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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 264 | Marzo 2004
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Honduras

Un país que ya dejó de existir

A mitad de su mandato, Ricardo Maduro nos ha mostrado y demostrado lo que es, lo que puede y lo que quiere. Gobierna al servicio de pocos y al servicio de extranjeros, en un país que ya dejó de existir.

Ismael Moreno

Bastaron dos años para que el gobierno que preside Ricardo Maduro dejara sentado su talante fundamental: blando y complaciente con las políticas internacionales, particularmente con el gobierno de los Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional, y duro e intolerante con los sectores sociales opositores que se le escapan de control. Regocijo por sus logros en el combate a la delincuencia y respuestas coyunturales, superficiales y publicitarias ante los graves problemas sociales y económicos de la nación.

SU SUERTE YA ESTÁ ECHADA
Y SU FUTURO CONDICIONADO

La suerte del gobierno de Ricardo Maduro ya está echada. Pasado dos años, cruzado ya el umbral de la mitad de su gobierno, comienza su inevitable declive, sus espacios se van cerrando y sus prioridades acabarán sometidas a los vaivenes, luchas e intereses de esa interminable contienda de los dos partidos políticos tradicionales dentro del modelo de la campaña electoral “made in Honduras”, que acaba ahogando a cualquier partido que se convierte en gobierno y a cualquier persona que accede a los círculos del poder.

Ahora, a partir de su tercer año, al gobierno de Ricardo Maduro le tocará gobernar con el cuidado de resaltar con sus decisiones al personaje que la corriente política de su partido ha decidido promover a la candidatura presidencial en la próxima contienda electoral. La campaña electoral ya abrió todas sus trancas desde inicios del año. El Presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo, decidió organizar su propia corriente política para usarla como plataforma en su lanzamiento como candidato en las elecciones internas del Partido Nacional para seleccionar al candidato a Presidente de la República. Maduro deberá gobernar los dos años que le restan cuidando favorecer esta candidatura. Porfirio Lobo es su hombre de confianza en el Congreso y cualquier ley que se apruebe deberá reforzar su figura. De igual manera, las decisiones en el Poder Judicial deberán estar a tono con los intereses electorales del Partido Nacional.

Existe otro factor determinante que condicionará estrictamente al gobierno de Maduro: la política de los Estados Unidos y las negociaciones y los acuerdos con el FMI. No es casual que haya un contingente de 370 soldados hondureños en Irak. El gobierno busca ganarse el favor del gobierno de Estados Unidos porque necesita que éste “legalice” a las decenas de miles de indocumentados hondureños. También necesita el espaldarazo estadounidense a la política comercial, maquilera y turística, prioridades del grupo económico y financiero al que representa Maduro.

Este año será también decisivo para que Honduras comience a poner en marcha los acuerdos firmados en enero 2004 y aprobados finalmente por el FMI en febrero con la Carta de Intenciones.

Es además el año en que el Congreso deberá aprobar el Tratado de Libre Comercio que los gobiernos centroamericanos ya firmaron con el gobierno de Estados Unidos. Política y económicamente, 2004 será un año de muchos condicionamientos internos y externos para el gobierno de Maduro.

UN GOBIERNO SORDO

También deberá encarar el gobierno de Ricardo Maduro la oposición de las organizaciones populares, sociales y gremiales, y la convulsión social que, sin duda, se agudizará a lo largo de este año y que está estrechamente vinculada a todos estos factores internos y externos que condicionan a Maduro.
En 2003 el gobierno se vio enfrentado a un movimiento social que tuvo sus dos mayores expresiones en la Marcha por la Vida que encabezaron los olanchanos y el sacerdote Andrés Tamayo en defensa de los bosques y en contra de la descarada política de protección estatal a los depredadores de esos bosques; y en la Marcha por la Dignidad y la Resistencia que convocó y encabezó la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular en contra de la privatización del agua y en contra de leyes que afectaban a los trabajadores del Estado y leyes que buscaban regular la propiedad de la tierra a favor de los potentados del país. El gobierno de Maduro se negó a escuchar las justas demandas planteadas en estas dos grandes movilizaciones, y se amparó en un llamado Diálogo Nacional que convocó a mediados del año 2003 y cuyas conclusiones -reducidas ya a documentos archivados- confirmaron que se trataba de un espacio creado para restarle fuerza a una oposición popular no controlada y para legitimar las decisiones oficiales.

UN GOBIERNO INSENSIBLE

El gobierno ha buscado quitar importancia a la oposición surgida con tanta fuerza en el año 2003. Ha desconocido a la Coordinadora Nacional de Resistencia y se ha afirmado en sus propios logros y en sus propias posibilidades, autosuficiencia que quedó en evidencia con las decisiones de los dos primeros meses del año 2004, a tenor de las exigencias insertas en la Carta de Intenciones que ha firmado con el FMI. Los tres aumentos a los combustibles, culminados a finales de febrero con la subida de la gasolina a tres dólares el galón -que desencadenó un aumento generalizado de casi todo- han afectado gravemente a los pobres y a su ya recortada capacidad adquisitiva. El salario mínimo de los trabajadores sigue congelado y, por efecto del modelo económico impuesto, en los dos primeros meses del año se cerraron más de dos mil pequeñas empresas artesanales.

