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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 241 | Abril 2002
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México

El "consenso" de Monterrey en un mar de disensos

En Monterrey hubo más disensos que consenso. Disensos profundos hay también en los partidos. Los hay en las vías para enfrentar la corrupción, para responder a los derechos humanos y para construir paz en Chiapas. Crecen los disensos y las contradicciones en una sociedad sedienta de cambio.

Jorge Alonso

La popularidad del Presidente Vicente Fox sigue en declive. Inició su sexenio con una aprobación del 70% y catorce meses después esa aprobación bajó al 47%. Con calificaciones reprobatorias, Fox intentó aprovechar que la ONU había convocado la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en la tercera ciudad mexicana, Monterrey, para levantar su imagen. Saldo negativo: el evento deterioró aún más la fama de organizadores y anfitriones.

"Somos millones y el planeta no es buestro"

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha tenido que aceptar que la globalización conduce al estancamiento económico y que los niveles mundiales de pobreza son inaceptables. En una consulta entre especialistas hecha por el BID, un 61% opinó que la democracia no funciona bien porque existe una pésima distribución de la riqueza. Además, las privatizaciones realizadas han generado un alto grado de corrupción. El Banco Mundial también ha reconocido errores significativos en el combate a la miseria. Pero entre dichos y hechos hay mucho trecho y es grande la distancia entre el diagnóstico y la cura.

El Foro Social Mundial celebrado en febrero en Porto Alegre (Brasil) programó varios eventos de protesta contra la globalización neoliberal. A mediados de marzo, con motivo de la reunión en Barcelona de Jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, asistimos a la más grande marcha contra el neoliberalismo hasta ahora vista, que reunió a 500 mil personas bajo el lema "Somos millones y el planeta no es vuestro". Destacó la madurez de tan enorme movilización, que logró mantener a raya a los grupos violentos. Los gobernantes no pudieron aducir que quienes se oponen a la globalización son una minoría.

Monterrey era la próxima parada. Aquí hubo tres dinámicas. La primera, marcada por el evento oficial, presupuestado en un millón de dólares, a la que asistieron 51 Jefes de Estado y de gobierno. La segunda tenía que ver con organismos de la sociedad civil que privilegiaban el diálogo con los responsables de la globalización neoliberal. En la tercera eran protagonistas quienes, sin temer debatir con esos responsables, proponen medidas que supediten los caprichos del mercado a las necesidades de la humanidad.

El disenso de Monterrey

En Monterrey hubo un exceso de medidas de seguridad. Se quería impedir que las protestas obstaculizaran la realización del evento oficial. El documento que se presentó como fruto de la Cumbre estaba ya previamente elaborado, y no se le podía tocar ni en una coma. En estas condiciones fue firmado el denominado Consenso de Monterrey, que defiende la importancia de la inversión extranjera, la desregulación de las economías y la privatización de los bienes públicos de los países en vías de desarrollo.

En cuanto a la ayuda a los países pobres, el documento está plagado de buenas intenciones y carece de mecanismos concretos. Aun la FAO aceptó que el tal Consenso de Monterrey había nacido mutilado por no figurar en él mecanismos reales para abatir la pobreza y la marginación. El multimillonario George Soros criticó que Estados Unidos emplee criterios unilaterales para determinar qué países deben recibir ayuda. Por añadidura, los países pobres restringieron sus demandas a los países industrializados: no exigieron precios justos a sus materias primas y sólo pidieron que no se condicionara a ajustes la entrega de recursos de emergencia, lo que no les fue concedido. Para que puedan recibir ayuda tendrán que cumplir condiciones: los clásicos ajustes y ahora, el combate a la corrupción. Naturalmente, no se aludió a la corrupción que se entrevera en las mismas condiciones de esa ayuda.

