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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 258 | Septiembre 2003
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Nicaragua

"Para la salud de las mujeres es urgente que el estado sea laico"

Ana María Pizarro, médica ginecóloga y directora del centro SI Mujer, compartió con Envío algunos de los gravísimos problemas de salud de las mujeres por la falta de políticas públicas de población, salud y educación adecuadas a la realidad, en una charla que transcribimos.

Ana María Pizarro

¿Qué ha pasado con las políticas públicas que tienen que ver con la calidad de vida y con la salud y la educación de la gente, especialmente de las mujeres, en los últimos años? Es necesario repasar varios hechos que considero fundamental analizar.

Posiblemente, mucha gente no sabe que en Nicaragua existen dos documentos elaborados por dos gobiernos sucesivos en los que se expresa la política de población. En pocos países del mundo sucede algo así. La política de población de un país es la política que tiene que ver con la natalidad, la mortalidad, las migraciones, la salud, la educación, la distribución territorial de la población y, naturalmente, con la estructura y la infraestructura que el país tiene para ponerla al servicio de sus habitantes. Es la política que más directamente tiene que ver con nuestra vida cotidiana: cómo nacemos, cómo nos reproducimos, cómo morimos, dónde vivimos, qué salud disfrutamos, qué acceso a la educación tenemos, cómo nos movilizamos...

El primer documento, llamado Política Nacional de Población, es de septiembre de 1996, cuando finalizaba el gobierno de doña Violeta de Chamorro. Era la primera vez que en Nicaragua se diseñaba una política de población. Como todos los documentos que se elaboran entre las agencias de Naciones Unidas y los diversos ministerios del gobierno,
el texto no fue consultado con la población.

En este documento, firmado entre otros por el entonces Ministro de Educación Humberto Belli -un hombre muy cercano al Vaticano y que pasará a la historia nacional por su influencia en todo lo referente a las políticas de población- se perfila todo lo que fue la política educativa en los años del gobierno de doña Violeta (1990-96), cuando el énfasis se puso en “la educación en valores para la vida familiar”. Al determinar que la ruta por la cual se enrumbaría la educación nacional sería ésa, al privilegiar ese enfoque, se desechó la importancia de la información como alimento de actitudes modernas y no discriminadoras, acordes con la evolución de la humanidad. A finales de 1997, con muy pocos meses de diferencia, el gobierno de Arnoldo Alemán -a pesar de ser un gobierno liberal, de otro signo ideológico que el del gobierno de doña Violeta, de signo conservador- elaboró una nueva Política de Población, en la que se continuaba privilegiando este enfoque, por el que aún seguimos transitando.

Hay países en Centroamérica y en América Latina que no tienen ningún documento en donde expresen su política de población. Otros países han escrito alguna vez un documento que cruza sucesivos gobiernos, pues estos documentos no son planes de gobierno ni contienen actividades o proyectos concretos. Hay que decir que ambos documentos, el de 1996 y el de 1997, son muy poco conocidos y apenas leídos incluso por los funcionarios públicos.

En el gobierno sandinista no hubo nunca una política de población escrita, aunque sí la hubo en algunos aspectos, y se manifestaba en los discursos de los dirigentes. El gobierno sandinista fue un gobierno pro-natalista: promovía que las mujeres tuvieran todos los hijos que pudieran tener. Se fundaban en dos razones: la realidad latinoamericana y la realidad nacional. En América Latina, los revolucionarios de los años 60 y 70 consideraron que cualquier propuesta de control de población o de planificación familiar o de uso de anticonceptivos obedecía a un objetivo del imperialismo norteamericano, y por tanto se oponían a ella. ¿Cuál era la base de este pensamiento? Ideólogos norteamericanos, como Robert McNamara, habían afirmado que resultaba más barato invertir en eliminar a los futuros guerrilleros en el vientre de sus madres que en combatirlos después en las montañas.

En aquellos años abundaron en el continente -Brasil, Bolivia, otros países- proyectos estadounidenses para la esterilización masiva de las mujeres pobres y de las mujeres indígenas. Prevalecía la filosofía del control de la población como medio de controlar la subversión: mientras más pobres hubiera, más brazos guerrilleros empuñarían los fusiles en luchas de liberación. Ante este discurso, los revolucionarios de aquellos años proponían el contrario: mientras más latinoamericanos nacieran, habría más revolucionarios y más revoluciones.

Los proyectos anti-natalistas y los proyectos pro-natalistas decidían sobre el cuerpo de las mujeres desde afuera, sin consultarlas, sin saber si ellas estaban o no de acuerdo. Tanto los controlistas de población del Norte como los promotores de población del Sur eran quienes decidían si las mujeres parían o no. Hijos de ese pensamiento revolucionario pro-natalista fueron los dirigentes del Frente Sandinista, que sumaron a esta “razón latinoamericana” la razón nacional: las mujeres tenían que parir “para recuperar los muertos de la guerra”, idea presente en muchos discursos de los dirigentes sandinistas y apenas cuestionada en aquellos años.

Durante un buen tiempo dominaron el panorama de nuestro continente esas dos posiciones antagónicas:
el control de población promovido por los países del Norte, preocupados por el crecimiento de los pobres y de las revueltas; y la promoción de la población defendida por las izquierdas, convencidas de que aumentando el número de los pobres aumentarían las luchas de liberación. En medio de estas dos posiciones siempre estuvieron las mujeres, sin voz ni voto, pariendo en la mayoría de los casos en condiciones riesgosas.

