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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 267 | Junio 2004
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América Latina

Una economía sin ética: un continente sin desarrollo

Los Diez Mandamientos del Consenso de Washington no han funcionado en América Latina. Desde Guatemala, uno de los países con más inequidades del continente, esta reflexión, en una voz oficial, que cuestiona el divorcio entre la economía y la ética y denuncia sus trágicas consecuencias.

Hugo Beteta

Amartya Sen, en su pequeño “cofre de tesoros”, publicado en 1987, titulado “Acerca de la Ética y la Economía”, articuló el serio distanciamiento que existe entre el estudio de la economía y el de la ética, y demostró como esta brecha ha causado grandes deficiencias en la teoría económica contemporánea. Sen argumenta que el comportamiento real de las personas es influenciado por las consideraciones éticas, y que la ciencia económica puede responder mejor a los grandes problemas del nuevo siglo si introduce consideraciones éticas en sus fundamentos.

LOS PRIMEROS ECONOMISTAS:
PROFUNDAMENTE VINCULADOS CON LA ÉTICA

La economía clásica identifica la racionalidad del comportamiento humano con la consistencia, con la maximización de la utilidad y con el interés propio. Sen argumenta que no existe evidencia de que este supuesto provea una mejor aproximación al comportamiento humano, ni que de él deriven necesariamente condiciones económicas óptimas. Además, analiza cómo el supuesto del interés propio como la principal motivación humana, ha oscurecido la explicación de fenómenos como la interdependencia y la credibilidad en la política económica. Y argumenta que una revisión de la obra completa de Adam Smith no conduce a la interpretación reduccionista que ha dominado recientemente las doctrinas económicas y los modelos de desarrollo.

Que las observaciones de Sen sobre la ética nos refieran de nuevo a los pilares de la economía clásica de los siglos XVII y XVIII no es casual, pues los primeros economistas estaban profundamente involucrados con la ética. David Hume, el ilustre economista responsable de teorías sobre la moneda y el comercio internacional, fue también filósofo. Adam Smith comenzó su carrera en la Universidad de Glasgow como profesor de Filosofía Moral, en una época en la que esta disciplina también incluía a la teología, a la filosofía política y a la ética. Su libro “Teoría de los sentimientos morales”, escrito en 1749, diecisiete años antes de su famosa obra “Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”, pretende responder a preguntas como ¿en qué consiste la virtud? y ¿cómo juzgar la conducta humana?
Como es ampliamente conocido, Adam Smith contribuyó centralmente a la superación del pensamiento mercantilista al demostrar que la actividad comercial privada tiene mayor capacidad que la esfera estatal en la producción de bienes de consumo. En su análisis, Smith delimita simultáneamente dos ámbitos de la actividad humana: uno, centrado en el intercambio y en el interés propio; y otro, enfocado en los principios de Estado. Así se ve en esta cita: El comercio y la manufactura no florecen por mucho tiempo en un Estado que no tiene una regular administración de justicia, en donde la gente no se siente segura en la posesión de su propiedad, en donde la fe en los contratos no es apoyada por la ley, en donde la autoridad del Estado no es usada para obligar el pago de deudas de aquellos capaces de pagar. El comercio y la manufactura raramente florecen en un Estado donde existe poca confianza en la justicia pública.

ADAM SMITH: LA LÓGICA ECONÓMICA
NECESITA LOS SENTIMIENTOS MORALES

En “La riqueza de las naciones”, Smith plantea que el impulso eminentemente adquisitivo del individuo produce el bienestar social mediante la división del trabajo y el aumento de la productividad. La medida del bienestar es nítidamente material, vinculada al aumento de la producción y de los rendimientos en toda la sociedad. Pero la difusión del bienestar a todos los estratos sociales no es resultado perseguido ni esperado por los actores económicos. Es el resultado no intencional de un impulso humano natural. En rigor, el argumento esencial de que el progreso económico beneficia a todos los estratos de la sociedad es presentado por Smith sólo intuitivamente, no es demostrado.

