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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 248 | Noviembre 2002
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Guatemala

Caso Myrna Mack: un juicio histórico

El 3 de octubre, el Coronel Juan Valencia Osorio fue condenado a 30 años de prisión como autor intelectual del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido en 1990. Durante estos doce años, Helen Mack, hermana de Myrna, luchó tenazmente por la justicia y contra la impunidad. Acompañando información básica sobre el caso y el juicio, elaborada por la Fundación Myrna Mack ,resumimos -editado mínimamente- el brillante alegato de Helen Mack ante el Tribunal que dictó la sentencia.

Helen Mack

El 11 de septiembre de 1990, Myrna Elizabeth Mack Chang fue asesinada. Salía de su trabajo en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), cuando el sargento mayor especialista del Ejército, Noel de Jesús Beteta, la atacó. Veintisiete puñaladas acabaron con su vida.

A partir de ese momento, Beteta estuvo oculto y, posteriormente, llegó de manera ilegal a Estados Unidos. Mientras, en Guatemala el investigador policial José Miguel Mérida Escobar avanzaba en la tarea de identificar el móvil y al responsable del crimen, y la familia de Myrna iniciaba la búsqueda de la justicia y la reparación.


A los doce años del crimen

Al cumplirse doce años de aquel crimen, se desarrollaba en Guatemala el juicio oral contra tres oficiales militares, acusados de haber planificado y ordenado el crimen. Estos militares han sido los de mayor rango juzgados hasta el momento en Guatemala. El juicio fue el primero en su género y su desarrollo y sentencia han sentado un positivo precedente: ha sido la primera vez en la historia judicial del país que tiene lugar un proceso y un debate judicial por autoría intelectual de un crimen. Además, los militares guardaron prisión preventiva en una cárcel civil y fueron juzgados en el fuero común, pese a que durante mucho tiempo intentaron sin éxito que el caso fuera remitido al fuero militar.

Tras muchos años de bloqueo sistemático y la prisión preventiva para los acusados, el inicio del juicio consolidó el carácter paradigmático de este caso penal. A lo largo de los procesos contra Beteta, condenado en 1993, y contra los tres oficiales militares, el caso Myrna Mack ha mantenido a prueba al sistema de administración de justicia de Guatemala y ha dejado numerosas lecciones en una doble vía.

Por un lado, se han develado las características de un crimen político y de una grave violación de derechos humanos, los hilos operativos del poder contrainsurgente, los diversos mecanismos de la impunidad y las debilidades y las deficiencias del sistema judicial. Por otro lado, las lecciones radican en mostrar las formas de afrontar los aspectos negativos del sistema de justicia, de afianzar los principios básicos de la lucha contra la impunidad y de rescatar los más altos valores de la justicia.

Alegato de Helen Mack ante el tribunal

Éste fue el alegato de Helen Mack en el debate oral ante el Tribunal Tercero de Sentencia: "Durante doce años he clamado justicia en nombre de mi hermana Myrna, de su hija Lucrecia y de mi familia. Hoy, ante este Honorable Tribunal, estoy hablando en su nombre. También hablo en nombre de centenares de miles de desplazados y refugiados, de muchos miles de guatemaltecos que, como Myrna, fueron perseguidos, torturados, desaparecidos y asesinados injustamente.

Esa terrible noche del 11 de septiembre de 1990 marcó nuestras vidas. Perdimos la presencia física de un ser humano muy amado por familiares y amigos. Yo perdí a una amiga y a una hermana, Lucrecia perdió a su madre y desde entonces ha experimentado el peso de esa ausencia, los nietos no gozaron las caricias de su abuela, mi padre perdió la salud y mi madre ha soportado un sufrimiento indecible.

A Myrna le impidieron seguir gozando de esa amistad y de ese amor. Le negaron el derecho a vivir, a continuar trabajando y aportando a este país. Guatemala perdió a una científica social que ejerció su profesión con responsabilidad y un gran sentido ético. A lo largo de estos años, muchas veces me he preguntado cuántas investigaciones más pudo realizar ella, como medio para hacer propuestas y recomendaciones que hubieran ayudado a mejorar la situación del país. Tenía 40 años cuando la asesinaron. Tal como lo han descrito varios testigos, mi hermana fue una persona con una profunda sensibilidad social, cristiana, humanista, responsable y solidaria, cuyo único deseo era ayudar a los demás. Como han dicho, mi hermana fue una antropóloga reconocida y su sueño era aportar sus conocimientos académicos y científicos para hacer de Guatemala un mejor país, un país que fuera hogar digno para todos los guatemaltecos. En este juicio ha quedado demostrado que -según algunos- ése fue su delito.

Ojalá Myrna hubiera tenido la oportunidad de un juicio como éste, con derecho a defensa, al principio de inocencia y a que se probaran las acusaciones en su contra. En lugar de ello, se convirtió en la víctima de una operación especial de inteligencia, una actividad ilegal y clandestina que se impulsó desde el Departamento de Seguridad del Estado Mayor Presidencial. En lugar de un juicio justo obtuvo veintisiete puñaladas, infligidas en las partes vitales de su cuerpo. Nunca imaginamos que ese asalto criminal, cometido al amparo de la oscuridad de la noche, sería la respuesta que el Estado, el Ejército y los comandos militares de inteligencia darían al trabajo científico de mi hermana".


Los responsables del crimen

"En estos años ha sido ya un hecho probado judicialmente que Noel de Jesús Beteta Álvarez asesinó a mi hermana Myrna Elizabeth Mack Chang el 11 de septiembre de 1990; que Beteta era miembro del Departamento de Seguridad Presidencial del Estado Mayor Presidencial; que fue condenado en primera instancia a 30 años de prisión por este asesinato, sentencia que fue confirmada en segunda instancia y en casación. En la sentencia de casación se dejó abierto procedimiento contra los hoy acusados: Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio y Juan Guillermo Oliva Carrera. Este debate oral me ha permitido confirmar judicialmente que los tres acusados son los autores intelectuales del asesinato de mi hermana. Ha quedado probado que ellos idearon y ordenaron contra ella un plan de vigilancia y seguimiento hasta su eliminación física".


