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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 159 | Mayo 1995
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El Salvador

Gloria y miseria de los acuerdos de paz

Los salvadoreños esperaban mucho de la paz. Tres años después de los acuerdos, la decepción acecha por todos lados. Se empieza a entender que los espacios para la democracia abiertos por la paz sólo podrán mantenerse si aumenta en toda la sociedad la cultura de la participación.

Juan Hernández Pico, SJ

El 30 de abril concluyó la presencia de ONUSAL en El Salvador. Con la retirada de ONUSAL, concluyeron las labores de seguimiento al respeto a los derechos humanos, de asesoría legal a COPAZ para la elaboración de proyectos de ley, de apoyo a la formación de nuevas promociones de policías y a la investigación de casos de criminalidad y de irrespeto a los derechos humanos. Concluyó, especialmente, la intermediación entre los firmantes de los acuerdos de paz.

Naciones Unidas sigue estando presente todavía en el país hasta el 31 de octubre a través de MINUSAL, una pequeña oficina de verificación de los acuerdos. La transición a la democracia, etapa crucial en la historia del país, va a depender mucho más que antes de la voluntad política de los firmantes de los acuerdos. Y sobre todo, de cuánto esté dispuesta a reforzarla con su participación la mayoría del pueblo salvadoreño.

ONUSAL: una contribución innegable y decisiva

La partida de ONUSAL ha coincidido con negociaciones extremadamente difíciles para recalendarizar lo que falta por cumplir de los acuerdos de paz. El programa de asentamientos humanos esta empantanado antes de haber comenzado a enraizarse jurídicamente. El programa de transferencia de tierras, aquejado de cuantioso retraso. Lo mismo sucede con los programas de reinserción civil, entre ellos el de compensación a los lisiados de guerra. Volátil también el compromiso de la Policía Nacional Civil con un estilo de seguridad nacional respetuosa de los derechos humanos y garante de las libertades ciudadanas a la vez que eficaz en la defensa de las leyes. Frágil la estructura de la Procuraduría de Derechos Humanos cuando sobre ella va a pesar la vigilancia de su respeto. Aún inestable e incompleta la reforma de la administración de justicia, evadido el seguimiento de las pistas que ofrecía la Comisión de la Verdad y el Grupo Conjunto para desarticular a los escuadrones de la muerte. Y pendientes todavía las mejoras de logística y procedimientos a la ley electoral.

Desde que se firmaron los acuerdos de paz el 15 de enero de 1992 y aún antes, desde que en julio de 1990 se firmaron los correspondientes al respeto de los derechos humanos, los esfuerzos en pro de su cumplimiento han sido ingentes. La contribución de ONUSAL ha sido innegable. Destacable el hecho de que el proceso de acantonamiento y acuartelamiento de los beligerantes, así como el desarme del FMLN se realizara sin un solo rompimiento del cese del enfrentamiento armado. Y la enorme terquedad diplomática y agilidad para ayudar en los incontables estancamientos del ritmo del cumplimiento, sobre todo por el gobierno.

ONUSAL ha resultado decisiva. Con la asistencia dada a la formación académica de la PNC y la investigación persistente para exigir que no se militarizara ni se rompiera su balance, sobre todo a nivel de los cuadros superiores de mando. Con la asesoría proporcionada para la elaboración de proyectos de ley en las reformas pactadas al ordenamiento jurídico del país. Con el apoyo y seguimiento dado a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la participación en el Grupo Conjunto para investigar a los escuadrones de la muerte. Con su presencia en situaciones conflictivas para prevenir estallidos entre fuerzas sociales divergentes. Muchos otros aportes podrían señalarse.

Los fallos más fundamentales de ONUSAL se refieren a la presencia durante el período electoral uno de los más delicados de un débil director, el colombiano Augusto Ramírez Ocampo. En esa etapa, ONUSAL no fue capaz de ser más astuta que el Tribunal Supremo Electoral y descubrir a tiempo las deficiencias técnicas y los fraudes inherentes a ellas y al resto del sistema. Tampoco sus informes sobre el respeto o irrespeto a los derechos humanos fueron inequívocos. Desde el gobierno se le achaca a ONUSAL haber certificado con ingenuidad el carácter "desarmado" del FMLN, lo que desmintió el hallazgo de grandes buzones de armamento guerrillero.

