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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 212 | Noviembre 1999
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Nicaragua

Noticias del mes

Equipo Nitlápan-Envío

CONFLICTO EJECUTIVO-CONTRALORIA

El 8 de noviembre, y tras ocho meses, el juicio político impulsado por el Presidente de la República contra la Contraloría General de la República, y especialmente contra el Contralor Agustín Jarquín, desembocó en sentencia de cárcel para Jarquín, acusado de fraude en perjuicio del Estado, por haber firmado un contrato publicitario con el periodista Danilo Lacayo, usando éste un nombre falso. Jarquín declaró que la sentencia era "un regalo de bodas" que le estaban haciendo al Presidente en el mismo día en que regresaba de su luna de miel de 15 días en Venecia. El Contralor apeló la sentencia. Alemán había prometido hace meses que indultaría a Jarquín cuando cayera en la cárcel. Al conocer la sentencia, Jarquín afirmó: "El Presidente no tiene la calidad moral para hacerlo y desde ahora rechazo ese gesto de hipocresía".

En un gesto inédito y ejemplar, el Contralor Agustín Jarquín autorizó, a inicios de noviembre, con un poder especial, al cardenal Obando, al pastor Gustavo Parajón, al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y a otros tres organismos cívicos, y a los tres diarios del país, para que investiguen todo lo relativo a su patrimonio personal y familiar, entregándoles la documentación debida para iniciar esa investigación, y garantizándoles acceso a sus cuentas bancarias y registros de bienes. En escrito notariado, Jarquín afirma que lo hace "porque es mi derecho y obligación preservar la herencia, honra y reputación de mi nombre, el cual sucederá en mi familia".

En vísperas de ser sentenciado a prisión, y conociendo ya el contenido de la sentencia, Agustín Jarquín declaró: "Estos son los riesgos que se corren cuando uno asume un compromiso lleno de convicción. La cárcel puede ser uno de los costos por haber luchado por evitar la corrupción y por denunciarla. Pero este riesgo reafirma nuestros principios y nuestra firmeza de que debemos seguir trabajando por construir un mejor país en donde haya plena democracia. Yo no he llegado al cargo de Contralor para enriquecerme. Me acusan de malversar fondos del Estado, pero nunca me he hechado un córdoba en la bolsa. Pero si para los poderosos actuar así es un mal ejemplo y tengo que caer preso, volveremos a la cárcel, con la seguridad de que siempre hemos hecho lo correcto y hemos obrado en consecuencia." Jarquín fue encarcelado en seis ocasiones por el gobierno del FSLN y en una ocasión por el gobierno de Somoza.

Desde que Agustín Jarquín y Claudia Frixione presiden la Contraloría General de la República, en abril de 1996, la institución fiscalizadora de los bienes del Estado ha realizado 700 auditorías. La mayoría de ellas determinaron responsabilidades administrativas, civiles y penales contra funcionarios del Estado, pero en la mayoría de los casos los tribunales de justicia los eximieron de estas responsabilidades o los casos ni siquiera llegaron a los tribunales, especialmente cuando se trataba de altos funcionarios. A pesar de todo, la CGR estima que con sus resoluciones le ha ahorrado al Estado unos 140 millones de dólares.
El 9 de noviembre, los 15 embajadores de la Unión Europea se reunieron para analizar el ataque del Ejecutivo a la Contraloría y al Contralor y concluyeron que éste es expresión de la ingobernabilidad que existe en Nicaragua y que la sentencia contra Jarquín pone en peligro la ayuda de la UE a Nicaragua.

ELECCIONES MUNICIPALES

Las elecciones municipales, a celebrarse el 5 de noviembre del año 2000, están en peligro por falta de presupuesto. En el Presupuesto General de la República para el 2000, presentado por el Ejecutivo al Legislativo el 15 de octubre, la partida asignada al Consejo Supremo Electoral no cubre ni la tercera parte del gasto previsto para garantizar los comicios. El CSE solicitó para este fin 255 millones de córdobas (20 millones de dólares), pero sólo le fueron asignados 76. Según el gobierno, el CSE deberá gestionar con la cooperación internacional los fondos para las elecciones municipales. El Presidente y su círculo han reiterado en diversas ocasiones su deseo de que las elecciones municipales se celebren en el año 2001 junto con las elecciones presidenciales.

SECUESTRO DE UN CANADIENSE EN BONANZA

El 3 de noviembre fueron devueltos por sus secuestradores un ciudadano canadiense y un militar nicaragüense, retenidos durante 34 días en las montañas de Bonanza por un pequeño grupo de rearmados que pertenecieron al Frente Unido Andrés Castro (FUAC), de origen sandinista, que se desmovilizó en 1997 tras acuerdos en los que se les ofrecieron entrega de tierras y otras ventajas sociales que no cumplió el gobierno de Nicaragua. En la liberación de los rehenes fue decisiva la mediación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Después de entregar a los secuestrados al Ministro de Defensa, Vilma Núñez de Escorcia, directora del CENIDH, resaltó la situación de extrema pobreza y de abandono en el que se encuentra desde hace años la población de Bonanza y del triángulo minero.

CASO ZOILAMERICA

El 27 de octubre, Zoilamérica Narváez, como víctima, y Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ambas como peticionarias, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington una denuncia contra el Estado de Nicaragua por obstrucción y denegación de la justicia y por violación a varios derechos humanos consignados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención de Belem do Pará -por la que los Estados se comprometen a prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres-. El 8 de noviembre la CIDH abrió el caso asignándole el número 12,230. El Estado de Nicaragua fue denunciado por no haber dado respuesta a la querella judicial que por prolongado abuso sexual y acoso sexual presentó Zoilamérica en marzo de 1998 contra Daniel Ortega. Desde junio de 1998 este caso quedó paralizado en la Asamblea Nacional, que no dio ningún paso para analizar si a Ortega se le debía o no despojar de la inmunidad parlamentaria -a la que se acogió- para que acudiera a los tribunales y se esclareciera la verdad.