Fue un crimen político

"En su investigación sobre la Política Institucional del Estado hacia los Desplazados Internos, Myrna desnudó la realidad cruel y las condiciones de vida infrahumana de centenares de miles de campesinos, desplazados por las montañas y la selva. En su libro, ella dice que el Ejército era responsable del desplazamiento masivo de la población, que sufría el acoso constante de las patrullas militares y de la violencia generada durante el conflicto armado interno. Myrna estableció las claves de la política contrainsurgente en el tema de los desplazados, la enmarcó en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, y resaltando su carácter de civiles no combatientes, presentó los testimonios de estas víctimas, que hablaron de persecución, vida precaria y sufrimiento. Mediante estas investigaciones, Myrna estableció la categoría de "desplazados internos" para diferenciarlos de los "refugiados" que habían logrado llegar a países vecinos. Myrna recomendó la desmilitarización del tratamiento a los desplazados y propuso que el gobierno civil asumiera por completo esta responsabilidad.

El obispo Julio Cabrera, testigo en este juicio, dijo que Myrna Mack fue asesinada porque la institución armada la consideró autora de un documento que las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) hicieron público el 7 de septiembre de 1990. En ese comunicado, los desplazados denunciaron la persecución militar de que eran víctimas y los constantes bombardeos a que eran sometidos por comandos militares terrestres y aéreos. El obispo Cabrera sostuvo que Myrna no tuvo vinculación alguna con este comunicado público, pero fue claro al decir que el trabajo de Myrna Mack afectaba la política contrainsurgente y el tratamiento institucional que se daba a los desplazados internos.

Esto, y considerarla autora de un documento que hacía público, nacional e internacionalmente, el drama humano que vivía este conglomerado humano, fueron el móvil político del crimen, como quedó plenamente validado en el juicio que se siguió contra Noel de Jesús Beteta. Este móvil político fue establecido también desde el inicio de las investigaciones de la Policía Nacional, en informes que fueron elaborados por los agentes de investigación José Miguel Mérida Escobar, asesinado el 5 de agosto de 1991, pocos días después de ratificar sus hallazgos ante el tribunal que conocía el caso; y por Julio Pérez Ixcajop, quien tuvo que salir al exilio".

El escenario del crimen

"Gobernaba el Presidente Marco Vinicio Cerezo, como resultado de un proceso electoral libre y democrático que puso fin a los regímenes militares y a los gobiernos de facto. Sin embargo, como lo afirmó aquí el perito Héctor Rosada, en realidad lo que hubo fue un traspaso de mando, pero no un traspaso de poder. Esto quiere decir que se mantenía incólume la tutela militar sobre el régimen civil y que el Presidente estaba expuesto a las presiones que sobre él ejercían las fuerzas armadas.

En 1987 y 1989 hubo varios intentos de golpes de Estado, en dos de ellos se concretó la insubordinación militar. Así lo afirmaron ante este Tribunal el perito General Héctor Gramajo y el testigo Vinicio Cerezo. Mientras el Presidente Cerezo impulsaba la negociación de la paz a través de los acuerdos de Esquipulas y celebraba los primeros contactos con la insurgencia, el Ejército alegaba su victoria militar sobre la guerrilla y mantenía un doble discurso. En el interior del país continuaban los combates entre las fuerzas militares y guerrilleras y los operativos castrenses seguían cobrando víctimas. El Ejército no buscaba negociación, quería aniquilar al enemigo.

El escenario nacional y la convivencia social estaban aún bajo el dominio de la política contrainsurgente y de la Doctrina de Seguridad Nacional. No había cuajado la tesis de estabilidad nacional impulsada por el entonces Ministro de la Defensa, Héctor Gramajo, quien durante su comparecencia ante este Tribunal dijo que había oficiales ortodoxos, de línea dura, que se oponían a la apertura democrática y seguían sosteniendo los principios de la Seguridad Nacional. Por esa época fueron asesinados Michael Devine, Dinorah Pérez, Héctor Oquelí y Gilda Flores, Humberto González Gamarra, Danilo Barillas y fue cometida la masacre de Santiago Atitlán, entre otros hechos de violencia".

La doctrina que justificó el crimen

"En aquellos años, los países ubicados en el área de influencia de Estados Unidos adoptaron la Doctrina de Seguridad Nacional, para asegurar regímenes incondicionales y alineados a los intereses estadounidenses. En el marco de la Guerra Fría protagonizada por Estados Unidos y la Unión Soviética, las fuerzas armadas de América Latina asumieron funciones y percepciones dominadas por dogmas, normas, conductas, sistemas y procedimientos, pensamientos e ideas que dieron soporte militar y político a la lucha anticomunista y al combate de los movimientos guerrilleros en el hemisferio.

Para Guatemala esto implicó militarización total, fortalecimiento de los órganos de inteligencia y programas de entrenamiento y capacitación para miembros de las fuerzas de seguridad. Sin duda, éstos fueron factores clave en la configuración de la política sistemática de violación de derechos humanos y en la ejecución de operativos criminales. El perito Coronel Clever Alberto Pino Benamú develó esta situación y expuso a este Tribunal la forma en que en toda América Latina, Guatemala incluida, operaban los ejércitos en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, en particular los órganos de inteligencia y las estructuras de mando. En opinión de este experto militar, la Doctrina de Seguridad Nacional consistió en el uso de la violencia para ganar el conflicto y, para ello, los militares asumieron el papel protagónico en la conducción de los Estados.

Esta doctrina dejó de ser una política exterior y se convirtió en la política interior de cada país latinoamericano. El Coronel Pino Benamú expresó que Estados Unidos indujo a los ejércitos latinoamericanos a librar una lucha contrainsurgente despiadada, potenció la eficiencia de los órganos de inteligencia, mejoró el equipamiento, el entrenamiento y la educación de los oficiales militares, fomentó estrategias de acción cívica -guerra sicológica- y el concepto del enemigo interno.

