Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 245 | Agosto 2002
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

México

Atenco: los machetes desafían el neoliberalismo

La rebeldía y el amor a la tierra de los campesinos de Atenco obligaron al Presidente Fox a ceder y a rectificar. Es una buena noticia: con el poder y el brillo de los machetes se puede desafiar y vencer el poder del dinero.

Jorge Alonso

Desde hace años se venía constatando que el aeropuerto de la ciudad de México resulta insuficiente para el tráfico aéreo de la ciudad, una de las más superpobladas del planeta. Y desde hace años se empezaron a fraguar varios proyectos para construir una terminal aérea alterna. Dos fueron los que parecían más viables: uno ubicado en el área del lago de Texcoco, en el estado de México; y otro en Tizayuca, en el estado de Hidalgo. Con el primer proyecto, el actual aeropuerto se cerraría; en la segunda opción el nuevo se destinaría a los vuelos internacionales y los vuelos nacionales seguirían operando en el actual aeropuerto.

El nuevo aeropuerto se convirtió pronto en una pugna elitista entre dos grandes grupos económicos que pretendían sacar ventajas de sus propuestas. Se llegó así a una lucha sucia de amplias proporciones. Qué pensaban los pobladores de estas áreas parecía no estar en la agenda de nadie.

Expropiados y compensados con precios ridículos

En el segundo semestre de 2001 la balanza se inclinó por la opción de Texcoco. El gobierno perredista de la ciudad de México manifestó su oposición por esa decisión: había inconvenientes, tanto ecológicos como de planeación urbana que afectaban a la capital del país. El gobierno federal insistió en que la decisión había sido técnica, lo que pusieron en duda especialistas académicos.

Para la realización del proyecto se recurrió a la vía de las expropiaciones de los terrenos de las comunidades agrarias en donde se construiría el nuevo aeropuerto. Serían expropiadas por decreto presidencial 5 mil 391 hectáreas. Tres municipios del estado de México fueron los afectados. Un 70% de lo expropiado se ubicaba en el municipio de Atenco, un 25% en el de Texcoco, y un 5% en el de Chimualhuacán. El municipio de San Salvador Atenco tiene una población de unos 30 mil habitantes, con un índice de alto crecimiento urbano y con gran carencia de servicios. La principal fuente de ingresos de su población viene de la producción agrícola (maíz y frijol).

Los rendimientos son bajos. La zona de riego, donde se cultiva alfalfa, es de propiedad privada. Los recursos más deteriorados son el suelo y el agua. El agua de la región tiene muchas sales y esto afecta los suelos. En los tres municipios existe una diversidad de ejidos que sufrirían pérdidas de su territorio. De estos ejidos, a los que más tierra se les quitaría para el proyecto de aeropuerto es a los que llevan el mismo nombre que el municipio de Atenco (20% del proyecto), Santa Isabel Ixtapa (23.2%) y Nexquipayac (16.5%). El precio por metro cuadrado ofrecido como compensación a los dueños de las tierras que serían expropiadas fue más que ofensivo: 25 pesos en tierras de riego y 7 pesos en las tierras de temporal (un dólar=10 pesos).

Lucha jurídica: amparos y controversias

Como las autoridades no habían tenido en cuenta a los habitantes en donde se pretendía construir el aeropuerto, el descontento estalló con enorme fuerza. Se canalizó por dos vías. Por la vía jurídica interpusieron 11 amparos en contra de la expropiación. Además, tres ayuntamientos -entre ellos los de Atenco y Texcoco- y el Distrito Federal presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales por invasión de competencias, porque de acuerdo a la Constitución corresponde a los municipios autorizar la utilización del suelo y participar en la planeación del desarrollo regional.

En los medios de comunicación se trató de minimizar la protesta aduciendo que los ejidos que se oponían representaban sólo el 25% de lo expropiado. Pero a finales de agosto del año 2001, de los 11 amparos 5 ya habían sido aceptados y correspondían a los ejidos donde se concentraba más de la mitad de la tierra expropiada para la construcción del aeropuerto. Sin este territorio, el proyecto no era realizable.

Hay que precisar que muchos de los ejidos afectados desaparecerían prácticamente si la construcción se llevaba a cabo. El de San Salvador Atenco perdería el 80% de su territorio. Lo mismo le sucedería a cinco ejidos más. Había otros a los que sólo se les quitaba una quinta parte. Para los más afectados, entre ellos Atenco, aceptar la expropiación significaba renunciar a la vida de sus comunidades. El Presidente Municipal de Texcoco declaró que tanto el gobierno federal (panista) como el gobierno estatal (priísta) lo estaban hostigando por haber interpuesto una controversia constitucional en contra de la expropiación.

