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  Número 271 | Octubre 2004
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Guatemala

Devorados por el corto plazo

Nueve meses hablan de parto. En nueve meses el gobierno no ha dado a luz un plan coherente para el corto y para el largo plazo, un plan que haga consistentes las acciones apagafuegos del bombero con las acciones necesarias para la prevención de los incendios.

Juan Hernández Pico, SJ


Después de nueve meses de gobierno, el Presidente Oscar Berger y su equipo han tocado pocos de los que podemos considerar problemas estructurales de Guatemala, los que deben ser enfrentados con una visión y una planeación de largo plazo. Cuando los han tocado ha sido como a palos de ciego, sin fijar estrictas prioridades y sin buena comunicación con la ciudadanía, para que se los apropie o los cuestione en un auténtico diálogo nacional.

“Madre de la Patria” y “Padre de esa Madre”

De los problemas estructurales de Guatemala el gobierno de Berger ha afrontado varios. El primero y más importante, la reducción del militarismo.El Ejército de Guatemala nació institucionalmente con la Reforma Liberal en el último tercio del siglo XIX.

Fue la fuerza armada con la que los primeros burgueses -los cafetaleros-, con vocación de inserción en el mercado mundial capitalista, derrotaron a los conservadores, anclados en el antiguo latifundio poco productivo. Con esta fuerza armada los cafetaleros liberales pudieron también expropiar a la Iglesia e intentar, con la expulsión de varios arzobispos y de las congregaciones religiosas, quebrar la columna vertebral ideológica del conservatismo. Con el Ejército los cafetaleros quebraron también la resistencia comunal indígena, abrogando el censo enfitéutico y lanzando al mercado las propiedades ejidales. Fue ésta la segunda gran “reforma agraria” en el país. La primera había sido la de los conquistadores encomenderos. Después de un corto escarceo de algunos de los oficiales del Ejército con la modernización del país en la Revolución de octubre del 44, el anticomunismo y la Doctrina de la Seguridad Nacional reforzaron el papel de la fuerza armada como defensora del capital en manos de muy pocos. De brazo armado de los capitalistas, el Ejército intentó transformar a sus altos oficiales en capitalistas independientes incorporados a las clases económicamente dominantes. Fue la época de la fundación del Instituto de Previsión Militar y del Banco del Ejército. Una vez que esta intentona fracasó, al abrigo de la guerra, no pocos altos oficiales habrían optado por incorporarse al capital delincuencial global, a través del contrabando, el narcotráfico y otros tráficos prohibidos.

En la guerra, el Ejército forjó una ideología: ser “madre de la patria”, a la que habría engendrado para la libertad, siendo a la vez “padre de esa madre”, tal como lo formuló su gran ideólogo, el general Alejandro Gramajo. Según esta ideología, las masacres, las torturas, las desapariciones forzadas, fueron, en último término, el castigo severo a hijos e hijas desviadas del buen camino y enredados con el comunismo. Una dura pero necesaria corrección.

La reducción del ejército y lo que aún falta

Con la presidencia de Berger, es la primera vez que un gobierno intenta afrontar de raíz el problema del militarismo, enorme lastre para la construcción de la democracia en Guatemala. La reducción del Ejército a 15 mil 500 efectivos, una tercera parte de lo que llegó a ser en el momento más álgido del conflicto armado interno, constituye un logro muy importante.

La reducción de las zonas militares en el interior del país a sólo cinco es otro logro. Sólo pueden y saben medir su significado quienes experimentaron la capacidad represiva y también divisiva del ejército y tuvieron que convivir con él como vecinos durante años.
Para quienes en Guatemala creen en la reconversión del ejército, el mayor problema aún no resuelto es liberarlo de la influencia externa de los militares ya retirados -acusados algunos de mafiosos- para así re-institucionalizarlo y hacerlo capaz de una regeneración moral. Para otros, los problemas son dos. Uno, la rendición de cuentas ante los tribunales de quienes en el Ejército incurrieron en graves delitos durante la guerra -delitos que no prescriben según la Ley de Reconciliación Nacional, entre ellos, y según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), la mayoría de las más de 600 masacres y no 60, como equivocadamente escribimos en nuestro anterior texto en “Envío”-.

