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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 235 | Octubre 2001
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Nicaragua

Noticias del mes

Equipo Nitlápan-Envío

PRESIDENTES CENTROAMERICANOS
La Declaración "Centroamérica unida contra el terrorismo" firmada por los Presidentes de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Belize en El Zamorano (Honduras) el 19 de septiembre, recoge ocho medidas acordadas por los mandatarios: 1) Mejorar y agilizar los mecanismos de intercambio de información concerniente al terrorismo entre los países y con los EEUU, 2) Reforzar la seguridad en fronteras, puertos y aeropuertos de la región, 3) Realizar máximos esfuerzos de control y vigilancia de los flujos migratorios a Centroamérica, 4) "Coordinar acciones para que el terrorismo centroamericano no sea utilizado por grupos terroristas de cualquier origen o ideología", 5) Fortalecer la legislación penal para tipificar como delito la asociación con grupos o personas terroristas y para autorizar congelar y confiscar recursos financieros de esas personas y grupos, 6) Condenar cualquier vínculo de grupos centroamericanos con el terrorismo internacional, 7) Instar a los sistemas legislativos y judiciales para que normen las sanciones al terrorismo y la extradición expedita de terroristas a los Estados que los requieran, 8) Asegurar la plena vigencia de los instrumentos legales en la materia (citan varios convenios regionales e internacionales emitidos entre 1963 y 1979).

SE CELEBRA EN MANAGUA CONFERENCIA SOBRE MINAS
En plena crisis post-ataque a EEUU, se celebró en Managua, del 17 al 21 de septiembre, la III Conferencia de Estados partes de la Convención de Ottawa (1997), que trabaja porque todos los países del mundo se sumen a la prohibición de usar, producir, almacenar, comprar y vender minas antipersonales, y porque se destruyan todas las minas sembradas y almacenadas en tantos países del mundo. 120 países han suscrito la Convención. No la han firmado, entre otros, Cuba y EEUU. Participaron en la Conferencia de Managua delegaciones de 72 países. El Ejército de Nicaragua cuenta con una Comisión Nacional de Desminado, que inició sus trabajos en 1993. Hasta la fecha, ha destruido unas 67 mil minas sembradas y 90 mil almacenadas. Según fuentes del Ejército, están pendientes de destrucción otras 70 mil minas. Durante la Conferencia, el gobierno de Nicaragua cabildeó activamente para que los participantes firmaran una Resolución de apoyo vigoroso a EEUU, pero el hecho de que EEUU no ha querido firmar la Convención y es el mayor productor de minas del mundo, hizo fracasar el empeño gubernamental.

PRIVATIZACIÓN DE ENITEL
Tras la polémica privatización del 40% de las acciones de la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL) el 31 de agosto, a favor de TELIA, un consorcio sueco vinculado a una empresa hondureña, se inició la batalla jurídica para anular la privatización. Base legal: la privatización era inconstitucional por haberse llevado a cabo aun cuando la licitación y la venta habían sido suspendidas horas antes de producirse por sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, que respaldó así la demanda del Alcalde de Managua Herty Lewites contra ENITEL por una deuda millonaria. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Días después, el 18 de septiembre, la Presidenta de la Sala Constitucional de la CSJ, la liberal Josefina Ramos, integró de forma ilegal la Sala -sin reunir quórum- para "resolver" el conflicto dictando una sentencia que da por cerrado el caso y por privatizado el 40% de la empresa estatal. Lewites interpuso entonces un Recurso, y el 3 de octubre, Ramos volvió a integrar ilegalmente la Sala Constitucional con magistrados liberales de otras Salas para emitir una sentencia que anula el Recurso de Lewites. El fin "legal" del conflicto había sido anunciado ya por el Presidente Alemán, señalado por Lewites de ser uno de los compradores encubiertos de ENITEL. Las dos ilegales sentencias crearon un conflicto sin precedentes en el Poder Judicial, ya altamente bipartidizado por el pacto Alemán-Ortega.

