorizado pago de la deuda interna. Los bancos privados le deben mil millones de córdobas al fisco porque pasaron muchos años sin pagar impuestos sobre la renta. No querían pagarlos y nadie se los exigía. Los ingenios azucareros son otros privilegiados: tienen ocho años de no pagarle impuestos al fisco porque, aunque tienen grandes ganancias, siempre declaran pérdidas. Cuando en la Coordinadora Civil hicimos la denuncia de los mil millones de córdobas que debían los banqueros, la Asociación de Banqueros en pleno vino a reunirse con nosotros. Nos explicaron que no pagaban porque ya pagaban otros compromisos legales que también tenían. Y yo les alegué: “Eso es como que yo dijera que no pago impuestos porque ya pago la factura de la electricidad”. No tenían ningún argumento sólido, pero andaban preocupados con nuestra denuncia. Para despreocuparse, después de reunirse con nosotros se fueron a reunir con Daniel Ortega, y ya salieron tranquilos de esa reunión, porque “dice el Comandante que tenemos razón”.

Son muchas las complicidades. Cuando la Dirección General de Ingresos se decidió a cobrarle a los bancos los mil millones en impuestos que debían, el propio Presidente de la República le prohibió a la DGI continuar con esa gestión de cobros. La decisión de la DGI sentaba un importante precedente, era una decisión inédita en nuestra historia. Y se le prohibió. Una clara violación de la Constitución por parte del Presidente Bolaños, porque su primer mandato es cumplir la Constitución y las leyes y hacer que sus subordinados las cumplan. La Coordinadora Civil introdujo entonces una denuncia ante la Contraloría General de la República para hacer que la Contraloría mandatara a la DGI reanudar el cobro de los impuestos a los bancos. Pero nuestra denuncia quedó paralizada porque las dos fuerzas políticas mayoritarias, el PLC y el FSLN, controlan la Contraloría. Otra complicidad: la dirección legal de la Contraloría emitió un dictamen estableciendo que los bonos CENIS por quiebras bancarias son ilegales y por tanto son nulos. Y por tanto no deben pagarse. Pero el dictamen está engavetado y ni el PLC ni el FSLN quieren hacer uso de él.

Son demasiadas las complicidades. Y las injusticias. El impuesto sobre la renta personal en Nicaragua recae exclusivamente sobre la renta de los asalariados, recae sobre sueldos y salarios y sobre los ingresos de las personas que prestan servicios profesionales. Y no recae sobre quienes tienen más recursos, porque los ingresos por CENIS están exentos y las ganancias de capital están también exentas. En la comisión técnica de la reforma tributaria de 2003 se propuso gravar los intereses de los CENIS. ¿Cómo explicar que a los asalariados se les quite el impuesto sobre la renta (IR) en la planilla y los intereses de los CENIS no paguen nada? Es un tema de justicia elemental. El gobierno rechazó la propuesta de gravar los CENIS y la Asamblea respaldó al gobierno. El único impuesto que pusieron entonces a quienes más tienen fue un 10% a cuenta del IR sobre los ingresos de los depósitos bancarios mayores de 5 mil dólares. Pero eso también es injusto. Porque una familia de las capas medias nicaragüenses puede tener un depósito de 6 mil dólares, y ese depósito son todos sus ahorros. Y le cobran por ese depósito el mismo 10% que a un gran inversionista financiero que tiene en la cuenta 600 mil dólares.

Es una gran injusticia porque el principio más básico en el impuesto sobre la renta de las personas es la progresividad. El 80% de los depósitos en Nicaragua corresponde a depósitos mayores de 15 mil dólares. ¿Por qué no establecer el techo en 10 mil y así dejar libres de impuestos los ahorros de la gente de los sectores medios y establecer una escala progresiva para los depósitos que sean de más de 10 mil? Es haciendo todas estas cosas, haciendo justicia, que se comienzan a generar los recursos que se requieren para empezar a invertir en capital humano. Pero, tal como están nuestras tendencias, si en el mejor de los casos lográramos aplicar todo el alivio de la HIPC al gasto social no sería suficiente. Mientras los sectores más ricos concentren tanto ingreso y no paguen lo que les corresponde jamás vamos a tener los recursos suficientes para lograr un capital humano calificado.

