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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 241 | Abril 2002
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Guatemala

El brazo armado de los poderes ocultos en acción

Amenazas, intimidaciones, secuestros y asesinatos políticos. Los entrenados brazos armados de "los poderes ocultos" intentan asfixiar a la sociedad civil con la violencia. ¿Habrá tiempo de actuar para que los fantasmas del pasado no revivan de nuevo?

Juan Hernández Pico

El 20 de marzo a las 6 y media de la tarde varios hombres armados allanaron el edificio de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO). Aprovechando una salida del guardián para comprar su cena, lo esperaron en los alrededores y cuando regresó lo encañonaron y entraron con él en el edificio. AVANCSO tiene su domicilio frente al parque San Sebastián y a la iglesia del mismo nombre, donde fue asesinado hace ya casi cuatro años el obispo Juan Gerardi. Apenas tres cuadras separan el edificio del Palacio Nacional, el Estado Mayor Presidencial, la Guardia Presidencial y la Casa Presidencial. Los asaltantes golpearon con su arma al guardián, se dirigieron sin vacilar a las oficinas del departamento de investigaciones sobre el campesinado, donde entraron violentando la puerta. Entraron también, violentándola, en la oficina de diseño de publicaciones. Al abandonar el edificio, no habían robado nada. Se trató, evidentemente, de un acto de pura intimidación.

Intimidación contra denuncia

Una semana antes de estos hechos, AVANCSO había presentado el libro de la historiadora Matilde González titulado "Se cambió el tiempo". La obra -fruto de un trabajo de siete años- traza la historia del despojo prepotente de las tierras comunales del municipio predominantemente indígena San Bartolo Jocotenango (El Quiché) por la Reforma Liberal de 1871 y en adelante. Documenta la presencia oprimente en este lugar de los grandes terratenientes a través de los contratistas de mano de obra para las fincas de la Costa, el cambio progresivo de los contratistas de ladinos en indígenas, la utilización de estos indígenas contratistas por el ejército como comisionados militares y desde 1980 como jefes de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), las masacres, la esclavización y las continuas violaciones de mujeres sobrevivientes realizadas por estos hombres, y la continuidad de la sombra del poder militar en San Bartolo por medio de esos mismos "vicarios" del Ejército que son los antiguos jefes de PACs.

Ese mismo día 20 había aparecido en "El Periódico" un campo pagado, firmado por AVANCSO y por otras 19 organizaciones de la sociedad civil, que denunciaba las calumnias y las amenazas de muerte contra el obispo de San Marcos, Alvaro Ramazzini, y contra varios sacerdotes cercanos a los campesinos. El comunicado se solidarizaba con todos los amenazados y exigía soluciones a la problemática en el campo.

Uno a uno, amenazados y atacados

En otro comunicado, aparecido en los medios el 22 de marzo, doce organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de un mejor sistema de justicia, de los derechos humanos, de la organización del campesinado, de los derechos de las mujeres, se unieron a AVANCSO para expresar que el allanamiento de su sede "es alarmante en tanto que ocurre en el marco de una serie de amenazas e intimidaciones que han afectado a los antropólogos forenses de tres distintas organizaciones de derechos humanos (que trabajan en exhumaciones en cementerios clandestinos), a la Casa Alianza, a las organizaciones del Movimiento Pro Justicia, a los activistas de organizaciones de derechos humanos locales, a religiosos católicos que trabajan tanto en El Quiché como en San Marcos, incluyendo a Monseñor Ramazzini, y a campesinos que defienden el derecho al desarrollo y a una vida digna."

En otro comunicado -que es en realidad, un emplazamiento al Presidente en funciones, Francisco Reyes López, coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno- las mismas organizaciones, hicieron público un documento que le entregaron a él y que titularon: "La Seguridad no se negocia". En él toman las aguas desde más arriba para afirmar que "desde abril del 2000, los defensores y las organizaciones de derechos humanos y sociales hemos evidenciado el deterioro de las condiciones de seguridad. Uno a uno los diferentes sectores han sido amenazados y atacados: tanto miembros como organizaciones de derechos humanos, pro justicia, de mujeres, de desarrollo, defensoras del derecho a la diferencia sexual, de niñez y juventud, equipos que desarrollan exhumaciones, campesinos, sindicalistas, académicos, periodistas, políticos y religiosos. Las comunidades también han sido objeto de amenazas y ataques, como los casos, entre otros, de Santa María Tzejá (Ixcán); Lanquín II, Cerritos y Chocón (Izabal); Río Bravo y San Basilio (Suchitepéquez)."

Dos asesinatos empeoran la situación

Más preocupante, aún fue que, inmediatamente después de la reunión en Washington del Grupo Consultivo el 11 y 12 de febrero, donde, en presencia de exigentes representantes de la sociedad civil guatemalteca, el Presidente Portillo y miembros de su gabinete se comprometieron a concretar las reformas necesarias para mejorar la seguridad ciudadana y eliminar la impunidad, la situación de inseguridad comenzó a empeorar en forma notoria.