El camino corrupto de los grandes

Los pasos que los organismos financieros internacionales imponen a los países pobres pueden conocerse leyendo un documento del Banco Mundial que el 10 de octubre de 2001 reveló el diario londinés "The Observer": un acuerdo clásico de reestructuración económica y ajuste preparado de antemano y listo para ser firmado. La reestructuración incluye la privatización (electricidad, agua, telecomunicaciones), lo que abre espacio a la aparición de jugosas comisiones a los operadores gubernamentales con tal de que bajen los precios de las empresas estatales en venta. No importa si las elecciones donde se elige a los gobernantes sean corruptas, lo que importa es seguir los pasos. Así se devasta la industria de cada país en un esquema que propicia una gran corrupción.

Entre los pasos, está imponer la liberalización del mercado de capitales. El dinero entra especulando y huye ante los primeros problemas. Las reservas de una nación pueden ser vaciadas en días y aun en horas. Cuando esto sucede entra en acción el FMI, que insiste en que las naciones suban sus tasas de interés para atraer nuevos capitales de más especuladores. Esas altas tasas destruyen la producción industrial y vacían las arcas nacionales. También el FMI presiona para que suban los precios de los alimentos, del agua, del gas, sabiendo que esas medidas producirán disturbios. Ante los disturbios, el FMI exige firmeza y precios más altos.

Como las sangrías medievales

Los predecibles disturbios causan salidas de capital y gobiernos en bancarrota, pero esta desgracia constituye una excelente situación para las transnacionales, que pueden comprar los bienes nacionales a precio de remate. Cuando la nación cae en desgracia, se le exprime sin consideración y siempre se recomienda que se salve a los banqueros, única intervención estatal permitida por "el mercado" comandado hoy por el capital financiero. Obviamente, en este diseño hay muchos perdedores, pero el Tesoro de Estados Unidos, que posee el 51% de acciones del Banco Mundial, siempre resulta ganador. El último paso es lo que el FMI y el BM llama "la estrategia de reducción de la pobreza", que quiere decir libre comercio según las reglas de la Organización Mundial de Comercio y el BM. Todo esto se maneja con ideología absolutista. Las recetas son como las sangrías de la Edad Media: a más enfermedad, más sangría. Pese a que los organismos internacionales han reconocido sus fracasos en el combate a la pobreza, siguen aplicando el mismo veneno como medicina. La organización Social Watch elaboró un informe que concluyó que la Cumbre de Monterrey había representado un fracaso en materia de financiamiento al desarrollo.

Pese a la importancia del tema migratorio para México, Fox no lo tocó con Estados Unidos en un encuentro bilateral. Y peor: declaró que ya no había países ricos y pobres y que la deuda externa había dejado de ser pioritaria. Sin embargo, el servicio de la deuda ha sumido en la pobreza a América Latina. Entre 1992-99, nuestros países tuvieron que pagar 1.2 billones de dólares por deuda. En 1998 los 41 países más pobres y altamente endeudados del planeta transfirieron hacia el Norte 1,680 millones de dólares más que lo que recibieron en ayuda durante ese año desde el Norte. La organización mexicana de deudores denominada El Barzón realizó un encuentro para lograr la coordinación de los deudores latinoamericanos. El peso de la deuda ha hecho imposible un desarrollo independiente en la mayoría de países del Sur. Pero eso no aparece en el Consenso de Monterrey.

El disenso México - Cuba

Otro de los graves disensos de la Cumbre de Monterrey fue el trato del gobierno mexicano al gobierno de Cuba. En su discurso en la Cumbre Fidel Castro criticó al actual orden mundial por ser un sistema de saqueo y explotación como no ha existido jamás en la historia. Y señaló que el proyecto de Consenso se imponía a los países pobres por los amos del mundo. Castro condenó la limosna humillante, condicionada e injerencista, considerando que los poderosos sólo trataban de ponerse de acuerdo en el reparto del mundo, no buscando un mundo más justo.

