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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 164 | Octubre 1995

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Guatemala

Masacre en Chisec: la sangre se repite

Detrás de la masacre de Chisec está el delicado momento en el que se encuentran las negociaciones de paz. La tierra, los impuestos, el futuro del ejército: de todo eso se está hablando cuando la historia y la sangre se ha repetido en Chisec.

Gonzalo Guerrero

El 5 de octubre la historia de sangre se repitió para 255 familias de refugiados retornados guatemaltecos que llegaron de México y que vivían organizados en una cooperativa en la finca Xama'n, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz. A medio día, una patrulla del ejército entró a los terrenos de la cooperativa y luego de breves palabras con los pobladores, abrió fuego, matando ahí mismo a 10 personas dos mujeres, dos niños y seis hombres e hiriendo por lo menos a otras 13. Uno de los heridos murió al día siguiente. La masacre es la más grave ocurrida en el país desde la matanza de 13 indígenas en Santiago Atitlán, Sololá, hace cinco años.

¿Quién dio la orden?

Aunque las versiones sobre la masacre varían, todas coinciden en los elementos más importantes: 26 soldados entraron en los terrenos pertenecientes a la cooperativa y luego de un intercambio de palabras empezaron a disparar. El 8 de octubre, el Ministro de Defensa, General Mario René Enríquez, renunció de su cargo "por creerlo conveniente para la institución armada y para el país". El Presidente De León Carpio nombró en su lugar al General Marco Antonio González Taracena, hasta ahora Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y representante del ejército en las negociaciones de paz durante el último año.

En una conferencia de prensa anunciando los cambios, De León Carpio aceptó "como Presidente y Comandante del Ejército la responsabilidad que me corresponde," aunque enfatizó que el ataque no fue producto de una orden presidencial ni de una decisión del alto mando del ejército. Los 26 miembros de la patrulla que realizó la matanza han sido consignados a los tribunales militares. El Comandante de la base militar número 21 en Cobán, Alta Verapaz, Coronel Samí Noé Vásquez, fue destituido "por ser el comandante jurisdiccional de la patrulla militar que protagonizó la tragedia".

Versión del ejército

Ese 5 de octubre, víspera de la anunciada visita de la experta en derechos humanos de Naciones Unidas, Mónica Pinto, el Ministro de Defensa Mario Enríquez advirtió que algunos grupos podrían "aprovechar su visita" para desarrollar actos de violencia. El diario La Hora del mismo día titulaba: " Enríquez: violencia al venir Mónica Pinto". A la hora en que el periódico salía a la calle, la "clarividencia" de Enríquez ya era una realidad sangrienta 300 kilómetros al norte de la capital.

El ejército dio su versión inicial del suceso en la voz del General Enríquez, que habló por televisión horas después de la masacre. Los soldados estaban patrullando afuera de la cooperativa con órdenes del alto mando de no entrar en las comunidades de refugiados, pero éstos los llamaron y los invitaron a conversar sobre las preparaciones de la celebración del primer aniversario de su comunidad. Una vez dentro de la finca, los soldados habrían sido cercados por centenares de campesinos hostiles que intentaron desarmarlos. Cuando tres mujeres lograron quitarles sus fusiles Galil a tres de los soldados, los demás empezaron a disparar en defensa propia.

Abundan las contradicciones en esta versión del ejército. El Ministro de Defensa habló de tres heridos y de siete desaparecidos entre los 26 soldados que conformaban la patrulla. Siete días después se comprobó que sólo dos soldados fueron heridos, mientras los otros 24 estaban consignados en los tribunales militares. El ejército nunca explicó cómo los "desaparecidos" regresaron a su unidad ni tampoco volvió a hablar del tercer herido.