En especial, se fomentó la educación en esta doctrina, aplicada por los ejércitos de América Latina, tal cual fue diseñada por Estados Unidos, sin espíritu crítico. En el caso concreto de Guatemala, la Doctrina de Seguridad Nacional, según dijo el perito Héctor Gramajo, significó el control de la población. No sólo se buscó derrotar al insurgente armado, sino también a toda aquella persona que pudiera ser calificada como simpatizante de la guerrilla o "enemigo interno". El poder contrainsurgente derivado de la Doctrina de Seguridad Nacional sojuzgó a las comunidades, a los gremios y a las instituciones que debían actuar como garantes de los derechos y libertades del ser humano. De ese sometimiento al poder militar se deriva, en gran medida, la actual situación de debilidad de las instituciones democráticas".

"Enemigo interno": concepto que explica el crimen

"El concepto del "enemigo interno" es inherente a la Doctrina de Seguridad Nacional y al poder contrainsurgente, y fue aplicado en todos los países de este hemisferio. Como dijo el perito Pino Benamú, bastaba ser investigador social, estudiante o profesional universitario, ser considerado de la clase media y usar cierto léxico considerado comunista, para que la persona fuese considerada un "enemigo interno". Y de acuerdo con la Doctrina de Seguridad Nacional y el poder contrainsurgente, todo opositor o persona no alineada a los dictados del régimen se convertía automáticamente en un "enemigo interno", un no-ciudadano, un ente que conspira contra el Estado y amenaza su seguridad. A Myrna Mack se la consideró una enemiga interna. Con su trabajo académico llevó a nuevos niveles el concepto de la investigación social, en tanto que integró sus estudios al intenso contexto de la época. Su trabajo fue más allá de los simples informes que únicamente responden al rigor científico. Ella trataba también de descubrir el rostro humano del conflicto.

Hoy, en el año 2002, hablar de la desmilitarización no necesariamente trae aparejada una sentencia de muerte. Aún así, cuando los investigadores sociales tocan temas similares o vinculados, la libertad académica entra en área de peligro, en riesgo de ser violentada. En el año 1990, tampoco debía haber significado la muerte. Sin embargo, la prueba documental, los diferentes peritajes y testimonios presentados ante este Honorable Tribunal indican con toda claridad que en aquella época, debido a la preeminencia de la Doctrina de Seguridad Nacional y a los enfoques contrainsurgentes, una investigación como la de Myrna equivalía a situarse en una posición de enemigo interno. Y el enemigo interno debía ser aniquilado, dicen los manuales de guerra. Así lo confirmaron con sus testimonios los peritos Katherine Doyle y Pino Benamú.

Myrna fue considerada un enemigo interno. Con su trabajo, ella tocó una fibra sensible de la política contrainsurgente y puso en conocimiento público el drama humano de los desplazados. Aunque estaba desvinculada de las acciones que por cuenta propia tomaban las comunidades de desplazados, fue responsabilizada por el Ejército de la aparición pública y de las denuncias que estas poblaciones hicieron. Las Comunidades de Población en Resistencia daban a conocer la situación del desplazamiento interno, reclamaban sus derechos y denunciaban el terror que se cernía sobre ellos.

De manera que la operación especial de inteligencia, que culminó con el asesinato de mi hermana, no respondía solamente al impacto que sus investigaciones podían tener sobre la contrainsurgencia y la Seguridad Nacional. También respondía a una supuesta vinculación entre Myrna y las acciones que estaban tomando las Comunidades de Población en Resistencia. Como el trabajo de Myrna exponía que el Ejército y sus diferentes estructuras impulsaban comportamientos criminales, control social y guerra sicológica sobre las poblaciones desarraigadas, se crearon las condiciones para que en su contra se levantara una operación especial de inteligencia".

El desarraigo de los desplazados

"En sus conclusiones, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada tras los Acuerdos de Paz de 1996, dijo: "El terror sin precedentes provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras entre 1981 y 1983 desencadenó la huida masiva de población, principalmente indígena. El desplazamiento forzado de la población civil destaca en la historia del enfrentamiento armado por su carácter masivo y su potencia destructora. Encarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora. Implica el desmembramiento de familias y comunidades".

Se estima que casi un millón y medio de personas sufrieron el desarraigo. Muchos encontraron refugio en territorio mexicano y varios miles se quedaron en el país. Algunos llegaron a las ciudades. La gran mayoría se desplazaba constantemente por la selva y la sierra para eludir la persecución del Ejército, buscar comida, agua y refugio. Vivían a la intemperie en condiciones de difícil subsistencia, sufrían desnutrición y severos traumas emocionales.

Los desplazados, agrupados en su mayoría en Comunidades de Población en Resistencia, vivían en la clandestinidad pero empezaban a preparar su "salida al claro". Pugnaban por ser reconocidos como población civil no combatiente. Deseaban gozar de sus derechos civiles y políticos, retornar a sus comunidades de origen y gozar de vida normal. Demandaban el cese de la persecución en su contra y denunciaban los continuos ataques aéreos y terrestres a que eran sometidos por parte del Ejército. Sobre ellos se cernían los planes de campaña contrainsurgente".

El trabajo de Myrna con los desplazados

"Myrna visitó la selva y la sierra. Vio cara a cara ese sufrimiento, lo palpó y lo sufrió. Su trabajo antropológico no podía estar despojado de esa vivencia y ella abordó la humanización del conflicto.

Sus hallazgos mostraban el carácter infrahumano de las condiciones de vida de esta población. La opinión pública empezó a tener acceso a la información hasta entonces vedada. Los desplazados, por su parte, visualizaban la posibilidad de salir, de anunciar al mundo su existencia y sufrimiento. Los planes y campañas militares de entonces tenían entre sus objetivos impedir el avance de los desplazados hacia el plano público.