Después de su discurso, Castro decidió regresar intempestivamente a Cuba y se provocó un incidente diplomático que fue atribuido a las presiones que Estados Unidos había ejercido sobre México contra Cuba. Cuba enfatizó que podía probar que había existido esa presión para impedir la asistencia de Fidel Castro. Legisladores mexicanos de la oposición exigieron explicaciones al gobierno, declarando que la política exterior mexicana no se había ceñido al principio de dignidad. Los diputados panistas respondieron que se debía cuidar la relación con Estados Unidos. El PRD señaló que los mexicanos no querían ser un estado asociado y que la política exterior mexicana se había puesto al servicio de los intereses de Estados Unidos.

Desencuentros y denuncias éticas

Otra de las dinámicas que se evidenciaron en Monterrey fue el desencuentro entre organizaciones no gubernamentales que, con ayuda recibida de la ONU, organizaron un foro previo a la cumbre. Hubo caos organizativo, y varias organizaciones no gubernamentales encabezadas por El Barzón se retiraron de este evento. Muchos organismos independientes desdeñaron el foro criticando lo limitado de sus alcances.

La Comisión Episcopal mexicana de Pastoral Social elaboró la Declaración de Monterrey, condenando que la economía de libre mercado se haya convertido en una máquina ciega que institucionaliza la desigualdad y la exclusión. Apuntan los obispos que resulta contradictorio que en los países más pobres se restrinjan el salario y el gasto social para poder mantener estables los índices macroeconómicos y las ganancias de las inversiones del capital. Señalan que esa economía de mercado está destruyendo los recursos naturales del planeta y que una de las incongruencias de las exigencias del nuevo capitalismo liberal -la reducción del Estado en la conducción de la economía- se impone sólo a las naciones pobres y no se aplica a las naciones desarrolladas. Los obispos demandan que las políticas financieras se sometan a principios éticos.

Dignidad: primer acto de una economía alternativa

La asamblea "Otro mundo es posible" realizó varias marchas y foros en ocasión de la cumbre de Monterrey. Aunque la participación no fue tan nutrida, demostró una vez más su carácter creativo, lúdico y pacífico. El destacado intelectual Pablo González Casanova recalcó que la dignidad es el primer acto de una economía alternativa. Enfatizó también que hubiera sido más provechoso que los países ricos discutieran cómo no quitar sus haberes a los países pobres en vez de hablar tanto sobre cómo repartirles sobras.

La dirigente del grupo Eureka, que ha luchado por la presentación de los desaparecidos políticos, Rosario Ibarra, llamó "cínicos" a los gobernantes asistentes a la Cumbre de Monterrey porque pretenden hacer creer que ayudan a quienes están saqueando. Hubo pronunciamientos en contra de la globalización del capital, por explotar y despojar a los pueblos y se denunció la censura invisible presente en el foro de la ONU. La escritora Barbara Jacobs consideró que el mundo entero acalla sus principios con tal de seguir recibiendo migajas de Estados Unidos. El plan de Naciones Unidas para combatir la pobreza fue duramente criticado, señalando que la ONU sólo está legitimando los intereses de los poderosos.

Otro mundo es posible

El pronunciamiento social "Otro mundo es posible" destacó que organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, populares, ambientalistas, de mujeres, de jóvenes, de niños, de derechos humanos, tanto de México como de distintos países del mundo, se habían reunido en Monterrey para hacer oír la voz de la sociedad excluida por la globalización neoliberal, advirtiendo que los pueblos indios se encuentran en mayor peligro que nunca.

Hubo condenas al ALCA, al Plan Puebla Panamá y al bloqueo contra Cuba. Abundaron las propuestas en cuanto a la supresión para los países pobres de la deuda externa, y a la creación de un impuesto a los capitales especuladores.
Se demandó la democratización de la ONU. Lo más importante fue que se prosiguió en el espíritu del Foro Social Mundial buscando convergencias capaces de generar alternativas viables a la barbarie neoliberal, para así poder crear un mundo justo, humano y vivible para todos.

