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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 158 | Abril 1995
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Honduras

Los generales en sus laberintos

Desmilitarizar Honduras será un proceso muy largo y complicado. Pero está en marcha. A pesar de muchos altibajos ya no es recto ni ancho el camino de los militares.

Mario Posas

El 6 de abril de 1995, los diputados hondureños derogaron el servicio militar obligatorio y establecieron un servicio militar voluntario y educativo. La sociedad civil aplaudió. El ejército había convertido el servicio militar obligatorio en una verdadera cacería de los muchachos de las familias más pobres, que después eran tratados despótica y brutalmente en las barracas de los reclutas.

Servicio militar voluntario y educativo

La aprobación del servicio militar voluntario y educativo se dio en el marco de una creciente presión de estudiantes y otros sectores sociales. Una huelga de hambre de casi dos semanas de un grupo de mujeres que formaron un Comité Cívico Cristiano y Popular fue el punto de arranque de estas presiones. El ayuno concluyó cuando se anunció la aprobación del servicio militar voluntario y educativo, modalidad que había sido una de las más importantes promesas de la campaña electoral del Presidente Reina. Los diputados del opositor Partido Nacional decidieron finalmente apoyar la fórmula por el alto costo político que estaban pagando por oponerse a su institucionalización.

El anuncio de que en marzo sería introducida en el Congreso Nacional la iniciativa de ley, orientada a ratificar este nuevo servicio militar, puso en evidencia las contradicciones acumuladas sobre este candente tema. Los militares aprovecharon el anuncio para sentar su posición. El General Lázaro Avila, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, declaró que la institución castrense se ponía abiertamente a la ratificación de este servicio por razones de seguridad nacional. Argumentó que si no se les ofrecía un buen salario a los soldados que se incorporaran a los cuarteles, "no habrá quienes quieran enlistarse y, en consecuencia, si no hay gente para engrosar las filas de las Fuerzas Armadas, la existencia de éstas se pone en precario y si no hay Fuerzas Armadas, no habrá seguridad para la defensa de la soberanía y la integridad territorial y no habrá seguridad para la ciudadanía". Detrás de esta posición, está el temor del alto mando a que, en la práctica, esta novedosa medida se convierta en un mecanismo para la reducción de los efectivos del ejército hondureño a la que, naturalmente, también se oponen.

Ramos: un "camaleón"

Teniendo en cuenta los nuevos tiempos y para evitar ser acusado de desacato ante las instituciones representativas del poder civil, el General Avila puntualizó: "Si el Congreso Nacional decide ratificar esas reformas constitucionales las acataremos, pero debemos dejar constancia histórica de nuestra oposición". El General Luis Alonso Discua Elvir, Jefe de las Fuerzas Armadas, y el Coronel Mario Hung Pacheco, Comandante General del ejército, expresaron también su oposición.

Los militares presentaron una alternativa: el llamado a filas mediante sorteo. Así lo experimentaron en noviembre/94. Este mecanismo del azar pretende corregir el sesgo clasista que ha tenido tradicionalmente el servicio militar obligatorio, que ha excluido en forma sistemática y calculada a los "hijos de papá". Sobre varios cientos de jóvenes que en la primera experiencia de noviembre hicieron caso omiso a ser reclutados por esta vía, pende hoy en día una orden de captura.

Haciéndose eco de la abierta oposición del alto mando castrense, Oswaldo Ramos Soto, Presidente del Comité Central del Partido Nacional y candidato a Presidente en las últimas elecciones, se declaró también en contra del servicio militar voluntario y educativo y a favor del servicio militar obligatorio, olvidándose de sus promesas electorales. En uno de los anuncios televisivos más vistos y propagandizados durante su campaña, Ramos Soto le prometía a su hijo Oswaldo José que eliminaría el servicio militar obligatorio.

¿Qué argumentos dio para su viraje? Que cuando propuso la eliminación de la obligatoriedad del servicio no había reflexionado suficientemente sobre el impacto que tendría esa medida en la reducción del número de efectivos de las fuerzas armadas. "El voluntarismo en esta obligación ciudadana dijo , no sólo pone en peligro la existencia de la institución armada sino la del Estado hondureño como tal". La posición de Ramos Soto desató una verdadera tormenta política al interior de su partido, tormenta agigantada por el intenso debate pre electoral de los nacionales y por los cuestionamientos que se hacen al liderazgo de Ramos Soto. Correligionarios de Ramos Soto en el Congreso se declararon en rebeldía, mientras otros lo acusaban de ser un "camaleón" político que desacreditaba al partido.

