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  Número 254 | Mayo 2003
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Honduras

Pandilleros: ¿limpieza social en las cárceles?

La carnicería humana en el penal El Porvenir y otros asesinatos en serie de jóvenes mareros permiten sospechar de una campaña nacional de “limpieza social” impulsada por sectores empresariales con la tolerancia o la complicidad de autoridades del gobierno.

Ismael Moreno, SJ

El 5 de abril en la mañana la granja penal El Porvenir, ubicada en la norteña ciudad de La Ceiba se convirtió en una carnicería humana. En menos de una hora 69 muertos y 39 heridos yacían ensangrentados en las instalaciones carcelarias. Sesenta y uno de los muertos eran jóvenes de la Mara 18, cinco eran reos comunes no pertenecientes a maras y tres eran mujeres que visitaban a sus presos, una de ellas menor de edad. La versión oficial preliminar informó que se trató de una batalla campal entre mareros (pandilleros) y policías guardianes. Sin embargo, no hubo ni un solo policía muerto, ni siquiera uno herido. Al menos la mitad de los cadáveres de los mareros estaban completamente carbonizados. Todos los heridos eran también pandilleros.

Horas después llegó al lugar el Presidente de la República, Ricardo Maduro, asegurando que “por primera vez” se haría una investigación exhaustiva y se haría caer todo el peso de la ley sobre los responsables de la masacre. De inmediato, nombró una comisión investigadora que más de un mes después de los sucesos seguía en “plena investigación” sin encontrar aún ninguna señal que apuntara a identificar a los responsables.

UN CONFUSO CAOS CON RESULTADOS DANTESCOS

De acuerdo a los medios masivos de comunicación la matanza fue el resultado de un enfrentamiento entre mareros y otros internos del penal. La versión oficial da cuenta que “Boris”, líder de los mareros, inició la trifulca tras reclamarle a otro interno, no marero, Edgardo Coca, por ser responsable del desarme que dos días antes había efectuado la seguridad del presidio con ayuda de agentes de la policía.

En ese operativo de desarme, les habrían decomisado a los mareros diversos tipos de armas y en castigo los habían confinado a dos celdas. Una vez concluido el castigo, “Boris” y los suyos reclamaron a Coca, discusión que culminó con el asesinato del jefe de disciplina, José Alberto Almendárez, quedando Coca gravemente herido. Según la misma versión oficial, los pandilleros utilizaron todo tipo de armas, y una vez realizado el “desquite”, prendieron fuego al penal sacando todas las armas que poseían y disparando. Ante esto, los internos de seguridad -“rondines” según el argot presidiario- tuvieron que responder. Al término de este caos, el espectáculo que apareció ante los ojos de los hondureños resultaba dantesco: decenas de cuerpos calcinados, otros descuartizados, piernas, brazos y dientes esparcidos a todo lo largo del presidio.

“NOS QUEREMOS REHABILITAR, DÉNNOS UNA OPORTUNIDAD”

Habla un sobreviviente: “Salimos de la celda rendidos, con las manos en la cabeza, y los policías nos fusilaron”. Se llama Enrique e integra la Mara 18. Habla desde el hospital de La Ceiba, fuertemente resguardado.


“Nos rendimos -afirma- y ellos, los policías, comenzaron a hacer eso. Nosotros caímos heridos, y ellos continuaron disparando. No hay nada de cierto en lo que dicen en los periódicos. Yo se que cada quien va a responder de sus verdades y sus mentiras ante Dios”. Según su relato: “Yo estaba en la cancha de básquet cuando comenzó el problema entre nuestros líderes y los rondines. Ahí sonaron los primeros disparos, en la celda quince, que servía de oficina a los internos. Es cierto: Boris y otros cheros hirieron al jefe de los presos y mataron al jefe de disciplina. Cuando apareció la policía todo mundo se fue a las celdas, y el muerto y el herido quedaron tirados en el piso. Vinieron los policías y comenzaron a disparar sobre nosotros. Y ellos mismos, con ayuda de los internos le metieron fuego a la celda en donde estaban más de cuarenta de los nuestros. Por suerte yo no estaba en esas celdas y sólo recibí este balazo que me tiene quebrado
el brazo”.