En “La riqueza de las naciones”, Smith enfatiza las tendencias del crecimiento económico de largo plazo y no los aspectos distributivos inmediatos. Smith creía que por mucho que fuera la fracción del producto social apropiado por la clase alta, el crecimiento de la productividad del trabajo haría que sobrara mucho producto para los trabajadores. Dotaba así al sistema de una lógica propia y cercana a la experiencia humana cotidiana.

Sin embargo, en su libro “Teoría de los sentimientos morales” Smith agrega que el deseo de merecer aprobación de los semejantes conduce a las personas a la moderación y al autocontrol y a actitudes socialmente elevadas, hasta altruístas. Sus contribuciones en esta obra exploran la conexión entre los sentimientos morales y el comportamiento económico. Los apuntes de Smith -descubiertos en 1958- y la ampliación que hiciera antes de morir a la “Teoría de los sentimientos morales” apuntan hacia una mayor coherencia entre ambas obras. El principio de autocontrol, por ejemplo, fue introducido por Smith en su última revisión a la “Teoría de los sentimientos morales” mucho después de publicar su aclamada obra “La riqueza de las naciones”. Es más, en sus apuntes Smith sugiere que esas obras nunca debieron leerse por separado porque en su visión, ambas se necesitan mutuamente.

COSMOVISIÓN DOMINANTE:
EL “DERRAME SOCIAL” Y “LA MANO INVISIBLE”

La intuición de la mano invisible, que sólo aparece mencionada una vez en “La riqueza de las naciones”, independiza a la economía y delimita la ética al ámbito personal. Esa cosmovisión económica plantea un conflicto profundo: ¿cuáles son los límites de las tentativas de transformación de las condiciones de existencia humana si la economía es regida por una lógica invisible e impersonal? ¿Una ley natural? La efectiva desvinculación entre la ética del individuo y el bienestar social justifica un cierto inmovilismo, en donde los intentos de transformación del mundo chocan con el carácter “natural” de la economía y con la propia naturaleza del individuo.

Esta interpretación también alcanzó otros campos. En su “Ensayo sobre la Población”, Malthus también apeló al innegable impulso humano de la reproducción y a la limitada capacidad de la tierra para expandir la oferta de alimentos, para así justificar los salarios de subsistencia. También, la ley de rendimientos decrecientes de Ricardo fue usada para justificar las condiciones sociales imperantes entre los trabajadores agrícolas de la época. No por gusto a finales del siglo XVIII la economía era conocida como la ciencia lúgubre.

El enfoque integral que Smith intentó reconciliar en toda su obra no modificó los dogmas transmitidos de generación en generación. La complementariedad que ambas obras evidencian se sustituye, aun hoy, por el mito falaz de la evolución de un Smith joven, moral e idealista, el que escribió la “Teoría de los sentimientos morales”, hacia el autor realista y pragmático que escribió “La riqueza de las naciones”, alzado hoy como un portento intelectual en la disciplina económica. El interés propio, y la hipótesis del derrame social por la vía de la mano invisible se convierten en el imaginario esencial de la cosmovisión económica global de los inicios del siglo XXI, mientras su “Teoría de los sentimientos morales” ha sido prácticamente olvidada, a pesar de que el propio Smith la consideró su más importante obra intelectual.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DEL CONSENSO DE WASHINGTON

En 1989, el economista John Williamson elaboró una lista con las diez recomendaciones que reflejaban las ideas inspiradas en los economistas clásicos liberales que circulaban en la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. No es extraño que su autor denominara Consenso de Washington a sus recomendaciones, que éstas fueran acogidas con entusiasmo en el ámbito del desarrollo, y que a partir de entonces ningún país obtuviera apoyo de estas instituciones sin someterse al Decálogo del Consenso. Algunos años después, Williamson se esforzó en aclarar las limitaciones de sus recomendaciones, pero nadie le hizo caso. El Consenso había pasado ya a ser la política oficial del desarrollo global.

El Decálogo incluía: la eliminación de los subsidios, la ampliación de la base impositiva y la reducción de tasas impositivas, la desregulación de los mercados financieros, la determinación de un tipo de cambio “competitivo” con el fin de reforzar las exportaciones, la liberalización comercial, la reducción de tarifas aduaneras, la estimulación a la inversión extranjera directa, la privatización de las empresas públicas, la desregulación para inhibir la corrupción e incentivar a las empresas más pequeñas y el fortalecimiento de los derechos de propiedad.