Y dos, la modernización del ejército, con el enorme costo financiero que supone y su dudosa utilidad, en un mundo donde no debe haber enemigos regionales que lo justifiquen y donde la democracia necesita instituciones civiles de seguridad, no de represión, y donde no tienen sentido ejércitos que sólo podrán ser algo así como juguetes de niño, soldaditos de plomo al servicio de los intereses de las grandes potencias o de la única superpotencia. El hecho es que Estados Unidos no parece estar dispuesto a financiar la modernización del ejército de Guatemala. Y, si ellos no, ¿quién o quiénes? ¿Otras potencias? ¿O el enormemente peligroso mercado ilegal de armas?

Lucha anticorrupción: logros importantes

El Gobierno de Berger ha tratado de impulsar la lucha contra la corrupción, aunque gran parte de esa lucha le corresponde a instituciones estatales que no dependen del Poder Ejecutivo. A la Corte Suprema de Justicia -y en general a los tribunales- y a la Fiscalía General de la República. Sí depende del ejecutivo la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación, que la comanda y dirige.

La lucha contra la corrupción también comprende la lucha contra los poderes ocultos, los que intentan dirigir el Estado en forma ilegítima, fortaleciendo otro Estado dentro del Estado. Las capturas del ex-contralor Dubón, del ex-ministro de Gobernación Barrientos, del ex-director de la SAT Abadío, hablan bien de esta dimensión de la lucha. De igual manera, los procesos entablados contra los presuntos autores o instigadores de los desórdenes y públicas intimidaciones que los medios bautizaron como “jueves negro” y “viernes de luto” en julio de 2003, para presionar por la inscripción de la candidatura del general Ríos Montt a la Presidencia de la República. Entre estos procesados se encuentra el mismo Ríos Montt. También es importante la captura del banquero Francisco Alvarado MacDonald, quien pudo evadirla durante gran parte del período presidencial de su amigo el ex-Presidente Portillo. El mismo Portillo está sometido a una investigación por posible lavado de dinero. Varios generales y funcionarios del Instituto de Previsión Militar están arraigados e investigados por presuntos desfalcos millonarios. Son también relevantes las capturas del ex-Presidente Francisco Reyes y del ex-Ministro de Finanzas Eduardo Weymann.

¿Es por venganza? ¿Es ya imposible?

No poca gente piensa que la lucha contra la corrupción está desviada de su legitimidad por la interferencia en ella de la venganza. Una venganza que, para ser ejercida, supondría, de previo, una gran presión de los poderes económicos tradicionales sobre los tribunales. ¿Hay base para creerlo así? Tanto Weymann como Reyes ocuparon en su tiempo altos puestos en el CACIF. Su actuación en el gobierno del FRG habría lastimado los intereses de sus antiguos socios. Eso explicaría que, por ejemplo, a Weymann, el juez encargado de su caso le haya impuesto medida sustitutiva de cárcel como la impagable cantidad de 35 millones de quetzales, mientras que Alvarado MacDonald está en libertad provisional con una medida sustitutiva de 7 millones de quetzales, siendo así que lo que sus bancos “gemelos” defraudaron a sus clientes y al mismo Estado supera con mucho los mil millones de quetzales.

Más honda y gravemente, hay funcionarios del actual gobierno que consideran la lucha contra la corrupción como imposible de ganar. Piensan que resulta ya imposible desparasitar al Estado de las avanzadillas de la corrupción y de los poderes ocultos, insertas y enquistadas en él irremediablemente durante el gobierno de Portillo. Evidentemente, esta lacra estructural está íntimamente vinculada con el militarismo.

Lavando una historia ensangrentada y envilecida

Para recuperar el Estado de Derecho es crucial que el Estado sea capaz de reconocer que no se estrena cada cuatro años con un nuevo gobierno, sino que hay una cadena de la memoria que lo vincula a la historia, aunque no sea lo mismo la historia que la memoria histórica que de la historia se tenga.
El Estado guatemalteco tiene una historia poco digna, cargada de dictaduras, ensangrentada por sus fuerzas armadas, envilecida por los secuestros, las desapariciones forzadas y las mazmorras donde los presos políticos han sido torturados y han purgado “sentencias” ilegales sin que haya habido tribunales que los hayan juzgado con un debido proceso. Es un Estado desprestigiado hasta ayer mismo con actuaciones policíacas violentas y fuera de todo derecho.

