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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 164 | Octubre 1995
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Honduras

¿Se hará justicia hasta el final?

En un país donde la justicia ha funcionado siempre como una serpiente que sólo muerde a los descalzos, la actuación valiente del Ministerio Público abre esperanzas de cambio. Irá hasta el final la justicia? Será capaz de morder a los calzados con bota militar?

Mario Posas

La Fiscalía General del Estado, también llamada Ministerio Público, que comenzó a funcionar en julio/94 bajo la dirección del competente abogado Edmundo Orellana, y el sistema judicial en su conjunto, están teniendo hoy en Honduras un protagonismo inusitado. Para una sociedad en la que tradicionalmente la justicia se ha comportado como una serpiente que sólo muerde a los descalzos y nunca a los que llevan zapatos, es ésta una muy positiva novedad. Acusados y juzgados por la Fiscalía y los jueces correspondientes, altos funcionarios públicos ya han sido enviados a prisión o están escondidos para evitar ser capturados y encarcelados.

Encarcelados y acusados

Están ya en prisión, como consecuencia de la acción del Ministerio Público, el ex Canciller del actual gobierno, Ernesto Paz Aguilar, y también Mario Luciano Coello y José Segovia Inestroza, directores de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, institución paraestatal creada para proteger los bosques nacionales. Coello fue su director durante el gobierno Callejas y Segovia Inestroza durante el gobierno de Azcona Hoyo. Penden órdenes de captura sobre otros ex funcionarios: Jaime Martínez Guzmán, Ministro de Educación con Callejas y Tomás Guillén Williams, Director del Instituto Nacional Agrario de ese mismo gobierno. Estos cinco funcionarios han sido acusados de actos de corrupción y de haber abusado de su autoridad para realizar actos penados por la ley. Otros funcionarios de menor rango que trabajaban en la Cancillería de la República guardan también prisión.

En 1994, la Fiscalía acusó al ex Presidente Callejas y a varios de sus ministros de haber abusado de su autoridad al vender de forma ilegal y a precio subvaluado equipos del Estado. Pero, a pesar del escándalo nacional que generaron estas acusaciones, ninguno de los señalados ha ido aún enviado a prisión. En el caso del ex Presidente Callejas es aún más difícil porque está protegido por la inmunidad que le da el ser diputado al Parlamento Centroamericano.

El "pasaportazo"

El funcionario de mayor nivel que ha sido encarcelado es el ex Canciller Ernesto Paz Aguilar. Nunca en la historia hondureña un político de tan alto nivel había pisado una prisión. Las desventuras de Paz Aguilar comenzaron el 30 de diciembre de 1994 cuando las autoridades migratorias norteamericanas detuvieron en Estados Unidos y deportaron a Honduras a una joven hondureña que viajaba con un pasaporte oficial. La joven fue interrogada por la INTERPOL y por funcionarios de la embajada norteamericana, que dieron la voz de alerta sobre la falsedad del "pasaporte oficial". Unos días después, el 11 de enero de 1995, otras dos jóvenes fueron detenidas en el aeropuerto de Tegucigalpa. Llevaban también pasaportes oficiales. Pronto se descubrió que se los había vendido Marielos Paz Aguilar, hermana del Canciller, quien aunque no trabajaba en la cancillería, pasaba allí buena parte de su tiempo dedicada a la elaboración y venta de pasaportes oficiales. Marielos fue detenida y enviada a la cárcel de mujeres.

Políticos opositores del Canciller aprovecharon los hechos para desacreditarlo. Paz Aguilar acusó a algunos de sus correligionarios liberales, a la embajada norteamericana y a periodistas mercenarios de montar una campaña para separarlo de su cargo y señaló que la embajada de Estados Unidos no le perdonaba su política exterior, desde la que había buscado acercamientos diplomáticos con Cuba. En mayo, el Canciller tuvo que renunciar a su cargo. Lo sustituyó el Ministro de Economía, Delmer Urbizo Panting.

A mediados de agosto, Paz Aguilar fue citado al juzgado para declarar sobre el "pasaportazo". El juez ordenó el encarcelamiento de Paz Aguilar, acusándolo de falsificación de documentos públicos, malversación de caudales públicos, estafa continuada, abuso de autoridad y encubrimiento. Según las leyes vigentes, estos delitos no admiten fianza, por lo que Paz Aguilar tendrá que permanecer en la cárcel hasta que su abogado defensor sea capaz de probar que los cargos que se le imputan son falsos.