Lucha social: marchas y bloqueos carreteros

No sólo se empleó la vía jurídica. Muchos habitantes decidieron organizarse en un movimiento social de protesta, que se fue institucionalizando y emergiendo como un frente de defensa de la tierra. El gobierno no les hizo caso. En respuesta, el movimiento recurrió a varias acciones de rebeldía. En octubre de 2001 decenas de ejidatarios bloquearon una importante vía de comunicación de la cabecera del municipio de Texcoco. Al mes siguiente, blandiendo sus machetes, marcharon hacia el Zócalo de la ciudad de México. Policías del Distrito Federal quisieron detenerlos, pero ante el riesgo de un enfrentamiento sangriento, los dejaron pasar. A finales del año 2001 tres mil ejidatarios de Atenco y Texcoco se manifestaron ante oficinas gubernamentales del estado de México. A principios del año 2002 los ejidatarios inconformes marcharon hacia la capital del estado de México para exigirle al gobernador priísta de esta entidad que se revocara el decreto expropiatorio, cesaran los hostigamientos en su contra y fueran destituidos los funcionarios municipales a los que acusaban de traicionar las causas del pueblo.

Los de Atenco alzan machetes que sacan chispas

La respuesta fue criminalizar al movimiento. El gobierno estatal solicitó órdenes de aprehensión en contra de los líderes de Atenco. No sirvió de nada. El movimiento iba en ascenso y no se limitaba a sus fronteras. Ejidatarios atenquenses participaron en las marchas de protesta contra la globalización neoliberal en la cumbre de Monterrey. Y en cuanto movimiento de protesta social aparecía, ahí estaban los de Atenco ofreciendo su apoyo. En todas sus apariciones, blandían sus machetes. Decidieron usar como símbolo de lucha su tradicional instrumento de trabajo.

En febrero de 2002 realizaron otra marcha a la ciudad de México. Para entonces sus alianzas habían fructificado y los acompañaban estudiantes y obreros. Querían llegar a la residencia presidencial para emplazar al Presidente Fox a un debate público sobre la expropiación de sus tierras. La policía no los dejó pasar. En los meses siguientes y ante el anuncio de la fecha de licitación del Plan Maestro prosiguieron con bloqueos carreteros. Reclamaban que no se diera ni un solo paso antes de la resolución de la Suprema Corte, y enfatizaban que no venderían sus tierras. A mediados del año confiscaron cuatro vehículos y retuvieron a once empleados de la Compañía de Luz y de otra empresa, que hacían trabajos de prospección en sus tierras. También impidieron los trabajos sobre avalúos de sus terrenos. Y volvieron a emplazar al Presidente Fox a un debate público. El 8 de julio marcharon hacia el aeropuerto de la ciudad de México. Ante el temor de que bloquearan las pistas de aterrizaje, la Policía Federal Preventiva les cerró el paso. En los medios de comunicación, empresarios y políticos se quejaban de que se permitiera a los ejidatarios desfilar con sus amenazantes machetes, de los que sacaban chispas haciéndolos chocar contra el pavimento de las calles.

En julio estalla "la ira social"

El 11 de julio, los ejidatarios atenquenses se dirigían a hacerse presentes en un acto del gobernador del estado de México. La policía estatal les impidió el paso y hubo un enfrentamiento que dejó varios heridos. Entre ellos, un atenquense que quedó muy grave. La policía detuvo a los principales dirigentes del movimiento. En respuesta, los campesinos destruyeron algunos vehículos y carros patrulla y retuvieron a varias funcionarios públicos en demanda de la liberación de sus compañeros. En la noche, el descontento creció. La comunidad se atrincheró y bloqueó una importante carretera, de inmediato sitiada por la policía estatal, por la Policía Federal Preventiva y por el ejército.

Los habitantes declararon que estaban dispuestos a todo, hasta a morir, con tal de no vender sus tierras. La revista Proceso narró los hechos titulando "La ira social". La prensa proempresarial cargó las tintas contra los ejidatarios acusándolos de violentos. El recién liberado General Gallardo denunció una provocación policial contra los ejidatarios por orden del gobierno del estado de México. De acuerdo con esta versión, compartida por otros observadores, el gobernador del estado de México había ordenado reprimir a los campesinos de Atenco y detener a sus líderes.

Piden mano dura contra "las manos oscuras"

Todos los que durante la gestación de este movimiento habían recibido apoyo de los atenquenses se movilizaron en alianza con su movimiento de resistencia. Obreros, campesinos, pobladores urbanos, estudiantes y maestros participaban. Cuauhtémoc Cárdenas hizo un llamamiento a grupos de la sociedad civil para que apoyaran a los pobladores de Atenco. Varias organizaciones civiles se prepararon para realizar una caravana que rompiera el sitio de las fuerzas armadas para poder llevar alimento y medicinas a los ejidatarios. La televisión quiso presentar las alianzas con el movimiento como la evidencia de las "manos oscuras" que manipulaban a los ejidatarios.

El procurador del estado de México llegó a afirmar que en Atenco había presencia de guerrilleros y de subversivos extranjeros. Los gobernantes volvían a repetir la acostumbrada cantinela con la que buscan descalificar cualquier protesta social: interpretarla como extraña, como si no tuviera razones propias; y denigrar a sus protagonistas al suponerlos sin capacidad para pensar y actuar por propia cuenta, considerándolos manipulables por "oscuros intereses". Las clases dominantes conminaron al gobierno a usar mano dura, recordando que por no haber acabado con el EZLN en los primeros días de enero de 1994 este movimiento causó después tantos dolores de cabeza.