El reconocimiento por el Estado de su responsabilidad en crímenes como el de la antropóloga Myrna Mack, el del investigador policial de su asesinato José Miguel Mérida o el del novelista indígena Luis de Lión, es un paso adelante en la aceptación de toda su historia y de la memoria histórica rescatada por la REMHI y la CEH. En agenda quedan todavía algunos crímenes memorables: los asesinatos de los líderes políticos demócratas Adolfo Mijangos, Manuel Colom Argueta y Alberto Fuentes Mohr, los de dos directivas enteras del Partido Guatemalteco del Trabajo, el del abogado laboralista Mario López Larrave, el del sindicalista Mario Mujía Córdoba (Güigüi), el del sacerdote Hermógenes López y el del obispo Juan Gerardi. Pendiente está también la aceptación completa de las recomendaciones de la CEH, una obligación de Estado, puesto que a ello se comprometió el gobierno guatemalteco que firmó el Acuerdo para la creación de esta Comisión.
Dotar, en el nuevo presupuesto, a la Comisión de Resarcimiento a las víctimas del conflicto armado interno, de un fondo que supere los 30 millones de quetzales -no 300, como se nos escapó equivocadamente en nuestro anterior artículo de Envío- que ya se le otorgaron en 2004, adquiriría un gran significado, sobre todo porque el Presidente Berger sancionó y mandó a publicar la ley que otorga varios miles de millones para la compensación de los ex-patrulleros, muchos de ellos victimarios.

“¡Vamos Guatemala!”

En el segundo semestre de 2004 el Gobierno de Berger lanzó el “Programa de Reactivación Económica y Social 2004/2005”. Le puso un nombre sugerente: ¡Vamos Guatemala! Unidos por un mejor país. El nombre recuerda el poema ¡Vamos Patria a caminar! del gran poeta guatemalteco Otto René Castillo, asesinado en los años 60 en Zacapa durante la brutal campaña contra la primera guerrilla de las FAR. El programa busca “impulsar la activación económica y la armonía social, a través de programas de rápido y amplio impacto”, y así caminar “del estancamiento al crecimiento y del crecimiento al bienestar”. Supone un contexto de mayor seguridad integral, mejor entorno institucional y gestión pública, lo que incluye descentralización y promoción de la participación en el desarrollo local y una gestión macroeconómica sostenida en su estabilidad. Se enmarca en una política de alianzas del sector público con el privado y en un compromiso con la sostenibilidad ambiental. El programa tiene tres componentes estratégicos: la solidaridad para atender las mayores urgencias en la reducción de la pobreza; el crecimiento económico a través del impulso a la vivienda, la infraestructura, el turismo, las finanzas y el sector forestal; y el aumento de la capacidad
de competir, en productividad, innovación tecnológica, promoción de exportaciones, simplificación de procesos administrativos y promoción de la inversión productiva interna y externa. El programa se piensa como dinámico y retroalimentado por nuevos proyectos que surjan de las alianzas, y para ello cuenta con un mecanismo de seguimiento apoyado en el compromiso estratégico de la Presidencia de la República.

Numeritos hablan

El programa ¡Vamos Guatemala! cuenta con un presupuesto de inversión pública de 7 mil 666 millones de quetzales (972 millones de dólares). El componente “Guate solidaria” absorbe 5 mil 320 millones, el 69% del total. El componente “Guate crece” se lleva en inversión pública 2 mil 26 millones de quetzales, el 27%. Se espera que sea complementado con un monto de inversión privada que no se especifica y dependerá de las alianzas que se establezcan. Finalmente, el componente “Guate compite” obtiene 320 millones de quetzales, el 4% del total.

El esfuerzo mayor del componente de “solidaridad” pretende concentrarse en 41 municipios de alta vulnerabilidad y en 70 con incidencia significativa de pobreza, entre el total de los 331 municipios del país-. La inversión mayor será en educación -primaria completa para todos, educación bilingüe, “Eduquemos a la niña”, “Salvemos el primer grado”, etc.- y alcanzará 2 mil 842 millones de quetzales (360 millones de dólares). También se pretende una inversión fuerte en la organización misma del Estado para priorizar a los municipios más vulnerables y pobres (76.5 millones de dólares), en salud (76 millones de dólares) y en nutrición (24 millones de dólares). También en electrificación rural, vivienda, acceso a la tierra, infraestructura productiva, forestería, etc.

