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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 249 | Diciembre 2002
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Honduras

En el primer año de Maduro el agua encendió el fuego

Las movilizaciones populares de octubre y noviembre partieron de la privatización del agua como problema bien concreto Y se iniciaron en un municipio periférico, no en la capital. Pero lograron alcance nacional y una nueva conciencia de poder entre la gente. 2003 puede ser un año que vea nacer una oposición más organizada.

Ismael Moreno, SJ

¿Podrán disfrutar de sus vacaciones de Navidad y fin de año con su conciencia tranquila el Presidente de la República, sus Ministros, los diputados y funcionarios del Poder Judicial? Difícilmente. Todos, sin excepción, han contribuido a construir un año político, económico y social verdaderamente sombrío.

UN GOBIERNO SIN RUMBO Y YA DESGASTADO

El deterioro del país y del gobierno fue evidente en el año 2002 y lo peor está por venir en el 2003. Visto desde las alturas de los políticos y funcionarios, el panorama es nítidamente oscuro: los diputados terminaron el año legislativo más desacreditados que nunca ante la población, legislando para grupos reducidos vinculados con los organismos financieros internacionales. Y lo concluyeron recetándose más de 600 dólares de aumento salarial.

Transparencia Internacional tuvo toda la razón cuando calificó al sistema judicial hondureño como la institución más corrupta de nuestro país, dentro de uno de los Estados más corruptos del continente. Este año, los tres magistrados de la Corte de Apelaciones de la capital fueron destituidos por sobornos, contubernios y tráfico de influencias. Por su parte, el Presidente mantuvo a toda costa a un Ministro de Educación incompetente y confrontativo, consolidó un Ministerio de Seguridad que se regocija con la represión, mientras, encaramelado con su reciente matrimonio, se ha resistido a reconocer su desgaste, tan intenso como si ya hubiese cumplido sus cuatro años de gestión.

Al acercarnos al final del año, en la mente de la sociedad hondureña hay dos cosas muy claras: el Presidente incumplió con sus promesas de campaña y con su discurso de toma de posesión el 27 de enero; y ante un gobierno sin rumbo político preciso, decidido a gobernar para el corto plazo y sin contar con los sectores sociales y populares, lo único que queda es generar y acrecentar una oposición bien organizada. No existen datos que indiquen que el próximo año cambiará el panorama: todo apunta a que el gobierno seguirá sin rumbo y gobernando con continuas improvisaciones. Y todo apunta a que el año 2003 será el año de la vertebración de una nueva oposición social y política.

UNA CRISIS AGUDIZADA

Maduro fracasó en su primer y más publicitado compromiso de campaña. La lucha contra la delincuencia y contra la violencia “hasta aniquilarlas” no ha podido ser más desalentadora. Sólo en el primer semestre del año 2002 se contabilizaron 647 homicidios, y aunque el Estado invirtió unos 50 millones de dólares en mejorar la seguridad, los índices de delincuencia y de criminalidad no se redujeron.

Maduro prometió también una reforma profunda en la economía, pero finaliza el año con un pobre resultado: apenas puso en marcha algunas medidas destinadas a paliar la crisis fiscal heredada de la anterior administración de Flores Facussé. En 2002, Honduras importó 3 mil millones de dólares y exportó menos de 1 mil 400 millones.

En una de sus primeras medidas económicas, el equipo de Maduro logró que el Congreso aprobara la Ley de Equilibrio Financiero y Compensatorio, bautizada por los hondureños como “el paquetazo de Maduro”. Con esta medida, el gobierno buscó recaudar, por la vía de impuestos directos a la población, más de 100 millones de dólares.

La Ley, considerada por el equipo de Maduro un éxito, le ha causado un importante desgaste. La gente la ha experimentado como lo que en efecto es: un trancazo sobre su maltrecha sobrevivencia. Además, como medida de ajuste basada sólo en la recaudación de impuestos, la Ley no estimuló la producción. Así, en economía Maduro comenzó muy mal: agudizó la crisis del país, y en lugar de tocar a los grandes empresarios, tocó dramáticamente el bolsillo de la mayoría de la población.

