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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 245 | Agosto 2002
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Nicaragua

Noticias del mes

Equipo Nitlápan-Envío

MEGAPENSIONES
Transcurrió otro mes sin que la Asamblea Nacional eligiera a quienes sustituirán a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia a quienes se venció su período. La Corte funciona sólo con 11 de sus 16 magistrados. Causó conmoción y fuertes críticas en distintos sectores de la opinión pública que como ocasión de la salida de estos cinco magistrados, la Corte anunciara que los cinco recibirán una pensión vitalicia de unos 90 mil córdobas mensuales (unos 7 mil 500 dólares), pensiones que fueron juzgadas como moralmente injustificables y económicamente insostenibles.

NOEL RAMÍREZ INVESTIGADO POR CORRUPCIÓN
La Contraloría General de la República investigó al ex-Presidente del Banco Central durante el gobierno Alemán y hoy diputado, Noel Ramírez, en base a denuncias de trabajadores del Banco que así lo solicitaron presentando amplia documentación. La investigación concluyó que Ramírez recibía un salario mensual de unos 27 mil dólares, más un "bono a la excelencia" ($1,500) que él mismo se asignó, más gastos de representación a través de una tarjeta de crédito con la que gastó durante los cinco años de su gestión casi 300 mil dólares. Ramírez tenía también nueve vehículos asignados y catorce guardias de seguridad, todo pagado con fondos del Banco Central.

CONGELAN BIENES DE JEREZ-ALEMÁN
Durante el mes de julio, y a solicitud del gobierno de Nicaragua, fueron congelados 11 millones de dólares propiedad de Byron Jerez, que estaban en cuentas de bancos de EEUU ($4 millones) y en bancos de Panamá ($7 millones). Nicaragua solicitó la repatriación de este dinero. A finales de julio, la Fiscalía del Estado de la Florida anunció que prepara un juicio penal contra Byron Jerez por lavado de dinero. La Procuraduría de Panamá y la Fiscalía Antidrogas de ese país investigaron a Jerez y a Alemán por lavado de dinero, detectando inicialmente $31 millones lavados en bancos panameños. En toda Centroamérica se investigan cuentas de Alemán y Jerez.

BYRON JEREZ DECLARA EN LOS TRIBUNALES
El 9 de agosto, Byron Jerez fue el primer acusado en el caso de la guaca en declarar en los tribunales, mostrándose unido en intereses políticos y en argumentos con Alemán. Jerez no respondió preguntas, sino dio a conocer la planilla de sobresueldos que durante su gobierno Alemán pagaba a quienes hoy ocupan cargos en el gobierno de Bolaños, empezando por el mismo Bolaños. Afirmó que Bolaños había ganado las elecciones "con dinero disfrazado". "Nuestro gobierno fue corrupto, pero ellos también se beneficiaron de la corrupción", dijo Jerez, quien pidió a la jueza investigar a todos estos funcionarios como cómplices de lavado de dinero.

ROBERTO RIVAS Y AMELIA ALEMÁN EVASORES DE IMPUESTOS
A lo largo del mes de julio, los alcaldes de Nagarote y de Ticuantepe hicieron público que Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo Electoral, llevaba varios años sin pagar 300 mil córdobas (unos 20 mil dólares) por impuesto de bienes inmuebles que le corresponde pagar por las lujosas residencias que tiene en estos municipios. Después de ejercer presión a través de los medios de comunicación, el alcalde de Nagarote consiguió que Rivas pagara parcialmente sus deudas. La irregular y sospechosa de corrupción gestión de Rivas en el CSE está siendo investigada por la Contraloría General de la República, que también investiga su gestión al frente de COPROSA, organismo de la Arquidiócesis de Managua, razones por las que se especuló que Rivas huyó del país. El alcalde de Nagarote informó también que el consorcio empresarial de la familia Alemán GENINSA tampoco había pagado durante dos años los impuestos por una finca que posee en la alcaldía de Nagarote, debiendo por impuestos y multas medio millón de córdobas (unos 30 mil dólares). La representante legal de GENINSA, Amelia Alemán, hermana de Arnoldo Alemán, no mostró voluntad de cumplir con sus deudas y la finca fue embargada por un juez.

CAUSAS JUDICIALES CONTRA AMELIA ALEMÁN
Días antes de que la Procuraduría destapara la guaca de Arnoldo Alemán, su hermana Amelia -acusada en esta causa- ya había sido llamada a declarar a los juzgados en otras dos causas por la Procuraduría. Por un caso de corrupción de unos 100 millones de córdobas detectado en el programa de venta de vaquillas del Instituto de Desarrollo Rural, en el que habría participado Amelia Alemán, quien según su hermano Arnoldo "es ganadera y administradora de empresas". Y por el caso de los "checazos" que mantiene en la cárcel a Byron Jerez, en el que se detectó que con uno de estos cheques de fondos públicos Amelia habría pagado deudas de GENINSA, consorcio empresarial de la familia, que ella representa legalmente. Amelia se negó a declarar en las dos causas, alegando la gravedad del cáncer que padece. Arnoldo Alemán calificó de "soberana canallada" de Bolaños las acusaciones contra su hermana, que sí acudió esos mismos días a los juzgados, pero a denunciar por injurias y calumnias al vocero de la Procuraduría por haberla implicado en el caso del IDR. El último día de julio, y apremiada por tercera vez por la jueza, Amelia declaró en el caso del cheque para GENINSA en un hospital de Managua, en donde se internó el día antes para hacer allí su declaración. En el caso de la guaca, la jueza ordenó para ella arresto domiciliario u hospitalario.

