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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 205 | Abril 1999
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Nicaragua

Noticias del mes

Equipo Nitlápan-Envío

PRESUPUESTO 1999

La aprobación del Presupuesto General de la República para 1999 fue durante meses pieza central en el conflicto institucional que vive el país. El 31 de marzo era la fecha legal límite establecida por la Constitución para la aprobación del presupuesto, pero este plazo se superó. Además de otros señalamientos críticos, en un análisis de mediados de marzo, la Contraloría General de la República advirtió que la ampliación hecha al Presupuesto para incorporar gastos relacionados con la tragedia del "Mitch", no prioriza la atención a los damnificados ni la reconstrucción de las infraestructuras dañadas; y en cambio, establece grandes inversiones en lugares que no tuvieron daños o que apenas los sufrieron. El 7 de abril, el Presupuesto 99 fue aprobado "en lo general" en la Asamblea Nacional. Ese día se hizo público que el Ministro de Finanzas -responsable de la elaboración del Presupuesto- reconocía una "errata" en el mismo de más de mil millones de córdobas. El insólito error del Ejecutivo desató una airada polémica parlamentaria, que retrasó aún más la aprobación del Presupuesto. Finalmente, el 13 de abril, en una sesión llena de anomalías y convertida en un tumulto, el Ejecutivo consiguió aprobar el Presupuesto con escasas modificaciones.

LENÍN CERNA REGRESA AL FSLN Y PASA RETIRO EN EL EJÉRCITO

El 15 de marzo el Ejército Nacional (EN) anunció el retiro de unos 200 oficiales, entre ellos ocho altos mandos, ex-guerrilleros y fundadores en 1979 del Ejército Popular Sandinista. Uno de quienes pasa a retiro es el coronel Lenín Cerna, ex-jefe de la Seguridad del Estado en los años 80 y asesor de Defensa y Seguridad del EN en los 90. El retiro es justificado por el EN en el "imperativo de continuar avanzando en el proceso de profesionalización" de la institución. De inmediato, la Comisión Permanente de Derechos Humanos anunció que acusaría a Cerna por centenares de violaciones a los derechos humanos que tiene documentadas en sus archivos. Daniel Ortega reaccionó declarando que quien lo acusara "jugaba con fuego", añadiendo que él respondería por cualquier demanda contra Cerna. "Lo que le carguen a él me lo cargan a mí", dijo. Varios de los altos mandos que pasan a retiro trabajarán en la campaña del actual Jefe del Ejército, Joaquín Cuadra, que podría lanzarse como candidato presidencial en las elecciones del año 2001. El 11 de abril, Lenín Cerna anunció su reincorporación a la militancia del FSLN "para ayudarlo a ganar las elecciones del 2000 y del 2001".

ALEMÁN QUIERE "OTRA" CONTRALORIA

El 9 de marzo, y argumentando un supuesto respaldo del Presidente Clinton, el Presidente Alemán anunció la formación de una Comisión "autónoma" de tres miembros -elegidos por él- para supervisar la ayuda internacional que llegará al país después de Estocolmo. Declaró que la Comisión sería financiada por el BID. La total imprecisión sobre el marco legal de esta nueva institución -con tareas de fiscalización similares a las de la Contraloría General de la República (CGR)- y sobre sus funciones concretas, generó la fundada sospecha de que se trata de un nuevo intento presidencial para marginar a la CGR y entorpecer su trabajo. Como Presidente de la Asociación de Contralorías de Centroamérica y el Caribe, el Contralor de Nicaragua Agustín Jarquín ha trabajado en los últimos meses en una iniciativa de carácter regional destinada a fiscalizar la ayuda que se concrete en Estocolmo para la región, que respetará el marco legal que ya tienen las instituciones fiscalizadores de cada país de Centroamérica.

El 17 de marzo, los diputados del partido Camino Cristiano anunciaron que, junto a otros diputados leales como ellos al Presidente, habían introducido en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para reformar la Ley Orgánica de la Contraloría. En las reformas, el cambio central es la transformación de la dirección de la Contraloría para convertirla en un órgano de dirección colegiado de siete miembros, que serían elegidos por la Asamblea Nacional.