UN GOBIERNO INJUSTO

Con la firma de la Carta de Intenciones con el FMI Maduro ratificó su decisión de gobernar a espaldas de las necesidades de las mayorías pobres hondureñas.

El gobierno se comprometió con el FMI a aumentar los ingresos del Estado fundamentalmente por la vía de los impuestos indirectos: impuestos sobre ventas y aumento del precio de los combustibles. Esto significa una decisión que profundizará la inequidad social y económica: todos los hondureños, sin distinción de ingresos y de egresos, pagarán lo mismo al Estado. En la Carta de Intenciones casi no se aumentan ni el impuesto sobre la renta ni el impuesto a las propiedades, impuestos directos que garantizarían una mayor equidad e irían construyendo, entre los que tienen más, una cultura de responsabilidad social.

En este modelo, el 75% de los ingresos del Estado hondureño proviene de los impuestos indirectos y sólo el 25% de los directos. Así, los pobres subsidian a los ricos. Así, la trabajadora de la maquila, el campesino de la profundidad de la montaña o la aseadora de las oficinas públicas paga lo mismo en impuestos que el dueño de la maquila, el terrateniente o el empresario agrícola y el ministro de una cartera pública.

SEPULTURERO
DEL MODELO AGROEXPORTADOR

El gobierno de Ricardo Maduro ha dado suficientes señales, por activa y por pasiva, que ocultan -al tiempo que expresan- lo que le espera a la sociedad hondureña en las primeras décadas del siglo veintiuno. La sociedad que se va edificando en el presente siglo continúa sustentándose sobre los mismos pilares que ayer y hoy han generado exclusión, empobrecimiento y subordinación del país a los intereses del capital y del poder internacional.

Existe una coincidencia entre los mejores analistas de este país en que las decisiones del Presidente Maduro, tanto las que tienen que ver con problemas internos como las que trazan políticas económicas y comerciales internacionales, están contribuyendo a desarticular radicalmente a la sociedad hondureña. Con la total apertura a los requerimientos del capital internacional que hoy se promueve, tanto la agricultura como la industria nacional pierden cualquier importancia estratégica. Los énfasis que hace unos años se hicieron en la agroexportación y en el fomento de una industria nacional manufacturera pequeña y mediana han desaparecido en un país que ya dejó de existir. Ricardo Maduro pasará a la historia por ser el enterrador de un modelo basado en la agroexportación y en la producción industrial artesanal. En dos años, este gobierno ha deteriorado tanto al sector agrícola que lo ha hundido en una tendencia irreversible. Sepulturero del modelo agroexportador: eso ha sido el Presidente Maduro.

El sector industrial nacional ha quedado también subordinado plenamente a los intereses del mercado internacional y está siendo sustituido aceleradamente por un modelo económico centrado en los servicios, en la actividad maquilera y en la industria del turismo y que está siendo sostenido por las remesas de los emigrantes en Estados Unidos. Al hacer recuento de sus dos años de gobierno, Maduro habló eufórico de los tres rubros de mayor éxito para la economía nacional. En este orden, las remesas familiares, las maquileras y el turismo.

UN GOBIERNO DE BANQUEROS

Mientras entierra al sector agrícola y a la industria nacional, el gobierno toma partido por el sector financiero, concentrado en cada vez menor número de familias que controlan los bancos y usan tan irresponsablemente los recursos públicos que en estos dos años de gobierno han salido a luz, con tremendo escándalo, casos de quiebrabancos de los que son responsables personas protegidas por las instituciones responsables de impartir justicia. La benevolencia estatal y la impunidad han contribuido a consolidar el poder de los grupos financieros y sus más conspicuos representantes participan directamente en la conducción de la política económica del gobierno en diversos ministerios. Éste es también un gobierno de los banqueros. El sector financiero controla el poder. Y controla a la industria maquilera y el flujo de las remesas familiares, los dos más sólidos factores de estabilización con que hoy cuenta la economía del país.

LAS PRECARIAS BASES
QUE NOS SOSTIENEN

Las bases que este gobierno le está poniendo a la sociedad hondureña tienen una notable precariedad estructural. La migración de la población campesina hacia las ciudades no se detiene. El empleo de la juventud, especialmente la femenina, en la industria maquilera crece diariamente. Las remesas de los hondureños que residen en Estados Unidos explican la sobrevivencia de miles y miles de familias. Son pilares precarios. Precariedad porque el aparato productivo del país se ha organizado para que sea incapaz de generar, tanto los empleos suficientes como los salarios dignos que cubran las necesidades básicas. Precariedad porque el desempleo, el subempleo y los salarios bajos se seguirán traduciendo en un paisaje de dificultades permanentes para acceder a una vivienda digna y segura y a una salud y una educación adecuadas, instalándose así fatalmente la pobreza extrema.