El ejército intentó reforzar su versión ante la prensa local: un oficial se presentó ante los periodistas mostrando la camisa ensangrentada de un soldado con un supuesto orificio de bala. Pero los médicos forenses dictaminaron que no había señales de tela quemada alrededor del orificio e indicaron que las heridas de los dos soldados estaban localizadas en la rodilla de uno y en el glúteo del otro, áreas del cuerpo que no cubre una camisa.

"Dispararon como locos"

La versión de los residentes de la comunidad y de unos médicos extranjeros que estuvieron presentes durante el ataque tienen notables desacuerdos con la versión del ejército y han sido más creíbles para los observadores internacionales, los grupos de derechos humanos y la prensa.

En base a testimonios de los sobrevivientes, las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México, organización que representa a las comunidades de refugiados retornados, prepararon este relato de los hechos:

"La patrulla penetró en el centro de la comunidad, donde encontró a un grupo de hermanas y hermanos trabajando en la preparación del primer aniversario del regreso a nuestra patria. En ese grupo había niños, mujeres y hombres. La población solicitó a los soldados que esperaran en el lugar hasta que se presentaran las autoridades de MINUGUA (Misión de las Naciones Unidas para Guatemala).

Al escuchar la solicitud de la comunidad, el oficial al mando de la patrulla caminó varios pasos hacia atrás e hizo una comunicación por radio. Inmediatamente después de la comunicación a través de radio, el oficial ordenó abrir fuego contra nuestros hermanos y hermanas retornados. De acuerdo a los testimonios, los efectivos dispararon como locos contra toda la población durante varios minutos. En ese momento lanzaron granadas. Eso se puede constatar con los heridos con esquirlas de granadas.

Los soldados salieron del centro de la comunidad corriendo y siguieron disparando. En su retiro, a unos cien metros del lugar, se encontraron con el niño Santiago Coc Pop, de ocho años, a quien mataron de varios impactos de bala." "El niño había ido a pescar y cuando vio a los soldados saliendo trató de apartarse, pero el soldado lo mató" contó un miembro de la cooperativa.

"¡Bajen los fusiles!"

Una tercera versión la dio un observador internacional de derechos humanos, después de entrevistarse en Chisec con varios de los testigos. La patrulla que llegó a la cooperativa, al mando del teniente Laca'n Chacla'n, pidió permiso a los pobladores para participar en su celebración. Entre 100 y 400 personas se reunieron entonces y el mensaje de la comunidad fue tajante: no querían la presencia de militares armados ni ese día ni en el futuro. Les recordaron a los soldados que se encontraban en una propiedad privada y que estaban violando los acuerdos de octubre de 1992 entre el gobierno y los refugiados.

Los representantes de la comunidad insistieron en que los soldados mantuvieran en descanso sus armas mientras esperaban la llegada de los funcionarios de MINUGUA, a quienes habían ido a denunciar la presencia de los soldados en la comunidad, violatoria de acuerdos anteriores. Cuando la patrulla intentó salir del círculo formado por los pobladores, éstos hicieron alguna resistencia y, de acuerdo con un retornado hospitalizado, los de la comunidad lograron quitarles uno de los fusiles. De acuerdo con testimonios recopilados por observadores internacionales, los residentes escucharon al teniente decirle a su tropa: "Si se mueven, ¡disparen!".

"Mataron a un niño"

Un médico español que trabaja en la comunidad vio cuando los soldados empezaron a disparar ráfagas "verticalmente" para abrirse camino entre la gente. Aunque el ejército insiste en que los soldados fueron heridos por pobladores, la confusión y el pánico producido durante el retiro de la patrulla podría explicar que los dos soldados resultaran heridos por sus propios compañeros. Varios son los testigos que vieron cómo un soldado que se retiraba del centro mató a un niño desarmado.

Aurora 8 de Octubre

La comunidad Aurora 8 de Octubre se encuentra entre los municipios de Chisec y Cantabal, en Alta Verapaz. Hace exactamente un año, refugiados retornados 445 venían de campamentos en Quintana Roo, México, y 558 de una comunidad de refugiados en el norte del Quiché, llamada Victoria 20 de Enero llegaron a la finca Xama'n, que se dice fue propiedad del ex Presidente, General Kjell Laugerud.