Ante las presiones de las centrales obreras, el gobierno decidió aprobar un nuevo salario mínimo. Para evitar la inflación que se sucede frecuentemente con el aumento de salarios, los sectores de trabajadores organizados lograron que, dentro de los acuerdos que establecieron el salario mínimo, se aprobara el congelamiento del precio de los 16 productos esenciales de la canasta básica. Pero, una vez en vigencia el nuevo salario mínimo -que apenas supera los 100 dólares al mes- los precios congelados se dispararon, con lo que el gobierno acentuó su propio desgaste adjudicándose otro punto negativo en lo económico.

TURISMO, MAQUILA, AGROINDUSTRIA

De acuerdo al Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), durante el año Maduro afianzó su compromiso con los sectores financieros, y mientras aumenta el abandono del campo, apoyó decididamente a los que considera nuevos sectores productivos del país: el turismo, la maquila, la gran agroindustria y la producción forestal. La generación de empleos la hace depender el gobierno de estos rubros, que dependen a su vez de dinámicas fundamentalmente internacionales y fluctuantes, descuidando totalmente la producción interna.

De acuerdo a los datos que aporta el análisis de FOSDEH, el año termina con más de un millón de desempleados absolutos, de entre los cuales un 60% son jóvenes, mientras que un 70% de la población económicamente activa -unos 2.3 millones de trabajadores- se ha refugiado en el sector informal. El gobierno de Maduro se va de vacaciones dejando atrás a dos de cada tres hondureños viviendo con un ingreso diario menor de dos dólares, siendo esta indigencia mucho mayor entre la población rural.

SIN CAPACIDAD PARA CUMPLIR

Si en lo económico las perspectivas del país resultan sombrías, las expectativas en lo social tampoco traen luz. El gobierno de Maduro heredó de Flores Facussé un conflicto con el magisterio que se agudizó durante este año, constituyéndose en su mayor piedra de tropiezo. El incumplimiento por parte de gobierno del Estatuto del Docente
-aprobado demagógicamente en la administración anterior- provocó manifestaciones masivas, choques y revueltas por todo el país.

El gobierno no tiene capacidad financiera para cumplir con los compromisos contenidos en el Estatuto del Docente. El problema de fondo no reside en las demandas magisteriales o en la cerrazón o intolerancia del gobierno. Está en que los pactos económicos y sociales superan con mucho las capacidades financieras públicas y el Estatuto no puede pasar del papel. No sólo sucede esto con las justas demandas del magisterio. Igual ocurre con las demandas de los médicos, que también cuentan con el Estatuto del Médico Empleado.

MÁS CONFLICTOS EN EL HORIZONTE

No fue este problema de fondo el que salió a relucir en el conflicto que enfrentó al gobierno con el magisterio. El conflicto lo centró la intolerancia del Ministro de Educación, lo que contribuyó a reducir las cosas a este plano y a que las maniobras del gobierno generaran divisiones dentro de los gremios magisteriales. Ataques y contraataques, muchas veces personalizados, definieron el mayor conflicto social del país en 2002. El gobierno se va de vacaciones dejando intacto el problema, y sólo se anticipan mayores crisis para el próximo año.

A nivel social quedaron pendientes todos los problemas, desde la inseguridad ciudadana -a la que Maduro no le hizo ni cosquillas con su política de “cero tolerancia”- pasando por el conflicto con el magisterio, con los médicos y los caficultores, todos insatisfechos con las posturas intransigentes del gobierno. Para el próximo año se prevén más conflictos en el agro. Además del que ya hay con los caficultores, el resto de productores entiende que las nuevas legislaciones favorecen a las grandes empresas agroindustriales, a los grandes exportadores, y que en política agrícola el gobierno parece haber decidido abandonar a su suerte a los campesinos, provocando así un aumento de la marginalidad en el sector rural. En el campo social, las perspectivas para 2003 auguran mayor inestabilidad e ingobernabilidad.

RECIBIDO CON ALIVIO Y DESGASTADO ACELERADAMENTE

Maduro no supo administrar la crisis que heredó de la demagogia de Flores Facussé. Y mucha gente que lo apoyó en su lucha por lograr la candidatura y durante la campaña electoral se le ha ido alejando para unirse a la oposición. El gobierno de Maduro ha preferido a los banqueros, ha subordinado a sus intereses sus políticas sociales y de seguridad, y ha despreciado -hasta los dos últimos meses, en que se vio obligado a propiciar el diálogo- a los sectores de la sociedad civil, lo que también ha contribuido a que el Presidente y su equipo se muestren ante la población sin rumbo político y cargados de desatinos administrativos.