Siendo la opción implícita de Maduro la de ahondar la precariedad estructural, las respuestas del gobierno para enfrentar la delincuencia juvenil son también precarias. La política en marcha es de persecución: reformas legales y acciones punitivas que faciliten y legitimen perseguir a la juventud organizada en las maras y pandillas. Al finalizar la mitad de su período, el gobierno enarboló la lucha en contra de las maras como su mayor triunfo en la lucha contra la delincuencia. Ciertamente, es una realidad que en algunas ciudades las actividades públicas de las maras y de la delincuencia juvenil han disminuido.

Sin embargo, el gobierno de Maduro no ha logrado articular ninguna respuesta que vaya más allá de respuestas puntuales y represivas. Con ellas, podrá detener temporalmente a los jóvenes que hoy delinquen. Pero en los próximos dos años la sociedad hondureña estará más empobrecida y por ello, sembrada de miles de nuevas semillas de delincuencia, con lo que la violencia juvenil seguirá instalada en nuestro país.

MADURO LA TIENE DIFÍCIL

Todo apunta a que el año 2004 será un año convulsionado en lo político y en lo social. El gobierno definió ya este rumbo con sus primeras medidas económicas. Varios sectores sociales las han entendido como una provocación en un momento de mucha incertidumbre sobre el presente y el futuro del país. No obstante la gravedad de la crisis y el malestar popular por las nuevas medidas económicas de los dos primeros meses del año, la política tradicional tiene aún enormes reservas para adulterar el descontento de la gente valiéndose de las campañas proselitistas.

Gobernando el Partido Nacional, los liberales saben aprovechar bien los errores y desgastes del partido contrario para capitalizar a su favor el descontento y sembrar cizaña al interior del partido rival. Las contiendas al interior de las corrientes de los partidos políticos se constituyen siempre en el escenario propicio para que las decisiones gubernamentales queden subordinadas a las pugnas entre los precandidatos.

En este contexto, Maduro y su equipo tenderá a quedarse más solo, amparado casi únicamente en el apoyo que quiera darle el llamado “lado oscuro” y el sector empresarial y financiero que respalda los acuerdos con los organismos internacionales.

Maduro tendrá ya en la oposición al propio Miguel Pastor, el candidato más fuerte dentro del Partido Nacional y actual alcalde de la capital, cada vez más interesado en distanciarse de las antipopulares decisiones oficiales para que no salpiquen su imagen de candidato. Una distancia parecida tomará el actual Presidente del Congreso Nacional, Porfirio Lobo, puesto que difícilmente podrá salir adelante si mantiene su estrecha y pública vinculación con un gobierno que avanza sin remedio hacia el descrédito.

CINCO EJES DE UNA LUCHA
QUE NO SERÁ FÁCIL

Desde los sectores de la sociedad civil organizada, cinco parecen ser los ejes de lucha que se presentan como desafíos para este año y para el próximo futuro:

* La resistencia popular y nacional iniciada con éxito en 2003 para la construcción de una oposición organizada que vincule protestas y propuestas. Las efemérides de acontecimientos históricos pueden ser oportunidades para que la organización popular se exprese. Este año tiene particular significación la conmemoración de los 50 años de la histórica huelga de los trabajadores bananeros de 1954.

* La lucha por la defensa de los bosques, del agua, de los recursos mineros y de todos los recursos naturales será central en las movilizaciones y factor de unidad y de convocación para los diversos sectores sociales geográficos.

* La lucha por la defensa de los derechos humanos de los más pobres, de los jóvenes de los barrios y aldeas, de las obreras de las maquilas, de los campesinos sin tierra, de los pobladores urbanos, de los desempleados y de los adultos mayores, acompañada de una constante denuncia del torcimiento de las leyes que hacen los políticos y funcionarios públicos.

* La lucha por construir un nuevo escenario en la relación con los organismos internacionales, particularmente con el FMI, para que la información y las decisiones no sean exclusivas de los personeros del gobierno. Habrá que luchar para abrir espacios hasta que las negociaciones con el FMI expresen la interacción entre el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil organizada. No se trata de decir ni un SÍ rotundo ni un rotundo NO a la política económica internacional dominante. Se trata de buscar un diálogo y un debate que incorpore los intereses de los diversos sectores sociales y populares en torno al proyecto del país que queremos, tarea que también debe elaborar en 2004 la sociedad civil organizada.

* La lucha por reformas políticas que permitan la participación de nuevos sectores de la sociedad hondureña. ¿Un nuevo partido? ¿Una nueva agrupación política?

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