Los de Atenco quieren hablar con Fox

La tensión subió con el peligro de que el conflicto escalara aún más. La Procuraduría del estado de México no sólo no liberaba a los campesinos detenidos sino que los consignaba. El gobierno federal mostró disposición a no recurrir a la represión, pero en el estado de México las autoridades priístas se empeñaban en no ceder. El gobierno federal declaró que el problema era competencia del estado de México, pero los ejidatarios desconocieron toda intermediación con las autoridades estatales y apelaron a una interlocución con el Presidente de la República, pues todo el conflicto se derivaba de su decreto expropiatorio. Posteriormente, las autoridades del estado de México cedieron y liberaron a los campesinos detenidos, pero sólo bajo fianza y manteniendo las acusaciones y el proceso en su contra.

Atenco liberó a los funcionarios que mantenía retenidos y suspendió el bloqueo carretero, aunque exigiendo que fueran retirados todos los cargos contra sus dirigentes. También propusieron la intermediación de tres reconocidas personalidades: el obispo emérito Samuel Ruiz, el General Gallardo y la luchadora social Rosario Ibarra. El gobierno federal no aceptó esta propuesta y ofreció un trato directo con los "realmente" afectados, dando a entender que no aceptaría la presencia de los aliados del movimiento.

El dirigente nacional del PAN responsabilizó a las autoridades del estado de México por el uso de la violencia. El jefe de gobierno del Distrito Federal, el perredista López Obrador, propuso una tregua, y el PRD se solidarizó con los atenquenses. Con gran cinismo, los priístas se quejaron de que se negociaba "al margen de la ley", cuando los dirigentes del PRI han sido históricamente expertos en torcer la ley sin miramientos para acabar con cualquier disidencia y para favorecer a sus encumbrados militantes y a sus socios. Los priístas reclamaron que se había dejado en libertad a "delincuentes", sin acordarse de que un delincuente de la talla de Cabal Peniche pasea aún en libertad, a la par de otros grandes empresarios que han defraudado a la nación en complicidad con el PRI.

¿En cuánto vendería su rancho, Señor Presidente?

Panistas y eminentes miembros de la iniciativa privada también expresaron su inconformidad. Criticaban que el gobierno se dejara presionar sobre decisiones ya tomadas. Temían que "el mal ejemplo" cundiera para que nada funcionara.

El gobierno federal tuvo que reconocer que no podía construir un aeropuerto resguardándolo con armas de la protesta social. El Presidente Fox señaló que cumplir con el estado de derecho no implicaba cerrar la puerta al diálogo, que ambos eran objetivos compatibles, y que se podían encontrar vías de acuerdos en el marco de la ley. En una entrevista para CNN, en la que Fox no quería hablar del caso Atenco, se le preguntó si él vendería su rancho a siete pesos el metro cuadrado...

Fox anunció que se estaban contemplando otras opciones para ubicar el nuevo aeropuerto, y prometió que no se iría contra los derechos de nadie. El Secretario de Gobernación negó que el estado de derecho se hubiera negociado, y adujo que la mejor manera de inducir el cumplimiento del derecho no era la fuerza, sino la razón y el diálogo.

El gobierno federal ofreció de entrada reconsiderar el precio de la indemnización y entregar tierras en otros lugares a los que se empeñaran en seguir siendo agricultores, declarando que, privilegiando la tolerancia, buscarían todas las alternativas posibles para llegar a acuerdos con los ejidatarios. López Obrador alabó la capacidad de Fox para rectificar. El PRD demandó buscar otros terrenos para el aeropuerto, mientras el PRI pedía priorizar a los inversionistas.

Conflicto en el Congreso

En el Congreso el conflicto dividió a los legisladores. Perredistas, petistas y los del Partido Verde exigieron al gobierno actuar de manera congruente con el diálogo ofrecido. Los panistas salieron en defensa del Presidente, mientras el PRI defendía al gobernador del estado de México. Para muchos, la solución radicaba en una renegociación del precio de la indemnización. Los panistas denunciaron que en el movimiento había infiltrados y provocadores provenientes de grupos extraños. Para El Secretario de Comunicaciones y Transportes, la resistencia estaba manipulada y el conflicto era político para poner a prueba al gobierno y generarle problemas.

El senador panista Diego Fernández de Cevallos lamentó que los pobres tuvieran que utilizar el lenguaje de los machetes, enfatizando que lo malo no es que los ricos hagan negocios, sino que lo inadmisible es que a los pobres sólo les quede el uso de la violencia. Mientras la iniciativa privada criticaba duramente al gobierno por haber entrado en negociación con los reclamantes y no haberlos reprimido, el sindicato de pilotos aplaudió que Fox no hubiera convertido este caso en una nueva masacre como la de Tlatelolco en 1968.

