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  Número 244 | Julio 2002
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Nicaragua

"Nuestro sistema de justicia está enfermo de gravedad"

Julio Francisco Báez, jurista experto en derecho fiscal, forma parte de la Comisión Jurídica que recibió del Presidente de la República el mandato de analizar los problemas de la justicia en Nicaragua. Báez compartió con Envío algunos aspectos de su preocupante diagnóstico, en una charla que transcribimos.

Julio Francisco Baéz Cortés

El 21 de febrero, en una fecha simbólica para Nicaragua porque recordamos el asesinato del General Sandino, el Presidente Bolaños instaló una Comisión Jurídica, para la que seleccionó a treinta personas -veinticinco somos abogados-, entre magistrados, ex-magistrados, jueces, ex-jueces, profesores universitarios y abogados independientes, con la finalidad de que, en un esfuerzo conjunto, presentáramos recomendaciones para "la transformación de la justicia en Nicaragua". Algunos interpretaron que nuestras recomendaciones debían orientarse a mejorar el sistema de administración de justicia. Otros interpretamos que debíamos ir más allá y hacer recomendaciones para mejorar el sistema jurídico del país. Esta distinción entre ambos objetivos pudiera parecer una cuestión semántica. Pero no lo es.

Nuestra posición la expresamos en una carta a la misma Comisión. Podríamos resumirla así: "La misión constitucional de impartir justicia asignada a un Poder del Estado tiene como base y fundamento la organización integral e institucionalización del Estado de Derecho. Con base en la delegación expresa conferida a esta Comisión Jurídica por el Presidente Bolaños, el resultado que se espera debe comprender y estar referido a TODOS los ámbitos del quehacer jurídico nacional. En consecuencia, dicha iniciativa presidencial consiste -para decirlo en términos prácticos- en la instauración de una especie de consejería ad hoc requerida por el Jefe de Gobierno para enfrentar la transformación del sistema jurídico en su conjunto, donde -claro está- la recta administración de justicia constituye hoy por hoy el mayor desafío y la prioridad por excelencia del estado de Derecho en Nicaragua." Nuestra posición fue aceptada por toda la Comisión, pero "para una segunda etapa" del trabajo.

Concentrarnos en el sistema de administración de justicia equivale a referirnos al Poder Judicial, que es su punta de lanza. Ciertamente, el Poder Judicial es la meta de llegada de toda la dinámica socioeconómica, en lo institucional y desde el Estado de Derecho, pero no es ni el inicio ni el fin de la compleja problemática de la justicia en Nicaragua. Si así lo viéramos estaríamos dejando de lado todo el sistema jurídico nacional. Estas dos formas de ver la realidad marcaron una diferencia de concepción dentro de la Comisión, que fue muy debatida entre nosotros. Para que no se trabaran las cosas, acordamos darle prioridad al sistema de administración de justicia desde el punto de vista del Poder Judicial. Y aunque algunos no estuvimos de acuerdo, había que comenzar por algo, y por ahí iniciamos. Al final, presentamos oficialmente nuestras recomendaciones al Presidente de la República el 30 de abril, tras dos meses de trabajo y debates. La opinión pública las conoció a través de los periódicos.

En nuestro trabajo, partimos de no caer en el negativismo de ver sólo los males de la administración de justicia, sin dar relevancia a los avances alcanzados en los últimos años. Por ejemplo, existen ahora en el país 123 Casas de Justicia y hace unos años no existía ninguna. Existen también juzgados locales en lugares remotos del país, que antes no existían. Desde el punto de vista de la infraestructura del sistema, son dos grandes avances. Avance también es, por ejemplo, el haber organizado un sistema de distribución de causas. Ya no es como antes: que cuando ibas a acusar a alguien elegías el juzgado donde el juez era tu amigo y fallaría a tu favor. Ahora existe un procedimiento donde los casos se distribuyen de manera aleatoria y nadie escoge al juez de su causa.

Podríamos hablar de muchos otros avances materiales e institucionales que identificamos y reconocimos. Entre ellos, el establecimiento de la Escuela Judicial, la creación del Instituto de Medicina Legal y de la Dirección de Defensoría Pública, la construcción de Complejos Judiciales en Granada, Masaya, León, Estelí, Puerto Cabezas y Chontales, el impulso a un Plan Piloto de Reforma Registral. Entre estos logros y avances destacamos la reorganización de la Procuraduría General de la República en las dos instituciones actuales, la Procuraduría y la Fiscalía de la República. Sin olvidar, por supuesto, la creación en 1999 de la Procuraduría de Derechos Humanos, con todas sus Procuradurías Especiales.