POLÉMICA SOBRE NACIONALIZACIONES DE NO NICARAGüENSES
En medio de la polémica sobre nacionalizaciones de extranjeros, de "terroristas", de árabes -todos mezclados irresponsablemente por políticos liberales y sandinistas-, el 28 de septiembre René Ruiz Tablada, Director General de Migración y Extranjería presentó en conferencia de prensa el total de nacionalizaciones otorgadas por Nicaragua a extranjeros desde 1996, último año del gobierno Chamorro. En 1996 se nacionalizaron 1,506 extranjeros, 4 de origen árabe. En 1997 se nacionalizaron 2,308, 9 eran árabes. En 1998 fueron nacionalizados 2,079, 24 de origen árabe. En 1999 se nacionalizaron 1,204 extranjeros, de ellos 9 árabes. En el año 2000 se nacionalizaron 2,659, 27 árabes. En el 2001 fueron nacionalizados 1,963, entre ellos 22 árabes. Ruiz Tablada recordó que entre febrero y abril de 1990, en el período de transición del gobierno sandinista al gobierno Chamorro se nacionalizaron 894 extranjeros, 109 de origen árabe. Según el "coyote" a cuyas declaraciones prestaron altavoz los medios sandinistas, el gobierno Alemán habría nacionalizado a 600 árabes. En la lista presentada por el candidato del PLC, Enrique Bolaños de los nacionalizados en 1990 se cuentan tan sólo 48 árabes.

FALLO DE LA CORTE CENTROAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS FAVORECE A INDÍGENAS MAYAGNAS
El 31 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José, Costa Rica, falló contra el Estado de Nicaragua y a favor de la comunidad indígena de Awas Tingni (etnia Mayagna, llamada sumus por los mískitos), en el caso que presentó en 1995 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al no encontrar justicia en las instituciones nacionales. En 1995, el gobierno Chamorro otorgó una concesión por 30 años a una empresa maderera coreana, SOLCARSA, para aserrar 62 mil hectáreas de bosques ubicadas en tierras ancestrales de esta comunidad indígena. Aunque el contrato fue cancelado por la presión nacional e internacional de grupos ambientalistas, la demanda siguió su curso en la CIDH. Transcurridos todos los pasos del proceso, la Corte dictaminó que el Estado de Nicaragua violó los derechos a la propiedad, a la protección judicial y a la igualdad ante la ley de los indígenas. Y ordenó a Nicaragua demarcar las tierras tradicionales de estos indígenas y a establecer mecanismos legales para demarcar las tierras de todas las demás comunidades autóctonas que viven en Nicaragua. Le ordenó también invertir 50 mil dólares en obras públicas al servicio de esta comunidad y pagar los 30 mil dólares que costó el proceso. Éste es el primer fallo de la CIDH en un caso sobre derechos territoriales de comunidades indígenas y sienta un importante precedente continental.

ELECCIONES: RECTA FINAL
Acercándose el día de las votaciones, el Consejo Supremo Electoral (CSE) hizo un último esfuerzo para reducir la abstención por falta de documentos para votar, y desplegó a 1,300 jóvenes por 33 municipios para entregar en sus domicilios cédulas de identidad a 234 mil personas que no las habían recogido, y unos 108 mil documentos supletorios a quienes aún carecen de cédula para votar. Tras los hechos del 11 de septiembre, Daniel Ortega denunció en varias ocasiones que el partido de gobierno, valiéndose de las instituciones estatales, está preparando un "fraude electrónico". Una de las últimas polémicas generadas por el Poder Electoral la provocó el insólito acuerdo tomado por los magistrados del CSE que permitiría a los tres partidos sustituir a cualquiera de sus candidatos hasta horas antes del mismo día de las elecciones. El CSE obtuvo del Ejército y de la Policía el compromiso de que en las afueras de los centros de cómputos municipales, departamentales, regionales y nacionales habrá suficientes miembros de los cuerpos armados para prevenir concentraciones de simpatizantes de los partidos que pudieran derivar en violencia. "Esto no implica la militarización de las elecciones", dijeron las autoridades electorales.

POSICIÓN DE ESTADOS UNIDOS SOBRE LAS ELECCIONES EN NICARAGUA
El 4 de octubre el Canciller de Nicaragua, Francisco Aguirre visitó en Washington a su homólogo Colin Powell. Posteriormente, Aguirre dio declaraciones a medios internacionales señalando las "serias reservas" que tenía el gobierno de EEUU ante una victoria electoral del FSLN. Daniel Ortega restó importancia a sus declaraciones. Al día siguiente, el vocero del Departamento de Estado de EEUU Richard Boucher emitió una declaración en la que se afirma: "Los EEUU respetarán el resultado de una elección libre y justa que exprese la voluntad del pueblo de Nicaragua. Sin embargo, tenemos serias reservas acerca de la historia del FSLN de pisotear libertades civiles, violar los derechos humanos, embargar propiedades sin compensación, destruir la economía y mantener lazos con quienes apoyan el terrorismo." El 4 de octubre, John F. Keane, Subsecretario Adjunto Interino para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU pronunció en la Universidad de Pittsburgh una conferencia sobre las elecciones en Nicaragua. Señalando críticamente un listado de deficiencias del Consejo Supremo Electoral, comenzando por la "debilidad importante" que representa su politización entre liberales y sandinistas, Keane reiteró las razones por las cuales el gobierno de EEUU considera "desconcertante" la victoria del FSLN.

