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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 258 | Septiembre 2003
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Honduras

El pueblo cerca Tegucigalpa: "¡El agua es nuestra!"

Honduras vivió la movilización popular más masiva, más organizada, más llena de contenidos y más coordinada a nivel nacional de los últimos cuarenta años. Esto abre un camino pleno de desafíos.

Ismael Moreno, SJ

Ventiséis de agosto: fecha de quiebre en la historia de la sociedad hondureña. Veinticinco mil personas del norte, sur, oriente y occidente del país se tomaron la capital por sus cuatro esquinas demandando que no se privatice el agua y oponiéndose a la política económica del gobierno. Desde las cinco de la mañana los manifestantes se apostaron en las cuatros entradas y salidas principales de Tegucigalpa, dirigidos por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, instancia que agrupa a diversas organizaciones gremiales, sociales, populares, indígenas y comunitarias
de todas las regiones del país.

Aunque el proceso de lucha en contra de la privatización del agua por constituir una instancia de oposición nacional viene gestándose hace un par de años, la decisión de esta Marcha por la Dignidad y la Resistencia se tomó el 2 de agosto en una reunión de representantes de organizaciones populares de Tegucigalpa, San Pedro Sula, El Progreso y el Valle del Aguán.

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO


La gota que derramó el vaso fue la decisión de la mayoría de diputados del Congreso Nacional de aprobar en primer debate un nuevo dictamen de la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento.

El primero de julio las organizaciones populares habían presentado a los congresistas una propuesta de ley, que pasó a comisión de dictamen para pasar después a dormir el sueño de los olvidos. En aquella ocasión los dirigentes acordaron discutir la propuesta en una reunión más amplia el 9 de julio en Tegucigalpa. Esta reunión fue la antesala de la grandiosa movilización nacional del 26 de agosto.

Por primera vez en muchas décadas se reunieron representaciones de organizaciones de todo el país para planificar una acción común. Tres fueron las demandas que acordaron por unanimidad: la no aprobación de la Ley de Aguas, la no introducción del Proyecto de Reforma de la Ley de Servicio Civil y la no discusión en el Congreso del Proyecto de Ley de Titulación de la Propiedad de la Tierra.

Mientras las organizaciones regionales hacían los preparativos para marchar a la capital con estas demandas, la mayoría de los diputados aprobó en segundo y tercer debate la Ley de Aguas el 14 de agosto. La suerte estaba echada. La demanda de las organizaciones populares con respecto a la Ley de Aguas se transformó: exigirían al Presidente de la República vetar la ley aprobada por el Congreso. Los indígenas del occidente hondureño abrieron el camino a la gran movilización nacional yendo una semana antes al Congreso Nacional, en donde protestaron con ayunos y con la crucifixión simbólica de algunos. Estas acciones contribuyeron a fortalecer la coordinación nacional.

LEMPIRA A LEMPIRA


Para asegurar el éxito de la convocatoria había que resolver un serio problema práctico: el dinero para contratar los buses que trasladarían a la gente. El Progreso dio el primer paso en busca de que la misma gente diera la respuesta. La Asamblea Popular Permanente contra las Privatizaciones, que agrupa a diversas organizaciones del municipio, organizó para el 16 de agosto una maratón con dos objetivos: informar y crear conciencia entre la población sobre los contenidos de la movilización, particularmente con respecto a la aprobada Ley de Aguas, y recaudar fondos para contratar los buses.

Para la maratón se encadenaron las tres emisoras locales y al término de las ocho horas que duró la actividad se habían recaudado tres mil dólares provenientes de la gente más pobre de barrios y aldeas. Los cerros de billetes de uno, dos y cinco lempiras lo evidenciaba: a los ricos no les interesó aportar para luchar por la defensa del agua; a los pobres sí y fueron ellos y ellas quienes reeditaron el óbolo de aquella viuda de Jerusalén con la que Jesús de Nazaret tanto simpatizó.

Las comunidades y barrios se organizaron para realizar sus propias recaudaciones y contratar sus propios buses. En la víspera de marchar hacia la capital, contaban con más de treinta buses sólo en el municipio de El Progreso. Las informaciones de otras regiones eran alentadoras: en todas se organizaron actividades para recaudar fondos para trasladarse a la capital. Y en todas funcionó la iniciativa.