ESTADOS UNIDOS CANCELA VISA A BAYARDO ARCE
El 26 de julio el gobierno de EEUU canceló la visa de entrada a EEUU al empresario y diputado del FSLN Bayardo Arce, basándose en lo que establece la Ley Patriótica, posterior al ataque del 11 de Septiembre, para personas sospechosas de haber lavado, estar lavando o pretender lavar dinero en EEUU. Días antes, Arce fue detenido durante varias horas en Miami en la escala de un breve viaje que hacía de Managua a Europa. Diputados arnoldistas y danielistas protestaron públicamente por la detención de Arce. A su regreso a Managua, Arce achacó su detención a estar en una "lista negra" de sandinistas que adversan "las imposiciones del gobierno norteamericano". El encargado de negocios de EEUU en Managua, Paul Saxton lo desmintió: el problema era entre Arce y el gobierno de EEUU y no entre éste y el FSLN. Revocada su visa, Arce insistió en que la razón era ser "un revolucionario" y haber hecho fuertes críticas al gobierno Bush. Y afirmó que no tenía ni empresas ni negocios ni cuentas bancarias en EEUU. "El último lugar en el que se me ocurriría lavar dinero es en EEUU", dijo. Saxton aclaró que no es necesario ni vivir ni tener negocios en EEUU para lavar dinero en ese país, recordando que todas las transferencias bancarias que se hacen por vía electrónica en América Latina pasan por bancos de EEUU. Arce no insistió más en su versión. El FSLN expresó su "total respaldo a Arce". Días después, el gobierno de EEUU le canceló la visa al banquero liberal Haroldo Montealegre.

CORRUPCIÓN: NUEVAS LEYES
El 28 de junio fue publicada en La Gaceta, diario oficial, la Ley 419, que reforma el Código Penal de Nicaragua, que data del año 1879, para introducir en él la tipificación de nuevos delitos vinculados a la corrupción: enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, encubrimiento, lavado de dinero. Hasta ahora, jueces, magistrados y funcionarios alegaban, ante las evidencias que los inculpaban o que los obligaban a actuar, que no existía delito porque no existía la tipificación del mismo. Ahora, el país cuenta con una nueva herramienta institucional para enfrentar la corrupción. Días antes fue aprobada en la Asamblea Nacional la Ley de Probidad de los Servidores Públicos. Arnoldistas y danielistas introdujeron en la nueva ley un candado al acceso ciudadano a las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos: aunque teóricamente se garantiza ese acceso, el funcionario tiene libertad para permitirlo o rechazarlo, quedándole al ciudadano recurrir ante los tribunales de lo contencioso administrativo, que no han entrado a funcionar. Varios penalistas han propuesto a todos los actuales funcionarios hacer una nueva declaración de su patrimonio personal para poder contrastarlo al final de su gestión con la reciente tipificación del delito de enriquecimiento ilícito.

MENSAJE DE "LOS NOVENTA"
Los firmantes del Mensaje de los 90 (31 de julio) representan un abanico ideológico inéditamente amplio. Fueron agrupados de forma novedosa y por orden alfabético. Registramos nombres significativos en cada grupo. Ex Mandatarios (Violeta Barrios, Alfonso Callejas, Virgilio Godoy, Moisés Hassan, Sergio Ramírez, Alfonso Robelo). Daniel Ortega quiso firmar, pero varios firmantes dijeron que no participarían si él firmaba. Ex Funcionarios de Instituciones del Estado (José Antonio Alvarado, Pablo Ayón, Joaquín Cuadra, Agustín Jarquín, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco). Ex Miembros de Poderes del Estado (Miriam Argüello, Mariano Fiallos, Ray Hooker, Víctor Manuel Talavera). Empresarios (Duilio Baltodano, Enrique Dreyfus, Ernesto Fernández Holmann, Manuel Ignacio Lacayo, Carlos Mántica). Medios de Comunicación (Carlos Briceño-Canal 8, Cristiana Chamorro-La Prensa, Xavier Chamorro-El Nuevo Diario, Marta Pasos-Canal 2). Universidades (Mirna Cunningham, Adrián Meza, Carlos Tünnermann). Intelectuales y artistas (Gioconda Belli, Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy, León Núñez, Xavier Zavala). Líderes de Sociedad Civil (Brooklyn Rivera, Rafael Córdoba, Álvaro Fiallos, Armando Incer Barquero, Vidaluz Meneses, Vilma Núñez de Escorcia). Los arnoldistas descalificaron el documento porque ningún "miembro de la Iglesia Católica" había firmado. Carlos Tünnermann les respondió: "Muchos de los firmantes somos católicos practicantes. La Iglesia somos todos y no sólo sus jerarcas."

OPINIONES DEL ABOGADO SERGIO CUAREZMA SOBRE EL CASO "LA GUACA"
En una entrevista en "La Prensa", el abogado, penalista y académico Sergio Cuarezma, el más joven de los candidatos a ocupar una magistratura en la Corte Suprema de Justicia, hizo pronósticos y valoraciones sobre el Juicio de La Guaca: "La campaña contra la corrupción del gobierno está poniendo sobre la mesa todos los problemas, todas las debilidades, toda la problemática de la administración pública, y una vez sobre la mesa todo, permite organizar, estructurar y responder éticamente a los problemas que vamos encontrando en el camino. Por ejemplo, el problema de los doble sueldos de los funcionarios públicos del pasado gobierno, algo éticamente incorrecto... Durante este juicio, la Procuraduría General de la República, así como la defensa, estarán sometidas a un proceso largo, traumático y desgastante. Éste será un proceso que podría llevar un tiempo mínimo de año y medio y máximo de cuatro años. Las partes en proceso y la misma sociedad deben armarse de mucha paciencia para poder acompañar este proceso hasta el final. La trascendencia de un juicio como éste equivale a una lección ética enorme para el país: que nadie vuelva a robar."

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