AMÉRICA LATINA: TRES OLAS DE REFORMAS

América Latina, navegó en tres amplias olas de reformas inspiradas en ese Consenso. La primera coincidió con la transición negociada de los regímenes militares y comenzó con los programas de estabilización y de ajuste estructural, con los cuales se redujeron los programas de bienestar social y se priorizó el pago de la deuda externa. Con la segunda y la tercera generación de reformas se intensificaron esos programas, como respuesta a las insuficiencias ya evidentes en el modelo. Al final de cada período abundaron las crisis económicas y los escándalos de corrupción, que culminaron con la crisis de Argentina en 2001.

Sin embargo, hay que ser justos: esas políticas alcanzaron metas importantes. La inflación fue abatida en poco tiempo, aunque su amenaza aún obsesiona a los Bancos Centrales. La crisis de la deuda se superó y los presupuestos públicos fueron equilibrados. Y esto corrigió la desastrosa situación de las finanzas públicas e importantes desbalances macroeconómicos.

La crítica más fuerte contra el modelo económico imperante, vino de la realidad misma, no de la academia. El Decálogo resultó en un crecimiento insuficiente y errático, con profundización de la desigualdad en muchos países. En muchos casos, las reformas erosionaron la base de legitimidad del Estado. En América Latina, sólo tres países (Argentina, Chile y Uruguay) crecieron más rápido entre 1980-2000 que en los treinta años precedentes, 1950-1980. Dos de estos países, Argentina y Uruguay, están hoy sumidos en una profunda crisis y sólo Chile se vislumbra como un caso de éxito de crecimiento sostenido. Con cada nueva ola de reformas se hicieron cada vez más evidentes los profundos problemas de América Latina. Las crisis de Ecuador, Bolivia y Perú, donde el crecimiento económico ha repuntado, sugieren una crisis más profunda del Estado.

El pésimo récord de crecimiento económico en América Latina ha sido acompañado en muchos países de un empeoramiento en las desigualdades de ingreso y de la profundización de la inseguridad económica. Las crisis de México, Brasil y Argentina hicieron evidente la volatilidad e inseguridad imperantes en la región que con más entusiasmo adoptó el modelo neoliberal. Al finalizar la década, América Latina seguía mostrando mayores desigualdades que cualquier otra región del mundo en la distribución del ingreso y de los activos, incluida en ellos la tierra.

En la mayoría de países de América Latina la reducción del tamaño del Estado no produjo un aumento en el bienestar social. Se pasó de un Estado a quien muchos consideraron ineficiente y corrupto -que efectivamente utilizó el poder público en beneficio de intereses privados olvidando el bienestar social y el bien público- a un Estado que quedó restringido a vigilar los derechos de propiedad y los contratos y que favoreció la democracia electoral, pero que negó a la población el acceso a la información, a la justicia y a los espacios necesarios para alcanzar una verdadera democracia participativa y una ciudadanía plena.

La cuestión étnica, la pésima distribución del ingreso, la vulnerabilidad externa, la crónica insuficiencia institu-cional y la debilidad del ahorro nacional, cuestionan por sí mismos la capacidad del Decálogo para abordar los retos de la historia de nuestra región. Y hoy ya sabemos que no podemos adoptar un sistema en el que la macroeconomía y las finanzas públicas son tratadas independientemente de los aspectos estructurales, sociales y humanos de nuestras sociedades. El problema radica, según Rodrik, en que se hizo economía sin entender los sustentos institucionales y por ello, las propuestas del FMI estaban dirigidas a sociedades que no existían.

LOS SUPUESTOS DEL MODELO NEOLIBERAL
NO SE CUMPLEN

Algunos argumentan que las fallas de la década pasada se deben a la tímida aplicación de las reformas, a la poca apropiación de las reformas por parte de los países, y a malas estructuras de gobernabilidad. Pero la realidad nos obliga a cuestionar algunos de los supuestos del modelo neoclásico aplicado uniformemente en sociedades tan diversas.

