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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 178 | Enero 1997
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Guatemala

Acuerdos de Paz: el regreso del quetzal

Han sido largos años de sangre y exilios, aciertos y errores, sueños y crisis, largas negociaciones hasta llegar a esta paz. Ahora, hay que construirla y asegurarla entre todos. En los cielos azules vigila el quetzal.

Juan Hernández Pico

Ricardo Falla, conocido jesuita y antropólogo guatemalteco, escribió estos días en la prensa internacional: Cuenta la leyenda que cuando Alvarado peleaba cuerpo a cuerpo con el desnudo Tecún Umán, un ave salvaje de plumas de helecho rozó su pecho sobre la sangre del moribundo héroe quiché. Luego levantó el vuelo para esconderse en la montaña donde pondría su nido, mientras siguiera habiendo conquistadores que quisieran aprisionarla. Desde entonces el quetzal se hizo símbolo de la libertad en Guatemala. El 29 de diciembre de 1996 se firmó la paz en Guatemala. Después de 36 años de guerra, el quetzal sale de su escondite de la montaña y comienza a surcar peligrosamente los aires azules de Guatemala. (Peligrosamente, porque la paz nunca está segura).

Pelea. Sangre. Conquista. Refugio y clandestinidad. Memoria de la libertad. Vuelo renovado por los cielos abiertos. Peligro. Todo esto evoca la iniciada transición guatemalteca desde la guerra a la paz.

El diario Prensa Libre de Guatemala encargó una encuesta para detectar, la misma tarde de la firma de la paz, los sentimientos suscitados en la población guatemalteca accesible por teléfono. Casi un 77% de los consultados respondió que sentía alegría. Un 65% afirmó que la firma de la paz traerá beneficios a la economía, mientras que un 30.4% creía lo contrario. Un 59% consideró que acarreará una mejoría en la seguridad de la gente, pero para un 36.8% no tendrá ese resultado. Un 54.6% creía que tanto el gobierno como la URNG respetarían los acuerdos, mientras que un 29.6% dijo que ninguna de las dos partes lo hará.

Hay optimismo

La población accesible telefónicamente en Guatemala se concentra en forma muy desequilibrada en la capital y en general, en las zonas urbanas. Y esta población que tiene teléfono pertenece en su gran mayoría a familias ladinas de las clases alta y media. En el campo, los pobres y la gran mayoría de los mayas y garífunas no fueron consultados por la encuesta telefónica hecha en la tarde de la paz. Con todo y eso, la encuesta ofrece resultados más optimistas de lo que cualquiera de quienes participaron en la fiesta de la tarde del 29 de diciembre en la plaza frente al Palacio Nacional y la Catedral, podría haber sospechado.

La plaza estaba llena, aunque no con agobio. Se podía circular en todas direcciones sin empujones. Tal vez habría allí unas 30 40 mil personas, en una ciudad de más de 2 millones de habitantes. El pulso entre la Alcaldía y los transportistas urbanos acerca del precio del pasaje tenía a la capital sin transporte público. Así que podía pensarse en que una gran parte de la gente que llegó a la fiesta lo hizo en carro, sabiendo que la ceremonia iba a concluir entrada la noche.

Expectativas modestas

En el ambiente prevalecía la conciencia de asistir a la inauguración de una nueva época histórica. Pero la capital no brincaba de alegría. En los barrios había calma. Las expectativas eran se diría modestas. Y cuando, clausurado el acto en el patio del Palacio Nacional presenciado por todos en gigantes pantallas televisivas , se pidió un minuto de silencio por las víctimas de la guerra, no faltaron grupos no precisamente pequeños que mantuvieron ostensiblemente la bulla, desafiando así la solemnidad del acto. Sólo un gesto imperioso del Comandante de la URNG, Pablo Monsanto, logró el silencio. En esos grupos de izquierda según todas las apariencias había miembros del FMLN salvadoreño, que tal vez demostraban así la ambigüedad de la experiencia de postguerra en El Salvador.

Los acuerdos de paz dijo el presidente Arzú en su discurso representan un conjunto de compromisos complejos y abarcadores que encierran un proyecto de nación formidable, es verdad. Pero, para convertirlos en realidad, demandan el involucramiento activo de toda la sociedad guatemalteca, así como su trabajo esforzado y constante. Son una promesa y un compromiso. Y como tal, debemos estar preparados para un largo proceso en donde no existen los milagros, sino las realizaciones modestas y progresivas de una labor compartida por todos, de una construcción gradual de nuestra convivencia en la cual todos somos responsables.