Desde entonces se produjeron dos asesinatos que exhalan el tufo de los crímenes políticos. El de César Rodas, testigo privilegiado en el caso de la producción ilegal de panfletos en contra del Presidente de la Cámara de Comercio Jorge Briz, caso por el que pende sobre el Vicepresidente de la República una petición de suspensión de inmunidad. Y el de Jorge Rosal, dirigente del Partido Patriota (en formación), que lidera el general retirado Otto Pérez Molina. Tres días antes, el general Pérez Molina, junto con sus aliados políticos -entre ellos Alvaro Colom, probable candidato a la presidencia en 2003- había encabezado una marcha cívica para exigir la renuncia del Presidente y del Vicepresidente de la República ante noticias de nuevos escándalos de corrupción.

Otro caso grave. Una operación del departamento de operaciones antinarcóticos de la policía nacional (DOAN) en las cercanías de Chocón, un pequeño pueblo del departamento de Izabal, se convirtió en campo de batalla durante varios días, lo que dejó varios muertos por bala entre los pobladores. Todos los testigos apuntan a que el asedio al pueblo fue dirigido por el segundo jefe del DOAN y a que fue montada una operación de presunto encubrimiento capturando y encarcelando en espera de juicio durante dos o tres meses a tres campesinos de la vecindad, sobre quienes se espera arrojar la culpa de los crímenes.

Un secuestro intimidatorio y político

En las primeras horas de la mañana del 25 de febrero fue secuestrado Lizardo Sosa, Presidente del Banco de Guatemala. Sosa, una de las personalidades más autónomas del gobierno actual, ha mantenido con firmeza la intervención de los llamados "Bancos Gemelos", propiedad de Francisco Alvarado MacDonald, amigo del Presidente Portillo, financiador de su campaña electoral, garante del alquiler de su elegante casa y prestamista de su carro Mercedes Benz y de otros vehículos blindados de sus escoltas. Los abogados de Alvarado habían lanzado el año pasado una acusación civil contra Sosa y otros funcionarios de la Junta Monetaria pretendiendo que les fueran embargados sus bienes para responder por las pérdidas que la intervención habría supuestamente acarreado a los "Bancos Gemelos".

Sosa ha defendido también con mucha fuerza la necesidad de cuatro leyes de reforma del sistema financiero, entre las cuales está la ley que intenta reforzar los frenos al lavado de dinero. Evidentemente, el indicador de "riesgo-país" para Guatemala se elevó notablemente en los días inmediatos al secuestro del Presidente de su Banco Central. Nadie creyó que el secuestro fuera obra de la delincuencia común y obedeciera a motivos de avaricia. Una vez más, el carácter del delito era intimidatorio y político.

En la madrugada del 28 de febrero, 72 horas después, Lizardo Sosa fue puesto en libertad después de que se pagó un rescate. Días más tarde vehículos de la Policía Nacional Civil (PNC) y -presuntamente- del Ejército se encontraron en un lugar de la capital, donde la Inteligencia del Ejército tiene una casa y allí se produjo un enfrentamiento entre ellos. Una persona de civil que bajó del carro de los militares -que iban de civil-quedó acribillada en el pavimento, a pesar de salir gritando que no dispararan: "¡Somos lo mismo que ustedes!". Los testigos, que vieron desde las casas vecinas, afirmaron a los medios que los vehículos estaban ocupados en el trasiego de dólares que se supone eran fruto del rescate de Lizardo Sosa, quien tras unos días de descanso regresó a su oficina y continúa promoviendo el voto a favor del paquete de leyes financieras.

Incendio en la casa parroquial de Nebaj

Pocos días después se produjo el incendio de la casa parroquial de Nebaj, cabecera municipal más importante del llamado "Triángulo Ixil", al norte de El Quiché. El incendio comenzó a las 3 de la mañana del 21 de febrero y, según los testigos fue intencional. No hubo víctimas, pues el párroco se encontraba en la capital departamental y las dos personas que dormían dentro esa noche pudieron ponerse a salvo. Gracias a que estas personas salvaron algunas computadoras no se perdieron todos los documentos parroquiales. Sin embargo, las llamas consumieron, además de los libros parroquiales originales (bautizos, matrimonios, etc.), documentos originales de la investigación Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y otros documentos pertenecientes al equipo de antropólogos forenses que vienen realizando exhumaciones en el municipio de Nebaj. Es conocida la existencia en el "Triángulo Ixil" de la Población Civil en Resistencia de la Sierra durante el conflicto armado interno, coincidiendo con las terribles operaciones de tierra arrasada a las que se sometió a aldeas de los tres municipios y especialmente a Nebaj. Es conocido también el protagonismo de la diócesis de El Quiché y de su obispo Julio Cabrera en la confección de la REMHI. Y el papel del sacerdote Rigoberto Pérez, párroco de Nebaj, en la Comisión de Paz y Reconciliación de la diócesis de El Quiché.

Forenses amenazados: "Olviden los huesos"

Ocho días más tarde fueron amenazados de muerte antropólogos forenses de tres organizaciones de derechos humanos. Cada día que pasa, se ha ido haciendo más dura la oposición de los antiguos patrulleros, y en general de los militares en retiro y del Ejército, contra las exhumaciones de quienes murieron en masacres durante los años del conflicto.