El 8 de marzo una Comisión especial creada por el Partido Nacional recomendaba a sus 55 diputados en el Congreso que votaran a favor del servicio militar voluntario y educativo siempre y cuando se garantizase un número determinado de tropa en las filas las Fuerzas Armadas, "que no podrá ser inferior al balance de las existentes en las otras repúblicas centroamericanas". También, a cambio de que se aprobase un aumento de 120 millones de lempiras en el presupuesto de las fuerzas armadas, para poder asignar a los reclutas un salario igual al salario mínimo (unos 750 lempiras mensuales). Un recluta recibe actualmente sólo 50 lempiras.

Dando y dando

Se dice que este giro de los nacionales fue resultado de una negociación secreta con el gobierno que, a cambio, se comprometió a eliminar la comisión contra la corrupción, que tantos dolores de cabeza le ha causado al ex Presidente Callejas y a altos funcionarios del anterior gobierno, del Partido Nacional.

Al actual gobierno le pareció favorable el trueque. Mantenía una de sus promesas electorales, pero a cambio de renunciar a otra: la pregonada revolución moral. A la sociedad hondureña no le pareció tan bien la negociación.

El tema del salario mínimo para los reclutas dio lugar también a acalorados debates. El Presidente Reina es partidario de aumentar el presupuesto de las fuerzas armadas en la cantidad señalada en la propuesta. Pero Juan Ferrera, Ministro de Hacienda del Partido Nacional , rechaza este incremento, afirmando que prefiere renunciar a su cargo si la aprobación de la nueva modalidad de servicio militar implica aprobar nuevos impuestos para el pueblo. Señala Ferrera que la racionalización en los gastos de las fuerzas armadas, reduciendo la oficialidad y el número de los efectivos del ejército, es el mejor camino para garantizar un salario mínimo a los reclutas. La propuesta de Eduardo Facussé, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria, fue reducir a la mitad el número de diputados del Congreso Nacional para ampliar así el presupuesto de las fuerzas armadas.

A manos de civiles

La ratificación del servicio militar voluntario y educativo forma parte del proceso de creciente subordinación del poder militar al poder civil y de la desmilitarización del Estado hondureño. Medidas en actual proceso legal de este mismo proceso son la transferencia a manos civiles de la policía y de la marina mercante.

Desde el golpe de Estado de octubre de 1963, que derribó al liberal Ramón Villeda Morales, la policía hondureña ha estado en manos de los militares. La transferencia de la marina mercante de manos militares a manos civiles es ya un hecho consumado. Para dirigir la nueva marina mercante fue nombrado Rafael González, abogado del bufete de la familia del Presidente Reina, que ha prometido mejorar sustancialmente las recaudaciones que el Estado percibe por abanderar barcos extranjeros, hecho habitual y que ha sido denunciado repetidamente como una de las fuentes de enriquecimiento ilícito de militares y civiles que se asocian para este "rentable" negocio.

Las acciones que van en la dirección de subordinar el poder militar al poder civil recibieron un claro espaldarazo del Presidente del gobierno español Felipe González. En su discurso ante el Congreso hondureño el 15 de febrero fue enfático al sostener que "en las naciones democráticas el estamento militar debe estar sujeto al poder civil". "Honduras afirmó lo ha entendido así y ha puesto manos a la obra".

Militares millonarios

El 22 de julio de 1994 trascendió a los medios de comunicación del país una carta pública enviada al Presidente de la República por un grupo anónimo de oficiales y soldados que ponían en evidencia las dimensiones de la fortuna personal del general Héctor Castro, ex Jefe de la Fuerza Aerea Hondureña (FAH).

Entre las fuentes que alimentaron esa fortuna se mencionó el tráfico de armas y el de drogas, el desvío de fondos de la ayuda militar norteamericana y el cobro de cheques de oficiales, técnicos y soldados dados de baja. La denuncia ampliamente difundida en los medios fue descalificada por ser un libelo anónimo y no dio lugar a ningún tipo de investigación, ni del Fiscal General ni de ningún otro de los órganos contralores del Estado. Aunque las instituciones la ignoraron, la opinión pública se manifestó ávida por conocer lo que un periodista llamó el "estilo de vida monárquico" de los militares de alta graduación.