NO HAY DIÁLOGO


El domingo 24 de agosto el Presidente de la República Ricardo Maduro anunció en cadena nacional de radio y televisión que su gobierno no dialogaría con grupos de presión. El Presidente habló de todo, pero ni mencionó la demanda de vetar la Ley de Aguas, el meollo de las demandas populares. Durante el lunes 25 el gobierno lanzó una ofensiva publicitaria para restar importancia a la manifestación y organizó otra cadena nacional en la que el gabinete económico presentó los logros gubernamentales. Maduro advirtió que aplicaría todo el peso de la ley a quienes contravinieran el orden constitucional.

AMENAZAS, TRANCAS, Y UN SONIDO ATEMORIZANTE


Los primeros buses salieron del occidente del país, de los departamentos de Lempira e Intibucá, a unos 500 kilómetros de la capital y con trayectos difíciles, en la madrugada del 25. A las once de la mañana, la policía de tránsito los mantuvo atrapados a mitad del camino, con el argumento de no tener permiso de circulación fuera de sus rutas ordinarias. El segundo contingente de buses salió del Valle del Aguán, a unos 600 kilómetros de la capital, con mejores carreteras que los de occidente. La tranca la encontraron con el mismo argumento cuando apenas salían del Valle. Estuvieron detenidos unas seis horas.

En El Progreso los buses fueron contratados con anticipación, pero el día de la salida los buseros cancelaron el contrato asegurando que el gobierno los había amenazado con quitarles indefinidamente el permiso de circulación si aceptaban transportar a “los revoltosos”. Mientras esto sucedía, la coordinación nacional presionó a las autoridades en la capital para que levantaran las trancas. En El Progreso se lograron finalmente unos veinticinco buses. En el parque central quedaron unas setecientas personas sin poder viajar porque hubo buseros que no superaron su temor ante las amenazas gubernamentales.

Aunque las autoridades quitaron las trancas principales fueron colocando otras trampitas a todo lo largo del trayecto. Hubo buses registrados hasta veinte veces en el camino, y en cada registro se amenazaba a los motoristas y se atemorizaba a los pasajeros. Las mismas patrullas policiales registraban en un punto del camino y se adelantaban para hacer el mismo operativo un poco más adelante. La presión policial se acrecentó en la medida en que los buses se acercaban a la capital.

En la última posta, la caravana se encontró de frente con un pelotón de antimotines. Los efectivos hacían sonar con el tolete su escudo protector y aquel sonido, agresivo y metálico, crispaba la piel en esas horas de la madrugada al más convencido de los manifestantes. El plan gubernamental era atemorizar a la gente para impedir que llegara a la capital. La campaña publicitaria oficial estuvo orientada a minimizar, a confundir y a distorsionar los objetivos de la manifestación. Los grandes medios presentaban la inminente llegada a la capital de la gente como el arribo de “los auténticos jinetes del Apocalipsis”, según expresión empleada en una de las dos cadenas de radio nacionales.

TEGUCIGALPA RODEADA POR SUS CUATRO ESQUINAS


Llegó la hora cero. A las cinco de la mañana del martes 26, los cuatro puntos de entrada y salida de la capital estaban tomados por miles de manifestantes, cumpliéndose así el plan trazado por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. La entrada y salida a Olancho estaba tomada por los indígenas organizados en la Coordinadora de Pueblos Indígenas (COPIN), por maestros de primaria, pobladores de la capital y por la caravana de la población olanchana.

La salida y entrada del Norte la tomaban las caravanas que llegaron de la región del Aguán, El Progreso, San Pedro Sula, Santa Bárbara y el resto del occidente del país. En la salida y entrada hacia el oriental departamento de Danlí estaba la caravana de pobladores de oriente, el sindicato de médicos y enfermeras y diversos sectores de pobladores de la capital. La salida y entrada del sur estaba tomada por los maestros de educación media y los sindicatos de las diversas federaciones gremiales. Los contingentes policiales llegaron con la orden de desalojar y dispersar a los manifestantes, pero se encontraron con tantos miles de personas que en el sector sur de las tomas se oyó al jefe policial cuando con firmeza le dijo por radio a su jefe superior, “Aquí hay tanta gente que es imposible cumplir con la tarea”.