CONTRALORIA INVESTIGA PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE ENITEL

El proceso de privatización más importante de todos los emprendidos por el gobierno de Nicaragua, el de la empresa pública de telecomunicaciones ENITEL, que debía estar concluido el 31 de mayo, llegó a un punto crítico el 22 de marzo, al resolver la Contraloría General de la República (CGR) la nulidad del contrato que en marzo de 1998 ENITEL firmó con la empresa Construcciones Centroamericanas, subsidiaria de la empresa de telecomunicaciones MasTec, del grupo estadounidense-cubano de los Mas Canosa, para instalar 100 mil nuevas líneas telefónicas por valor de $100 millones. La CGR determinó que el alto costo del proyecto perjudica al Estado y que el contrato no contó con el aval de la CGR. La Procuraduría General de Justicia -subordinada a la Presidencia-, a quien correspondía llevar el caso a los tribunales para que anularan el contrato, se negó a hacerlo. El contrato es tan favorable a MasTec que permite apreciar en él un pago que el Presidente Alemán hace al contrarrevolucionario cubano Jorge Mas Canosa, ya fallecido, por los favores recibidos. Por otro lado, al retirarse en esos mismos días Telefónica Española del proceso de privatización, y quedar únicamente como posible compradora Telmex de México, la CGR exigió a ENITEL declarar desierta la licitación e iniciar una nueva convocatoria, reiniciando el proceso. La privatización de ENITEL es una de las condiciones centrales impuestas a Nicaragua por los organismos multilaterales dentro del programa de ajuste estructural.

CASO NARCOJET

El 26 de marzo, sorpresivamente, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua dejó libres definitivamente a ocho de los nueve procesados en el escandaloso "caso del narcojet", cuyo centro fue un avión robado en Florida en diciembre 97, que en abril 98 apareció en Nicaragua como "avión presidencial", y en el que se comprobó masiva contaminación con cocaína. Siete personas cayeron presas, mientras el Presidente defendía y protegía a los funcionarios de mayor categoría involucrados en el escándalo. Los abogados defensores de los procesados lograron demostrar que ninguno de los delitos por los que fueron acusados pudo ser probado con las obsoletas leyes del país. Al conocer la decisión judicial, el Presidente de la República comentó: "Esto confirma que las acusaciones de corrupción contra mi gobierno no son ciertas."

PRESIDENCIA VETA LEY ANTIDROGAS

El 11 de marzo quedó aprobado en la Asamblea Nacional el veto presidencial a la Ley Antidrogas. Desde hacía unos meses, el Presidente había vetado en la ley la creación de una comisión -sometida a las normas de la Superintendencia de Bancos y nombrada por la Asamblea- para investigar el origen de capitales que puedan tener relación con el narcotráfico y el lavado de dinero. La Presidencia aducía que esto violaría el sigilo bancario. Aprobado el veto, será el Ejecutivo quien nombrará directamente a una comisión que en el Ministerio de Gobernación tendrá esta misma tarea. A juicio de varios de los 45 diputados que votaron contra el veto presidencial, Nicaragua queda convertida así en un privilegiado corredor para el lavado de dinero.

SOSPECHOSO PROYECTO DEL PRESIDENTE ALEMÁN

A comienzos de marzo el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que permita al Presidente comprar, contratar o alquilar bienes y servicios de forma directa, sin ser autorizado por el Legislativo y sin el aval de la Contraloría. A finales de septiembre 98, el Presidente hizo un intento similar, al procurar que la Asamblea derogara la Ley que regula cómo debe disponerse de los bienes del Estado. Alemán no tuvo éxito. La nueva Ley de Contrataciones Administrativas propuesta ahora por la Presidencia le concede a ésta una casi total discrecionalidad con los bienes públicos y favorece la corrupción bajo la figura de tráfico de influencias, un delito aún no penado, ni siquiera tipificado, en las leyes nicaragüenses. Desde comienzos de febrero, la Asamblea Legislativa tiene pendiente de estudio y de aprobación una Ley contra la Corrupción de los Funcionarios Públicos.