De acuerdo al relato de este sobreviviente, los mareros corrían de un lado para otro, y por todos lados les disparaban. Se concluye, a partir de su versión, que existía la decisión policial de exterminar a todos los mareros y que los internos no mareros tomaron machetes y cuchillos y con el visto bueno de la policía destazaron a los mareros dentro de la celda. Todas las armas usadas ya estaban dentro del recinto penitenciario, y tanto las armas de los mareros como las de los otros internos ingresaron al penal por un proceso de corrupción en el que participaron la policía y los responsables inmediatos del penal.

“Yo le digo a la sociedad y al gobierno -clama el sobreviviente- que nos queremos rehabilitar, que nos den una oportunidad. Hemos querido cambiar, pero lastimosamente no nos apoyan en este país, nadie nos da trabajo si nos ven tatuados.

Nosotros tenemos derecho a un trabajo, a una casa, a ropa, a un carro, pero nadie nos apoya. Se olvidan que también tenemos familia, hijos que alimentar. Pero nos toman como si no fuéramos de la sociedad y hay gente que hasta paga porque nos anden matando por ahí, y así esto nunca va a terminar. Nosotros no sólo estamos hechos de violencia. Y ya la queremos parar. Por favor, queremos una oportunidad de parte de ustedes, de la sociedad, del Presidente o de quien sea”.

DATOS QUE ASUSTAN: UN EXTERMINIO “OFICIALIZADO”

Lo sucedido en la granja penal El Porvenir es un hecho particularmente trágico. Pero no ha sido el único ni debe verse como un caso aislado o puntual ni previsiblemente será ni el último ni el más pavoroso en la lista de los horrores. Unos días antes de este hecho, siete mareros aparecieron “misteriosamente” muertos en el penal de San Pedro Sula. Todas estas muertes deben inscribirse en una campaña de “limpieza social” que se ha extendido a las cárceles del país, en donde el Estado tiene total responsabilidad como garante de los derechos de las personas que allí están sin libertad y bajo su custodia. Las ejecuciones de menores pandilleros, vinculadas a estructuras de la policía hondureña, se expresó de manera espantosa en la masacre del 5 de abril, y forma parte de una campaña más amplia que abarca las cárceles, las calles y los barrios marginales en donde se concentra la población juvenil más empobrecida y violenta.

Los datos asustan. En 1998 se documentaron 97 casos de ejecuciones extrajudiciales vinculadas a estructuras estatales. En 1999 fueron 277. En el año 2000 las ejecuciones fueron 207. En 2001 llegaron a 430. En 2002, la cifra alcanzó las 556. Sin duda alguna, los datos apuntan a una política de Estado en contubernio con poderosos grupos empresariales. Se ha “oficializado” el “exterminio” de un grupo específico de la sociedad: los mareros.

Este exterminio se desarrolla en calles y barrios de las ciudades, y al extenderse a las cárceles agrava en extremo la problemática de un sistema penitenciario que ya venía constituyendo una peligrosa bomba de tiempo.

EPISODIOS TRÁGICOS EN SERIE

En la historia de la violencia intracarcelaria en Honduras ha habido ya varios episodios trágicos: incendios que arrasaron los penales de Santa Bárbara y Copán en el occidente del país, y acabaron parcialmente con el de Trujillo en el Atlántico; motines en la oriental ciudad de Danlí y en Olanchito (departamento de Yoro); intentos de rebelión en Tela y Gracias a Dios, en el Atlántico. El 12 de noviembre de 1999 murieron 11 personas y 31 resultaron heridas en incidentes ocurridos en el centro penal de San Pedro Sula. También se produjeron hechos similares a finales de 1998 en Tegucigalpa, y en marzo 2000 en San Pedro Sula. El 21 de marzo de 2003 siete pandilleros de la MS fueron encontrados muertos en dos celdas del penal sampedrano.