La Comisión coordinadora se comunicó a las seis de la mañana con las cadenas de radio nacionales, pero los directores de los noticieros respondieron que tenían órdenes superiores de no transmitir ninguna noticia que tuviera que ver con las acciones de protesta. La Comisión tomó entonces la decisión de llegar hasta las emisoras. Lograron introducirse a las cabinas de transmisión y en una radio consiguieron finalmente transmitir el pronunciamiento en el que daban a conocer las demandas de la movilización. En la otra, apenas se comenzó a transmitir cuando fue interrumpida. El impacto de la multitud que rodeaba Tegucigalpa hizo que a las siete de la mañana la noticia desbordara la decisión de los dueños de los medios de boicotearla. Comenzaron entonces a transmitir, destacando sólo hechos aislados del ambiente de entusiasmo masivo que reinaba en las calles.

“SU ELECCIÓN NO ES UN CHEQUE EN BLANCO”


El Pronunciamiento leído en las emisoras a las seis y media de la mañana no quiso ser reproducido por ningún medio escrito, y el gobierno aludió a sus contenidos con evasivas y desprecio. Envío publica íntegramente este texto histórico, que fue bandera de la marcha más grande en la historia reciente de Honduras.

Planteamiento Popular unificado al Gobierno de la República. Las organizaciones sociales, comunitarias, gremiales, indígenas y populares de Honduras agrupadas en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular presentan su posición con respecto a la agenda que actualmente se desarrolla en la cámara Legislativa y en el Ejecutivo.

Rechazamos de manera absoluta la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento aprobada y ratificada por el Congreso Nacional porque en ella se sientan las bases para que el Estado renuncie progresivamente a su responsabilidad de conservar, distribuir y administrar el agua potable, recurso vinculado con la soberanía nacional, trasladando esta responsabilidad a las municipalidades, que a su vez la trasladarán a los prestadores de servicio. Demandamos el veto presidencial a la Ley, al tiempo que exigimos a los señores diputados que dictaminen la propuesta de ley que presentamos a la Cámara Legislativa el primero de julio del año en curso.

Repudiamos la decisión del Ejecutivo y de muchos diputados de introducir la propuesta de Ley de Servicio Civil porque en ella se abre la decisión de legislar para eliminar los estatutos de diversos gremios profesionales, las conquistas alcanzadas por la lucha de los gremios y sindicatos por la vía de los contratos colectivos, y porque en definitiva, vendría a desproteger a los empleados y trabajadores del Estado. Demandamos que dicha propuesta de ley no se introduzca en la agenda legislativa bajo ninguna circunstancia, así tampoco el proyecto de Ley de Inserción de los Desempleados en el Mercado Laboral, que propone alargar el período de prueba de dos meses a tres años, sin ningún derecho laboral.

La legislación sobre la tenencia de la tierra es fundamental para el presente y el futuro de los sectores más vulnerables y para el desarrollo del país. Sin embargo, el proyecto de ley “Reducción de la Pobreza mediante la Titulación de la Propiedad Predial” en lugar de ser una respuesta clara a la problemática del agro y a la necesidad de recuperación
de las tierras ejidales, genera más confusión y ambigüedad. Por ello, demandamos que dicha propuesta de ley no sea discutida y en su lugar se ponga en marcha un proceso de consulta y debate que se exprese finalmente en propuestas de ley que respondan tanto a la problemática de la propiedad de la tierra en el agro como a la propiedad ejidal en las zonas urbanas.

Recordamos a los Señores Diputados y al Presidente de la República que su elección por voto popular no es un cheque en blanco. Es un mandato para gobernar en consulta con el pueblo. La experiencia de casi un año de luchar por defender el agua y otras conquistas populares nos deja una dura lección: la mayoría de diputados no escucha al pueblo, y los contenidos de la agenda legislativa se definen fuera del país y para responder a intereses extraños al país.

Dejamos constancia que rechazamos el llamado Diálogo Nacional del gobierno porque no es incluyente, válido ni creíble, y ante el vacío de escucha y de debate a fondo sobre los problemas del pueblo lo valoramos como una burla de los sectores de poder. Si de verdad existe voluntad de escucha, exigimos que el gobierno responda de inmediato a nuestras demandas y propuestas.