Los refugiados negociaron su llegada con las 40 familias que habitaban la finca y la compartieron con ellas. Las tierras producen chicle y cardamomo. Según las autoridades de la Comisión Especial de Atención a Repatriados (CEAR), las personas que hoy viven en la finca son sus propietarios y estaban en su derecho cuando rechazaron la presencia de los soldados. "Los soldados o los policías no pueden irrumpir la privacidad de su hogar, a menos que tengan una orden judicial", señalaron funcionarios de la CEAR. En su mayoría, los refugiados de la cooperativa son de los pueblos Kekchí, Mam, Kajobal e Ixil.

Hasta el día de la masacre, Aurora 8 de Octubre, con su población de 1,300 personas, era considerada como una de las comunidades de refugiados más tranquilas. No había conflictos con comunidades vecinas ni presencia de grupos armados. Aunque en la semana anterior a los hechos hubo un informe sobre unos disparos contra un destacamento militar cercano, no existía presencia de la guerrilla en el área. De acuerdo con los pobladores, solamente una vez durante el año pasaron unos soldados cerca de la finca, pero siguieron de largo y no hubo incidentes.

Regresar a la tierra

Los miembros de la cooperativa Aurora 8 de Octubre huyeron de la violencia política que azotó Guatemala en los años 80. De acuerdo con el propio ejército, en aquellos años la estrategia contrainsurgente de "tierra arrasada" llevó a la destrucción de 440 aldeas. Esa época dejó más de un millón de desplazados y 200 mil refugiados. La gran mayoría de los que huyeron regresaron más tarde y en diferentes momentos políticos a sus lugares de origen, pero 45 mil se quedaron en campamentos de refugiados en México.

Varios miles más vivieron dispersos por zonas del sur de México.En los últimos dos años, el ritmo de retorno a Guatemala ha aumentado significativamente como resultado de peores condiciones de vida en México y de la desesperación de los refugiados por volver a sus tierras tras 15 años de ausencia. Durante los últimos 10 años, 28 mil refugiados han regresado a Guatemala. En lo que va de 1995 han sido 8 mil.

La masacre de Aurora 8 de Octubre ha ensombrecido con dudas el retorno programado de 6 mil refugiados, pendientes de regreso a Guatemala antes de enero de 1996. Se calcula que todavía hay unos 22 25 mil refugiados guatemaltecos en México. Aunque los miembros de la comunidad donde ocurrió la masacre insisten en que no quieren regresar a México, funcionarios que trabajan en los programas de refugiados afirman que otros grupos ya hablan de la necesidad de abandonar de nuevo Guatemala.

Tocaron sus intereses

Lo ocurrido en Chisec va más allá de la cuestión sobre quién disparó y por qué. Mientras Rigoberta Menchú insiste en la pena máxima (30 años de prisión) para los 26 soldados involucrados y el alto mando de las fuerzas armadas asegura que ellos no dieron orden de disparar, hay mucha tela que cortar en la búsqueda de las causas de este crimen.

Para algunos, la masacre fue un caso más del excesivo uso de la fuerza al que recurren soldados al mando de un oficial de bajo rango, entrenados para "defender su fusil con su vida". Quienes así ven las cosas, creen que el problema quedará resuelto con el castigo a los autores materiales y con la indemnización a los familiares de las víctimas. Otros creen que la matanza pudo haber sido provocada por sectores de la línea dura del ejército, profundamente frustrados con el actual desarrollo del proceso de paz. Para dar base a esta hipótesis, hay que tener en cuenta que el Acuerdo sobre asuntos socioeconómicos y la situación de la tierra sobre el cual se trabaja hoy difiere cualitativamente de los anteriores acuerdos firmados entre el gobierno y la URNG desde enero de 1994. Tres de estos acuerdos están directamente vinculados con el conflicto poblaciones desarraigadas, derechos humanos y comisión de esclarecimiento histórico . El cuarto acuerdo tiene que ver con la identidad y derechos de los pueblos indígenas, tema que no toca directamente los intereses de los grupos de poder. Pero cuando el gobierno ha comenzado a discutir con los comandantes de la URNG las reformas tributarias, los impuestos sobre tierras ociosas, el concepto del "valor social" de la tierra y el papel del Estado, los grupos de poder, civiles y militares, han comenzado a alterarse.