Este párrafo del discurso presidencial parece responder, con bastante tino, a la difícil experiencia de la construcción de la paz en Nicaragua y en El Salvador, a esas expectativas más bien modestas, perceptibles en el humor de esos días entre los guatemaltecos, y a la sensata convicción de que aunque la paz se instaure con una firma, esto no ahorra a un pueblo, a sus organizaciones sociales y a su gobierno, así como a muchos sectores solidarios en el mundo, la tarea de construirla en el cotidiano esfuerzo creativo.
La paz nunca está segura. Por eso resulta tan peligroso el vuelo del quetzal por los cielos nuevamente abiertos. La paz justa y democrática no es simplemente el cese de la guerra, afirmó Ricardo Ramírez de León Comandante Rolando Morán en su discurso del acto de la firma.

¿Qué es la paz?

Para Morán, los Acuerdos de Paz son el resultado de una negociación sustantiva. Conforman una plataforma de soluciones viables y legítimas para los problemas históricos de nuestra nación. Este Comandante, que representaba al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en el liderazgo de la URNG, explicó en su discurso en el acto de la firma de la paz la diferencia entre una plataforma de soluciones, un instrumental institucionalizado para trabajar la paz, y la paz misma, cuya esencia decía implica exigencias básicas para la existencia del ser humano, como la dignidad de la persona, su promoción humana y desarrollo integral, su derecho a la vida, la alimentación, el trabajo, la vivienda, la salud y la educación, su participación en las decisiones que forjan el destino de la nación.

Una concepción sobria de la paz. Una concepción espiritual y material. Una concepción que apunta a los clamores impetuosos que brotan de siglos de expoliación,a lo largo de los cuales se ha privado de estos bienes fundamentales a la gran mayoría de los guatemaltecos.

URNG: meta revolucionaria

Siete meses antes de la firma, en un largo documento de 32 páginas, titulado Guatemala, la democracia plena: meta revolucionaria en el fin del milenio, la URNG escribía para la reflexión de sus militantes: No hay que pretender que los Acuerdos sean el programa de la revolución. El contenido ha de corresponder a elementos básicos que rescaten la esencia del problema y abran camino a mecanismos y posibilidades de lucha futura, al exigir su cumplimiento.

Es importante constatar que la URNG no renuncia a una posición revolucionaria. En el mismo documento afirma que la esencia de lo revolucionario es el sentido de transformación de una sociedad o estructura injusta y obsoleta. Con coherencia, mantiene en ese documento del 21 de mayo de 1996 que lo revolucionario y justo ha sido desarrollar la guerra, decisión política y práctica revolucionaria, no sólo correcta, sino absolutamente necesaria y legítima.

Ambas partes negociadoras, el gobierno de Guatemala y la URNG, incluyen en los considerandos del Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad que el origen del enfrentamiento armado interno estuvo determinado por el cierre de espacios políticos de expresión y participación democrática, y la adopción de medidas de represión política en contra de personas y organizaciones que fueron vinculadas o identificadas con el régimen derrocado en 1954". El recuerdo de este origen ubica los acuerdos de paz y el camino hacia la paz que en estos días en Guatemala se ha dado en llamar hasta la saciedad firme y duradera, evocando a Esquipulas II en un contexto histórico sólido, sobre el cual se puede tener la osadía de comenzar a construir un mejor futuro.

Historia inolvidable

Este contexto histórico es de alcance centroamericano. En Guatemala, el largo enfrentamiento militar de 36 años hunde sus raíces en el derrocamiento, provocado por los Estados Unidos en trance de guerra fría y rivalidad Este Oeste, hace casi 43 años, del primer experimento democrático serio que hubo en Guatemala y que duró una década. Igual en El Salvador, donde la guerra de 12 años (1980 1992) se remonta a la brutal represión de la insurrección de 1932 y a los fraudes electorales de los años 70. Igual en Nicaragua, donde la revolución sandinista enlaza con el aplastamiento de la reivindicación nacional de decoro y dignidad que ante el imperialismo de Estados Unidos llevó adelante Sandino hace 70 años, y con la perpetuación fraudulenta de la dinastía somocista en el poder. Este contexto histórico debe formar un capítulo esencial en cualquier programa educativo de la juventud de los países de Centroamérica.

