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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 273 | Diciembre 2004
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Honduras

2004: balance de un año lleno de desengaños

Desengaña una campaña electoral vacía. Desengaña la opción represiva para enfrentar la delincuencia. Desengaña y desmoviliza la creciente actividad de muchos organismos de la “sociedad civil”. No queda más que resistir. Porque otra Honduras es posible... aunque parezca imposible.

Ismael Moreno, SJ

El año 2004 finaliza con la frustración de los hondureños al ver truncarse el camino de la Selección Nacional de Fútbol rumbo al Mundial 2006. Y aunque parezca un hecho de connotaciones sólo deportivas, la derrota de la Selección Nacional representó también el primer gran fracaso del ex-Presidente Rafael Callejas, Presidente de la Federación Nacional de Fútbol, quien a inicios del año se comprometió públicamente a orientar todas las decisiones para lograr la clasificación de Honduras en el Mundial. Una vez más, política y deporte se fusionaron en rostros e intereses de políticos y empresarios.

MUNDIAL 2006: PERDIÓ CALLEJAS

A lo largo de este año Callejas tuvo varias victorias. Logró ubicar a su principal apoderado legal, Ovidio Navarro, como Fiscal General de la República. Encontró la fórmula política mágica para poner fin al conflicto gobierno-magisterio, el de mayor envergadura y duración del año, el que puso en crisis profunda al gobierno de la República. Salió airoso con la decisión del Ministerio Público, que retiró para siempre los expedientes en donde se le acusa de malversación de fondos públicos y de abuso de autoridad mientras fungió como Presidente de la República. Llevar a la Selección de Fútbol a la mayor competencia mundial hubiese significado para Callejas el peldaño final para lograr uno de sus más acariciados sueños: una reforma constitucional para postularse a la reelección presidencial.

Callejas perdió en el fútbol y esto le complicó de pronto su ascendente carrera política. Si la Selección hubiese pasado a la siguiente fase en la ruta hacia el Mundial 2006, el conflicto destapado a comienzos de octubre en el Ministerio Público hubiese quedado aplacado bajo la bullaranga futbolera. No fue así, y el año termina con un Fiscal General profundamente cuestionado en su ética, en su independencia política y en su capacidad profesional.

Así como el año 2003 finalizó con una Corte Suprema de Justicia fuertemente cuestionada tras la valiente renuncia de la Magistrada Blanca Valladares, en señal de protesta por las dinámicas de corrupción, tráfico de influencias y politización que conoció de cerca en el máximo tribunal de justicia del país, el año 2004 finaliza dejando en entredicho dos instituciones creadas en la década de los 90 como resultado de la propuesta de modernización del Estado puesta en marcha justamente por el entonces Presidente Rafael Callejas: el Ministerio Público y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.

El Ministerio Público porque sigue la misma ruta de la Corte Suprema de Justicia y muchas otras instituciones del Estado: la subordinación a los políticos del sistema bipartidista y, en definitiva, a los intereses del gran capital. Y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos está en entredicho porque el gobierno decidió a comienzos de noviembre conformar una institución paralela con el fin de restarle fuerza a una institución que no se somete a las decisiones de los políticos. El estremecimiento que están sufriendo estas dos instituciones públicas se añade al de la Corte Suprema y expresa, por una parte, el desgaste de un gobierno que ya no tiene mucho por hacer en lo que le queda de tiempo, y por otra, el interés de un gobierno frágil en politizar todas las decisiones que tengan que ver con la justicia y los derechos humanos para así darle ventajas al partido oficial en las elecciones de noviembre 2005.

FISCAL: MISIÓN CUMPLIDA

Cuando el Congreso Nacional nombró en el mes de marzo a Ovidio Navarro como nuevo Fiscal General de la República, los diputados sabían que estaban haciendo un nombramiento político, y que había sido fruto de una negociación entre el lado oscuro del Partido Nacional, encabezado por Rafael Callejas, y el sector del Partido Liberal que controla el poderoso empresario sampedrano Jaime Rosenthal Oliva, quien tiene en su historial el control del Poder Judicial. Los diputados votaron por una fórmula que expresaba el resultado de una negociación entre los intereses económicos y políticos más mezquinos del país: el Fiscal General para el lado oscuro de los nacionalistas y el Fiscal Adjunto para Rosenthal Oliva.

