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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 245 | Agosto 2002
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Internacional

"Estamos vendiendo el futuro" Obispos de Canadá alertan sobre el ALCA

No son sólo los globalofóbicos quienes cuestionan el ALCA. Cada vez, más voces autorizadas encienden luces rojas y lanzan señales de alerta sobre el actual diseño del ALCA y sobre sus negativas consecuencias para el futuro del continente americano. Este documento fue preparado por la Oficina de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá para la conferencia "Humanizando la economía Global", celebrada en Washington en enero 2002.

Obispos Católicos Canadienses

El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) representa el último intento en el proceso de liberar el comercio y la inversión en nuestro continente. El acuerdo para el ALCA está modelado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994 por Canadá, Estados Unidos y México. De hecho, el ALCA es descrito como un TLCAN incrementado.

Desde la firma del TLCAN, tanto el comercio como la inversión se han incrementado en las tres naciones. También se ha visto un correspondiente período de crecimiento económico generalizado. Sin embargo, hoy en día se constata una preocupante recesión en Norteamérica. Quienes apoyan el TLCAN señalan indicadores económicos generales como prueba de los beneficios del tratado, pero bajo estas realidades se esconde un sustrato de sombras. En las sociedades de los tres países es creciente la brecha entre los ricos y los pobres. Y en los tres es evidente un aumento en la dificultades e incertidumbres sobre el futuro que experimenta la mayoría de sus ciudadanos, mientras que un número cada vez menor de inversionistas, ejecutivos y profesionales se vuelven cada vez más ricos.

El tratado comercial más arrollador de la historia

En 1994, líderes de 34 países comenzaron las negociaciones para el establecimiento del ALCA. Desdichadamente, estas negociaciones se han hecho a puertas cerradas, excluyendo del análisis y debate de las propuestas en los diferentes foros tanto a la ciudadanía como a los grupos populares. Un borrador del tratado fue discutido en abril del año 2001, poco antes de la Cumbre de las Américas celebrada en la ciudad de Quebec. El objetivo que se tiene en mira es completar las negociaciones para el año 2005.

Quienes observan con preocupación el proceso del ALCA lo describen como el tratado de comercio e inversión más arrollador de la historia. Serios indicios dejan ver en qué forma lo comercial y la inversión podrían desligarse de cualquier forma de control ciudadano y de la autoridad de los gobiernos debidamente elegidos, dejando a las corporaciones transnacionales y a los tribunales comerciales operar de forma independiente y secreta.

Los acuerdos de libre comercio son una experiencia nueva y controvertida para Canadá. De las preocupaciones que resultan del ya vigente TLCAN una de gran importancia es la que está resultando de la capacidad que adquieren en el acuerdo las compañías privadas para demandar a los Estados en el contexto de aparentes pérdidas de ganancias. Estas demandas o reclamaciones afectan en primer lugar la condición soberana de los Estados. En segundo, la capacidad de proteger legalmente el medio ambiente. Y, por último, la participación democrática del pueblo en sus futuros gobiernos. Esta realidad exige del Pueblo de Dios una reflexión a la luz de la fe y de la doctrina social católica.

El capítulo 11 del TLCAN y sus nefastas consecuencias

Quienes negocian el ALCA proponen incorporar en este tratado el Capítulo 11 del TLCAN. El borrador del ALCA fue publicado por el Comité de Negociaciones del Tratado del ALCA en julio del año 2001. El análisis realizado por grupos de investigación sugiere que el borrador incluye, virtualmente al pie de la letra, la totalidad del texto del TLCAN en lo que se refiere a los mecanismos de relación entre el Estado y los inversionistas, lo que permitiría a las corporaciones extranjeras gozar de derechos especiales en la utilización de instancias de arbitraje internacional, a puertas cerradas y sin estar sujetas a dar cuenta de sus acciones, en lugar de utilizar los tribunales nacionales, disolviéndose así leyes y reglamentos promulgados democráticamente en todas las Américas, tal como está ya sucediendo en Norteamérica.

Tradicionalmente, los gobiernos han interpretado su mandato como servidores del interés público y por eso, responsables de regular las actividades de las corporaciones. Esto significaba que el papel del gobierno, por ejemplo, consistía en asegurar la protección del medio ambiente contra la degradación, y asegurar un justo trato a los trabajadores. Pero el mecanismo de relación entre inversionistas y el Estado establecido en el Capítulo 11 de TLCAN está transformando esta relación histórica en su mismo núcleo.

