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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 178 | Enero 1997
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México

Gobierno Zedillo: derechos humanos en crisis

La campaña de amenazas y acoso contra los defensores de derechos humanos no tiene precedentes. ¿Objetivo? Restar prestigio y margen de acción a quienes denuncian el creciente autoritarismo represivo del gobierno.

Jesús Acosta

Han concluido ya los dos primeros años del gobierno de Ernesto Zedillo. Desde la perspectiva específica de los derechos humanos, podemos elaborar un balance general. Este es nuestro intento. Detrás de un significativo número de hechos represivos y de violaciones a los derechos humanos registrados en nuestro Centro a lo largo de estos dos años, vemos con preocupación que opera una estrategia de contención social y de guerra sucia contra opositores políticos y dirigentes sociales. Todo indica también que tal estrategia la dirigen entes ubicados en la sombra de la vida pública del país, incrustados en las instituciones del Estado y, aparentemente fuera de su control, que pasan por encima de la legalidad, del respeto a los derechos humanos y de las aspiraciones democráticas de la sociedad mexicana.

La guerra de baja intensidad que se desarrolla en Chiapas y sus repercusiones en otras regiones del país, los homicidios y matanzas en el estado de Guerrero, el amago y los secuestros de periodistas críticos, el acoso militar en las comunidades indígenas, las amenazas a defensores de los derechos humanos, la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos de violación a los derechos humanos y las reformas penales que ponen el riesgo el régimen de garantías individuales en México son apenas algunas facetas de un proyecto que, si algo revela, son las prioridades de un régimen en donde los derechos humanos no tienen preeminencia.

Intolerancia y autoritarismo

De acuerdo al registro realizado por el Centro Prodh, durante el período que abarcan el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y los dos primeros años de Ernesto Zedillo, el tratamiento dado al reclamo democrático de los movimientos sociales y de los sectores críticos y de oposición al gobierno, está fuertemente permeado por la intolerancia y por un cada vez más acusado autoritarismo.

En estos ocho años hemos contabilizado unas 500 acciones explícitamente represivas por año, dirigidas contra quienes, en diversas coyunturas y desde diferentes campos de lucha, han impugnado el proyecto oficial de nación y han buscado expresar su inconformidad frente a la exclusión y a la pérdida de derechos de la mayoría. Muchas de estas acciones represivas son ejecutadas directamente por pistoleros, guardias blancas, miembros del PRI, grupos de choque y paramilitares que, si en apariencia no guardan articulación orgánica con alguna dependencia oficial, sí actúan bajo el amparo de una estructura de poder institucional que, por omisión, tolerancia o involucramiento directo, les facilita la agresión impune. A lo largo de estos años los sectores más afectados por el uso recurrente de la fuerza por parte del gobierno han sido los campesinos, los indígenas y la oposición política.

Horizonte cerrado

Durante la administración salinista, fue frecuente el reclamo de los indígenas por la falta de atención a sus demandas y por el incumplimiento de las promesas oficiales. Recurrimos a todas las instancias y no encontramos verdadera voluntad de cambio. En esta frase se expresa el sentir de los indígenas ante la violación de sus derechos, la represión y la negociación que llegó en casos como el de la marcha Xi'Nich en 1992 apenas hasta una firma en un papel. El levantamiento armado zapatista en 1994 no fue sino la expresión violenta de los pueblos indígenas ante el cierre de canales institucionales que percibieron en el horizonte de sus luchas.

La obsolescencia de los medios institucionales para atender los reclamos políticos y sociales de la mayoría de la población mexicana, para brindar seguridad pública y para procurar efectiva y expedita justicia, ha dado lugar en los dos años de gobierno de Zedillo a la aparición de nuevos fenómenos de violencia armada y a la multiplicación de acciones en las que se toma la justicia por la propia mano.

Estrategia contra el EZLN

Frente al conflicto en Chiapas, la gestión zedillista ha estado marcada por la coyuntura que se abrió en febrero de 1995. Después de venir promoviendo un discurso de paz y apertura para el diálogo, el gobierno federal con el propio Presidente y el Procurador General a la cabeza anunció intempestivamente una ofensiva policíaca y militar contra el EZLN. El objetivo era capturar a las cabezas visibles del movimiento armado y en especial al Subcomandante Marcos.

