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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 162 | Agosto 1995
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Honduras

Conflicto en Tacamiche: un buen test

El conflicto agrario entre la transnacional bananera Tela Railroad Co. y un grupo de sus trabajadores muestra los límites que las luchas populares tienen en estos tiempos neoliberales.

Mario Posas

El 19 de julio de 1994, el gerente de la Tela Railroad Company -subsidiaria de la transnacional frutera chiquita brands- informó a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Tela (SITRATERCO) su decisión de cerrar definitivamente las plantaciones bananeras de las fincas San Juan, La Curva, Copén y Tacamiche, ubicadas en el sector de La Lima y El Progreso y propuso que los trabajadores que quedaran cesantes eligieran entre ser reubicados en otras fincas o recibir sus prestaciones laborales. Así se inició el conflicto de Tacamiche, que ha mantenido en vilo al país, mostrando los alcances y los límites de las luchas populares en la Honduras actual.

"Aquí nos vamos a morir"

Aunque algunos trabajadores bananeros de Tacamiche aceptaron la reubicación, una buena parte de ellos decidió quedarse, ocupando los barracones en los que había vivido buena parte de su vida como asalariados de la Tela. La transnacional ignoró su presencia y procedió a deshacer las plantaciones de banano y a preparar las tierras para el cultivo de sorgo en un proyecto con varios inversionistas nacionales. Fue el primer paso que daba la Tela para la venta de esas tierras a sus empresarios-socios. Pero la venta de 3 mil de las 5 mil 600 hectáreas de tierra que la Tela tiene en Honduras no fue anunciada hasta muchos meses después, el 9 de mayo de 1995. De las 3 mil hectáreas, 2 mil se ofrecieron a la empresa privada y las otras mil a SITRATERCO como institución.

Todo parecía concluido y "en paz" cuando unos 40 ex-trabajadores de la finca Tacamiche decidieron organizar lo que llamaron Comunidad Agraria de Tacamiche, contando con el apoyo de la combativa Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), a la que se afiliaron. A inicios de mayo, y siguiendo una arraigada tradición de los campesinos hondureños organizados, la Comunidad Agraria de Tacamiche ocupó unas 60 manzanas de tierra en la ex finca bananera de San Juan para sembrarlas de maíz. Los ocupantes pidieron al gobierno que se les adjudicaran las tierras ocupadas y que se negociara con la Tela la propiedad de los barracones. Pero la transnacional ordenó el desalojo de los ocupantes y destruyó sus milpas.

La chispa se hizo fuego. La Comunidad Agraria de Tacamiche respondió a la Tela ocupando unas 800 hectáreas de tierra que la transnacional y sus socios ya habían empezado a sembrar de sorgo. Organizados en cuadrillas, los campesinos ocupantes sembraron maíz donde todavía no se había sembrado sorgo, declarando que ocupaban tierras ya aradas en Tacamiche porque la transnacional les había destruido tierras ya aradas y sembradas en San Juan. "Y si se nos quiere sacar de aquí afirmaron decididos vamos a bañar esta tierra con sangre, porque aquí nos vamos a morir".

"Chiapas hondureño"

El 4 de julio, el Director Regional del Instituto Nacional Agrario (INA) organismo estatal encargado de la adjudicación de tierras y del proceso de reforma agraria ordenó el desalojo de los ocupantes de las tierras de Tacamiche, pero al día siguiente suspendió la orden en la duda de que se tratara de un conflicto agrario o de un conflicto laboral. Al saber de estos titubeos, la Tela tomó la iniciativa y exigió un nuevo y rápido desalojo. "Está en riesgo dijo la transnacional bananera no solamente nuestro porcentaje del 40% en la inversión del proyecto de siembra del grano básico. También lo está el porcentaje mayoritario de los empresarios hondureños". Y tratando de atemorizar al gobierno, amenazó con pedir apoyo a la embajada de los Estados Unidos.