En el último año de su gobierno la población hondureña clamaba para que Flores Facussé desapareciera del panorama. Era una demanda generalizada que el Presidente no siguiera abusando de sus cadenas nacionales o de los campos pagados en los medios de comunicación. Entre otras razones, esto explica el alivio con que fue saludada la llegada al gobierno de Ricardo Maduro. Ese alivio ya queda lejano. En menos de un año de administración, Maduro ha logrado aumentar la oposición. Y empezar a unirla. La oposición está todavía dispersa, pero en los últimos meses del año parecieron abrirse pistas para avanzar hacia una articulación nacional. Esto permite prever una creciente oposición el próximo año, con mayor organicidad, con una agenda común y con nuevas oportunidades positivas para el país.

OBSESIÓN POR LA MAQUILA

Un año de gestión permite ya calificar al gobierno de Maduro como arbitrario y atrapado en el corto plazo y en las improvisaciones. En lugar de poner en marcha propuestas de desarrollo productivo que ofrezcan mayores oportunidades a las medianas y pequeñas industrias para estimular así las exportaciones, el gobierno de Maduro se empecina en invertir sus energías en consolidar el actual modelo, basado en la explotación intensiva de la mano de obra barata en las maquilas.

Al finalizar el año destaca como el rubro más activo del país.

La mayoría de la población percibe y está convencida que su situación ha empeorado y que viven en mayor inseguridad, aún cuando reconocen que el gobierno de Maduro heredó una situación social, económica y política muy difícil de manejar.

TRIBUNAL SUPERIOR “DE CUENTOS”

En cuanto a la política de descentralización del Estado, el gobierno la ha “entendido” y reducido a la privatización, especialmente la de los servicios públicos básicos. Esto supone cambios en la actual legislación del país. Otras propuestas de ley en el campo político, como las reformas al Tribunal Nacional de Elecciones y al Registro Nacional de las Personas, con el fin de disminuir la politización de los organismos electorales y la reducción del número de diputados, han sido fuentes de continuo debate a lo largo del año, aún cuando las reformas no cuestionan en el sistema político tradicional, que descansa en los dos partidos tradicionales y mayoritarios, el Liberal y el Nacional.
Para responder a la demanda internacional de combatir la corrupción, se propuso la creación de un Tribunal Superior de Cuentas que, independiente de los partidos políticos, se constituya en una instancia fiscalizadora del quehacer de las entidades gubernamentales y perseguidora de los corruptos.

Tras meses de consultas con sectores no gubernamentales, los dos partidos mayoritarios, en alianza con los tres diputados del diminuto Partido Demócrata Cristiano, acabaron repartiéndose los puestos dentro de la tan publicitada instancia de combate a la corrupción, que la sabiduría popular acabó llamando sarcásticamente “Tribunal Superior de Cuentos”.

UNA DENUNCIA VALIENTE

En el terreno de los derechos humanos, lo más relevante del año, sin duda alguna, fue la elección de Ramón Custodio López como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por votación unánime del Congreso Nacional. Lo más dramático fue la denuncia, hecha tanto por Casa Alianza como por la Subcomisionada de la Policía Nacional y Jefa de Asuntos Internos de la PN María Luisa Borjas, de la existencia dentro de la PN de estructuras dedicadas al asesinato o ajusticiamiento de jóvenes vinculados a maras o pandillas o sospechosos de pertenecer a ellas. Entre 1998 y noviembre 2002 fueron asesinados 2 mil 162 jóvenes, de ellos 235 muchachas. Entre enero y noviembre 2002 mataron a 478.

La valiente denuncia de la alta oficial de la Policía desencadenó una agresiva respuesta por parte del Ministro de Seguridad y de los altos oficiales de la Comandancia de la Policía, que desembocó en la suspensión indefinida en su cargo. Su vida está ahora amenazada por quienes, desde las redes del narcotráfico y de la delincuencia organizada, vieron en peligro por esta denuncia sus propias seguridades e impunidades.