Democracia y justicia social

Para la URNG, cualquier transformación de la sociedad guatemalteca pasa hoy por la construcción de una democracia plena con justicia y bienestar social. En ninguna otra reflexión pública de la URNG hemos leído con tanta claridad que la transformación de la sociedad se desarrolla y logra gradualmente y que ha sido rebasado por la misma historia cierto determinismo, según el cual la revolución se lograria sin transcurrir etapas.

La URNG piensa hoy que no han perdido vigencia las aspiraciones y principios de justicia social, de bienestar y desarrollo para las grandes mayorías desposeídas de nuestro país, pero sí son del pasado prácticas y elementos teóricos invalidados por la historia. Afirma también la URNG que los esquemas doctrinarios que durante muchos años sirvieron de guía para dar respuesta a la importantísima cuestión de cómo alcanzar la transformación de una sociedad partiendo de la injusticia y el atraso han sido rebasados por la misma historia y por la realidad. Y confiesa que el mecanismo en la interpretación histórica, el dogmatismo en la valoración y aplicación de las ideas, y el determinismo derivados de ambas posiciones, generaban una interpretación y una visión esquemáticas que, aunque en apariencia tenían una enorme coherencia y supuestamente ofrecían la ventaja de dar respuestas acabadas a todo, provocaron una falacia que no soportó la prueba de la práctica. Verdades universales ante situaciones particulares, modelos de desarrollo predeterminados sin importar las realidades concretas, y conclusiones absolutas, han provocado un gran vacío.

En esta misma veta, la URNG se desprende del atavismo de los movimientos socialistas de diseñar con palabras altisonantes pero huecas las etapas del futuro: Es innecesario y lleva a la dispersión tratar de definir lo imprevisible. Partiendo de esto, insisten en que lo revolucionario para hoy y por muchos años será la construcción de la democracia plena con justicia y bienestar social, con toda la riqueza y contenido que seamos capaces de impulsar.

Sin estar a la defensiva

Este tipo de concepción de la URNG sobre los orígenes del conflicto armado en Guatemala y sobre las circunstancias y las energías que han conducido a la firma de la paz, así como sobre el carácter mismo de la paz como proyecto nacional aparece colmado de sensatez. Importa, con todo, señalar que aún subyace en la manera de discurrir de la URNG una compulsión a justificar la justeza de lo pensado y de lo decidido por su dirigencia. Queda todavía un lastre de la convicción de que no hay error o de que hay un acierto permanente en lo que se solía llamar la vanguardia.

Todas estas concepciones estratégicas escriben no son concepciones para una salida coyuntural, sino que han sido maduradas pacientemente y confrontadas con una práctica consecuente durante todo este tiempo.

Es de esperar que, de ahora en adelante, la primacía de lo político y el fin de lo militar dará a la URNG la capacidad para romper con lo que ellos mismos llaman la mentalidad defensiva que una confrontación tan prolongada ha creado en el movimiento revolucionario.

La audacia de Arzú

Cuando a las 6 de la tarde del día 29 de diciembre de 1996, los últimos firmantes del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Gustavo Porras por la Comisión de Paz (COPAZ) del gobierno y Ricardo Ramírez Comandante Rolando Morán, por la URNG se abrazaron, se estaban abrazando un antiguo miembro del EGP con su antiguo Comandante en Jefe. También se estaban abrazando dos consuegros. Este apunte anecdótico revela una de las condiciones de posibilidad que hicieron conjunción para permitir al gobierno del Presidente Alvaro Arzú el cumplir antes de un año de ejercicio con su promesa de priorizar la negociación de los acuerdos de paz y de concluirla con presteza.

Con supuestas raíces en la derecha guatemalteca y de familia oligárquica, Arzú supo rodearse audazmente de inteligentes colaboradores de pensamiento progresista y abierto. Es el caso del titular de su Secretaría Privada, Gustavo Porras, a quien nombró también Presidente de COPAZ. Su principal negociador, Porras, es disidente del EGP y de la URNG desde 1984, pero es coherente con un pensamiento social transformador y no conformista. Podría haber sido rechazado, tanto por la derecha como por sus antiguos compañeros comandantes, pero Arzú corrió el riesgo. El balance parece haber sido positivo.

Es también el caso de Eduardo Stein, a quien Arzú encomendó el Ministerio de Relaciones Exteriores y con él, la tarea de tratar con el Grupo de Amigos del proceso de paz guatemalteco (México, Noruega, Estados Unidos, España, Colombia y Venezuela), y de devolver respetabilidad a Guatemala ante la comunidad internacional. Stein, ex profesor e investigador de la UCA de El Salvador, académico riguroso con valores éticos reconocidos, acreditó durante una década en la Secretaría de CADESCA organismo de proyectos para Centroamérica del SELA su compromiso con la transformación de las sociedades centroamericanas.
Otros miembros del gabinete político de Arzú, los que componen su círculo de asesores más cercano, tienen también historiales similares.