El esfuerzo mayor de “crecimiento económico” será en infraestructura vial (1 mil 591 millones de quetzales - 202 millones de dólares) y en turismo, recreación, cultura y sector forestal. En aumento de la “competitividad”, las inversiones mayores están programadas en operación eficiente y remodelación de aeropuertos y mejora de procedimientos aduaneros (18 millones de dólares) y en desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa (15 millones de dólares). Sigue siendo diminuta la asignación a “desarrollo científico, tecnológico y de innovación” (40 millones de quetzales - 5 millones de dólares), sólo el 0.06 %.

Teniendo en cuenta el monto total de inversión pública del programa, es inevitable que lo que en él se ha asignado a la cuestión agraria sea también muy escaso. Sólo 162 millones de quetzales (20.5 millones de dólares) para acceso a la tierra -arrendamiento de tierras y compra de fincas-. El 2% del total del presupuesto público. Aún es más preocupante si vemos que a proyectos alrededor del catastro se han asignado únicamente 42.5 millones de quetzales (5 millones de dólares, 0.06 % del total). Dada la gran conflictividad agraria del país -que ha cobrado recientemente más de diez vidas en desalojos, realizados con acciones chapuceras de innecesaria e injusta violencia, parece completamente inadecuado el presupuesto directamente encaminado a afrontar y a tratar de solucionar estos conflictos.

“No es populismo”: Conflicto Berger-Obispos

Es el componente del “crecimiento” el que ha ocasionado las mayores controversias. Uno de sus subcomponentes, las concesiones públicas, no se detalla en el programa ni a él se le asigna ningún presupuesto. Detrás de él se esconden las concesiones mineras. Y más en concreto, la concesión minera para explotar oro y plata en San Marcos a cielo abierto. El fondo de la cuestión está en si esta concesión -y otras del mismo estilo, como la resurrección de la explotación del níquel por la EXMIBAL a orillas del lago de Izabal- son compatibles con el marco del programa de sostenibilidad ambiental.

Las organizaciones ambientales y la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) señalan que son incompatibles. En Nueva York, el Presidente Berger comentó con poca prudencia que los obispos se estaban dejando llevar por una actitud populista en este caso. El presidente de la CEG, Cardenal Quezada Toruño, le respondió, con cierta agresividad, que la preocupación por la ecología y la opción por los pobres no eran populismo. En Guatemala, las concesiones mineras están regidas por una ley de los años 70 que, además de carecer de cláusulas ecológicas, otorga al Estado beneficios porcentualmente muy bajos.
Tampoco se programa presupuesto para el “plan nacional de inversiones en energías renovables”. Detrás de esto se avizora la conflictiva alternativa entre grandes o pequeñas hidroeléctricas, con sus impactos enormemente diferentes sobre el medio ambiente. Tampoco se programa presupuesto para los proyectos relativamente grandes que el programa especifica como “Puerto de Champerico, Anillo metropolitano, Franja Transversal del Norte, Corredor del Pacífico y Autopista Guatemala-El Rancho”. Solamente se dice que su inversión dependerá de “alianzas público-privadas”.

Parece imposible que en un año el programa ¡Vamos Guatemala! pueda acometer tantos y tan ambiciosos proyectos, bautizados en el texto del programa como “megaproyectos”. Una vez más, la programación gubernamental carece de una priorización viable y creíble. ¿Se podrá llegar con este programa a alcanzar el crecimiento del 6% anual -de 2004 a 2005- que los Acuerdos de Paz demandan como sostenido durante varios años?

Bosques, Lagos, Represas, Autos, Construcciones...

El Gobierno de Oscar Berger no ha afrontado hasta el momento con seriedad otros importantes problemas estructurales de Guatemala. El primero, y crucial, la vulnerabilidad ecológica del país. Parece claro, después de las experiencias de catástrofes naturales sufridas regularmente en el país -terremotos, erupciones, sequías, huracanes e inundaciones- que no basta contrarrestarlas con un buen centro para emergencias o con un comité de reconstrucción.
El punto principal de una política ecológica preventiva es la preservación de los bosques. Esto implica una estricta regulación de la industria maderera y la creación de un cuerpo de guardabosques adiestrado en técnicas modernas de seguridad forestal, tratado dignamente y pagado con generosidad. Tan importante como esto es la política de recuperación de tierras y de descontaminación y dragado periódico de lagos y ríos. Todas las industrias del país, especialmente las que producen desechos tóxicos y otros contaminantes, deberían ser sometidas a leyes que prevean una disposición ecológicamente segura de estos desechos. Naturalmente, se requiere providenciar las inversiones necesarias para hacerlo tecnológicamente viable.