LEY DE AGUAS: UN GIRO IMPORTANTE

En la primera semana de octubre el Congreso Nacional sorteó los primeros dos debates para la aprobación de una nueva Ley de Aguas denominada Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento. Un tercer debate más y se cumpliría el procedimiento parlamentario para que el proyecto se convirtiera en una nueva ley, que en sus 65 artículos aseguraba la privatización, concesión y municipalización del agua.

Sin embargo, el Congreso Nacional clausuró su año legislativo el 14 de noviembre y el proyecto de Ley de Aguas no pasó de su segundo debate. ¿Qué sucedió para que no se diera esta aprobación, que parecía sólo un asunto de trámite? ¿Qué hizo cambiar de opinión a los congresistas? ¿Cambiaron de opinión o los obligaron a cambiar?
Los congresistas del mayoritario Partido Nacional, en alianza con los congresistas del Partido Demócrata Cristiano marchaban al ritmo que aseguraba la aprobación de dos leyes, de la ley de aguas y una nueva ley forestal. Aprobándolas, cumplirían con los compromisos asumidos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya misión llegaría a Honduras en la primera mitad de noviembre.

La ley de aguas debía ser la primera en aprobarse para, seguidamente, avanzar con la aprobación de la ley forestal y así continuar con la privatización de la telefonía, los servicios de salud y los de educación. Sin embargo, el proceso quedó estancado en el segundo debate de la ley de aguas y la misión del FMI se encontró con estos compromisos legislativos incumplidos. ¿Cómo se desarrolló este proceso, que ha supuesto un giro importante en el escenario nacional?

LA CHISPA SE ENCENDIÓ EN EL PROGRESO

El 4 de octubre, una asamblea de dirigentes de patronatos y de organizaciones sociales y populares se reunió en El Progreso, Yoro.

Por unanimidad, la gente convocada decidió comenzar acciones de presión para impedir la realización del tercer debate programado para esa misma semana.
El 7 de octubre los pobladores realizaron un plantón frente a la municipalidad de El Progreso, con un documento firmado por un centenar de comunidades y barrios del municipio. Expresaban su total rechazo a la aprobación de la ley.

Se cuestionó con firmeza el manoseo de “la municipalización”, destinada a ocultar la real privatización del agua.
Al día siguiente, miles de pobladores se tomaron el puente La Democracia, única vía de acceso directo a El Progreso, al litoral atlántico, a San Pedro Sula y al resto del Valle de Sula con una única demanda: que el Congreso Nacional se olvidara para siempre de la ley de aguas. Para el 12 de octubre se logró que en los contenidos de las movilizaciones del Bloque Popular en Tegucigalpa y en otros municipios del país con ocasión de los 510 años de la Conquista de América, se expresara el rechazo a la ley de aguas como una concreción del rechazo popular al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

EN EL INICIO UNA VERJA

El Bloque Popular convocó para el 24 de octubre a una marcha de protesta en Tegucigalpa con dos temas: el rechazo a la ley de aguas y la defensa del Estatuto del Docente, severamente violado por el gobierno por la intransigencia del Ministro de Educación. Circulaba también que una promesa del gobierno de construir decenas de miles de casas para reducir el déficit habitacional en el país se haría con fondos de previsión del magisterio nacional.

El ambiente estaba sumamente agitado en vísperas de la protesta de aquella tarde. La chispa que encendió la agitación la puso el Congreso Nacional al construir en esos mismos días una verja en el edificio legislativo para impedir el ingreso de mendigos, vendedores callejeros o personas o grupos que alteraran la actividad de los congresistas. Suficiente “pólvora” para que la marcha desembocara en un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía.

La gente derribó la verja, colocada el día anterior, y los policías se abalanzaron sobre la gente con gases lacrimógenos y tanquetas con mangueras de presión para alejar a fuerza de chorros de agua a los manifestantes, que con palos y piedras repelieron a los policías. Varios periodistas fueron embestidos por los uniformados. A unos los golpearon, a otros les arrebataron las cámaras o se las rompieron. Se dio orden de captura contra 30 dirigentes, a quienes el gobierno acusó de alterar el orden público y dañar la propiedad pública.