En el extenso, detallado, e impresionante informe sobre Guatemala de Amnesty International de 2002, titulado "El legado mortal de Guatemala," que documenta el pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos, se lee que soldados y miembros de las antiguas PACs "advertían a los posibles testigos" en las querellas presentadas judicialmente en la capital de Guatemala contra el ex Presidente Lucas, el ex-Jefe de Estado Ríos Montt y miembros de sus gobiernos por masacres: "Olviden los huesos. Si quieren reclamar sobre lo que pasó en la aldea, van a vivir lo mismo otra vez."

Un obispo y sacerdotes en la mira

En marzo se reiteraron las amenazas de muerte contra Monseñor Ramazzini, obispo de San Marcos. Ya en tiempos del Presidente Arzú comenzaron a darse estas amenazas, coincidiendo con la valiente defensa hecha por el obispo de los derechos del campesinado a la tierra o a salarios dignos como jornaleros agrícolas. Personeros de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guatemala (AGA), como el ingeniero Gustavo Anzueto -acusado en muchos testimonios de la REMHI de prestar al ejército sus avionetas para que, artilladas, sirvieran a la represión-,o Humberto Pret, presidente de la Cámara del Agro, denunciaron a Ramazzini como "religioso marxista".

Desde la década de los 80 Ramazzini ha mostrado su preocupación por la situación injusta en que viven los campesinos. En aquellos años, visitó como miembro de una comisión especial a la Población Civil en Resistencia de la Selva del Ixcán y está encargado de la Pastoral de la Tierra en la Provincia Eclesiástica de Los Altos. Había salido en defensa del sacerdote José María Aldaz, también amenazado de muerte por defender las invasiones de tierras de los campesinos de su parroquia. En los mismos días también fue calumniado y amenazado Francisco Cuevas, sacerdote encargado de la parroquia de Panajachel, en el lago Atitlán.

La crisis del café y el problema de la tierra

En el trasfondo de este conflicto está la crisis estructural que atraviesan el café y el incumplimiento del acuerdo de paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Según datos de las organizaciones campesinas, por la crisis de los precios internacionales del café se han perdido 150 mil puestos de trabajo en el año 2001, se ha dejado de contratar a otras 90 mil personas al comienzo del 2002 y se espera la pérdida de más o menos otros 90 mil puestos de trabajo en los próximos meses.

Además, ni se pagan los salarios mínimos ni muchas veces se pagan las prestaciones laborales debidas cuando se despide a los trabajadores rurales. Por añadidura, la politización del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y del Fondo de Inversión Social (FIS) y de Desarrollo Comunitario agrava el problema de acceso a la tierra para el campesinado.

Más de cinco años después de la firma de los acuerdos de paz, aún no se ha comenzado a levantar en serio el catastro nacional, única fuente posible para una cierta reorganización de la propiedad agraria que ponga fin a los conflictos de límites.

Una arraigada cultura de violencia

Hace tiempo que venimos señalando, a propósito de los casi 350 linchamientos monitoreados en el país por la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) entre 1996 y 2001, la cristalización en Guatemala de una cultura de la violencia iniciada con la conquista española, marcada por el racismo y por el clasismo y exacerbada por 36 años de un conflicto armado que con crueldad increíble incorporó el secuestro, el desaparecimiento, la tortura, el asesinato y la masacre, como medios para crear terror: un terrorismo estratégico de Estado y, en una medida mucho más pequeña, un terror revolucionario.

Tal vez el invento más perverso del terrorismo de Estado haya sido la creación de las PACs, que logran aprovechar las diferencias étnicas y raciales, oponiendo a ladinos pobres contra indígenas pobres, que manipulan las diferencias de clase interétnicas, por pequeñas que sean, entre indígenas "ricos" e indígenas pobres en los municipios, y que aprovechan las diferencias religiosas entre indígenas costumbristas, católicos y evangélicos. Hay raíces previas en nuestra historia. La memoria histórica nos recuerda la ayuda que los indígenas tlascaltecos prestaron a los españoles de Hernán Cortés para acabar con el Imperio Azteca, el apoyo de los indígenas mexicas a la lucha contra los quichés, el provecho que los conquistadores sacaron de los conflictos entre los reinos quiché y cakchiquel para acabar doblegando a ambos. La historia de la Colonia y de la República Independiente fue una historia violenta, de acción y reacción, que concluyó con el sojuzgamiento de los indios a través de encomiendas, repartimientos, leyes de trabajo forzoso y leyes de vagancia vigentes hasta 1944. Las más de trescientos rebeliones de indios que estudió el historiador Severo Martínez Peláez, y que en el siglo XX tuvieron su paradigma en la rebelión de Patzicía en 1944 y en la guerra revolucionaria de 1972-96 (la primera guerrilla de los años 60 tuvo poca participación indígena), fueron todas brutalmente reprimidas. Todas estas historias han creado paradigmas de violencia en nuestra cultura.

Violencia durante la Presidencia de Arzú

La presidencia de Alvaro Arzú quedó teñida con sangre por el asesinato del obispo Juan Gerardi inmediatamente después de la presentación pública del informe REMHI, que reveló las dimensiones de la violencia de Estado y de la violencia revolucionaria. La tiñeron también la muerte violenta del empresario Edgar Ordóñez Porta, competidor, según Amnesty International, de los militares en el negocio de la refinación del petróleo; de la fiscal Silvia Jerez, empeñada en llevar adelante el proceso contra una de las bandas del crimen organizado; y el asesinato de la campesina indígena Rosa Pec y el desaparecimiento del campesino indígena Carlos Coc, ambos de comunidades de El Estor y ambos a manos de terratenientes invasores. Igualmente, parecen haber sido asesinados o desaparecidos bastantes de los indigentes charamileros que dormían en el parque San Sebastián la noche del asesinato de Gerardi.