Las represas hidroeléctricas deberían ser construidas con tecnologías para las turbinas que permitan un almacenamiento mayor de agua en un menor espacio y con menor presión sobre sus contrafuertes. En momentos excesivamente lluviosos, sus vaciamientos deberían ser regulados gradualmente para evitar inundaciones de viviendas y cosechas. Todo el parque de vehículos automotrices del país debería estar regulado por leyes que prohiban la emisión de gases tóxicos y prevean sistemas de inspección, control y reparación de los motores que los producen. Las leyes antisísmicas para la construcción deberían pecar de exceso de seguridad y exigir a los constructores atenerse a ellas. Hay una zona de permeabilidad a la corrupción -promovida por la empresa privada en contubernio con el Estado- cuando los permisos de construcción son extendidos en base a sobornos, y cuando no se lleva a la práctica una vigilancia estricta de los materiales y de su resistencia.
Es este sector medioambiental el que podría ofrecer una auténtica oportunidad para los megaproyectos que verdaderamente interesen al país. Hace treinta años Costa Rica tenía el peor panorama medioambiental por deforestación en la región centroamericana, como puede comprobarse observando los mapas aéreos de aquel tiempo. Hoy, en cambio, es el país centroamericano más reforestado. Y eso influye evidentemente en su producción agrícola y en su floreciente industria turística.

Asentamientos marginales: un auténtico megaproyecto

En ningún plan de gobierno, en ninguna campaña política, ha sido tocada a fondo la lacra estructural que para el desarrollo demográfico y de la geografía humana de este país representan los asentamientos urbanos marginales. Hace muchas décadas, la escasez y mala calidad de la tierra, unidas a la explosión demográfica propiciada por la mejora de la salud con poco acceso a la educación, empezaron a fomentar la migración del campo a la ciudad. El bajo nivel de industrialización en nuestras ciudades impidió que esas masas humanas encontraran empleo suficiente en la economía formal como para poder pensar en el alquiler, la compra o la construcción de viviendas dignas. Así comenzaron los asentamientos marginales. Prototipo, el de los barrancos de la capital. La guerra desplazó después ingentes poblaciones, acelerando el movimiento migratorio.

Nos encontramos hoy ante un problema dramático. Los asentamientos son zonas proclives a experimentar la catástrofe ecológica, los terremotos, las inundaciones o los desprendimientos de tierras. En ellos, la vida es un riesgo permanente. El hacinamiento impide el desarrollo de una sana y libre individualidad. La falta de espacio, el calor, el hedor de los desechos humanos, el roce continuo, la ausencia de servicios educativos y de salud cercanos y de calidad, todo ello se vuelve criadero de indignidad y de violencia, a veces criminal. Y la mala fama que se ganan o se les impone a sus pobladores retroalimenta el potencial inhumano de sus condiciones de vida. Es un círculo vicioso de carencia y de rabia.

Todo esto ha alcanzado un cierto nivel de paroxismo desde que comenzaron a prolierar las maras o pandillas como vínculos entre la migración a Estados Unidos y la migración a las ciudades. El fondo del problema está en el suelo urbano. No es que no haya terrenos disponibles para viviendas, que sí los hay y todavía relativamente numerosos en nuestras ciudades, especialmente en la capital. Es que la ciudad segrega, genera mecanismos de segregación, por la revalorización de los terrenos -lo que llaman vulgarmente “plusvalía” del suelo-, según estén cerca o lejos de las viviendas de los ricos de piel más blanca.

Más de un millón de personas

No cabe duda que si el Estado tomara en serio el artículo 105 de la Constitución, apoyaría “la planificación y construcción de conjuntos habitacionales” con “viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad”. Y si lo hiciera con inteligencia, podría contribuir durante largo tiempo a la creación de empleo endógeno, el proveniente de los mismos asentamientos que se urbanizaran o que se trasladaran a otros lugares.