MADURO: ENTRE DOS FUEGOS Y FORZADO A DIALOGAR

Al día siguiente, continuaron las marchas de protesta en la capital con acciones menos violentas no porque se hubiesen bajado los ánimos, sino porque el gobierno desplegó un operativo policial y militar de tal envergadura que Tegucigalpa parecía bajo estado de sitio.

Con una numerosa comitiva diplomática, el Presidente Maduro regresó dos días después de los acontecimientos, y sus declaraciones fueron advertencia de guerra para las organizaciones populares, en el mismo tono con el que meses atrás había declarado la guerra a la delincuencia.
A pesar de esto, las manifestaciones en contra de la ley de agua y de la ley forestal y en defensa del Estatuto del Docente continuaron. Los pobladores de El Progreso se tomaron de nuevo el puente La Democracia el 5 de noviembre, hubo nuevas tomas de carreteras en la vecina ciudad de La Lima, entre El Progreso y San Pedro Sula, y el Bloque Popular, los maestros y pobladores del Valle del Aguán se manifestaron masivamente en Tegucigalpa el día 6 de noviembre.

Finalmente, Maduro convocó y se reunió con los representantes de las protestas populares para asegurarles que iniciaría un proceso de diálogo y negociación y que quedaba en suspenso la aprobación de las leyes propuestas en el Congreso Nacional.

El gobierno hondureño se encontró inesperadamente entre dos presiones que, hasta el mes de septiembre, no imaginábamos competirían en igual capacidad de fuerza. Por un flanco, este movimiento de protesta nacional que obligó literalmente a los diputados y al gobierno a escucharlos y a detener la carrera para actualizar la legislación hondureña en favor de los intereses del gran capital internacional. Y por el otro, las presiones del Fondo Monetario Internacional, que hasta entonces actuaba como único dueño y señor de las voluntades y decisiones políticas nacionales.

LLEGAN “LOS HOMBRES DE NEGRO”

Una misión del FMI estuvo en el país revisando con el gobierno el cumplimiento de los compromisos, tanto en materia fiscal como en lo referente a la aprobación de la nueva legislación. Y cuentan quienes siguen de cerca los movimientos de estos “hombres de negro” -como les llaman en los círculos capitalinos a los personeros del Fondo- que amenazaron con prolongar las negociaciones para nuevos préstamos si el gobierno no apresuraba la aprobación de las leyes que la presión popular había frenado de octubre.

Las presiones del FMI y las presiones populares expresan las contradicciones fundamentales que dividen hoy a Honduras. En esta encrucijada se expresa la inviabilidad de un modelo de país construido a partir de decisiones nacionales que sólo obedecen a las dinámicas internacionales del gran capital y de los países poderosos, decisiones que se toman sin el país y casi siempre contra el país.

NEO-NACIONALISTAS Y LOS DEL “LADO OSCURO”

¿En qué sectores hondureños se apoyan esta propuestas internacionales?
En primer lugar, en el bloque en el poder, que aglutina a tres grupos políticos: el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Demócrata Cristiano. La oposición institucional a este bloque la expresan dos partidos pequeños: el Partido Unificación democrática (UD) y el Partido Innovación y Unidad (PINU), con sólo 7 diputados de los 128 que conforman el Congreso. La Democracia Cristiana, con tres diputados, al unirse al Partido Nacional que controla la directiva del Congreso, ha adquirido un poder real que se acrecienta cuando se toman las decisiones o cuando liberales y nacionales se reparten cuotas de poder.

Dentro del Partido Nacional existen tres grupos de poder que se disputan el liderazgo de la línea oficial. El Presidente Maduro junto con el Ministro de la Presidencia y el Ministro de Gobernación representan el grupo del neo-nacionalismo, al que se une el Ministro de Seguridad, quien encabeza la política de guerra contra la delincuencia. Es el grupo que conduce la política del Ejecutivo. Le adversa el grupo nacionalista, que conduce el Poder Legislativo, encabezado por el ex Presidente de la República, Callejas.