En los países europeos, la carga tributaria es más del doble que la nuestra. Y no de ahora. No es que cuando se desarrollaron duplicaron la carga tributaria. Sino que duplicaron la carga tributaria para desarrollarse. Pero en esos países los impuestos directos representan dos tercios del total de los impuestos. Especialmente, ese impuesto directo que es el impuesto sobre la renta personal. Porque quienes concentran el ingreso son las personas. Cuando se grava a una empresa, la empresa puede trasladar el impuesto. A quien hay que gravar es a la persona, que es quien se queda con la distribución final del ingreso. En Europa, la mayor parte del impuesto sobre la renta -que representa la mayor parte de todos los impuestos- es el impuesto sobre la renta personal. En Estados Unidos, antes de la reforma tributaria de Bush -que le redujo el impuesto a los ricos-, el 10% más rico de las familias pagaba el 30% de sus ingresos en impuesto sobre la renta personal. En Nicaragua pagan cero. Porque las principales fuentes de ingreso de las familias más ricas -los dividendos y las rentas financieras, las rentas por los CENIS- están exentas de impuestos. En la reforma tributaria del 2002 subieron la tasa del impuesto sobre la renta a las empresas, pero no se lo subieron a las personas naturales. Porque esto afectaría a muchos de los diputados y a sus allegados. Cualquiera de nosotros paga más impuesto por su renta personal que las familias más ricas de este país. Y esto no va a cambiar porque los diputados son parte de estas familias.

Resolver todas estas cosas de las que hemos hablado está en manos de la Asamblea Nacional. Cuando como Coordinadora Civil nos reunimos con la Asamblea para la discusión del presupuesto de 2005 les explicamos todas estas cosas. Sin embargo, en el presupuesto 2005 los diputados dejaron desfinanciados 600 millones de córdobas y esto causó una gran polémica nacional, tensiones, acusaciones, demoras en la aprobación del presupuesto. Y hasta la huelga de los maestros, reclamando, con toda justicia, un aumento de apenas 30 dólares en su salario. No se entiende por qué los diputados dejaron desfinanciados 600 millones de dólares si tenían en sus manos todos los instrumentos legales para cubrirlos. Podían haber legalizado la deuda por CENIS bancarios, ya que autorizar el pago de esa deuda es violatorio de la ley.

La salida era legalizarla. Reconocerla, pero establecer que se pagaría en 30 años y con intereses bajos. Podían también haber aplicado la ley de régimen presupuestario, que establece que los excedentes que tenga la Tesorería de la República al 31 de diciembre pasan como ingresos al presupuesto del siguiente año. En el año 2004 los excedentes de la Tesorería fueron 79 millones de dólares, que es más del doble de los 600 millones desfinanciados. Sobre este tema, el diputado del FSLN Bayardo Arce dijo primeramente que eso no estaba en la ley. Y cuando le demostramos que sí estaba, su respuesta fue que esa ley nunca se había aplicado. ¿Puede ser ésa una razón válida para no cumplir con la ley? Podían haber hecho también otras cosas. ¿Por qué los diputados no aplican una tasa progresiva a los intereses por los depósitos? ¿Por qué no le cobran el 30% del IR a los intereses de los CENIS? ¿Por qué las empresas maquiladoras que cambian de razón social para recetarse otros diez años de exoneración de impuestos no son demandadas por ese delito de defraudación fiscal? Los diputados tenían en sus manos todos los instrumentos legales para no dejar desfinanciados 600 millones en el presupuesto y no lo hicieron. ¿Por qué?

En el año 2004 la Coordinadora Civil denunció que el presupuesto nacional tenía una doble contabilidad: la proyección de ingresos tributarios que el gobierno había presentado al FMI tenía 1 mil millones de córdobas más que la proyección que aparecía en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. Lo descubrimos y lo podíamos probar: en un presupuesto se registraban los ingresos tributarios acordados con el FMI y en el otro, el presentado a la Asamblea, había ingresos de 1 mil millones de dólares menos. Descubrimos también que esos mil millones iban a parar al Banco Central para pagar la deuda interna. Comenzamos a hacer la denuncia: faltan mil millones en el presupuesto, faltan mil millones... Los medios de comunicación nos censuraban porque ubicaban nuestra denuncia en el enfrentamiento entre el Presidente de la República y la Asamblea Nacional y nos decían que si atacábamos el presupuesto presentado por Bolaños le estábamos haciendo el juego a los pactistas en la Asamblea Nacional. ¿Y a quién le hacíamos el juego si no denunciábamos lo que había pasado y lo que habíamos descubierto? Tardaron en creernos: ¿cómo van a faltar mil millones en el presupuesto y ningún otro economista lo dice? Tenían miedo de que lo que denunciábamos no fuera verdad. Pero seguimos hablando de eso. Con tenacidad y perseverancia hasta que logramos que nos creyeran. Logramos poner el tema en la agenda nacional, logramos que varios sectores se apropiaran del tema y que reclamaran recursos en nombre de lo que habíamos detectado. Logramos “volver locos” a los funcionarios del gobierno.
Finalmente, decidimos también viajar a Washington, a la sede del FMI, una delegación de la Coordinadora Civil -Violeta Delgado, Néstor Avendaño y yo-, a demandarle al Fondo, en nombre del pueblo de Nicaragua, dos cosas.