CONFLICTO ENTRE EL PRESIDENTE ALEMÁN Y EL CONTRALOR AGUSTÍN JARQUÍN

Horas antes del fracasado encuentro Jarquín-Alemán del 16 de marzo, la Comisión Anticorrupción de la Asamblea Nacional -dominada por diputados liberales- hizo público un informe que tenía pendiente desde hace meses, y que fue elaborado de forma anómala, en el que recomienda al plenario desaforar al Contralor Agustín Jarquín para que sea enjuiciado por una serie de delitos de los que desde octubre 98 lo acusa la Presidencia de la República, a través de la Procuraduría General de Justicia. El 9 de abril, este informe fue llevado al plenario y tras una discusión acalorada fue rechazado por un estrecho margen de votos. En relación con el proceso judicial iniciado contra el Contralor, tras la "revelación" presidencial del contrato de la Contraloría con Danilo Lacayo, la Junta Directiva de la Asamblea creó el 6 de abril una comisión especial, controlada por los liberales, como otra vía para despojar a Jarquín de su inmunidad y llevarlo a los tribunales. Resultó muy notable la celeridad con que se abordó este caso, que contrasta con lo ocurrido en otros en los que se ha solicitado se le retire el privilegio de la inmunidad a algún diputado. El más notorio, el caso en que está envuelto desde marzo de 1998 el ex-Presidente Daniel Ortega. Después de diez meses de que su hija adoptiva Zoilamérica Narváez solicitara su desaforación para que responda judicialmente por acusaciones de incesto y abuso sexual contra una menor.

El 22 de marzo el Contralor Agustín Jarquín anunció la apertura de un proceso sumario al Presidente de la República por negarse, tras varias solicitudes, a informar sobre los aumentos de su patrimonio personal y familiar. Como resultado de este proceso, el Presidente podría ser sancionado por la Contraloría General de la República.

El 22 de marzo, buscando involucrar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su última trama contra la Contraloría General de la República (CGR), el Presidente de la República hizo una consulta a la Corte. Preguntó qué ley tiene primacía, si la Constitución o la Ley de Integridad Moral de los Funcionarios Públicos. Según esta Ley, que regula preceptos constitucionales, los funcionarios deben actualizar permanentemente su declaración de probidad informando durante su gestión a la CGR sobre aumentos o reducciones de su patrimonio personal. Alemán se ha negado a dar esta información a la CGR, a pesar de reiteradas solicitudes. La CSJ, con los votos de 6 de los 12 magistrados -3 de ellos ausentes- contestó lo obvio: la Constitución tiene primacía sobre cualquier ley. Juristas de prestigio criticaron duramente a la CSJ por haberse prestado a la trama presidencial, evacuando una consulta que resultaba "una perogrullada" jurídica o una verdad sabida, con el único objeto de poner en manos del Presidente una nueva herramienta con la que justificar su resistencia a rendir cuentas a la CGR.

El Contralor General de la República Agustín Jarquín reconoció el error que cometió la Contraloría al firmar un contrato, por unos 3 mil dólares mensuales, por los servicios que prestaba a la institución el presentador de TV Danilo Lacayo, usando éste una personalidad ficticia, según Lacayo por "razones de seguridad". El error de la Contraloría -agigantado por la Presidencia- no causó mayor perjuicio económico al Estado y tampoco significó enriquecimiento personal del Contralor. O, como afirmaron algunos: "Jarquín metió las patas... pero no las manos, que es muy distinto." Por su parte, la Subcontralora, Claudia Frixione -en cuya destitución también está empeñado el gobierno- insistió en que el error cometido sólo significaba que la Contraloría "no es una institución perfecta", pero que eso no le impediría seguir trabajando.

Al final de la marcha ciudadana contra la corrupción del 25 de marzo, el Contralor Agustín Jarquín se dirigió a la multitud, conmovido por el apoyo que recibía, con un discurso cargado de emotividad. En sus palabras, Jarquín buscó vincular la corrupción gubernamental con el empobrecimiento que afecta a la mayoría de los nicaragüenses y con los problemas sociales más sentidos por la población, invocó a Dios en varias ocasiones, y juró con la mano alzada "seguir sirviendo" a los nicaragüenses desde el cargo de Contralor "o desde cualquier otro cargo". "¡Basta ya de corrupción!" y ¡Cada poblador un contralor!" fueron dos de las consignas que lanzó y explicó en su discurso.

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