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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 157 | Marzo 1995
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Guatemala

Un muro que no cae: el militar

La sociedad civil guatemalteca sigue dando pasos, aprende tolerancia, se entrena en el debate, imagina un nuevo país. Todavía la rodea, alto y amenazante, el muro construido durante décadas por los militares, que protege la impunidad y asegura una interminable historia de violencia.

Trish O' Kane

El panorama político y económico social de Guatemala sigue confuso. La posible candidatura presidencial del ex general Efraín Ríos Montt para las elecciones de noviembre ensombrece el horizonte político, aunque todavía no hay ningún candidato oficial. Entretanto, el moribundo proceso de paz sigue pataleando, ahora con un nuevo intento de la ONU de revivirlo, al calor de esas próximas elecciones. Y, como ya es tradicional, en febrero se dio en Ginebra y ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU la batalla anual entre las organizaciones de derechos humanos y el gobierno. Mientras los representantes de las organizaciones y los funcionarios del gobierno se enfrentaban armados de datos y palabras en Suiza, cadáveres de muertos "anónimos" aparecían por las calles y las carreteras de Guatemala. Demasiadas nubes en un cielo ya cargado.

Violencia: la historia interminable

El 3 de marzo, por decimoséptima ocasión desde 1979, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra abordó el caso de Guatemala. Naciones Unidas decidió mantener a Guatemala en la misma categoría, prorrogando el mandato de un "experto independiente", cuya tarea es visitar el país con cierta frecuencia y hacer un informe anual.

La decisión de la ONU representa una derrota para el gobierno de Ramiro de León Carpio, que esperaba que no se prorrogara el mandato del experto. De hecho, el Presidente De León viajó a Ginebra a dirigir un discurso a la ONU sólo una hora antes de que se tomara la decisión. En sus palabras afirmó que la situación de derechos humanos en Guatemala había "mejorado considerablemente".

Pero a esas mismas horas aparecían en Guatemala cuatro cadáveres con un tiro de gracia y señales de tortura,nuevas víctimas de una epidemia de violencia que ha llenado todo el mes de febrero.

Entre el 20 21 de febrero, y sólo en 48 horas, se descubrieron los cadáveres de 22 hombres jóvenes, tirados en carreteras de la capital y de algunos departamentos. Todos los cuerpos presentaban el tiro de gracia y algunos tenían señales de tortura. Según Leonardo Franco, jefe de la misión de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), casi todos los cadáveres tenían las manos atadas con un cordón azul. ¿Algún sector oscurantista mandaba así un mensaje a otro sector o a la sociedad en general? Abundaron las especulaciones sobre posibles conflictos entre sectores del ejército, narcos y mareros.

Helen Mack atribuye esta ola de violencia, que ya dura meses, a la relación entre las maras (pandillas) y las fuerzas de seguridad. Como otros analistas, Mack cree que el ejército utiliza a los mareros para cometer crímenes. "Puedo creer afirma que en algún momento, cuando estos elementos se vuelven peligrosos, el ejército necesita `limpiar' las filas de sus colaboradores e informantes. Pero como entre los mareros siempre hay muertos, es muy difícil asegurar el origen político de esta violencia". En febrero también hubo atentados contra un trabajador de una ONG y un activista de derechos humanos del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y amenazas y secuestros de sindicalistas. La Universidad de San Carlos también fue tocada por la violencia: un catedrático fue "desaparecido" y dos cadáveres no identificados fueron descubiertos el 27 de febrero dentro de la ciudad universitaria. El 1 de marzo, otro estudiante era "desaparecido" en pleno día en el centro de la ciudad, cuando hombres armados le forzaron a abordar un pick up.

El muro castrense

A comienzos de febrero el arzobispo de ciudad Guatemala, Próspero Penados, lanzó una severa crítica al gobierno de Ramiro de León Carpio, responsabilizando al Estado por la grave situación de derechos humanos y por la impunidad. "Si el Estado quiere reencontrarse con su pueblo, se debe liberar de sus carceleros", afirmó Penados, aludiendo a la dependencia del ejército que tiene el gobierno de De León.

"Ahora tenemos ejecuciones extra judiciales dice Penados , secuestros temporales, guerra sicológica, campañas negras, amenazas, terror continuo, calculado y perverso. Quienes hacen esto son los mismos: una especie de nomenclatura cuyo dominio de la seguridad estatal la convirtió en mafia". La crítica del arzobispo se hizo pública a la par que aparecía el informe anual de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que siempre significa un dolor de cabeza para el gobierno de turno, por la credibilidad que la Iglesia Católica tiene. Como era de esperar, el informe contiene un sombrío análisis de la situación, que sólo confirma las declaraciones del prelado.