Cárcel para los dirigentes

En el estado de México proseguían los procesos contra los dirigentes del movimiento, mientras se acusaba al movimiento de estar infiltrado por extranjeros. Los ejidatarios exigieron que cesaran todas las incriminaciones calumniosas. Un juez dictó auto de sujeción a proceso penal en contra de varios ejidatarios de Atenco por haberse enfrentado a los policías. Otros más temían soluciones similares.

Los habitantes atenquenses, que se encontraban en asamblea permanente, exigieron que la Procuraduría estatal levantara los cargos. La respuesta fue la declaratoria de auto de formal prisión a campesinos en libertad caucional.

Primera victoria: diálogo y no represión

Aunque el gobierno del estado de México había montado la represión para acabar con el movimiento, éste se había fortalecido. La proximidad de la visita del Papa a México hizo temer al gobierno federal que el conflicto alcanzara proporciones mayores y que repercutiera negativamente en la imagen internacional del país. Se buscó desactivar la extrema tensión con el ofrecimiento del diálogo. Los de Atenco, que habían manifestado estar dispuestos a todo, hasta la muerte, consideraron este primer paso como una victoria, pues habían vencido la salida represiva. Otro logro que obtuvieron en esta primera etapa, fue la superación de las divisiones internas.

Unas siete mil personas encabezadas por los ejidatarios marcharon hasta la residencia presidencial y esta vez sí fueron recibidas. Entre sus demandas: anular el decreto expropiatorio, entablar un diálogo directo y resolutivo con el gobierno federal, libertad absoluta para los dirigentes inculpados, y salida de los cuerpos policiales de la zona de conflicto. Los de Atenco insistían, por sobre cualquier demanda, en que no venderían a ningún precio, en que no iban a negociar dinero.

El movimiento propuso un diálogo de cara al pueblo con asistencia de la prensa, y una comisión de treinta ejidatarios de los cuales diez estarían en la mesa para tomar la palabra. Anunciaron que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contaría también con 10 asesores. El diálogo debía llevarse a cabo en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Chapingo a las cinco de la tarde
del 17 de julio.

El gobierno apuesta a dividirlos

Una vez que se superó la gran tensión, continuó el juego político. El Secretario de Gobernación declaró que el gobierno dialogaría sin cartas debajo de la mesa y sin artilugios, y que quería saber cuál era el sentir de la mayoría de las comunidades. Diez representantes de las trece comunidades que se verían afectadas por la expropiación habían aceptado dialogar. Pero entre ellas no estaban los de Atenco, que se aferraban a no vender.

El responsable gubernamental del proyecto del nuevo aeropuerto presionó, argumentando que si el aeropuerto no se construía en Texcoco podría no realizarse durante el sexenio de Fox. Aunque todos sabían que la obra beneficiaría principalmente a empresas ligadas al poderoso grupo político-económico Atlacomulco del estado de México y a capital extranjero, se ofreció a los ejidatarios ser partícipes del negocio.

Los ejidatarios de Atenco estuvieron esperando a representantes del gobierno en la fecha lugar y hora propuestos, pero nadie del gobierno acudió. Ante la ausencia de representantes gubernamentales, los líderes del movimiento decidieron no desbordarse, considerando que era un momento de reflexión para el gobierno. Si el gobierno federal no les respondía, irían al Poder Legislativo. Sin embargo, volvieron a sentir el desprecio gubernamental y entendieron que el gobierno federal se equivocaba al no tenerlos en cuenta. Era la quinta vez que hacían un llamado al gobierno para dialogar.

Cada vez más unidos

El mismo día y a la misma hora en que los atenquenses eran defraudados, se reunían en la Secretaría de Gobernación representantes de diez comunidades ejidales afectadas a las que el gobierno ofreció diálogo. Quienes acudieron manifestaron que estaban de acuerdo con la construcción del aeropuerto, pero no con el precio de indemnización ofrecido, y que apoyaban a los ejidatarios de Atenco, pero no la violencia.

Al día siguiente, la Secretaría de Gobernación invitó al presidente del comisariado ejidal de Atenco a dialogar el 22 de julio. Pensaban que dejarían fuera a los representantes del movimiento de defensa de la tierra, pero el gobierno hizo un mal cálculo. Y aunque el grupo del movimiento social y el grupo del comisariado ejidal se habían venido manifestando por vías diversas, la respuesta represiva los había unido. Voceros del movimiento hicieron ver que los comisariados ejidales que habían acudido a la cita con el Secretario de Gobierno no habían hecho asambleas con sus ejidatarios para ver qué pensaban sobre los ofrecimientos, y que por eso carecían de representatividad. Las tres comunidades con mayor afectación de tierras no habían ido a esa cita. El movimiento acusó a quienes habían ido a Gobernación de traidores.

Cada vez más decididos a no vender

Los ejidatarios de Atenco, Acuexcomac, Magdalena Panoaya, Nexquipayac y Tocuila -representaban el 42.4% de la tierra expropiada- se pronunciaron en contra de la estrategia oficial que pretendía aislarlos y privilegiar el diálogo con los núcleos agrarios que sí querían vender sus tierras. El 19 de julio se reunieron en Texcoco los líderes del movimiento con funcionarios del gobierno federal y acordaron dar inicio al diálogo el 24 de julio. Asistieron los representantes del Frente de los Pueblos por la Defensa de la Tierra, y el líder de los ejidatarios declaró que el compromiso de ambas partes era buscar acuerdos. El 21 de julio, un comité de apoyo constituido por integrantes de varias organizaciones sociales fue a Atenco.