No hay duda que la violación más dura y cruda de los derechos humanos se expresa a plenitud en el sistema penitenciario de Honduras. Motines, violaciones sexuales, asesinatos, suicidios y drogadicción abundan en las deterioradas instalaciones del sistema penitenciario, donde la ausencia de una recta aplicación de la justicia convierte las cárceles en hacinados centros de deformación social, bombas de violencia que amenazan con estallar a diario, como en efecto viene sucediendo desde hace años hasta llegar a la masacre en El Porvenir, y como seguirá sucediendo irremediablemente si no se producen transformaciones que son urgentes.

HACINAMIENTO: MASIVA VIOLACIÓN DE DERECHOS

No es cierto que esta problemática en las cárceles sea exclusiva de Honduras en el ámbito centroamericano. Pero sí es cierto que en Honduras ha adquirido perfiles mortales más evidentes. Las cárceles centroamericanas albergan a unos 200 mil presos. Más de 12 mil están en las cárceles hondureñas. En su mayoría, más de 9 mil, son presos sin juicio y sin condena.

En Centroamérica, Honduras está a la cabeza en cuanto a presos sin condena y en cuanto a índices de hacinamiento en las cárceles. Se estima que donde se construyeron instalaciones para albergar a cinco reos, las autoridades mantienen encerrados a treinta y hasta a cincuenta. En los 24 centros penales, construidos para 218 presos cada uno, se concentra un promedio de 462.

La granja penal El Porvenir fue construida para 240 reos. El día de la masacre había allí 571. El hacinamiento contribuye significativamente a que las cárceles hondureñas sean escuelas reproductoras de violencia, en las que mientras muchos se gradúan en el perfeccionamiento del delito, otros esperan su libertad en una absurda y prolongada espera que sólo intensifica sus traumas. A propósito del hacinamiento en las cárceles, Leo Valladares, quien fuera Comisionado de los Derechos Humanos, ha definido así la situación: “Podemos aseverar, sin temor a la exageración, que estamos ante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos de la población interna”.

REFORMAS SÓLO COSMÉTICAS

Los más de 9 mil presos sin sentencia encerrados en cárceles expresan la incapacidad del sistema judicial nacional. El propio Presidente Maduro declaró que la justicia en Honduras adolece de “una preocupante mora”, que va más allá de una simple retardación en la decisión de los casos sometidos a su conocimiento, y que esta situación anula los derechos constitucionales de los encausados.

No sólo hay retraso en la aplicación de la justicia. Se trata también de un poder judicial politizado, y por tanto corrupto, que se pliega a los intereses de los que concentran el poder político y económico del país. Esto no permite garantizar procesos transparentes, sin dilaciones, imparciales e independientes. En este contexto, muchos defensores públicos se han convertido en simples tramitadores de fianzas, no informan a los detenidos sobre sus casos, y han desatendido la Ley del Reo sin Condena y otros instrumentos de protección para las personas privadas de libertad.

En el terreno de los hechos ha quedado en evidencia que las reformas judiciales realizadas en los últimos años han resultado insuficientes y no han pasado de ser retoques paliativos y cosméticos que maquillan un problema que es sistémico. Ninguna reforma ha logrado hasta ahora cambios profundos que incidan en las condiciones infrahumanas en las que viven miles de personas privadas de libertad. La Ley del Reo sin Condena se ha aplicado de manera tardía, las Juntas de Cooperación y Control de Centros penitenciarios no han funcionado, y el traslado y manejo de los centros penales desde la Secretaría de Gobernación y Justicia a la Secretaría de Seguridad no ha significado ningún avance que garantice a los internos el respeto a sus derechos humanos.

UN CLIMA DE VIOLENCIA QUE GENERA VIOLENCIA

Otro grave problema en las cárceles hondureñas es la violencia que domina en ellas. Es un dato visible. El actual sistema carcelario es un sistema violento, que educa para la violencia y que se nutre de la violencia. Ejerce violencia y acumula violencia. En las cárceles se condensa la violencia de la sociedad.