Durante 1994, el promedio de ejecuciones extra judiciales fue de una diaria. El 60% de las víctimas de estos crímenes nunca fueron identificadas y se les enterró como "XX". Según el informe, el 16% de los asesinados trabajaban por un cambio social: 14 estudiantes, 3 políticos, 7 sindicalistas, 3 activistas de los derechos humanos, 2 periodistas, 25 campesinos y un trabajador de una ONG. El documento subraya la existencia de una política estatal de persecución y control sobre la población civil, la que describe como "un muro castrense que arraiga la impunidad y la establece, de hecho, como norma de Estado".

Jueces amenazados

"Ahora las violaciones son más calculadas y criminalmente más sofisticadas. Muchos crímenes políticos se disfrazan de delincuencia común", afirma Penados en su crítica al gobierno.

La ODHA señala una nueva tendencia en cuanto a estas violaciones: la persecución a miembros de las fuerzas de seguridad que se atreven a luchar contra la corrupción y a investigar ciertos casos.

"Se habla de fortalecer la seguridad ciudadana. No obstante, el comisario Augusto Medina, un jefe policial que se esforzó por desmilitarizar la policía del Quiché, que quería romper la impunidad de las patrullas de autodefensa civil en el caso de Jorge Carpio y que sacó a policías corruptos que asaltaban en las carreteras, fue asesinado y el crimen permanece impune, como el de otros policías asesinados", señala Penados. El arzobispo rechaza las afirmaciones del gobierno en el sentido de que se han hecho significativas reformas judiciales, alegando que los jueces que se han identificado con la causa de los derechos humanos han sido marginados dentro de los tribunales, amenazados y asesinados.

El informe de la ODHA cita el ejemplo del Juez Edgar Ogáldez, abatido por hombres armados dentro de la Universidad de San Carlos, en agosto/94. Ogáldez cometió el fatal error de dirigir un proceso judicial en contra de un oficial de inteligencia. "Nuestras investigaciones sugieren que los autores materiales del crimen son colaboradores del Estado Mayor Presidencial", afirma Penados. La acusación resulta muy espinosa para De León porque el Presidente depende de esta unidad especial para su seguridad personal. El Coronel Otto Pérez Molina, uno de los aliados más importantes de De León dentro del ejército, es jefe del Estado Mayor Presidencial.

Un Estado delincuente

El informe de la ODHA ofrece detalles de la operación realizada por un escuadrón de la muerte dentro de una base militar en Cobán. El escuadrón parece ser una pieza dentro del reciente plan del gobierno para combatir la delincuencia. Poco después de formado el escuadrón por un capitán del ejército, los cadáveres torturados de reconocidos ladrones de la zona empezaron a aparecer tirados en la carretera del lugar.

"Qué clase de Estado de derecho es éste se pregunta Penados que cuando quiere combatir la delincuencia se vuelve delincuente él mismo. Y todo esto sucede ante nuestros ojos. Pero lo más lamentable es que, aun con presencia de la verificación internacional, la situación continúa". La impunidad también fue notoria en febrero en el caso del crimen contra el sacerdote Alfonso Stessel, apuñalado y baleado en diciembre cuando volvía de celebrar una posada navideña con sus feligreses. A finales de febrero, los tres sospechosos capturados por el asesinato del sacerdote belga lograron "escaparse" de la cárcel y huyeron a El Salvador. "El asesinato de Stessel fue una advertencia a la Iglesia. Stessel iba en una línea muy marcada de liberación de los pobres. Tal vez la gente rica no quiere que la gente pobre se despierte y exija sus derechos y por eso la predicación constante del padre Alfonso era un estorbo, un peligro comentó Penados . La suya fue una muerte selectiva, fueron enviados a matarle. Que se escaparon a El Salvador no lo cree nadie. Los dejaron ir. Y la impunidad sigue".

Resucitar el diálogo

En febrero, la ONU logró convencer al gobierno guatemalteco y a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para que volvieran a la mesa de negociaciones en marzo y siguieran discutiendo el tema Identidad y Derechos de los Indígenas. Desde octubre del año pasado el diálogo colapsó en este punto.

