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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 273 | Diciembre 2004
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Costa Rica

La Carpio: notas rojas y voces claras

Miles de nicaragüenses viven en La Carpio. Miles de pobres llenan esta comunidad. Todos son “carne de notas rojas” en los medios costarricenses. ¿Facilismo, clasismo, racismo? Las voces de La Carpio revelan el daño que esto provoca, el dolor que esto causa.

Karina Fonseca Vindas

Al noroeste del Cantón Central de San José está ubicada La Carpio, una comunidad que se ha convertido en uno de los espacios más temidos y repudiados por la población de las zonas urbanas de Costa Rica. En este asentamiento, de unos 236 kilómetros cuadrados, conviven unas 23 mil personas, la mitad inmigrantes nicaragüenses.

OPINIÓN PÚBLICA NEGATIVA

El Instituto Mixto de Ayuda Social de Costa Rica ha estimado que el ingreso mensual de la mayoría de las familias en La Carpio oscila entre 60-75 mil colones (130-165 dólares), ingreso bajo tomando en cuenta que la canasta básica para una familia de seis miembros supera los 165 dólares mensuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Además de aprender a lidiar con condiciones económicas adversas, los vecinos de La Carpio han tenido que enfrentar operativos policiales y acostumbrarse a ser convertidos en protagonistas de las secciones de sucesos de los medios informativos del país, que enfatizan especialmente los delitos cometidos por extranjeros. Policías y periodistas han alimentado una opinión pública negativa en torno a La Carpio. Muchos costarricenses, aunque nunca han visitado la comunidad, suelen expresarse despectivamente sobre las personas que viven allí, basándose en lo que ven, leen o escuchan en las noticias.

Entre 1999 y octubre 2004, la edición digital del diario La Nación, el más importante de Costa Rica, difundió en promedio, una noticia semanal negativa relacionada con La Carpio. En el primer semestre de 2004, La Carpio adquirió aún mayor notoriedad por algunos hechos violentos que allí acontecieron y por la abundancia de noticias sobre ellos.

El 22 de enero de 2004, Wilberth López, un nicaragüense que había sido denunciado por violencia doméstica y que tenía ya una orden judicial que le impedía acercarse a su compañera y a la casa que ambos compartieron en La Carpio, ingresó a la vivienda y atacó a su familia, asesinando a tres de sus hijos e hiriendo a su esposa y a un hermano de ésta. Después se suicidó. El asesinato múltiple consternó al país, especialmente a la población nicaragüense, que se reunió masivamente en la iglesia de La Carpio para participar en los funerales de los tres niños. Este violento crimen se convirtió en un evento mediático: durante varios días la mayoría de los medios de comunicación costarricenses lo cubrieron abundantemente.

A la semana siguiente, el 30 de enero, el Ministerio de Seguridad Pública ejecutó en La Carpio un operativo que denominó “Escoba”, en el que fueron detenidas intempestivamente 620 personas, la gran mayoría nicaragüenses. Además del contenido estigmatizante de su nombre, pues lo que se barre con la escoba suele ser basura, el operativo puede interpretarse como una respuesta policial al asesinato múltiple. Como si se buscara responder a la violencia doméstica con represión, tratando de identificar la imagen del nicaragüense pobre que vive en Costa Rica con la del potencial ejecutor de crímenes.

EL OPERATIVO “ESCOBA”

¿Tiene alguna base esta identificación? Investigaciones sobre el tema la han descartado. En la década de los 90, por ejemplo, el 10.3% de los actos de violencia contra mujeres fueron perpetrados por nicaragüenses y casi el 90% los cometieron costarricenses. Aunque ninguna cifra justifica en ningún caso la violencia doméstica, lo cierto es que los delitos de este tipo no se dan en mayor proporción entre nicaragüenses, si se tiene en cuenta que la población migrante alcanza ya, aproximadamente, el 10% de la población total del país.