Esta violencia no es sólo consecuencia del hacinamiento. También lo es de la falta de voluntad política para aplicar efectivamente la Ley de Rehabilitación del Delincuente y su reglamento. Es fruto del retardo de la justicia, de la corrupción vinculada al tráfico de armas y de drogas, y de la inexistencia de programas educativos y recreativos que colaboren a la rehabilitación y a la readaptación en una vida post-carcelaria. El hecho de que miles de personas vivan hacinadas y en condiciones tan lamentables es una más de las formas de tratamiento cruel, inhumano y degradante, en el que se expresa la violación a derechos humanos establecidos en normas internacionales reconocidas y ratificadas por el Estado hondureño.

La corrupción que impera en los centros penales del país es un factor que genera mucha violencia. En el operativo realizado antes de la masacre de El Porvenir se decomisaron cuarenta y dos puñales y cuatro machetes. Durante el sangriento motín, algunos internos portaban armas de fuego de diverso calibre y una granada. Está clara la responsabilidad de las autoridades del centro penal en el tráfico de armas al interior de la cárcel. ¿Cómo creer las afirmaciones de personeros del gobierno en el sentido de que las autoridades del centro no conocían ni tenían siquiera indicios del movimiento de armas y drogas dentro de la granja penal? ¿No resulta especialmente llamativo que el operativo de desarme estuviera dirigido exclusivamente a desarmar a todos los miembros de la Mara 18, sesenta y uno de los cuales murieron en la matanza?

VIOLENCIA EN LAS CÁRCELES: VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD

La violencia en las cárceles refleja la violencia en la sociedad. A las cárceles van a parar aquellos sobre quienes la sociedad ejerce a dario violencia económica, política y cultural. La pobreza, que afecta a un altísimo porcentaje de la población hondureña, la inoperancia y falta de confianza en el sistema judicial y en la policía, han ido dejando una densa estela de inseguridad en el país.

Los grandes medios de comunicación manejan consignas para “interpretar” la violencia y la inseguridad que reinan en la sociedad: responsabilizan de todo esto a las maras, a las pandillas. Y les sobran percepciones para alimentar sus argumentos. Sin embargo, las estadísticas no los respaldan: la delincuencia juvenil apenas significa el 5% de todas las infracciones, crímenes y delitos cometidos en el país.

Según el informe de enero 2002 del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, dos terceras partes de todos los menores muertos de manera violenta en el país ni pertenecían a pandillas ni tenían antecedentes de infracción de leyes. El informe sugiere que su asesinato se produjo al ser identificados por su vestimenta y apariencia como miembros de maras. Resulta difícil no sospechar que tantos asesinatos en serie no formen parte de una campaña nacional de “limpieza social” impulsada por diversos sectores de la sociedad hondureña, con el respaldo de algún sector empresarial y con la complicidad -o la tolerancia- de autoridades gubernamentales.

Los horrendos sucesos de la granja penal El Porvenir muestran que esta campaña de limpieza social se ha extendido a las cárceles, lo que permite concluir que la violencia juvenil y los asesinatos en serie, en lugar de disminuir con la política de Cero Tolerancia proclamada por el Presidente Maduro, se ha agudizado, incrementando el estado de espanto en toda la sociedad. Ante estos hechos, suena hoy como broma de mal gusto el compromiso hecho por Maduro cuando era candidato presidencial: “La inseguridad deberá ser combatida con acciones que creen una cultura de respeto a la ley, de paz y de no violencia, de respeto a la vida y a los derechos de los demás, de tolerancia de las diferencias y creencias que no transgredan la moral, la ética, las buenas costumbres y el orden público”.

Las ejecuciones extrajudiciales siguen en la impunidad. Y todo apunta a una impunidad permanente. No existen investigaciones efectivas, es evidente el retardo en los procesos judiciales y son notables los entorpecimientos al ponerse éstos en marcha. Tantas arbitrariedades han llamado la atención internacional y Naciones Unidas envió a Honduras a una relatora especial para que analizara el tema de las ejecuciones extrajudiciales y el de las ejecuciones sumarias o arbitrarias. En su informe, constató la violación sistemática del derecho a la vida de miles de niñas, niños y adolescentes hondureños.