La ONU presionó para una nueva recalendarización de las negociaciones, planteando el mismo esquema que en 1994: discutir cada mes un tema y así, avanzar hasta la firma de la paz. Este ritmo mensual resulta muy acelerado e irreal si se quiere negociar a fondo sobre asuntos tan complejos como la problemática de la tierra y el futuro papel del ejército. Pero los funcionarios de la ONU quieren terminar a toda costa las negociaciones antes de las elecciones de noviembre.

Del 1 al 15 de marzo se discutiría el tema indígena. Del 15 de marzo al 15 de abril, el fortalecimiento del poder civil y el papel del ejército. Del 15 de abril al 15 de mayo, aspectos socioeconómicos y situación agraria. Del 15 de mayo al 15 de junio, el cese al fuego. Del 15 de junio al 15 de julio, reformas constitucionales y régimen electoral. La firma de la paz sería en agosto. Pero antes de que la ONU lograra revivir con sus gestiones el moribundo diálogo de paz, la Conferencia Episcopal de Guatemala dio un voto de "no confianza" al proceso y el 31 de enero retiró a Mons. Rodolfo Quezada Toruño como mediador de las pláticas.

Quezada era también el Presidente de la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC), entidad encargada de presentar documentos a la mesa de negociaciones sobre los distintos temas en discusión. La ASC iniciativa novedosa y sin precedentes en el país fue conformada como parte del acuerdo que se firmó entre la URNG y el gobierno en enero/94. Una amplia gama de organizaciones civiles de todo el espectro político participa en la ASC, desde el partido político de Ríos Montt hasta organizaciones de izquierda.

Se retira Quezada

"La Conferencia Episcopal de Guatemala considera que no puede prestarse al juego político que se manifiesta durante el largo impasse que sufre actualmente el proceso", escribieron los obispos en una carta a la ONU en la que explicaban el por qué de la retirada de Monseñor Quezada del diálogo.

La salida de Quezada provocó una reacción de desconcierto y puso en crisis a varios sectores. La personalidad del obispo había ayudado a cohesionar la ASC y la participación de la Iglesia le daba más credibilidad a la Asamblea. Y aunque se dieron posiciones encontradas dentro de la ASC sobre cómo enfrentar la crisis, todos estuvieron de acuerdo en continuar trabajando juntos hasta donde fuera posible. Durante el mes de febrero los esfuerzos fueron febriles, con largas reuniones y continuas trasnochadas. A mediados de febrero se acordó no elegir otro presidente para la ASC y seguir trabajando con la misma estructura creada por Monseñor Quezada.

Una desventaja para mantener el muy frágil consenso que existe en la ASC es que la actual crisis ocurre en pleno arranque de la campaña electoral. Esta realidad que se impondrá aún con más fuerza en los próximos meses vuelve a la Asamblea más vulnerable a los intereses de los diversos grupos integrados en ella, especialmente a los de quienes quisieran utilizar la ASC como plataforma política. La crisis es seria y las posibilidades de división son muchas. Pero en un país donde el sistema político está tan desprestigiado y la mayoría de la población ni participa ni tiene canales reales de participación, la ASC ha sido una alternativa sin precedentes de cómo hacer política y eso la fortalece.

Con las uñas

"Esta es una sociedad muy fragmentada. Desconfiamos uno del otro, no hay formación política ni tenemos una visión que vaya más allá del momento. Es el producto de la represión que ha sufrido este pueblo, que ha tenido que defenderse con las uñas, cada uno como puede", opina Arlena Cifuentes, una politóloga que participa en la ASC. "La ASC es un espacio de diálogo para tratar problemas profundos y cruciales dice . Allí tenemos que mostrar tolerancia y escuchar a sectores que nunca habíamos escuchado. Cada uno tiene que ceder en sus intereses. Y en eso radica la riqueza de la ASC".
Ver la ASC sólo desde la óptica de la coyuntura inmediata, en un momento tan complejo e incierto, es condenarla al fracaso.

Fracaso esperado y anhelado por los sectores en el poder, como lo evidenció la reacción del Ministro de la Defensa y del propio Presidente Ramiro de León Carpio, que alabaron la salida de la Iglesia Católica de la ASC. Quienes aplauden ahora son los mismos que apostaron desde el principio a que la Asamblea no funcionaría.