El pensamiento de este sector del equipo de gobierno de Arzú se refleja en un párrafo del discurso del Presidente en la firma de la paz, bastante coincidente con las perspectivas del lenguaje que encontramos en la URNG: Nuestro país está todavía muy lejos de los niveles de bienestar suficientes para las grandes mayorías. Los guatemaltecos estamos llamados a un esfuerzo global de desarrollo equitativo.

La misma agenda

En el mismo discurso afirma también el Presidente de Guatemala que los documentos que se han firmado recogen un pedazo de nuestra conflictiva historia reciente, anticipan la imagen de la sociedad pacífica y próspera que queremos llegar a ser, y dibujan el largo camino de transformaciones, de reconciliación y solidaridad que necesitamos recorrer.

Gustavo Porras enfatizó que con estos acuerdos de paz los guatemaltecos reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con la profundización de la democracia. De alguna manera, los contrincantes en la guerra, representantes de corrientes gubernamentales y de movimientos de izquierda se encuentran ahora en una agenda nacional de transformación, que se resume en unir esfuerzos hacia un desarrollo con justicia social y hacia una democracia pluralista.

Seis años negociando

Una docena de acuerdos quedó integrada al Acuerdo de Paz firmado en la tarde del 29 de diciembre. Cubren un tiempo de negociaciones que ha durado 6 años (1991 1996), precedido por un período de diálogos intermitentes (1987 1990).

Después del encuentro de Oslo (marzo/90), entre la Comisión Nacional de Reconciliación plenipotenciada por el gobierno del Presidente Cerezo y la URNG, donde las partes se comprometieron a la negociación, el resto del año 1990 se empleó en encuentros de diálogo entre diversos sectores de la sociedad civil guatemalteca y la Comandancia de la URNG. Participaron los partidos políticos, los empresarios del CACIF, las Iglesias y otros sectores religiosos, las organizaciones populares y sindicales, los sectores académicos y universitarios y la pequeña empresa.

En 1991, en Querétaro, México, siendo ya Presidente Serrano, se firmó el marco de la negociación entre el gobierno y la URNG concretado en el objetivo de la democratización. Entre 1991 y 1994 el proceso se empantanó, pugnando por no interrumpirse.

Después del fracasado autogolpe de Serrano en 1993, el gobierno de Ramiro de León y la URNG reformularon el marco de las negociaciones en Ciudad de México en 1994. Ese año, entre marzo y junio, se firmaron tres acuerdos sustantivos en su contenido: el Acuerdo de Derechos Humanos, en México, el Acuerdo de Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo de Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos que han causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca, ambos en Oslo.

Este último acuerdo suscitó una corriente de profundo malestar entre muchos militantes y simpatizantes de la URNG, así como entre organismos de derechos humanos y entre no pocos sectores religiosos y populares de la sociedad civil. Razón fundamental: el acuerdo limitó las funciones de la Comisión a esclarecer sólo responsabilidades institucionales o de los bandos contendientes, prohibiendo expresamente individualizar responsabilidades.

Nueve meses de cuidado

Esta disposición bozal sobre responsables personales de atrocidades cometidas, más otra disposición que impide que el esclarecimiento tenga propósitos o efectos judiciales, provocaron tal malestar que el siguiente acuerdo estuvo diseñándose con infinito cuidado durante los siguientes nueve meses.

En marzo de 1995, en México, se suscribió el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, bastante satisfactorio para muchos. Supone una revolución en la concepción de Guatemala, pues apunta a que deje de ser la Patria del Criollo para que camine hacia la construcción de una nación de unidad nacional multiétnica, pluricultural y multilingüe, creando una nueva convivencia que refleje la diversidad de la nación.

La ventaja de Arzú

Hasta este momento, las diversas Comisiones de Paz, negociadoras plenipotenciarias del gobierno, tenían una composición en que el número de funcionarios civiles (3) se equiparaba con el de militares (3). A aquellas alturas de 1995, la debilidad del gobierno de Ramiro de León, sin partido propio, impedido de optar electoralmente a la Presidencia para un período propio entero por no haber renunciado antes de cumplirse dos años de su gobierno, provocó que se estancaran las negociaciones. También se detuvieron por lo delicado de los temas que aún quedaban por resolver. La URNG no estaba dispuesta a negociar temas sustantivos, como el socioeconómico o el de la transformación del ejército, con un gobierno que, a falta de partido propio, estaba claramente sostenido por la fuerza social de los militares.

