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  Número 272 | Noviembre 2004
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Nicaragua

Por qué decimos NO a la ratificación del TLC

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION DEL APOSTOLADO SOCIAL DE LA PROVINCIA CENTROAMERICANA DE LA COMPAÑÍA DE JESUS POR QUÉ DECIMOS NO A LA RATIFICACION DEL TLC ENTRE ESTADOS UNIDOS CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA

Ismael Moreno, SJ

Después de un amplio debate entre diversos sectores, con argumentos tanto a favor como en contra, hacemos público nuestro convencimiento de que el texto actual del TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana no debe ser ratificado.

Estamos a favor de un proceso de negociación comercial en las Américas que sea muy cuidadoso de las grandes asimetrías o desigualdades de los países. Estamos a favor de un proceso gradual, que asuma la globalización de la solidaridad y no consagre la insostenible situación actual de miseria y pobreza masivas. Estamos a favor de un proceso de integración y pactos económicos y políticos entre los países de América Latina y el Caribe, que nos hagan más fuertes para poder negociar con Canadá y los Estados Unidos, así como con la Unión Europea y Japón. Estamos a favor de negociaciones globales en la OMC, que adopten un punto de vista equitativo.

El CAFTA + RD trata de la liberalización y de los derechos de las inversiones extranjeras directas, que son especialmente las de las empresas transnacionales y del capital financiero. Además trata de los derechos de la propiedad intelectual, de la liberalización de las compras gubernamentales, de profundizar la privatización de los servicios públicos, del libre paso y el derecho al trabajo de los ejecutivos y técnicos de empresas. Pero no se ofrece ninguna propuesta al fenómeno global de los trabajadores migratorios: libre paso, trabajadores temporales, trabajadores indocumentados en EEUU, entre otros. Además, la resolución de las controversias entre los Estados y las empresas queda en manos de paneles de arbitraje internacionales cuyos miembros serán nombrados por la OMC o el BM. Pero la resolución de las controversias laborales no se somete a la OIT ni tampoco se someten las controversias medioambientales al Protocolo de Kyoto, sólo porque EE.UU. no lo firmó.

Centroamérica puede hoy exportar a los EE.UU. azúcar, textiles o ropa, gracias a los privilegios concedidos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe o en el Sistema General de Preferencias. Y ha tenido que negociar el TLC con el riesgo de perder esos privilegios si la negociación no se consumaba. C.A. ha tenido que abrir sus mercados a los granos básicos que producen los EE.UU. mientras esta misma nación no ha aceptado negociar la disminución o supresión de los subsidios a la producción y la exportación de estos granos básicos. El CAFTA mantiene las barreras aduaneras no arancelarias (sanitarias y fitosanitarias) y C.A. se encuentra en situación de inferioridad tecnológica para cumplir con ellas. A todas éstas se añaden hoy las imprevisibles barreras antiterroristas.

Este no es el camino. Los Estados centroamericanos deben dotarse de leyes antidumping (contra los precios artificialmente bajos), que protejan su agricultura y fortalezcan la soberanía alimentaria, impidiendo la competencia desleal, en el mercado, de alimentos subsidiados con los producidos sólo con el sudor del campesinado.

No es negociable la concesión de la producción y de la distribución de medicamentos genéricos y su competencia en el mercado con los de marca, porque la salud y la vida de las personas están por encima de los derechos de patente de las transnacionales químicas, biogenéticas o farmacéuticas.

Cualquier TLC tiene que negociarse con vistas al libre paso de trabajadores, a los derechos de migración y a la mejora de la situación de trabajadores migrantes. Para que las personas no tengan necesidad de emigrar, los Estados más desarrollados deben poner al servicio de los menos desarrollados la tecnología que permita producir en forma más eficiente y eficaz, y capacitarlos para usarla. La transferencia de tecnología y el concatenamiento de las inversiones con el resto de la economía de nuestros países deberían ser requisitos normales exigidos por los Estados.

No se puede aceptar el presupuesto doctrinario no declarado de los TLC: que el Estado debe intervenir poniéndose al servicio no del bien común sino de las empresas transnacionales y de sus inversiones. Con la Doctrina Social de la Iglesia pensamos que también en el nuevo capitalismo de hoy “es deber del Estado proveer a la defensa y tutela de los bienes colectivos, como son el ambiente natural y el ambiente humano, cuya salvaguardia no puede estar asegurada por los simples mecanismos del mercado... Existen necesidades colectivas y cualitativas que no pueden ser satisfechas mediante los mecanismos del mercado (y) escapan a su lógica; hay bienes que, por su naturaleza, no se pueden ni se deben vender o comprar” (Juan Pablo II en Centesimus Annus, 1991). El agua, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, la educación, la seguridad social y las pensiones y jubilaciones son algunos de esos bienes colectivos

Los Estados centroamericanos podrán negociar mejor si apoyan la estrategia de integrar a América Latina y, desde la fuerza de la unidad, negociar con los EE.UU. y el resto del mundo en la OMC. El CAFTA + RD puede aún no ser ratificado y ser impugnado como inconstitucional. Por ello, nos unimos a muchos otros sectores centroamericanos para hacer más fuerte el NO y para que fortalezcamos la unidad de los pueblos en torno a hacer realidad el sueño de que “otro mundo es posible”.

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