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  Número 240 | Marzo 2002
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Nicaragua

Caso 12,230: Zoilamérica Narváez contra el Estado de Nicaragua

4 marzo 2002: en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el nuevo gobierno de Nicaragua aceptó llegar a una "solución amistosa" con Zoilamérica Narváez, admitiendo así, implícitamente, haber violado sus derechos, negándole el acceso a la justicia. La CIDH admitió la demanda de Zoilamérica, la escuchó y propuso esta solución, aceptando así, implícitamente, la verdad de su historia. En vísperas de viajar a Washington para hablar ante la CIDH, Zoilamérica hizo estas declaraciones, que compartió con Envío, y que transcribimos.

Zoilamérica Narváez

Yo decidí hacer la denuncia que hice pública el 2 de marzo de 1998 tan sólo cinco días antes, presa de la desesperación y de la angustia. Y desde hace cuatro años celebro ese día como un segundo cumpleaños. El 2 de marzo celebro el día en que me quité una máscara y pude romper con una historia que marcaba mi vida. Fue difícil, como todo nacimiento lo es. En mi caso, lo más difícil y doloroso en este nuevo nacimiento ha sido la ruptura con mi madre y con mis hermanos. El día que denuncié el abuso sexual al que me sometió Daniel Ortega opté por mí. Durante muchos años, con mi silencio, había protegido a mi madre y a mis hermanos, pero ya no podía seguir optando por ellos y seguir callando.

Confieso que creí que lo que vendría después iba a ser más fácil. Tal vez fui ingenua. Yo no esperaba nada de lo que pasó después. Si se recuerda, la primera denuncia que yo hice fue una carta pública muy breve. Decía que había decidido dejar de ser Zoilamérica Ortega, que quería recuperar el apellido de mi padre y empezar a ser Zoilamérica Narváez. En aquel primer momento, reclamar mi nueva identidad era la única cosa que se me ocurrió para romper con una atadura familiar que me había condenado y que me seguía condenando al abuso sexual y al acoso sexual de Daniel Ortega. Al reclamar mi apellido quería poner fin a una lealtad familiar y política que me había mantenido humillada.

Yo pensé que no tendría que hacer nada más que esa carta. Pensé que mi madre iba a reconocer lo que yo decía, creí que también ella se había sentido afectada por lo ocurrido y que se iba a poner de mi lado. Y también creí que Daniel Ortega lo iba a reconocer. En ese momento, yo no tenía planificado ninguno de los pasos siguientes que tuve que dar. La carta y nada más. Yo esperaba que después de la carta ellos reconocerían y ahí terminaría todo. Sabía, naturalmente, que habría reacciones de incredulidad y posiciones adversas, pero como para mí lo importante era que mi familia reconociera lo ocurrido, y como pensé que lo lograría, nada de eso me importaba.

No lo reconocieron. Me atacaron. Y tuve que seguir dando un paso y otro paso, y a cada paso que daba seguía otro abuso, hasta ver cómo todo el sistema político e institucional protegía a Daniel Ortega y me desprotegía a mí. En 1999, después de pasar dieciséis meses visitando la Asamblea Nacional, y esperando que se le quitara la inmunidad a Daniel Ortega para que fuera a los tribunales y poder yo demostrar lo que había denunciado, decidí recurrir a un tribunal internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cuando fui por primera vez a Washington, a la Comisión, en octubre de 1999, a presentar demanda por denegación de justicia contra el Estado de Nicaragua, pensé al verme allí: "Hasta dónde he tenido que llegar..." Y ahora que regreso a ser escuchada en audiencia, lo vuelvo a pensar y me pregunto: "¿Qué más decir, si ya lo he dicho todo, si he estado años repitiendo lo mismo, esperando que me permitan demostrar que dije la verdad?" En la falta de espacios jurídicos a los que tengo derecho para demostrar la verdad de lo que denuncié es donde ha estado el principal obstáculo para mi recuperación, porque es eso lo que me ha obligado continuamente a volver atrás, a recordar el pasado, a hablar sobre lo que me ocurrió. Para una sobreviviente el proceso judicial es siempre muy doloroso. Como se prolonga y está lleno de obstáculos, en cada nuevo paso que damos tenemos que contar la historia, reabrir heridas, volver a tener miedo, volver a tener pesadillas...