Con una notable confidencialidad, nunca quebrada, el entonces candidato presidencial por el Partido de Avanzada Nacional (PAN), Alvaro Arzú, y parte de su futuro equipo de gobierno, se reunieron con la Comandancia de la URNG en San Salvador y en Roma varias veces, utilizando para ello los buenos oficios de la activa y creativa comunidad católica de San Egidio.

Estas pláticas informales, audazmente realizadas antes de tener la seguridad de llegar a ser gobierno, dieron a los futuros negociadores de ambas partes una clara ventaja de mutuo conocimiento y de previo desbroce de los temas pendientes. Parece obvio que, también con elementos institucionales del Ejército, tuvieron el candidato Arzú y su equipo pláticas previas que permitieron al Presidente, en sus primeros días de gobierno, realizar una depuración concertada del Ejército y de la Policía, paso que facilitó notablemente la confianza necesaria para abordar con agilidad y presteza los temas de negociación pendientes.

Con Arzú en la Presidencia, la nueva COPAZ presentaba ya un formato nuevo: tres civiles y un solo militar.

Dos Acuerdos clave

En mayo de 1996 se firmó en México el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, que plantea un camino de modernización y equidad para el desarrollo y la transformación del acceso de la población a la satisfacción de sus necesidades básicas y a su mejor capacitación humana, y que enfrenta el espinoso problema del acceso a la tierra y de su eficiente cultivo.

En septiembre de 1996 se suscribió el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. Abordada ya desde el gobierno, en concertación con el mismo Ejército, una cierta depuración de la institución armada, este acuerdo se centró en la modernización del Estado a través de la descentralización del Ejecutivo, de su moralización contra la corrupción y de una mayor eficiencia para garantizar la seguridad por medio del fortalecimiento de la Corte de Cuentas y de la transformación del Poder Judicial, así como por la reorganización de los cuerpos de seguridad en una sola Policía Nacional Civil, separada de la jurisdicción del Ministerio de Defensa y puesta bajo la del de Gobernación. Se enfatizó también el fomento de la organización de la sociedad civil y de los cauces para una democracia más participativa.

La última crisis

Los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre fueron testigos de una aguda crisis en la fluidez de las negociaciones. El gobierno hizo público que un comando de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) había sido responsable del secuestro de una anciana empresaria, Olga de Novella, del mono polio del cemento. A sugerencia del gobierno, el moderador de la ONU, Jean Arnault, suspendió las negociaciones.

La URNG asumió la responsabilidad política del secuestro y el representante en las negociaciones de la ORPA, Comandante Gaspar Ilom, cedió su puesto en la comisión negociadora a Jorge Rosal. El Presidente Arzú asumió directamente la tarea de canje con el jefe del comando responsable del secuestro para liberar a la secuestrada. Durante los días que duró la crisis, la opinión periodística mostró una indignación sin límites por el delito cometido por el comando de la ORPA, planteando con estridencia el poner en la picota a la guerrilla porque, al fin, habrían dejado caer sus máscaras de negociadores de la paz y aspirantes a sinceros demócratas.

Esta airada campaña sembró justificadas dudas sobre si bastantes sectores de la población de Guatemala habrían dado ya el imprescindible paso hacia un cambio de mentalidad, aceptando que los insurgentes tuvieron razones válidas para su lucha, y asumiendo que el juicio de las atrocidades cometidas en el enfrentamiento armado tiene que ser imparcial y no crítico de uno solo de los bandos contendientes.

Este tipo de reacciones farisaicas, por el uso de dobles medidas, olvida, por ejemplo, que en octubre de 1995 la masacre de once civiles de un asentamiento de retornados en Xamán, llevada a cabo por efectivos del Ejército, no condujo a la suspensión de las negociaciones. Olvida que el gobierno actual administra el mismo Estado cuyos gobiernos defendieron la legalidad con horrendas y masivas violaciones de los derechos humanos. Sobre todo, este tipo de campaña intolerante nos recuerda la imposibilidad que existe para construir una Guatemala mejor sin que todos asuman una profunda corresponsabilidad por lo que pasó en estos 36 años, sin que nadie se atrinchere atribuyendo todas las culpas al contrario, negándole cualquier reserva de razón y de buena voluntad.