Este operativo, planeado en la sombra y bajo la consigna de quienes conducen la seguridad nacional en México, fracasó. No sólo no detuvieron a la dirigencia del EZLN. Tampoco pudieron justificar la ofensiva, que pronto tuvieron que frenar ante la presión internacional y la movilización social de los mexicanos.

La ofensiva del día 9 de febrero de 1995 fracasó en el que era su objetivo público, la aprehensión de los líderes zapatistas. Sin embargo, sus objetivos estratégicos cerco y eventual exterminio del zapatismo armado se consolidaron.

La guerra no se detuvo. Planteada en términos de baja intensidad, a partir de entonces la guerra sólo perdió visibilidad. El ataque de febrero 95 contra los bienes indispensables para la sobrevivencia de la población civil de Chiapas, la manipulación del tema zapatista en los medios, el reforzamiento de efectivos militares y de vuelos de reconocimiento y patrullajes en Chiapas, buscando sembrar el terror entre los indígenas a la par de la cerrazón oficial en las negociaciones de San Andrés Larráinzar y el hostigamiento a los organismos sociales promotores de la paz en Chiapas configuran un proceso tendiente a fortalecer el aislamiento de todo movimiento zapatista, militar o político. Este proceso se plantea, implícitamente, como una antesala de la rendición, o de una posible ofensiva final contra el EZLN, que viene siendo preparada y justificada en forma continua y perversa ante la opinión pública nacional e internacional.

Zapatistas detenidos

El montaje publicitario con el que se pretendió justificar el avance militar sobre las posiciones zapatistas incluyó la detención de 23 ciudadanos en Cacalomacán, estado de México, en Yanga, en Veracruz y en el Distrito Federal, acusados todos por la Procuraduría General de Justicia de diversos delitos, incluyendo los de sedición y terrorismo. Las detenciones tuvieron fundamentos jurídicos tan endebles que bastó la actuación coordinada de un pequeño grupo de abogados, que aplicando estrictamente el derecho y desde una ética profesional intachable, desmontaron una a una las acusaciones formuladas por la Procuraduría, obligando, en combinación con la presión pública, a sucesivas liberaciones de los zapatistas presos.

Que consten los nombres de estos abogados: Pilar Noriega, Enrique Flota, Víctor Brenes, José Lavanderos y Digna Ochoa. Todos ellos conformaron esta defensa coordinada, desde el Area Jurídica del Centro Prodh.

A partir de entonces el proceso de diálogo se tornó escabroso en Chiapas. La desconfianza atraviesa cada uno de los encuentros, y los débiles acuerdos, aún sin concretar, parecen naufragar en un escenario en el que predominan la asfixia militar en las cañadas y la negociación de choque que llevan adelante los delegados del gobierno federal.

Al mismo tiempo, el gobierno del Estado ha buscado socavar el clima del diálogo y entorpecer este frágil proceso con hechos violentos contra movilizaciones indígenas, con tolerancia y apoyo a guardias blancas y a grupos paramilitares, con su aval a la virtual guerra civil en el norte de Chiapas, con amenazas a defensores de los derechos humanos y con el hostigamiento a los extranjeros que apoyan las diversas acciones de paz.

La autonomía indígena

Mientras todo esto ocurre, la reglamentación constitucional de los derechos indígenas se posterga.

Sin embargo, como invierno que espera la primavera, la autonomía indígena se ha ido convirtiendo, como afirmó Héctor Díaz Polanco del grupo parlamentario del PRD, en la columna vertebral de un programa político que recoge a la vez lo étnico, lo nacional y la urgencia democrática. La demanda del respeto a los derechos indígenas ha hecho converger voces antes dispersas en todo el país y ha dado unidad y consistencia a la lucha de los millones de indígenas que viven en suelo mexicano.

Una crisis no superada

A la rebelión indígena de Chiapas se sumó en diciembre de 1994 la devaluación del peso y el estallido de la peor crisis económica de México en su historia moderna. Con la crisis, el modelo económico neoliberal se quedaba sin la máscara modelada para él por el salinismo y se hacía patente su fracaso como opción de desarrollo válido. Ante la crisis económica y política, ante el grave peligro de una crisis social y ante la erosión de su legitimidad, el régimen cayó en la tentación de optar por el autoritarismo.

En los dos años del gobierno de Zedillo han asomado en la realidad nacional una serie de signos que apuntan al reforzamiento y pertrecho autoritario de quienes no están dispuestos, aun a costa de la paz y de la vigencia de los derechos humanos, a perder sus privilegios. Diversos fenómenos indican que el país, lejos de encaminarse a una salida democrática de la crisis, transita hacia la conformación de una forma estatal que reafirma sus rasgos autoritarios.