Diez militares al banquillo

El 25 de julio la Fiscalía del Estado decidió ir mucho más allá y se embarcó en una de las acciones de mayor alcance judicial y político de la historia del país: acusó a 10 militares de alta graduación por "detención ilegal y tentativa de asesinato" en contra de seis jóvenes en el año de 1982. Aquel año, seis jóvenes universitarios fueron detenidos por el fatídico Batallón 3 16 y permanecieron "desaparecidos" durante algunos días, en los que fueron sometidos a brutales torturas.

Entre los militares acusados están el Coronel Alexander Hernández, Inspector General de la Fuerza de Seguridad Pública, el Coronel Juan Blas Salazar, ex Jefe de la Dirección Nacional de Investigaciones, el Coronel Juan López Grijalba, ex Jefe de Inteligencia Militar y el Coronel Amílcar Zelaya, ex Comandante de la fuerza de Seguridad Pública. Zelaya fue identificado como propietario de la casa de campo en la que los jóvenes habrían sido torturados. Salazar guardaba ya prisión en la ciudad de La Ceiba, por otro delito: posesión ilegal de cocaína.

La decisión de la Fiscalía del Estado de ir adelante en este caso generó desde el primer momento un ambiente de confusión en el alto mando militar, que optó inicialmente por sacar los tanques a la calle con la excusa de un supuesto ejercicio militar, pero todos lo interpretaron como un acto de prepotencia orientado a amedrentar a la población y a los representantes de la justicia. Ya más sosegado, el alto mando reunió al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) especie de parlamento militar integrado por 60 oficiales de la más alta graduación para deliberar sobre las acciones a tomar para defender a sus compañeros de armas en problemas. El CONSUFA decidió que las fuerzas armadas debían asumir la defensa jurídica de los encausados cuando éstos fueran llamados a los tribunales. Algunos altos oficiales, que resienten la creciente pérdida de protagonismo del ejército, parecen haber sugerido el desacatar la autoridad judicial y proteger a los militares acusados en los cuarteles. Sin embargo, no encontraron ni consenso ni espacio político para actuar así. En todo momento, el alto mando militar ha tratado de liberar de cualquier acusación a los militares argumentando que los delitos por los que se les quiere juzgar fueron perdonados por un decreto de amnistía que emitió el ex Presidente Callejas en junio/91.

Los 184 "desaparecidos"

La acusación contra altos oficiales del ejército ha mantenido abierto el candente y doloroso debate en torno a las 184 personas que "desaparecieron" en la década de los años 80. El debate se inició masiva y públicamente en junio/94, cuando todos los periódicos hondureños reprodujeron un extenso reportaje aparecido en el diario The Sun de Baltimore, basado en informes desclasificados del Departamento de Estado y en extensas entrevistas con tres miembros del Batallón 3 16 exiliados en Canadá. El reportaje destapó una herida que, aunque permanecía cubierta, no era para nadie un secreto. Desde entonces, los compatriotas desaparecidos han estado presentes en la primera plana del debate nacional. Antes de fin de año, puede contribuir a esclarecer su destino la excavación que se hará de tres tumbas en busca de los restos de los líderes sindicales Rolando Vindel y Gustavo Morales Fúnez y los de Hans Albert Madison, un joven que fue detenido cuando caminaba casualmente por una calle de una colonia residencial de Tegucigalpa en la que el 3 16 realizaba un operativo contra un núcleo guerrillero atrincherado allí.

La acción de la Fiscalía del Estado está siendo eficaz. No sólo ha mejorado sensiblemente la imagen del cuerpo judicial. En la práctica, muchos funcionarios públicos son hoy mucho más cuidadosos en el manejo de los asuntos del Estado. Y muchos ex funcionarios han empezado a temer que la acción de la Fiscalía pueda tocarlos, pues durante su gestión no tomaban demasiado en serio las leyes.

Hasta ahora, la mayoría de los casos que la Fiscalía ha presentado a los jueces tienen que ver con formas de abuso de poder y de corrupción que por antiguas e institucionalizadas se daban por insuperables. La mayoría de los hondureños aplaude la audacia de enfrentar estos arraigados vicios. Pero demanda ahora que la acción de la justicia llegue también a los "peces gordos" que gastan ostentosas fortunas que tienen como fuente conocida el saqueo de los fondos del Estado, el tráfico de influencias, el contrabando y el narcotráfico. Existe un clamor generalizado para que se dé de una vez relevancia jurídica en la legislación penal a la categoría de "enriquecimiento ilícito" para así poder enviar a prisión a la argolla de hondureños privilegiados que disfrutan de riquezas malhabidas.