Según las autoridades costarricenses, el propósito del operativo policial fue revisar la situación migratoria de los extranjeros y verificar si en el lugar circulaban personas con cuentas pendientes con la justicia. Del total de detenidos, se determinó que 22 serían deportados de inmediato, 21 portaban documentos falsos, 73 se encontraban ilegales y 173 estaban a la espera de los documentos para legalizar su situación. Tres meses después, la Sala Constitucional condenó al Estado costarricense a pagar daños y perjuicios a 65 nicaragüenses por haber sido perjudicados en el operativo. La resolución dio respuesta a un recurso de hábeas corpus interpuesto por el nicaragüense Carlos Coronado Vargas, en representación de esos 65 compatriotas. Los magistrados razonaron que el operativo se realizó en la vía pública y sin indicios previos de que los nicaragüenses estuvieran cometiendo algún delito. Y consideraron que se violó el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohibe el arresto arbitrario de extranjeros.

DESTINO: LA BASURA CAPITALINA

El último de los episodios más sonados en los medios de comunicación en relación con La Carpio aconteció el 31 de mayo de 2004, cuando los vecinos de la comunidad bloquearon la única vía de acceso a ella, aduciendo que la empresa EBI no estaba cumpliendo con una serie de promesas, que en coordinación con el gobierno central costarricense y la Municipalidad de San José, había negociado con 12 organizaciones comunales de la zona. Estos compromisos se les otorgarían en compensación por el inicio de operaciones en La Carpio del “Parque Tecnológico Ambiental de La Carpio”, un singular eufemismo para referirse al nuevo relleno sanitario de la capital josefina, cuya administración fue adjudicada a la empresa EBI, subsidiaria de las Empresas Berthierville Incorporadas de Canadá. Desde el año 2000 se depositan diariamente en La Carpio 700 toneladas de basura provenientes de distintas zonas del área metropolitana.

Los principales beneficios sociales “compensatorios” que se habían estipulado para llevar adelante el relleno sanitario contemplaban la pavimentación de las calles, un fideicomiso en el que se consignarían unos 15 centavos de dólar por cada tonelada de basura que se procesara en “el parque” y la titulación de las tierras en donde los vecinos han levantado sus viviendas. La pavimentación se concretó exclusivamente en la vía por donde circulan durante el día los camiones recolectores de basura, pero no en las calles paralelas que comunican los distintos sectores de La Carpio.

La mayor controversia es que la EBI ha justificado el cese de la entrega de la cuota acordada por cada tonelada de desechos aduciendo presuntos malos manejos de los fondos por los dirigentes comunales. Además, el gobierno afirma que una de las razones fundamentales para no proceder a la titulación de tierras es que al menos 2 mil familias residentes no califican para recibir las escrituras por su condición migratoria. El desacuerdo en torno a estos dos compromisos es causa del malestar.

El bloqueo de mayo se produjo como una medida de presión para restablecer conversaciones con las autoridades responsables de ejecutar los ofrecimientos acordados. Ante la imposibilidad de un diálogo entre las partes, la policía costarricense lanzó bombas lacrimógenas, agudizando el enfrentamiento. La medida, adoptada para “restablecer el orden”, no contempló las particularidades de la zona: una única vía de acceso y saturación de viviendas. Los gases se convirtieron en un arma que superó con mucho la intención inicial de desarticular al “grupo de revoltosos” y afectaron principalmente a los niños. El saldo final fue de 102 personas necesitadas de atención médica, muchas ni siquiera involucradas en los hechos.

Las imágenes de los medios de comunicación fueron contundentes: cantidades de padres y madres corriendo con sus hijos, que requerían cuidado médico urgente, primeros planos de niños y niñas con afecciones respiratorias. El trabajo periodístico se hizo desde puestos de Cruz Roja. También hubo violencia entre los policías y los manifestantes. El lanzamiento de gases enardeció los ánimos de los vecinos de La Carpio y decenas de muchachos con piedras, palos y varias armas de fuego enfrentaron a los policías. Seis oficiales resultaron con heridas de bala, afortunadamente no de gravedad.