Los disensos en los partidos

En el primer trimestre del 2002 los tres principales partidos, PAN, PRI y PRD, se enfrascaron en elecciones internas para sustituir a sus direcciones nacionales. Esta coyuntura mostró las graves pugnas y divisiones en estas formaciones partidistas y su alejamiento de las mayorías.

Una encuesta aparecida antes de la realización de esos comicios internos en el diario "Reforma" mostró que una mayoría no se sentía atraída por los partidos: un 30% confesó que no sabría por qué partido votar. El PRI tenía un 28% de adhesiones, el PAN un 25% y el PRD un 16%. Una especialista en encuestas electorales, María de las Heras, hizo en el periódico "Milenio" un ejercicio en el que combinó las variables de las tendencias recogidas antes de que se llevaran a cabo las elecciones internas de los tres partidos (identificación partidista, intención de voto y percepción sobre la fuerza electoral de los partidos) y el escenario que delineó fue éste: el PRI tenía un 43% de los posibles votos, el PAN un 41% y el PRD un 16%.

Había varias interpretaciones. Una de ellas tenía que ver con la pérdida de popularidad del Presidente Fox, que repercute en el declive del PAN. Otra, que el voto duro que el viejo partido de Estado, el PRI, había fraguado le era todavía redituable. Y otra apuntaba a que las divisiones del centro izquierdista partido del sol azteca, el PRD, lo habían estancado. Un escenario de la recuperación electoral priísta no es un buen augurio, por los incorregibles vicios de ese partido.

PAN: tensiones con Fox

El PAN continuó empleando su antiguo método de elección por medio de consejeros, que apenas llegaban a 279. Se enfrentaron dos corrientes. La que representaba un ex-gobernador de Guanajuato, Medina Plascencia, apuntaba a reforzar la actuación presidencial. La otra corriente pretendía la reelección de su dirigente nacional, Luis Felipe Bravo Mena. En esta tendencia se hallan panistas de viejo cuño que no han hallado cómo debe ser la actuación del partido en el gobierno y que han tenido muchos desencuentros con Fox.

Las viejas familias panistas mostraron que seguían imperando en el partido, y hubo reelección. Los observadores consideraron que proseguiría la dificultad de tener un Presidente de la República "sin partido", ya que la relación del PAN con Fox ha sido problemática, pero sobre todo ineficiente. Además, se han evidenciado escandalosos gobiernos locales panistas, como el de Atizapán en el estado de México, donde el alcalde tiene acusaciones de corrupción, ligas con el narcotráfico y hasta la responsabilidad del homicidio de una regidora panista. El logro del PAN fue superar la elección interna sin acusaciones sobre el proceso y sin rupturas.


PRI: ganó el más tramposo

En las elecciones para renovar la cúpula priísta se enfrentaban el ex-gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, ligado al ex-Presidente Salinas de Gortari, beneficiado por el fraude del Banco Unión, quien impuso en dos ocasiones, por medio de grandes fraudes, a quienes le sucedieron en el cargo; y la diputada Beatriz Paredes, quien encabezaba a dirigentes menos desprestigiados. En ambos equipos se alinearon reputados consumadores de fraudes electorales. En el proceso, salieron a relucir con refinamiento todos los mecanismos de defraudación electoral y los demás partidos pudieron darse cuenta de los alcances ilegales a los que están acostumbrados los priístas. En la guerra intestina los equipos de los dos planillas se acusaron vehementemente. El de Paredes llegó a afirmar que más que fraude se trataba de "delincuencia organizada".