Economía cuestionada

Si aplausos empieza a recibir la administración de la justicia, continúan las críticas y las silbatinas contra la política económica neoliberal. En agosto la inflación acumulada era ya de 18.5%, cuando el gobierno prometió a los organismos financieros internacionales que a finales de diciembre sería sólo de un 12%. A elevar aún más la inflación en los últimos meses del año contribuirá sustancialmente el aumento entre un 100 y un 250% a partir de octubre de las tarifas del estatal servicio de agua y los aumentos solapados y galopantes del también estatal servicio de energía eléctrica, el continuado aumento del precio de los combustibles y un eventual aumento a la tarifa del transporte urbano.

El gremio empresarial coloca en el blanco de sus críticas al Banco Central, pues en el segundo semestre del año no ha reducido el encaje bancario del 34% actual al 30%, como lo había prometido. Cada punto en la reducción del encaje bancario significa poner en circulación en el sistema bancario unos 60 millones de lempiras. Según el gremio empresarial, la actual política restrictiva del Banco Central está afectando seriamente la inversión privada y está llevando a la quiebra a la pequeña y mediana industria por falta de crédito. El Banco Central aduce que su política es un esfuerzo más para contener el deslizamiento del valor del lempira frente al dólar. Hoy se requieren casi 10 lempiras para obtener un dólar en el mercado oficial bancario o en el mercado negro callejero. Los sectores populares y las capas medias urbanas cuestionan éste y todos los demás aspectos de la política económica, que los afecta con inflación, devaluación de la moneda, especulación y congelamiento de los salarios.

Para los organismos financieros internacionales, el logro más importante del gobierno hondureño es la reducción del déficit fiscal, que se espera alcance a fines del 95 el 4.5% pactado.
Estos organismos presionan ahora para que en 1996 se adelgace sustancialmente el aparato estatal con el fin de hacerlo más moderno y más eficiente. La reducción estatal es también una condición ineludible para que Honduras obtenga nuevos préstamos de la banca internacional y sea elegible por el Club de París para la condonación de unos 600 millones de dólares de su deuda externa.

Según Armando Aguilar Cruz, Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado proyecto que financia el Banco Mundial la modernización, que implica el despido de unos 6 mil 550 funcionarios, significará un ahorro de unos 800 millones de lempiras anuales. Aunque la medida sumará más desempleados a los ya existentes, no es muy significativa: el Estado hondureño emplea a unos 103 mil trabajadores civiles y a unos 25 mil "protegidos" por el fuero militar. Los organismos financieros internacionales presionan también al gobierno para que acelere la privatización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), frenada hoy por la oposición de la Asamblea Legislativa y de amplios sectores de la sociedad civil.

Por fin, Policía Civil

Aplausos ha recibido también la decisión de traspasar la policía de la jurisdicción militar a la civil, demanda que tenía un amplio consenso de los partidos políticos y de la sociedad.

El 6 de septiembre los diputados aprobaron en forma unánime este paso histórico. En Honduras, la policía ha estado bajo la jurisdicción del ejército desde el 3 de octubre de 1963, cuando los militares golpistas que destituyeron al Presidente Villeda Morales tomaron la decisión de disolver la Guardia Civil para sustituirla por un cuerpo policial bajo mando militar.

Colocar a la policía bajo el poder civil forma parte del proceso de desmilitarización del Estado. Otros pasos importantes en esa dirección se han dado ya: la marina mercante, la policía de investigación criminal y la dirección de política migratoria han pasado también de la jurisdicción militar a la civil. Se ha establecido también el servicio militar voluntario y educativo en sustitución del servicio militar obligatorio.

Ahora, la expectativa es que el nuevo estatus de la policía contribuirá a frenar algo la inseguridad ciudadana y a dar a los hondureños garantías mínimas para su vida y su propiedad.

Los militares aceptaron este cambio como un hecho consumado y también irreversible. La comisión especial del Congreso que dictaminó el traslado de la policía hizo referencia a "la actitud inteligente de las Fuerzas Armadas que, actuando en concordancia con el ritmo modernizador de los nuevos tiempos, han sumado su comprensión, su apoyo y el respaldo de su experiencia, a los esfuerzos de concertación, inspirados en los mejores intereses nacionales".

