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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 195 | Junio 1998
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Nicaragua

Noticias del mes

Equipo Nitlápan-Envío

ELECCIONES 1996 A CIDH
Después de 14 meses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ?instancia de la OEA con sede en Washington? comunicó oficialmente que iniciaba la tramitación de la denuncia que le presentó el 9 de enero de 1997 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en contra del Estado de Nicaragua por violación de los derechos políticos de los nicaragüenses con fundamento en las irregularidades cometidas durante el proceso electoral de 1996. La decisión de la CIDH de tramitar la denuncia del CENIDH pone en cuestión y bajo la lupa todo el proceso electoral del 96 y sus resultados. Por la lentitud de los procedimientos en la CIDH y sea cual sea el fallo definitivo, el Presidente Alemán y su gobierno concluirán su gestión en el 2001 con su legitimidad democrática cuestionada ante una instancia internacional.

CASO NARCOJET
En el proceso judicial seguido para aclarar las circunstancias en que un jet de lujo ¿con evidencias de vínculos con el narcotráfico? fue introducido en Nicaragua en diciembre 97 como "avión presidencial", sin pagar impuestos y con todas las facilidades, la Jueza Martha Quezada ?quien llevó el caso? llamó a declarar al Presidente Arnoldo Alemán. Lo hizo el 12 de mayo, a puertas cerradas y durante tres horas y media. Buscando tomar distancia de su responsabilidad en el turbio asunto, el Presidente no se presentó a declarar como "testigo" ?como le hubiera correspondido? sino como "ofendido", en un hábil pero frágil jurídicamente juego de imágenes. Fue la primera vez en la historia nacional que el titular del Ejecutivo comparecía ante el Poder Judicial.

En los primeros días del escándalo por el narcojet robado en Florida y volando en Nicaragua durante cuatro meses, el embajador de EEUU en Nicaragua, Lino Gutiérrez, declaró categórico: "El Presidente Alemán ha tenido un record intachable en la lucha antidrogas". A mediados de mayo, en pleno escándalo, Alemán viajó por trabajo y "por asuntos personales" a EEUU, donde estuvo una semana. En esta ocasión se entrevistó con el jefe máximo de la política antidrogas del gobierno de EEUU, General Barry McCaffrey, declarando después que el gobierno de EEUU "conoce muy bien" lo ocurrido con el jet y le dio un apoyo "total".

El 19 de mayo fue asesinado en San Salvador ?baleado por la espalda? Oscar Jacobo Rodríguez, destacado agente de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional Civil de El Salvador, que había estado unos días antes en Nicaragua comprobando con un sofisticado escaneador de iones ?técnica en la que era especialista? la presencia de abundantes partículas de cocaína en el "avión presidencial". Las evidencias de cocaína en la aeronave sirvieron de base al fallo judicial, que vinculó la aeronave con el narcotráfico. Ni la policía salvadoreña ni la nicaragüense demostraron la relación entre el asesinato del policía y el caso del narcojet. Después del crimen, un químico de la Dea llegó a Nicaragua por gestiones del Presidente Alemán, a hacer otra prueba en el avión, pero la jueza que lleva el caso no se lo permitió.

La primera fase del proceso judicial destinado a aclarar las irregularidades administrativas cometidas en el caso del "avión presidencial", supuestamente vinculado a alguna red del narcotráfico, concluyó el 14 de mayo. La Jueza Martha Quezada dictó auto de segura y formal prisión contra los siete primeros indiciados como fruto de las investigaciones iniciales, dejando abierto el caso. Los siete fueron encontrados culpables de cuatro delitos: tráfico de drogas, piratería aérea, falsificación de documentos y asociación para delinquir. A excepción de José Francisco Guasch, el piloto del jet y quien lo trajo a Nicaragua ?hoy prófugo y buscado por la INTERPOL?, y de Mario Rivas, Director de Aeronáutica Civil, las otras cinco personas tenían responsabilidades marginales o secundarias en el caso. Las tres Comisiones nombradas por el Presidente en los primeros días del escándalo entregaron sus conclusiones en forma de recomendaciones hasta el 25 de mayo. Ningún otro alto funcionario fue removido de sus cargos y algunos de aquellos sobre los que recaían fundadas sospechas, fueron defendidos cerradamente, en público y en varias oportunidades por el Presidente. Como consecuencia del escándalo, la Policía Nacional tuvo que rotar en sus cargos, por orden de Alemán, a varios de sus oficiales. El 4 de junio, Carlos Palacios ?separado por orden presidencial de la jefatura de la División Antinarcóticos y uno de los rotados?, fue felicitado calurosamente por Joe Petrauskas, representante de la DEA en Nicaragua, quien calificó su trabajo durante más de tres años como "excelente".