El 14 de marzo, Honduras se vio sorprendida por una nueva denuncia contra los militares. La fortuna que se denunciaba ahora era la del General Luis Alonso Discua, actual Jefe de las Fuerzas Armadas. En una extensa carta pública se daba cuenta de la fortuna personal del General y de las fuentes con las que la habría amasado. Sólo Radio América y el diario Tiempo de San Pedro Sula difundieron la carta, aunque parece haber sido enviada a otros medios de comunicación. Radio América y Tiempo tienen una bien ganada reputación de objetividad y criterio. La carta que ponía en la picota al General Discua Elvir la firmaba un oficial retirado cuyo nombre y clave según declaró el alto mando militar no existe en los registros de la institución castrense.

Lo saben administrar

La carta habla de una fortuna personal de unos 30 millones de lempiras. Discua sería propietario de un condominio en Washington, de un apartamento en Miami, de varias residencias millonarias en Tegucigalpa y alrededores, de un lujoso edificio de apartamentos también en Tegucigalpa y de cuentas en dólares en Miami, Washington y las Bahamas.

Toda esta fortuna habría sido acumulada durante los 6 años en que el General Discua Elvir ha estado al frente de las fuerzas armadas, pues al asumir el cargo apenas tenía "una modesta casa de clase media en una colonia denominada Los Robles". Entre las principales fuentes de esta fortuna se mencionan variados pagos en forma de comisiones que le serían transferidas al General por la compra de equipos y de servicios que brindan instituciones estatales que están bajo jurisdicción militar. La carta también hace referencia al General Lázaro Avila y al coronel Héctor Fonseca.

El carácter anónimo sirvió de coartada para descalificar la información y al igual que en el caso anterior no se espera que dé lugar a ninguna investigación. En cualquier caso, y sea cual sea el origen de estas denuncias, los que las han elaborado parecen estar muy bien informados. Hablando a nombre del sector popular organizado, Juan Almendarez, Presidente del Comité Coordinador de Organizaciones Populares, sostuvo que "la denuncia tiene suficientes elementos para que el gobierno proceda de oficio contra el jefe militar". Y hablando a nombre de los militares, el Coronel Hung Pacheco, Comandante del ejército, consideró la denuncia como parte de "una campaña de difamación", justificando al General Discua, del que dijo "siempre ha contado con un patrimonio que ha sabido administrar". La justificación de Hung intentó abarcar a más colegas: los miembros del alto mando castrense afirmó han tenido la capacidad de "buscar siempre la forma en que se puede invertir el dinero que uno tiene en negocios que obviamente les dan ganancias, no dedicándose a parrandear toda la vida".

Por la concertación

En marzo/93, el Presidente Callejas nombró una comisión ad hoc encargada de sugerir al gobierno un conjunto de medidas orientadas a determinar qué hacer con la corrupta Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), con los cuerpos de policía y con el poder judicial, a fin de garantizar la seguridad ciudadana y la efectiva aplicación de la ley.

Para realizar esta labor, se le dio a esa comisión integrada por representantes estatales y de la sociedad civil un plazo de 30 días. El informe hecho público por la comisión puso las bases para la disolución de la DNI, para la creación del Ministerio Público y para el eventual traslado de la policía de manos militares a manos civiles. El informe contenía también recomendaciones pendientes aún de aplicación para eliminar el sectarismo político y la corrupción del poder judicial. El 6 de marzo, el Presidente Reina juramentó a los miembros de la revivida comisión ad hoc, encargándole la responsabilidad de producir, en un plazo de 60 días, recomendaciones orientadas a contener la espiral de delincuencia y violencia social en que vive el país. También deben elaborar otras recomendaciones para mejorar el sistema penitenciario y crear las bases para una cultura de respeto a los derechos humanos.

La actual comisión ad hoc está integrada, al igual que la de hace dos años, por representantes del Estado y de la sociedad civil. La preside el obispo Oscar Rodríguez. La comisión ha empezado a trabajar haciendo consultas a varios sectores sociales, tratando de dar inicio a un proceso de concertación. Por qué no una concertación en materia económica y social: al ver en marcha esta experiencia, esta pregunta nace como demanda de la sociedad. Carlos Flores Facussé, presidente del Congreso Nacional, afirmó que era urgente dar vida al foro de convergencia creado para este fin por el Legislativo. Las centrales sindicales no sólo han planteado esa urgencia, también han sugerido una agenda de debate. Entre los temas de la agenda de los trabajadores están: la política de salarios y precios, la productividad y la capacitación laboral, la reforma agraria y forestal, la seguridad alimentaria y una evaluación trimestral de la política económica y social del gobierno. Las centrales sindicales hondureñas siguen apostando al aumento general de salarios y a una política de regulación de precios como alternativas básicas que permitan a los pobres enfrentar el costo de la vida.