La moral católica tradicional ha mantenido una posición coherente de forma permanente al promover que la maternidad es el destino supremo de las mujeres, al presentar como virtudes femeninas por excelencia el servicio generoso a los demás y la disposición a dar vida a otros, imitando así a la Virgen María, que asumió en silencio su destino materno. Y así, paradójicamente y durante un buen tiempo, el discurso católico tradicional coincidió con el discurso de los revolucionarios de izquierda.

La primera conferencia mundial organizada por Naciones Unidas para debatir sobre los temas de población y desarrollo se realizó en Bucarest en 1974, en un año en que prevalecían estas ideas. La segunda fue en México en 1984 y la tercera en El Cairo en 1994. En las tres, la influencia de la filosofía que sobre la población mantenía Estados Unidos fue determinante en los resultados.

En Bucarest, el aumento de la población fue visto como un enemigo del que había que defenderse. En 1984, la filosofía de Estados Unidos cambió. El crecimiento poblacional dejó de ser visto como una amenaza y empezó a ser un asunto neutral, en tanto en cuanto Estados Unidos tuviera asegurada su presencia militar en cualquier confín del planeta. De hecho, habían transcurrido años que resultaron clave para la instalación de bases militares y misiles estadounidenses en Europa, Asia, África, América Latina, en Panamá, en Honduras... Por todas partes. La presencia militar estadounidense era de tal magnitud y aseguraba tal grado de control que el tema del crecimiento de la población perdió relevancia para los estrategas americanos. Y así comenzaron a decaer los esfuerzos que habían dedicado a campañas de esterilización o a la difusión de métodos anticonceptivos.

Diez años después, en 1994, el gobierno de Clinton asume una visión moderna, que incluye un cierto respeto por los derechos de las mujeres. Sin embargo, Clinton está rodeado de una gran cantidad de controlistas de población, quienes dejan de hablar de “control de la natalidad” para empezar a hablar de “bienestar de la familia”. Comienzan a proliferar entonces por toda América Latina multitud de organizaciones que promueven el bienestar de la familia, presentándole a la población la imagen de “la familia feliz”: un padre y una madre con un niño y una niña. Actualmente, esa “felicidad” ya se ha reducido y se propone que las parejas aseguren su bienestar con un niño o con una niña.

Nuevamente, la receta del uso de anticonceptivos para lograr el bienestar de la familia cruza toda América Latina. El discurso del control de población queda totalmente eliminado y la década de los 90 conoce otro: el control de la natalidad asegura el bienestar de la familia y, reduciéndose el número de hijos, se reduce la pobreza. En esos años, países como México y Brasil logran reducir drásticamente, con campañas de control natal, el número neto de hijos e hijas por mujer. Pero no logran con eso reducir la pobreza ni alcanzar el bienestar familiar. Porque no es controlando el cuerpo de las mujeres y la reproducción de las mujeres como se logra el bienestar y se reduce la pobreza.

En este contexto, ideas más avanzadas logran encontrar mucho espacio en la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (1994), cuyos documentos ponen el énfasis en la inequidad que existe en la distribución de las riquezas del mundo. En El Cairo se avanza extraordinariamente, un avance que se ve favorecido por la posición del gobierno de Estados Unidos, en donde ya tenía mucha fuerza el tema de los derechos humanos. En esa conferencia aparecen dos nuevos conceptos: los derechos sexuales y los derechos reproductivos, ambos en el ojo del huracán en los debates ideológicos que vivimos en Nicaragua.

En 1994 la comunidad internacional logró un enorme consenso en torno a estas ideas modernas y avanzadas. Sólo ocho países quedaron fuera de este consenso: Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador, Malta y, a la cabeza de ellos, el Vaticano. En Naciones Unidas, el Vaticano tiene el estatus de observador, que da derecho a estar presente durante toda la conferencia observando, pero no da derecho ni a opinar ni a votar. Es lo que sucede, por ejemplo, con Suiza, país con estatus de observador.

Sin embargo, el Vaticano opina, presentando reservas a los textos que se discuten y reclamando cambios en ellos, y también vota. Fundamentalmente, actúa haciendo lobby para que los delegados de algunos países hagan reservas a los textos. Se trata de un lobby especial: el Vaticano llama la atención a los delegados y delegadas de países en los que tiene influencia, estos delegados llaman al obispo de su país, el obispo llama al Presidente de su país y el Presidente orienta a los delegados lo que deben opinar y votar. Esto lo vimos con toda claridad y de forma permanente en los procesos que culminaron en la conferencia sobre población de El Cairo y en la conferencia sobre la mujer en Beijing. Todos los países enviaron delegados o delegadas a estas dos grandes conferencias mundiales. Muchos países latianoamericanos enviaron delegaciones de dudosa representación. Algunas delegadas fueron las primeras damas o eran funcionarios o funcionarias elegidas para esta misión por ser “madres de familia” o “padres de familia” católicos, aunque con competencias muy limitadas o nulas para debatir asuntos políticos y económicos, nacionales e internacionales, leyes, decretos y presupuestos.