Estos avances coexisten con dos gravísimos problemas que afectan el funcionamiento del conjunto del sistema. Todas las personas que integramos la Comisión los identificamos, en coincidencia unánime. El primer problema es la corrupción generalizada. Eso ni se discutió. Y aunque no "descubrimos América", no deja de ser significativo que ninguna de las treinta personas, con orígenes, funciones y ejercicios profesionales tan diversos, mantuvo una opinión diferente. Esta coincidencia fue un punto de partida clave para hacer propuestas y recomendaciones. El otro gran problema que identificamos -aunque no tan unánimemente- es la politización, y más específicamente la orientación y conducción partidaria de toda la administración de justicia. De tal manera que en Nicaragua es imposible que "un caso sonado" no tenga que pasar por el tamiz y los filtros de los intereses de los dos grandes partidos y de los caudillos de esos dos partidos. Sin querer pecar de grandilocuente, yo calificaría estos dos problemas como un cáncer que carcome todo el sistema.

Las recomendaciones que hizo la Comisión son buenas, pero son sólo un primer paso. Y tienen limitaciones porque se dirigen únicamente a mejorar un solo poder del Estado, el Poder Judicial, dejando a un lado al resto de poderes. No se tuvo en cuenta, por ejemplo, al Poder Electoral, uno de los más desprestigiados, por corrupto y por su vergonzosa actuación. Y también el Poder Electoral tiene que ver con el sistema de administración de justicia, con el sistema jurídico en su conjunto. Sucede, por ejemplo, que en los últimos años este Poder nunca ha resuelto apegado a derecho ninguno de los recursos interpuestos en materia de su competencia, lo que es una muestra elocuente de que una transformación de la justicia en Nicaragua debe transitar por una reforma del Estado en su conjunto. De otra manera, nos conformaríamos con "la parte curativa": jueces justos, nuevas leyes, reformas a las leyes ya existentes. Mientras no haya una renovación integral de los poderes y las instituciones que fueron destruidas por las reformas constitucionales del 2000, cuando dos partidos pactaron bajo la consigna "Si vos ganás, ganás; pero si yo pierdo, también gano", nos faltará mucho para tener una justicia "democrática, recta e independiente, en donde la ley se aplique a todos por igual", como planteamos en nuestras recomendaciones.

Los problemas fundamentales de la justicia en Nicaragua se derivan en gran medida de este cáncer: corrupción y sometimiento partidario, lo que significa juzgadores genuflexos y obedientes a los partidos dominantes, no a la ley. Vinculado a este padecimiento está el problema que tipificamos como la "extrema lentitud" de la administración de justicia. A diario oímos de eso, de la retardación de justicia. La retardación también es hija de la corrupción. También lo es de la partidarización, de las influencias de los poderosos y de los pactos entre ellos. Mucho se repite eso de que "justicia tardía no es justicia". En el caso de Nicaragua, tal vez debamos agregar que la justicia tardía es la más obscena y burda forma de injusticia.

Muchos casos demuestran cómo se encadenan todas estas graves irregularidades en nuestro sistema de justicia. Quisiera recordar uno. Hace unos cuatro años se falló un caso que habían iniciado en el año 1996, nada menos que 307 trabajadores despedidos de la Cervecería Victoria. Demandaban los derechos que habían adquirido en el proceso de privatización de la empresa, en el marco de los acuerdos de concertación económica promovidos por el gobierno de doña Violeta Chamorro. La Cervecería Victoria pertenece al grupo económico más poderoso de este país, el Grupo Pellas. En el juicio, y en vista de que toda la argumentación jurídica no beneficiaba a la empresa, que iba a perder el caso -lo llevaba en defensa de los trabajadores el doctor Roberto Argüello Hurtado, un hombre de manos limpias, luchador insigne en éste y en muchos otros casos-, la empresa alegó que la causa no se refería a una relación laboral. Tras una "concertación partidaria" -no puede analizarse de otra manera- la Corte Suprema de Justicia -con el voto razonado y en contra de cuatro magistrados- afirmó en una sentencia que, tal como alegaba la empresa, el caso no era de la justicia laboral sino de la justicia civil. Y ordenó que las partes fueran a discutir sus derechos en la vía civil. Fue una sentencia que puede ser calificada de barbarie jurídica, ya que montañas de documentos desmostraban que esta gente había sido despedida dentro de una relación de trabajo. Tras la monstruosa sentencia, vinieron nuevos recursos. Pero ahí están: llevan años sin fallarse. Mientras, la mayoría de los trabajadores fueron "comprados" con indemnizaciones, otros murieron, y sólo unas decenas siguen aún resistiendo. Pero están cansados y ya no tienen ni energías ni tiempo ni recursos para seguir luchando. Este caso, iniciado hace más de seis años, aún está vivo, merece ser conocido y ejemplariza cómo funcionan las cosas en Nicaragua. Y es en llagas como éstas donde tenemos que poner el dedo si queremos transformar la justicia en Nicaragua.