La primera plana de los periódicos del día siguiente presentaba a manifestantes vapuleados por policías y a niños afectados por los gases. Imágenes que invitaban a la opinión pública, no solo a pronunciarse contra los actos policiales, sino a colocar en la agenda pública los reclamos irresueltos de los vecinos de La Carpio.

¡MARAS EN COSTA RICA!

Lamentablemente, una semana después el repudio a la acción policial quedó en el olvido. Más olvidada aún, la discusión sobre las promesas incumplidas, móvil original del bloqueo. Surgió entonces un nuevo enfoque noticioso en un intento mediático por correlacionar a los jóvenes de La Carpio con grupos de pandillas: el inminente arribo de maras centroamericanas a suelo costarricense.

Esta información tomó dos direcciones. Se insistía en la posibilidad de que las medidas represivas que otros países centroamericanos estaban imponiendo para combatir a los mareros incidiría en que las maras llegaran a países vecinos como Costa Rica. O, aún más impugnable, se consideraba que comunidades pobres como La Carpio eran focos donde algunas pandillas -que en efecto conviven en La Carpio y en otros barrios del país- se desarrollaran hasta convertirse en maras.

Varios de los más influyentes medios de comunicación colocaron la problemática de las maras como la nueva amenaza de la “pacífica” Costa Rica. Periodistas costarricenses visitaron cárceles en Honduras y El Salvador y hablaron con mareros, induciéndolos a confesar sobre sus intenciones de radicarse en Costa Rica. En entrevistas televisivas y diarios se contó incluso con la participación de pandilleros para dar mayor verosimilitud a la idea de que el problema era latente.

“VOCES DE LA CARPIO”

Los medios han acudido a La Carpio en busca de noticias que llenen la sección de sucesos, alimentando así con los actos delictivos acontecidos allí la paranoia ya existente en torno a la peligrosidad de ciertos barrios. Por la masiva presencia de inmigrantes nicaragüenses, La Carpio es la más susceptible de ser criminalizada entre otras zonas urbanas similares. La hostilidad que muchos costarricenses sienten hacia los extranjeros que viven en el país y la abundancia, el sensacionalismo y el reduccionismo de las noticias sobre La Carpio se han convertido en poderosas fórmulas para excluir, aún más, a los residentes de esta comunidad.

Una de las formas de la exclusión es la falta de opciones educativas. Por eso nació “Merienda y Zapatos”, un programa creado para los niños y niñas migrantes en Costa Rica, excluidos por partida doble: por pobres y por su nacionalidad. El objetivo es consolidar un sistema de becas para apoyar a estudiantes migrantes de primaria y secundaria a punto de abandonar el sistema educativo con una mensualidad para gastos de transporte, útiles escolares y alimentación.

El programa trata de crear una red de solidaridad entre nicaragüenses y costarricenses, una convivencia respetuosa entre ambas comunidades. En esta iniciativa se inscribe la publicación del libro “Voces de La Carpio”. Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este texto ha empezado a circular en La Carpio y a partir del próximo ciclo lectivo se entregará en centros educativos con importante presencia de población migrante como material de discusión.

“Voces de La Carpio” recoge opiniones recabadas en distintas reuniones con grupos de vecinos, predominantemente de vecinas de la comunidad. Quiere contrarrestar las imágenes negativas de los medios de comunicación costarricenses dándoles la palabra para que nos cuenten cómo es la convivencia entre ticos y nicas, qué piensan y sienten sobre los medios, el gobierno y la empresa privada en su comunidad y cómo imaginan que La Carpio puede mejorar.