Temiendo graves rupturas, entraron en componendas comandadas por los gobernadores locales priístas, temerosos de que las escisiones les hicieran perder votos y recursos. Esto evidenció también que, así como antes el aparato federal era puesto al servicio de las elecciones del PRI, ahora los aparatos de los estados donde gobiernan priístas continúan actuando con esa misma modalidad y lo único que falta es la cabeza única, siendo el actual escenario cercano al de una feudalización del poder en el partido de Estado. Al final, se aceptó que ganara el que más trampas había cometido. Así llegó Roberto Madrazo a la presidencia del PRI, rodeado de un gran desprestigio y como una amenaza para la frágil democracia mexicana. Y el repudiado ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari reapareció tranquilamente en México.

En 1999 el PRI se ufanó de haber convocado a diez millones de mexicanos para sus elecciones internas. En esta ocasión, con el caudal de fraudes, las cifras oficiales no llegaron a los tres millones. El PRI anunció que iniciaría la "Operación Cicatriz", y aunque no hubo desprendimientos masivos, algunos cuadros connotados del partido renunciaron. Después, los resentimientos se acomodaron, aunque hubo comentarios que apuntaban a que este gran fraude implicaba "el suicidio del PRI". Los hechos continuaron mostrando que ésa es su natural forma de vivir.

PRD: sin transparencia

El PRD anunció que no se repetiría el descalabro de sus anteriores elecciones internas de hacía pocos años, lo que le había restado mucha credibilidad. Aseguraron que "el cochinero del PRI" no se daría en el caso del PRD. Se presentaron a competencia varias planillas. Una de ellas, impulsada por Cuauhtémoc Cárdenas, estaba encabezada por quien lo sustituyó al frente del Distrito Federal, Rosario Robles.

Otra planilla la encabezaba el senador Jesús Ortega e implicaba la alianza de varias corrientes al interior del partido del sol azteca. Las elecciones se dieron en medio de acusaciones de que no se estaban respetando los estatutos. Finalmente, Rosario Robles apareció como triunfadora con más del 60% de los votos en los conteos rápidos y con más del 50% en las cifras finales. Ortega puso en duda los conteos rápidos. Aceptaba haber perdido la Presidencia del PRD, pero reclamaba para sus seguidores la Secretaría General. Robles no estuvo conforme con los datos electorales finales, según los cuales la Secretaría no se quedaría en su planilla sino que pasaba a la de Ortega. En el PRD se especuló mucho sobre el total de su padrón electoral, llegándose a manejar la cifra de tres-cuatro millones. Finalmente, con cifras no del todo confiables, se llegó a 872 mil 275 votantes. Por irregularidades, se decidió que la elección se repitiera en ocho estados. Así, una vez más, el PRD no pudo resolver con limpieza y transparencia su elección interna.

Alejados de la gente

Al final de estos tres procesos, se especuló con la posibilidad de que disidentes del PRI y del PRD formen otro partido. Lo real es que los partidos no actúan para allegarse la confianza de los ciudadanos. Mientras el PAN y el PRI demuestran consistentemente su proclividad a las trampas electorales, el PRD parece encerrado en la propiedad de un viejo grupo. Lo real es que el sistema de partidos es muy endeble. Los expertos concluyen que el Congreso mexicano tiene 40 años de atraso y sólo remontará cuando los diputados se den cuenta que su lealtad tiene que ser con los ciudadanos y no con los partidos.

Leyes: un laberinto que protege la corrupción

La Procuraduría General de la República arraigó a tres ex-empleados del PRI, los cuales dieron la pista de ilegales transferencias hechas por la empresa paraestatal petrolera PEMEX y su sindicato a la campaña presidencial del candidato priísta Francisco Labastida. Los tres declararon que el PRI había elaborado contabilidades alternas. La investigación sobre estos desvíos, que alcanzan 1,580 millones de pesos, puso nerviosos a los dirigentes priístas. Se trata de la punta de una madeja de la corrupción en ese partido que podría llevar muy lejos. Es sólo una muestra de cómo el PRI ha utilizado recursos estatales para su provecho. El partido optó por defender a los responsables.