Alvaro Arzú llegó a llamar en 1998 a sus críticos -entre ellos, las organizaciones de derechos humanos- "traidores a la Patria", y en 1999, al inaugurar la Asamblea de la OEA, afirmó que estaban siendo utilizados como herramientas por gobiernos extranjeros.

Con Portillo: más violencia

La Presidencia de Alfonso Portillo está siendo cuestionada por constantes hechos de represión. Durante el 2000 y el 2001 se produjeron, entre otros, el segundo desaparecimiento de una persona desde 1994 -Mayra Gutiérrez, quien se dedicaba desde la Universidad de San Carlos a la investigación de las adopciones ilegales-; los asesinatos de Erwin Haroldo Ochoa, asesor legal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y de su ayudante Julio Armando Vásquez en Puerto Barrios (Izabal), después de haber recibido amenazas de muerte por investigar actividades ilegales antiecológicas de la compañía petrolera Basic Resources (de propiedad hoy europea, con intereses de militares) en el Parque Nacional Laguna del Tigre, y por sus protestas contra la deforestación ilegal en Izabal para una pista de aterrizaje del narcotráfico.
Fue también asesinado en Puerto Barrios el periodista radial Mynor Alegría, después de recibir amenazas de muerte del Alcalde por sus denuncias sobre la corrupción.

En el comunicado "La Seguridad no se negocia", las organizaciones firmantes denuncian los asesinatos, a manos de "cuerpos de seguridad privados que actúan con el apoyo de elementos de la seguridad del Estado, de Francisca Domingo, Pascual Méndez López, Juan Gabriel Pérez, Ana Dolores Hernández, Estanislao Carrera, Teodoro Saloj (este último a balazos desde un carro radiopatrulla de la PNC mientras se manifestaba con un grupo de campesinos en Sololá para reclamar tierras), Eugenio García, Sarbelio Ramos Hernández y el hijo de siete años de Andrés López".

Un Ministro provocador: Byron Barrientos

Las organizaciones de derechos humanos y pro justicia denunciaron en su momento -septiembre 2000- las absurdas declaraciones anti derechos humanos, llenas de oscuros presagios, de quien entonces comenzaba a ejercer el cargo de Ministro de Gobernación, el ex-mayor de inteligencia militar Byron Barrientos, quien había dejado su curul para acceder a este puesto y quien tuvo que dejar el Ejército a finales de los 80 por haber participado en uno de los golpes de estado truncados contra el presidente Cerezo: "Tenemos conocimiento de que hay grupos interesados en desestabilizar, provocar caos y anarquía".

También sugirió Barrientos que existen grupos que "van a explotar bombas panfleteras y quemar sedes, principalmente de organizaciones no gubernamentales." Desde la directiva del Congreso, dos días después, se anunciaba que "el ministro de Gobernación y el director de la PNC nos han informado que la gente que pretende desestabilizar al país por medio de la confrontación pertenece a grupos que dicen defender los derechos humanos".

Era de esperar que, cuando, una tras otra, numerosas organizaciones no gubernamentales han vistos allanadas, sus sedes, violadas sus computadoras y robados sus archivos electrónicos, además de haber sido amenazado su personal, el ministro Barrientos sugiriera con monótona irresponsabilidad y patente mala fe que todo venía de la delincuencia común.

Militarización creciente: tres militares ministros

Preocupante es también la creciente militarización del gabinete. El General de División Eduardo Arévalo fue nombrado como Ministro de Gobernación inmediatamente después de dejar el Ministerio de la Defensa. Frente a las protestas de la sociedad civil se alegó que se trataba de un militar retirado y por tanto de un civil. La realidad es que estos nombramientos violan el espíritu y la letra de los acuerdos de paz en el "Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática".

Según Amnesty International los familiares de las víctimas en la masacre de Dos Erres señalaron que Eduardo Arévalo Lacs había adiestrado a la patrulla militar responsable de esa masacre. Las representantes en la comisión de reforma penitenciaria de varias organizaciones de mujeres pro justicia, hablaron con repugnancia e indignación de las odiosas maneras autoritarias con que este ex-militar las trató en una sesión de dicha comisión.

Después de nombrado, el General Arévalo llenó su ministerio de ex-militares en puestos de gran responsabilidad incluso el de Viceministro. Frente a las numerosas protestas, aun de representantes diplomáticos, antes de viajar a la mencionada reunión de Washington del Grupo Consultivo, el Presidente Portillo,ordenó al ministro revocar estos nombramientos pero dijo que "no habría marcha atrás" en el nombramiento de Arévalo. Y aunque el ministro cumplió -para guardar las apariencias- no nombró sucesores, presumiéndose que en el ínterin los ex-militares continuaron en sus puestos.

Recientemente, el General Arévalo cursó orden a las Comisarías de la PNC para que rindan informes circunstanciados diarios a las bases militares, yendo con esto mucho más allá de la colaboración del Ejército con la PNC para garantizar la seguridad en situaciones especialmente graves en las que la Constitución lo autoriza. Otro ex-General, Luis Felipe Miranda, fue nombrado posteriormente director del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). Así, la seguridad interna de Guatemala, el ingreso de extranjeros al páis y las políticas de turismo se manejan ahora manu militari.