Las obvias desigualdades en oportunidades -por herencia, pertenencia étnica o género- contradicen el supuesto de la competencia perfecta. Y en un mundo dominado por grandes corporaciones, los mercados latinoamericanos casi nunca son competitivos. Las extremas diferencias en el acceso a los activos productivos -tierra, educación, capital financiero- y a la información y al conocimiento, conducen a la acentuación de las desigualdades. La falta de capacidad de consumo de las mayorías inhibe el desarrollo de una demanda interna que permita un proceso de crecimiento económico menos expuesto a la volatilidad de los mercados externos.

Las reglas económicas globales redistribuyen ingresos hacia quienes ya disponen de la tecnología, del conocimiento y de otros factores de producción, mientras que los gobiernos de los países industrializados mantienen subsidios directos, tarifarios o regulatorios que impiden el libre acceso de los pobres a los bienes producidos.

Las emisiones de carbono producidas por las sociedades avanzadas del Norte se traducen en cambios climáticos y en desastres ambientales que representan costos reales para los hogares y empresas de nuestros países, sin que estos costos sean internalizados por la actividad empresarial.

HACIA UNA ECONOMÍA HUMANA:
DE LOS SUPUESTOS A LOS VALORES

No debemos entender estas realidades como el producto de una conspiración. La explicación es más profunda. El combustible teórico para impulsar el orden económico dominante se originó en una lectura particular de los economistas clásicos liberales y la separación entre la ética y la economía se ha institucionalizado en una práctica social que ya nos alcanza a todos. Como dice la Carta de los Provinciales latinoamericanos de la Compañía de Jesús de 1996: Estamos peligrosamente empujados hacia una cultura que radicaliza la ambición por poseer, acumular y consumir, y que sustituye la realización de todas las personas por el éxito individual, haciendo desaparecer el bien común como objetivo central de la Política y de la Economía.

Los mecanismos institucionalizados -muchas veces subliminales- parecen enviarnos un único mensaje: no hay alternativa al status quo. Sin embargo, cada avance en la historia ha conquistado primero la noción de que el avance era imposible. La finalización de la esclavitud y del colonialismo abierto, la lucha por el sufragio universal y por la igualdad racial y de género, el respeto al medio ambiente y a los derechos humanos, nos indican que un orden económico renovado es posible.

Este orden renovado debe crear oportunidades de suficientes ingresos para todos, generar suficientes recursos para que las instituciones públicas ejerzan sus responsabilidades y promuevan el bien común, y permitir la participación económica para lograr la ciudadanía efectiva de las mayorías. Un orden renovado sólo emergerá de las convicciones y creencias de las personas que integran las empresas, los gobiernos y los hogares. Y probablemente necesite de un horizonte intergeneracional. Allí radica la importancia de la formación en valores.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
NO REDUCE AUTOMÁTICAMENTE LA POBREZA

En Guatemala, la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza inicia así: El problema económico, social, político y ético más grave de Guatemala es la pobreza. Esa pobreza revela un modelo que no es capaz de cumplir su cometido esencial: permitir a las personas alcanzar la plenitud. La capacidad de inclusión en los beneficios debe ser la medida de la verdadera eficacia de un sistema económico.

La lógica parecería indicar que los programas para reducir la pobreza pueden contribuir a crecer más rápido, y que el crecimiento “es bueno también para los pobres”. Pero la contribución del crecimiento a la reducción de la pobreza no es automática: debe acompañarse de un cambio en la distribución del ingreso. Si dos países tienen inicialmente deficientes estructuras de distribución, la pobreza se reducirá más en el país que mejore su esquema en menor tiempo. Si no mejora, la economía de un país puede crecer a tasas relativamente altas sin que por ello se reduzca la pobreza, como frecuentemente ha ocurrido en América Latina.
En Guatemala, estudios recientes del Banco Mundial estiman que la pobreza disminuyó del 62% en 1989 al 56% en el 2000. Pero todo parece indicar que el crecimiento no favoreció especialmente a los pobres, pues no alcanzó con igual fuerza a las áreas rurales. Estos estudios demuestran que los avances en materia de reducción de la pobreza hubieran sido mayores con mejoras en la distribución de ingresos y activos. El crecimiento económico sin mejoras en la distribución es insostenible en el largo plazo, pues la extrema desigualdad erosiona las propias instituciones que sustentan la actividad económica.