Veamos otro caso clamoroso y desgarrador, sinónimo de una escandalosa retardación de justicia, que muestra las implicaciones políticas que ésta tiene. Hace dos años, el Presidente Alemán aumentó las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores y empleadores, porque iba a iniciarse en el país un nuevo sistema de seguridad social. En Nicaragua, coexisten actualmente dos sistemas. El que se está aplicando desde 1957 y que se seguirá aplicando a los mayores de 43 años hasta que estas personas desaparezcan, llamado Sistema Público de Seguridad Social. Y el nuevo -nacido de una enorme presión de los organismos internacionales que exigieron la privatización de la seguridad social y la creación de las empresas administradoras de fondos de pensiones-, que pronto va a comenzar a aplicarse a los menores de 43 años, llamado Sistema de Ahorro para Pensiones, y cuya aplicación significará una auténtica "bomba social". Fue dentro del proceso de privatización que Alemán incrementó las cotizaciones. Sin embargo, desde las reformas constitucionales de 1995 el Presidente de la República no puede crear ni derogar ni reformar ningún tributo, sólo puede hacerlo la Asamblea Nacional. Y como las cotizaciones de la seguridad social no son impuestos pero sí contribuciones especiales, que constituyen otra forma específica de tributo, el Presidente no podía aumentar esas cotizaciones y su medida era inconstitucional.

Esta irregularidad jurídica fue ampliamente denunciada por la opinión pública. Hubo debates, controversias y una polémica generalizada. Para ponerle fin, en un acto insólito, fueron los representantes de los organismos internacionales que presionaban por la privatización de la seguridad social, FMI, BM y BID, quienes dieron una conferencia de prensa, acompañados de altos funcionarios del gobierno -entre ellos Noel Ramírez, entonces Presidente del Banco Central y hoy diputado; y Esteban Duquestrada, entonces Ministro de Hacienda y hoy prófugo de la justicia- para declarar que la medida inconstitucional del Presidente Alemán era totalmente legal y correcta, resultaba plausible y "garantizaba el desarrollo nacional". Hubo más de cuarenta recursos de amparo y recursos de inconstitucionalidad contra la medida del Presidente Alemán. Pero, desde hace más de dos años la Corte Suprema de Justicia no ha querido fallar ninguno de esos recursos. Mientras, la medida inconstitucional continuó aplicándose, lo que ha supuesto un aporte extra al Estado de todos los asegurados de Nicaragua ¡nada menos que de mil quinientos millones de córdobas! Después de todo este tiempo, tras tanta retardación de justicia, ¿si la Corte se pronunciara a favor de todos estos recursos, como corresponde legalmente, qué pasaría con ese dinero? Es obvio en este caso que la retardación de justicia no es más que un índice de la denegación de justicia, un índice de que jamás se fallarán favorablemente estos recursos.

Es en este contexto más amplio, realmente dramático, donde hay que ubicar el diagnóstico que deberíamos hacer de la justicia en Nicaragua. Desde la Comisión Jurídica hicimos sólo algunas recomendaciones, que ubicamos en tres grandes bloques. Recomendaciones para lograr la independencia del Poder Judicial. Para lograr un sistema de justicia eficaz y eficiente. Y para adecuar nuestra legislación a las nuevas realidades.