“SÓLO VEN LO MALO”

Los comentarios dejan ver que, tanto costarricenses como nicaragüenses han logrado una relación respetuosa, a pesar de los difíciles inicios de la comunidad. Una vecina recuerda: “La lucha ha sido muy fuerte, todas las que hemos estado aquí diez años hemos luchado desde el principio, desde que no había agua, desde lo que es abrir y jalar agua, desde lo que es andar en los tajos en las madrugadas, de andar poniendo postes en la noche para robarnos la corriente porque no nos querían dar corriente. Y después abrir pozos para traer el agua. Ha sido muy largo, muy doloroso, de muchas lágrimas, de muchas personas, de pleitos de la misma comunidad, ha sido una lucha muy triste y muy dura, pero también una experiencia muy bella. Lástima que la gente vea sólo lo malo.”

Una de las principales quejas de quienes viven en La Carpio es hacia los medios, los que hacen posible que “la gente vea sólo lo malo”. Así lo relatan: “Los periodistas nos han marginado sin saber que aquí hay mucha gente trabajadora que vive y sale de sus casas de madrugada buscando el pan de cada día, ticos, nicaragüenses y de todas las nacionalidades que hay aquí. Eso es lo que deberían de sacar a la luz para que no seamos tan tachados cuando vamos a las clínicas, cuando vamos a la calle o cuando a la gente que nos encontramos con costo les decimos que somos de La Carpio...”

¿ASÍ ES LA VIDA?

“Así es la vida”, un programa de entrevistas o talk show que se transmite diariamente en el Canal 7 de Costa Rica, aportó en uno de sus episodios elementos para mostrar de qué forma los medios suelen reforzar la relación entre criminalidad y barrios pobres. Una vecina narró lo que sintió al ver cómo el programa trataba el tema de las maras: “Hacía tiempo yo venía sospechando eso, cuando estaban dando los reportajes de las maras Salvatruchas y La Dieciocho y todo eso. Yo inmediatamente, sicológicamente, analicé y dije: Ya van a decir que en La Carpio es donde están infiltradas también, o por lo menos donde estamos más propensos a que vengan a dar esas personas tan delictivas y problemáticas. Sinceramente, es muy deprimente y le baja a uno mucho la autoestima, y nos produce más miedo a todos los que estamos aquí y eso genera también más violencia, porque estamos a la defensiva.”

Otra mujer de la comunidad fue más allá sobre la manipulación periodística en los hechos acaecidos en La Carpio: “A mí me consta que una gente que vino, no me acuerdo de que periódico es, me consta que ellos compraron armas de juguete y fueron a repartirlos a la Cueva del Sapo (uno de los sectores de La Carpio). Cuando dieron el reportaje los chiquitos estaban jugando con esas pistolitas y ellos los enfocaban. Hicieron eso para que vieran que los chiquitos desde chiquititos andan con armas, jugando con armas. Y yo lo ví. Venía de la carnicería cuando lo ví, pero no le he dicho a nadie porque si no me llevan. Pero sí hicieron eso”.

Lo que pretende mostrar “Voces de La Carpio” es que, a pesar de que las condiciones socioeconómicas de los espacios urbanos de más bajos recursos son factores que inciden en la generación de actos delictivos, los medios de comunicación no han sido capaces de superar ese enfoque. No les interesa entender las causas estructurales que tornan a algunas zonas más susceptibles de ser focos de delincuencia. Sólo les importa crear notas rojas. Se les hace difícil separar la criminalidad de la condición de clase. Es más fácil desacreditar a quienes tienen menos “derecho” o posibilidad de responder y en su imaginario colectivo de comunicadores prevalece el binomio criminalidad-pobreza como eje de la realidad social sobre la que deben informar.