Recalendarización

Los casi mil observadores que ONUSAL desplegó en 1992 se han convertido ahora en MINUSAL en 8 ejecutivos y unas pocas decenas de técnicos de apoyo. Al frente de MINUSAL sigue estando el diplomático venezolano Enrique Ter Horst, tercer director de ONUSAL y persona de cualidades excepcionales. La mayor pérdida en la transición de ONUSAL a MINUSAL no es cuantitativa. Lo que se ha perdido, sobre todo, es la continuidad en su cargo de algunos jefes de departamento, muy necesarios para la eficacia de la asesoría en los puntos pendientes de cumplimiento. El 3 de mayo se firmó en ceremonia solemne, con la presencia del Presidente de la República y de Ter Horst, la nueva calendarización para el cumplimiento de los acuerdos de paz, que será de nuevo revisada antes del 31 de octubre.

El Programa de Asentamientos Humanos la consolidación en sus actuales lugares de las "repoblaciones" causadas por repatriaciones de refugiados o reubicaciones de desplazados quedó aún pendiente de consenso. Parece evidente, sin embargo, que aglomeraciones de miles de personas, como la Ciudad Segundo Montes, por ejemplo, no pueden ser desalojadas sin arriesgarse al estallido de muy serios conflictos.

El Programa de Transferencia de Tierras no tiene ya problemas de financiación, pero está sometido a impredecibles incidencias. En el Banco de Tierras, con capacidad para obstaculizarlo, se encuentran atrincheradas algunas de las fuerzas menos flexibles y más radicales de ARENA.

La Policía Nacional Civil carece aún de una ley que reglamente su ley fundamental y en la conformación de esta ley se juega, entre otras cosas, el balance de la desmilitarización y del equilibrio de las fuerzas en los mandos superiores.

La Corte Suprema de Justicia lleva lentamente adelante una depuración de los jueces que a juicio de uno de los magistrados debe de extenderse al personal administrativo para que la impunidad pueda ser atacada frontalmente en conjunción con la capacidad investigadora de la policía.

La recalendarización ha dejado sin tocar la reactivación del Foro Económico Social, en parte porque la división en los liderazgos sindicales ha impedido la necesaria presión.

Encuestas: qué dicen

La "miseria" de los acuerdos reside, por desgracia, en que la opinión pública ve en ellos mayores fracasos que logros. El sondeo del IUDOP de la UCA, realizado entre el 28 de enero y el 5 de febrero, encontró que un 36.4% ve más fracasos que logros, un 33% más logros que fracasos y un 20.2% igual número de fracasos que de logros. Como logros sólo destaca para un 52.9% la paz como fin de la guerra, y esto tiende a ser realzado bastante más por los sectores altos que por los pobres (69% vs. 49%). Sólo un 13.5% de los encuestados ven realizados con los acuerdos otros logros: más respeto a los derechos humanos, desmilitarización, más empleo, más libertad, creación de la PNC.

A la hora de señalar fracasos concretos, un 27% enfatiza la delincuencia, es decir la persistencia de la violencia, un 22% el incumplimiento en general y un 8% la situación económica. Por lo demás, la mitad de la población siente que su situación no ha cambiado con los acuerdos de paz y la otra mitad está dividida en partes iguales entre los que sienten que les va mejor (24.3%) y los que sienten que les va peor (24.3%).

Casi un 42% percibe que después de los acuerdos de paz hay peores oportunidades de empleo, para un 32% las oportunidades son las mismas. Para los salvadoreños los principales problemas del país son la delincuencia (45.3%) y el mal camino que lleva la economía (casi 40%).

La gente esperaba mucho de la paz. Tres años después de los acuerdos, la decepción acecha por todos lados. La "gloria" de los acuerdos de paz, los espacios abiertos para la democracia, sólo puede consolidarse si aumenta la cultura de la participación. Si la lucha en la sociedad civil para hacer valer intereses mayoritarios no es vista como disolvente, subversiva o antisocial.
La mayoría de los salvadoreños de todos los sectores sociales opina que la causa de las huelgas y manifestaciones últimas está en la falta de cumplimiento de los acuerdos (35.3%), en la crisis económica (31.8%) o en la mala administración gubernamental (14.2%). Y casi dos tercios (el 62.8%) hace responsable de estos conflictos al gobierno.

Es posible que esté creciendo en El Salvador la conciencia de que la democratización sólo la podrá llevar adelante un pueblo activo social, cultural y políticamente. El rechazo generalizado a la represión contra los lisiados puede dar la razón a analistas como Héctor Dada, que enfatiza que "la democracia regalada es una dictadura encubierta", a la vez que señala el desafío que para los salvadoreños implica la salida del país de ONUSAL.

Pena de muerte

En este contexto hay que analizar la propuesta de la bancada parlamentaria de ARENA de reformar la Constitución para volver a introducir la pena de muerte. La delincuencia sigue siendo el problema más sentido por la opinión pública salvadoreña. En un sondeo de opinión pública de la Universidad Tecnológica de El Salvador, el 65% de la población se declara partidaria de la pena de muerte. Se trata de una reacción emocional frente a la persistencia de la violencia delincuencial. Sobre esa reacción se monta ARENA, pensando ya en las elecciones legislativas y municipales de 1997.

