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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 223 | Octubre 2000
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Nicaragua

Noticias del mes

Equipo Nitlápan-Envío

QUIEBRA DEL INTERBANK
La intervención de la Superintendencia de Bancos en el Banco Intercontinental (INTERBANK), después de detectada la quiebra provocada por las operaciones fraudulentas entre sus directivos y los poderosos hermanos Centeno, se prolongó durante dos meses, del 7 de agosto al 7 de octubre. Mientras los organismos internacionales presionaban por la liquidación del banco, sus socios, vinculados a la dirigencia del FSLN, consiguieron que el 28 de septiembre el Tribunal de Apelaciones ordenara al Superintendente abstenerse de cualquier acción destinada a liquidar el banco, resolución también destinada a bloquear todos los juicios abiertos contra los Centeno y directivos del banco. El 8 de octubre se anunció que el Banco de la Producción (BANPRO) absorbería el Interbank, constituyéndose así en el banco más poderoso del país. Para el pago de la deuda del Interbank con el Banco Central -que garantizó con unos $63 millones los ahorros de quienes cerraron sus cuentas en el Interbank-, comenzaron a ser embargados bienes personales y de varias empresas de los Centeno. Estos han declarado que "en cuanto quede limpia su imagen en Nicaragua y en el mundo" obtendrán una línea de crédito, por 70 millones de dólares, de un "grupo económico de Oriente" para pagar sus deudas.


LEYES DE "ASONADA JURÍDICA"
El 7 de septiembre, y durante más de siete horas, productores de diversas zonas del país y empleados de los hermanos Centeno, liderados por el diputado Daniel Ortega, se tomaron la Asamblea Nacional y desde los escaños de los diputados exigieron con mantas y discursos que se aprueben las leyes que tras la crisis del Interbank promueve el FSLN para que sean reestructuradas y condonadas las deudas agrarias y se cree un banco estatal de fomento agropecuario. Las leyes de la "asonada jurídica" fueron debatidas por banqueros, empresarios y funcionarios del gobierno, que no las consideraron viables, porque las políticas de condonación resultarían nocivas para la economía y por no existir fondos para crear un nuevo banco de fomento. El 30 de septiembre, Daniel Ortega aseguró que no son sólo siete los bancos que están en situación difícil, sino que "todos están contaminados porque ésta es una economía podrida por el tipo de gobierno, que es un gobierno podrido". Ese día anunció una iniciativa de reforma a la ley de la Superintendencia que permita a la banca suspender las ejecuciones masivas contra los productores morosos. Fuentes bancarias afirmaron que son aislados los casos de ejecuciones. El 4 de octubre, decenas de productores cafetaleros arrojaron canastos y sacos llenos de café contra la Asamblea Nacional exigiendo se aprueben las leyes.


PRIVATIZACIÓN DEL BANIC
A fines de septiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictó una sentencia -considerada "histórica" en la actual coyuntura de corrupción institucionalizada-, que obliga al Ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada, a entregar a la Contraloría General de la República (CGR) la auditoría hecha por el Banco Mundial sobre el proceso de privatización del estatal Banco Nicaragüense (BANIC). Para no entregarlo a la CGR -muy presionada por la comunidad internacional-, Duquestrada se justificaba en el sigilo bancario. Después, se negó rotundamente a acatar la sentencia de la CSJ, insistiendo en el sigilo. El Presidente Alemán respaldó la actitud de Duquestrada. En enero de 1999 fue capitalizado el BANIC, privatizando el 51% de sus acciones en un proceso nada transparente que fue denunciado como nulo por la CGR presidida por Agustín Jarquín. La posterior auditoría del BM descubrió graves irregularidades en los créditos que se concedieron previamente a la privatización y que favorecieron a allegados al Presidente Alemán y a altos funcionarios públicos, entre ellos a Duquestrada. La CGR resolvió también pedir a varios de los ex-funcionarios del BANIC, favorecidos con millonarios honorarios, dietas y bonos antes de la privatización, devolver al Estado este dinero, en una resolución que sorprendió a la opinión pública.


QUINTANA: SANCIONADO POR INDEMNIZACIÓN ILEGAL
El 25 de septiembre, la Contraloría General de la República (CGR) resolvió aplicar sanción administrativa a los miembros de la junta directiva de la empresa estatal de energía ENEL por indemnizar con casi 200 mil dólares al presidente ejecutivo de la empresa, Edgard Quintana, hombre de confianza del Presidente de la República y jefe nacional de la campaña electoral del PLC, al dejar su cargo. La CGR determinó que debe ser el Presidente Alemán quien aplique la sanción (va desde multas de uno a seis meses de salario a destitución de cargos). Posteriormente al escándalo suscitado por el caso de "el Tigre" Quintana, los medios informaron sobre otras indemnizaciones similares a altos funcionarios salientes, todos del círculo presidencial: al ex-director de ENITEL, a la ex-presidenta de la Lotería, al ex-presidente de la Cementera, al ex-director de aduanas... La dimensión alcanzada por el escándalo Quintana y por la cadena que le siguió, llevó al Legislativo a elaborar un proyecto de ley que impediría que diputados, alcaldes y concejales salientes -cargos de elección popular- sean indemnizados al cesar en sus cargos.