El objetivo primario del Capítulo 11 es limitar la capacidad de gobierno de proteger el medio ambiente, la salud y otros valores públicos frente a los intereses comerciales. Estas medidas hacen cada vez más difícil para los gobiernos cumplir con el mandato de proteger los derechos de los ciudadanos que los han elegido.

Sin perder tiempo, las corporaciones tomaron ventaja de las oportunidades que les abría el Capítulo 11. Cerca de quince demandas legales ya han sido presentadas para atacar, en el corazón mismo, la capacidad de los gobiernos de producir orientaciones políticas y de salvaguardar la soberanía nacional, en particular en lo que se refiere a la emisión de leyes para la protección del medio ambiente. La información sobre estos casos relacionados con el Capítulo 11 es muy incompleta, y es así como un directo resultado de las reglas del TLCAN, que busca cubrir los hechos con el manto de la secretividad, en completo contraste con la apertura al público que establece la jurisprudencia de los tribunales nacionales. A pesar de esta información tan reducida, incluimos cuatro breves ejemplos de México, Estados Unidos y Canadá, en los que presentamos lo que sabemos acerca de algunas demandas bajo los mecanismos establecidos en el TLCAN para la relación entre el Estado y los inversionistas.

Caso 1: Erhyl Corporation contra Canadá

Canadá prohibe la importación de un aditivo para la gasolina llamado MMT, producido por Ethyl Corporation, una empresa estadounidense con base en Virginia. El gobierno canadiense tiene evidencias de que el MMT es nocivo tanto para la salud como para el medio ambiente. Los funcionarios canadienses estaban confiados en ganar el caso, en el que la empresa demandó al Estado de Canadá en octubre 97 por prohibirle el uso del aditivo. Sin embargo, a pesar de que el TLCAN permite a los gobiernos promulgar leyes para la protección del medio ambiente, las deliberaciones del tribunal hacían ver con claridad que Canadá iba a perder el caso. En lugar de verse obligados a pagar la indemnización reclamada por Ethyl, de 250 millones de dólares americanos, por la pérdida de futuras ganancias, Canadá aceptó un arreglo fuera de la Corte bajo las siguientes condiciones: pagar a Ethyl 13 millones de dólares americanos, anular la prohibición del MMT en la gasolina, y dar una disculpa pública a Ethyl por haber afirmado que su producto era nocivo.

Todos los procesos se desarrollaron de forma secreta, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo de previsiones para las inversiones en el TLCAN y todos fueron criticados ampliamente por la opinión pública de Canadá. El caso representó un duro despertar a los impactos de expropiación de la soberanía ya temidos cuando se firmó el TLCAN. El resultado ha sido un deterioro directo de la salud y del medio ambiente en Canadá.

Caso 2: S.D. Myers contra Canadá

En octubre de 1998, S.D. Myers Inc., empresa con base en Estados Unidos que se dedica al tratamiento de transformadores eléctricos que tienen el tóxico PCB, hizo un reclamo a Canadá por 30 millones de dólares americanos por pérdidas que habría tenido durante la prohibición entre los años 1995-1997 de la exportación de desechos de PCB desde Canadá. El gobierno canadiense mantiene que Canadá está obligado por convenciones internacionales que estipulan que los desechos de PCB deben ser destruidos de una manera que proteja el medio ambiente, y argumenta que las normas de los Estados Unidos para desembarazarse de desechos de PCB no son tan exigentes como las canadienses. Los desechos fueron destruidos en un lugar canadiense de Alberta y la prohibición se revocó en 1997.

El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, controla también el movimiento transfronterizo de desechos de PCB. En noviembre del año 2000 el tribunal declaró que la prohibición contravenía el Capítulo 11 del TLCAN en lo que se refiere al trato de nacionales y a las normas mínimas del trato de inversionistas extranjeros. El caso está pendiente y el tribunal está ahora determinando si S.D. Myers sufrió daños. Canadá ha presentado una demanda de amparo ante la Corte federal canadiense para protegerse de la sentencia del tribunal, argumentando, entre otras razones, que esa sentencia entraría en conflicto con la política establecida en Canadá, que requiere que desembarazarse del PCB y de sus desechos debe hacerse en Canadá cumpliendo con la Convención de Basilea, que regula estrictamente la disposición del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.