Aquí sí se trataría de auténticos “megaproyectos”: sería urbanización y vivienda para bastante más de un millón de personas. En alianza con la empresa privada, el Estado podría ser el gran impulsor de este empleo endógeno que, con canchas deportivas, educación cercana y de calidad y centros de salud responsables, podría aportar mucho a la regeneración de la juventud de los asentamientos, a la seguridad ciudadana y, así, al bien común de toda la nación.

Hay que tomar en serio el problema agrario

Pendiente está también la resolución del problema agrario. Conviene no olvidar que los procesos de industrialización y el aumento de la competitividad para la exportación en los “tigres asiáticos” -especialmente en Corea del Sur y Taiwán- tuvieron como una de sus condiciones necesarias, aunque no suficiente, una reforma agraria que acabara con el poder de la oligarquía terrateniente y con la mentalidad subyacente a ese poder, y que permitiera el desarrollo de una mentalidad moderna interesada tanto en el crecimiento del mercado interno -en el incremento de la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población- como en el auge del comercio exterior.

En Guatemala, esa reforma agraria, intentada por el gobierno de Arbenz, se frustró con la contrarrevolución del año 54. Lo que no reconocemos frecuentemente los guatemaltecos es que con esta contrarrevolución se frustró también el desarrollo de una mentalidad nueva, abierta a la innovación, y no temerosa de la competencia que otros países y otros capitales pudieran ejercer. Los Estados Unidos prefirieron en aquel momento de la Guerra Fría conspirar “anticomunistamente” con una capa retrógrada del país -incluido el entonces Arzobispo de Guatemala- que actuar como lo haría Japón pocos años más tarde con los “tigres asiáticos”, transfiriéndoles tecnología, para propiciar su desarrollo y evitar la migración a su superpoblado país.

En cualquier caso, hoy es absolutamente necesario tomar en serio el Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria de los Acuerdos de Paz y enviar al Congreso -previa alianza política y movilización de organizaciones campesinas para conseguir su aprobación- un proyecto de ley para el levantamiento del catastro. Según el número 38 de ese Acuerdo, llevamos siete años de retraso. Evidentemente, no le interesa al bien común del país un catastro que consagre la situación agraria actual, sino uno que la reforme.
El diálogo entre el gobierno a través de la vicepresidencia de la República y la Plataforma agraria, la CNOC, la CONIC y otras organizaciones campesinas, debe enfocarse en poner las bases para el cumplimiento de estas medidas, si no quiere acabar devorado por el corto plazo.

La Reforma Tributaria o es “Terrorismo Fiscal”

No hay nada en el programa ¡Vamos Guatemala! que toque en forma profunda el problema del financiamiento del mismo Estado. Que el Pacto Fiscal haya sido elaborado y firmado durante el desprestigiado gobierno de Alfonso Portillo no debe ser un obstáculo, pues ese Pacto fue, en sí mismo, un paso de gigantes en el camino hacia un Estado progresivamente más autónomo de intereses particulares, pero especialmente de los intereses del poder económico tradicional de Guatemala, que ha sido incapaz de superar el enorme abismo de la desigualdad, uno de los tres más anchos y profundos del mundo.

Es necesario desarrollar todo el alcance del Pacto Fiscal. Y en ese marco, y sólo en ese marco comprehensivo, preparar una reforma tributaria de largo plazo, que por su duración estable dé seguridad al capital inversor y asegure al mismo tiempo que Guatemala alcance una carga tributaria de al menos el 12% del PIB, sin la cual es imposible pensar que el Estado va a poder trabajar con presupuestos con un gasto social que sirva al bien común.
La mentalidad que se opone a la parte tributaria del Pacto Fiscal -esa mentalidad que asegura que los impuestos disuaden de invertir- y que acusa al Estado de depredador y saqueador -confirmándolo con el favor que desde dentro del mismo Estado le hacen los mecanismos de corrupción en el gasto público-, esa mentalidad proviene del poder económico tradicional de Guatemala. Esa mentalidad debe ser desmontada por un gobierno audaz, veraz y valiente, que luche con la misma fuerza y habilidad contra la corrupción dentro del Estado y contra la corrupción enmascarada en la evasión de impuestos, que es en sí misma una traición al estatus de ciudadanos de los evasores y a toda la ciudadanía del país. En estricto sentido, esa lucha debería significar, cuando la evasión sea descubierta, un proceso judicial y sentencias penales equivalentes al grave delito que se comete, sin que se acepte de ninguna manera llamar demagógicamente a esas medidas penales “terrorismo fiscal”.