Que cesara la doble contabilidad en el presupuesto. Y que lo ahorrado por el alivio de la HIPC se registrara en el presupuesto y se empleara en reducir la pobreza. Cuando decidimos este viaje hubo un gran escepticismo. Nos decían que no íbamos a conseguir nada. Pero fuimos. Ninguna agencia nos dio el más mínimo apoyo. Sólo nos ayudaron los quákeros, que nos financiaron el viaje -pasaje, hospedaje y alimentación-. ¿Resultados de este esfuerzo que hicimos con las uñas? La misión del FMI que vino en septiembre 2004 a Nicaragua nos dijo que la doble contabilidad no volvería a darse en el presupuesto de 2005. Y el nuevo Ministro de Hacienda Eduardo Montiel nos dijo: “Estos señalamientos de ustedes demandando transparencia son las cosas que nos ayudan a nosotros. En el presupuesto de 2005 no volverá a pasar lo mismo”. Y ciertamente, en 2005 la proyección de ingresos tributarios es fundamentalmente correcta.

El problema de la deuda externa estuvo durante diez años fuera de nuestro control. Y la condonación total de la deuda externa sigue fuera de nuestro control. Con la deuda interna es diferente, ahí sí tenemos todo el control.

Hoy, el problema más grave que tiene nuestra economía es el de la deuda interna -que representa una carga desmesurada- y está en nuestras manos resolverlo. Está en manos de la Asamblea Nacional, en manos de la Contraloría, en manos del gobierno. ¿Cómo “volver loco” hoy al gobierno para reclamar que no se pague la deuda interna, que se reestructure? El resultado que obtuvimos al revelar la doble contabilidad y la falta de los mil millones nos anima a emprender ahora esta nueva campaña. Hay que poner ahora el tema de la reestructuración de la deuda interna en el centro del debate.

En los acuerdos del 12 de enero entre Bolaños y Ortega está aplicar íntegramente el alivio de la HIPC a la reducción de la pobreza. Ya logramos meter ese tema en la agenda del debate, aunque en el diálogo tripartito no se ha discutido ni una sola palabra sobre eso. En ese silencio hay para nosotros una lección. Es fundamental convencernos de que los cambios que necesitamos para que haya justicia, para que haya equidad, para que se invierta en capital humano, no van a salir del sistema político. Ni de ningún gobierno. Ni de ninguno de los muchos candidatos que ya hoy se están presentando. Estos cambios sólo saldrán de una ciudadanía fuerte. Dice el reciente informe de la CEPAL sobre la democracia, que propugna el paso de una democracia puramente electoral a la democracia de los ciudadanos y las ciudadanas, que donde hay una ciudadanía de baja intensidad hay una democracia de baja intensidad.

En Nicaragua hay suficientes recursos para atender las demandas sociales. El problema es que esos recursos se están invirtiendo en el pago de la deuda interna. No hay duda de que el gobierno es totalmente responsable de lo que está ocurriendo. Los partidos políticos son totalmente responsables. Y el FMI es también totalmente responsable. Y todos nosotros también somos responsables.

Debemos construir ciudadanía. Construir ciudadanía significa dar información económica a la gente. Compartirla, reflexionarla. La información es poder. Construir ciudadanía es empoderar a los ciudadanos. Es crear en la gente la conciencia de que en una república y en una democracia los dueños de la soberanía son los ciudadanos. En las monarquías absolutas el soberano era el monarca. No existían ciudadanos con derechos, existían solamente vasallos y súbditos que a lo sumo podían rogarle favores al soberano. El principio establecido por la revolución francesa fue la soberanía popular y el soberano pasó a ser el pueblo, que delegaba en algunos para que administraran el poder y los recursos.

En Nicaragua lo primero que nos sucede es que no sabemos lo que ellos están haciendo. Eso en economía se llama “asimetría de la información”. Sucede igual en las grandes corporaciones: los directivos, que son los administradores, hacen lo que quieren y los accionistas, que son los dueños, no se dan cuenta. Les mienten sobre los estados contables y los accionistas no saben. Igual en el gobierno: quienes hemos delegado para que administren nuestros intereses obran en base a sus propios intereses y no nos damos cuenta. Necesitamos estar informados, necesitamos controlar a quienes hemos delegado, necesitamos exigirles que nos rindan cuentas y hacer que escuchen nuestras voces. Con esta conciencia ciudadana, deberíamos emprender una campaña nacional, con todas las voces, demandando la reestructuración de la deuda interna. Si lográramos renegociarla, sólo con eso ya le habríamos dejado una fabulosa herencia a las próximas generaciones de nicaragüenses.

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