Después de hacer la primera denuncia y de acusar en los tribunales nacionales a Daniel Ortega, se fueron sumando nuevos capítulos de abuso en la medida en que los poderes del Estado y las instituciones se fueron haciendo cómplices del ofensor sexual. Es eso lo que he denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque el Estado de Nicaragua tiene la obligación de garantizar a todos sus ciudadanos el acceso a la justicia. Y porque Nicaragua ha firmado la Convención de Belem do Pará, de 1994, por la que se compromete a prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres, también la violencia sexual. Entre las obligaciones que asumió por esta Convención, el Estado de Nicaragua está también comprometido a proteger a quienes denunciamos haber sufrido abuso sexual.

Después de mi denuncia, el Estado de Nicaragua estaba obligado a abrir un proceso de investigación adecuado y a permitirme participar en un proceso judicial transparente. Si seis meses después de mi denuncia lo hubiera hecho, como era su deber y su compromiso, yo nunca hubiera quedado indefensa, como lo he estado en estos cuatro años, ante el poder de Daniel Ortega. Si el Estado hubiera actuado, aun cuando el proceso me hubiera resultado difícil y doloroso, y aun cuando Daniel Ortega no hubiera sido castigado, si hubiera salido de ese proceso algún tipo de dictamen con cierta contundencia -estoy segura que lo hubiera conseguido y hubiera sido favorable a mí-, yo no me hubiera sentido tan indefensa, me hubiera sentido protegida, y habría podido cerrar jurídicamente la historia de abuso que me impusieron desde niña.

Pero el Estado se hizo cómplice de la forma que Daniel Ortega eligió para mantener el caso, primero silenciándolo y después cerrándolo. Daniel Ortega alegó inmunidad en 1998 y se mantuvo inmune e impune hasta el año 2001 para no ser investigado. Después de casi cuatro años de inmunidad-impunidad, en diciembre del año 2001 renunció a su inmunidad y alegó la prescripción de los delitos por los que yo lo acusé. Lo tuvo que hacer porque yo no había dejado de mantener mi denuncia y mi acusación. Pero también lo pudo hacer en ese momento porque ya había ganado tiempo suficiente para preparar todas las condiciones para no ser investigado ni juzgado ni castigado, para que no le ocurriera nada. Entre 1998 y 2001 construyó un pacto político que le garantizó, entre otras cosas, colocar en las instituciones judiciales a personas que le son totalmente leales. Y renunció a su inmunidad después de una contienda electoral en la que relanzó su imagen, con una campaña que omitió la gravedad de mi denuncia y en la que lo presentaban como hombre de familia, dando a entender que ya no era necesario aclarar, ni siquiera negar, lo que yo había denunciado, sino simplemente colocar esa denuncia en el pasado y olvidarla como algo sin importancia.

Daniel Ortega llegó en diciembre de 2001 a los tribunales a renunciar a su inmunidad, incluso fortalecido por el "perdón político" con que lo protegieron durante la campaña y durante todos estos años sus colegas diputados y prácticamente toda la clase política y la institucionalidad de Nicaragua. Si unos meses después de mi denuncia, cuando la opinión pública me escuchaba y estaba conmovida e interesada en conocer la verdad, y cuando él sólo tenía para defenderse el argumento de que yo lo denunciaba como parte de un complot político, el Estado hubiera actuado y yo hubiera podido presentar pruebas y testigos, todo hubiera sucedido de otra forma a como ha sucedido.