La amenaza surtió efecto. El Director del INA ordenó un desalojo inmediato, que fue ejecutado el 8 de julio. En las primeras horas de la mañana de ese día, unos 150 soldados y policías antimotines sacaron con gases lacrimógenos y tiros al aire a los campesinos y a sus familias de las tierras que aún no habían logrado sembrar de maíz. Varios de los ocupantes, principalmente mujeres y niños, resultaron heridos y otros fueron lastimados cuando se tendieron en las tierras tratando de impedir que los tractores usados en el desalojo destruyeran sus cultivos. Un policía fue herido por una piedra de las que lanzaron los ocupantes.

Cuatro días después de esta desigual batalla se produjo un segundo enfrentamiento entre ocupantes y uniformados cuando se inició la siembra de sorgo en las tierras que habían sido desalojadas. Armados de machetes, hondas y piedras, los campesinos de la Comunidad Agraria regresaron y trataron de obstaculizar el trabajo de las máquinas sembradoras. Sólo se detuvieron cuando se encontraron frente a las armas de policías y soldados listas para disparar. Después de esta nueva escaramuza, algunos campesinos se dejaron fotografiar con sus caras cubiertas con pañuelos y los machetes en alto. "Tacamiche es el Chiapas hondureño", afirmaron algunos medios de comunicación.

Un símbolo nacional

La CNTC se movilizó para apoyar a los campesinos, que siguieron en lucha y ocupando las tierras. Enviaron hacia Tacamiche a grupos campesinos de otras partes del país. La peregrinación se inició el 9 de julio. El 12, unos 500 campesinos afiliados a la CNTC de los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y La Paz habían llegado para reforzar la capacidad de resistencia de sus compañeros y ayudarles en las labores de limpieza de sus cultivos. Durante algunos días Tacamiche se convirtió en la capital del movimiento campesino organizado que, al aliento de este símbolo, vivió uno de sus momentos más gloriosos en estos últimos años.

En El Progreso y Tegucigalpa, y en solidaridad con los campesinos de Tacamiche, se celebraron marchas que contribuyeron a despertar el sentimiento antimperialista y nacionalista que yacía adormecido en la conciencia de muchos hondureños. Tacamiche era también una causa que reavivaba las luchas por la dignidad nacional. Los campesinos recibieron el apoyo solidario de las organizaciones de El Progreso agrupadas en la Coordinadora de Acción Popular, de la Iglesia Católica, del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares y de otros grupos identificados con el pueblo.

Buscando dar un nuevo perfil a su lucha, los ocupantes de Tacamiche decidieron transformar su Comunidad Agraria en una Empresa Asociativa Campesina, a la que bautizaron con el nombre de "28 de junio". Empresa Asociativa Campesina es una figura organizativa más reconocida en el país que Comunidad Agraria. Con el apoyo de la CNTC, la nueva Empresa pidió al INA que les adjudicara las tierras ocupadas, que los campesinos consideran una propiedad estatal y un derecho de ellos por estar regadas con el sudor de su frente. "Le dimos el pulmón a la empresa", decía un dirigente campesino. Pero a pesar de todo el movimiento de solidaridad y de la justeza de la causa, la Tela siguió reclamando su derecho de propiedad sobre las tierras para sembrarlas de sorgo y siguió siendo apoyada en esta actitud por la empresa privada hondureña. En nombre de la garantía jurídica de la propiedad y de la seguridad de sus inversiones, los empresarios exigían también el desalojo de los campesinos.

De quién son las tierras

Para evitar una escalada en el conflicto, Leo Valladares, Comisionado Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, aceptó la invitación de la CNTC para actuar como mediador. Valladares fue recibido en Tacamiche con entusiasmo y confianza por los campesinos, que conocen de sus valientes posiciones en el espinoso asunto de los "desaparecidos" de los años 80.

Valladares se reunió con los ocupantes y después con altos funcionarios de la Tela, con lo que logró estabilizar relativamente el ambiente de confrontación y hostilidad que se respiraba en la zona que, después de esta mediación, entró en un período de tensa calma. Para ese momento pesaba sobre los ocupantes de Tacamiche no sólo la orden de desalojo sino también una orden de captura emitida por un juez de San Pedro Sula.