Hacemos varias recomendaciones para lograr la independencia del Poder Judicial. Proponemos, por ejemplo, que el período de ejercicio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vaya más allá de períodos quinquenales que coincidan con los períodos de gobierno, porque el gobernante podría promover a sus candidatos para que lo "acompañen" durante su gestión. Algunos proponían que el cargo de magistrado fuera vitalicio, como es en muchas partes del mundo. Personalmente, creo que estos cargos deberían ser vitalicios... pero no en estos momentos. Nuestras condiciones históricas, éticas y morales, nuestra realidad, nos aconsejan que no sean vitalicios. Al final, recomendamos que fueran elegidos para períodos de siete años. En cuanto a la reelección de estos cargos también hubo debate. Algunos no se oponían a la reelección. Pero nuestras circunstancias históricas desaconsejan también cualquier reelección. Porque, con la excepción honrosa de doña Violeta, la experiencia nos muestra que quienes gobernaron quieren seguir gobernando, que los ex-diputados quieren seguir siendo diputados, que todos quieren reelegirse. Y es que el alto cargo público, con buenos salarios y privilegios, se ha convertido en un modus vivendi más que en un modus operandi al servicio del pueblo.

En Nicaragua, la palabra "reelección" es una mala palabra, una palabra odiosa. Hoy, varios de los magistrados que quieren ser reelectos son los mismos que en el año 2001 tomaron decisiones trascendentales para Nicaragua en el proceso de privatización de la empresa de telecomunicaciones, usando procedimientos ilegales, plagados de trucos y artimañas. Tanta llegó a ser la ilegalidad en este caso que un magistrado de la Corte, opuesto a las decisiones de sus colegas, hizo un gesto extremo, tan dramático como inaudito: lanzó un llamado nacional para que nadie obedeciera a la Corte Suprema de Justicia ¡Un magistrado nos llamó a desacatar a la institución de la que es miembro! No conozco caso similar en ningún país del mundo.

En las recomendaciones, la Comisión insta a que la elección de los "nuevos magistrados" sea fruto de búsquedas y consultas amplias hasta lograr un consenso nacional. Dijimos "nuevos" magistrados como una manifestación expresa de la Comisión Jurídica, puesta en blanco y negro, para indicar que nos oponemos formalmente a la reelección de cualquiera de los actuales. En la actualidad, el problema que el país enfrenta para las elecciones -que deben realizarse en julio- es que debiendo ser estos nuevos magistrados hijos de un consenso nacional, quienes los elegirán en la Asamblea Nacional son los hijos del pacto, los diputados.

Siempre buscando la independencia del Poder Judicial, insistimos en la creación de la Carrera Judicial. Demandamos un proceso de méritos: que al juez local le cueste el juzgado local, que para llegar hasta ahí sea necesario ser un buen alumno y ganar concurso y no ser únicamente un mandado de uno o de otro partido; que quien pasa de juez local a juez de distrito lo haga como producto de una ejecutoria profesional con probidad, que quien llega a magistrado sea el mejor de los jueces de distrito, que quienes lleguen a magistrados de la Corte Suprema sean los mejores de los mejores. Hacemos énfasis en las cualidades éticas que deben exigirse a todos los profesionales del derecho: abogados, notarios, registradores públicos.

En Nicaragua no tenemos aún una Carrera Judicial. Y sin Carrera Judicial no hacemos nada. Existen actualmente dos proyectos de ley. Uno lo presentó a la Asamblea un diputado, cumpliendo todos los requisitos y con base en un trabajo académico hecho en la Universidad Centroamericana. El otro proyecto lo está haciendo la Corte Suprema de Justicia. Pero nunca lo termina. Y sí, tenemos ya más de cien casas de justicia, hasta en Bocay, en El Cuá y Planes de Vilán, ¡pero una ley de carrera judicial que le imprima profesionalismo a la administración de justicia ¡no la ha hecho aún la Corte! Resulta increíble: la Corte Suprema de Justicia, la cabeza del Poder Judicial, no ha presentado aún a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de carrera judicial, aunque de esto se viene hablando desde hace años. La Corte se excusa afirmando que no presentará su proyecto hasta que se retire el otro, lo que no deja de ser asombroso.

Insistimos también en que no se puede mejorar la administración de justicia desde el Poder Judicial si no se mantiene un proceso educativo, de actualización profesional, de sistematización técnica y permanente de todo el sistema en su conjunto. Esto se encuentra en proceso, porque ya existe la Escuela Judicial. Proponemos fortalecerla mediante la realización de acciones concretas.