¿Y LAS MUJERES PRESAS?

Siendo las mujeres sólo un 2% del total de la población carcelaria, en ellas se expresa con crudeza la discriminación y el abuso de los que son objeto todas las mujeres en la sociedad hondureña. Las mujeres presas son víctimas de una triple discriminación: la que se deriva de su condición de mujeres, la que les impone su situación de encierro, y la que sufren todas las personas pobres y excluidas sobre las que el sistema penal lanza todo su odio.

Esta triple discriminación la sienten las mujeres prisioneras de varias formas: en la gravidez, en la crianza de sus hijos, en el derecho a la patria potestad, en las violaciones sexuales que sufren en la cárcel, en el abandono familiar. En muchos casos, las mujeres en prisión son chantajeadas por funcionarios penitenciarios que les ofrecen algunas “prebendas” a cambio de favores sexuales. El trato es especialmente indigno para el cuerpo de las mujeres cuando en las cárceles se realizan operativos en busca de armas o drogas.

La legislación penitenciaria establece que en prisión las mujeres deben permanecer separadas de los hombres
y vigiladas por personal femenino. Sin embargo, las cárceles hondureñas pasan por alto la ley y las mujeres se ven abandonadas a suerte, responsables, a su cuenta y riesgo, de su sobrevivencia personal, incluso cuando necesitan de cuidados especiales antes, durante y después del parto.

¿PAPELES MOJADOS?

Honduras es signataria de tratados internacionales que defienden los derechos humanos, legislaciones que incluyen una extensa y detallada normativa para la protección de las personas privadas de su libertad. Lo que viene ocurriendo, y que culminó en la masacre en la granja penal de El Porvenir, demuestra que el Estado no está interesado en cumplir los compromisos que ha asumido internacionalmente.

Aunque la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha dicho que el hacinamiento en El Porvenir “no fue el problema toral de la matanza”, no hay duda de que mientras no se reduzca la población carcelaria jamás se podrá iniciar un proceso para la disminución de la violencia y para garantizar un mínimo respeto a los derechos humanos de los encarcelados. Lo grave es que no resulta previsible que disminuya el número de los potenciales encarcelables. Las leyes vigentes se encaminan a penalizar casi todo y a aumentar drásticamente las penas.

El retardo de justicia, el aumento de las penas, la legalización de la cadena perpetua, así como la reducción de los beneficios a los reclusos, son factores que contribuyen al hacinamiento, a la insalubridad y a la violencia existente en el sistema carcelario del país.

Si la legislación establece que se garantiza a los reos un juicio sin dilaciones como expresión de su derecho a la libertad, de la presunción de su inocencia y de su derecho a la defensa, queda claro que el Estado hondureño es responsable de violar sistemáticamente los derechos básicos de las personas detenidas cuando casi el 90% de la población carcelaria no ha recibido sentencia.

En los tratados internacionales de los que el Estado hondureño es signatario se establece que las personas presas no pueden ser sometidas a penurias o restricciones que no sean las que resulten de la privación de su libertad.
El trato a los reos no debe agravar el sufrimiento inherente a la privación de su libertad y el sistema penitenciario debe velar para que se reduzcan al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. Por tanto, el Estado hondureño es responsable internacionalmente por no ofrecer a las personas privadas de libertad condiciones mínimas que les permitan purgar su pena en las condiciones de dignidad a las que tienen derecho como seres humanos.

¿CUÁNTAS TRAGEDIAS MÁS?

Quien visite las cárceles hondureñas podrá observar al primer golpe de vista el deterioro físico de los centros, el clima de violencia latente, la casi nula atención médica, la carencia de programas de capacitación y de re-educación y la absoluta falta de espacios de recreación. Como si las cárceles fueran un dispositivo a la espera pasiva de motines, incendios y asesinatos masivos. Son urgentes las transformaciones en el sistema carcelario hondureño y en el sistema de justicia del país. ¿Tendrán que multiplicarse tragedias como las de El Porvenir para que la sociedad y las autoridades vuelvan su mirada a las cárceles y a los encarcelados?

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