El trabajo de Myrna y la inminente salida de los desplazados a la luz pública -hechos no vinculados entre sí- motivaron la planificación del crimen, el diseño de los operativos de vigilancia y seguimiento, así como la ejecución del crimen. No hubo motivos personales para asesinar a Myrna. En cambio, sí había motivos políticos suficientes para silenciar a quien, con sus investigaciones científicas, ponía en riesgo los planes destinados a aniquilar a esa población vulnerable que, a ojos del poder contrainsurgente, era base social de la guerrilla".

Un crimen institucional disfrazado de delincuencia

"A Myrna la vigilaron en el campo y en la ciudad. ¿Por qué no la asesinaron durante alguna de sus visitas a Quiché o a Alta Verapaz? ¿Por qué no la ejecutó un comando militar destacado en el interior del país? ¿Por qué lo hizo un comando de inteligencia del Estado Mayor Presidencial? Las respuestas han salido poco a poco. Varios peritos y hasta el mismo Noel de Jesús Beteta, asesino material de mi hermana, han dado respuesta a esas interrogantes. Por una parte, se buscó disfrazar este crimen con características de delincuencia común. Por otra parte, existía una sólida articulación y coordinación entre todas las estructuras del Ejército para garantizar una acción institucional, orientada a defender la doctrina y las políticas definidas para aniquilar al enemigo: a la insurgencia y a toda persona o movimiento sospechosos de simpatizar o de actuar como base social.

Myrna era considerada un enemigo interno y los desplazados eran vistos como población bajo el control de la guerrilla o simpatizante de ésta. Se perfilaron como un objetivo militar por aniquilar. Se convirtieron en un objetivo de la contrainsurgencia y fueron combatidos por las estructuras militares, según la conveniencia y la pertinencia.

Se pretendía que el asesinato de mi hermana tuviera la apariencia de un hecho de la delincuencia común. Por eso el escenario del crimen tenía que estar alejado de las zonas del conflicto armado. Tenía que ser ubicado en un terreno que abriera la posibilidad de desvanecer cualquier tinte contrainsurgente. El análisis del contexto excluyó a la Dirección de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional y a sus diferentes canales en el interior del país, como ejecutores del plan. La operación especial de inteligencia fue encomendada a una de las estructuras de inteligencia que actuaba en la ciudad capital".

Un crimen encomendado al Estado Mayor Presidencial

"Una certificación sobre la trayectoria del sargento Beteta en el Estado Mayor Presidencial, firmada por el ex-jefe de esa unidad militar, Coronel Rudy Pozuelos, identifica la naturaleza de la dependencia donde trabajaba Beteta: el Departamento de Seguridad Presidencial G-2 del Estado Mayor Presidencial. Esta prueba documental confirma lo dicho por los peritos Héctor Rosada, Katherine Doyle y Clever Pino Benamú, en el sentido de que el Estado Mayor Presidencial no sólo prestaba seguridad al Presidente de la República y a su familia. También era parte de las estructuras de la inteligencia y, bajo la fachada formal, se escondía un órgano que, a la vez que cuidaba la seguridad del gobernante, también realizaba labores de inteligencia, operaciones encubiertas y actos ilegales vinculados a la seguridad del Estado.

No es extraño que la institución armada y las mentes perversas que identificaron a mi hermana como un enemigo interno encomendaran la tarea a uno de los órganos que operaban en la ciudad capital: la G-2 del Estado Mayor Presidencial, oficialmente conocido con el nombre de Departamento de Seguridad Presidencial (DSP) y comúnmente llamado también "el Archivo".

Este órgano, como se ha establecido en este juicio, estaba integrado por agentes especialistas y sus responsables entregaban cuentas directamente al Jefe del Estado Mayor Presidencial. El asesino material de Myrna obedecía directamente las órdenes de Juan Guillermo Oliva Carrera y Juan Valencia Osorio, y éstos rendían cuentas directamente a Edgar Augusto Godoy Gaitán. Ésa es la cadena de mando que ha quedado establecida en este juicio, a partir de las declaraciones del testigo Sergio Camargo Muralles y de la abundante prueba documental presentada".

Documentos desclasificados en Estados Unidos

"Los documentos desclasificados en Estados Unidos, que estaban archivados en el Departamento de Estado y en el Pentágono de aquel país, vinculan al Estado Mayor Presidencial (EMP) y a su Departamento de Seguridad Presidencial (DSP), con la comisión de graves crímenes políticos y diversas violaciones de derechos humanos. Así lo atestiguó la perita Katherine Doyle, quien dijo que los documentos desclasificados revelan que el DSP del EMP realizaba inteligencia y operativos contrainsurgentes en coordinación con la Dirección de Inteligencia Militar (D-2) y otros cuerpos de seguridad del Estado. Entre los crímenes que estos documentos atribuyen al DSP del EMP figuran secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

En los documentos desclasificados se afirma que el EMP se dedicaba a ejecutar la violencia selectiva, especialmente ejecuciones y desapariciones forzadas; y que el DSP participó en la desaparición de numerosas personas entre 1981 y 1983, muchas de las cuales fueron trasladadas a diferentes comandos o unidades militares de la capital y del interior del país. La prueba de la desaparición forzada de algunas de estas personas consta en el llamado Diario Militar que el National Security Archive dio a conocer en 1999, en el cual figura el listado de 183 víctimas desaparecidas en un lapso de seis meses".

Una institución con probada capacidad criminal

"Doyle declaró también que, de acuerdo con los análisis realizados, el DSP del EMP tenía una amplia capacidad operativa, contaba con escuadrones de la muerte y una de las características de sus operativos era disfrazar los crímenes políticos como hechos de la delincuencia común. El perito Pino Benamú declaró que todos los órganos de inteligencia tenían sus archivos, métodos y modos de operación estandarizados, tenían autonomía para manejar su presupuesto y sus operaciones. Tras la fachada de legalidad de los órganos de inteligencia, había acciones ilegales que se ejecutaban como operaciones especiales encubiertas.