Y lo que ha sucedido es grave. En mi caso se demostró cómo la clase política de Nicaragua ha aprendido a convivir con un ofensor sexual. También la mayoría de la sociedad lo aprendió. Y ese grado de impunidad no sólo política, sino también social, ha sentado un grave precedente. Desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a esperar muy poco de nuestros líderes. Por eso, no creo que quienes votaron por Daniel Ortega en las pasadas elecciones sea gente que no me cree o que rechace mis argumentos. Creo que es gente que fue llevada hasta un punto que terminó pensando que el abuso sexual no es tan importante como la corrupción, y que no sintió que fuera un problema grave que un ofensor sexual llegara a ser Presidente de la República.

En esta impunidad social tiene una gran responsabilidad el gobierno, el Estado. Como no se me permitió un proceso judicial, la sociedad no pudo aprender. Por muy doloroso que me ha resultado a mí exponerme al grado que me he expuesto, contando esta historia y tratando de demostrarla, de esa historia se pueden sacar lecciones, lecciones para las familias, lecciones de cómo cuidar a sus hijas y de cómo enfrentar problemas similares. Del juicio que no se celebró se podrían haber sacado muchas más lecciones. Pero se actuó en sentido contrario. Tratar de tapar el tema, de esconderlo, y perder esta oportunidad, ha sentado un mal precedente, que fomenta el delito y que propicia que éste quede cubierto por el silencio de las abusadas y por la impunidad de los abusadores. Ha sido un mal ejemplo para nuestra sociedad ver cómo los poderes del Estado encubrieron al denunciado, cómo las personalidades de este país siguieron conviviendo tranquilamente con un ofensor sexual. La opinión internacional, en cambio, demostró mucha mayor sensibilidad. El mensaje que con mi caso se ha enviado a nuestra sociedad es muy negativo, tanto para quienes abusan como para quienes son abusadas y han pensado en hablar y en denunciar.

Con la sentencia de prescripción del delito que decretó la jueza Juana Méndez en favor de Daniel Ortega en diciembre 2001, se trató de demostrar, también ante la CIDH, que no hubo denegación de justicia. Como si la denegación de justicia dependiera de un papel o de una sentencia. ¿Cómo con un "juicio" como el de diciembre, que duró menos de una semana, y en el que no se me permitió una sola declaración, ni decir siquiera una sola palabra, ni mucho menos presentar testigos o pruebas, pueden borrarse como prescritos diecinueve años consecutivos de abuso sexual?

En la CIDH el demandado no es Daniel Ortega, es el Estado de Nicaragua. Don Enrique Bolaños ha heredado este problema. Y el responsable de esta herencia es Daniel Ortega, por su falta de responsabilidad, de coherencia y de entereza. El Estado de Nicaragua es juzgado en un tribunal internacional por una falta personal de Daniel Ortega, quien tuvo posibilidad de evitar esta situación asumiendo su responsabilidad. Se trata de un caso sin precedentes en el sistema interamericano, porque en los casos que llegan ante la CIDH se demanda a los Estados por acciones cometidas por instituciones y por legislaciones, en las que resulta complejo identificar a un único responsable de la situación delictiva. En mi caso está totalmente identificado el único responsable, a la vez que yo como víctima estaba totalmente dispuesta a demostrar en los tribunales de mi país la veracidad de mi historia. Todo esto evidencia el grado de cobardía de Daniel Ortega: mi caso podría concluir en la condena de todo un gobierno por los delitos sexuales de un solo hombre.

Yo no soy una adversaria política de Daniel Ortega, sólo abrí un proceso judicial en su contra por los delitos que cometió contra mí siendo mi padre adoptivo. Este proceso pasó a ser en contra del Estado de Nicaragua por haberlo protegido a él y haberme negado a mí el espacio judicial en donde él, si así lo quería, se hubiera podido defender.

Siempre he intentado, por todos los medios, que mi caso no se politice. Y lamento que sólo cuando se considera mi caso como político -por ser quien es el acusado- soy escuchada y tengo espacios. Si mi denuncia y este caso se han politizado no ha sido responsabilidad mía, que tengo derecho a denunciar el abuso. La politización es responsabilidad de Daniel Ortega, que ha utilizado los mecanismos de poder político de los que dispone para protegerse, y que se ha escondido tras un partido, el Frente Sandinista. El Frente Sandinista ha politizado este caso al no saber separarse de la actitud delictiva de su dirigente, eligiendo encubrirlo y avalarlo, hasta llegar a lanzar su candidatura presidencial, a pesar de tener pendiente tan grave cuestionamiento.