Violencia contra opositores y periodistas

El incremento de la violencia ha de ser tipificado para poder ver los diversos tentáculos con que se está intentando asfixiar a la sociedad civil. Habría, en primer lugar, una violencia política que se genera contra los movimientos de oposición, los partidos no gobernantes y la prensa que ejerce sus funciones de periodismo investigativo y crítico. Esta violencia estaría siendo impulsada por los grupos que ejercen el poder político o por grupos que tienen influencia especial en las actuales autoridades y ven en su desprestigio y posible derrota electoral un duro golpe a sus intereses.

En este marco habría que ubicar los asesinatos de César Rodas -testigo clave en el caso de los miles de panfletos contra Jorge Briz editados en la Tipografía Nacional presuntamente por orden del Vicepresidente-, o el asesinato de Jorge Rosal, dirigente del Partido Patriota También entraría aquí el asesinato del radioperiodista Mynor Alegría, quien denunció la corrupción en la alcaldía de Puerto Barrios.

Igualmente, el secuestro temporal de la periodista Silvia Gereda, directora de "El Periódico", una de las últimas responsables del periodismo investigativo de ese medio, que ha revelado entre otros casos, las tremendas irregularidades del ex-director del Crédito Hipotecario Nacional, Llort Quiteño, hoy prófugo de la justicia; la corrupción en los bancos y en la empresa financiera y las empresas importadoras de carros de lujo de Francisco Alvarado Macdonald, hoy también evadiendo los tribunales a través de trampas legales de sus abogados; la utilización de fondos del Estado para construir una carretera pavimentada que conduce a la granja de la esposa del Presidente del Congreso, General Efraín Ríos Montt; los varios intentos de secuestro y asesinato contra la esposa y la hija del general Otto Pérez Molina, que los obligaron a exiliarse temporalmente, etcétera, etc.

Violencia contra operadores de justicia

En segundo lugar estaría la violencia que se ejerce sobre operadores de justicia, magistrados o magistradas, juezas y jueces, fiscales de uno y otro sexo, personal auxiliar del Ministerior Público y del Organismo Judicial, abogados y abogadas, testigos y querellantes adhesivos.

Según investigaciones de la Fundación Myrna Mack, entre 1997-2000 "se han producido 337 actos intimidatorios relacionados con procesos judiciales. En 1997 (aún bajo la presidencia de Alvaro Arzú), se reportaron 53 casos, en tanto que en 1998 disminuyeron levemente a 49. El fenómeno tendió a incrementarse sustancialmente en 1999 (año electoral) con un total de 88 casos (+55.7%), mientras que en el año 2000 (primer año de la presidencia de Alfonso Portillo), la cifra aumentó a 147 casos (+60%)."

Sólo en los dos primeros meses del 2001, cinco abogados fueron asesinados y se produjeron amenazas de muerte contra seis de ellos. Estas cifras no incluyen todos los casos, pues muchos de los que han sido afectados no hacen público lo que ocurre y, si lo denuncian a las autoridades, es con la condición de que éstas no lo divulguen. Sólo en el caso del asesinato del obispo Gerardi, un juez y dos fiscales salieron al exilio en 1999, 2000 y 2001, y también lo hicieron varios testigos.

La violencia que afecta a los operadores de justicia tiene varias fuentes en el crimen organizado: narcotráfico y toda otra clase de tráficos -de armas de niños, de órganos humanos, de carros robados, de mujeres para la prostitución, etc-, secuestros, asaltos a bancos, depredación forestal, robo del patrimonio artístico, etc. En los casos contra los defensores de derechos humanos o que afectan a figuras políticas, mucha de la violencia viene precedida de intentos de sobornos y de otros actos de corrupción.

Violencia con el sello de los escuadrones

En tercer lugar está la violencia contra el esclarecimiento histórico, contra el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de la verdad, tanto de la REMHI como de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). A partir de estos informes se están impulsando exhumaciones de cementerios clandestinos, búsqueda de desaparecidos, propuestas para esclarecer lo que sucedió con ellas y ellos y para solucionar en el campo jurídico su situación y la de sus familiares respecto a propiedades, herencias, deudas, etc.; y procesos contra los presuntos responsables últimos de las masacres (uno contra el ex-Presidente Lucas García, su Ministro de la Defensa y su Jefe de Estado Mayor de la Defensa -Benedicto Lucas García-, y otro contra el ex-Jefe de Estado Efraín Ríos Montt, su ministro de la Defensa y su Jefe de Estado Mayor de la Defensa, ambos llevados adelante por la Asociación Justicia y Reconciliación, asesorados por el Centro para la Asistencia Legal en Derechos Humanos.

En este marco de violencia entran el incendio de la casa parroquial de Nebaj, las amenazas de muerte a los antropólogos forenses encargados de practicar las exhumaciones, la imposibilidad de hacerlas en algunas poblaciones donde el poder de los victimarios es todavía muy grande y temido, las amenazas a la Federación de Amigos y Familiares de Desaparecidos en Guatemala y a tantas otras organizaciones de derechos humanos y pro justicia, el seguimiento y persecución de la historiadora Matilde González, el allanamiento a AVANCSO para intimidar a quienes se atreven a seguir investigando de manera científica, según los métodos de las ciencias sociales, lo que pasó y sigue pasando en Guatemala; y por supuesto, el asesinato de Myrna Mack en 1990 y el del obispo Juan Gerardi en 1998.