La inteligencia es un factor "vertebrado" en toda la estructura militar, dijo el perito, reforzando la noción de que toda estructura del Ejército cuenta con su propio factor de inteligencia, que a la vez se encadena nacional e internacionalmente con sus pares; tienen su propia jerarquía, doctrina y misión, todo lo cual funciona en secretividad y compartimentación. Se trata de canales que corren de manera paralela a las estructuras de mando y jerárquicas visibles y legales.

A pesar de que la defensa intentó separar al Estado Mayor Presidencial del Ejército, la Ley Constitutiva del Ejército, la prueba documental, los peritajes y testimonios demuestran que el uno es orgánico al otro. Ninguna estructura, ningún agente de inteligencia, actúa por cuenta propia. Por eso, Beteta no vigiló ni asesinó a Myrna porque se le ocurrió. Estaba cumpliendo una orden. En opinión del Coronel Pino Benamú, un Departamento de Seguridad como el llamado "Archivo" del Estado Mayor Presidencial, en donde se fraguó el asesinato de Myrna Mack, puede ser reconocido como una organización de fachada que oculta el verdadero funcionamiento de un órgano de inteligencia con operaciones ilegales, conocidas con el nombre de "operaciones especiales de inteligencia".

El EMP desarrolló una amplia estructura de operaciones y de inteligencia para cumplir con su parte en el ejercicio del poder contrainsurgente. Los presidentes civiles fueron sucesivamente seducidos por ese poder. En su oportunidad, el Experto Independiente de Naciones Unidas para Guatemala, Christian Tomuschat dijo que el EMP era un centro de planificación de graves crímenes".

Desplazados y refugiados en la mira

"En cuanto a la vinculación del EMP y del DSP al tema de los desplazados, el testimonio de la testigo Carmen Rosa de León es contundente: durante el gobierno de Vinicio Cerezo, el EMP participó activamente en las políticas institucionales de repatriación y tratamiento al desplazado interno. Según este testimonio, dos ex-miembros del Departamento de Seguridad del EMP (DSP), los coroneles Julio Roberto Alpírez y Mario Mérida, la visitaron con el fin de recopilar información sobre el trabajo con refugiados y desplazados e incluso asignaron a dos personas del DSP para que tuvieran contacto permanente con la Comisión Especial para la Atención a los Repatriados (CEAR), con el fin de monitorear información.

Pero la vinculación del EMP en este tema llegó mucho más allá. El Estado Mayor Presidencial manejó un fondo de financiamiento para contribuir con el trabajo de la CEAR y el coronel Juan Valencia Osorio, uno de los acusados de ordenar el asesinato de Myrna Mack, fue el contacto permanente entre el DSP del EMP y la CEAR para el manejo de este financiamiento. Esto desvirtúa la afirmación de los acusados en el sentido que el EMP y el DSP no tenía relación alguna con el tratamiento a los desplazados, que desconocían este tema y que nunca se ocuparon de asuntos relacionados con éste. Quedó demostrado en este juicio que el Ejército siempre consideró el tema de los desplazados y refugiados un asunto de seguridad interna y que los militares no compartían las políticas de repatriación y reasentamiento que impulsaba el gobierno civil".

Una asociación perversa

"De acuerdo con el perito Héctor Rosada, alguna mentalidad castrense hizo una asociación perversa y malévola cuando, por su trabajo, Myrna se situó en el espectro contrainsurgente y al publicar sus investigaciones. Según dijo, el comunicado del 7 de septiembre de 1990, donde las CPR denunciaban su situación, podría haber sido el detonante. Rosada resaltó que los desplazados eran de interés del Ejército y del Estado Mayor Presidencial y que esta institución no se limitaba a la seguridad del Presidente, pues también hacía inteligencia política, estratégica y militar, análisis y escenarios para el Presidente de la República; añadiendo que al tema del desarraigo producido por el enfrentamiento armado se le aplicó la Doctrina de Seguridad Nacional. El EMP era un "puente" de comunicación entre el poder político y el poder militar, y esto superaba en mucho las tareas que se supone estaban restringidas a la seguridad presidencial.

En este juicio, quedaron establecidas las características del trabajo público y oculto que realizaba el Estado Mayor Presidencial, su dependencia del Presidente de la República y los canales de coordinación que mantenía con la Dirección de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional y otras estructuras del Ejército".

Una operación especial de inteligencia

"Lo anterior me permite concluir que el Estado Mayor Presidencial y el Departamento de Seguridad Presidencial tenían interés en el tema de los desplazados y que en cumplimiento de una misión contrainsurgente se planificó, ordenó y ejecutó la eliminación física de mi hermana, a través de una operación de inteligencia especial.

Según lo investigado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y lo dicho por el perito Clever Pino, estas operaciones consistían en actualizar la situación de la víctima. Por eso, vigilaron a Myrna y la siguieron en la capital y en Quiché. Para ejecutar estas operaciones, se cuida hasta el más mínimo detalle y se cubren todas las necesidades administrativas. Finalmente, viene la consolidación. Es todo lo relacionado con las previsiones para evitar que el hecho de fondo sea descubierto: ocultamiento y encubrimiento de la acción, distorsión, desinformación, amenazas, hostigamiento, eliminación de testigos, etc.

A lo largo de doce años, este caso no sólo se ha enfrentado al encubrimiento, sino también al ocultamiento de información que han solicitado jueces y fiscales; así como a las amenazas que han sufrido los operadores judiciales; al exilio de los testigos y al asesinato del investigador policial José Miguel Mérida. Sin contar las campañas de desprestigio lanzadas contra la familia de Myrna y las personas e instituciones que han colaborado para lograr el esclarecimiento y la sanción de este crimen".