Campesinos de San Miguel Tocuila destituyeron a seis integrantes del comisariado ejidal, incluido su presidente, en protesta por haberse reunido con Gobernación sin haber consultado a la comunidad. Reiteraron su apoyo al Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Los habitantes de Santa Isabel Ixtapa se sumaron al Frente, llegando así a seis los ejidos afectados que no estaban de acuerdo con negociar. El gobierno buscaba dividir y el movimiento se iba fortaleciendo. Para estas fechas el gobierno había subido su oferta y de 7 pesos el metro ofrecía pagarlo a 50 pesos.

Flores y corridos para un héroe atenquense

El 24 de julio murió el atenquense que se encontraba grave por la golpiza recibida el 11 de julio. Los medios de comunicación de mayor audiencia y las autoridades del estado de México se empeñaron en tratar de convencer a la opinión pública de que la muerte no se debía a los golpes sino a una enfermedad previa. Afirmaban también que el fallecido no era ejidatario, y que había sido obligado a acudir a la marcha en donde había sido golpeado. La Jornada comentó: "Le querían quitar su tierra, le quitaron su vida, y ahora quieren arrebatarle su muerte". Este hombre era un poblador casado con una ejidataria cuyas tierras trabajaba a veces, era integrante del movimiento y no quería perder su casa. Los golpes habían incidido en la causa de su muerte. Uno de los detenidos con él atestiguó que tras los golpes se había sentido muy mal y pidió a los policías que lo atendieran, pero no le hicieron caso. Cuando se puso más enfermo lo llevaron a un hospital, pero el hospital lo devolvió a sus captores. Volvió a ingresar al hospital y después de varios días de gravedad murió.

Lo primero que salió a flote es que se había tratado de negligencia médica. El hospital afirmó que la muerte fue por una broncoaspiración que no pudo superar por ser diabético. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que la agresión le había provocado fallas orgánicas, y el Presidente de la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos declaró que la muerte la causaron descompensaciones derivadas del proceso traumático, y golpear a un detenido -como había ocurrido- es considerado como tortura.

En el entierro hubo rezos, himnos y enojo. Le cantaron corridos de la revolución, cambiando los personajes: el protagonista era el atenquense y el villano el gobernador priísta Montiel. El movimiento responsabilizó de la muerte de este "héroe" al Gobernador priísta del estado de México y al Presidente de la República. La Presidencia lamentó la muerte de este poblador y admitió que su fallecimiento añadía dificultades a negociación.

El abogado del movimiento preparó una denuncia por homicidio contra la policía del estado de México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al gobierno buscar otro sitio para el aeropuerto, pues "ni modo que mataran a todos los que no querían vender". Su muerte unió más a los de Atenco y a las comunidades aledañas.

"No venderemos a nuestra Madre Tierra"

El 22 de julio la Secretaría de Gobernación hizo saber a los atenquenses sus condiciones para proseguir en el diálogo. Tenían que suspender las marchas, no debían llevar machetes, tenían que dejar de lado a sus diez asesores y en las pláticas no podrían estar presentes los medios de comunicación. Los ejidatarios respondieron que el día 24 irían al lugar propuesto por la Secretaría de Gobernación, el Archivo General de la Nación, pero advirtieron que lo harían con sus machetes y con sus asesores.

Sus asesores eran académicos de la UNAM y de Chapingo y sus machetes eran el símbolo de su lucha. Tampoco estaban de acuerdo en excluir a los medios de comunicación. Se quejaron de que el gobierno hiciera un doble juego al mantener un diálogo con otros grupos, cuando se había acordado que el diálogo sería con quienes rechazaban la construcción del aeropuerto.

Los que estuvieron en las pláticas en el Archivo General de la Nación no portaban sus machetes. Algunos sí los llevaron, pero enfundados. Los atenquenses que permanecieron fuera del recinto sí blandían sus machetes. En la reunión, hubo diálogo pero no acuerdo. El encargado gubernamental advirtió al movimiento que la última palabra la tenían las asambleas ejidales. Los dirigentes del movimiento exigían que se les reconociera como Frente de pueblos unidos en defensa de sus tierras. Se acordó otra reunión.

"Si no hay solución habrá revolución"

Adentro, los representantes argumentaban que no venderían a su madre tierra, que era la razón de su existencia y su vida. Y a las acusaciones de que se oponían al progreso, respondieron que a lo que sí se oponen es al progreso sólo de unos cuantos. Afuera, los manifestantes anunciaban: si no hay solución, habrá revolución. El coordinador regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, organismo consultivo de la ONU, declaró que el gobierno estaba violando derechos fundamentales de los ejidatarios de Atenco, como el derecho a la vivienda y calificó de "prepotente" la actitud del gobierno en la primera sesión del diálogo, pues en lugar de resolver el conflicto lo iba a agravar.