SER INDÍGENA SIGNIFICA SER POBRE

Un 79% de los pobres guatemaltecos son pobres “crónicamente”. Son personas que han vivido en la pobreza por largos períodos, incluso generaciones, y que no se benefician automáticamente de las oportunidades del crecimiento, pues carecen de activos y viven en lugares lejanos a donde ocurre el crecimiento. Un 93% de los guatemaltecos extremadamente pobres vive en el campo. Estos niveles de pobreza no sólo están asociados a la distribución geográfica de oportunidades y a la falta de acceso a los activos productivos, sino también a los menores precios y retornos que los pobres reciben por el fruto de su trabajo, muchas veces como resultado de una abierta discriminación.

En Guatemala, ser indígena significa ser pobre. Un 76% de los indígenas es pobre, mientras que un 46% de la población no indígena lo es. Esta pobreza tiene sus raíces en nuestra historia y en las opciones institucionales para enfrentarla. Los pueblos indígenas trabajan tradicionalmente terrenos comunales, sin énfasis en ser “dueños” de la tierra en el sentido occidental. La institucionalidad de registro de tierras ignoró esta realidad, escogió un arreglo institucional de certeza de derechos de propiedad ajeno a la cultura de las mayorías, y a lo largo de la historia permitió grandes despojos de activos que limitaron la ciudadanía económica de los indígenas.

Las grandes mayorías indígenas se vieron entonces obligadas a ocuparse como trabajadores al servicio de otros “dueños”. La institucionalidad laboral de Guatemala, ha estado plagada de discriminación. En el siglo XVI la encomienda obligaba a los pueblos indígenas a tributar, con su trabajo, a individuos cercanos a la administración colonial. En el siglo XX, la Ley de la Vagancia obligaba a los indígenas sin tierra a trabajar en plantaciones privadas cien días cada año. La historia de opciones institucionales laborales guatemaltecas atentó contra la dignidad de los indígenas. Hoy, los indígenas emigrantes enfrentan otro tipo de discriminación en las tierras del norte.

INCLUIR A LOS INDÍGENAS
Y A LAS MUJERES INDÍGENAS

La firme oposición al racismo y a la exclusión étnica es uno de los pilares del nuevo orden económico que imaginamos. En el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se asienta el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades de desarrollo en la forma que afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, a las tierras que ellos ocupan o de otro modo usan, y al ejercicio del control, en la medida de lo posible, sobre su propio desarrollo económico, social y cultural. Adicionalmente, los indígenas participarán en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarles.

Es prácticamente imposible apoyar el desarrollo económico de los pueblos indígenas sin un sistema nacional de normas jurídicas que reconozcan su existencia, sus derechos y sus características lingüísticas y culturales únicas. Como resultado de iniciativas políticas de los propios pueblos indígenas, en muchos países latinoamericanos ha habido una virtual revolución jurídica en lo que respecta al reconocimiento constitucional de sus derechos. Ésta es una tarea aún pendiente en Guatemala.

Necesitamos también prestar mayor atención al acceso a activos productivos de la mujer indígena. Hay mayor conciencia de la importancia del acceso a la educación intercultural para mujeres, pero mucha menor de la importancia de sentar las bases jurídicas y fiscales para mejorar el acceso a la tierra, a la vivienda y al trabajo entre las jefas de hogar que hoy asumen muchos de los costos del enfrentamiento armado interno y de la dinámica migracional. Guatemala podría aprender mucho de las iniciativas para mejorar la capacidad empresarial y la competitividad de las empresas indígenas -colectivas, familiares o individuales- que pueblan como luciérnagas el occidente del país. Combatir la discriminación que padecen los productos que concentran el fruto de las labores indígenas -evidente en los mercados agrícolas globales, altamente protegidos- debe de convertirse en una prioridad de la política de comercio exterior de Guatemala.

Otro reto esencial para alcanzar la inclusión étnica consiste en aprender de la institucionalidad propia del derecho consuetudinario y ver cómo se interpretan en ella los sólidos principios económicos -protección de los derechos de propiedad- avanzados por Smith y aplicados torpemente por el Decálogo de Washington.