Los últimos Acuerdos

Con su firmeza, el gobierno conservó la autoridad necesaria para continuar el proceso de paz y desmontó los argumentos de los extremistas, que aún a esas alturas de la negociación abogaban por una victoria militar sobre la guerrilla.

La URNG encajó el golpe a su autoridad moral y ofreció suspender las operaciones de propaganda armada que aún mantenía. Por fin, la crisis fue superada y se reanudaron las negociaciones. Presumiblemente, también se sacaron las lecciones.

En los primeros días de diciembre las partes suscribieron los acuerdos llamados operativos, para distinguirlos de los sustantivos. Acuerdo sobre el Definitivo Cese al fuego (en Oslo), Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral (en Estocolmo), y Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad (en Madrid). El 18 de diciembre, el Congreso de Guatemala, en base al último de estos tres acuerdos, aprobó por gran mayoría un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional. Sólo quedó para ser suscrito el mismo día de la firma de la paz, por la mañana, el Acuerdo sobre Cronograma para la Implementación, Cumplimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz.

Reconciliación polémica

Pese a ser considerado como operativo, el acuerdo sobre la incorporación de la URNG a la legalidad ha sido tal vez el más controvertido. También ha sido polémica la Ley de Reconciliación Nacional, que da forma jurídica al acuerdo. Actualmente, la Corte de Constitucionalidad ha recibido ya varios recursos de inconstitucionalidad en contra de dicha Ley.

La Ley fue aprobada en sólo tres días y excepto en el primer día con debates a puertas cerradas. La hicieron posible los votos de los dos grandes bloques parlamentarios: los del PAN (partido del presidente Arzú, con mayoría absoluta en el Congreso) y los del FRG (partido del ex gobernante golpista General Ríos Montt, en cuyo período (1982 83) tuvo lugar la política de tierra arrasada y las más crueles masacres de población campesina e indígena). Se sumaron a ellos los poquitos votos de la DC y de otras dos bancadas minúsculas.

En contra de la Ley sólo votaron las seis diputadas y diputados del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) hasta ahora representativo de una izquierda que abarcaba también, sin decirlo, a la URNG y los dos diputados de la Unión del Centro Nacional (UCN), partido del asesinado ex candidato presidencial y periodista propietario y director de El Gráfico, Jorge Carpio Nicolle.

No es punto final

Además de ser la viabilización legal del acuerdo que permitía la reinserción de la URNG a la vida civil al decretar la extinción de responsabilidad penal de delitos políticos contra el Estado y comunes conexos la Ley incluía un tipo de amnistía para funcionarios del Estado por consiguiente, también militares y policías que hubieran cometido delitos comunes conexos con mandatos institucionales legítimos, recibidos para combatir a la guerrilla y a la subversión durante el tiempo del conflicto armado. Si tal conexión se impugnara y no fuera probada en los tribunales, entonces los delitos comunes de los funcionarios del Estado no caerían dentro de esta amnistía.

No se trata, formalmente al menos, de una ley de punto final, similar a las del Cono Sur de América Latina, ni de una amnistía general tan global como la que se dio en El Salvador en marzo de 1993, inmediatamente después de publicado el Informe de la Comisión de la Verdad. Se exceptúan de la extinción de responsabilidad penal así se ha denominado a la figura jurídica que da pie a la reinserción de la URNG los crímenes de lesa humanidad o aquellos delitos que, por derecho guatemalteco o internacional, no prescriben.

La Ley reconoce el derecho de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de otros crímenes a ser resarcidas. Se encomienda a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad Histórica la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra por ambos bandos y la publicación de sus resultados para que no vuelvan a ocurrir tales desmanes. No se menciona en la Ley la limitación de no individualizar las responsabilidades que mencionaba el acuerdo que establece la Comisión de Esclarecimiento.

En su discurso en la tarde de la firma de la paz el Presidente Arzú afirmó: También es preciso reconocer que este ejercicio de perdón, sin olvidar, no ignora ni evita la justicia. Este ejercicio ha tenido una expresión audaz y, aunque polémica, una expresión responsable en la Ley de Reconciliación recientemente aprobada".

¿Y las masacres?

Hasta donde conocemos dijo Arzú ésta es la primera vez en América Latina que las causas de un conflicto armado interno no se resuelven con una amnistía de pleno derecho que cierra las puertas a los reclamos por los excesos que hubieran ocurrido. En nuestro caso, a diferencia de esas amnistías plenas, la figura jurídica acordada para Guatemala excluye los crímenes de lesa humanidad, y le permite a cualquier ciudadano acudir a la justicia para demostrar que los agravios sufridos no estuvieron directamente vinculados con hechos inherentes a un conflicto armado.