"En su momento, la ASC le vino como anillo al dedo al gobierno, para presentarla ante la comunidad internacional como una muestra de su voluntad de paz y de su vocación de diálogo. Sin embargo, contaban con que la ASC sería un verdadero aquelarrre de perros y gatos, por representar a sectores heterogéneos, y que no llegaría a ningún acuerdo. Evidentemente, al gobierno le fallaron los cálculos", escribió un editorialista de El Gráfico.

La primera semilla

Para entender y apreciar realmente los aportes de la Asamblea de la Sociedad Civil hay que recuperar la memoria de una historia reciente que algunos quieren hacer olvidar. La ASC nació como pieza de un proceso que empezó en 1987 con el inicio de las negociaciones de paz, tras los acuerdos centroamericanos de Esquipulas II. En agosto de 1988, la URNG se reunió con la Comisión Nacional de Reconciliación para promover un diálogo nacional entre los diferentes sectores sociales del país. El gobierno guatemalteco rechazó la participación de la guerrilla en el diálogo y el ejército y el sector privado se negaron también a participar en él.

Pero una amplia gama de grupos cívicos varias Iglesias y organizaciones religiosas, el movimiento popular, el sector universitario, sindicatos, instituciones académicas y organizaciones de derechos humanos se lanzaron al experimento. A muchas organizaciones guatemaltecas, que apenas estaban levantando la cabeza después del terror de los 80, el diálogo nacional les daba por primera vez la oportunidad de tener una voz pública. El diálogo nacional no sobrevivió ni un año. Murió en mayo de 1989, víctima de la coyuntura, con el intento de golpe de Estado. Sin embargo, quedó sembrada la semilla de lo que luego sería la ASC.

Tres años sin rendirse

En el acuerdo de Oslo entre la URNG y el gobierno (marzo/90) se acordaron una serie de reuniones bilaterales entre la guerrilla y varios sectores políticos, económicos y sociales. También se nombró a Monseñor Quezada como "conciliador" en el proceso de paz y se solicitó la participación de Naciones Unidas como observador internacional.

Estas reuniones con los sectores sociales terminaron con el inicio de pláticas directas entre la URNG y el gobierno en abril/91 en México. En aquel momento, la sociedad civil dejó de tener un espacio de participación en el proceso de paz, hasta la formación de la ASC en 1994. A pesar de ser excluidos de las pláticas durante estos tres años y de la secretividad acordada entre la guerrilla y el gobierno, los sectores de la sociedad civil no estuvieron cruzados de brazos. En noviembre de 1991, el sector religioso hizo un llamado a todos los sectores que habían participado en las pláticas bilaterales con la guerrilla para presionar por su participación en el proceso de paz. Al principio, casi todos los sectores de la sociedad civil guatemalteca acudieron al llamado, incluyendo los empresarios del CACIF.

El resultado de estas reuniones fue la conformación de "los Sectores Civiles". Y aunque existían serias diferencias entre tan disímiles organizaciones, se logró mantener una alianza, aunque frágil, durante tres años. Y sobre todo, se acumuló experiencia en el difícil arte de debatir y de lograr consensos.

A puro puño

La semilla sembrada durante el diálogo nacional de 1989 dio como fruto la creación de la ASC, como pieza del acuerdo firmado por el gobierno y la guerrilla el 10 de enero de 1994. La creación de la ASC no fue idea de las partes sino resultado de la beligerancia que los sectores civiles habían desplegado desde 1991 buscando participar en las pláticas. "El espacio que ellos han adquirido no ha sido una dádiva generosa del gobierno ni de la URNG. Se lo han ganado a puro puño, en el ejercicio de su derecho ciudadano", dijo Quezada en febrero.

Ganaron un espacio dentro del proceso de paz, pero un espacio sumamente reducido. Según el acuerdo, la tarea de la ASC consistía en presentar propuestas de consenso sobre varios temas que serían documentos no vinculantes y ratificar los acuerdos firmados por las partes sobre estos temas. Una ratificación que sería simbólica porque, según el acuerdo, con o sin el aval de la ASC, el acuerdo tendría vigencia.

Un talón de Aquiles para la ASC, según Quezada, fue la "automarginación" del gobierno y del ejército de la Asamblea desde un principio. El sector privado también se autoexcluyó. Como la ASC tuvo que formular propuestas sobre temas que tocaban al gobierno, al ejército y al sector privado, era de esperar que sin la participación de estos tres actores las propuestas formuladas no tendrían su respaldo, tal como sucedió.