De inmediato, el Fiscal General se dedicó a cumplir con su papel político. Comenzó su labor con la presentación de “pruebas” que negaban que en el país hubieran existido desaparecidos políticos, le dio la espalda a todos los juicios que tenían que ver con violaciones a los derechos humanos, eliminó de los archivos del Ministerio Público los expedientes de Callejas y reorganizó la institución para dejar fuera a los fiscales que conocían procesos vinculados con los derechos humanos y con demandas en contra de altos funcionarios de la administración pública.

REALIDAD Y ESPEJISMO

Maduro comenzó su gobierno con una importante cuota de poder, lo que le permitía un margen de maniobra frente a los partidos políticos, particularmente frente a los grupos que controlan su Partido Nacional. Se hizo de un equipo de trabajo que, más que por sus capacidades políticas, se distinguía por su capacidad técnica. El Ministro de la Presidencia, el de Gobernación, el de Educación y el de Salud, entre otros, conformaron desde el inicio el equipo del Presidente, junto a hombres más políticos y de partido, como el Ministro de Agricultura y Ganadería y el asesor de mayor confianza de Maduro, Ramón Medina Luna.

Todos estos hombres acompañaron a Maduro a lo largo de casi tres años en los que el país ha vivido entre la realidad y el espejismo. La realidad es el proceso de empobrecimiento y de pérdida de confianza de la población, y de abandono de las políticas sociales. El espejismo es la realidad inventada por el Presidente de la República, repleta de triunfos y aciertos que “por primera vez” se han visto en el país, comunicada sin cesar y sin piedad a través de una intensa campaña publicitaria.

Tras tres años de gobierno entre realidad e imagen, el Presidente ha sido abandonado a su soledad política. Su equipo, decidido a jugar a una administración técnica, acabó sometido a las decisiones políticas del lado más oscuro de su partido. Maduro termina el año sin su fiel Ministro de Educación, al que debió inmolar ante las presiones del poderoso movimiento magisterial y por presión del lado oscuro de su partido. Y termina aislado, con el resto de su equipo, de las decisiones políticas más importantes de su partido, sin otro camino que seguir en 2005 que el de su campaña de mentiras publicitarias.

CAMPAÑA PROSELITISTA

El año termina con la lucha feroz de las diversas corrientes de los partidos políticos, preparando las elecciones internas de febrero 2005, de donde saldrán electos los candidatos para las elecciones de noviembre. Se destacan los dos precandidatos del partido oficial: el alcalde de la capital, Miguel Pastor, y el Presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo. Los dos utilizan con el mayor de los descaros su puesto de funcionarios públicos para sacar ventaja. Una reforma a la Ley Electoral aprobada a mediados del año resultó finalmente en un instrumento coyuntural para que estos dos personajes de la política y de la vida pública, junto con los principales precandidatos del Partido Liberal, se afianzaran en sus posiciones dentro del poderoso y tradicional bipartidismo hondureño.

La cruzada para la aprobación de la pena de muerte -encabezada por el Presidente del Congreso Nacional y precandidato por su propio movimiento, Trabajo y Seguridad, para la Presidencia de la República- es parte de la campaña proselitista en las elecciones internas de los partidos.

A FAVOR DE LA PENA DE MUERTE

De todas las políticas y campañas publicitarias del gobierno, la más cuestionada ha sido la que mayores recursos ha recibido del gobierno: la de seguridad. Por esto, el tema de la seguridad es ahora asunto central en las campañas de los partidos, especialmente en el del gobierno. Aquí entra el tema de la pena de muerte.

En la campaña a favor de la pena de muerte se expresa el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Maduro. Y el Presidente del Congreso, y precandidato presidencial, buscando distanciarse del Ejecutivo, busca aprovechar el fracaso de Maduro. Porfirio Lobo centra su campaña en una propuesta de endurecimiento de las políticas represivas del Estado. La más radical de sus propuestas es la instauración de la pena de muerte, idea que calza en un país con una población agobiada de espanto. Pepe Lobo dice que Maduro fracasó en su política de seguridad porque fue demasiado tibio. Y propone fuego: enfrentar a la delincuencia común, a las maras y a los criminales con acciones policiales firmes que cuenten con un ordenamiento jurídico con castigos radicales.

Pepe Lobo aprovecha su alta investidura para lanzar una campaña publicitaria orientada a tocar el corazón de la gente más humilde, cansada de la violencia y ansiosa por hallar salidas rápidas y simples a los problemas de su propia inseguridad. El año termina con un ambiente muy favorable a aplicar medidas extremas para, por ejemplo, eliminar físicamente a los mareros. A la par, es generalizada la percepción de que cualquier ley, por radical que sea, terminará revirtiéndose contra la gente más indefensa. La experiencia popular indica que las leyes, una vez aprobadas, se manejan a favor de quienes tienen dinero o poder para decidir.