Romper la negociación

En septiembre, el sector agroexportador inició una campaña presionando al gobierno para que rompa las negociaciones de paz. Argumentando que la URNG ha cobrado más de 48 millones de dólares en "impuestos de guerra" a los finqueros durante los últimos años, los grandes terratenientes anunciaron que iniciarían acciones legales contra los comandantes guerrilleros. Estos empresarios consideran absurdo el discutir modelos de sociedad con insurgentes que "quieren ganar en la mesa de negociaciones lo que han perdido en el campo de batalla". Sus argumentos encuentran rápido eco en muchos de los oficiales del ejército, especialmente ahora, cuando el próximo tema en la agenda de las negociaciones será el del papel del ejército en una sociedad democrática.

Ejército: nuevas piezas

Dentro del ejército la posibilidad de que su destino sea negociado con la guerrilla ha generado dos tipos de reacciones. En los últimos dos meses el ejército ha anunciado que participará en varios frentes de "acción cívica" y "defensa de la soberanía": una campaña para combatir el dengue, un proyecto de infraestructura para mejorar la carretera entre la capital y la ciudad de Antigua y un reforzamiento de su presencia en la frontera con Belice.

Los soldados también han salido a las calles en barrios marginales de la capital para combatir la delincuencia y han ofrecido asistencia a las comunidades afectadas por las graves inundaciones de este invierno. En septiembre, durante una huelga de trabajadores de la Empresa Eléctrica, el ejército ocupó las instalaciones de la empresa para protegerla de actos de sabotaje. También ha anunciado su preocupación por la deforestación y por el contrabando de madera en el departamento del Petén. Todas estas acciones y anuncios son piezas "de paz" que los militares van colocando ya sobre la mesa de las negociaciones donde se debatirá su futuro. Pero hay otro tipo de reacción. Y en el último mes han aumentado las denuncias de provocaciones por parte de tropas del ejército en distintas regiones del país.

Santiago Atitlán

Oficiales del ejército entraron el 28 de septiembre en el municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá. Al día siguiente llegaron 50 soldados uniformados. Desde la masacre ocurrida en 1990 que tuvo tanto impacto nacional e internacional el destacamento militar se había retirado de Santiago Atitlán por orden presidencial y el municipio fue desmilitarizado. Hoy, los vecinos, organizados en "rondas de seguridad", patrullan el pueblo sin la presencia de soldados.

"Nuestro pueblo ha venido gozando la paz desde 1990, fecha en que se retiró el destacamento militar, ya que con la presencia de los soldados durante 11 años, hubo más de 3 mil hermanos secuestrados, desaparecidos, asesinados y masacrados" le recordaron en una carta al presidente De León Carpio miembros de la comunidad. " Para nosotros añadían , la reciente llegada de los soldados fue una provocación, para probar nuestra capacidad organizativa".

Después de cinco años de paz, la llegada de los soldados, fue justificada como parte de los preparativos de un viaje del primer mandatario al municipio, pero esa visita nunca se realizó. Tres días después de llegar los soldados, el Ministro de Defensa fue citado diciendo que el ejército estaría considerando reinstalar el destacamento en Santiago, a petición de "autoridades locales". "Señor presidente dice la comunidad , Santiago Atitlán no necesita del Ejército porque nosotros hemos creado nuestras propias bases de seguridad. Por experiencia, los militares en vez de darnos seguridad, nos han causado violencia y mucho dolor. Creemos que la supuesta visita no es más que una estrategia para reinstalarse nuevamente en Santiago Atitlán".