El funcionamiento de una cadena de mando

Después de haber demostrado que la planificación de una operación especial de inteligencia requiere de un proceso minucioso, detallado, con recursos humanos y materiales, difícilmente se puede aceptar que esto pueda ser planificado y ejecutado por iniciativa de un solo especialista del Ejército, sin contar con el apoyo y la supervisión de sus superiores.

Esto queda probado cuando el perito Clever Pino, preguntado sobre si un agente de inteligencia puede planear, preparar y ejecutar en forma autónoma una operación de inteligencia, afirma que "de ningún modo una operación de inteligencia puede ser realizada por un agente, toda vez que es una operación compleja que requiere de elementos de comando, control, recursos logísticos y económicos. En tal sentido, de ningún modo podría ser ejecutado por un agente, tanto por su nivel jerárquico como por la importancia misma de la operación de inteligencia."

Esto nos lleva a pensar que Beteta, cuando asesinó a mi hermana, respondía a una cadena de mando. El perito Pino Benamú también expresó que "un plan de operaciones de inteligencia es formulado por el oficial de operaciones u oficial del caso y luego es presentado al jefe para la aprobación correspondiente."

Así funcionó la cadena de mando. En el Departamento de Seguridad Presidencial se formula el plan, con Valencia Osorio, Oliva Carrera y Beteta. El mismo es presentado al Jefe de Estado Mayor Presidencial para la aprobación correspondiente, en este caso a Edgar Augusto Godoy".

La responsabilidad de Oliva Carrera

"Al ya condenado Noel de Jesús Beteta se le demostró su responsabilidad en el asesinato de mi hermana, responsabilidad que quedó determinada plenamente en todas las instancias, por lo tanto es cosa juzgada.

El acusado Juan Guillermo Oliva Carrera, quien se desempeñaba como subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial es responsable del planeamiento de la operación especial de inteligencia, pues era el jefe inmediato de Noel de Jesús Beteta. Insisto en resaltar que desempeñó cargos en puestos de inteligencia de 1982 a 1992, siendo significativo que en el año de 1982 servía en la zona militar de Quiché en el área de operaciones Gumarcaaj, cuando se estaba desarrollando la estrategia contrainsurgente. En esa área de operaciones se desempeñó como ayudante del oficial de inteligencia. En 1983 y 1984 se desempeñó como oficial de Asuntos Civiles y Oficial de Inteligencia en la zona militar Número 20 de Quiché. Posteriormente, cuando Myrna Mack realizaba sus investigaciones académicas, desempeñó funciones de inteligencia como ayudante de negociado en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Retornó a Quiché en 1988 al puesto de oficial de inteligencia de la zona militar de Quiché. Después, en 1989 y 1990, se desempeñó como subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial.

Se puede apreciar claramente la continuidad en puestos de inteligencia de este oficial en Quiché, lo que lo califica como especialista en inteligencia. Además, estas funciones las desempeñó en el área quichelense, una región muy golpeada por el enfrentamiento armado interno y donde se produjo el mayor desplazamiento de población.

Esta experiencia, trasladada al Estado Mayor Presidencial, lo califica para desarrollar con toda eficiencia operaciones especiales de inteligencia. En el caso concreto del asesinato de Myrna, este oficial participó en la planificación, realizó y supervisó la ejecución del plan en su condición de oficial del caso; asignó órdenes específicas a los responsables de las diferentes tareas que contenía este plan, y precisó a Beteta la eliminación física de mi hermana".

La responsabilidad de Valencia Osorio

"El acusado Juan Valencia Osorio, Jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, es un oficial que desempeñó puestos de inteligencia desde el año de 1982 en la zona Militar Número 20, en el Estado Mayor Presidencial y en el Agrupamiento Táctico de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Valencia prestó servicios como comandante de compañía en las zonas militares de San Marcos y de Playa Grande.

Estos cargos desempeñados nos permiten deducir que este oficial es especialista en inteligencia y en operaciones, aunque predomina la especialidad de inteligencia. La experiencia acumulada en los cargos de 1982 a 1988 le permitieron alcanzar el cargo de Jefe del Departamento de Seguridad Presidencial.

En el caso del asesinato de Myrna Mack, en su condición de Jefe del Departamento de Seguridad Presidencial, Valencia es responsable de haber planificado y supervisado la operación especial de inteligencia; y sometió a aprobación de su superior jerárquico el plan de operaciones de inteligencia que contemplaba la eliminación física de Myrna" .

La responsabilidad de Godoy Gaitán

"Al revisar la hoja de servicios del acusado Edgar Augusto Godoy Gaitán se puede apreciar la experiencia de este oficial en el área de operaciones, al haber desempeñado puestos de comando en las zonas militares de Jutiapa, Jalapa, Petén y San Marcos. Asimismo, puestos en el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Merece particular atención que, después de desempeñarse como Director de Inteligencia durante 1986 y 1987 en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, haya pasado a ocupar el cargo de Jefe de Estado Mayor Presidencial durante los años de 1988 a 1991. Fue Director de Inteligencia en 1987, cuando Myrna Mack comenzaba su trabajo de campo en las áreas de conflicto, concretamente en las Verapaces y Quiché. Estos servicios prestados lo califican para la supervisión y control de unidades de todo tipo, particularmente de inteligencia.

Para el caso concreto del asesinato de Myrna Mack, Godoy Gaitán es responsable de la aprobación del plan operativo que incluía la ejecución de Myrna, por su calidad de Jefe de Estado Mayor Presidencial y por ser responsable de la línea de mando de este Estado Mayor, conociéndose doctrinariamente que en toda organización militar y en todo Ejército profesional el Jefe es responsable de lo que se haga o se deje de hacer en la unidad que está bajo su mando".

Las falsedades esgrimidas por la defensa

"Los tres acusados han tratado de desvanecer el móvil político y su vinculación con el tema de los desplazados y las tareas de inteligencia. Aquí, en esta Sala de Vistas, han dicho incoherencias e incongruencias, tales como:

-Que el Estado Mayor Presidencial no es parte del Ejército.