Para cualquier cambio constitucional se necesitan dos votaciones en la Asamblea Nacional en dos legislaturas consecutivas. La primera la que ahora tendría lugar necesita sólo de la mayoría absoluta de los 48 diputados (43 votos a favor). La segunda en la legislatura que comenzará el 1 de mayo de 1997 necesitará una mayoría cualificada de dos tercios (56 votos a favor).

El diario La Prensa Gráfica realizó el 20 de abril un sondeo entre los diputados. 82 de ellos respondieron. A la pregunta de si votarían por la pena de muerte, 44 (uno más de la mayoría absoluta necesaria) respondieron sí. De los 39 diputados de ARENA, 38 respondieron sí y 1 no. Los 14 diputados del FMLN, no. De los 8 diputados del Partido Renovación Social Cristiano en formación (separados del PCD), 1 respondió sí y 7 no. De los 6 diputados del PCN, 3 respondieron: 1 respondió sí, 1 no y el otro se abstuvo. El diputado de Convergencia respondió no y el diputado del Movimiento de Unidad (uno de los partidos evangélicos) respondió sí. 6 diputados de ARENA y uno del PDC respondieron además que la pena de muerte es suficiente para frenar la delincuencia, mientras que los otros 75 respondieron que no es suficiente para ello.

Suponiendo que ARENA ponga el tema a votación y gane la propuesta de modificación constitucional para introducir la pena de muerte y suponiendo que la delincuencia siga siendo el problema percibido como principal, no es difícil imaginar una campaña electoral a comienzos de 1997 centrada sobre la imagen de que a ARENA sí le interesa la seguridad de la población y al FMLN y a la oposición no. Y no se puede descartar que ARENA vuelva a ganar porque la desconfianza ninguna o poca hacia el gobierno (38.4% + 32.1%) es menor que la que los salvadoreños tienen hoy hacia los partidos políticos (ninguna 53.5% + poca 28%) y porque las campañas se hacen hoy por los medios de comunicación social masiva, en los que los salvadoreños tienen alguna (34.6%) o mucha (25%) confianza.

¿Matar al delincuente?

El Administrador Diocesano de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, mostró claramente su oposición a la pena de muerte y su gran preocupación por el surgimiento de grupos de "limpieza social" de delincuentes, como "La Sombra Negra", que se atribuye ya 18 muertes en la zona oriental del país desde enero y que ha amenazado con operativos de ejecución en colonias marginales de Santa Tecla y San Salvador.

La descarada afirmación de posesión de listas de supuestos delincuentes y el uso de armas de guerra en las ejecuciones apunta hacia el perfil típico de los escuadrones: acceso privilegiado a servicios de inteligencia y experiencia militar. La única forma realmente eficaz de combatir la delincuencia común es combatiendo el empobrecimiento de la población. La delincuencia organizada, producto del capital delincuencial en narcotráfico, trasiego de carros robados, dinero falso, etc., sólo puede combatirse con una policía y una administración de justicia lo más libre posible de corrupción. Y para combatir ambas formas de delincuencia, una mayor restricción en la tenencia legal de armas sería también un medio muy eficaz.

El Presidente de la Conferencia Episcopal y Obispo de Santa Ana, Monseñor Revelo, manifestó en una visita a la Asamblea Nacional su postura . "Como obispo dijo estoy en favor de la vida y completamente en contra de la pena de muerte. Creo que nadie en sus cinco sentidos puede pensar que la pena de muerte va a parar la delincuencia. En ninguna parte del mundo ha dado resultados positivos contra la delincuencia. Lo que debería procurarse es una reeducación, una promoción de los principios morales hacia la sociedad y un programa efectivo de rehabilitación para los delincuentes".

Los jesuitas publicaron un comunicado sobre la pena de muerte en la semana de Pascua. En él afirman que es "invirtiendo adecuadamente en prevención del delito, en sistemas de seguridad policial, en la reforma del sistema judicial y en el seguimiento y atención del joven delincuente" como se luchará eficazmente contra la delincuencia. "Acudir a la pena de muerte como solución de la delincuencia, sin haber cumplido los requisitos anteriormente expresados, es el equivalente a recurrir a los escuadrones de la muerte para luchar contra la subversión". Recordaron también que los cristianos somos seguidores de Jesús, un condenado a muerte injustamente y que nunca pidieron ni pedirán la pena de muerte para quienes dieron la orden de asesinar a sus hermanos, señalando que son algunos de los que en el pasado encubrieron aquellos asesinatos y los de "otras muchas personas inocentes" los que ahora apoyan la reimplantación de la pena de muerte.