Todos estos delitos y crímenes llevan el sello de los antiguos escuadrones de la muerte y de los cuerpos paramilitares creados a la sombra de las operaciones de inteligencia del Ejército así como del Estado Mayor Presidencial, aún no suprimido a pesar del mandato que para ello establecen los Acuerdos de Paz.

Violencia contra la población rural

Un cuarto tentáculo de violencia es el que afecta a las organizaciones campesinas y a los campesinos personalmente. O contra aquellos que los protegen, reivindican sus derechos y tratan de que el Estado, a través de FONTIERRA y FONAPAZ, se mueva con agilidad para resolver la tremenda escasez de tierras y el acceso a ellas, comprando tierras, recuperando tierras adquiridas irregularmente alrededor de la Franja Transversal Norte y en el Petén, expropiando constitucionalmente tierras ociosas; contra quienes tratan, por medio de CONTIERRA, que se agilice la resolución de conflictos de límites entre tierras comunales o de otro tipo, todo conforme a los Acuerdos de Paz.

En este marco de violencia habría que colocar los asesinatos de Rosa Pec y Carlos Coc y los de muchas otros miembros de organizaciones campesinas. También se incluyen aquí las maniobras del ejército en Ixcán para dividir, ahora en tiempos de paz, a los cooperativistas, a quienes integraron la Población Civil en Resistencia, y a la Iglesia Católica. Aquí también hay que ubicar las amenazas de muerte contra el obispo Ramazzini y las infamias contra los sacerdotes Aldaz y Cuevas.

Todo esto atenta contra el espíritu de diálogo que recorre los Acuerdos de Paz. Quienes probablemente estén involucrados en estos delitos y crímenes pertenecerían a las pandillas paramilitares organizadas por algunos de los finqueros y terratenientes más recalcitrantes y abusivos -algunos de ellos llevados ante los tribunales y puestos en libertad una y otra vez-, en contubernio con fuerzas de seguridad corruptas.

Otras violencias en impunidad

No terminan las violaciones con este intento de tipología. Por ejemplo, el asedio armado de la DOAN a la aldea de Chocón y los asesinatos de varios de sus vecinos tienen que ver con el oscuro mundo del narcotráfico, y pueden haber sido resultado del intento de involucrar a toda la aldea en esas operaciones o de silenciar testigos de dudosas operaciones del mismo DOAN. O puede haberse tratado de un ejercicio de violenta prepotencia enraizada en las costumbres de los cuerpos armados de seguridad.

Los asesinatos de Erwin Haroldo Ochoa y Julio Armando Vásquez entran también en el campo de crímenes del narcotráfico. Por último el asesinato de Edgar Ordóñez no se puede clasificar sin entrar en el mundo de los negocios de militares y en la competencia que no están dispuestos a permitir.

Quedaría por explorar el uso que la Policía y el Ejército puedan hacer de la situación de violencia que desencadenan las pandillas juveniles o maras. Y la violencia de la delincuencia común y el intrincado vínculo de muchas de estas violencias con el capital delincuencial global. Afirma Amnesty International: "La impunidad no sólo fomenta nuevos abusos, sino que también reduce la fe de los ciudadanos en el Estado de derecho y contribuye a que aumenten los índices de delincuencia"

Los poderes ocultos son un solo poder oculto

Al tratar de tipificar las raíces y causas de esta nueva violencia en tiempos de paz trabajamos con la hipótesis de que los poderes ocultos son un solo poder oculto, que integra en un núcleo complejo con complicados ramales y articulaciones cuidadamente tenebrosas.

No se trata de jugar a fantasear con un "eje del mal" para así convertir con fanatismo una fantasmagoría en un enemigo necesario. Se trata de recordar que Guatemala ha sido regida durante siglos por una oligarquía que no ha titubeado nunca en recurrir a la violencia para defender sus intereses. Y que desde 1870 esa oligarquía se ha apoyado en el Ejército y a veces le ha entregado el gobierno del Estado, creando una alianza no exenta de conflictos pero difícil de sortear.

Los Acuerdos de Paz no fueron del agrado de muchos miembros de esa alianza. De muchos militares, porque se disgustaron profundamente de que les arrebataran en la mesa de negociación lo que creían haber ganado en el campo de batalla, y ese despojo, sólo por los cambios en la escena internacional con el final de la guerra fría y de la contradicción entre socialismo comunista y capitalismo anticomunista, y con el peso político que la guerrilla supo ganarse en el Grupo de Amigos del proceso de paz (Noruega, México, Estados Unidos, España, Colombia y Venezuela). Tampoco fueron del agrado de muchos civiles, no pocos de ellos miembros de esa oligarquía o de sus grupos más derechistas o de sus "intelectuales orgánicos", porque no fueron invitados a la mesa de negociaciones y consideran que el proceso de paz se hizo a sus espaldas.