Para garantizar la independencia del Poder Judicial insistimos también en hacer realidad la gratuidad de la justicia. Aunque la Constitución de Nicaragua dice que la justicia debe ser gratuita, en la práctica no es así. En los tribunales se cobra por hacer justicia, ésa es la realidad. Proponemos medidas severas para corregir esto. Además, para poder apelar o para recurrir de amparo uno tiene que otorgar una fianza. Y en lo civil, uno tiene que presentar cualquier escrito al juzgado en papel sellado, papel fiscal, porque si llega en papel blanco pierde el caso. Son minucias. Pero por minucias se mutilan derechos y se pierden justos reclamos. Y también por lo que no son minucias. Quiero dar un ejemplo que muestra que en nuestro sistema de justicia quien tiene más galillo ése traga más pinol. No hace mucho la Asociación de Bancos Privados hizo una "visita de cortesía" a la Corte Suprema de Justicia. Nueve magistrados recibieron a los banqueros, donde expusieron que en el combate a la corrupción iniciado con el gobierno Bolaños detectaban una irracional e injusta ofensiva de los medios de comunicación contra los banqueros -algunos de los cuales ya se habían visto señalados en el caso de los camionetazos-. Los banqueros, alarmados por el deterioro de su imagen, llegaban a pedir a los magistrados que "interpusieran sus buenos oficios" para que cesara el acoso y los señalamientos que los implicaban en la corrupción. Uno de los magistrados les aclaró que ningún magistrado puede ordenar a ningún juez que juzgue o no a los banqueros o que los declare culpables o inocentes, ya que los jueces se deben sólo a la Constitución y a las leyes. Que esto lo cumplan o no los jueces es otro cantar, pero ése es el principio.

A renglón seguido, y para mostrarles cómo los banqueros también tenían alguna responsabilidad en una incorrecta administración de la justicia, les sugirió que sacaran de planilla a los jueces a quienes ciertos bancos pagan salarios fijos en los capítulos especiales de los registros y juzgados donde se tramitan casos de ejecución bancaria para recuperar las propiedades que otorgaron en garantía quienes no pudieron cancelar sus deudas. Poco se habla de esto. Pero estos jueces ganan más por el trabajo que le hacen a los bancos que por la nómina del Poder Judicial. Y gracias a este procedimiento, algunos jueces han garantizado que los bancos no pierdan prácticamente ningún caso.

Para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema de justicia, proponemos una distribución racional de las instancias judiciales en el territorio, instalando suficientes juzgados allí donde haya suficiente población que lo justifique, hasta lograr un equilibrio. Hay un dato escandaloso en relación a la justicia laboral, que podemos considerar la rama fundamental del derecho social: existen en todo el país sólo tres juzgados de lo laboral, dos en Managua y uno en León. ¿Cómo poder hablar en estas circunstancias de justicia laboral? De esta manera, ¡el trabajador nicaragüense está perdido en nuestro sistema de justicia!

También propusimos fortalecer el presupuesto para la justicia y nunca restringirlo. En Nicaragua, un buen gobierno hará historia si prioriza la salud, la educación y la justicia. Sin embargo, nuestra propuesta enfrentó una contradicción coyuntural: mientras el Presidente nos organizaba en Comisión para debatir cómo hacer más eficaz la justicia y considerábamos la importancia de que ésta sea dotada de un buen presupuesto, el mismo Presidente recortaba el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, el de la Procuraduría de Derechos Humanos y el de la Fiscalía, también instituciones del sistema de justicia. Es una de las varias incoherencias que estamos observando en la lucha contra la corrupción. Y que nos lleva al punto central: a la necesidad urgente de racionalizar el aparato de gobierno, a una reforma del Estado, para que -en palabras de Tomasini- seamos capaces de moldear un Estado catalítico, que no reme sino que timonee; orientado hacia la comunidad, que no controle sino que potencie a los agentes económico-sociales. En suma, un Estado y un gobierno con vocación de resultados y no en busca únicamente de "mordiscos" presupuestarios.

Para adecuar nuestra legislación a los nuevos requerimientos, enfatizamos que no se trata de incrementar el número de leyes, sino, entre otras cosas urgentes, se trata de revisar y depurar las existentes, de valorar adecuadamente la ejecución de la nueva legislación, de inventariar los tratados y convenios internacionales firmados por Nicaragua y que son mayormente desconocidos e incumplidos, de simplificar los trámites legales y administrativos para hacerlos ágiles y despojarlos de formalismos, etcétera.