Esto explica que los documentos que emanan de estas conferencias internacionales pueden estar escritos por gente con altísima capacidad técnica, pero pueden estar influidos en muchos puntos por la enorme cantidad de obispos y de religiosos de todos los países que asisten para controlar cómo se comportan y cómo votan las delegaciones oficiales de sus países. Por el particular lobby y presión que ejercen, yo misma he sido testigo de cómo se enviaba de regreso a su país a delegados y delegadas por el sólo hecho de que, respetando la laicidad del Estado y los derechos humanos, opinaron sobre sexualidad y reproducción en una sintonía que no era “la debida”.

La lucha que se dio en El Cairo en 1994 fue increíblemente ardua y difícil. Nicaragua, a la cabeza de Centroamérica, representó los intereses del Vaticano en esa oportunidad, siendo fundamentales dos figuras: el Ministro de Educación Humberto Belli y la Asesora en Valores de ese Ministerio, Élida de Solórzano. Recuerdo aún con perplejidad cómo en una reunión internacional preparatoria a El Cairo, celebrada en 1993 en México, ambos llamaron públicamente “abortista” a la directora internacional del Fondo de Naciones Unidas para la Población.

Dos años después de El Cairo, en 1996, Nicaragua elaboró su primer documento de política de población, que afirma que las personas tienen derecho a la información y tienen derecho a usar medios para planificar su familia -no dice cuáles-, pero enfatizando, como ya dije, que todo debe hacerse en el marco de los valores morales, de los valores familiares y de los valores de la sociedad nicaragüense, eminentemente católica. En el documento de 1997 se mantendrá esta misma línea. Según estadísticas, el 64% de la población nicaragüense es católica y de ese porcentaje, sólo un 30% se declaran católicos practicantes.

El artículo 14 de la Constitución de Nicaragua establece que el Estado no tiene religión oficial, que el Estado es laico. El artículo 69 establece que “nadie puede eludir la observancia de las leyes ni impedir a otros el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes invocando creencias o disposiciones religiosas”. Estas disposiciones constitucionales no se están cumpliendo en Nicaragua. Vienen produciéndose eventos que lo ponen de manifiesto. Me voy a referir solamente a algunos de los más directamente vinculados con la salud de la población, y especialmente con la salud de las mujeres.

El más reciente de los eventos es la publicación por el Ministerio de Educación, con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Población, de un manual titulado “Educación para la vida”, una herramienta que el Estado pretende poner en manos de profesores de todo el país para facilitarles el educar con mayor capacidad y preparación la sexualidad de sus alumnos y alumnas a lo largo de su permanencia en la escuela. La polémica generada por sectores religiosos en torno a este documento ha sido intensa y llevó al Presidente de la República a retirarlo de circulación hasta lograr un consenso “para que el manual refleje nuestros valores, nuestras costumbres, nuestra filosofía sobre la vida y la naturaleza cristiana de los principios éticos y morales”. Un hecho más que nos obliga a reflexionar sobre la vigencia del Estado laico en nuestro país.

Existe un precedente similar con otro documento público, censurado por criterios religiosos. Es una historia menos conocida. Se trata del documento que el Ministerio de Salud presentó el último día de enero de 2002, recién estrenado el gobierno de Bolaños, el gobierno de “la nueva era”. El documento se tituló “Hacia un programa nacional de salud sexual y reproductiva en la reforma del Sector Salud”. En él se establecía cómo se iba a trabajar en todas las estructuras del ministerio para abordar los mayores problemas de salud sexual y reproductiva que afectan a la población de Nicaragua. Como ya dije, y como suele suceder con todos los documentos que hacen las agencias de Naciones Unidas con las instituciones del Estado nicaragüense, este documento no fue consultado con las organizaciones de la sociedad. Cuando lo conocimos, pudimos ver que no era ni tan bueno ni tan malo y que contenía bastantes aspectos positivos para ser aplicados.

Sin embargo, en menos de un mes el documento fue retirado del Ministerio y todos los ejemplares que habían sido ya distribuidos fueron recuperados. Una funcionaria del Ministerio de Salud, financiada por el Banco Mundial, lo llevó entonces a consulta de la Conferencia Episcopal. Durante meses no existió ningún documento, hasta que recientemente apareció por fin otro texto, llamado ahora “Programa nacional de salud reproductiva”.

Se le suprimió la palabra “sexual”, se eliminó de la introducción la referencia a los derechos sexuales y reproductivos y pocos cambios más. El documento “revisado”, al igual que el original, no reconoce estos derechos y sólo habla de salud sexual y reproductiva.

En este documento se hace un diagnóstico de la situación de salud nacional, principalmente de la salud de las mujeres, y se pretende organizar la atención sanitaria para enfrentar los gravísimos problemas que el mismo documento reconoce. Se afirma en él que la mortalidad materna es “alta”, aunque no se precisan cifras. En los mismos momentos en que aparecía este documento oficial, aparecía otro, el de Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza, la famosa ERCERP. En él se afirma que la mortalidad materna en Nicaragua es de 148 por cada 100 mil nacidos vivos, una de las más altas de América Latina. Un boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, colocado en su página web, afirma que es de 93 por 100 mil. La UNICEF circula otra cifra: 250 por 100 mil. Conclusión: estamos en un país en donde ninguna estadística es seria ni medianamente seria para resultar confiable.