“SI LA GENTE DE LA TELEVISIÓN VIERA CÓMO ES CARPIO”

“Les voy a contar una experiencia que yo sufrí. Hace como cuatro años, nosotros queríamos estudiar en el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje, centro que ofrece capacitación en distintas áreas, siendo una alternativa para quienes no están en un sistema académico formal). Nos reunimos seis amas de casa e íbamos a clases. Cuando llegamos, todas nos decíamos: ‘No digamos que vivimos en La Carpio porque si no, nos hacen a un lado’. Y en realidad así es. No dijimos. Todos compartían con nosotros lo más bonito. Tomábamos café, compartíamos materiales y todo. Pero nunca falta un borracho en una vela. Llegó una señora y dice: ’¡Ay, esa gente viene de La Carpio!’ Y de ahí nos hicieron a un lado. A nosotras dos años consecutivos no nos quisieron dar lo que es beca, sólo porque éramos de La Carpio”.

Este temor a hablar del lugar donde viven es recurrente: “Si la gente de la televisión viera cómo es Carpio, si esa gente viniera a filmar todo esto... Pero no, ellos primero sacan lo malo y después lo bueno, si se puede decir. Porque siempre sacan algo malo. Si sacaran lo bueno la gente apoyaría más a La Carpio. Y no estarían cuando vas a buscar un trabajo: ‘¿Eres de Carpio?’ Aún siendo costarricense, yo hace poquito tuve que mentir y decir que me fui a vivir a Pavas de nuevo...”

La manera cómo es imaginada La Carpio entre los costarricenses que nunca han visitado la comunidad, se basa en el discurso de los medios. Son comunes expresiones basadas en impresiones “No conozco La Carpio, pero dicen que ahí ni se puede entrar” o “Ese lugar está tomado por nicas”. La experiencia personal es reemplazada por el apropiamiento de lo que circula en los medios. Si los únicos que protagonizan las noticias de La Carpio son delincuentes, y si los nicaragüenses delinquen, todos los que viven ahí tendrán ese perfil. Esto genera un daño enorme a todas y a todos los que tratan de salir adelante en la comunidad, que en definitiva son la gran mayoría.

“LA GENTE NO SE VA POR MIEDO, SE VA POR DOLOR”

El tema de la seguridad ciudadana es hoy central en las campañas electorales de todo el mundo. El miedo a la inseguridad, el terror al terrorismo, le han permitido a Bush iniciar un segundo mandato en Estados Unidos. La inseguridad ciudadana, además de legitimar las acciones de los gobiernos, permite desviar la atención de temas de mayor envergadura para los que no se ofrecen soluciones. En el caso costarricense, La Carpio se ha convertido en el referente de los temores de gran parte de los costarricenses. Y el combate de las autoridades contra la delincuencia en comunidades pobres, en eje en la búsqueda de una opinión pública favorable a la presencia policial, como factor que aleja los males que se temen y atenúa la ansiedad que experimenta hoy gran parte de la población costarricense, a la que cada día se le hace más difícil satisfacer sus necesidades básicas.

Saberse, al menos, “protegidos” por la policía es una manera de sentir al Estado, aun cuando la seguridad que se necesita para vivir de manera digna se ubica en un plano distinto al policial. Los residentes de La Carpio intuyen la existencia de esa “cultura del miedo”, que trata de propagarse a costa de su comunidad: “Un día vino un sacerdote y dijo que de aquí la gente se iba por miedo. Y yo le dije: ‘No, no sólo por miedo se va la gente, es por dolor’. Es que duele, duele ver las cosas que pasan y no tanto las que pasan internas sino las externas. De que usted tiene que sufrir no sólo lo que le pasa, sino todavía oir los comentarios de afuera, que es lo que más hiere”.

La seguridad ciudadana, entendida como el combate a la delincuencia, no es la preocupación más importante de los vecinos de La Carpio: “Ustedes preguntan que si nosotros hemos vivido con temor. El único temor que yo he llegado a sentir como persona inmigrante fue cuando vino aquí Migración y se llevó a la gente e hizo una gran redada. Gente que iba para su trabajo, gente que iba a trabajar y perdieron su día”.