El TLC y los Subsidios: Una cuestión básica

Fue lamentable comprobar la ausencia, en la campaña política de 2003, de una reflexión seria sobre los TLC y de una presión sobre el entonces gobierno de Alfonso Portillo para por lo menos retrasar su elaboración y firma mientras se le hacía una revisión estructural profunda. Todo gobierno de un país en vías de desarrollo, y más todavía de un país que, como Guatemala, ocupa hoy el puesto 121 en el índice de desarrollo humano del PNUD -último puesto en Centroamérica-, tiene que partir en sus planes de negociación internacional de un hecho básico: el factor que más agudiza la pobreza en nuestros países es el factor subsidios. Y en concreto los subsidios no sólo a la exportación agrícola y ganadera sino, en general, a la agricultura y a la ganadería en los países con economías más fuertes del globo, Estados Unidos, Unión Europea y Japón.

Un tratado que se dice de “libre comercio” y cuyos negociadores altamente desarrollados no permiten que el tema subsidios se toque a profundidad, es un tratado condenado desde el primer momento a provocar en nuestros países un aumento de la pobreza, porque amenaza la sobrevivencia de la mayoría de agricultores de granos básicos (maíz, frijol, arroz) y de los pequeños ganaderos. ¿Qué se puede negociar si ése es un punto intocable?

Lo que se puede hacer es negarnos a ratificar ese TLC y esperar a que las negociaciones en la OMC -dentro de la cual Guatemala puede participar, manteniéndose en el Grupo de los 20- establezcan estándares de comercio que vayan poco a poco reduciendo los subsidios hasta llegar a suprimirlos.

El 1 de agosto se firmó en Ginebra, en la OMC, un acuerdo que empieza a recortar en un 20% los subsidios a la exportación durante el primer año de vigencia del acuerdo. Todos los países, excepto los 50 más pobres del mundo, quedan obligados por este acuerdo. Es evidente que esta norma multilateral, superior a todo otro tratado bilateral, obliga a los TLC y debería modificarlos antes de que sean ratificados. Lo que en Cancún terminó en un impasse en septiembre 2003, ha sido desenredado, al menos inicialmente, en Ginebra en agosto 2004.

¿Libre comercio o protección desmesurada?

Otro tipo de consideraciones deberían obligar al gobierno de Berger a reflexionar sobre este tema estructural de política exterior. Primero, los TLC están mal bautizados. Mucho más que tratados de libre comercio son tratados de protección a la inversión multinacional. Son también tratados de protección a la propiedad intelectual, que favorecen así desmesuradamente a quienes poseen la tecnología más avanzada para redescubrir las riquezas de la biodiversidad, de las que Centroamérica y el sureste de México son la segunda reserva mundial después de la Amazonia, para luego patentar los derivados bioquímicos de ellas.

¿Qué habría hecho Japón si en su momento de desarrollo industrial hubiera tenido que sujetarse a una legislación de propiedad intelectual como la que se nos quiere imponer a los centroamericanos? Precisamente, Japón basó su exitoso proceso de desarrollo industrial en la copia de inventos occidentales y en su posterior mejora y superación.

¿Deberán los Estados pobres someterse a la legislación de la propiedad intelectual para impedir su salida de la pobreza a través, por ejemplo, del uso de medicamentos genéricos mucho más baratos, bases sólidas de la mejora colectiva de la salud de un pueblo?
No quiero ni pensar en el desastre económico que esperaría a ciertos mercados del Altiplano de Guatemala en caso de que esta protección a la propiedad intelectual se les aplicara rigurosamente.

La violencia está agazapada en la pobreza

A largo plazo ningún gobierno -tampoco el de Oscar Berger- podrá afrontar con seriedad el problema de la violencia y el de la inseguridad ciudadana sin verlo en toda su complejidad, sin relacionarlo con la estrategia para la reducción de la pobreza -que incluye, sobre todo, la entrada y permanencia de la niñez al proceso educativo y la adquisición de hábitos de salud preventiva-, con el estricto control del militarismo, con la lucha contra la corrupción, con la urbanización o el traslado de los asentamientos periféricos, con la resolución del problema agrario, y con el fortalecimiento del Pacto Fiscal.