El documento del que hablamos nos brinda el perfil de las víctimas de la mortalidad materna: son mujeres jóvenes, sin niveles de instrucción, son pobres o extremadamente pobres y viven en las afueras de la ciudad o en zonas rurales. Ésas son las mujeres que con más probabilidades van a morir a consecuencia de un embarazo o de un parto.

Más allá de cualquier cifra, la realidad nos viene diciendo que la primera causa de mortalidad materna a nivel nacional es la hemorragia que ocurre en el postparto, frecuente en las zonas rurales, donde los partos ocurren en las casas, atendidos por personas no suficientemente capacitadas. A nivel hospitalario, la primera causa de muerte materna son las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones clandestinas, y la eclampsia: presión alta con convulsiones vinculada al parto o postparto. Hay otros datos en el documento. El 27% de todas las adolescentes de Nicaragua o están embarazadas o ya han sido madres. Es el índice más alto de toda América Latina. Por cada mil adolescentes entre 15-19 años hay 139 embarazos.

Es la tasa de fecundidad en la adolescencia más alta de toda América Latina. Entre las víctimas de mortalidad materna, el 30% tiene menos de 19 años. Todo esto significa que las adolescentes nicaragüenses son un sector poblacional muy vulnerable en cuanto a cuidados de salud. Significa que nuestras adolescentes se están embarazando, se están muriendo o están abortando en un completo abandono.

En un estudio que hicimos en 1998 en cinco hospitales de Nicaragua encontramos a 150 mujeres ingresadas por aborto y descubrimos que el 32% tenía menos de 19 años. El tema del embarazo en las adolescentes se ha puesto de moda últimamente en Nicaragua, pero del tema del aborto en la adolescencia ninguna institución estatal quiere hablar. Y la realidad nos muestra que adolescentes que han abortado en condiciones clandestinas y de inseguridad están llenando las salas de los hospitales. Recientemente, fue publicada una información donde el director del hospital Bertha Calderón calificaba al aborto como “asesino silencioso” e informaba que este “asesino” le mantiene ocupadas la mitad de las camas de obstetricia. Opinaba el médico que esto se debe a que “las chavalas no hablan con su mamá y su papá y buscan consejo en las calles y terminan embarazadas o abortando”. Se quejaba de estarse gastando el presupuesto del hospital en salvarle la vida a las chavalas que abortan. Una visión lamentable, que comparte la mayoría de los ginecólogos varones de Nicaragua y que, como sucede a menudo, agarra el problema “de la cola”: se visualiza el problema sólo cuando la muchachita llega muriéndose al hospital por haberse hecho un aborto clandestino.

Es importante recordar que el presupuesto de salud de Nicaragua para el año 2003 representa tan sólo 22 dólares por persona al año. Y esto teóricamente, porque el 83% del total de ese limitado presupuesto se dedica a salarios, y el resto a la compra de combustible, a reparación y mantenimiento de edificios, a compra y reparación de equipos, a compra de medicamentos, a uniformes y comida para el personal. Si en esta situación de tantas carencias, este hospital está gastando miles de dólares -como su director informó- en atender complicaciones por aborto en adolescentes, algún economista debiera hacernos el favor de explicarnos cómo podrían reducirse los daños económicos que en el presupuesto están causando los abortos realizados en condiciones de inseguridad y de clandestinidad. Tal vez por esa vía se introduciría algo de racionalidad en un tema tan vital y sensible.

Se espera que las adolescentes que llegan al hospital tras un aborto inseguro -muchas mueren tras el aborto fuera de los hospitales- tengan una familia con la que hablar para no recibir “consejos en las calles”. Pero sucede que en Nicaragua el 39% de los hogares están jefeados por mujeres, donde el padre está ausente, está muy lejos o tal vez ni es conocido por esa adolescente o él no la reconoció a ella. Y es por esto que el Estado debe asumir responsabilidades que la familia -que no existe como tal- no puede o no sabe asumir. En Nicaragua, la mayoría de “las familias” no son nucleares y están formadas por una variedad enorme de combinaciones de personas, e incluso en aquellas en las que están presentes el padre y la madre, son muy pocos quienes dan formación e información sobre sexualidad a sus hijos e hijas, porque ellos no la tuvieron y porque no saben cómo hacerlo. Es por eso que la formación y la información deben ser una responsabilidad del Estado. ¿Cuántas familias nicaragüenses hablan de sexo con sus hijos y con sus hijas, cuántas les explican los riesgos de una relación sexual y la prevención de esos riesgos? En tanto las familias no logran abordar estos temas, crece la responsabilidad del Estado en la formación y la información sexual.

Los datos sobre mortalidad materna y embarazos en adolescentes nos están reflejando los resultados de la absoluta ignorancia sexual en la que vive nuestra población.

En el documento se lee también que la tasa de fecundidad de Nicaragua es una de las más altas del mundo. Nicaragua duplica su población cada veinte años. En veinte años seremos por lo menos 10 millones de personas. Sin embargo, el país no habrá duplicado en esos años el acceso a la educación y a la salud ni habrá logrado superar la brecha entre los muchísimos extremadamente pobres y los pocos extremadamente ricos, brecha que nos coloca entre los países del mundo con mayores diferencias sociales, donde la clase media es mínima. Según el último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, un 82.5% de la población nicaragüense sobrevivió en los últimos cuatro años con sólo un dólar al día.