Un Estado a la sombra del estado

La Fundación Myrna Mack investiga y estudia "los poderes ocultos" desde hace varios años. Provisionalmente los definió hace algún tiempo como "fuerzas ilegales que han existido por décadas enteras y siempre, a veces más a veces menos, han ejercido el poder real en forma paralela, a la sombra del poder formal del Estado" También ha identificado a sus integrantes: "Civiles y militares que pertenecieron o pertenecen a las estructuras del Estado; hay también funcionarios de distinto rango, empresarios y, en general, personas de los distintos sectores nacionales".

Podrá parecer tal vez demasiado audaz y aun temerario el hablar así. Con todo, la Comisión de Esclarecimiento Histórico, en su informe "Guatemala Memoria del Silencio", concluye subrayando "la persistencia y la significación que tuvo la participación de los partidos políticos y fuerzas económicas en la génesis, desarrollo y participación de la violencia". Y responsabiliza como autores de "hechos de violencia en vinculación con el conflicto armado a personas económicamente poderosas en el ámbito nacional y local, a grandes propietarios agrícolas juntamente con agentes estatales, y a poderosos empresarios en estrecha colaboración con las Fuerzas de Seguridad."

Con la enorme responsabilidad del Ejército, un Estado dentro de otro Estado. Es evidente que este tipo de abusos es el mejor caldo de cultivo para la corrupción. Y por otro lado, estos abusos no se pueden dar más que en una atmósfera ya corrupta. Es este el círculo vicioso de la corrupción y del abuso del poder, sea el poder de las armas, el del dinero o el del linaje.

Una política que es continuación de la guerra

En su libro "Las intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala", Jennifer Schirmer, investigadora de Harvard, cita al general Héctor Alejandro Gramajo, entonces Ministro de la Defensa Nacional del gobierno del Presidente Cerezo, que pronunció estas impresionantes afirmaciones en el contexto de un seminario al que el ejército invitó a mucha gente de la sociedad civil: "Nuestro objetivo estratégico ha sido el de revertir la filosofía de guerra de Clausewitz para afirmar que, en Guatemala, la política debe ser la continuación de la guerra. Pero ello no significa que estemos abandonando la lucha sino que la estamos librando desde un horizonte mucho más amplio, dentro de un contexto democrático. Podemos renovar nuestros métodos de lucha pero no los estamos abandonando. Proseguimos nuestras operaciones de contrainsurgencia contra la subversión internacional porque la Constitución así lo ordena."

¡La política debe ser la continuación de la guerra! Esta parece ser la filosofía del Ejército de Guatemala mientras no se revoquen estas afirmaciones. No en vano el Presidente Portillo, más "bushista" que Bush, que nombró a un civil para el mismo cargo, ha nombrado a un General retirado al frente de una oficina para la prevención del terrorismo y la lucha contra él. El terrorismo funge así, aquí y ahora, como el actual rostro de "la subversión internacional".

Los militares "eminencias grises"

De todas maneras, la nueva violencia que se ha ido gestando no puede entenderse sin el peso que los altos mandos del Ejército tuvieron y tienen en los últimos Presidentes. Nombres como los Generales Espinoza (con Arzú) y Arévalo (con Portillo), suenan a "eminencias grises". Y el gobierno de Estados Unidos acaba de señalar con el dedo, retirándole la visa por estar involucrado con el narcotráfico, al General (retirado) Francisco Ortega Menaldo, ex miembro de la inteligencia militar y ex-Jefe del Estado Mayor Presidencial, de cuya sombra como presunto asesor no ha podido librarse el Presidente Portillo por mucho que lo haya negado.

En una entrevista a "El Periódico", posterior al retiro de la visa, el general Ortega Menaldo acepta que fue "uno de los fundadores de esa oficina abierta en el piso 18 del Ministerio de Finanzas", en la época del General Lucas". Y sin que los entrevistadores se lo pregunten, ofrece esta información: "Yo nunca tuve nexo con ninguno de Aduanas, ni con el Jefe de Aduanas en ese entonces." Según el General, esa oficina habría tenido como objetivo controlar el incremento del "flujo de armas y la subversión urbana". El general Manuel Callejas y Callejas fue director de Aduanas en un momento de su carrera, siendo coronel.

Ortega Menaldo y Callejas, coroneles ambos en 1980, se hicieron cargo de las estructuras de inteligencia del ejército. Junto con otros oficiales han sido señalados como miembros de una especie de fraternidad interna del ejército denominada "La Cofradía" que, según la REMHI se formó con militares expertos en inteligencia, "vinculados a la delincuencia común y la corrupción administrativa en la época de Lucas" y, de alguna manera, opuestos al grupo de la estrategia de "estabilización" de otra fraternidad militar que lideraba el general Gramajo, denominada por él mismo "El Sindicato".

Demasiados laberintos militares para el buen funcionamiento de una democracia tan frágil como la de Guatemala en la transición de los años 1986-91. Y demasiadas "eminencias grises" militares para el buen funcionamiento de la transición democrática, frágil aún, desde 1996 hasta hoy.

¿Fantasmas del pasado hechos realidad?

Académicos guatemaltecos de alto nivel afirman que con la nueva violencia, en Guatemala "se está pasando la línea de tolerancia" porque "los fantasmas del pasado están cobrando realidad". Tal vez no sea así aún. Aún podemos hablar de sólo dos desapariciones desde 1994. Aún se escribe libremente y con valentía en la prensa y se habla con libertad por la radio.