Haciendo eco a la demanda de los campesinos que no abandonaban las tierras el gobierno nombró una comisión jurídica para verificar el estatuto legal de los terrenos ocupados. La integraban funcionarios gubernamentales y representantes de la multinacional bananera y de los campesinos ocupantes. El representante de la Tela presentó a la comisión títulos que acreditarían los derechos de propiedad de la compañía estadounidense y que datan de la segunda mitad del siglo XIX. Estos títulos han sido transferidos en forma sucesiva y a un valor nominal entre varias subsidiarias de las diferentes compañías bananeras que han operado en Honduras desde inicios de este siglo. Los representantes de los campesinos cuestionaron la validez de esos títulos y exigieron que se investigara cómo habían sido obtenidos. Pero el Presidente Reina los reconoció como válidos, con lo que dio por concluida la querella sobre la propiedad de las tierras ocupadas. También Ramón Custodio, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), reconoció la legalidad de los títulos presentados por la Tela, fundamentando su posición en los resultados de una investigación jurídica realizada por el CODEH.

Un nuevo desalojo

A esas alturas del conflicto, la solución menos riesgosa para el gobierno era convencer a los campesinos para que aceptaran desalojar las tierras y reubicarlos después en tierras estatales del litoral norte. Expropiar a la Tela Railroad Company por razones de utilidad pública como pudo haberse hecho en los años 60 ó 70 resultaba prácticamente imposible en estos tiempos neoliberales en los que la inversión privada nacional o extranjera exige las más sólidas garantías. Expropiar a la Tela significaba desafiar a Washington y a los organismos financieros internacionales y estaba claro que el gobierno no quería ni dar un paso en semejante conflicto. Era urgente por eso convencer a los ocupantes para que aceptaran su reubicación en tierras que les serían cedidas por el Estado.

Para esta tarea, el Presidente Reina nombró como su emisario personal al diputado Gautama Fonseca, que se trasladó a Tacamiche el 21 de julio. Su propuesta tenía dos puntos: el gobierno se comprometía a asignarles tierras en otra zona y a hacer gestiones ante la Tela para que los vecinos de Tacamiche y de las otras comunidades quedaran siendo dueños de sus casas sin costo alguno. En un momento del conflicto pareció que los ocupantes estaban dispuestos a abandonar las tierras y a reubicarse en un sector adyacente a Tacamiche, con la condición de que se les entregaran unas mil manzanas de tierras planas con financiamiento para hacerlas producir y se les construyeran 300 casas mejores que los barracones que habitaban. Pero eso no era lo que el gobierno les estaba ofreciendo y los campesinos decidieron rechazar la oferta gubernamental.

El Presidente Reina decidió hacer un último esfuerzo y enviar a Tacamiche como su representante personal a su propio hermano, el diputado Jorge Arturo Reina. Pero cuando los campesinos estaban esperando a este nuevo emisario, no lo vieron acercarse a él sino a unos 600 soldados y policías antimotines que traían órdenes de desalojo del propio Presidente.

Gobierno pro bananero

Policías y soldados penetraron a las tierras ocupadas sin encontrar resistencia y tres tractores que traían procedieron a destruir las 80 manzanas de maíz que ya habían sembrado los campesinos. Esto enardeció a los ocupantes y un grupo destruyó con machetes parte de los cultivos de sorgo de la Tela.

Replegados en sus barracones, los campesinos enfrentaron la lluvia de gases lacrimógenos, mientras algunos de ellos lanzaban piedras y hasta cocteles molotov. Un policía y un soldado resultaron heridos y un periodista perdió por algunos minutos el conocimiento, asfixiado por los gases. 26 ocupantes fueron detenidos, aunque se les liberó pronto.

En la tarde del 26 de julio, los oficiales que comandaban las fuerzas policiales y militares que los desalojaron lograron que los ocupantes de Tacamiche firmaran varios acuerdos. En el primero los campesinos aceptan la presencia de "60 efectivos alojados en dos barracones en la entrada de la comunidad con el propósito de mantener el orden y la tranquilidad". En el segundo se negocia "el abandono de las personas que no son de la comunidad, para lo cual se establecerá un plazo de 48 horas a partir de la una de la tarde". Estas "personas" eran los campesinos de la CNTC que habían llegado solidariamente a potenciar la resistencia de los campesinos. En un tercer acuerdo los campesinos aceptan "la actividad agrícola por parte de la Tela y los inversionistas en toda el área sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que ejerza la comunidad de Tacamiche".