Lobo maneja con habilidad tanto a sus compañeros políticos y a los empresarios interesados en defenderse de una delincuencia que amenaza sus intereses, como a sectores más pobres, susceptibles a la demagogia de políticos de oficio como él. La propuesta de endurecer leyes contra el pueblo cuenta así con el apoyo de los sectores de extrema derecha y con los de extrema pobreza. Pepe Lobo es capaz para encabezar un modelo fascista: conoce muy bien el sentir y pensar de los grupos de la derecha más dura del país, puesto que con ellos vive y trabaja, y conoce muy bien la política de masas, puesto que en los años 70 pertenecía al Buró del Comité Central del Partido Comunista, de orientación soviética, y fue formado en la escuela superior de cuadros de la URSS.

CASA ALIANZA: UN TROFEO

Porfirio Lobo cuenta con el respaldo del Ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, devoto de la publicidad, de la demagogia y de un Estado duro ante la delincuencia callejera y ante los perturbadores del orden público. Álvarez ya ha expresado que tiene en la mira la Presidencia de la República para hacer realidad sus sueños de librar al país de la delincuencia y de los que amenazan la paz y la tranquilidad de la sociedad.

El trofeo de mayor relevancia en materia de “seguridad” lo alcanzó el Ministro Álvarez con el golpe dado el 17 de septiembre a Casa Alianza, institución de atención a los niños de la calle. Y el golpe lo asestó justamente por el flanco más débil de las instituciones: la fragilidad de las personas. El director latinoamericano de Casa Alianza, Bruce Harris, ha sido uno de los personajes de mayor renombre en la historia reciente de Honduras. Se destacó por poner en marcha investigaciones sobre maltrato infantil a manos de las autoridades públicas y, sobre todo, por haber dado a conocer los resultados de las investigaciones de dicha institución sobre el involucramiento de la policía en el asesinato sistemático de centenares de jóvenes vinculados a las maras o sospechosos de pertenecer a ellas. Las denuncias a organismos internacionales de derechos humanos corrieron siempre bajo su responsabilidad.

Bruce Harris era un hombre odiado por los últimos gobiernos hondureños y el actual Ministro de Seguridad lo tenía especialmente enfilado. Durante años, Harris fue acusado por las autoridades de desprestigiar a Honduras ante la comunidad internacional: “Se entromete en asuntos que no son de su incumbencia”. No faltó la sugerencia de declararlo persona non grata y expulsarlo de Honduras. Harris era considerado uno de los mayores obstáculos para la política de seguridad implementada por el gobierno de Ricardo Maduro.

TRAMA POLICIAL CONTRA BRUCE HARRIS

La ocasión le cayó al gobierno y al Ministro de Seguridad como regalo en bandeja. Carlos Alberto Ortiz había deambulado por los contornos de Casa Alianza, siendo menor de edad, buscando comida o un techo para dormir algunas noches. A sus 19 años ya tenía mucho historial como gigoló o “trabajador del sexo”.

Menos de dos años antes, estuvo en el centro del escándalo que envolvió a un cura octogenario de la occidental ciudad de La Esperanza, Intibucá. Ortíz lo acusó, a través de la diputada Rosario Godoy, de haber requerido sus servicios sexuales. Se supo entonces de otras experiencias similares que convertían a Ortiz en un maestro en olfatear y abordar a hombres públicos con inclinaciones homosexuales. Cuentan que en muy poco tiempo se hizo experto en la “atención” de sacerdotes. No se sabe a ciencia cierta el proceso que llevó a este muchacho a contactarse con Bruce Harris. Se sospecha incluso de una trama organizada por la propia policía. Lo cierto es que Harris se citó en una ocasión con el joven y pactaron un precio para una relación de intimidad. Una vez consumada la acción, Ortiz se dirigió a su protectora, Rosario Godoy, quien habría dado parte a la policía. Todo el asunto de publicidad y el manejo del asunto buscando enterrar para siempre las denuncias sobre el involucramiento de la policía en el asesinato en serie de jóvenes, fue ya una tarea del Ministro de Seguridad, tarea que realizó con todo el morbo y gozo del mundo.