No quiere decir esto que no haya que responder con presteza a las necesidades del momento, necesidades de mitigación de los traumas causados por el alcoholismo, la ruptura e inestabilidad de la familia y la guerra. El problema de la violencia y de la seguridad ciudadana es, sin embargo, uno de los más estructurales en el país y uno de los que deben ser abordados a largo plazo con la clara conciencia de sus múltiples orígenes. Es un problema cultural. Desde la Conquista, pasando por la Encomienda y los Repartimientos, la Reforma Liberal, la “Liberación” y el prolongado conflicto armado interno, la violencia es entre nosotros un hábito del corazón. La violencia está enquistada en la cultura de Guatemala. Ninguna acción cortoplacista servirá para nada fundamental si no está vinculada como eslabón de una gran cadena, a acciones que frenan el desarrollo de sus causas. El último informe de MINUGUA -el último antes de retirarse del país- advierte que la violencia está agazapada en la pobreza y que si no se lucha contra ésta no se derrotará a aquella.

¿La propiedad o la vida?

El violento desalojo de Nueva Linda (Retalhuleu) el 31 de agosto, donde campesinos con armas dispararon y donde policías de las fuerzas especiales también dispararon y -según el Procurador de los Derechos Humanos- cometieron ejecuciones extrajudiciales, con un resultado total de nueve víctimas mortales, hunde sus raíces en un viejo problema, el de la jerarquización de la propiedad privada por encima de las necesidades fundamentales insatisfechas de los seres humanos. El Vicepresidente Stein afirmó claramente que, frente a la amonestación de la Corte Suprema de Justicia de ejecutar los desalojos pendientes, él se planteaba el dilema del derecho a la propiedad privada frente al derecho a la vida.

Bien haría el gobierno en asesorarse, sobre el complejo entramado de la violencia y la mejor manera de llegar a la reconciliación, con instancias académicas que lo llevan estudiando desde hace varios años. Por ejemplo, la Maestría de Sicología Social de la Universidad de San Carlos. No parece que será con un equipo en Gobernación -que se dice hunde sus raíces en grupos políticos como el MLN- como la seguridad será abordada con la complejidad y la transparencia que necesita.

También aquí el refuerzo del Estado de Derecho es materia principal y tendrá que empezar por la depuración de la Policía, la eficiencia de los órganos de inteligencia civil -que deben utilizar la inteligencia militar, pero analizándola y no siendo dependientes de ella- y la escucha al Consejo civil de seguridad nombrado por el Presidente.

Para no ser un gobierno de bomberos

Si todo esto se tuviera en cuenta, conduciría a una transformación del Estado. Significaría su autonomía ante los poderes fácticos: el económico tradicional, el militarista, el económico emergente y el del capital delincuencial con conexiones globales. El Estado ha sido en Guatemala fuerte para la represión y débil para el servicio al bien común y la intervención social en la economía.
Ha sido un Estado autoritario y no un Estado de economía social de mercado ni mucho menos un Estado del bienestar. Un Estado innovado debería apoyarse en la sociedad civil y en todas sus organizaciones, aun sabiendo que el consenso es difícil. Es de las voces múltiples, multiculturales y multisociales de donde emergerán las propuestas y las protestas que permitan entablar un diálogo nacional auténtico.

Lo más importante es la desprivatización del Estado guatemalteco, para hacerlo procesualmente un auténtico servidor del bien común. Nada de esto será posible sin una política de comunicación transparente del gobierno que, con audacia y flexible disposición al diálogo, plantee lo que la ciudadanía puede esperar, sin alimentar esperanzas imposibles. Guatemala necesita un plan de largo plazo, con prioridades señaladas, con lo que a mediano plazo se puede hacer y lo que hay que hacer a corto plazo. Todo ello en un entramado, en un rompecabezas que sea a la vez paradigma ejemplar y encrucijada de caminos que lleve a metas alcanzables.

Nueve meses hablan de parto. Pero, en nueve meses este gobierno no ha dado a luz todavía un plan de trabajo que conjunte consistente y coherentemente el corto y el largo plazo, las acciones de bombero y la prevención de los incendios. Un presupuesto estatal que sólo o principalmente sea para el funcionamiento del gobierno acabará siendo el presupuesto de un gobierno de bomberos. Un presupuesto que quiera prevenir los incendios tendrá que planear y asignar un monto muy importante para la inversión pública. Si no, terminaremos todo devorados por el corto plazo.

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