EL DIÁLOGO NACIONAL DESENMASCARADO


La Comisión de Coordinación se puso en comunicación con la Casa de Gobierno, pero no hubo respuesta. Llamaron entonces al Presidente del Congreso Nacional, quien respondió diciendo que se reuniría con los jefes de bancada para discutir el problema y propondría una hora para reunirse con los demandantes. A las diez de la mañana, se volvió a llamar a Casa Presidencial, y ante la nueva negativa, la Comisión decidió ir donde el Presidente Maduro para hacerle entrega del documento oficial con las demandas.

A las once de la mañana, el Presidente del Congreso respondió que se había acordado que el Congreso nada tenía que discutir con los manifestantes. Antes del mediodía, el Presidente Maduro declaró que desconocía a los manifestantes, que no se dejaría llevar por las presiones y el chantaje, y que ya existía el espacio del Diálogo Nacional para abordar los problemas nacionales.

Este llamado Diálogo Nacional fue convocado en julio por Maduro y fue constituido por representantes de sectores mayoritariamente afines al partido en el gobierno. El Presidente convocó el Diálogo Nacional con el propósito de diseñar un plan de nación para los próximos 25 años.

La movilización del 26 de agosto desenmascaró, invalidó y deslegitimó esta iniciativa al poner en el tapete nacional decisiones actuales del gobierno que encadenan y condenan el presente y el futuro del país a los condicionamientos de los organismos internacionales, especialmente en el tema de la privatización del agua. Y al realizarla las organizaciones sociales, comunitarias, indígenas y populares representativas de todo el país, excluidas todas del Diálogo Nacional.

¡QUE RENUNCIE MADURO!


Los manifestantes se mantuvieron en sus puestos desde las cinco de la mañana hasta la una de la tarde. A esa hora, la Comisión Coordinadora dio la orden de emprender la marcha hacia un lugar común: los bajos del Palacio Legislativo, en el casco antiguo de la capital.

A la misma hora en que los manifestantes comenzaron a caminar bajo el ardiente sol, tras ocho horas de plantón, para converger en el Congreso Nacional, el Presidente Maduro cerraba el llamado Diálogo Nacional con los “representantes de la sociedad civil”. “Aquí -dijo pomposamente- están los verdaderos representantes del pueblo, a ustedes es a quienes tengo que escuchar. Hoy más que nunca ratifico ante ustedes que nadie me obligará a dialogar bajo presión y chantaje”. En una sola masa y a pocas cuadras del Palacio Legislativo se escuchaba el coro de veinticinco mil personas: ¡¡Que renuncie Maduro, que renuncie Maduro!!

DESOBEDIENCIA CIVIL Y AYUNO


Una vez en los bajos del Congreso, la Comisión Central de la Coordinadora tenía programado leer un documento con estos contenidos: Ahora afirmamos que continuaremos con la resistencia sostenida. En primer lugar, llamamos a nuestro pueblo, a las comunidades, a las Juntas Administradoras de Agua y a todos los sectores urbanos y rurales, a comenzar la desobediencia a las autoridades públicas en el marco de lo prescrito por nuestra Constitución. No podemos aceptar, no podemos obedecer a quienes han legislado en contra de la patria. No podemos obedecer una ley de aguas que va en contra de la vida de los pobres. Llamamos a que pongamos en marcha todas aquellas actividades que significan desobedecer a una autoridad irresponsable, antipopular y antinacional.”

Después, se anunciarían los nombres de las personalidades hondureñas que darían inicio en ese mismo momento a un ayuno inicial de 24 horas como siguiente fase de la resistencia sostenida. Tras sus nombres, el documento concluía: A partir de este momento pasamos a la siguiente fase de resistencia con el ayuno. Todos los compatriotas que lo deseen están invitados a participar en este ayuno. Y avisamos que a partir de este momento comienzan también las actividades de resistencia en cada una de las regiones. No pararemos de resistir hasta recibir una respuesta del gobierno a nuestras
firmes demandas.

LA ACCIÓN DE UN GRUPO DE EXALTADOS


Estas palabras no llegaron a pronunciarse. Apenas se había empezado a leer el primer párrafo cuando comenzó un alboroto en las escaleras de acceso al hemiciclo del Congreso Nacional. Un reducido grupo de exaltados manifestantes comenzó a arengar a las masas para que se tomaran el Palacio Legislativo. La acción provocó la reacción violenta de la policía, lo que desembocó en un enfrentamiento entre policías y algunos manifestantes, la golpiza de manifestantes, el apedreamiento de policías y la desbandada de los miles de manifestantes, que buscaban escapar a los efectos de las bombas lacrimógenas, a los furiosos garrotes de los policías y a un posible incendio presagiado por unas llamas que comenzaron a brotar de unas esquinas del Palacio Legislativo.