-Que el Estado Mayor Presidencial no hacía inteligencia.

-Que el Estado Mayor Presidencial no hacía contrainsurgencia.

-Que el Estado Mayor Presidencial sólo se ocupaba de la seguridad del Presidente de la República y su familia.

-Que el Estado Mayor Presidencial no se interesaba en el tema de los desplazados.

-Que la Doctrina de Seguridad Nacional significa paz y desarrollo.

En un afán de establecer su inocencia no han dudado en presentar bases falsas. Ellos mintieron al punto de desconocer su pertenencia al Ejército; negaron tareas sustantivas que cumplieron cuando estuvieron de servicio, de alta, en el Estado Mayor Presidencial; e intentaron restar validez en la carrera militar a los cargos que ocuparon en el Estado Mayor Presidencial. Pero sus mentiras quedaron expuestas en la medida que este Honorable Tribunal escuchó a los peritos y a los testigos y conoció la prueba documental.

El Estado Mayor Presidencial es parte del Ejército y los militares que en él laboran también son parte del Ejército. Así lo establece la Ley Constitutiva del Ejército, cuando lo menciona entre las estructuras que integran la institución armada. Es parte intrínseca del Ejército, al extremo que ahora, para cumplir el compromiso de eliminarlo, será necesario que el Congreso modifique la mencionada ley y suprima la parte del artículo que crea el Estado Mayor Presidencial.

Además, el ex-Presidente Vinicio Cerezo y el ex-Ministro de la Defensa Nacional, Héctor Gramajo explicaron con claridad que, previo al nombramiento de los integrantes de esa estructura militar, se llevan a cabo consultas entre el Presidente y el Ministro de la Defensa. Por si fuera poco, el Presidente de la República, a quien sirve el Estado Mayor Presidencial, es también el Comandante General del Ejército, porque así lo establecen la Constitución Política de la República y la Ley Constitutiva del Ejército. Administrativamente, el Estado Mayor Presidencial tiene vínculos directos con el Ministerio de la Defensa Nacional, pues incluso los salarios están contemplados en la nómina que este ministerio maneja, según lo admitieron los propios acusados.

Como consta en la prueba documental, en los peritajes y testimonios, el Estado Mayor Presidencial tiene tareas asignadas que no se circunscriben al solo hecho de velar por la seguridad del Presidente. También hace análisis político, análisis de los factores de poder y reportes sobre las informaciones de los medios de comunicación y de diversos acontecimientos nacionales. El ex-Presidente Cerezo informó sobre este tipo de actividades. Quedó establecido que, incluso para cuidar al mandatario, deben realizar tareas de inteligencia. El Estado Mayor Presidencial y su G-2 también participaron en la ejecución de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la política contrainsurgente. Y dado que los desplazados eran objetivo militar, porque el propósito era aniquilarlos o desvincularlos de la guerrilla para reeducarlos, el Estado Mayor Presidencial también se ocupó de ellos".

La nefasta Doctrina de Seguridad Nacional

"La Doctrina de Seguridad Nacional no significó paz y desarrollo. En Guatemala, como en América Latina, esta doctrina significó violencia, terror y masiva violación de derechos humanos. Significó la toma del poder por parte de los ejércitos, el fortalecimiento de las tareas de inteligencia, la adopción de políticas contrainsurgentes que situaron como enemigo del Estado a cualquier persona que quisiera actuar libremente, la creación de lazos y canales de comunicación y coordinación entre órganos de inteligencia, así como la generación de patrones criminales comunes.

Los documentos desclasificados de Estados Unidos revelan que, lejos de fomentar la paz y el desarrollo, esta doctrina significó violencia y terror, cooptación de las estructuras del Estado e implantación de regímenes militares. Fuentes de inteligencia de Guatemala y de Estados Unidos revelan la forma en que esta doctrina fue aplicada y sus nefastas consecuencias".

Una conspiración al descubierto

"Vale mencionar que el responsable material del asesinato, Noel de Jesús Beteta, se ha prestado al juego de la defensa, que ha intentado perfilar también como inocente a una persona que ya fue condenada en 1993 por este crimen. Han montado frente a este Tribunal una farsa con el fin de seguir encubriendo los atroces crímenes que han cometido.

En este juicio ha quedado probado que Edgar Augusto Godoy Gaitán, Juan Valencia Osorio y Juan Guillermo Oliva Carrera son culpables de haber planificado y ordenado el asesinato de mi hermana. Tenían motivos políticos, motivos de Estado, para asesinarla; tenían los recursos humanos y materiales para hacerlo; y, sobre todo, respondían a una supuesta necesidad de Estado. Ha quedado establecido el móvil político del asesinato de mi hermana y toda la conspiración que culminó con su asesinato el 11 de septiembre de 1990".

Sólo queremos justicia

"Honorable Tribunal, confío en que ustedes sabrán valorar todo lo que en este juicio se dijo y todo lo que se presentó. Confío en que sabrán establecer la diferencia entre la verdad y la mentira. Por mi parte, yo reitero en este momento la demanda que junto a mi familia y amigos vengo haciendo desde hace doce años: justicia. No estoy clamando venganza ni urdiendo planes políticos contra una institución del Estado.

Durante doce años hemos buscado acabar con la impunidad que rodea el asesinato de mi hermana. Como ciudadana de este país, estoy cumpliendo con mi deber de hacer todo lo humanamente posible para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho. Yo no apuesto a la venganza. Yo apuesto a los más altos valores de la justicia y al compromiso que este Tribunal tiene con la legalidad y los principios de la administración de justicia".

El legado de Myrna

"El legado de Myrna -la hija, la madre y la hermana- está presente en nuestras vidas y en nuestra familia, en su hija y en sus nietos. El legado de Myrna, la antropóloga, está presente en el desarrollo y evolución que tuvo la política institucional hacia los desplazados internos. Ellos se han reasentado, se han reinsertado en la sociedad y, aunque sumidos en la pobreza, la falta de acceso a los servicios básicos y la ausencia de oportunidades, representan un anuncio de vida, el anuncio de vida que pueden hacer las víctimas que sobrevivieron al temor y a la persecución.