Dos cabezas visibles en el caso son dos senadores que se defienden tras el fuero de inmunidad. A uno de ellos, la vieja central corporativa de trabajadores, CTM, lo premió con una medalla. Trabajadores petroleros independientes formaron una coalición opositora contra la dirigencia sindical, exigiendo la destitución del líder del gremio por la responsabilidad en el desvío de recursos de PEMEX al PRI y por haber saqueado a la organización sindical. Enseguida, estos disidentes empezaron a sufrir represalias. Dado el monto implicado en estos desvíos, se habla de que podría estar implicado hasta el ex-Presidente Zedillo.

La Conferencia del Episcopado Mexicano celebró la decisión del gobierno de Fox de investigar a fondo el desvío de PEMEX a la campaña de Labastida, aunque pidió "salvaguardar las instituciones". Mientras un delito de esta naturaleza debería llevar hasta la pérdida del registro del PRI, la opinión pública no está segura de que se haga plena justicia. Las leyes, herencia del viejo régimen, han construido un laberinto para proteger la corrupción.

Derechos humanos: pasos, avances

En febrero, el Presidente Fox indultó a los pescadores ecologistas presos en Michoacán desde mediados del 2000. También mandó reducir las penas al General Gallardo, quien quedó libre. ONGs de derechos humanos aclararon que continuarían dando seguimiento a estos casos hasta que se reconozca la inocencia de los liberados. En ambos casos, el poder presidencial impuso su autoridad sobre quienes deben ser sus subordinados, pero lo hizo con muestras de debilidad, al dejarse incuestionados los procedimientos con los que fueron injustamente procesados. Las excarcelaciones de los ecologistas y del General Gallardo hicieron justicia a medias: falta reconocer su inocencia y rectificar los viciados procesos judiciales.

La PGR y el Ejército han hecho importantes avances en el combate al narcotráfico. El más notable, la desarticulación de la banda de los hermanos Arellano Félix, criminales buscados desde hacía años tanto en México como en Estados Unidos. Fue un duro golpe al cartel de Tijuana. También fue apresado el número dos del cartel del Golfo.

Digna Ochoa: un caso pendiente

Con todos los signos de una filtración, el periódico "Reforma" publicó que había indicios de suicidio en el caso de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Inmediatamente después, otro periódico enfatizó que otra línea de investigación era considerar su muerte como asesinato por motivos personales. En ambos casos, lo que se pretende es que la investigación no tenga al ejército en el centro. Uno de los militares posiblemente implicado en este crimen no ha sido localizado. Los familiares de Digna protestaron por la versión del suicidio y legisladores de la Comisión de Derechos Humanos del Senado criticaron esta hipótesis. El Centro de Defensa de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro también la rechazó y Amnistía Internacional demandó que las pruebas fueran verificadas por expertos independientes, quejándose de que no hayan sido investigadas las amenazas que Digna recibió antes de ser asesinada. La Premio Nobel Rigoberta Menchú consideró indignante la versión del suicidio y advirtió que en América Latina no sería raro que los crímenes políticos traten de ser tergiversados como suicidios.

El investigador Luis Javier Garrido opinó que el gobierno foxista había decidido no tocar al ejército, manteniendo las redes de intereses creados entre las fuerzas armadas y el gobierno. Personas que acompañaron a Digna en sus últimos días afirmaron que la hipótesis del suicidio iba contra el carácter, ánimo y convicciones religiosas de Digna. Y la abogada compañera de Digna Ochoa en sus labores de defensa de derechos humanos, Bárbara Zamora, denunció haber recibido amenazas similares a las sufridas por Digna, advirtiendo que ella no tenía ninguna intención de suicidarse.

Dirigentes de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura declararon desde Ginebra que la situación de los defensores de las garantías individuales en México es extremadamente difícil y su represión se manifiesta de manera mucho más sutil que en otros países, ya que se aparenta apertura, cuando en realidad las esperanzas generadas por el nuevo gobierno son vanas, al continuar vigentes las viejas prácticas. Mientras no se esclarezcan muertes como la de Digna Ochoa, la arraigada práctica de la impunidad proseguirá.