PRIVATIZACIÓN DE ENITEL
El 11 de septiembre iba a ser privatizado el 40% de las acciones de la empresa estatal de telecomunicaciones ENITEL. La operación fue declarada desierta porque la única empresa que se presentó ofreció menos del precio base fijado por el Estado:
$79 millones. France Telecom ofreció $63 millones y Avantel de México -la otra empresa que había mostrado interés- no se presentó. Es la tercera vez que fracasa el intento de privatizar ENITEL. $60 millones de los que se obtendrían por la venta de ENITEL estaban ya asignados por el gobierno para proyectos de infraestructura y de crédito rural. La privatización es una condicionalidad exigida por el Banco Mundial. El representante del BM en Nicaragua declaró sentirse "decepcionado" por el fracaso de la privatización y opinó que la empresa francesa había hecho una oferta "muy seria". El 12 de septiembre sí logró privatizarse parte de la empresa estatal de energía, ENEL. El 95% de las acciones del área de distribución fue comprado por la empresa multinacional de origen español Unión Fenosa -la única que se presentó- en $115 millones. Ninguna de estas dos privatizaciones -una exitosa y otra fracasada- enfrentó la oposición de los sectores sociales.


CONTRALORÍA SANCIONA A BYRON JEREZ
A finales de septiembre, la Contraloría General de la República (CGR) determinó que el poderoso ex-director de la DGI Byron Jerez y el ex-Ministro de Transporte y diputado Jaime Bonilla, otros funcionarios y MODULTECSA -una empresa privada propiedad de un cubano de Miami- tenían responsabilidad penal por haber desviado fondos públicos destinados a la reconstrucción post-Mitch, en los días posteriores al huracán, para construir una terraza en la lujosa casa de playa de Jerez. En el conjunto de irregularidades cometidas por la empresa constructora y los funcionarios, la CGR calcula que el Estado perdió casi 5 millones de córdobas. Siguiendo el estilo instaurado en el PLC, Jerez y Bonilla presentaron recurso de amparo. La resolución de la nueva Contraloría colegiada en este caso y en el caso BANIC -ambos , seguidos y documentados excelentemente por los medios- ha restaurado cierta legitimidad a la institución fiscalizadora, después del desprestigio que la cubrió al iniciar su trabajo con el caso de los "checazos" que implicaba también a Jerez, "el hombre que más daño le ha hecho a Nicaragua", según el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Roberto Terán, a quien Jerez intentó demandar por injurias y calumnias al referirse éste a las irregularidades con que construyó la terreza de su palacete de verano.


MOVIMIENTO DE UNIDAD NACIONAL, NUEVO PARTIDO
El 10 de septiembre se celebró en Managua, en un ambiente festivo, el primer encuentro de las juntas directivas municipales del nuevo Movimiento de Unidad Nacional (MUN) que dirige el sandinista y ex-Jefe del Ejército Joaquín Cuadra, que busca participar, como partido político, en las elecciones generales de noviembre del 2001. Días después, Cuadra presentó al Consejo Supremo Electoral toda la documentación necesaria y 120 mil firmas de respaldo para obtener personería jurídica para el nuevo partido. En esos mismos días, el CSE ordenó arbitrariamente al MUN suspender toda la propaganda que venía haciendo en los medios para posicionar en el mercado político la nueva agrupación, con la argumentación de que esa propaganda confunde a los electores, que deben estar concentrados en decidir por quién votan en las elecciones municipales. Cuadra denunció la arbitrariedad ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), declaró que no acataría la prohibición, siguió haciendo propaganda al MUN y llamando a participar en las elecciones municipales. El 3 de octubre, en entrevista radial, el Presidente Alemán dijo de Cuadra y del MUN: "A ese soldadito no lo vamos a dejar pasar". El 5 de octubre, la Dirección del FSLN impugnó al MUN para que el CSE no le conceda personalidad jurídica.


CONSEJO SUPREMO ELECTORAL SACA AL PLD FUERA DEL JUEGO
El Partido Liberal Democrático (PLD), fundado en julio por el ex-Ministro José Antonio Alvarado, fracasó en su intento de conseguir su personalidad jurídica para participar en las elecciones generales del 2001, a causa de la arbitraria disposición del Consejo Supremo Electoral de endurecer los requisitos para establecer las juntas directivas municipales de las nuevas agrupaciones políticas, a la par que, calculadamente, ordenaba a sus funcionarios que no participaran en la juramentación de las directivas del PLD, que iba cumpliendo con todos esos duros requisitos, y tenía ya juramentadas la mitad de las juntas necesarias. El 28 de septiembre, el Movimiento de Unidad Cristiana -escisión de Camino Cristiano- y el Partido de la Resistencia Nicaragüense firmaron una alianza electoral para participar juntos en las elecciones generales de noviembre del 2001, denominándola Gran Alianza de la Esperanza Nacional. El PLD anunció que entraría a formar parte de ella. El 5 de octubre, el PLC impugnó al PLD ante el CSE por usar el color rojo en su bandera y el apelativo "liberal". Según el PLC, éstos son símbolos exclusivos del partido en el gobierno.


INGRESO EN LA INICIATIVA HIPC
En octubre, el FMI y el Banco Mundial evalúan la propuesta de Estrategia Reforzada para la Reducción de la Pobreza elaborada por el gobierno de Nicaragua, condición para que Nicaragua ingrese en la HIPC tal vez en diciembre. Según datos de la Estrategia, el 49.9% de la población nicaragüense (2.3 millones de personas) es pobre. Entre ellos, el 17.4% es extremadamente pobre (830 mil personas). En las zonas rurales, dos de cada tres personas son pobres. La Estrategia plantea reducir la pobreza extrema a un 12.9% para el año 2005. La ejecución de la Estrategia requiere de inversiones por 1 mil 100 millones de dólares entre el año 2001 y el 2003, el último año del gobierno liberal y los dos primeros años del gobierno que debe ser electo en noviembre del 2001.

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