SIN CIUDADANÍA ECONÓMICA
NO HABRÁ DESARROLLO

Creo que la esencia de la transformación de Guatemala radica en lograr el efectivo ejercicio de la ciudadanía económica para todos, porque la gran falla de nuestra economía es que ha tenido una eficiencia mediocre y excluyente. La pobreza generalizada revela un modelo que no ha sido capaz de cumplir su cometido esencial: permitir a las personas alcanzar la plenitud. La capacidad de inclusión de todos en los beneficios debe ser la medida de la verdadera eficacia del sistema económico.

Tenemos muy poca conciencia de que todos los guatemaltecos somos ciudadanos económicos. La economía de mercado crea un espacio para la libertad del individuo, pero sólo puede gozar de esta libertad quien tiene poder adquisitivo. Quien no lo tiene, tiene una libertad muy limitada, y por lo tanto, una ciudadanía muy limitada. Si el mercado es el principal espacio de participación, quienes no tengan bienes se verán marginados o muchas veces excluidos de la participación política, de la organización social, del trabajo formal y de la vida en sociedad. La efectiva ciudadanía económica debe de erigirse como un pilar de lucha por los derechos humanos.

Aceptar la importancia de esta ciudadanía implica reconocer que la meta de una empresa no sólo debe satisfacer los intereses de los accionistas y que la empresa no es una máquina dirigida exclusivamente a obtener beneficios materiales, sino un grupo humano que se propone satisfacer necesidades humanas con calidad. Hasta ahora, la moral económica se ha centrado en los deberes individuales y en el móvil personal de la acción, y no en los resultados. Necesitamos una ética empresarial cuyo resultado final, sin excluir de los beneficios a los accionistas, sea el mayor bien posible para todos. Requerimos que el ámbito de las necesidades que la actividad empresarial satisface se amplíe, de los bienes y servicios de consumo hacia otras necesidades, como la creación de empleos y la mejora del entorno ecológico y social. La encíclica “Laborem Exercens” es clara al respecto: coloca el trabajo como un derecho humano fundamental por su sentido social, político y espiritual y nos recuerda que el trabajo no es un insumo más de la producción.

EL TRABAJO ESTÁ EN EL CORAZÓN
DE LA DIGNIDAD HUMANA

Aceptar que es imposible que tengan empleo todos los que quieran trabajar es ignorar el epicentro de la problemática social de Guatemala. La falta de ingresos y de trabajo son causas principales de la pobreza. Y el desempleo afecta especialmente a las personas más vulnerables, a quienes enfrentan discriminación y viven en situaciones de riesgo ambiental. Además, el aumento de la masa de desempleados y subempleados induce a la precarización laboral, al inhibir la organización y la formación laboral.

Para las grandes mayorías, el trabajo sigue siendo el principal medio de vida, el cimiento de la identidad personal y una forma insustituible de participación social. El desempleo y la falta de ingresos acarrean grandes costos económicos, humanos y sociales, que nos afectan a todos. El desempleo inhibe el desarrollo del mercado interno, vital para la generación de ingresos fiscales, de mercados para las empresas nacionales que nunca van a exportar y para la estabilidad y cohesión social. El desempleo causa erosión de la confianza y la autoestima, pérdida de identidad personal y de esperanza e induce severas restricciones a la vida social. El desempleo da como resultado el aislamiento y la frustración y puede degenerar en violencia, uso de drogas y en la destrucción de la vida familiar. La participación humana en la creación divina a través del trabajo está en el corazón de la noción de la dignidad. El trabajo es mucho más que un insumo de producción.

Así como la previsión social en Guatemala fue el objetivo central de la política social en los años 40, el empleo debe de retomar al centro de la política social nacional. Necesitamos de una política laboral que sea compatible con la flexibilidad cada día mayor de las empresas y con la apertura comercial, pero que no pierda de vista que el trabajo es fin y medio a la vez. En el pasado, Guatemala fue capaz de orientarse hacia una mayor producción. Ahora, necesita también, urgentemente, orientarse hacia mayores niveles de empleo mediante una activa política industrial nacional.