Chiapas: sin señales

El Foro Social Mundial de Porto Alegre expresó solidaridad con el EZLN. Se demandó allí al gobierno mexicano cumplir con las tres señales pedidas por los zapatistas para volver a la mesa del diálogo. Sin embargo, ninguna de las tres señales aparece.

En cuanto a la excarcelación de los zapatistas presos en Chiapas, Tabasco y Querétaro, pese a las negociaciones realizadas por la COCOPA, más de dos decenas de ellos siguen encarcelados. Los presos zapatistas han acusado al gobierno de Fox de racismo. Y en cuanto a los terrenos que ocupaban los campamentos militares desalojados en 2001, no han sido devueltos a las comunidades, mientras en Chiapas crece la militarización, la paramilitarización y las agresiones contra los zapatistas.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos -que integra a 104 observadores de 14 países- visitó a finales de febrero Chiapas, y constató que las reformas realizadas por el Congreso en abril del 2001 habían sido un duro golpe al diálogo. La presencia en México de esta Comisión desmintió la versión que Relaciones Exteriores propalaba de que el asunto chiapaneco ya no preocupaba en el exterior. La Comisión fue testigo de la actividad de los paramilitares, y hasta un vehículo en el que viajaba un grupo de sus observadores fue agredido.

En su informe final, la Comisión señaló que en Chiapas crecía la pobreza y que las comunidades consideraban que los programas gubernamentales de combate a la pobreza se usaban de manera discriminatoria. Que persistía el fenómeno de los desplazados de guerra, y no había suficientes garantías para su retorno a las comunidades. Y que pese a que en algunas regiones había menor presión de fuerzas federales, en otras continuaban los patrullajes militares, los sobrevuelos de helicópteros sembraban zozobra en comunidades indígenas, y en donde permanecían los cuarteles militares proseguían haciéndose retenes.

Global Exchange señaló que entre abril 2001 y marzo 2002 se habían realizado 259 operativos castrenses y numerosos actos de impunidad en Chiapas, habiéndose producido también una embestida gubernamental en contra de organismos y particulares dedicados a la defensa de los derechos humanos.

¿Paz para el éxito del Plan Puebla-Panamá?

Danielle Miterrand, presidenta de la Fundación France-Libertés, envió a principios de marzo una carta al Presidente Fox en la que lo instó a definirse sobre el conflicto en Chiapas. Aceptando que el silencio de los indígenas zapatistas significaba que ya no creían en las declaraciones presidenciales de paz, se dirigía una vez más a Fox aferrada "a la parte de humanidad que existe en cada ser humano". Le recordó que hacía un año se habían encontrado en la residencia presidencial y Fox se había comprometido a ejecutar un verdadero cambio en el gobierno, particularmente en lo relativo a Chiapas, honrando los acuerdos de San Andrés. Danielle preguntaba si la paz a la que aspiraba Fox le era dictada por la necesidad de tener éxito en el Plan Puebla Panamá según los diseños de la OMC, el BM y las grandes multinacionales. O si la paz se fundaría en el intercambio y la participación de los pueblos indios.

Autoridades del municipio autónomo zapatista Ricardo Flores Magón alertaron sobre intentos de desalojo o reubicación contra 49 comunidades asentadas en la Selva Lacandona. Dentro del área en disputa hay 50 posiciones del ejército y cerca de 30 mil efectivos. Denunciaron también intereses empresariales en la zona. El académico James Cockcroft ha opinado que el Plan Puebla Panamá puede ser el último golpe mortal de Estados Unidos a los indios de Chiapas, al pretender que las transnacionales tomen el control de los valiosos recursos naturales de la zona. También opinó que este plan sólo puede ser derrotado con movimientos de resistencia.