En total, una veintena de heridos, unos quince detenidos, centenares de personas del interior del país perdidas y el pánico y la rabia en el rostro de los millares de manifestantes dispersos a lo largo de las calles y callejones de la deformada capital de la República. A diferencia de la ordenada acción que los indígenas de occidente desarrollaban desde hacía una semana, y que tanto sumó a la movilización, las acciones violentas de un grupito de manifestantes restó y contribuyó a que se truncara temporalmente el proceso de resistencia sostenida planificado por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular para dar continuidad a la Marcha.

MADURO: IRASCIBLE, INTOLERANTE, DESBORDADO


Como había sucedido tres meses atrás con la Marcha por la Vida, el Presidente Maduro cerró sus oídos a las demandas de los manifestantes. En ninguna de estas dos ocasiones ha sido capaz de una actitud constructiva. Es opinión muy generalizada que el Presidente de la República luce molesto e irascible. Su intolerancia no es sólo ideológica. Su rostro revela que sicológicamente se encuentra desbordado. Y no es para menos. A esta creciente ola de descontento y de protesta popular organizada, se suma el descontento y malestar al interior de su propio partido. Los congresistas del sector más tradicional de su partido le están demandando la cabeza de varios ministros, a quienes consideran incompetentes y desleales con los lineamientos del Partido Nacional.

Por otra parte, la presión internacional, es insostenible. El FMI se está negando a firmar la carta de intenciones porque valora que el gobierno no sólo no ha sabido cumplir con las condiciones fiscales, políticas y jurídicas para su firma, sino que no parece posible que en el corto plazo se puedan crear las condiciones para un acuerdo con un país en tanta crisis.
A todo esto hay que sumar el dato que en su propio hogar abona a su enojo. Su esposa, la española Aguas Ocaña, con quien contrajo matrimonio apenas hace unos meses, generó un escándalo nacional al abandonar abruptamente el país, luego de haber hecho críticas a su esposo por no tomar en cuenta su propuesta de despedir a una ministra del gobierno, ex-novia de Maduro, acusándolo de no cumplir con sus compromisos de fidelidad conyugal.

EL ESCUDO Y EL SOPORTE


Con todas estas cargas en su espalda, el Presidente Maduro ha optado por escudarse en la intolerancia frente a todo lo que no controla o le genera inestabilidad. Su soporte es su Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, formado en los principios de la Doctrina de la Seguridad Nacional y seguidor extremista de su tío, el extinto general Gustavo Álvarez Martínez, conductor de la era de mayor terror en la historia hondureña, en los comienzos de la década de los 80. Atrapado en la inseguridad personal y política, Maduro ha ido decantando su política.

Su agenda está copada por los intereses de élites estratégicamente vinculadas con los grupos de poder financieros y políticos, y particularmente por los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Sus campañas publicitarias se dedican a destacar logros en asuntos secundarios y superficiales: operativos antidelincuenciales y antimaras -en los que él mismo participa a diario-, captura de mareros, el llamado Diálogo Nacional, y la “solidaridad” internacional enviando a 360 soldados hondureños a Irak. Para la oposición y los grupos sobre los que no tiene capacidad de control por la vía de la publicidad y de las líneas partidarias no hay otra agenda que la dureza y el menosprecio.

“ASALTANTES, SEDICIOSOS”


El gobierno aprovechó la inmadurez de algunos de los manifestantes, seducidos por la fuerza de la multitud y provocados seguramente por miembros de la policía infiltrados entre la gente. Los actos violentos del último minuto fueron aprovechados por el gobierno para silenciar la fuerza expresada en la marcha, y especialmente las demandas que originaron la manifestación. En la noche del 26 la mayoría de medios se dedicó a presentar las imágenes más negativas: llamas en el Congreso, manifestantes con garrotes y piedras, heridos y golpeados. Al día siguiente, el Presidente de la República, en una declaración histérica, reiteró su desprecio por los manifestantes, a quienes calificó de “asaltantes”, acusó a los dirigentes de “manipuladores de los sentimientos” de la gente y denunció que la marcha había sido financiada por organismos internacionales interesados en desestabilizar a su gobierno. Maduro prometió llevar a la cárcel a los involucrados en los actos vandálicos y a los dirigentes de la marcha, como autores intelectuales, acusándolos de sedición.