Establecer mayores niveles de empleo no es sencillo, pero discutir una política de empleo supone un paso muy importante para reconocer su absoluta prioridad. La transformación del mundo del trabajo requiere de cambios profundos en la educación nacional, especialmente en el nivel de las competencias laborales. La política de empleo debe también conceder prioridad a la defensa y creación de puestos de trabajo nacionales, de cara a los tratados de libre comercio y al aumento relativo del peso de los salarios en los ingresos nacionales.

EL RETO: UN EMPLEO DIGNO PARA CADA JOVEN QUE INGRESA AL MERCADO LABORAL

Está demostrado que el aumento sostenido en competitividad empresarial no depende de la reducción de los salarios. No puede afirmarse que mientras menores sean los salarios, más productivo será el trabajador. Lo que determina el éxito de una empresa no es el precio del trabajo, sino la productividad de toda la empresa. Una mejora tecnológica puede aumentar la productividad, pero siempre que se cuente con el personal que sepa extraer el rendimiento adecuado a la tecnología y que se sepa integrado a la empresa. Los países con más elevada protección social y formación laboral son precisamente los más competitivos.

No sólo el gobierno debe poner en funcionamiento políticas activas de creación de empleo. También las empresas, los municipios y las distintas redes sociales que alcanzan a toda la sociedad. El reto es ofrecer un empleo digno a cada joven que ingresa al mercado laboral. En Guatemala, sólo el 10% de los jóvenes que ingresan a los mercados laborales encuentran un empleo formal. Este reto debe de ocupar la atención de los más creativos líderes empresariales, de las universidades, de la sociedad civil y del sector público. El apoyo al emprendimiento para la creación de empleos y un entorno macroeconómico más favorable al empleo deben abonar una decidida política de empleo que resuelva este problema nacional.

Al creciente interés por la tecnología tendríamos que añadir el interés por la formación laboral, para así compatibilizar las habilidades de los trabajadores con los requerimientos del mercado mundial. La formación no se reduce a la adquisición de destrezas laborales sino también a la capacidad de utilizarlas desde los valores éticos de la ciudadanía. A estos esfuerzos tendríamos que añadir el imperativo de la incorporación efectiva, que se traduce en trabajos integrados a la seguridad social, que permitan la adquisición de activos permanentes entre los trabajadores, incluyendo la educación, la tierra y la vivienda. Ésta es la forma más segura de que todos, sin exclusión, se beneficien de las oportunidades del crecimiento económico. El reto de insertar laboralmente en igualdad de condiciones a indígenas y a mujeres y de erradicar la exclusión en los mercados laborales son retos impuestos por la historia de nuestro país.

La historia más reciente de Guatemala también impone otro desafío nacional: rescatar los sistemas de contrapeso institucional para inducir un comportamiento escrupuloso y generalizado entre los actores sociales, especialmente en el gobierno. Es impostergable retomar la senda de construcción del capital social culminada con la firma de los Acuerdos de Paz.

LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES
Y EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS

El capital social, entendido como el conjunto de características de la vida social que permiten a los ciudadanos perseguir con alta efectividad objetivos comunes es un ingrediente indispensable para enfrentar los problemas de Guatemala. Los países donde la polarización social es menor y donde existen instituciones que restringen la arbitrariedad del gobierno, no sólo tienen una mejor calidad de vida, sino también un mayor crecimiento económico y una gestión pública más efectiva.

Los sistemas de contrapeso institucional son esenciales para inducir comportamientos escrupulosos entre los funcionarios públicos y otros actores sociales. Es en esta área donde creo que ha habido mayor erosión en años recientes en Guatemala, donde resulta esencial para la economía, rescatar la orden ético.

El comportamiento escrupuloso y la gestión abierta y transparente también generan la confianza que permite al gobierno seguir políticas públicas cuyos resultados requieren esfuerzos de largo plazo. La confianza generalizada también se traduce en menores costos de transacción para los ciudadanos y en un mejor funcionamiento de los mercados. Además, la confianza permite a las redes cívicas y a las entidades del sector público perseguir conjuntamente objetivos de un orden mayor que los que perseguirían desarticuladamente. En Guatemala, el Pacto Fiscal permitirá retomar decididamente la visión incluida en los Acuerdos de Paz. Creo también que el gobierno debe favorecer las políticas salariales negociadas, evitando en la medida de lo posible los aumentos salariales por decreto pues erosionan rápidamente el clima de confianza que se construye durante la negociación obrero-patronal.