A pesar de todas estas limitaciones estructurales, la ASC logró hacer mucho más que la URNG y el gobierno, cumpliendo con su misión y formulando documentos de consenso sobre los cinco temas asignados y dentro de los tiempos acordados. En cinco meses hizo una labor titánica al lograr acuerdos sobre asuntos sumamente complejos y en su mayoría jamás discutidos por la sociedad guatemalteca: Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, Reformas Constitucionales y Régimen Electoral.

Un rotundo NO

Cuando la ASC terminó su último documento en octubre/94, la guerrilla y el gobierno apenas estaban discutiendo el segundo tema la cuestión indígena y en él quedaron estancados. Los documentos elaborados por la ASC plantean cambios radicales en las estructuras del poder y provocaron duras críticas del Ministro de la Defensa, que acusó a los miembros de la Asamblea de ser "guerrilleros". A finales de 1994, la URNG hizo suyos los documentos de la ASC y desafió al gobierno a firmar acuerdos en base a las propuestas de la Asamblea. El gobierno respondió con un "no" rotundo y lanzó una campaña en los medios para desprestigiar a la Asamblea.

Nos hicimos pedazos

Lamentablemente, la mayoría de los guatemaltecos no conocen del trabajo de la ASC, mientras los medios intentan desacreditar el arduo trabajo de los representantes de cientos de organizaciones civiles ante los que están algo más informados. A pesar de todo, los miembros de la Asamblea concuerdan en que la búsqueda de consenso fue para ellos una rica experiencia, con muchas lecciones para el futuro. Y consideran que en una sociedad como la guatemalteca, donde las alternativas al autoritarismo y a la violencia hacen tanta falta, el proceso de discusión que se dio para formular estos documentos es la semilla de una futura democracia participativa y real.

"Aquí nos hicimos pedazos para llegar al consenso. Lo logramos con reuniones casi diarias durante dos meses seguidos. A veces empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 3 de la madrugada siguiente. La teoría del consenso funciona, pero requiere de mucho tiempo: eso aprendimos", evalúa así el trabajo de la ASC Baltazar Rod, del Sector Maya de la Asamblea.

Mayas y Mujeres

La ASC facilitó también la cohesión de dos sectores mayoritarios y fundamentales en el país: el Sector Maya y el Sector de Mujeres. Discutiendo el segundo documento, sobre la identidad indígena, el sector maya un universo de organizaciones muy diversas logró unificarse. Anteriores intentos para unirlo no habían pasado de coordinadoras parciales de algunos grupos más politizados o populares. Hoy, la Coordinadora de Organizaciones Mayas (COPMAGUA) es realmente la primera coalición que reúne a los mayas de todo el espectro político.

A pesar de la crisis en la ASC con la salida de Monseñor Quezada, COPMAGUA sigue creciendo y, según sus representantes, en febrero había todavía organizaciones mayas que solicitaban entrar en la Coordinadora. Con o sin la ASC, pero gracias a su búsqueda y logro de consensos, este sector ya tiene vida propia.

El sector de las mujeres también logró unirse durante las discusiones. Según Sandra Morán, las mujeres habían participado en el proceso de paz desde su inicio en 1987, pero nunca como género y siempre dispersas dentro de los sectores sindicales y populares.El avance de la unidad como género es muy importante en Guatemala, donde nunca ha habido un movimiento de mujeres pujante como en Nicaragua y El Salvador.

Otro aporte importantísimo de la ASC fue colocar el tema de la identidad y derechos de los mayas en el debate público. "Antes, el tema de los derechos de los mayas era un tabú. Pero la ASC nos ayudó a proyectarnos más allá y por primera vez, el tema fue debatido y discutido a nivel nacional", opina Manuel Mucía, del Sector Maya.

Según otros grupos mayas que participan en la ASC, es la primera vez que los mayas tienen oportunidad de dar sus puntos de vista sobre otros temas nacionales la cuestión agraria, el papel del ejército , sin verse limitados a debatir únicamente el tema indígena.

Hasta el momento, y como la ASC nació del acuerdo de marzo/94, su suerte sigue vinculada al totalmente impredecible proceso de paz. La salida del obispo Quezada deja a la entidad en el aire. Pero los sectores civiles, que llevan más de cinco años ganando su espacio "a puro puño" han sabido capear peores tormentas.

Y aunque la ASC muera como tal, la experiencia adquirida y el gran impulso que dio al sector maya son logros que no tienen precio para la sociedad civil guatemalteca.

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