Hay cosas de valor que no tienen precio

El 26 de julio los habitantes de Atenco y de otros ejidos esperaron en vano a los representantes gubernamentales en la cita para la segunda ronda del diálogo en la Universidad de Chapingo. Se enteraron por medio de la radio que el gobierno no iría. En seis ocasiones ya los habían dejado plantados, mientras las autoridades mantenían acercamientos y calendarización de reuniones con representantes desconocidos por sus bases. La dirigente del PRD Rosario Robles instó al gobierno a retomar el diálogo, considerando que la política de oídos sordos había desencadenado la violencia.

Los ejidatarios de San Francisco Nexquipayac consiguieron que el presidente del comisariado ejidal firmara una carta en la que se comprometía a no asistir a las negociaciones de los llamados representantes de los diez ejidos con la Secretaría de Gobernación. En asamblea, el núcleo ejidal de San Felipe y Santa Cruz de Abajo acordaron unirse al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y sumarse a la lucha contra la expropiación de sus parcelas. Así, si Gobernación había intentado dividir y debilitar al movimiento, éste se había ido fortaleciendo y a finales de julio ya eran ocho los ejidos opuestos al nuevo aeropuerto.

El 27 de julio el Subsecretario de Gobernación entregó al presidente del comisariado ejidal de Atenco la propuesta de aumento al precio de las parcelas, además del ofrecimiento de construcción de escuelas, centros de salud, reubicación de viviendas afectadas y puestos de trabajo en el nuevo aeropuerto. Pero en su asamblea el ejido ratificó la negativa a la venta de sus tierras. La dirigente del grupo Eureka, Rosario Ibarra, acusó al gobierno de no entender que había cosas que no tenían precio.

Apoyo masivo a los de Atenco

El domingo 28 de julio tuvo lugar en Atenco el primer Encuentro Nacional Campesino. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, junto a representantes de 93 organizaciones campesinas y sociales de todo el país, decidieron realizar a mediados de agosto una movilización nacional para dar un ultimátum al gobierno de Fox exigiendo la derogación del decreto expropiatorio de las tierras de los municipios de Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. El líder de los de Atenco resaltó que se trataba de buscar una unidad nacional en torno a esta demanda. En la asamblea se decidió no peregrinar a la basílica de Guadalupe el 30 de julio, cuando llegaba el Papa, para no dar pretextos para que los reprimieran. Su peregrinación político-religiosa la harían desde Atenco hacia Texcoco. En todo el país abundaron las muestras de apoyo al movimiento atenquense y a la lucha de los de Atenco.

El 23 de julio, antes de que muriera el atenquense golpeado por la policía, la empresa Consulta Mitofsky hizo una encuesta telefónica para medir la opinión de la población sobre el movimiento de los de Atenco. Para sorpresa de los poderosos y de los políticos de derecha, el movimiento contaba con un amplio apoyo. Y aunque un 80% estaba de acuerdo con la necesidad de un nuevo aeropuerto y una tercera parte pensaba que el mejor sitio era Texcoco, un 77.5% opinaba que los de Atenco no tenían obligación de abandonar sus tierras y sus casas para que se construyera el aeropuerto, manifestándose un amplio rechazo a la expropiación. Un 84.7% juzgaba que el movimiento de los de Atenco era legítimo y perseguía proteger su patrimonio, y sólo un 7% pensaba que había "terceras personas" detrás de ellos. Más de dos terceras partes juzgó que el gobierno debía buscar otro lugar para hacer el aeropuerto.

Muchas lecciones que aprender

El movimiento evidenció una vez más que el gobierno foxista, como todos los que han impuesto a los pueblos políticas neoliberales, carece de una política agraria. No hay estrategias para atender los problemas del campo y para resolver sus conflictos. El gobierno sólo tiene ojos para buscar una mayor integración a través de la globalización comercial y financiera, y para lograrlo privilegia los proyectos de infraestructura en beneficio del gran capital. Y si la expoliación de la tierra campesina ha sido siempre elemento importante en la acumulación de capital, esta tendencia se vuelve compulsiva en esta nueva etapa neoliberal.

Se aplica la denunciada táctica del "Hood Robin": quitar a los pobres para dar a los ricos. Se protege a la fuerza económica que invade las tierras de comunidades campesinas, que las expulsa, que las saquea. Aumenta la falta de credibilidad en el poder para resolver las necesidades de los de abajo. Se generan profundas contradicciones entre el modelo impuesto por el gobierno y la realidad de los pueblos. A los buscadores de "manos ocultas" tras el conflicto les sería muy fácil hallarlas si siguieran las pistas de un Estado que esquilma a los pobres y subvenciona a los ricos. Por eso se ha radicalizado el campesinado que no quiere perder sus tierras, lo único que tiene para legar a sus hijos.