La capacidad del gobierno para restaurar la confianza depende, críticamente, de las percepciones de la ciudadanía sobre cuán escrupulosos, competentes y comprometidos con el bien común, poniéndolo por sobre el bien individual, burocrático o partidario, seamos los servidores públicos. Los funcionarios que abusen o que hayan abusado de la confianza pública inherente a sus cargos deben ser castigados y las redes ilícitas incrustadas en las instituciones deben de combatirse frontalmente. Para esto es también importante restaurar la administración pública, muchas veces canibalizada por el propio gobierno y a veces, involuntariamente, por la propia cooperación internacional.

Es también esencial restaurar la efectiva protección de los derechos humanos para crear un “clima” que permita la “recapitalización” social en Guatemala. Las instituciones garantes de la institucionalidad democrática del país son depositarias del capital social nacional, acumulado con grandes esfuerzos después del agotador enfrentamiento interno. El fortalecimiento de nuestras instituciones se convierte en un imperativo ético y económico impostergable.

OTRO ORDEN SOCIAL ES POSIBLE

La interpretación de la persona que hace la economía clásica como un individuo que tiende siempre a maximizar su utilidad y lo hace por la vía exclusiva del consumo, no es cierta. La noción del bienestar de las personas centrado exclusivamente en sí mismas y en el consumo, la desmienten los padres, que se regocijan del bienestar de los hijos y la desmienten también los países amigos, que comparten solidariamente sus ahorros con nosotros para apoyarnos.

La noción de que las personas pueden perseguir sus metas autónomamente, sin interdependencia con los demás, es desmentida por lo que hoy ya sabemos. Las emisiones de carbono en el Norte están evidenciando la gran interdependencia global. La evasión fiscal puede traducirse en un desmoronamiento institucional que resulta en un caos de inseguridad y en tensiones sociales de las que nadie escapará en el país. La ética influencia el comportamiento personal y puede ayudarnos a imaginar un orden social diferente, con una ciudadanía económica efectiva.

¿Sigue siendo la economía una ciencia lúgubre tres siglos después? La economía clásica ha sido capaz de iluminar complejas cuestiones de interdependencia social, a pesar de la indiferencia mostrada hacia las cuestiones éticas, y del reduccionismo aplicado al comportamiento humano y a las instituciones sociales. Usando la teoría general del equilibrio, Amartya Sen demostró que las hambrunas tienen poco que ver con la oferta de comida y mucho que ver con las relaciones de interdependencia en el lado de la demanda. Los modelos económicos abstractos tienen aún gran relevancia práctica, pero pueden beneficiarse mucho de las consideraciones éticas que condicionan el comportamiento humano y sus instituciones.

El mercado solo no puede determinar cómo disponer de los recursos de la sociedad. El mercado necesita de un Estado con un fuerte y justo sistema de justicia para operar. Las soluciones apuntan a los principios, no a arreglos institucionales predeterminados, como evidencia la experiencia latinoamericana con el Decálogo de Washington.

Esto no quiere decir que ningún modelo de comportamiento económico será útil a menos que introduzca todas estas complejidades. Sería rechazar una buena parte de la teoría económica y sus grandes posibilidades. Pero adherirse estrictamente al estrecho supuesto del interés propio nos lleva a admitir una gama muy estrecha de relaciones sociales, y a resultados muy pobres en cuanto a las políticas públicas. Asumir un acercamiento entre la ética y la economía nos confronta con cuestiones difíciles, pues evidencia nuestros valores.

¿Podemos imaginar un día en que la solidaridad y el compromiso con las causas nobles, en que la lealtad y el altruísmo serán parte de los modelos económicos ortodoxos? Quisiera creer que algunos de nuestros estudiantes más jóvenes, sin descartar el rico acervo de las ciencias económicas, han imaginado hoy por la noche un mundo alternativo y que a partir de ahora se sienten atraídos a construirlo.

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