NO LO PODRÁ REVERTIR


Los actos de violencia desmovilizaron temporalmente el proceso de resistencia sostenida programado por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular. Pero el camino está abierto y las demandas siguen firmes. El gobierno, empecinado en no dar ninguna respuesta, se ha dedicado a tomar represalias políticas, ideológicas y jurídicas en contra de los dirigentes de la Coordinadora, a la vez que ha creado un cerco informativo en contra de los contenidos de las demandas. Pero no ha logrado tapar el descontento. Sus enojos públicos y sus amenazas tienden a empequeñecer la figura del gobernante, y el desgaste de su administración está llevando al país a los extremos de la ingobernabilidad. Si Maduro pudo crear un ambiente provisional de atemorizamiento, está incapacitado para revertir de manera estratégica el descontento acumulado en la población.

OLANCHO 1975 Y OLANCHO 2003


La Marcha ha sido la convocatoria militante más grande y organizada que ha existido en el país al menos en los últimos treinta años. En junio de 1975 se realizó lo que pudo haber sido una movilización similar. Comenzó en Olancho, logrando que gente de otras regiones del país marcharan hacia la capital. Demandaban la reforma agraria. Aquella Marcha del Hambre no logró llegar a Tegucigalpa y fue frenada con la masacre de Los Horcones, en donde fueron asesinadas catorce personas, entre ellas dos sacerdotes. Aquella gran movilización fue seguida de un severo proceso de represión que contribuyó grandemente al repliegue de la lucha popular.

Un repliegue que se prolongó durante muchos años e impidió que las organizaciones populares y políticas hondureñas tuvieran capacidad para sintonizar con las organizaciones del resto de los países centroamericanos en los años de los conflictos armados.

La segunda movilización similar a ésta es muy cercana en el tiempo. Apenas tres meses atrás, la Marcha por la Vida, encabezada por los ambientalistas olanchanos e iniciada con unas dos mil personas culminó en la capital con unas quince mil. Se realizó en defensa de los bosques y en contra de quienes los devastan. Logró convocar a gente del resto del país y despertó la adhesión moral de diversos sectores sociales y populares.

Ahora, la Marcha por la Dignidad y la Resistencia fue superior en número de participantes, en representación nacional, en contenidos y en entusiasmo. Y sitúa en una dimensión nacional la resistencia a las imposiciones de los organismos internacionales.

ESTO NO SURGIÓ DE LA NADA


La Marcha por la Dignidad y la Resistencia representó un paso fundamental en la coordinación, articulación y vertebración de las organizaciones sociales y populares de todas las regiones del país. Honduras es un país muy disperso geográficamente en sus diversas regiones, y tremendamente disperso políticamente en sus luchas. Esta movilización significó un paso decisivo para superar esta dispersión, sin perder la identidad organizativa y de lucha de cada una de las regiones y de todas las organizaciones participantes.

La Marcha no surgió de la nada. Representa la canalización organizada del descontento que se viene acumulando en la sociedad hondureña y ante una casta política que ha entendido el Estado como un botín para repartirse y para comprar y chantajear la conciencia y la voluntad de la gente sencilla. La Marcha fue el resultado de un proceso de dos años de encuentros y búsquedas entre diversas organizaciones sociales y populares del país. Ese proceso acabó recogiendo temas comunes de lucha, acrecentados por la insensibilidad gubernamental, y los fue expresando en instancias regionales, como la Asamblea Popular Permanente Contra las Privatizaciones de El Progreso, el Bloque Popular con su sede central en Tegucigalpa, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Patronato Regional de los valles de Santa Bárbara, la Coordinadora de organizaciones Populares e Indígenas (COPIN), hasta llegar finalmente a confluir en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, una organización aun tierna pero que promete mucho.

POLO A TIERRA


El camino de la movilización del pueblo está probado. Y puede estar significando una ruptura con la dinámica de dispersión y de fraccionamiento que han caracterizado al movimiento popular en las últimas décadas. Polo a tierra con las realidades y ritmos de las poblaciones pobres y vulnerables: éste es el camino para la construcción de la oposición popular que tanto necesita Honduras.

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