En el documento se habla también de la epidemia del sida. Desde los años 80, el mensaje que ha recibido la población nicaragüense, el mensaje que se le ha dado, es que, no se sabe bien por qué razón misteriosa, en Nicaragua no hay la cantidad de casos de sida que existen en otros países. De hecho, Nicaragua es el país de América Latina que menos casos de sida ha reportado. Pero eso no quiere decir que no haya casos, sino que no se han reportado. Y uno sospecha que hay más, muchos más casos que los que se reportan. Porque, ¿se practica el sexo seguro? ¿se usa el condón? ¿las mujeres han aprendido a decir no cuando temen una relación de riesgo? ¿los hombres saben respetar los deseos de las mujeres, saben entender cuando las mujeres les dicen no? ¿no hay violaciones en Nicaragua ni dentro ni fuera del matrimonio? ¿hay educación sexual? ¿se usan métodos de barrera? ¿sabemos evitar la propagación del sida por vía intravenosa? ¿evitamos compartir jeringas? Las respuestas son imaginables. ¿Estamos fuera de todo riesgo o no será que no hemos hecho la suficiente cantidad de pruebas como para saber cuántas personas VIH positivas existen en nuestro país?

¿Y cuántas han sido reportadas? El Ministerio de Salud tiene actualmente reportadas unas 1,060 personas. Haciendo estimaciones en base a la población, los organismos internacionales calculan que hace dos años, ya había por los menos 10,200 personas infectadas en Nicaragua. Y multiplicando cada una de ellas por diez, nada más que por diez contactos con posibilidad de haber transmitido el virus, estamos hablando ya de 100 mil personas, las que a su vez pueden estar transmitiendo el virus a otras diez personas cada una. Aunque durante años Nicaragua reportó una epidemia muy baja, en el último año hubo un repunte y el Ministerio de Salud admitió que habíamos pasado, en sólo un año, de una prevalencia de la epidemia de 1.8-1.9 por cada 100 mil personas a una prevalencia de 3.2. Esto significa que en un año más podríamos llegar a 5. Y cuando la prevalencia llega a 5 quiere decir que se ha alcanzado un punto de avance agudo de la enfermedad que ya no es controlable. A esa prevalencia de 5 llegaron los países africanos hace diez años.

Nicaragua se dio el gusto de perder el tiempo entre 1987 -cuando se detectó la primera persona portadora, un campesino- hasta el año 2003. Nos dimos el gusto de declarar que en Nicaragua no hay peligro, no hay problema, no hay sida. Nos dimos el gusto de proponer los valores morales como sustitutos del condón y de proponer la abstinencia sexual, el autocontrol y la autodisciplina como métodos más seguros que las campañas masivas de información para el uso y distribución de preservativos. Ahora ya no podemos seguir dándonos ese gusto, ahora ya sabemos que nos falta muy poco para llegar a esa catastrófica prevalencia 5, cuando la pandemia ya no se puede controlar. ¿Y por qué no se puede controlar? Porque un país no cambia de la mañana a la noche. Y porque aún seguimos evitando campañas educativas masivas, porque no se distribuyen masivamente los condones, porque no se les enseña a las personas qué significa el sexo seguro, porque no se hacen estadísticas ni estudios.

La mayoría de las personas que ya han muerto en Nicaragua por sida han sido detectadas en la fase final de la enfermedad, tan tardíamente que ya no existen posibilidades de hacer nada por ellas. La mayoría de las personas que han muerto por sida en Nicaragua han muerto solas, aisladas, abandonadas, rechazadas. Lo poco que se conoce es que existe en los hospitales la tendencia a darlas de alta para que vayan a morir con sus familias, pero a menudo las familias ni las visitan en los hospitales ni las acogen cuando salen. Muchas veces, cuando mueren, sus vecinos ni siquiera caminan por la acera de la casa porque prevalecen el temor y la ignorancia.

El Estado compró medicamentos para 18 personas portadoras del virus, sólo después de que ellas hicieran una denuncia nada menos que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH acogió su denuncia, les dio la razón y ordenó al Estado de Nicaragua que les comprara medicamentos. El Estado cumplió, pero sólo se los compró para tres meses. Y sucede que los antirretrovirales -las medicinas que se usan para combatir el sida- causan “rebote” si se dejan usar. Es mejor no usar nada que usarlos durante tres meses y después suspenderlos.

El Ministerio de Salud resintió mucho la denuncia: ¿por qué ir afuera a contar lo que pasa dentro? ¿Qué hacer entonces?
Yo pertenezco a la CONISIDA, la Comisión Nicaragüense para atender el sida, el más alto nivel de decisión entre el Estado y la sociedad civil sobre el sida. Y sé que para el año 2003 no fue programado ni un solo centavo para atender
a los enfermos y comprar medicamentos.

Según el diagnóstico oficial, el 23% de las personas afectadas por sida en Nicaragua son mujeres. La estadística cambia cuando se abarca a las personas afectadas entre 15-19 años: el 44% son mujeres. Otro índice que nos habla de la vulnerabilidad de las adolescentes, que están duplicando las cifras de mujeres adultas infectadas. Según el proceso de la enfermedad, esto indica también que las niñas están siendo contagiadas a los 11-13 años y es por eso que ya tienen el virus a los 15-19 años. Este tema del gran número de muchachas adolescentes con sida tampoco ha merecido especial atención ni del Ministerio de Salud ni del de Educación.