En Nicaragua, el problema no es la falta de leyes. El actual debate en torno al Código de la Niñez y la Adolescencia nos muestra dónde está el problema. ¿Cómo hacer que el Código, que es muy bueno, funcione, si no se le dan recursos, si no existe voluntad política de poner en práctica lo que el Código establece? Las voces siniestras que hoy buscan descalificar el Código y que exigen reformarlo, obvian que el Código no se ha podido poner en práctica por falta de recursos y por falta de voluntad política. Algo similar sucede con el Código Procesal Penal, que debe empezar a regir a finales del año, y ya hay quienes quieren posponer su vigencia. Y por lo mismo: porque no hay presupuesto para ponerlo en práctica. Es un círculo vicioso: se dice que no son leyes adecuadas a nuestra realidad, buscando ocultar que en nuestra realidad las prioridades políticas continúan derrotando a las auténticas prioridades sociales. Imposible omitir al hacer esta reflexión la urgencia de poner en marcha los tribunales de lo contencioso administrativo, que entregaría a la ciudadanía herramientas para su efectiva defensa. Hoy por hoy sólo tenemos una ley inaplicable y un millón de promesas incumplidas.

Ciertamente, una transformación de la administración de justicia en Nicaragua debe cabalgar por el presupuesto, por el fortalecimiento institucional y por las nuevas leyes. Pero el problema no es de leyes ni de aparatos. El problema es de las personas. El problema es ético, es moral. Es la falta de ética y de moral la que ha puesto en crisis a nuestras instituciones. Y son los políticos del pacto quienes tienen la responsabilidad de haber castrado a las instituciones, instalando en ellas a una casta burocrática que no tiene ninguna voluntad de transformar la realidad. Fue por esto que en la Comisión Jurídica encabezamos nuestra propuesta con un pensamiento del jurista Pietro Calamandrei: "En última instancia, las leyes valen cuanto los hombres que las aplican."

Y al final, lo primero, lo más importante. Ninguna de nuestras recomendaciones se hará realidad si la ciudadanía no presiona y no ocupa los espacios de manera decidida y efectiva. Dos meses necesitamos en la Comisión para elaborar un documento, que es un primer paso importante. Sin embargo, más de dos meses han transcurrido desde entonces y no se ha hecho nada más. Los periódicos publicaron la propuesta, el Presidente nos llamó a la Presidencia y brindamos con café helado en una ceremonia muy bonita donde presentamos nuestro informe. Pero desde entonces ha pasado el mismo tiempo que necesitamos para formular la propuesta y no se avanza en impulsar un amplio proceso de consultas. ¡Y la gente tiene mucho que decir! El mayor riesgo es que la propuesta se convierta en otro papel mojado entre tantos que ya hay acumulados. Y así será si desde la base no se mueven estas propuestas y recomendaciones.

¿Se han instalado subcomisiones para hacer realidad las distintas propuestas? ¿Quién ha seguido trabajando en ellas? Nadie. Cuando empezamos a trabajar en la Comisión, un alto funcionario que la integraba dijo: "Estamos viendo con la cooperación internacional quién nos da computadoras y locales". Y hubo quienes dijimos: "¡Una computadora que entre aquí y nos vamos!" Porque nos hemos acostumbrado a condicionar nuestros esfuerzos a la dotación material que nos donen. Así estamos perdidos. La parálisis institucional que existe en Nicaragua es expresión de una crisis de valores. Es ética y valores lo que necesitamos, no computadoras. Estos más de dos meses sin hacer nada me parecen una muestra palpable de que los cambios en el sistema de justicia, y por ende en el sistema jurídico, no van a darse si a la par no se da la movilización de la gente, si este esfuerzo no se acompaña con una participación activa de la ciudadanía.

Aquí la lucha tiene que ser de terquedad. Hay que ser tercos, necios, no cejar. En lo jurídico, en los espacios sociales, en los medios, también en las calles. Un recurso, una carta, una bulla, un artículo, una idea, una lucha... Hasta el momento el partido lo van perdiendo los pobres. Y esto tiene que cambiar: hay que ganar con ellos este partido aunque sea con un gol de chiripa. ¡Y el gol de chiripa se mete a patadas! En Nicaragua tienen que cambiar las cosas. Y tenemos que cambiarlas nosotras, nosotros. Tenemos que vivir con dignidad. Y tenemos que estar dispuestos a morir con dignidad para que las cosas cambien. Tenemos que ser capaces de soñar con el alma y con la mente una Nicaragua mejor.

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