Contra el PRD

La virulencia con que fue tratado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y que se tradujo en cientos de asesinatos políticos de sus militantes, no disminuyó en los dos años del gobierno Zedillo. Las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, señalando que, en promedio anual, son más las muertes de militantes del PRD en la gestión zedillista que en la de Salinas, son una voz de alerta. Según Cárdenas, nos han matado a 75 perredistas por año en esta administración, mientras que en el sexenio salinista fueron 60 por año. Quizá ahora sea menos visible, pero los resultados son más graves.

En los dos años de Zedillo el índice de delincuencia aumentó de manera importante, con evidencia de que en el 60% de los delitos violentos que se cometieron en el Distrito Federal estaban involucrados policías o ex policías. Al mismo tiempo, proliferaron en las pantallas televisivas programas sensacionalistas que detallan sucesos de crónica roja.

Delincuencia tolerada

Las manifestaciones públicas de algunos funcionarios en el sentido de justificar penas más severas contra la delincuencia incluida la pena de muerte y el planteamiento inicial de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se sumaron como elementos de una posible estrategia de los grupos de poder para generar entre la ciudadanía el sentimiento de estar a la intemperie y en incertidumbre, llevándola así a demandar medidas de fuerza y a legitimar, incluso, modificaciones constitucionales que lesionan sus mismas garantías.

En nuestras sospechas, ha habido de algún modo aliento o tolerancia oficial en el crecimiento de la delincuencia, o hasta un franco involucramiento en ella, con el objetivo de que la respuesta social inducida facilite la labor de quienes quieren una sociedad mucho más autoritaria, frustrando así la transición hacia la democracia.

Violencia impune

La seguridad pública está siendo pervertida en su concepción de protección ciudadana y orientada a lógicas político represivas y por eso, está siendo descuidada peligrosamente. En los dos años de Zedillo, México conoció con estupor e impotencia los casos de las mujeres violadas sexualmente y asesinadas en Ciudad Juarez, Chihuahua, sin que se garantice mayor seguridad o se procure la mínima justicia.

En la otra frontera, en Chiapas, los cuerpos de seguridad pública han intervenido en la región norte para dar cobertura a dos grupos priístas armados, Los Chinchulines y Paz y Justicia. Entre estas dos fronteras, en Tijuana, en Sinaloa, en Tabasco, en Guerrero, en Oaxaca, en Morelos y en el Distrito Federal se multiplicaron otros muchos ejemplos de violencia e impunidad.

Tanto en el gobierno salinista como en el de Zedillo la violencia represiva se centró, según nuestros registros, en las entidades de Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Tabasco. Son Estados que, por la creciente desigualdad económica, el alto índice de conflictividad y polarización social que esto genera, la relevante participación social y política de miles de ciudadanos, y la posibilidad de expresión organizada o espontánea del descontento social, se convierten en enclaves geopolíticos para poner en práctica los esquemas de seguridad nacional y contrainsurgencia que actualmente operan en el país.

Ejército: peligroso papel

Ha distinguido también a la gestión zedillista el hacer intervenir al Ejército Mexicano en tareas civiles, como las de seguridad pública. Y el ocupar a efectivos castrenses en comunidades indígenas y en retenes carreteros por todo el país, con el pretexto de la búsqueda de armas, de narcos o de guerrilleros. La intensidad con la que se ha llevado adelante este proceso de militarización está conduciendo a la institución armada a un nuevo y peligroso papel y perfil político.

Derechos humanos: acoso

Finalmente, en los dos años del gobierno Zedillo se multiplicaron las amenazas y el acoso contra los organismos defensores de los derechos humanos. Aunque en el gobierno de Salinas se presentaron algunos agravios que pretendían inhibir este trabajo humanitario, el hostigamiento que han sufrido en la actual administración no tiene precedente y configura una campaña cuyo objetivo sería restar calidad moral y margen de acción a un movimiento que estaría llamado a convertirse en el principal impugnador de la estrategia de represión y control social.

Apenas en dos años, el gobierno de Zedillo ha conseguido ubicar a México entre los países en los que, según el juicio internacional, padecen mayor persecución los defensores de los derechos humanos.

Todos los caminos nos llevan a un preocupante balance.

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