Caso 3: Methanex Corp. Contra Estados Unidos

Esta compañía canadiense, con sede en Vancouver, está demandando desde finales del año 1999 al gobierno de Estados Unidos por 970 millones de dólares americanos porque el Estado de California ordenó terminar para el año 2002 la producción del químico MTBE, un aditivo para el gas basado en el metanol. A mediados de los años 90 se introdujo el MTBE para incrementar la eficiencia en la combustión del gas y reducir la contaminación, aunque ya existía la preocupación de que una fuga en los tanques subterráneos podría contaminar los mantos de agua.

Usando las reglas del TLCAN, Methanex sostiene que el valor de sus acciones y su ganancia potencial han sido drásticamente afectados por la controversia, resultando en una expropiación de sus ganancias futuras, en precios menores para su producto y en incremento de costos. Reclama daños basados en la pérdida de valor de sus acciones.

Debido a las preocupaciones sobre la contaminación de las aguas, el gobernador de California habla del MTBE como "un gran riesgo" para el medio ambiente de su Estado. En una carta dirigida a Robert Zoellick, representante comercial de los Estados Unidos, catorce representantes y senadores californianos expresaron sus inquietudes relativas al caso del MTBE: Como legisladores del Estado de California consideramos un problema que se nos indique por funcionarios comerciales lejanos a nuestro medio, y que no han sido democráticamente elegidos, qué tipo de paradigmas y normas tenemos que aplicar en la promulgación de leyes para la protección del medio ambiente y de la salud del pueblo de nuestro Estado.

La resolución de este caso va a ser importantísima en lo que se refiere al Capítulo 11 del TLCAN. Si la sentencia favorece a Methanex, muchas otras compañías van a presentar demandas similares contra las leyes del medio ambiente que no les favorecen. Esto colocaría a los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos bajo una inmensa presión pública para cambiar aspectos del acuerdo del TLCAN.

Caso 4: Metalclad contra México

Esta reclamación contra el gobierno de México fue hecha en octubre de 1997 por una compañía americana dedicada al tratamiento de desechos. Metalclad compró una compañía mexicana dedicada a esto mismo, la cual, con conocimiento de causa, había contravenido la ley de Guadalcazar, el lugar en el cual Metalclad proponía establecer su planta de tratamiento. El sitio había sido administrado pésimamente y las reservas locales de agua habían sido contaminadas. La municipalidad negó la licencia de operación. El gobernador había considerado el lugar como un peligro ambiental para las comunidades circunvecinas, y ordenó el cierre de la planta. Más tarde declaró el lugar como parte de una zona ecológica de 600 mil acres.

Metalclad reclamó que el Estado mexicano contravino el Capítulo 11 del TLCAN declarando su sitio de tratamiento de desechos una zona ecológica, causándole la pérdida de su inversión y ganancias potenciales por 90 millones de dólares americanos por razón de la expropiación, una cifra mayor que la ganancia anual todas las familias del municipio en el que se encuentra la planta de Metalclad.

En agosto del 2000, un tribunal determinó que México había contravenido las estipulaciones del Capítulo 11 sobre las inversiones y otorgó a Metalclad la suma de 16.7 millones de dólares, la cantidad que esta empresa había gastado en la inversión. El gobierno de México apeló la resolución ante la Suprema Corte de Columbia Británica, donde se realizaron las investigaciones del caso. La apelación aún está en proceso. Este caso abre importantes cuestiones en lo que se refiere a la capacidad de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales de poder conservar su autoridad ante los inversionistas extranjeros al implementar controles para la defensa del medio ambiente.

Está en juego el futuro del continente

Muchas cosas están en juego en las negociaciones del ALCA. Los procesos legales que han resultado como consecuencia del Capítulo 11 nos hacen prever lo que se les viene encima a los gobiernos soberanos si el ALCA se firma en su estado actual. Quienes promueven los tratados de libre comercio los describen, con benignidad, como una forma simple y fácil de promover el intercambio de bienes entre los países. Pero, de hecho, los tratados se refieren no tanto al comercio sino a las inversiones, permitiendo a las corporaciones el mover el capital a donde les sea más ventajoso. El capital puede cruzar sin problemas las fronteras, pero los tratados, incluyendo el TLCAN, no permiten a los trabajadores moverse con una libertad semejante.