Resulta muy complejo protegerse eficazmente del sida, pero sabemos que no basta la fidelidad conyugal ni el autocontrol. En los últimos tres años han sido las mujeres de Chinandega las personas más afectadas por el sida. No se trata de trabajadoras sexuales expuestas diariamente a relaciones sin protección. Se trata de amas de casa que han sido infectadas por sus maridos, que pueden ser tanto bisexuales como heterosexuales que se asumen como tales, pero que en un cierto porcentaje tienen relaciones sexuales con otros hombres. El perfil de la mayoría de los casos detectados en los tres últimos años en Nicaragua es éste: mujeres casadas fieles a maridos heterosexuales que tuvieron algún contacto con otro hombre. Esto nos demuestra que recetarle fidelidad a las mujeres tampoco es solución, porque las mujeres pueden ser muy fieles, y serlo significa aceptar relaciones riesgosas con sus propios maridos.

En Nicaragua se han reportado solamente unos 14 niños y niñas menores de diez años con sida, que adquirieron por transmisión vertical: sus madres los contagiaron durante el embarazo o en el momento del parto. Dada la tasa de fecundidad de las mujeres ya afectadas -el 99% de ellas en edad fértil- se espera que el número de niños y niñas afectadas vaya en aumento. De hecho, ya han nacido unos 700 niños y niñas, hijos de esas mujeres, y se puede calcular con toda seguridad que el 40% nació con VIH positivo. No está de más recordar la propaganda que hizo hace unos años la ex-Ministra de Salud Mariángeles Argüello -hoy prófuga de la justicia por actos de corrupción durante el gobierno de Alemán- porque el ministerio estaba facilitando tratamiento contra el sida a tres mujeres embarazadas para evitar la transmisión vertical a sus hijos. Muy lamentable fue conocer que cuando dieron a luz y se comprobó que los niños habían nacido libres del sida, les suprimieron el tratamiento a sus madres.

En el documento oficial se informa también que el 45% de las mujeres con cáncer cérvico-uterino o que ya han fallecido por esta enfermedad tiene entre 20-35 años, dato alarmante que no encontramos en otros países, porque este tipo de cáncer es más frecuente entre mujeres de más de 40 años y generalmente, los fallecimientos se producen después de esa edad. En el documento, se afirma que el Ministerio de Salud sólo hace la prueba de papanicolau para la detección de este tipo de cáncer -que cuesta unos 3 dólares- al 10% de la población femenina del país, índice bajísimo que significa que no conocemos la situación real en que se encuentra la inmensa mayoría de las mujeres nicaragüenses en edad fértil (14-45 años).

También habla el documento de la violencia intrafamiliar. En 1996, en plena campaña electoral, el gobierno Chamorro emitió un decreto ministerial en el que se afirma que la violencia intrafamiliar es un problema de salud pública. Este decreto vino a sumarse a la Ley 230, que estableció que la violencia intrafamiliar es un delito y que habrá penas para castigarlo. Con estos dos instrumentos podría suponerse que el Ministerio de Salud atendería los problemas de salud generados por la violencia contra las mujeres y las niñas y niños al interior de las familias, pero después de siete años el decreto no ha pasado del discurso, lo que nos permite pensar que fue promulgado con el fin de captar votos del electorado femenino.

La violencia intrafamiliar es en Nicaragua una verdadera epidemia. Según la ENDESA, encuesta que investigó la salud familiar entrevistando a 16 mil mujeres a nivel nacional, el 37% de las nicaragüenses recibieron golpes de sus parejas durante su embarazo. En el 53% de los casos de abuso sexual infantil el agresor fue un miembro de la familia y en un 27%, una persona conocida del entorno familiar. El 29% de las mujeres declaró haber sido víctima de violencia en algún momento de su vida. Ante todos estos datos podemos entender mejor la necesidad, la urgencia, que existe en Nicaragua de una política pública, masiva, de educación de la sexualidad. El manual “Educación para la vida” del Ministerio de Educación surgió de estas evidencias.

El Manual se concibió con once capítulos: autoestima, derechos humanos, respeto por una misma o uno mismo, el cuerpo humano, las emociones, los sentimientos, el afecto, el amor, la relación sexual, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la prevención del embarazo. Uno de sus principales objetivos fue prevenir los riesgos y las consecuencias no deseadas de las relaciones sexuales. El grueso del manual se orienta a fortalecer la voluntad de la juventud para que aprenda a separar el sexo del amor, especialmente las mujeres, a quienes se nos debió haber enseñado que una cosa es el sexo y otra cosa es el amor, ya que los hombres lo tienen completamente claro. Y por falta de reflexión sobre asunto de tanta importancia, es frecuente que las jóvenes den “la prueba de amor” a un joven y lo que están haciendo es tan sólo darle sexo a un joven que lo que quiere es sexo. Sin embargo, ellas creen que está dando amor a alguien que quiere amor, creen que está intercambiando amor. Educar en esta distinción fundamental resolvería muchos de los problemas de salud que suceden a diario en Nicaragua.