El 4 de octubre, John F. Keane, Subsecretario Adjunto Interino para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU habló en Pittsburgh sobre las elecciones en Nicaragua, reiterando el por qué de las "serias reservas" del gobierno Bush ante una victoria de Daniel Ortega y del FSLN y añadiendo nuevos conceptos: "No sería honesto de mi parte -afirmó- si no reconociera que la posibilidad de una victoria sandinista es deconcertante para el gobierno de los Estados Unidos.... No podemos olvidar que Nicaragua llegó a ser un refugio de extremistas políticos violentos del Medio Oriente, Europa y Latinoamérica. Y a diario nos recuerda todo esto la continua presencia de algunos miembros del liderazgo del FSLN, incluyendo algunos que son muy cercanos al candidato Ortega del FSLN, tales como Tomás Borge, Lenín Cerna y Álvaro Baltodano, que perpetraron muchas de estas abominaciones. Dado su historial, ¿por qué debemos creer las afirmaciones de que han cambiado si no han realizado acciones concretas para demostrarlo... Tenemos confianza en que el pueblo nicaragüense reflexionará sobre el carácter e historia de los candidatos y escogerá sabiamente."

MENSAJE A LA NACIÓN DEL CANDIDATO BOLAÑOS
El candidato del FSLN Daniel Ortega aceptó los tres compromisos propuestos por la ex-Presidenta Violeta de Chamorro en su Mensaje a la Nación y la visitó en su casa el 9 de octubre para comunicárselo. Igual hizo, en visita aparte, el candidato conservador Alberto Saborío. En ningún caso medió compromiso escrito o firma. El candidato liberal Enrique Bolaños aceptó los compromisos ante los medios y en un Mensaje a la Nación señala que "es esencial que Doña Violeta comprometa al Comandante Ortega a acciones específicas antes de las elecciones, ya que no basta con su palabra, no basta con sólo pedir perdón. Es necesario que devuelva todos sus bienes mal habidos, que presente su declaración de probidad, en la que nos convenza de la legitimidad de su enriquecimiento; que presente pruebas de que ha pagado los impuestos que le corresponden desde 1979; que no se escude en su inmunidad y enfrente el juicio que le ha entablado su hija". Añade también que "es imprescindible que el Comandante Ortega, aludido en varios pronunciamientos oficiales de los Estados Unidos, aborde con seriedad las graves reservas expresadas respecto a su historial de violación a los derechos humanos".

ERNESTO CARDENAL, SERGIO RAMÍREZ Y GIOCONDA BELLI: "NO VOTAREMOS"
El 10 de octubre se hizo público un mensaje firmado por Gioconda Belli, Ernesto Cardenal y Sergio Ramírez. En él se lee, entre otras cosas: "Los ideales de Sandino siguen representantando la dignidad nacional, la democracia plena y la justa distribución de la riqueza... La democracia se encuentra secuestrada hoy en día en Nicaragua por la voluntad arbitraria de dos caudillos, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que a través de un pacto en la sombra han cercenado la pluralidad de opciones políticas, obligando a muchos a escoger lo que consideran un mal menor, o a abstenerse de ejercer el voto... No podemos votar, ni por Enrique Bolaños, que como vicepresidente ha sido corresponsable de todos los abusos cometidos por el gobierno actual, ni por Daniel Ortega, quien, en su ambición de recuperar el poder ha irrespetado los principios democráticos. Ambos representan el pasado. Nicaragua necesita una renovación moral, que pasa por enterrar la corrupción, y necesita gobernantes que tengan compasión por los más pobres y necesitados, convertidos hoy en carne de cañón electoral, y engañados con promesas que nunca podrán ser cumplidas. Nuestra esperanza es que una nueva generación de nicaragüenses asumirá ese reto. ... No podemos renunciar a nuestra conciencia crítica. Y por respeto a la democracia, no votaremos mientras no recuperemos la plena libertad de elegir."

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