El que Daniel Ortega haya cometido estos delitos sexuales contra mí siendo Presidente de la República y Jefe de Estado, y el que incluso los cometiera en otros países, violando así las leyes de esos países, es un agravante. El esclarecimiento de estos hechos sentaría un precedente, incluso internacional. Las leyes internacionales son cada vez más sensibles a la protección de las mujeres y a la sanción de los delitos sexuales. El incesto ha sido incluso comparado con la tortura. Personalmente, lamento que tenga que hacerse esta comparación para darle relevancia a este delito. La sociedad debería darle a los delitos sexuales toda la importancia que tienen. Son delitos graves y debe ser reconocida su gravedad.

Recientemente, el abuso sexual contra niñas y niños fue calificado también como una forma de terrorismo, porque busca provocar las mismas actitudes que el terrorismo político: miedo y sumisión. En muchos países la justicia es ya mucho más sensible que en Nicaragua ante estos delitos. El incesto se define como el abuso sexual que por una posición de poder privilegiada comete un adulto contra una niña o un niño. No se define únicamente por los lazos de consanguinidad que existan entre el adulto y la niña. En algunos países el abuso sexual incestuoso no prescribe nunca porque se comprende perfectamente que una mujer puede tardar muchos años en entender lo que le pasó y aún más en denunciarlo. En algunos países, comprendiendo que el incesto es un delito que ocurre dentro del hogar, y que por eso es muy difícil de probar con testigos, bastan como pruebas las lesiones sicológicas que ese abuso deja en las niñas y en las mujeres.

Lamentablemente, se entiende la corrupción únicamente como el abuso que un funcionario público hace de los recursos del Estado para beneficio personal, pero sólo se vincula este delito con beneficios económicos, con delitos financieros. En mi caso, Daniel Ortega cometió actos de corrupción, porque utilizó los mecanismos del poder estatal, político y militar que controlaba como Presidente de la República para cercarme, para silenciarme, para crearse ambientes propicios. Lo que ocurre en la casa no debe tener menor importancia que lo que ocurre en la calle. Y para hacer mayor la tragedia, la ley de inmunidad, que protege de la sanción por delitos de corrupción económica, también protege de la sanción por delitos sexuales. Yo espero que en el proceso de debate que existe en Nicaragua en torno a la ley de inmunidad, ésta sea reformada y no cubra jamás los delitos sexuales.

También espero que el nuevo gobierno sea capaz de rectificar lo actuado por el gobierno anterior, que no sólo protegió a Daniel Ortega y me desprotegió a mí, sino que durante estos años presentó a la CIDH tres escritos con tergiversaciones y hasta mentiras sobre lo ocurrido en mi caso, insistiendo en que yo era la responsable de no acceder a los tribunales por no haber insistido lo suficiente ante las instituciones, por no haber agotado los recursos legales. Espero que el nuevo gobierno sepa asumir su responsabilidad. La CIDH mandata a los Estados a rectificar las violaciones de derechos humanos contra sus ciudadanos y ciudadanas. También mandata reparar los daños que les ocasionaron estas violaciones. En mi caso, no haber podido demostrar en los tribunales y ante la sociedad nicaragüense que dije la verdad, ha creado en torno a mí una permanente actitud de sospecha que me ha dificultado vivir en mi propio país.

Espero que, a partir de ahora, el gobierno sea capaz de abrirse a un proceso de negociación para identificar los obstáculos que encontré en mi búsqueda de justicia para después reformar y corregir todo lo que sea necesario y así reparar tan negativo precedente. Espero que esté dispuesto a revisar en qué medida la legislación facilitó el que yo quedara desprotegida. Si lo hace así, se comprobará, entre otras cosas, que la ley de inmunidad fue un obstáculo fundamental para que yo accediera a la justicia. Se comprobará que las normas sobre la prescripción fueron otro obstáculo importante.