A este grupo se unen los diputados de la vieja guardia, llamada “el lado oscuro” del nacionalismo, por su larga experiencia en la zancadilla, en las componendas en la oscuridad y por estar teñidos por el oscuro tinte que dejan la corrupción y la impunidad. Las decisiones del Presidente de la República se encuentran fuertemente condicionadas por la aprobación o censura de este grupo, el que de verdad manda y decide sobre el rumbo fundamental del país.

EL ALCALDE DE TEGUCIGALPA, EL MÁS POPULAR

Un tercer grupo en el Partido Nacional lo estaría encabezando el actual alcalde de la capital, Miguel Pastor, el hombre que mayores simpatías concentra en el país de acuerdo a todas las encuestas de opinión que se han realizado este año. Pastor cuenta con un 90% de popularidad, y siendo nacionalista logró su triunfo electoral en Tegucigalpa a pesar de la oposición del grupo de Maduro y con el color de una bandera que no era la azul distintiva de los nacionalistas. La alcaldía le sirve a Miguel Pastor de trampolín para concretar sus aspiraciones políticas y le da oportunidad para fraguarse la imagen de hombre independiente de los políticos nacionalistas que dirigen el actual gobierno.

Es muy hábil con los medios de comunicación y aparece en ellos desde las cinco y media de la mañana acompañando las cuadrillas de trabajadores y trabajadoras que limpian las calles de la capital. Desde la alcaldía capitalina se mueve a paso seguro hacia la Presidencia de la República.

FLORES FACUSSÉ SIGUE TENIENDO CONTROL

Dentro del bloque de poder hay que contar con el grupo de los liberales, especialmente el que encabeza el ex-Presidente Carlos Flores Facussé, quien según los entendidos sigue acumulando un poder personal demasiado fuerte en todo el país. En la práctica, Flores Facussé dirige la bancada de su partido en el Congreso Nacional al tiempo que se amarra con el grupo de Callejas para lograr los objetivos políticos que ambos necesitan para consolidar los negocios y empresas en los que están mancomunados.

Durante su mandato Flores Facussé se caracterizó por el control personal del poder, distribuyéndolo entre sus más cercanos colaboradores sin perder ninguno de los hilos de la administración. Interesado predominantemente en cultivar una imagen de gobernante pulcro y bonachón, no dudó en destinar importantes sumas del presupuesto para controlar la prensa hondureña y contar así con una extensa corte de periodistas a sueldo.

Al salir del gobierno, Carlos Flores dejó tras de sí una estela de medios de comunicación basados en la censura y la intolerancia. Ahora, fuera de la Presidencia continúa ejerciendo el mismo control de siempre. Recientemente, se presentó en persona a una emisora de radio de Tegucigalpa para pedir a su propietario que despidiera a una periodista, seguramente la única entre quienes siguen en los medios radiales
de alcance nacional que no claudicó ante él. En uno de sus programas de análisis, esta periodista había pedido a la Fiscalía que investigara a Flores Facussé a raíz de las declaraciones de uno de sus allegados respecto al uso presumiblemente fraudulento que habría hecho de
fondos del Estado.

EXISTE YA UNA “RESISTENCIA ÉTICA”

¿Qué enseñanzas dejan las eficaces movilizaciones populares de octubre y noviembre? Varias. Primera. Existe un gran descontento en la población hondureña, que se expresa diariamente en una “resistencia ética”, en un apostar por hacer el bien, a contracorriente a lo que enseña la dinámica política de poder en el país. Desencantada de la política y de las promesas de los poderosos, la mayoría de la gente sencilla tiende a encerrarse en su propia calamidad, y a sufrir en su encierro las injusticias y las carencias. Este comportamiento es una manera de resistir frente a la tentación de delinquir, vía que, de hecho, fomentan con sus malos ejemplos los sectores de poder, y es también una manera de manifestar el descontento.