LA MAYOR DE LAS URGENCIAS

Sorprende gratamente cómo las vecinas y vecinos de La Carpio reclaman guarderías, mejoras en la única escuela de la localidad, la construcción de un colegio y la habilitación de áreas para deporte y recreo de la juventud. No existe el temor a ser víctima de la pandilla que se reúne el día entero en una de las esquinas. El mayor miedo es que sus hijos sigan siendo víctimas de una exclusión cada vez más acentuada por la indiferencia del gobierno.

La Escuela Finca La Caja es el único centro educativo en La Carpio y la institución más grande de la comunidad. Allí se imparten clases a más de 2 mil niños en tres turnos diarios, también los sábados. Los grupos están compuestos por 35 estudiantes como mínimo. Reciben sólo tres clases diarias y en el programa anual de la escuela no se contemplan materias especiales como Educación Física, Música o Inglés, que sí se ofrecen en la mayoría de las escuelas del área metropolitana. Estas limitaciones no eximen a los alumnos de cumplir con los mismos requerimientos que exige el Ministerio de Educación Pública para obtener el título de primaria.

Una profesional del equipo interdisciplinario de la escuela describe el desalentador recorrido de los niños y niñas de La Carpio a lo largo de su formación académica: “Imagínese que aquí entran cuatrocientos y algo de niños a primer grado. Todos los años, de esos trece o catorce grupos se gradúan cuatro sextos. Vea el margen que se quedó de camino. De esos cuatro sextos que se graduaron, posibilidades reales de ir a secundaria son mínimas. Estamos hablando de si acaso un veinte por ciento. Los colegios más cercanos son el Julio Fonseca o el Luis Dobles. Algunos van al Liceo de San José en Barrio México. Todos significan una inversión económica para la familia. Por lo menos ochenta adolescentes salen a no hacer nada, lo que se vuelve tierra fértil de la pandilla. Y en el INA entran hasta los quince años. Entonces tenemos un estudiante que su familia tiene una situación económica muy difícil, que es importante que ya sea un ser productivo, que por las características propias del lugar la familia demanda de él que ya aporte económicamente... y es muy difícil. Hay estudiantes que han llegado a quinto año, pero son los menos.”

EL VALOR DE LA ÚNICA ESCUELA

Las limitadas posibilidades de superación de los niños y niñas que cursan primaria en La Carpio son realmente alarmantes. El deterioro y poco espacio en la planta física de la escuela, la falta de aulas para lecciones preescolares, la ausencia de algún centro de capacitación para adolescentes, la disposición del INA a no recibir jóvenes menores de 15 años de edad, dejando fuera a los adolescentes que se gradúan de sexto grado con sólo 12 años, son algunos de los factores críticos que limitan a los estudiantes de la comunidad. Tampoco hay que olvidar que la mayoría de las familias tienen la urgencia de ver a sus hijos convertidos en nuevos proveedores para el hogar, lo que reduce aún más las posibilidades de que puedan cursar la secundaria.

A pesar de esto, el único centro educativo existente en La Carpio es muy valorado por todos. Habla una funcionaria de la escuela: “Es la única escuela y me llama mucho la atención el comentario de que a las niñas y niños no les gusta salir a vacaciones. Es el único lugar donde un sábado los niños desean venir. A la escuela. Si los docentes no pueden venir a trabajar, al niño no le gusta. El niño quiere que la maestra venga sábados para poder venir a la escuela. Necesitan este espacio.”

Hoy, Costa Rica vive un momento histórico. Dos ex-Presidentes con prisión preventiva por acusaciones de corrupción y recluidos en un centro penitenciario del país. Otro en camino.

AYER ATACÓ A LOS NICAS, HOY ACUSADO DE CORRUPCIÓN

Varios de los compinches y subalternos de estos ex-mandatarios en las mismas circunstancias. Entre ellos está el médico Eliseo Vargas, ex-presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), entidad pública encargada de ofrecer atención médica a los habitantes del país. Hace pocos meses, Vargas aceptó ante el Ministerio Público costarricense que había recibido como “premio” por impulsar el llamado crédito finlandés una lujosísima casa. La Corporación Fischel, grupo comercial que representa en Costa Rica a la empresa finlandesa, fue la que dotó a la CCSS de equipo médico por un monto cercano a los 38 millones de dólares cuando se finiquitó el hoy famoso crédito. También enfrenta acusaciones por haber contratado previamente a algunos políticos para que generaran buen ambiente en la Asamblea Legislativa con el fin de asegurar la aprobación de este empréstito.