Como era de esperar, el desalojo violento de Tacamiche produjo todo tipo de reacciones. Lo aplaudió la Tela y sus socios inversionistas, la empresa privada y Paul Kozelka, vocero de la embajada de los Estados Unidos en Honduras. Lo cuestionaron los círculos internos del Congreso Nacional, donde algunos diputados acusan al Presidente Reina por no haber agotado todas las posibilidades de conciliación y critican la actitud intransigente que mantuvo la Tela a lo largo del conflicto. El desalojo fue abiertamente condenado por los campesinos de la CNTC y por todas las organizaciones populares que fueron solidarias con los campesinos de Tacamiche, que acusan al gobierno Reina de "represivo y pro bananero". El manejo que el gobierno dio al conflicto ha deteriorado considerablemente su imagen ante toda la nación.

Los capítulos heroicos del conflicto de Tacamiche parecen haber concluido. La suerte de los campesinos ocupantes está hoy en manos del gobierno, que se ha comprometido a adjudicarles tierras de cultivo en otras áreas en un plazo no mayor de dos meses. Es posible que la Tela que puede ya permitirse una actitud más condescediente después de su triunfo deje los barracones en propiedad a los campesinos por un valor nominal. Y queda aún pendiente la querella jurídica que los pobladores de Tacamiche sostienen sobre la propiedad legal de las tierras que ocuparon.

El desalojo de Tacamiche ha mostrado lo difícil ¿lo imposible? que es ganarle una lucha nacionalista a una transnacional en estos tiempos neoliberales. También mostró que los sentimientos antimperialistas que hicieron de los trabajadores bananeros protagonistas de importantes movimientos sociales en la historia hondureña están aún vivos y pueden ser revividos con fuerza en situaciones propicias.

Memoria de Lempira

Teniendo como telón de fondo los altibajos del conflicto de Tacamiche, y a pesar de los intentos del gobierno por impedirlo, unos 2 mil indígenas, mayoritariamente de la etnia lenca, liderados por el Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Intibucá (COPIN), llegaron en marcha organizada a Tegucigalpa el 20 de julio para exigirle al gobierno que cumpliera las promesas que había hecho a los indígenas hacía un año. Según los líderes indígenas, sólo una quinta parte de lo prometido entonces se les ha cumplido.

Los indígenas llegaron a Tegucigalpa con un pliego de 16 peticiones, la mayoría en relación con la construcción de obras de infraestructura que los liberen del aislamiento en que han vivido durante siglos. Demandaban también salud, educación y la titulación de sus tierras, permanentemente amenazadas por los terratenientes del área. El gobierno prometió comenzar a hacer realidad de inmediato todos estos reclamos. Los indígenas eligieron el 20 de julio para llegar a Tegucigalpa porque ese día la nación hondureña celebra a Lempira, cacique lenca que protagonizó la resistencia a los conquistadores españoles, símbolo de la soberanía y la independencia nacional.

Por primera vez

En su marcha por las calles de la ciudad y en sus manifestaciones ante el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Congreso Nacional y la Casa Presidencial, hombres, mujeres y niños indígenas fueron acompañados por centenares de estudiantes de secundaria y por líderes campesinos de Tacamiche y de la CNTC. Por primera vez, los indígenas fueron más allá de sus planteamientos tradicionales e incorporaron entre sus demandas las del resto del movimiento popular: congelamiento de los precios de los productos básicos, no privatización de los servicios públicos, encarcelamiento de los funcionarios corruptos, reducción del presupuesto de las fuerzas armadas, esclarecimiento del paradero de los 184 desaparecidos de los años 80, subsidio en un 50% de los insumos agrícolas para campesinos e indígenas, títulos de propiedad para los campesinos de Tacamiche, aprobación de un bono para el transporte estudiantil, aumentos salariales de acuerdo a la inflación y no pago de la deuda externa mientras no haya una negociación justa y favorable para el país.

Los manifestantes indígenas volvieron a dar un colorido singular a la ciudad de Tegucigalpa y a recordarnos nuestras raíces nacionales. Regresaron a sus pueblos con la esperanza de que el gobierno tenga esta vez respeto por su palabra y sea capaz de honrar los compromisos contraídos.

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