Preguntas sin respuestas

Una semana después de los hechos de Santiago, se produjo la masacre del Chisec. ¿Por qué entró el ejército en Santiago después de cinco años y por qué su insistencia en participar en las actividades de la comunidad de Chisec? Denominador común de las comunidades afectadas: en ambas los pobladores habían expresado su rechazo a los militares. ¿Y cómo encajar esta política con los nuevos proyectos de acción cívica, infraestructura y protección al medio ambiente? ¿Qué puede esperarse de las negociaciones de paz? Son demasiadas preguntas importantes de muy difícil respuesta.

Fuentes oficiales que se consideran de la línea modernizante o "renovadora" del ejército consideran que la matanza de Chisec fue el producto de una política equivocada que procede de sectores de la línea dura del ejército. Según estas fuentes, el comandante de la base militar con sede en Cobán, Alta Verapaz, Coronel Samí Noé Vásquez "pertenece a un grupo de oficiales de posición radical". Los oficiales de esa zona no estarían de acuerdo con el proceso de paz y apoyarían a los agroexportadores en sus críticas.

Los oficiales moderados esperan que la crisis provocada por la masacre de Chisec termine siendo una oportunidad para depurar al ejército de los oficiales mas "radicales". La destitución de Vásquez podría ser un primer paso en ese camino.

Ejército preocupado

La decisión del Presidente de aceptar la renuncia de su Ministro de Defensa identificado con los moderados en el ejército parece obedecer a otros factores. La renuncia de Enríquez tiene que ver con sus burdos esfuerzos por justificar la actuación de la patrulla involucrada en la masacre y obedece también a la necesidad que hoy tiene el gobierno de mostrar la voluntad de hacer cambios después de la conmoción nacional e internacional causada por la tragedia de Chisec.

Aunque Enríquez es conocido como oficial del sector "institucionalista", en muchas ocasiones ha buscado ocultar las divergencias dentro del ejército. Enríquez salió en defensa del Coronel Julio Fernández Ligorria cuando éste fue acusado de ser cabecilla de una banda de roba carros. Fernández Ligorria, también de Cobán, es considerado como un oficial de la línea dura. Y se rumora que detrás de las denuncias contra él estaban oficiales "institucionalistas" del Estado Mayor Presidencial. Hace dos meses Fernández Ligorria fue enviado a estudiar con una beca a Washington.

Hay que señalar que el sucesor de Enríquez, el General González Teracena, es considerado también de línea institucionalista. La preocupación del sector moderado del ejército es que la Fiscalía Militar, dirigida por un oficial de línea dura, trate de proteger a los autores intelectuales de la masacre. Aunque es posible que la orden de entrar a la cooperativa no viniera del alto mando, está claro que ni en Chisec ni en Santiago Atitlán ni en ninguna parte de Guatemala los soldados deciden por sí mismos.

Su futuro es incierto

El 8 de octubre, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, anunció que los pobladores de la cooperativa donde ocurrió la matanza la han nombrado como acusadora formal ante los tribunales de justicia que van a conocer del caso. Esta sangre derramada ha conmovido tanto al país que durante la noche del 9 de octubre abundaron los rumores de un posible golpe de Estado y las radios informaban sobre movimientos de tanques en la capital y en la carretera al Atlántico. Pocos creen en un levantamiento de oficiales de nivel medio, pero nadie descarta el riesgo de una reacción violenta de los oficiales de línea dura desplazados por la nueva coyuntura y aliados de los agroexportadores y empresarios conservadores, frustrados con un proceso de paz en el que se negocia, sin su participación, su futuro.

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