Las comunidades zapatistas han seguido asediadas por la actividad de paramilitares, que han amenazado con matar a las bases de apoyo al EZLN. Mujeres indígenas de la comunidad de Morelia se quejaron de agresiones perpetradas por un nuevo grupo paramilitar conformado por priístas. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos ha considerado que el gobierno chiapaneco tolera la actuación de los paramilitares.

Ley Indígena: un nuevo intento

La nueva Ley Indígena no sólo no ha logrado distender el ánimo de los pueblos indios, sino que ha incrementado el malestar. A mediados de febrero, 168 diputados de todos los partidos menos del PAN, decidieron volver a presentar la iniciativa original de Ley de la COCOPA, claro índice de que un centenar de diputados está ya arrepentido de la opción que tomaron hace un año, negando a los indígenas principios de equidad jurídica de acuerdo con su identidad.

El PRD exhortó al Senado a que detuviera las consultas que estaba haciendo, encaminadas a elaborar la ley secundaria, y para que aceptara un debate en este nuevo intento por aprobar una ley que respete los acuerdos de San Andrés. O al menos, que esperara a que la Suprema Corte se manifestara respecto de los recursos de controversia constitucional que han interpuesto en estos meses las comunidades y los ayuntamientos indígenas.

Luis H. Alvarez, comisionado para el diálogo en Chiapas, declaró que era "sana" la decisión de volver a presentar la iniciativa de la COCOPA. Y Xóchitl Gálvez, encargada de la oficina para la atención de los pueblos indígenas, se alegró por la reapertura del tema pues abre otra oportunidad para saldar la deuda histórica que tiene México con este sector de su población. Pero los diputados panistas y no pocos del PRI ya no quieren volver a hablar de este tema.

Indígenas: esperando el fallo de la Suprema Corte

Integrantes de organizaciones indígenas, calificando de positiva la presentación de una nueva iniciativa, advirtieron que la correlación de fuerzas en el Congreso no es favorable para los intereses de los indígenas. Esperan más de la Corte de Justicia que del Congreso. Aún así, entre los indígenas hay muchas dudas respecto a la actuación de la Corte, pues está compuesta por abogados conservadores nombrados por Zedillo en 1994 y no olvidan que todos son parte del sistema.

La Asamblea del Congreso Nacional Indígena regional Centro Pacífico entregó una solicitud a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que declaren inconstitucionales las reformas en materia indígena aprobadas por el Congreso. A la Corte se han presentado 330 controversias constitucionales, tres acciones de inconstitucionalidad y 351 recursos derivados de esos procesos, lo que significa un hecho histórico sin precedentes en la vida jurídica de México, y el aumento en un 900% de la carga laboral en la Suprema Corte.

Si los ministros son congruentes deberían aceptar la inconstitucionalidad de las reformas aprobadas porque se violaron etapas del proceso legislativo, y porque no se acata el convenio 169 de la OIT. Sindicatos mexicanos se han quejado ante la OIT porque el estado mexicano no respeta el convenio 169 en cuanto a los derechos indígenas, y la OIT admitió esta reclamación el 19 de marzo.

El Congreso Nacional Indígena ha acordado fortalecer su trabajo para cuando la Corte emita su fallo, sobre todo si ese fallo refrenda la ley. A diez meses de aprobada esta lamentable iniciativa, sigue sin honrarse el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, no ha disminuido la tensión en los principales estados donde viven indígenas, ha crecido la militarización y la agresión sistemática contra las comunidades indígenas, no se han mejorado las condiciones de vida de los pueblos indios y, sobre todo, sigue cerrada la posibilidad del diálogo.

Muchas sombras y alguna luz

En conjunto, todos estos disensos constatan arraigadas posiciones de un poder vicioso y viciado aún más en sus aparatos por una globalización que sigue la lógica del neoliberalismo. Por el otro lado, se muestran ya valiosas tendencias de base que buscan afanosamente defenderse de los terribles males que esa política produce, y que están empeñados en buscar nuevas formas de hacer política.

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