Esta actitud inteligente no parece ser plenamente compartida por algunos militares como los coroneles Cristóbal Simón, Julio César Chávez y Alexander Hernández , que han hecho carrera como oficiales de la policía y que exigen ahora que la nueva policía civil esté bajo su mando. Hernández ha sido permanentemente cuestionado por los organismos de derechos humanos por su participación en el desaparecimiento de personas durante la década de los 80. Simón ha exigido públicamente que se le nombre como jefe de la nueva policía civil por ser el más antiguo de los oficiales que hicieron carrera en la policía.

¿Por fin la convergencia?

Desde que Carlos Roberto Reina llegó al poder, diversas organizaciones de la sociedad civil han venido luchando por llegar a una concertación de esfuerzos de todas las fuerzas sociales y políticas para buscar soluciones a los grandes problemas nacionales. Mientras reconocía esta necesidad, el gobierno no daba ningún paso en serio para concretizar esta demanda y acuñaba el concepto de convergencia para sustituir al de concertación, desacreditado por el anterior gobierno de Callejas, que sólo se mostró interesado en "concertar" con los que estaban de acuerdo con el neoliberalismo a ultranza que predicaba y practicaba.

Por fin, el 25 de julio Reina comenzó a buscar activamente la convergencia con los partidos políticos de oposición. En reunión con dirigentes del Partido Nacional, del Partido de Innovación y Unidad y del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, llegó a cuatro acuerdos:

1) Dar un apoyo firme al Presidente de la República en su proyecto de crear un Foro de Convergencia para discutir problemas políticos, institucionales, económicos, sociales y de seguridad ciudadana.

2) Buscar mecanismos para viabilizar el voto domiciliario y la papeleta separada para la elección de alcaldes, diputados y Presidente en las elecciones de noviembre/97.

3) Renovar la tarjeta de identidad.

4) Depurar el censo electoral y el Tribunal Nacional de Elecciones y consensuar cualquier modificación a la Ley Electoral y a la Ley de Organizaciones Políticas.

El 17 y el 25 de agosto se dieron nuevas reuniones con estos partidos y al final, el Presidente Reina anunció la creación del Consejo Nacional de Convergencia (CONACON), organismo encargado de diseñar un proyecto nacional de desarrollo amplio, pluralista y de largo plazo. El CONACON será presidido por Reina y estará integrado por representantes de los diferentes sectores sociales. "Juntos comenzaremos a vencer el subdesarrollo, la injusticia y la corrupción, juntos combatiremos por la seguridad alimentaria, por la seguridad ciudadana y contra la criminalidad, juntos saludaremos el encuentro del nuevo milenio, perfeccionaremos la democracia, fortaleceremos la identidad nacional y abatiremos la pobreza que le roba la sonrisa a los niños y la esperanza a los mayores", dijo Reina en el emotivo discurso con que anunció el CONACON, instalado oficialmente el 13 de septiembre en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma.

El CONACON quedó finalmente integrado por 24 miembros representativos de los partidos políticos, del sector empresarial y del sector sindical. Forman también parte el Presidente del Congreso Nacional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Monseñor Oscar Andrés Rodríguez, arzobispo de Tegucigalpa, en su condición de Presidente de la Comisión Ad Hoc para la delincuencia y la violencia social. Se consideran organismos auxiliares del CONACON el Foro Nacional de Convergencia, creado por el Congreso en 1994 para concertar las leyes, y la Comisión Presidencial para la Modernización del Estado. La agenda del CONACON será fijada por el Presidente Reina, pero todos los miembros pueden proponer otros temas que consideren de relevancia. El CONACON está facultado para promover foros, seminarios o mesas redondas donde se aborden más ampliamente algunos temas.

Legitimar al gobierno

La primera reunión de trabajo del CONACON fue el 20 de septiembre y estuvo dominada por el tema de la seguridad ciudadana. El Presidente Reina se comprometió a agilizar los mecanismos para entregar a la policía los 25 millones de lempiras que la Comisión Ad Hoc para la delincuencia y la violencia social sugirió como un medio para potenciar su capacidad de respuesta. Algunos miembros del CONACON plantearon que el ejército se uniera a la policía en la tarea de garantizar la seguridad ciudadana, pero no se tomó una decisión definitiva.

El Partido de Unidad Democrática (PUD) el ya legalizado y relativamente pequeño partido político de la izquierda hondureña e importantes sectores representativos de la sociedad civil rechazan el haber sido excluidos del CONACON. Es ésta, evidentemente, una iniciativa legitimadora de un gobierno que para unos tiene algunas luces y muchas sombras y para otros tiene bastantes luces y algunas sombras.

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