Los poderosos no sólo excluyen a las mayorías, son incapaces de verlas. En su mea culpa, el gobierno dijo que había sido un error no haber negociado antes con los afectados. Su actitud inicial fue de desdén, dando señales de que no oiría los reclamos y de que no daría marcha atrás. Esto radicalizó al movimiento, que fue orillado a utilizar una violencia que si no es legal, sí es legítima. El colmo fue la represión brutal. Fue loable que el gobierno federal haya rectificado optando por el diálogo. Sin embargo, en la coyuntura del diálogo cometió otros errores: intentar dividir el movimiento y fragmentar y simular el diálogo.

Qué dijo el México profundo

En Atenco se expresó un movimiento más de los expoliados en contra del neoliberalismo y sus poderes. Los campesinos han defendido su derecho a no vender sus tierras. Los poderosos, como acostumbran, hicieron primero sus planes a costa de ellos, sin consultarlos, sin tenerlos en cuenta, queriendo quitarles sus tierras a cambio de precios ridículos, insultantes. Y después, cuando sobrevino la rebelión, pensaron que con subir la cuota, contagiados por una sociedad donde impera la ley de la ganancia, resolverían el conflicto. Pero se toparon con actitudes que los desconcertaban: la realidad de los atenquenses a vender su patrimonio. Entonces, en lugar de tratar de entender la cultura de los campesinos acudieron a la explicación del complot: manos foráneas utilizaban como títeres a gente a la que desprecian y consideran incapaces de pensar y de actuar libremente. Acusándolos de oponerse al progreso, el gobierno y los empresarios presentaron a los campesinos como violentos, intransigentes, enemigos del desarrollo. No oyeron sus argumentos, o no los quisieron entender.

Los campesinos dijeron que no les interesaba vender su tierra porque ahí tienen su modo de vida, su identidad y su vida comunitaria; que no les interesaban las propuestas de empleo porque ellos trabajan la tierra a la que deben su vida y no quieren trabajar para los empresarios. Dijeron que no quieren un progreso que extermina su cultura y sus tradiciones.

Dijeron también que no se querían meter en estimaciones monetarias de las expropiaciones, sin contar con que es notorio y sabido que pueblos del sur del Distrito Federal, después de tres décadas, todavía no han recibido la totalidad del monto de la expropiación que les tocaba por la construcción del Colegio Militar. Los ejidatarios quieren un desarrollo que los incluya, no sólo como sirvientes o trabajadores de los más bajos niveles, sino como personas que tienen decisión sobre su trabajo. Los poderosos no los entendieron. Muchos analistas resaltaron que no entienden al México Profundo.

Carta a Juan Pablo II

Como último intento para doblegar la resistencia atenquense, la Secretaría de Gobernación distribuyó a los medios una carta en donde uno de los presidentesde los comisariados ejidales que estaban de acuerdo con el aeropuerto anunciaba, en representación de otros comisariados, su propósito de negociar el precio.

Con ocasión de la llegada de Juan Pablo II a México, los de Atenco hicieron una peregrinación pidiendo a la Virgen de Guadalupe que tocara el corazón del Presidente Fox. Y en la diócesis de Texcoco entregaron una carta dirigida al Papa Juan Pablo II para exponerle las razones de su lucha. Denunciaban las falsas promesas del gobierno y el despojo que se quería hacer de sus tierras. "La tierra, don de Dios para todos" fue el título que dieron a la carta. Le decían al Papa que su visita se producía en un momento en que en todo el mundo se viven cambios que atropellan la dignidad humana, y bajo discursos de bienestar y progreso se maquilla la pobreza extrema a la que los gobiernos llevan a los pueblos. Le contaban que era precisamente para denunciar esas injusticias que los de Atenco levantaban su voz, pero que en respuesta tenían la indiferencia y la represión. Le explicaban toda la problemática de la expropiación. Insistían en que el decreto expropiatorio era ilegal e ilegítimo, porque ellos, los dueños de la tierra, nunca habían sido ni informados ni consultados, ya que las autoridades los trataban a ellos y a sus tierras como mercancías, olvidando que tenían historia, tradiciones y dignidad. Los de Atenco pedían al Papa que se pronunciara por su causa justa y digna, porque "nuestras creencias son tan sagradas como nuestras tierras, y porque nuestras tierras son nuestra vida".

Fox cancela el proyecto: una gran victoria

El mismo día que el Papa salió de México, el Presidente anunció que se cancelaba el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Razones oficiales: el nuevo precio de indemnización no había sido aceptado y la negociación se prolongaría mucho tiempo.

En Atenco festejaron la decisión como lo que era, una gran victoria. Las reacciones adversas fueron del mismo tenor que las esgrimidas durante el conflicto. El obispo de Ecatepec, amigo de magnates, se quejó de que 300 machetes hubieran podido más que el Presidente, y afirmó que aunque hubiera habido 500 muertos el aeropuerto debía haberse construido en Texcoco.