Sin embargo, en el documento "La Seguridad no se negocia" se denuncia: "Desde las llamadas telefónicas, los seguimientos, la vigilancia y la intercepción de llamadas, faxes y comunicaciones electrónicas hasta los allanamientos, secuestros, golpes y asesinatos, son hechos que nos han acontecido durante los últimos años. Es importante recalcar que a partir del 8 de febrero del año en curso las amenazas se han ido intensificando. La respuesta del Estado ha sido la inacción, el ocultamiento de pruebas e incluso la amenaza directa por parte de funcionarios contra defensores de los derechos humanos, así como contra dirigentes de campesinos y sus bases."

En entrevista a "Prensa Libre", Helen Mack afirma que en "el ambiente tenso y confuso en que vivimos será muy difícil evitar que la violencia no aumente de tono porque quienes están detrás de la violencia tienen un modus operandi muy duro." En el documento "La Seguridad no se negocia", quienes firman están ciertos de que "los cuerpos de seguridad ilegales y los aparatos clandestinos no pueden funcionar sin la aquiescencia del Estado, por lo que no podemos aceptar como respuesta del Estado el argumento de ignorar su existencia o de reconocer que están fuera de su control."

También por ello la misma Helen Mack afirma que no es sensato pedir la renuncia del Presidente y del Vicepresidente, como lo está haciendo el Movimiento Cívico de Colom, Pérez Molina y otros: "El aparato oscuro está en todas las instituciones del Estado y estas dos personas podrían ser fusibles a cambiar en un momento determinado por el control que se ha tomado sobre ellos."

El escenario posible y probable

El escenario más probable, a mi juicio, es que el Presidente Portillo concluya su periodo y que el FRG intente perpetuarse en el poder controlando al nuevo y recién nombrado Tribunal Supremo Electoral. La dificultad mayor puede venirles de la probable negativa de la Corte Constitucional a dictaminar como conforme a la Constitución el proyecto de nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos que el FRG ha propuesto. También intentará el FRG controlar los inminentes nombramientos de nuevo Fiscal General, nuevo Contralor y nuevo Procurador General.

No es probable que en el actual ambiente internacional se aprueben movimientos para un cambio de mandatario, vengan éstos de partidos o de frentes opositores o de maniobras de la empresa privada. El hecho de que la estabilidad macroeconómica se mantenga en Guatemala y de que se acerque el final de la recesión norteamericana y mundial apoyaría la realización de un escenario con Portillo concluyendo su mandato.

Carrusel de la corrupción: visas USA canceladas

Es probable que el aviso dado por Estados Unidos al retirar las visas al general Ortega Menaldo; al banquero Francisco Alvarado Macdonald; a César Medina Farfán, envuelto en el desfalco del ministerio de Gobernación y a quien le fue prestado el avión presidencial para realizar negocios turbios en Panamá; a Armando Llort, por su corrupción en el manejo del Crédito Hipotecario Nacional; y a Adolfo Lacs, por apropiación ilegal de acciones del Banco de los Trabajadores, sea un revulsivo para que no se siga acelerando el carrusel de la corrupción estatal.

Si éste no siguiera girando y el Presidente Portillo apareciera clara e innegablemente envuelto en él y, sobre todo, si se demostraran desfalcos con fondos de la cooperación extranjera, por ejemplo del Grupo Consultivo, y más aún si Portillo se viera implicado en operaciones de narcotráfico, es probable que todo cambiara y que diversas fuerzas internas contaran con la aprobación del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo sus planes de hacer que el período presidencial termine antes de sus plazos constitucionales.

También pudiera darse este escenario si políticos hábiles aprovecharan un estallido social al estilo argentino, el que parece improbable. No parece tampoco probable que el Vicepresidente acompañara al Presidente en su caída. Sería demasiado peligroso para muchas fuerzas dejar la sucesión presidencial y la tarea de concluir el período de Portillo en manos de un Congreso comandado por el General Ríos Montt.

¡Guatemala, nunca más!

En cualquiera de estos dos escenarios no es probable que disminuya la intimidación ni la violencia creciente de los poderes ocultos buscando asfixiar a la sociedad. El clarinazo de alerta suena, por lo tanto, en un momento apropiado. La cuestión es intentar frenar el brazo armado de los poderes ocultos y exigir el relanzamiento de los Acuerdos de Paz en aquellos de sus puntos más ejecutables y de mayor alcance, mientras se trabaja a largo plazo en aquellos que requieren educación para un cambio de hábitos en el corazón en la cultura.

En una situación como la actual, sólo una sociedad civil dispuesta a participar con energía, en sus organizaciones y en sus personalidades, y una comunidad internacional preparada para vigilar lo que está ocurriendo en Guatemala, podrán evitar que lleguemos a ver los fantasmas del pasado convertidos en pavorosas realidades.

En estas circunstancias se hace más vital el papel y la responsabilidad de MINUGUA, que deberá actuar con mayor premura y con toda precisión, extremando la eficacia de sus políticas de información y comunicación. Es una hora difícil y hay que continuar escuchando al obispo Juan Gerardi, para seguir exigiendo que en Guatemala no vuelva el pasado: ¡Guatemala, nunca más!

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