El contenido del Manual fue consultado con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación y con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Familia, de la Secretaría de la Juventud, del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Defensa y de algunas otras instituciones. En la portada, aparecen los nombres de unos cuarenta funcionarios nacionales consultados, personas de las que difícilmente se puede pensar que sean libertinas, carentes de ética y promiscuas, que pretendan el matrimonio de homosexuales y promuevan el aborto, calificativos que los grupos opuestos al manual, a la cabeza de ellos ANPROVIDA, virtieron sobre ellas hasta conseguir que el manual fuera retirado.

En el debate sobre el manual la postura de Humberto Belli se decantó hacia un pensamiento ultraliberal: considera que el contenido del manual no es el problema, que el problema es que el Estado se arrogue el derecho de educar en valores que sólo la familia debe transmitir. Opina que el contenido del manual es del ámbito privado, del ámbito de los derechos civiles, y que es a padres y madres a quienes corresponde educar a sus hijos e hijas en sus propios valores, sin que el Estado tenga en esto ninguna responsabilidad que ejercer. Es una idea tal vez válida si estuviéramos viviendo en sociedades muy desarrolladas, donde la educación es masiva, la gente tiene sus propios criterios y es muy celosa de que el Estado se inmiscuya en su vida privada. Pero en Nicaragua, donde el Estado nunca estuvo presente en la educación para la vida, no deja de ser extraña esa posición en un ex-ministro de educación que hoy se pregunta por qué el Estado deba educar.

El manual ha sido la primera muestra de sensatez y responsabilidad del Estado ante un panorama tan dramático como el que existe en Nicaragua en cuanto a salud sexual y reproductiva. Sin embargo, cuando por fin vimos con esperanza al Estado dar este gran paso, aparecieron de nuevo sectores religiosos, católicos y evangélicos, opuestos a todo avance en este sentido. Grupos poderosos simbólicamente, que sin ningún respaldo legal o constitucional, lograron imponer sus puntos de vista.

Entre quienes se opusieron más beligerantemente al manual está la jerarquía católica y algunas personas al frente de algunos grupos católicos. A la cabeza, Élida de Solórzano, quien ha formado recientemente una ONG de mujeres llamada ANIMU (Asociación Nicaragüense de Mujeres). Desde 1993, ella ha participado, en representación del gobierno de Nicaragua, en todo el proceso de conferencias de la ONU sobre Población y Desarrollo, en todas sus etapas preparatorias y en todos los procesos de medición de resultados. Estuvo en el pre-Cairo (1993), en Nueva York (1994), en El Cairo (1994), en Cairo+5 en Nueva York y La Haya (1999), y con seguridad participará también cuando se haga la evaluación de los diez años de El Cairo en 2004. Lo hará ahora bajo la cobija del CONPES (Comisión Nacional de Planificación Económica y Social), donde ella y Humberto Belli tienen desde hace poco asientos como asesores de la Presidencia de la República en representación de la sociedad civil. También participó Élida de Solórzano, en representación del gobierno de Nicaragua -desplazando a ministras y ministros de salud, educación y planificación- en todas las etapas del proceso de conferencias de la ONU sobre las Mujeres: en pre-Beijing (1994), en Nueva York (1995), en Beijing (1995-1996), en Beijing+5 en Nueva York (2001), y ya estará lista para Beijing+10 en el 2006.

También se opuso con beligerancia al manual la ONG llamada ANPROVIDA, fundada por el médico Rafael Cabrera, quien logró notoriedad en 1995 cuando logró suspender la vacunación nacional contra el tétanos, declarando irresponsablemente y sin pruebas, que las vacunas contenían una sustancia que esterilizaba a las mujeres.
El Cardenal Obando recibió de él esa información y, alarmado, la hizo pública en su homilía dominical. La OPS, proveedora de la vacuna, logró que la administración federal de drogas de Estados Unidos, el ministerio de salud de México y otras instancias internacionales analizaran los frascos de vacunas.

Todas declararon que no contenía ninguna sustancia esterilizante. Sin embargo, Cabrera presentó al Cardenal un informe de laboratorio distorsionado por él mismo, y al final la Ministra de Salud tuvo que plegarse a las presiones suspendiendo la campaña de vacunación. Cuando la campaña pudo reactivarse, el mal ya estaba hecho.
Las campañas de vacunación efectivas, que eran la mejor cara que la salud pública de Nicaragua pudo mostrar en los años 90, como principal herencia y fortaleza que quedó del sistema de salud de los años 80, ya que el nivel de inmunización de la población nicaragüense llegó a hacer el más alto de América Latina, quedó gravemente afectada.

El Ministerio de Salud tuvo que reconocer que la polémica había causado un descenso grave en las vacunaciones, especialmente entre las mujeres, ya que algunos sacerdotes continuaban recomendando a las familias, especialmente rurales, que sólo vacunaran a los varones, por si acaso. Pero quienes mueren de tétanos con mayor frecuencia son las mujeres de zonas rurales, que fallecen durante el puerperio, cuando se les extrae la placenta sin suficiente asepsia.