EL TLC A PUNTO DE FIRMA

En la coyuntura hacia las elecciones internas de los partidos, el tema de la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es fundamental. El triunfo de Bush acelera el proceso. Los candidatos de las diversas corrientes políticas prefieren evitar una toma de postura oficial, aunque algunos diputados de los dos partidos tradicionales firmaron una carta en contra de la ratificación del TLC promovida por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP).

A mediados de noviembre, el gobierno comenzó una amplia campaña publicitaria destacando los beneficios del TLC para la pequeña industria y la economía informal. Se le unió un importante sector de la gran empresa privada que, incluso, se reunió con los máximos representantes de la CNRP para escuchar los planteamientos de la izquierda hondureña contra el TLC. En la reunión, uno de los máximos líderes empresariales, Eduardo Facussé, expresó: “Nos conviene tener cerca a Carlos H. Reyes (la figura popular de oposición más reconocida en el país), aunque no lleguemos a ningún acuerdo”.

El año termina con el paisaje inundado por una campaña electoral vacía de realidad, con el TLC a punto de ser ratificado por el Congreso Nacional, con un gobierno reducido a su mínima expresión y buscando endurecer las políticas represivas para recuperar credibilidad en una sociedad afectada por la delincuencia, y con un movimiento social tratando de radicalizar acciones y posiciones de resistencia.

LO ÚNICO QUE AQUÍ FUNCIONA DE VERDAD

Dicen que el único sistema que funciona a la perfección en Honduras es el bipartidista. En el año 2004 esa percepción quedó más que en evidencia. En las reformas políticas que se aprobaron para actualizar y remozar la Ley Electoral y la de las Organizaciones Políticas, en la relación con los organismos financieros internacionales, particularmente con el FMI, en los conflictos sociales y políticos -la prolongada lucha de los gremios magisteriales, los casos de corrupción que han envuelto especialmente en el último trimestre a diversos funcionarios públicos en las aduanas y en el contrabando de combustible, la vinculación con el narcotráfico, las campañas para reformar la Constitución y eliminar la inmunidad de diputados y altos funcionarios públicos- han estado siempre presentes y han sido determinantes los grandes políticos hondureños como maestros del oportunismo para sacar ventajas personales y partidarias.

Este año quedó una vez más y de sobra comprobado que en Honduras funciona a cabalidad la concepción de que el Estado, y el país mismo, son propiedad de una reducida élite política y económica. Los recursos nacionales o se usan para el propio beneficio o se reparten a la población a cambio de fidelidades. Esta élite entiende que el país y el Estado son propiedad del capital, de la banca y del comercio internacional. No dudan en ofrecerlo y firmar cualquier compromiso para conseguir más prebendas. Esa cultura patrimonial es la que sostiene el tradicionalismo político, expresado en el bipartidismo, y se expresa también en las familias -siempre hay que obedecer al “dueño” de la casa-, en el deporte, en la religión, en el rebusque o lucha por la sobrevivencia y en el consumismo.

AUGE DE LA “SOCIEDAD CIVIL”

Con la llamada “sociedad civil” Honduras está asistiendo a un nuevo fenómeno. Y a juzgar por las veces en las que hacen referencia al término, habría que concluir que los más interesados en consolidar el modelo de “sociedad civil” no sólo serían los organismos internacionales de cooperación, el PNUD, el FMI y el Banco Mundial, sino también el gobierno y la gran empresa privada.

La “sociedad civil” son las ONG y todas las instancias que dentro del argot de la cooperación se denominan “contrapartes”. Son organismos nacionales, con una estructura institucional básica, alguna vinculación con sectores sociales de base -los llamados “grupos meta”- que dependen de la cooperación internacional que financia el desarrollo de los países pobres. El fenómeno es que esta “sociedad civil” se esta erigiendo en interlocutora del gobierno y de la cooperación internacional, reemplazando, o desplazando, a otros muchos sectores sociales y organizaciones comunitarias y populares del país. Y ahora, los “líderes de la sociedad civil” dejan de ser los dirigentes de las comunidades o de las organizaciones populares y están siendo sustituidos por los directores ejecutivos o coordinadores generales de las ONG.