El objetivo del ALCA es extender los alcances del TLCAN a 31 países más localizados en el hemisferio occidental, combinando, como establece el Capítulo 11, poderosas restricciones a la autonomía de las decisiones políticas nacionales con un proteccionismo sin precedentes de los derechos de propiedad de las corporaciones.

El gobierno canadiense se encuentra sometido a una abundante presión de la opinión pública a medida que los canadienses se van dando cuenta de que el TLCAN, y en particular el Capítulo 11, erosiona el poder de todos los niveles de gobierno, tanto en la provisión de servicios públicos como en su capacidad de actuar buscando el mejor beneficio de sus ciudadanos. El Ministro de Comercio canadiense había hecho la promesa de usar su influencia para que el Capítulo 11 fuera modificado, pero antes de la Cumbre de Quebec (abril 2001) un grupo de corporaciones hizo pública una carta en la que pedían que el Capítulo 11 no se modificara. El gobierno de Ottawa dio marcha atrás a su intento, sugiriendo que lo único que desea es clarificar la intención de esta cláusula.

¿Derechos humanos, laborales y ambientales o derechos de los inversionistas?

Fue obvio el malestar mostrado por varios líderes de América Latina y el Caribe en la Cumbre de Quebec. Pusieron en duda la afirmación de que un modelo económico neoliberal sea la respuesta adecuada a los problemas de sus países. A cambio, pidieron fondos que les permitan una gradual y planificada transición para integrarse al libre comercio. Países caribeños y andinos reclamaron un trato legal preferencial al interior del ALCA.

Aunque Canadá, Estados Unidos y México son países sólidos e independientes, el Capítulo 11 del TLCAN ha afectado de forma negativa a sus poblaciones. Otros países firmantes del ALCA se encontrarían en una situación aún más vulnerable. Actualmente, los países más pobres ya son forzados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a desregular sus economías, mientras luchan por mantener medidas que les ayuden a fortalecer sus industrias y programas sociales. Con una cláusula semejante al Capítulo 11 del TLCAN, el ALCA limitaría todas las iniciativas de los gobiernos en beneficio de sus ciudadanos.

Tanto grupos de ciudadanos como organismos de la sociedad civil están promoviendo un camino alternativo a las actuales reglas del comercio y de la inversión que se proponen en el ALCA. Consideran que las regulaciones comerciales deben asegurar que el respeto a los derechos humanos básicos, a los derechos de los trabajadores, a un medio ambiente sano y a los derechos de los pueblos indígenas, tal como han sido definidos por protocolos internacionales, debe tener precedencia sobre los derechos de los inversionistas.

Siete años viviendo en el TLCAN nos dan derecho a hablar

Las estipulaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entraron en vigor en 1994. Ya que el ALCA va ser moldeado sobre el TLCAN, es una tarea importante revisar los efectos de este Tratado en los tres países miembros.

Un informe del año 2001 hecho por analistas de Estados Unidos, México y Canadá llega a esta conclusión: Una evaluación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte, en su séptimo aniversario, encuentra a lo largo del continente una tendencia a la fijación de las ganancias de los trabajadores, a la pérdida de oportunidades de empleo, al incremento en la inseguridad y a una desigualdad creciente. Los autores reconocen que el comercio y las inversiones se han incrementado entre los tres países en los últimos siete años, y que ha habido un período de crecimiento económico. Pero también, que los tres países han experimentado una agudización de la brecha entre ricos y pobres en sus sociedades. La falta de poder adquisitivo, tanto del salario como de otros ingresos, se ha incrementado en los tres países para la mayoría de la gente. Al mismo tiempo, han ido desapareciendo programas sociales que protegían a los ciudadanos y al medio ambiente.