EXISTE GRAN DISTANCIA ENTRE ORGANIZACIONES Y GENTE

Segunda enseñanza. Los sectores organizados y sus dirigentes se movilizan y definen su identidad a partir de demandas salariales, de la defensa de sus intereses, de conquistas gremiales o en demanda de cuotas de poder. Esta manera de situarse ante la realidad nacional establece una distancia casi infranqueable entre las organizaciones populares y la población “de a pie”. Esta distancia se acrecienta cuando algunas organizaciones populares sostienen un discurso contestatario con contenidos antisistema, como la lucha contra el ALCA, contra el Plan Puebla Panamá o una lucha abstracta contra las privatizaciones y contra las imposiciones de los organismos internacionales, o cuando lanzan denuncias generales contra la corrupción y la impunidad sin que se establezcan hilos vinculantes con las realidades de injusticia cotidianas
que vive la población.

EXISTE UN VACÍO DE LIDERAZGO POPULAR

Tercera enseñanza. La población hondureña busca, además de respuestas a sus problemas, un canal nacional alternativo para expresar su descontento, su protesta y sus propuestas. Pero ese canal no existe. Existe un vacío de liderazgo popular a nivel nacional, y las expectativas que se abrieron con la lucha por la defensa del agua rebasan con mucho la realidad de conducción que existe en el movimiento popular. El Bloque Popular es una organización que surgió hace un par de años para aglutinar a dirigentes de algunas centrales sindicales y a otros sectores populares, especialmente de la capital.

Para mucha gente, el Bloque Popular es mucho más de lo que realmente es, y la problemática de las maquilas, las demandas de los maestros, los abusos y violaciones de derechos humanos, el maltrato a las mujeres se buscan canalizar o se espera que los canalice el Bloque Popular. El propio gobierno habla de que para la aprobación de las leyes pendientes se debe buscar un consenso entre la empresa privada, el gobierno y el Bloque Popular.

Sin embargo, esta agrupación contestataria no tiene ni la capacidad ni la posibilidad de canalizar tantas demandas juntas porque, además de estar reducida a organizaciones que no representan a los diversos sectores sociales y populares del país, no acaba de encontrar unidad interna de criterios ni líneas políticas comunes para tratar tantos y tan diversos problemas nacionales.

NO EXISTE PACIENCIA RESIGNADA SINO PACIENCIA REBELDE

Cuarta enseñanza. Las jornadas de octubre y noviembre enseñan que el descontento y la resistencia ética de la población pueden romper el espacio “privado y silencioso” en el que este descontento se ha situado hasta hoy. La población puede movilizarse masivamente no sólo por el fútbol, la religión de muchas bullas, la politiquería de los partidos tradicionales y el rebusque diario para asegurar la sobrevivencia.

Cuando se logra vincular el descontento de la población con problemas concretos y vitales, la población puede salir de ese closet que es su “rebeldía apática” y llenar las calles, gritando y demandando el retiro de la ley de aguas con la misma fuerza con la que grita y aplaude la vociferante prédica del evangelista, el discurso del líder político tradicional y la bullaranga que alienta al equipo de fútbol de sus simpatías.
La apatía del pueblo hondureño, no es tanto “paciencia resignada” sino “paciencia rebelde”. De lo que se carece todavía es de la capacidad de descubrir los resortes vitales que conviertan esa aparente paciencia en movilización organizada y activa.

DEBEN SURGIR NUEVAS COORDINACIONES

Última, y no por ello de menor importancia, enseñanza.
Las organizaciones populares tradicionales se quedarán sin pueblo cuando levanten banderas de lucha sin contenidos que toquen directamente la vida cotidiana de la gente. Las movilizaciones en contra de la ley de aguas rebasaron la capacidad de las organizaciones populares actuales y abrieron oportunidades para que surjan nuevas coordinaciones, mejores conducciones y para que las mismas organizaciones populares tradicionales actualicen sus métodos, procedimientos y contenidos de sus luchas.

EL AGUA ENCENDIÓ EL FUEGO

Las movilizaciones de octubre y noviembre partieron del agua como problema concreto, y arrancaron en un municipio periférico, pero en muy poco tiempo el agua se convirtió en el tema de todas las organizaciones populares tradicionales en todos los sectores geográficos del país. El agua unió al Valle de Sula con Tegucigalpa, a Danlí en el oriente del país y a la región del Valle del Aguán, en el Atlántico. Y la lucha sigue. El agua ha dado contenido y ha convocado a todos los sectores populares. Ha sido el agua la que ha encendido la chispa. Y esa chispa podría convertirse en fuego. En un fuego purificador.

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