Arzobispo: del Opus Dei

El 21 de abril se hizo público el nombramiento como Arzobispo de San Salvador del hasta ahora obispo auxiliar de Santa Ana y Vicario Castrense, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, miembro del Opus Dei. Nacido en España hace 63 años, naturalizado salvadoreño hace 30, el nuevo arzobispo hace historia. Ninguno de los anteriores había pertenecido a un Instituto Secular ni había nacido fuera de El Salvador.

La opinión pública salvadoreña considera con gran desconfianza a las instituciones políticas del país. Pero le otorga su confianza, además de a los medios de comunicación social masivos, a la Iglesia Católica. El recién nombrado nuevo arzobispo de San Salvador enfrentará el desafío de contribuir a mantener esta confianza. Para cualquiera que hubiera sido designado no habría sido fácil tal tarea, dado el prestigio de los anteriores arzobispos, en unatradición de más de medio siglo: Monseñor Chávez, Monseñor Romero, Monseñor Rivera. El júbilo de la ultraderecha salvadoreña reflejado en la páginas editoriales de "El Diario de Hoy" y las primeras declaraciones del nuevo arzobispo, plantean serias interrogantes a la continuidad de esta tradición.

Los tres últimos arzobispos Chávez, Romero y Rivera tuvieron que afrontar la renovación de la Iglesia en El Salvador en el espíritu del Vaticano II y de Medellín. Los tres experimentaron la dura reacción de no pocos miembros de la clase alta y del ejército cuando orientaron la pastoral arquidiocesana alrededor de la opción preferencial por los pobres. Los tres respondieron al reto de afrontar desde la fe la ruptura de la sociedad salvadoreña, fracturada por las crecientes diferencias entre los pocos cada vez más enriquecidos y los muchos cada vez más empobrecidos.

Romero y Rivera tuvieron además que vivir el drama del asesinato martirio de muchos agentes de pastoral en la Iglesia, incluidos sacerdotes y religiosas. No sólo estuvieron en el centro de los acontecimientos históricos, como es tradición de los arzobispos de estos pequeños países centroamericanos, sino que estuvieron en ese centro convocando a la unidad de la fe desde sus corazones, profundamente compasivos con las multitudes. Todos ellos fueron cercanos con sus colaboradores, accesibles, tolerantes y no obstante, exigentes con su ejemplo y su palabra de actitudes de santidad cristiana. El pueblo los quiso porque se comprometieron con él visitándolo en sus pobres cantones y barrios y haciéndose así dignos de confianza.

"No haré ningún giro"

Fernando Sáenz Lacalle se encuentra con esta tradición, aunque obviamente su estilo será propio y diferente. El nuevo arzobispo ha insistido en que sobre el país en su totalidad tendrá que expresarse la Conferencia Episcopal y no él, pero su primera semana de declaraciones ha sido en cierta manera la inevitable demostración de que no le será fácil pasar inadvertido. Inmediatamente después de su nombramiento fue invitado a los más escuchados programas de entrevistas diarias televisidas. Ante este primer plano nacional, en el que se le verá cada vez más, sus opiniones fueron destacadas por los medios de comunicación como contratantes con algunas de las de sus predecesores.

He aquí algunas de ellas. La pena de muerte "es problema de los legisladores, no se puede decir que todos los países que tienen la pena de muerte estén violando los derechos humanos". "Me declaro incompetente para tratar estos asuntos (los políticos). Los graves problemas políticos tienen su proyección religiosa. En este caso sí me declaro competente." "Hay muchísimos católicos y cada católico tiene derecho a ser político. Pero a la estructura eclesiástica no le toca hacer política ni mucho menos. Entonces, yo estoy como pastor de la Arquidiócesis con los brazos abiertos para todos los políticos de todos los partidos." "El cristianismo es una teología de la liberación. En una sociedad en que todo el mundo cumple los 10 mandamientos entonces no hay injusticia, hay solidaridad y por lo tanto, se resuelven todos los problemas. Esa es la verdadera teología de la liberación engranada por Jesucristo Nuestro Señor. Se extendió hace unos años la falsa teoría de la liberación, que resulta ser una relectura del evangelio en clave marxista con recurso a la violencia." "Los pobres son todos los necesitados y sobre todo los pecadores, los que más necesidad tienen de salvación".

El nuevo arzobispo de San Salvador afirmó también: "No estoy fomentando ningún giro, sino más bien continuaré con la tarea que Monseñor Rivera ha emprendido. Hace falta seguir adelante con la diócesis organizada por Monseñor Rivera".

La iglesia de San Salvador y el país entero, especialmente sus grandes mayorías empobrecidas, son el difícil reto que el nuevo arzobispo tiene en sus manos.

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