Los de Atenco hicieron una ceremonia a su santo patrono para agradecer esta victoria, y con audacia respondieron directamente al obispo: sus declaraciones no correspondían a un hombre de Iglesia, sino a alguien con las manos metidas en el negocio del aeropuerto. Denunciaron al obispo por haber utilizado la fe del pueblo para sus fines. La iniciativa privada sentenció que era una señal de debilidad del gobierno haberse plegado al movimiento campesino. Muchos diputados también manifestaron su contrariedad. Comentaristas conservadores estadounidenses se quejaron de que Fox se hubiera plegado a "la violencia". Cárdenas calificó la decisión presidencial como "el triunfo de la razón", López Obrador alabó que Fox hubiera cumplido sus palabras, y el ex-General Gallardo planteó que todos habían ganado.

El destello de un cambio

El 6 de agosto el Presidente Fox abrogó definitivamente el decreto expropiatorio. Mientras hubo sólo el anuncio presidencial, los de Atenco sentían encima la amenaza de que el conflicto renaciera. Satisfechos con este "sello legal" de su victoria, y para quienes pensaban que su lucha había concluido y ya no tenía ninguna base, los de Atenco anunciaron que, como los zapatistas, se constituirán en Municipio Autónomo, ya que a pesar de muchos meses sin autoridades de ninguna naturaleza funcionaron muy bien comunitariamente. "Pueblo sin ley": así calificaron los grupos de poder.

Con la decisión del Presidente de revocar el decreto expropiatorio, la polarización generada por el conflicto prosiguió. Los enemigos de los intereses populares resintieron su derrota. Y los atenquenses y quienes apoyaron su lucha constataron que es posible triunfar. Y reconocieron que, pese a que en el nuevo gobierno habían estado prevaleciendo las inercias del antiguo régimen, en Atenco se habían percibido los destellos de un cambio.

Los de Atenco y los zapatistas

Lo del Municipio Autónomo no es capricho ni casualidad. Atenco ha sido también un movimiento que se enlaza con el dinamismo impulsado por el zapatismo, tanto el viejo como el nuevo. La figura de Emiliano Zapata y su defensa de la tierra de los pueblos ha revivido en Atenco. El nuevo zapatismo también ha sido fuente de su inspiración, como lo ha reconocido uno de sus líderes, que ha insistido en que la lucha no se gana con consignas sino con razones. Los zapatistas han ofrecido apoyo a los de Atenco, han denunciado que esa forma de realizar obras de infraestructura es uno de los modelos del Plan Puebla Panamá. Coinciden con los de Atenco en que los zapatistas tampoco quieren que se privaticen sus tierras chiapanecas.

Si se siguen buscando los parecidos, éstos se multiplican. Los dos grupos han estado dispuestos a morir antes que a ceder. Tanto a los zapatistas como a los atenquenses se les quiso primero aniquilar. A ambos se les ha criminalizado, ambos son movimientos al margen de los partidos y han llevado la lucha campesina a las ciudades. Ambos respondieron en defensa de su dignidad y han utilizado símbolos de lucha que les dan identidad, capuchas unos, machetes otros. A ambos movimientos se les ha ofrecido un diálogo tramposo. Ambos se han fortalecido con la solidaridad de otros excluidos y han demostrado decisión para una larga resistencia. En los dos movimientos hay una gran presencia de jóvenes y han propiciado que se aglutinen las identidades de los agredidos por el neoliberalismo.

Plan Puebla Panamá: focos rojos

El movimiento de Atenco ha tenido otra consecuencia. Despertó del letargo a varios políticos que advirtieron que en el país hay muchos focos rojos, que el Plan Puebla Panamá puede despertar muchos Atencos, que hay unos cinco mil conflictos agrarios soterrados que pueden estallar. Con Atenco se empezaron a detectar muchas tensiones y presiones económicas y políticas que podrían derivar en violencia. El relator de la ONU para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, declaró que persisten los abusos contra los campesinos mexicanos, y que la violencia surgía porque no se atiende el antiguo problema de la tierra, porque no se respetan los derechos de quienes trabajan y aman a la Madre Tierra.

Vendrán nuevos Atencos

La resistencia de Atenco ha generado un movimiento que suscita solidaridades y crea nuevas redes de lucha. Los de Atenco se han convertido en un ejemplo para muchos campesinos en la defensa de sus tierras y de sus tradiciones agrarias.

La lucha sigue. Sin pender ya sobre sus cabezas los decretos expropiatorios, los líderes del movimiento continúan teniendo abiertas causas penales. Y los empresarios, despechados por su derrota, instan al gobierno del Estado de México, también resentido por las pérdidas millonarias que supone la cancelación del proyecto del aeropuerto, para que persiga penalmente a los líderes como una forma ejemplar de escarmiento. Como siempre, ganar una partida no significa una victoria definitiva. Por eso, la expectativa, y también la esperanza, es que vendrán nuevas luchas.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
La guaca: tesoro, sepultura y proceso de maduración

Nicaragua
"Nos han vendido (y hemos comprado) un sistema de salud que no funciona"

Nicaragua
Jóvenes: fresas, revolucionarios, bacanaleras y hippies

Nicaragua
¿Cómo salvar el bosque? Haciendo fincas, cortando árboles

México
Atenco: los machetes desafían el neoliberalismo

Internacional
"Estamos vendiendo el futuro" Obispos de Canadá alertan sobre el ALCA

Nicaragua
Noticias del mes
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web