Los planes estratégicos de los organismos de esta “sociedad civil” asumen muchos temas: pobreza, vulnerabilidad del medio ambiente, problemas agrarios, participación ciudadana, equidad de género, derechos humanos, gobernabilidad y democracia, descentralización, lucha contra la impunidad y la corrupción... Son temáticas que en la mayoría de los casos se vinculan con las agendas de los organismos internacionales de cooperación, y que son abordadas con la metodología, el enfoque y el lenguaje de la cooperación internacional. Investigación participativa, grupos focales, estudio de casos, organización en redes, enfoque de género, incidencia, poblaciones meta, marco lógico... son sólo algunos de los términos que identifican a los organismos de la llamada “sociedad civil”, en la mayoría de los casos fórmulas elaboradas en las oficinas centrales de organismos con sedes en el Norte del planeta.

Muchas de las iniciativas derivadas de estos grupos tratan de aportar alternativas a la pobreza y a la injusta distribución de las riquezas. Sin embargo, sus aportes llenan el vacío de organización social y de políticas públicas, constituyéndose así, junto al Estado “facilitador” y a la gran empresa privada, en el tercer pilar que sostiene al país en su inserción, des-nacionalizadora y desventajosa a la economía globalizada.

TRES TAREAS, TRES TRAMPAS

Tres importantes tareas de esta “sociedad civil”, funcional al sistema de la globalización son: - Encauzar las dinámicas cuestionadoras y opositoras del país frente a las políticas públicas y a las propuestas de los organismos financieros internacionales. Los directores o coordinadores de los diversos ONG promueven foros y debates en torno a los proyectos del gobierno, para generar críticas y canalizarlas hacia los funcionarios que están al frente de las diversas esferas del Estado. Le toca al gobierno promover espacios de diálogo y debate con los representantes de estos ONG para recoger el sentir y pensar de la “sociedad civil” y trasladarlo a esas mismas esferas, prometiendo convertirlas en políticas públicas.

- Manejar y administrar, en tanto “contrapartes” de los organismos de cooperación internacional, el dinero que ellos aportan para la reducción de la pobreza para proyectos agrícolas, de desarrollo, de infraestructura, de gobernabilidad y participación ciudadana, de divulgación y libertad de expresión, de derechos humanos, medio ambiente, género, juventud y violencia, entre otras muchas temáticas y enfoques.
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- Constituirse en barrera de contención frente a los grupos de presión y movimientos sociales, populares y políticos contestatarios, situados en la oposición anti-sistema y anti-globalización. Mientras más ancha sea esta banda de “sociedad civil”, más capacidad tendrá el gobierno y los organismos internacionales para impulsar sus programas, y más capacidad tendrá el gobierno para deslegitimar a los grupos contestatarios radicales y a sus propuestas, limitando o anulando su influencia en las políticas públicas.
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SABUESOS Y MERCENARIOS

Estos sectores “oficialmente” reconocidos dentro de la banda de la “sociedad civil” tienen como “grupos meta” a jóvenes en situación de riesgo, a migrantes, trabajadoras de las maquilas, grupos campesinos, pequeños productores de laderas, amas de casa, pobladores urbanos, a los ahora llamados “adultos mayores”, a movimientos gays... Hay de todo, lo abarcan todo. El manejo de fondos tiene relación directa con las temáticas que se deciden en las oficinas de la cooperación internacional. También está relacionado con problemáticas, desastres y calamidades coyunturales. Y hasta con asuntos estructurales: la democracia, la participación ciudadana, la gobernabilidad.

Un papel relevante en este universo de la “sociedad civil” lo juegan los llamados “consultores”, presentes entre las “contrapartes” para percibir un alto porcentaje de los fondos de la cooperación internacional. Algunos los llaman “sabuesos” de los fondos para el desarrollo. Otros, “mercenarios del desarrollo”. Saben olfatear dónde circulan los temas que captan en cada momento el mayor financiamiento internacional, y se movilizan por países o por regiones al ritmo al que se mueven temas y fondos. Los consultores realizan investigaciones, elaboran marcos de referencias, recogen propuestas alternativas. Objetivo: la eficacia de las instituciones internacionales.

CON LOS GASTOS CUBIERTOS

Un buen porcentaje del presupuesto de los organismos de la “sociedad civil” se destina al pago del director y de los diversos empleados de la institución y a viáticos y actividades, especialmente de relaciones públicas, que el staff realiza para consolidar la “incidencia” de la institución en el contexto temático en el que realiza su trabajo. Con frecuencia, el director o directora del organismo “contraparte” tiende a reproducir, con otro lenguaje y en clave de “desarrollo y ciudadanía”, al caudillo o cacique, figura central en la cultura patrimonial. Se sienten, y los sienten, “dueños” de la institución. Tienden a perpetuarse en el cargo de dirección, asegurando para ello un equipo de dirección conformado por personas subordinadas que participan de los beneficios del presupuesto institucional.