En Canadá, el 20% de las familias situadas en lo alto de la escala económica vio incrementar sus ingresos del 41.9% al 45.2% en 1998. El 20% de las familias situadas al fondo de la escala vio disminuir sus ingresos del 3.8% al 3.1%. El ingreso de los trabajadores asalariados mexicanos se deslizó en un 25% entre 1991 y 1998, mientras que el ingreso de los trabajadores autónomos se desplomó en un 40%. Durante los años 90, el poder adquisitivo del salario mínimo en México disminuyó en casi un 50%. En la manufactura los salarios disminuyeron en un 21% entre 1993 y 1999. El TLCAN eliminó un número estimado de 760 mil oportunidades de empleo en los Estados Unidos entre 1994-2000, y el déficit comercial entre los vecinos del norte y del sur se incrementó sustancialmente.

Los autores del informe advierten que los efectos negativos del TLCAN amenazan con ser consagrados en el ALCA. La experiencia con el TLCAN sugiere que un tratado comercial de gran amplitud no es viable si no da igual o más prioridad a los trabajadores y al desarrollo social que la protección que da a los inversionistas y financieros. Estos mismos analistas aconsejan: En lugar de tratar de extender un tratado lleno de fallas a todas las Américas, los líderes de las tres naciones norteamericanas deberían sentarse de nuevo a diseñar un modelo de integración económica que trabaje en beneficio del mundo laboral del continente.

La peligrosa sombra del AMI está presente en el ALCA

Los obispos católicos canadienses tienen una amplia tradición en la vigilancia sobre las problemáticas sociales y económicas y en levantar la voz cuando la necesidad lo exige. Son conscientes de la responsabilidad de la Iglesia en la promoción del bien común a la luz de los valores evangélicos. Durante el debate sobre el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, la Conferencia de Obispos Católicos Canadienses no tomó partido, pero levantó una serie de preguntas en busca de claridad en su carta de mayo de 1997 Free Trade: At What Cost? (Libre Comercio: ¿a qué precio?) También desarrolló un instrumento de trabajo que ayudara a los canadienses a clarificar su decisión sobre las problemáticas que implicaba el TLCAN.

En 1998, las naciones pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se encontraban en medio de la negociación de lo que sería el Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI), un tratado internacional sobre las inversiones, que eventualmente protegería a las corporaciones transnacionales para poder invertir por todo el planeta de una forma casi totalmente libre.

Estas negociaciones se llevaban adelante en total secreto, pero una fuga de información permitió darse cuenta de su existencia, desatándose la alarma en el ámbito internacional. En 1998 la Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá envió una carta al Ministro de Comercio canadiense en la que expresaba su gran preocupación con el ingenuo apoyo del gobierno canadiense al AMI. La Comisión describía el AMI como una estrategia de desarrollo basado en la liberación comercial, la desregulación y la privatización económica. Los obispos miembros de la Comisión temían que el AMI fortaleciera aún más a las grandes firmas transnacionales a costa de debilitar a otros actores en los niveles local, regional y provincial.

Haciendo referencia a la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, los obispos recordaban al Ministro que todos los derechos, incluyendo el derecho a la propiedad y al libre comercio, deben estar subordinados al bien común. La carta expresaba la preocupación de la Comisión por la falta de consultas ante un acuerdo de tan graves consecuencias y sugería al gobierno de Canadá organizar un proceso consultivo de largo plazo con relación a las negociaciones. Finalmente, la carta preguntaba por qué un acuerdo que eventualmente se iba a extender a casi todos los países del mundo era negociado sólo por 29 de las naciones más ricas.

Ese mismo año, la Comisión de Asuntos Sociales apareció formando parte de una Iniciativa Ciudadana de Indagación sobre el AMI. Ya para entonces la Comisión había hecho un llamado a hacer una pausa en el avance de las negociaciones.

La Comisión reiteraba la preocupación de la Iglesia porque los sistemas económicos estén al servicio del bien común. Y expresaba el temor de que el AMI y otras iniciativas comerciales llegaran a minar el principio de la subsidiaridad, removiendo la capacidad de decisión de los poderes locales y nacionales. El traslado del poder de decisión de los gobernantes elegidos a los ejecutivos y, todavía un paso más, a los accionistas, no es una mejora de la democracia. La Comisión volvía a insistir en su preocupación de que un grupo de países ricos estuviera negociando un tratado que intentaban imponer a los países pobres. No es de ninguna manera aceptable que algunos líderes crean que pueden y aún deben negociar un acuerdo y después ofrecerlo -de hecho imponerlo- a los países en desarrollo.