Un "pulmón" en peligro

Atendiendo las demandas de las organizaciones campesinas que exigen que continúe el reparto de tierras, el Presidente Reina declaró los fértiles valles de Sico y Paulaya con una extensión aproximada de 30 mil hectáreas , en el extremo nororiental del país, como área de reforma agraria.

Durante las primeras décadas del siglo, Sico y Paulaya fueron tierras de explotación de la bananera norteamericana Truxillo Railroad Company , una de las subsidiarias de la United Fruit Company en Honduras. La Truxillo abandonó la zona a finales de la década de los 30 por el impacto destructor que estaban teniendo sobre las plantaciones dos plagas: la sigatoka y el "mal de Panamá". La depresión de los años 30 también influyó en la retirada gringa. Desde que la Truxillo se fue, los valles de Sico y Paulaya han permanecido relativamente aislados y deficientemente comunicados.

La decisión de declarar esta zona como área de reforma agraria provocó reacciones opuestas de grupos ecologistas, pues estos dos valles colindan con el área de amortiguamiento de la protegida biosfera del río Plátano, uno de los pulmones ecológicos más importantes del istmo centroamericano. Los ecologistas temen que el masivo traslado de campesinos hacia el área pueda repercutir negativamente en este relativamente protegido ecosistema. "Estamos preocupados y alarmados dijeron . En unos 10 ó 20 años podría desaparecer totalmente la biosfera del río Plátano y la biosfera Tawahka, que espera actualmente un decreto del Congreso que la declare zona protegida". La biosfera de la etnia Tawahka colinda con la biosfera del río Plátano y con el Parque Nacional Patuca, otra área que está a la espera de alguna decisión gubernamental que la convierta en área protegida.

El Presidente Reina restó importancia a los reclamos de los ecologistas, con el superficial argumento de que "la ecología no debe ser un freno para el desarrollo de los países". Ubodoro Arriaga, director del Instituto Nacional Agrario, se refirió críticamente a las campañas ecologistas, "que al final pueden degenerar en fanatismo". "Los bosques declaró no se cuidan desde un escritorio ni con proclamas, anuncios y conferencias de prensa, sino desde el lugar de los hechos. Y los campesinos pueden cuidarlos". Y anunció que la colonización campesina se realizará en forma ordenada.

Un poco más ponderado fue el Viceministro de la Secretaría del Medio Ambiente, que planteó la necesidad de hacer un estudio del impacto ambiental que podría tener una reforma agraria en Sico y Paulaya. Esta es también la posición del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, que dio al gobierno 60 días para elaborar ese estudio. Los campesinos se han comprometido a acatar las sugerencias, decisiones y políticas que se desprendan del informe.

Tierra de militares

Un estudio preliminar realizado en la zona muestra que a quien tendrá que enfrentar el proyecto de reforma agraria no es sólo a los ecologistas, sino a importantes políticos y militares que compraron tierras estatales en el área con el propósito de especular con ellas.

El conflicto por las tierras de Sico y Paulaya no llegó tan lejos como el que enfrenta a ecologistas del turístico puerto de Tela y a grupos asentados en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Punta Sal. Tan lejos que le costó la vida a Blanca Jeannette Kawas, dirigente ecologista de la zona. Blanca era Presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texihualt, en conflicto con grupos de la Unión Nacional de Campesinos que ocupaban provisionalmente tierras en la zona y con la empresa de procesamiento agroindustrial Hondupalma. También con políticos, ganaderos y propietarios de aserraderos que depredaban los recursos naturales en el Parque Nacional Punta Sal.

Blanca Kawas, de 48 años, fue asesinada con una sola bala en su casa en la noche del 6 de febrero. Para todos fue claro que se trató de un asesinato por encargo. Hasta ahora permanece en total impunidad.

Varias marchas en todo el país han exigido el esclarecimiento de este crimen, las más concurridas y emotivas en la ciudad puerto de Tela. Greenpeace en Centroamérica se hizo eco de la demanda de los hondureños, exigiendo también claridad y castigo en una carta que enviaron al Presidente de la República.

La historia de Blanca es muy parecida a la del ecologista brasileño Chico Mendes, que entregó su vida por oponerse a la explotación irracional de la selva amazónica y que cayó baleado por matones a sueldo de los dueños de los aserraderos y los empresarios de la madera. ¿Estarán los militares totalmente al margen de este trágico laberinto?

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