CUBA?NICARAGUA
En los primeros días de junio ?y aún caliente el escándalo del narcojet? el Presidente Alemán y el gobierno de Cuba mantuvieron una disputa verbal llena de sarcasmo sobre el destino de unos 200 cubanos balseros que, tras estar retenidos en Bahamas, fueron devueltos a la isla a lo largo de mayo y junio, en base a un acuerdo migratorio Bahamas?Cuba de 1996. Alemán propuso abrirles las puertas a estos balseros después de que la Fundación Nacional Cubano Americana del difunto Jorge Mas Canosa le prometiera fondos para financiar su estadía en Nicaragua, propuesta política a la que Alemán dijo acceder "por razones humanitarias".

CONGRESO FSLN
El 22 y 23 de mayo el FSLN celebró en Managua su II Congreso Ordinario. Participaron en él más de 470 militantes, cuadros y dirigentes del partido. 441 congresistas votaron, reeligiendo para los cargos de Secretario y Vicesecretario General a Daniel Ortega y a Tomás Borge y eligiendo una nueva Dirección Nacional de 15 miembros (antes eran 13). De la saliente dirección, sólo quedaron 4 miembros: Ortega (420 votos), Víctor Hugo Tinoco, René Núñez y Tomás Borge. Respetando las cuotas del 30% para las mujeres y del 15% para jóvenes menores de 30 años, según se establece en los estatutos, resultaron electos las dirigentes históricas Doris Tijerino y Gladys Báez, el sacerdote Miguel D'Escoto, el empresario Manuel Coronel Kautz, el dirigente sindical y médico Gustavo Porras, la activista de la cultura Emilia Torres, la dirigente campesina Martha Heriberta Valle, y los funcionarios juveniles y estudiantiles Bladimir Soto, María Esther Solís y Roberto Calderón. Como invitados especiales del FSLN al acto de inauguración de su II Congreso estuvieron cinco figuras del más alto nivel del gobierno liberal y del PLC que lo controla: Eduardo Montealegre, Noel Ramírez, Iván Escobar Fornos, José Rizo y Jaime Morales Carazo. A pesar del proclamado objetivo de "unificar al sandinismo", el FSLN no invitó a ningún dirigente del Movimiento de Renovación Sandinista.

El 18 de mayo, en vísperas del Congreso del FSLN, Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), hizo pública una carta abierta en la que anunció que no participaría en el Congreso, renunciando por esta razón a cualquier cargo en sus estructuras nacionales. Núñez calificó estas estructuras como "instancias vacías de contenido que no deciden ni conducen, que no ejercen las funciones que los Estatutos del partido les asignan y que sólo sirven para disimular un sistema cada vez menos democrático y por eso, menos revolucionario". En su carta, Núñez afirma también que en el FSLN "somos muchos los que no nos resignamos a estar supeditados a que nos llamen para "aprobar" lo que ya fue decidido de antemano y está orientado a objetivos discutibles. Somos muchas las que no nos conformamos con alabar, y aspiramos a ejercer una crítica constructiva y a aportar iniciativas para el cambio. Somos muchos y muchas las que sufrimos cuando nuestros dirigentes son incapaces de asumir con la verdad los señalamientos que se les hacen por sus errores y por su falta de ética. Soy una de ellas".

CASO ZOILAMERICA
El 27 de mayo Zoilamérica Narváez inició el proceso judicial para recuperar su verdadero apellido ?actualmente todos sus documentos llevan el de Ortega? y para querellarse contra Daniel Ortega por un proceso de abusos deshonestos, violación sexual y acoso sexual, iniciado en 1978 y prolongado hasta 1998. El equipo de abogados de Ortega presentó ante la Jueza Martha Quezada ?quien lleva el caso? un escrito negando los cargos, señalando que, a excepción de los de acoso sexual, todos habrían prescrito ya ?en caso de haber sido cometidos? y que Ortega está protegido por la inmunidad que le da el ser diputado. El proceso judicial, de enorme complejidad y sin precedentes por los implicados, podría sentar jurisprudencia o, por la desigualdad existente entre acusadora y acusado, quedar reducido a un caso más entre los miles que anualmente se cometen en Nicaragua contra mujeres, niñas y niños y quedan sin castigo.

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