¿Se puede decir que ANPROVIDA, que significa Asociación Nicaragüense por la Vida, está luchando por la vida?
Se opusieron al manual muy activamente, desde el lado evangélico, el pastor Roberto Rojas y su esposa, Elizabeth de Rojas, con liderazgo en las Asambleas de Dios, la denominación más numerosa en Nicaragua, quienes han conformado una llamada Alianza Evangélica, y quienes han afirmado en diversas ocasiones que “en los centros de mujeres se asesina a 37 mil niños anualmente”, cifra que toman del mismo documento de población y desarrollo elaborado durante el gobierno de doña Violeta, donde se lee que en Nicaragua ocurren cada año 37 mil abortos clandestinos, cifra bastante conservadora. La Universidad de León afirma que los abortos de alto riesgo son 80 mil.
Otro caso de violación al principio constitucional del Estado laico se puede apreciar en el Código Penal. El Código Penal que nos regía tiene 130 años de haber sido elaborado. Ha sido reformado en varias ocasiones y actualmente está en marcha la elaboración de un nuevo Código, aprobado ya en lo general, aunque falta la revisión y discusión artículo por artículo en la Asamblea Nacional. En el artículo 146 del nuevo Código Penal se mantiene vigente la legalidad del aborto terapéutico. Sin embargo, en el artículo 148 aparece una nueva figura legal que considero necesario explicar con detalle y retomando su historia.

En 1999, el Presidente de Argentina, Carlos Menem, estaba en el apogeo de sus relaciones con el Vaticano. Acababa de ser condecorado por el Vaticano con la Orden de San Gregorio Magno, la misma orden que recibirían Élida de Solórzano, Max Padilla -entonces Ministro de la Familia- y Vivian Pellas en el año 2001. Es una orden que el Vaticano otorga a laicos y laicas a quienes considera insignes defensores de los derechos humanos y especialmente, a militantes en contra del aborto.

En 1999, Carlos Menem era el cruzado más beligerante que tenía el Vaticano en el proceso de Cairo+5 -después de cinco años de la conferencia de El Cairo se revisó el documento original-. En este proceso de revisión, los grupos pro-vida intentaron modificar sustancialmente los avanzados acuerdos de El Cairo y Menem era el más activo de los presidentes latinoamericanos en contra de todos los contenidos de los derechos reproductivos y los derechos sexuales. Después de recibir la Orden, comenzó a establecer en su país un punto central en la agenda del Vaticano desde hace al menos diez años: otorgar derechos a los no nacidos. El objetivo es dar a los no nacidos el estatus de personas con derechos desde el mismo momento de la concepción, lo que plantea una contradicción evidente: las Constituciones de todos los países del mundo otorgan derechos sólo a las personas ya nacidas y estos “nuevos” derechos entrarían en contradicción con los derechos de muchas de ellas, especialmente de las mujeres.
Para establecer su agenda, el Vaticano se está valiendo del proceso de reforma del Estado impuesta por los organismos internacionales en América Latina para ajustar nuestros Estados al modelo neoliberal.

La reforma achica el Estado para convertirlo en un Estado “facilitador”, modificando para ello los cuerpos legales nacionales. En este proceso ha hallado el Vaticano una extraordinaria oportunidad para introducir en los países latinoamericanos cambios legislativos que otorguen derechos a los no nacidos. Una primera propuesta para avanzar esta agenda es simbólica: que los Estados establezcan el Día del No Nacido el 25 de marzo, fiesta litúrgica de la anunciación a María. El Presidente Menem instaló esta festividad en Argentina en 1999. Su compadre de andanzas Arnoldo Alemán -ya que ambos terminaron presos por gravísimos actos de corrupción-, también estableció en el año 2000 esta nueva festividad en Nicaragua.

No es sólo la festividad. En el nuevo Código Penal de Nicaragua aparece el artículo 148, titulado “de las lesiones en el que está por nacer”, que establece penas a los médicos que causen lesiones físicas o sicológicas al que está por nacer durante los nueve meses de la gestación. Las penas son cinco años de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta del ejercicio de la medicina y ocho años de cierre de la clínica o consultorio. Hasta el momento, la clase médica nicaragüense no ha reaccionado y parece no haber tomado conciencia de las graves consecuencias de este artículo. Es evidente también la contradicción existente en el cuerpo legislativo del nuevo Código, cuando el artículo 146 continúa autorizando el aborto terapéutico y dos artículos después se establecen penas por lesiones al que está por nacer. ¿Qué artículo va a prevalecer?

El artículo 148 -aún pendiente de aprobación- es otra expresión de la incursión religiosa en la legislación de un Estado laico. Algo similar está ya presente en el nuevo código penal de Colombia. Ya se instauró el día del no nacido en Bolivia, en República Dominicana, en Guatemala, en Costa Rica. Una agrupación de políticos nicaragüenses del Partido Conservador llamada ALCONES ha querido ir más lejos y propone reformar el artículo 23 de la Constitución, donde se establece que el Estado respeta “la vida” para añadirle “desde su concepción hasta su fin natural”.

Son sólo algunos ejemplos. El Estado de Nicaragua es laico, pero son muchos los funcionarios públicos y son poderosos los sectores de nuestra sociedad que no parecen estar dispuestos a respetar este principio constitucional. Tenemos, por esto, que continuar reflexionando y actuando para que en Nicaragua sean una realidad los principios del Estado laico. Estudiar, leer, documentarse, informarse es la mejor vía para aportar con nuestras opiniones a este debate. La gravedad de la situación de salud en el país, la vida de miles y miles de mujeres y de niñas, nos exige sumar voces católicas sensatas a este debate y a este esfuerzo.

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