Los foros -frecuentemente realizados en cómodos hoteles de las ciudades más importantes del país-, los talleres y seminarios, que incluyen buena comida, viáticos y otros beneficios para los destinatarios dentro de los “grupos meta”, representan un rubro destacado en el presupuesto del organismo o contraparte para responder al plan estratégico. Ninguna actividad de las que se realizan y en las que participan miembros de los “grupos meta” se realiza sin financiamiento. Los participantes de la base saben bien que si acuden a cualquier invitación a un evento o actividad de estos organismos tendrán todos, o casi todos, los gastos cubiertos.

ADULTERANDO LOS MOVIMIENTOS

Estos patrones de comportamiento de la “sociedad civil” promueven inevitablemente la adulteración de la lucha del movimiento social y popular y convierten a los dirigentes de la base en una extensión local de los “profesionales tarifados” del desarrollo y de la “incidencia política”. Una comunidad o un sector social de base a quienes se les invite a comprometerse a construir una sociedad más equitativa con todos los gastos pagados, será una comunidad que entenderá que “todo viene de afuera”, incluyendo el dinero para luchar por sus propias demandas y por su propia dignidad. Mientras exista ese dinero “de afuera” habrá gente que luche y que se reúna para debatir los planes locales y municipales. Y cuando el dinero se termine, la comunidad y sus dirigentes volverán a una situación de postergación, seguramente mayor que la que tenían antes de las convocatorias de la “sociedad civil”. O buscarán a un nuevo patrocinador de sus luchas: otro organismo no gubernamental, alguna iglesia o un partido político. No importa a quién obedecer o a quién seguirle línea. La “sociedad civil” les ha enseñado cuál es el camino: con plata, baila la gata.

La debilidad y a veces la ausencia de organización popular, los vicios internos de las organizaciones populares que existen, las zancadillas al interior de sus dirigencias, la corrupción y la existencia de estructuras organizativas con dirigentes sin bases, contribuye al protagonismo y liderazgo de esta “sociedad civil” que está contribuyendo a desmovilizar a la gente y a profundizar su dependencia de los recursos internacionales. Contribuyendo también al fortalecimiento de la cultura patrimonial y dando legitimidad a la idea de que el país, y particularmente el Estado, es propiedad de una reducida élite política y económica, a la que estarían integrándose ahora los directores y coordinadores de los organismos no gubernamentales.

Evidentemente, también dentro de esta “sociedad civil” existen no pocas organizaciones u organismos con una seria preocupación por promover de verdad la organización popular de base y por orientar sus recursos a la formación de animadores populares conscientes de la misión de construir alternativas al modelo económico, social y político excluyente.

Y también dentro de la cooperación internacional existen organismos que definen sus planes de trabajo desde la realidad, que entienden que sus recursos deben complementar los esfuerzos de las comunidades y que son conscientes de que los dirigentes de base no pueden ser sustituidos ni representados por nadie que no sean ellos mismos.

HAY QUE RESISTIR

A pesar de todo, los sectores populares, fundamentalmente organizados en el Bloque Popular y en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP), continúan expresando su resistencia ante el sistema y la globalización que arrastran al país.

El debate mayor entre estas organizaciones durante este año se ha dado en torno al papel del movimiento popular en el proceso político electoral. Después de varios meses de debates, la propuesta de la CNRP rechaza el proceso político electoral, actualmente al servicio del bipartidismo y se compromete con la construcción de una oposición cuya lucha vaya mucho más allá de la búsqueda del acceso al gobierno y mucho más allá de la meta de asegurar cargos públicos para sus dirigentes. La CNRP decidió orientar a la población a votar en contra de los dos partidos políticos tradicionales. Igualmente, a no aceptar en su seno a activistas y mucho menos a candidatos a elección popular de los dos partidos tradicionales. Afirma la CNRP que aspira a ser “más que un partido político, aunque en su seno participen instancias partidarias”. Una alianza con un partido -proclaman- “sólo la podrá establecer la CNRP con un partido que no se confunda con los partidos tradicionales. Ni en sus métodos, ni en sus planteamientos, ni en la formación de su gente, ni en sus objetivos ni en el estilo de vida de sus dirigentes y militantes”.

Corresponsal de envío en Honduras.

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