RECLAMOS INDIGENAS EN LA REGIÓN AUTÓNOMA DEL ATLÁNTICO NORTE

Desde mediados de septiembre, y durante dos meses, se lleva a cabo un proceso de consulta -financiado por el Banco Mundial (BM)- entre más de 100 comunidades indígenas de la Región Autónoma de Atlántico Norte (RAAN) sobre el anteproyecto de Ley de Demarcación de Tierras Comunales. A mediados de octubre el Consejo de Ancianos -máxima autoridad de 386 comunidades indígenas costeñas- advirtió que declararía "non grato" al BM, al que acusó de "politizar" la consulta a favor del gobierno de Alemán, que ya está vendiendo grandes extensiones de tierras comunales a privados y permitiendo trasiego de esas tierras entre sus correligionarios políticos. El Consejo advierte también que el proyecto de canal interoceánico, que atravesaría por tierras comunales, no ha sido consultado con los indígenas.

POLEMICA POR LEY RELACIONADA CON LA BIODIVERSIDAD

El 19 de octubre, los diputados liberales y varios de sus aliados aprobaron la Ley de Obtenciones Vegetales, diseñada por las transnacionales del Norte para apropiarse de los recursos genéticos de la biodiversidad de los países del Sur, patentándolos a su favor, y comercializando productos manipulados genéticamente. El Ejecutivo promovió esta ley desde mediados del año, como parte de los acuerdos de protección de la propiedad intelectual suscritos por Nicaragua en 1998. Sólo 44 países del mundo -prácticamente todos del Norte- integran la Unión de Protección de Obtenciones Vegetales, de la que se derivó esta ley, que no fue discutida con los sectores sociales afectados. ONGs y grupos ambientalistas anunciaron que recurrirán de amparo contra la Ley para impedir que entre en vigor.

LA SIP CONDENA AL GOBIERNO

La 55 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Houston, Texas, a fines de octubre de 1999, condenó al gobierno Alemán por su política contra los medios y por lo que en Nicaragua es conocido como "terrorismo fiscal". La SIP condenó "la forma discriminatoria con que el gobierno de Nicaragua distribuye la publicidad oficial, usando este recurso para favorecer a sus partidarios y castigar a sus críticos" e igualmente "la forma discriminatoria en la aplicación de las políticas arancelarias para la importación de equipos para uso periodístico, así como el uso de las normas tributarias con el fin de ejercer presión contra los medios de comunicación que critican la gestión gubernamental."

MEDICOS CUBANOS

El 26 de octubre, la Asamblea Nacional rindió un homenaje de agradecimiento a los 89 miembros de la brigada médica cubana que atendieron a la población nicaragüense en diversos puntos del país tras la devastación causada por el huracán "Mitch". Cada uno de los integrantes de la brigada recibió un diploma de reconocimiento. A raíz del "Mitch", el gobierno cubano ofreció también becas a estudiantes centroamericanos de las zonas rurales más pobres para que viajaran a la isla a estudiar medicina. 329 nicaragüenses han sido beneficiados con becas para estudiar medicina y otros 80 para estudiar como técnicos medios en salud.

RELACIONES CUBA-NICARAGUA

El 5 de noviembre, y en vísperas de la celebración de la IX Cumbre Iberoamericana, el gobierno de Cuba expresó, a través de su Cancillería, que resultaba "extraño, contradictorio y desleal" a los principios anticubanos del Presidente Alemán que el Canciller de Nicaragua Eduardo Montealegre acudiera a Cuba, a la Cumbre, representando al gobierno nicaragüense. La Cancillería de Nicaragua envió una nota de protesta al gobierno de Cuba y, en conferencia de prensa, Montealegre afirmó: "No hay nada extraño y contradictorio en nuestra asistencia. Se están confundiendo las relaciones bilaterales con un evento que es de toda la comunidad iberoamericana, de la que Nicaragua es miembro".

CRISIS EN LA CORTE SUPREMA

El 27 de octubre, después de 50 días sin directiva, y tras un ambiguo arreglo de última hora condicionado por las presiones del FMI, y en el que no parece haber habido la unanimidad que se proclamó oficialmente, los 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligieron a Francisco Plata como Presidente y a Yadira Centeno como Vicepresidenta de la CSJ. Plata era el designado por el Presidente Alemán para ese cargo, y estaba por eso en el origen de la crisis; Centeno apareció durante la crisis como candidata de un sector afín al FSLN. La Sala Constitucional, estratégica en la coyuntura política actual, quedó mayoritariamente en manos de magistrados cercanos al Ejecutivo.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

El 3 de noviembre, liberales y sandinistas se aliaron para elegir al Superintendente y al Vicesuperintendente de Bancos, cargos que estuvieron vacantes durante más de tres meses. En ese lapso, la Superintendencia de Bancos perdió totalmente su autonomía institucional como consecuencia de una nueva ley avalada por el FMI que regulará su funcionamiento. Para los cargos se eligió a Noel Sacasa y a Alfonso Llanes, quienes eran desde hace meses los candidatos del Presidente de la República. Resultó escandalosa la elección de Llanes, señalado hace un mes por la Contraloría General de la República como uno de los responsables de la "descapitalización" (saqueo) del estatal Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC), antes de su "capitalización" (privatización).

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