Es cierto. Pero en la Ley no se da al Estado al Ministerio Público el encargo de realizar tal investigación y de buscar de oficio las pruebas de tales crímenes como debe hacerlo de oficio con cualesquiera otros delitos sino que se deja a los acusadores privados a las víctimas o a instancias de derechos humanos la res ponsabilidad de hacerlo. Además, como crímenes que responderían a la calificación de lesa humanidad y/o no prescriptibles, se enumeran la tortura, el genocidio y la desaparición forzosa, pero no la ejecución extrajudicial y las masacres, aunque implícitamente ambas estén consideradas.

¿Seguirán impunes?

El procedimiento judicial previsto en la Ley para llegar a resultados es extremadamente sumario. Si alguien hace una acusación concreta o pretende que la justicia decida sobre si a su caso se le aplica la extinción de responsabilidad penal, quedará en manos de una Corte de Apelación, según la materia, emitir una resolución en el término de diez días hábiles. Esa resolución solo podrá apelarse una vez ante la Corte Suprema.

Se pretende así suprimir el recurso a la Corte de Constitucionalidad que, constitucionalmente, cabe aún después de que la Corte Suprema decida.

No habrá encarcelamiento preventivo u otras medidas sustitutivas contra los acusados, ni tendrán éstos que estar presentes en la vista de la causa, sino que podrán ser representados por sus abogados defensores.
Una vez dada la sentencia, en primera instancia o en apelación, sea absolutoria o, según el caso, indique que cabe la amnistía, el caso será sobreseido o tenido por materia juzgada. Los integrantes de la Alianza contra la Impunidad, la Fundación Mirna Mack, la Fundación Rigoberta Menchú y varios sujetos individuales o institucionales presentaron recursos de inconstitucionalidad contra esta Ley ante la Corte de Constitucionalidad.

Por su parte, los abogados de los altos oficiales militares acusados en el caso Mirna Mack, y los de los acusados en la masacre de Xamán, en el asesinato de Jorge Carpio, en el asesinato de miembros del Comité de Unidad Campesina, etc., ya han solicitado que se les aplique la amnistía. La resolución de estas solicitudes indicará hasta dónde el actual sistema judicial tendrá suficiente coraje para combatir la impunidad o si ésta se afirmará una vez más.

No podemos olvidar

La consigna con la que se votó en 1993 en el Congreso salvadoreño la Ley de Amnistía fue perdón y olvido, mencionándose también aquello de borrón y cuenta nueva, sin reparar en lo aberrante de ambas formulaciones. El perdón no se puede imponer a las víctimas. El olvido mata la memoria histórica que construye la identidad cultural de los pueblos. Y la cuenta nueva después del borrón supone precisamente un aliento para volver a cometer los crímenes amnistiados u otros semejantes, ya que fue tan fácil borrar los anteriores.

En su discurso de la tarde de la firma de la paz, el Presidente Arzú reconoció esta problemática y es innegable que avanzó en formulaciones más humanas que las registradas en otros países latino americanos. Aunque estas heridas personales, familiares y comunitarias tardarán mucho en sanar, nos debemos unos a otros, como sociedad, este momento de perdón, para poder salir adelante. Pero el perdón no significa el olvido. Una cosa es perdonar para proseguir con ánimo positivo y fraterno una ruta de reconstitución de nuestra sociedad lastimada. Otra cosa es olvidar. No podemos olvidar. No debemos olvidar. Esto, además de ser inhumano, es un atropello a la identidad de un pueblo. Como pueblo que se reconcilia, necesitamos la plenitud de nuestra memoria histórica. La plena conciencia de lo que pasó debe servirnos para no repetirlo, y ser fundamento de la construcción de nuestro futuro".

¿Sólo palabras?

La memoria de un pueblo continuó Arzú compartida constructivamente incluyendo los sufrimiento,nos da ternura, nos humaniza, y nos fortalece frente a los desafíos del futuro. No podemos pedirle a todo un pueblo que nazca de nuevo a un territorio en blanco, sin pasado y sin historia. Y quizás vale la pena recordar que nuestras tradiciones culturales, tanto mayas como judeocristianas, están hechas en base a la memoria de lo bueno y de lo malo. Los cristianos recordamos constantemente en la santa misa el sacrificio de Cristo.