La adquisición del equipo médico le significó a la CCSS un gasto enorme -para algunos pudo ser asumido sin necesidad de endeudamiento- y despertó las críticas de muchos jefes de dependencias médicas adscritas a la CCSS, quienes externaron su insatisfacción porque no se les consultó y porque muchas de las compras no satisfacían las necesidades más urgentes de sus unidades. Vargas fue de los principales impulsores de una decisión financiera que hoy es cuestionada por las autoridades judiciales del país, demostrando así su poco recato para disponer de los recursos de la CCSS, en contraste con la imagen que en otras oportunidades se esforzó en mostrar.

En sus inicios como jerarca de la CCSS, Vargas presentaba a los medios de comunicación cifras para demostrar “el alto costo” que representaba para Costa Rica brindar servicios médicos a los migrantes nicaragüenses. Vargas se convirtió en uno de los atizadores públicos del sentimiento anti-inmigrante. Gran paradoja: el proclamado guardián de las finanzas del sector salud sacó un sustancial provecho personal de los fondos públicos a su cargo. Probablemente el Estado costarricense esté hoy pagando un costo más alto por la actuación corrupta de uno solo de sus funcionarios que por la atención médica brindada a los miles de nicaragüenses pobres que residen en nuestro país. Lastimosamente, los medios de comunicación nacionales tienen una memoria muy corta para hacer ante el público estas necesarias comparaciones.

¿GIRO INFORMATIVO O FLOR DE UN DÍA?

Este caso y este nombre, además de ilustrar una de las tantas actuaciones cuestionadas recientemente, da cuenta del vuelco informativo generado en el país: los medios han dado un respiro a los espacios urbanos y rurales pobres como fuente principal de sus diarias e impactantes notas rojas. Hoy, los delincuentes son otros, “vecinos” de los espacios oficiales más altos.

Quizás sea ingenuo pensar que los escándalos de corrupción producirán un giro en la forma como, históricamente, se ha abordado el tema de la criminalidad en los medios. Es singular, por ejemplo, que aunque las acusaciones contra “altos jerarcas” costarricenses ocupan muchísimo espacio en los medios, es notoria la falta de claridad para definir la categoría en la que deberían colocarse estas noticias. Se las presenta lo mismo en Nacionales o El país o dando contenido a Sucesos, lo que confirma lo difícil que resulta abandonar ciertas estructuras ideológicas para aceptar que la “élite” político-económica del país delinque. Desde siempre, las secciones de Sucesos eran para “informar” sobre las faltas cometidas por los pobres, mientras que Nacionales o El país se consolidaron como espacios informativos en los que se daba voz a la clase política y económicamente poderosa del país. Ahora, todo está al revés.

Es difícil creer que las acusaciones contra altos funcionarios lograrán cambiar a los comunicadores, convenciéndolos de la urgencia de revisar cómo tratan en las noticias un fenómeno social tan complejo como la criminalidad, o de la necesidad de abrir un debate sobre el daño que causan a las personas pobres cuando recurrentemente los convierten en sujetos, o en objetos, de noticias negativas.

Lamentablemente, pensar distinto sobre la criminalidad no se gesta de la noche a la mañana. No será suficiente el impacto de varios procesos penales contra los altos representantes de la élite costarricense. Es predecible que la criminalización seguirá siendo un asunto de clase y que la denuncia de los actos delictivos de los poderosos será flor de un día y dará paso de nuevo a “los sucesos de siempre”. ¿Pesimismo? Puede ser. También el pesimismo puede ser motor del cambio.

Periodista.
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