Las negociaciones del AMI se derrumbaron en octubre de 1998, pero sus principios básicos siguen influyendo en todas partes, de una forma notable a través de la Organización Mundial del Comercio, y también en una variedad de tratados bilaterales y continentales, incluyendo en el propuesto ALCA.

El bien común debe globalizarse

En febrero del año 2001, la Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá envió una carta abierta a los legisladores canadienses, urgiendo a los parlamentarios a trabajar por el bien común y en vistas a la terminación de la exclusión económica. Los obispos hacían notar que la brecha entre las familias más ricas y las familias más pobres de Canadá se ensanchaba dramáticamente, incluso durante estos años de crecimiento económico. La carta de la Comisión subrayaba de forma particular la constante pobreza entre mujeres y niños, una pobreza incrementada cuando se están reduciendo los presupuestos de los programas sociales y de salud y los puestos de trabajo se tambalean. También describía la carta de qué forma la desbocada búsqueda de ganancias industriales incrementaba la destrucción ecológica, refiriéndose también al continuo endeudamiento de las naciones pobres. En un mundo que se globaliza más y más, el bien común debe también volverse global, decía la Comisión.

Comenzó ya a hablarse en serio sobre el ALCA desde 1998 y hasta el día de hoy se continúa hablando. En abril del año 2001 se reunieron en la ciudad canadiense de Quebec presidentes y primeros ministros de las Américas en un complejo protegido por la policía y por una gigantesca alambrada metálica. Unas 60 mil personas protestaron contra el contenido del ALCA y por la forma secreta en que se desarrolla el proceso de negociaciones.

Que nadie sea excluido

El 4 de abril del 2001, el arzobispo de la ciudad de Quebec y primado de Canadá, en una conferencia de prensa presentó un documento titulado That None Be Excluded (Que nadie sea excluido), aprobado por el Consejo Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá y preparado en conjunto con la arquidiócesis.

En su análisis de la liberación del comercio y la inversión, la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá extrajo enseñanzas del rico depósito de la doctrina social católica, incluyendo la exhortación Ecclesia in America, publicada en 1999. En ella, Juan Pablo II menciona que bajo ciertas circunstancias la globalización puede tener consecuencias positivas. Pero añade: Sin embargo, si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y la Naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada.

En ese mismo espíritu, el Consejo Permanente dice: Es evidente que la producción de mayor riqueza no lleva por sí misma a una distribución más equitativa de tal riqueza, y es evidente que la nueva economía produce mayor desigualdad de una manera aún más veloz que antes. También menciona que los gobiernos han recibido el mandato de sus ciudadanos de promover el bien común, por lo que no deben abandonar su poder de intervención. Si esto pasara, los gobiernos se volverían impotentes ante las fuerzas económicas capaces de incrementar producción y ganancia, pero incapaces de garantizar los beneficios resultantes.

El Consejo Permanente repitió que la Cumbre de las Américas mejoraría si se hiciera con mayor transparencia, y dio gran importancia a la Cumbre "paralela" organizada por la Alianza Social Hemisférica. Los ciudadanos del continente necesitan ser capaces de contribuir más a estos debates tan cruciales que determinarán nuestro futuro común. Se urge a los líderes a enfrentar el impacto social y ecológico de un mercado abierto, a enfatizar los derechos humanos y las estructuras democráticas, y a promover un desarrollo que respete la dignidad de individuos y comunidades.

El ALCA exige una mayor reflexión ética

Por más de 500 años la Iglesia ha permanecido como una presencia constante en la vida de los pueblos de las Américas. El comercio y la inversión no son realidades nuevas para nuestras naciones. El mundo ha experimentado desde el siglo XV una forma de globalización. Con el paso de los siglos han cambiado las teorías económicas y las tecnologías, pero para la Iglesia la pregunta es la misma: ¿De qué forma puede la economía ayudar al pueblo a vivir con dignidad y en plenitud, libre de la zozobra y la miseria?

Si la globalización es inevitable, entonces es claro que la Iglesia tiene una misión esencial: humanizar sus objetivos y fines. El desarrollo del ALCA, un proyecto tan crítico, exige de la Iglesia una más profunda reflexión ética.

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