Y que la relación entre inmunidad y prescripción favorece a los delincuentes. De ese proceso deberían salir las reformas legales e institucionales necesarias para que otras sobrevivientes no crean que el delito es hablar del abuso para que puedan ejercer sus derechos, alcancen la justicia, demuestren la verdad de sus historias y puedan reivindicarse como mujeres plenas y dignas en un camino más sencillo que el que me ha tocado recorrer a mí. Espero que un acuerdo con el Estado, que sea la conclusión de mi demanda ante la CIDH, sea también una señal de que la prevención y la erradicación de la violencia sexual será tema prioritario para el nuevo gobierno.

Yo tengo también una demanda solicitando mi desadopción, pero no he logrado nada, porque la jueza de lo civil a la que le presenté esta demanda determinó que hasta que no se probaran las causas penales no podría desadoptarme y quitarme el apellido Ortega. Ahora, pretendiendo cerrar el juicio penal en Nicaragua con la prescripción, no puedo reabrir el juicio civil para recuperar el apellido de mi padre. Tendría que probar que mi padre adoptivo abusó de mí. Y no me lo permitieron probar. Además, yo me enteré cuando inicié este camino que Daniel Ortega me adoptó en 1986 mediante un juicio, y sólo con otro juicio podría desadoptarme y recuperar mi apellido. Y no me permiten realizar ese juicio. Las leyes me han colocado en un callejón sin salida. Es terrible: voy ante la CIDH a demandar al gobierno de Nicaragua por su complicidad con Daniel Ortega y llego hasta ese tribunal con pasaporte y con documentos en los que llevo el apellido Ortega, lo que considero ofensivo, una continuación del abuso.

Suceda lo que suceda en el proceso internacional ante la CIDH, yo no puedo permitir que este caso se cierre, porque sería cerrar la opción de que otras muchas mujeres puedan hablar y sientan que se les hace justicia. Mi lucha no es ya contra Daniel Ortega, es contra el precedente creado en mi caso con la actuación cómplice del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de todo el sistema político del país.

Especialmente, quiero mantener abierto este caso trabajando con otras víctimas y con otras sobrevivientes. La palabra "sobreviviente" recuerda el dolor y el pasado al que hemos sobrevivido, y expresa que queremos empezar a vivir. Cuesta explicar lo que el incesto nos causa, ese "algo" que anula en nuestra energía vital, como si nos apagaran el motor interior de las ganas de vivir. Con mucha frecuencia, las sobrevivientes perdemos los deseos de vivir. Después de romper el silencio, aferrarnos a la vida resulta nuestra tarea más importante. Porque estuvimos muertas durante el tiempo del abuso, superar la tendencia a volver a ese estado de anulación, presas del hábito de la tristeza, para convertirnos en personas optimistas, es una lucha muy difícil.

En mi vida profesional, trabajando con ex-combatientes, sobrevivientes también, sobrevivientes de la guerra de los años 80, me enseñó mucho. Después de la denuncia, he tenido la oportunidad de escuchar a muchas mujeres, a muchos hombres también, sobrevivientes de abusos sexuales cuando eran niñas y niños, que me cuentan sus historias. Encontrarlas y escucharlas me ha dado mucha fortaleza, también me ha fortalecido ver que mi palabra las fortalece. Cada vez que escucho a otra sobreviviente siento que me miro en un espejo. Eso me duele y a la vez me da fuerzas. Así nos sucede a las sobrevivientes. Por eso es tan importante identificarnos como sobrevivientes y reunirnos para compartir las dificultades que tenemos para sanar, lo doloroso de las rupturas familiares, las mejores terapias para reconstruirnos, la construcción de alternativas de vida que nos den esperanzas y ganas de dejar de sobrevivir para empezar a vivir. En Nicaragua ésta es una tarea urgente. A esa tarea me quiero dedicar a partir de ahora.

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