Son palabras desacostumbradas en los gobernantes de los países latinoamericanos, cuyos pueblos han tenido que pagar costos tan altos para conquistar caminos que habían sido extraviados en sus recorridos civilizatorios, como recordó el Comandante Morán en el acto de la firma de la paz. Pero son palabras. Tendrán que verificarse en el futuro inmediato.

Un claro retroceso

El acuerdo de incorporación de la URNG, la Ley de Reconciliación Nacional y, antes, el Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, con todo y los avances que representan respecto a procesos similares en otros países, contienen probablemente un retroceso respecto de lo que las mismas partes negociadoras acordaron en el primer acuerdo sobre derechos humanos, en el que se leía: Las partes coinciden en que debe actuarse con firmeza contra la impunidad. El Gobierno no propiciará la adopción de medidas legislativas, o de cualquier otro orden, orientadas a impedir el enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones a los derechos humanos. La firmeza de esta formulación no parece haber sido mantenida años después ni por el gobierno ni por la URNG.

Paz en Centroamérica

El 16 de enero de 1992 se firmaron en Chapultepec, México, los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra en El Salvador. El 29 de diciembre, los que concluyeron la guerra en Guatemala.

El primero de febrero de 1992, el FMLN y el gobierno de ARENA celebraron la paz en plazas distintas de San Salvador. El 29 de diciembre, en Guatemala, la paz fue celebrada conjuntamente por ambos bandos contendientes en el Parque Central.

La participación de la Asamblea de la Sociedad Civil en la presentación de borradores de acuerdos sobre los diversos temas en negociación parece haber sido de mayor peso en el proceso de paz guatemalteco que lo que fue la incidencia en el proceso salvadoreño del Debate Nacional por la Paz.
¿Significará esto un mayor compromiso de la sociedad civil en el cumplimiento de los acuerdos guatemaltecos que el que ha tenido la sociedad civil salvadoreña en el cumplimiento de los acuerdos en El Salvador? Parece haber en los acuerdos guatemaltecos sustantivos un mayor diseño de agenda nacional para los próximos años que el contenido en los acuerdos salvadoreños.

Todas estas comparaciones son sólo aproximaciones iniciales. Una comparación de los procesos de paz en Centroamérica es necesaria y requiere de estudios consistentes y profundos. Lo que es indudable es que en Centroamérica los caminos de resolución pacífica y política de los conflictos armados han tenido tal vez mas creatividad y éxito aún con sus evidentes precariedades que en otras regiones del mundo.

Hoy por hoy, el gobierno de Arzú se halla ya emplazado por la opinión pública que se expresa en los medios de comunicación y en el ambiente popular a cumplir con los acuerdos y a afrontar los problemas de empobrecimiento de las grandes mayorías, la falta de empleo, y la inseguridad ciudadana. No es halagüeño para los guatemaltecos observar lo que ha sucedido en El Salvador y en Nicaragua después de los acuerdos de paz. A pesar de todo, pocas veces un gobernante guatemalteco contó con tanto espacio como el que Alvaro Arzú está hoy gozando.

¿Qué esperan?

El diario Siglo XXI encuestó en la capital a una muestra de guatemaltecos pidiéndoles su opinión acerca del Presidente. Un 62% piensa que Arzú está gobernando bien y otro 8% piensa que muy bien, mientras sólo un 7% piensa que lo está haciendo muy mal y otro 21% mal. Un 45% piensa que el país estará mejor dentro de un año y un 27% que estará igual, mientras un 25% piensa que estará peor. Un 59% piensa que personalmente estará mejor dentro de un año, un 23% que estará igual y un 13% peor. Un 28% piensa que la paz traerá al país menos violencia y un 20% piensa que traerá más fuentes de empleo. Un 27% piensa que el principal problema de Guatemala es la delincuencia y un 53% menciona en primer lugar la pobreza, la crisis de la economía, los precios altos, el desempleo o la inflación. Un 56% piensa que el gobierno logrará reducir el índice de delitos y de violencia.

Las mejores valoraciones las recibe el gobierno al juzgar sus relaciones con otros países, el modo en que ha llevado el proceso de paz y el manejo de la economía del país, aunque no respecto a su preocupación por los pobres, por lograr más empleos o por combatir la delincuencia.

Guatemala empieza una nueva etapa. El quetzal de vistosas plumas de helecho vuela ya peligrosamente sobre los cielos guatemaltecos. Son enormes los retos a los que el pueblo y el gobierno se enfrentan con este vuelo.

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