El legado insospechado de Myrna en el campo de la justicia radica en el paradigma que plantea este caso. Judicialmente, se estableció, en el proceso contra Beteta, la naturaleza política de este crimen; el móvil vinculado al trabajo académico que ella realizaba; y la participación de agentes del Estado en este hecho de violencia. El proceso que hoy pasa por la etapa del debate oral sentó precedentes en materia de enjuiciamiento a altos oficiales del Ejército, planteamiento de un caso de autoría intelectual y dilucidación jurídica para los militares en un fuero común".

Un caso sin precedentes

"Este juicio es la reivindicación más digna para la memoria de Myrna. Es la reivindicación ante el intento por desautorizar a los ciudadanos que acudimos a estas instancias porque confiamos en el sistema de administración de justicia, aún cuando estamos conscientes de sus debilidades y problemas.

Estamos enjuiciando la política de terror que tanto dolor nos ha causado, estamos dilucidando un conflicto contra el Estado dentro del mismo Estado sin necesidad de rupturas violentas. No queremos violencia, odio ni revancha. Queremos justicia que garantice el fin de la arbitrariedad y de la impunidad.

Al mismo tiempo que este caso ha develado los logros posibles en materia de administración de justicia, también ha descubierto los mecanismos de la impunidad. Y hoy los guatemaltecos estamos mejor preparados para emprender la búsqueda de justicia y el combate de la impunidad. La muerte de Myrna nos hace vivir con esperanza, porque su ausencia es la razón que nos ha impulsado a buscar justicia para ella y para quienes fueron privados de un juicio justo, para quienes aún sufren el oprobio y para que puedan gozarla aquellos que aún no han nacido."

Tras la sentencia

Tras la sentencia, Helen Mack emitió un comunicado y días después interpuso una apelación especial. Se expresó así la hermana de Myrna: "La sentencia emitida ayer por el Tribunal Tercero de Sentencia en el juicio seguido contra tres oficiales militares acusados de haber planificado y ordenado el asesinato de mi hermana constituye un hecho histórico que refleja la existencia de avances, aunque mínimos y frágiles, en la administración de justicia en Guatemala. Estoy satisfecha con la condena de 30 años de prisión dictada contra el coronel Juan Valencia Osorio, porque se demostró fehacientemente que él fue autor de un crimen institucional, de una operación especial de inteligencia, que culminó con el asesinato de mi hermana".

Magnitud histórica de este juicio

"No estoy satisfecha con la absolución dictada a favor del General Edgar Godoy Gaitán y del Coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, pues presentamos pruebas suficientes que confirman que son tan responsables como el Coronel Juan Valencia Osorio como autores de un crimen que no pudo ser ideado por una sola persona, sino por toda la cadena de mando de una estructura militar, y que por eso participaron de una decisión institucional en un crimen institucional.

Independientemente de la absolución de Godoy y de Oliva, la condena del coronel Valencia y el hecho de que hayamos asistido a un juicio como el celebrado del 3 de septiembre al 3 de octubre de 2002, reafirma mi convicción de que es posible visualizar justicia en Guatemala, aun cuando esto implique una lucha sostenida por doce años o más. Esta condena define la magnitud histórica de este juicio, porque el producto de este proceso judicial no se reduce a la condena o absolución de los acusados. Para fortuna de todos los guatemaltecos, representa la constatación judicial del terrible sufrimiento humano que provocaron la Doctrina de Seguridad Nacional, la política contrainsurgente, el concepto del "enemigo interno" y la desnaturalización de los órganos de inteligencia".

Una reparación moral

"De este juicio, yo rescato, en primer lugar, la reparación moral que se ha hecho a la memoria y a la dignidad de Myrna. El tribunal estableció el carácter institucional del crimen, la naturaleza política del hecho, el móvil vinculado a su trabajo científico con los desplazados que tuvo como escenario las zonas con mayor conflictividad, la vinculación perversa que se hizo entre sus investigaciones y las reivindicaciones de los desplazados agrupados en las Comunidades de Población en Resistencia.

El tribunal dio valor probatorio a testimonios, peritajes y otro tipo de prueba que establece lo anterior; también dio validez a la tesis de que mi hermana fue ejecutada por habérsele considerado un enemigo interno, una amenaza para el Estado, según el perfil definido por la Doctrina de Seguridad Nacional; y quedó probado que hubo un plan de seguimiento y vigilancia que culminó con su asesinato, plan en el cual se utilizaron recursos humanos y materiales procedentes del Estado Mayor Presidencial. De la misma manera se estableció que el Departamento de Seguridad Presidencial era la G-2 del EMP y que el ahora condenado, Valencia Osorio, también estuvo vinculado al espionaje postal en Correos".

Un país de víctimas

"A través de este juicio, hemos desnudado también las prácticas criminales impulsadas por el Estado y que tienen su evidencia irrefutable en los casos de genocidio, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, persecuciones, desarraigo y exilio, entre muchas otras formas de represión que nos convirtieron en un país de víctimas.

Yo estoy segura de que las víctimas y sus familiares se sienten representados en los logros obtenidos y que de alguna manera se sienten reivindicados porque en este debate no sólo se enjuició a los responsables del asesinato de Myrna. También se enjuició el comportamiento criminal del Estado y de algunas de sus instituciones.

Se enjuició la Doctrina de Seguridad Nacional fomentada por Estados Unidos y su aplicación en Guatemala, así como sus componentes más relevantes: el concepto del "enemigo interno", las prácticas contrainsurgentes, la potenciación de los servicios de inteligencia, el extremo carácter inhumano que se imprimió a los conflictos internos y a los regímenes militares que -por décadas- operaron en casi toda América Latina."

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